En un país en el que existen más de dos millones de armas en poder de los particulares, la mayoría de ellas sin registrar, el poder político ha dado a conocer la disposición más extraña que pueda imaginarse en la guerra que las organizaciones de narcotráfico han comenzado contra la sociedad: la policía concurrirá desarmada cuando existan conflictos en la calle.
El motivo que acompañó la información sobre la insólita decisión no puede dejar de causar similar extrañeza: es para saber que los disparos que eventualmente dejaran heridos o muertos en tales circunstancias, no habrían partido de la policía.
Es difícil imaginar un abandono más patente de las responsabilidades estatales de ejercer el monopolio de la fuerza en defensa de los ciudadanos desarmados. Y a la vez, de no tomar esta decisión como una instigación a armarse en defensa propia, sabiendo de antemano que no podrá contarse con el apoyo ni la ayuda de una eficaz acción pública para garantizar la seguridad y la paz de los ciudadanos comunes.
Estudiantina, en el caso de suponer que existe en el gobierno buena fé. Pero no se trata de funcionarios ingenuos. Aún suponiendo que la presidenta viva en una burbuja, la Ministra de Seguridad es una persona de experiencia en las luchas políticas y sociales y conoce la realidad. No es entonces creíble suponer tal actitud, lo que lleva a concluir en que a sabiendas se ha dejado la calle en manos de los civiles armados no pertenecientes a las fuerzas de seguridad.
Aunque sea un milagro que nuestro país aún subsista como tal con el grado de desarticulación estatal a que lo ha conducido el peronismo gobernante –desmantelando la seguridad, la justicia, la educación, la defensa, la salud pública, las fronteras, el orden jurídico y el propio estado de derecho-, es tentar mucho al destino una medida como la comentada, en una realidad tan conflictiva y atravesada por bandas de narcotraficantes, crimen organizado, necesidades sociales acuciantes, inmigración descontrolada que convierte a los inmigrantes en carne de cañon de la inescrupulosidad de las bandas y grupos facciosos internos del propio oficialismo que se tienen tanto afecto recíproco como, en su momento, lo tenían los Montoneros con la Triple A.
Ahora la carne de cañón serán los propios agentes del orden, cuyo tributo a la violencia se cuenta en varias décadas por año. No hay semana que no se produzca un hecho fatal que tiene por víctima algún funcionario policial en cumplimiento de su deber. La medida probablemente incrementará esa cuota, en beneficio de los enemigos del orden público, que no son los pobres sino los mafiosos. A quienes se les da la buena nueva que, enfrente, no habrá policías armados sino muñecos para practicar el tiro al blanco.
Los tiempos que vienen serán, para la seguridad ciudadana, tan patéticos como el espectáculo de una patrulla del ejército boliviano entrando al territorio nacional, saqueando una propiedad y argumentando que lo hacía porque ese sector del territorio había sido boliviano y la Argentina se había apropiado de él. El comandante del grupo, Coronel Willy Gareca, no sólo permanece en su puesto sino que hasta recibe atención médica en centros de salud salteños. El gobierno argentino ni siquiera presentó una protesta.
El desmantelamiento del Ejército, que no tiene capacidad ni siquiera para defender la frontera de una incursión del Ejército de Bolivia, comienza a trasladarse a la policía, con la particularidad de que el enemigo en este plano no es otro país, sino las bandas del crimen organizado utilizando como mascarón de proa a la estructura clientelista del kirchnerismo.
Es de esperar una firme reacción, no sólo del peronismo –en cuyo nombre y con cuyo soporte están gobernando- sino de toda la sociedad política para detener esta locura. Avanzar en esa línea puede llevar la desarticulación definitiva del estado argentino y del régimen democrático y su reemplazo por la ley de la selva.
Ricardo Lafferriere
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