martes, 11 de diciembre de 2012

El uso de las palabras



Hace poco tiempo, fue Ricardo Alfonsín el que, refiriéndose a afirmaciones de la presidenta en su discurso al Congreso, afirmó que “son cosas que sólo se pueden decir cuando nadie tiene posibilidad de contestarle”. El sábado reiteró su práctica, esta vez agrediendo a los jueces, que por estilo y por ley tienen vedado realizar –o contestar- opiniones políticas.

Agredir a quien no puede contestar es un típico procedimiento autoritario. Organizar las presentaciones en forma tal que sólo quepan aplausos, sin chance alguna de marcar una discrepancia, vacía el debate y reduce la palabra a un primitivo uso de estímulo pasional. Desaparece su utilidad civilizada, de expresión de conceptos claros que buscan coincidir con otros para hacer eficaz la convivencia subiendo escalones de perfección.

El discurso oficial es cada vez más rudimentario, cerril, contradictorio, autoreferencial y vacuo, al punto que ni siquiera las herméticas construcciones semánticas de Carta Abierta o de Laclau se animan ya a intentar una interpretación que lo proyecte al escenario académico, o simplemente a personas que esperen de él silogismos con algún sentido, y no sólo aporías.

Carece de sentido, entonces, contestar un relato que se responde a sí mismo, porque sólo le habla al espejo. En todo caso, lo urgente es pasar en limpio qué necesita la Argentina y los argentinos para liberar su potencialidad, soltar amarras y recomenzar la construcción del futuro.

Entre esas falencias se destacan las públicas, porque si algo ha impedido el derrumbe definitivo ha sido la encomiable capacidad de resistencia de los argentinos. Cuarenta millones de compatriotas han seguido trabajando, estudiando, ilusionándose y buscándole la vuelta a la vida, a pesar del gobierno.

Los argentinos sienten la confiscación de sus ingresos –como en el campo-, el saqueo de su salud –como el vaciamiento de las obras sociales sindicales, empujadas al borde de la quiebra-, el deterioro de la educación –con cada vez menos capacitación en los jóvenes que egresan del sistema educativo-, la presión patrimonialista generalizada –hasta un cantante kirchnerista de primera hora ha expresado desistir de participar en festivales oficiales por la magnitud de las “comisiones” que debe dejar en el camino-. Y el deterioro grave de su infraestructura y sus reservas, tal vez lo que costará más recuperar porque son el soporte de todo lo demás.

Analistas de prestigio reconocido coinciden en que la demanda de recursos en la próxima década oscilará entre el equivalente de 1 y 2 “PBIs”, o sea entre Quinientos mil millones de dólares y Un billón de la misma moneda. Las cuentan se disparan apenas se realiza el relevamiento sector por sector.

El área energética requiere ya una inversión anual de 15.000 millones de dólares, 150.000 en la década. El sector previsional –vaciado en sus reservas, pero desmantelada además su reconversión hacia un mix de reparto y capitalización- requerirá 500.000 millones de dólares, en un proceso incremental que comenzará en los próximos años y crecerá a límites impactantes.

 El sector de infraestructura vial y ferroviario requiere alrededor de 75.000 millones, y el tendido de redes de distribución energética –eléctrica y gas- un valor aproximado a 25.000 millones.

La infraestructura social no es menos demandante. Superar definitivamente el déficit de viviendas -3.000.000 unidades, a la fecha, pero creciendo- requiere una inversión de cerca de 100.000 millones de dólares, y es una falencia que no puede seguir proyectándose en el tiempo en forma indefinida, mientras se suceden gobiernos de autodefinidas “izquierdas” y “derechas”.

La infraestructura educativa está en gran medida obsoleta. En todo caso, la demanda mayor depende de qué país elijamos ser. No hace falta tanto –tal vez, 10.000 millones de dólares- para amortizar lo existente y cubrir las urgencias. Pero si aspiramos a retomar una marcha vigorosa inserta en la revolución científico-técnica, necesitaremos multiplicar esa inversión por cuatro, a fin de contar con escuelas y colegios dotados de las últimas tecnologías. 

Y la comunicacional, tendida en los noventa, está al límite de su capacidad requiriendo una urgente y revolucionaria ampliación, para lo cual hacen falta recursos. Los usuarios de celulares inteligentes lo notan, al igual que los crecientes usuarios de banda ancha que reclaman mayor capacidad para recibir –y transmitir- datos de voz, sonido, archivos en la nube y aplicaciones.

La reconstrucción del sistema de defensa nacional, que había comenzado a recuperarse con gran esfuerzo luego de la pérdida del material bélico en Malvinas, se revirtió en la última década hacia su desarticulación final. Un país con las dimensiones, recursos y población de la nuestra requiere, nada más que para contar con una fuerza disuasiva de carácter defensivo, una inversión de 75.000 millones de dólares.

Podríamos seguir la lista al infinito. Equipamiento en seguridad ciudadana, infraestructura judicial, inversión en cárceles, dotación adecuada al servicio exterior, son elementos que suman necesidades ineludibles. Si sumamos estos rubros, llegaremos al monto estimado para la década. Curiosamente, es una suma parecida a la que despilfarró la gestión kirchnerista en éstos, “los mejores años de la historia” de los precios internacionales de nuestros productos.

¿Cómo lo conseguimos? ¿En cuáles podemos liberar recursos públicos para destinar a la inversión social –vivienda, educación, seguridad, defensa, justicia- y en cuáles debemos recurrir a la inversión privada? ¿Cómo definimos las prioridades anuales en forma democrática y participativa? ¿Qué áreas deben ser de exclusiva jurisdicción de las autoridades locales y provinciales? ¿Cuál es el monto de la inversión privada requerida? ¿En qué marcos reglamentarios? ¿Con qué obligaciones, derechos y garantías a los inversores y usuarios?

La dimensión de lo que viene no sólo exige disposición al diálogo y generación de consensos, sino audacia nacional para evitar  caer en un tobogán ya irreversible de decadencia, la que se nota apenas comparamos nuestro proceso interno con el entorno nacional y la marcha del mundo. 

Nuestra sociedad ha incorporado pautas claras de modernización en su convivencia. Sin embargo, sigue en las tinieblas en el nivel del debate de las cuestiones públicas. Para recuperar impulso vital, debemos incrementar la tasa de inversión en un 50 %, llevándola del actual 20 % a un umbral del 30 % del PBI. O sea, pasar de los actuales Cien mil a los Ciento Cincuenta mil millones de dólares por año.

Esas cuestiones son las que esperan propuestas y decisiones en el escenario político. Están tan alejadas de los berridos presidenciales contra Clarín y el poder judicial, como de las exigencias impostadas del “preciosismo ideológico” de sectores opositores. Al contrario de ambos discursos: son temas concretos, puntuales y “duros”. No se cubren con discursos sino con recursos. Es el debate de fondo que el país pensante reclama y espera, porque cada uno tiene sus particularidades y necesita definiciones. Y en todos deben encontrarse puntos de acuerdo, porque hacen a la viabilidad nacional.

Nuestra Argentina no se merece lo que tenemos, muy parecido al criollo género teatral definido como “sainete”. Distintas generaciones de compatriotas hicieron grandes cosas, con algo de locura y mucho de genio para hacer un país diferente, no esta decadencia persistente.

Pero sí se merece una oportunidad. La reclama, la espera. Todos los proyectos requieren para ser viables la vigencia constitucional y el estado de derecho. Un país en el que las diferencias potencien la creatividad sin anularse y respetándose. Una sociedad democrática.

Deberíamos utilizar las palabras para construirla.

Ricardo Lafferriere

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