lunes, 30 de diciembre de 2013

Los debates de la crisis energética

Dos debates, aunque la pasión lleve a superponerlos. Uno es el de la responsabilidad. Otro, el de las soluciones. Ambos tienden a reemplazar al urgente: cómo aliviar los sufrimientos de la crisis.

Sobre la responsabilidad, se dirá mucho. "Perfil" del domingo informa en una investigación periodística que la situación fue advertida ya en marzo de 2012, por nota a Cammesa, la distribuidora mayorista, virtualmente intervenida por el Ministro De Vido: era urgente realizar inversiones, y para ello era imprescindible cumplir con el contrato de 2005, actualizando las tarifas porque no había otros recursos disponibles. Las investigaciones que vendrán aclararán si es la empresa, el gobierno o ambos el responsable principal de esta absurda situación.

Sobre lo que hay que hacer, parece claro aunque requiere  un debate sin gritos. El tema es técnico y económico. Dentro de ambas limitaciones -y no fuera- deben tomarse las decisiones políticas.

Inversión es igual a recursos. No hay magia.

La suma requerida viene siendo reiterada desde hace años por los ex Secretarios de Energía: entre 2 y 3 % del PBI -en números, entre 10000 y 15000 millones dólares por año- No es un monto ¨nac & pop" ni "neoliberal". Es lo que se necesita invertir en el sistema energético para sostener un crecimiento de la economía de un 5 % acumulativo.

Si ese monto se desea cubrir con ahorro interno, hay que sacarlo del consumo y de otras inversiones.  Eso tiene un nombre: ajuste tarifario sustancial y reducción del gasto social -educación, planes de inclusión, salud, obras públicas, seguridad, incluso deterioro ambiental-. Habrá que decidir cuáles, todos dolorosos.

Si no se acepta este camino, quedan dos alternativas: se buscan afuera (inversiones externas o deuda), o se renuncia al crecimiento optando por una economía que congele su demanda energética, o sea, se estanque, ingrese en una recesión o peor aún, en una depresión. Ello se traduce en desocupación, caídas salariales y conflictos sociales.

Dentro de esos condicionantes debe actuar la política y decidir, sea por una alternativa o por diferentes mixturas.

Puede liberar las tarifas para que las nivele el mercado, o puede elaborar un esquema tarifario inteligente y sofisticado, que subsidie un piso de consumo imprescindible, decidiendo en forma transparente y democrática los escalones de ¨corte¨ y las situaciones que ameriten consideraciones especiales, así como quién financiará esos subsidios.

Puede liberar las fuentes primarias liberando las inversiones a la rentabilidad de cada una, desentendiéndose de los efectos ambientales, o puede elaborar un plan integral en el que las renovables tengan un papel decisivo. Valga como acotación: hoy su costo es inferior a las tradicionales, y fundamentalmente inferior a las nuevas tecnologías capital-intensivas, como el "shale".

Puede dejar liberada la demanda a la acción del mercado, o puede elaborar un plan inteligente que aproveche todas las herramientas tecnológicas ya probadas, que son muchas. Se pueden discriminar los precios según la hora de demanda. Se puede adecuar la red a la autogeneración particular con posibilidad para los particulares de vender energía a la red. Se puede estimular el uso de "electrones verdes" y desalentar los originados en fuentes no renovables. Se puede estimular la reconversión industrial hacia procedimientos "verdes" tanto como fomentar fuertemente el transporte público y su modernización hacia unidades híbridas. Se puede reglamentar la construcción para mejor utilización de la luz solar, tanto como avanzar en la reconversión de las luminarias públicas y particulares hacia las LED's. Se deben hacer más estrictas las reglamentaciones para las fábricas de automotores hacia vehículos de menor cilindrada y mejor relación prestación-consumo, etc.

Todas estas medidas -y muchas otras- existen ya en muchos países, asumiendo las necesidades de energía, de reducir su derroche, de hacer su uso más eficiente y de cambiar comportamientos hacia formas de convivencia menos inducidas por el consumismo exacerbado.

Alemania tiene ya un tercio de su parque generador originado en energías renovables, dentro de las cuales la solar es decisiva y la inversión de los hogares en paneles solares son un pilar fundamental. Chile ya ha aprobado la venta de energía de particulares a la red. Varios Estados norteamericanos han desarrollado parques eólicos y solares gigantescos, además de estimular la generación particular. España ha cubierto su territorio de turbinas eólicas. En la mayoría de los casos, se está reemplazando el paradigma alternativo nuclear por otras alternativas, por razones de seguridad.

Ese plan requiere transparencia, técnicas avanzadas disponibles, madurez política, discusión sin gritos. Incluso el propio recurso de Vaca Muerta, que despierta tantas ambiciones como prevenciones, debe ser objeto de un cambio de ideas que busque el bien común y escuche a todos. No puede quedar reducido ese debate a los ingenieros ni muchísimo menos a los economistas y las burocracias políticas que lo ven como una nueva fuente de rentas desentendiéndose totalmente del resto de sus consecuencias. Hay intereses diversos -que pueden ser legítimos y deben escucharse-  y se trata de un problema cuya respuesta no está en los libros, sino en la inteligencia y la creatividad, apoyados en la buena fe.

Todo eso es lo que vendrá. Pero por el momento, debemos ayudar a los que sufren. Ya habrá tiempo para responsabilidades y decisiones de futuro. Tal vez más que en muchas otras situaciones, estamos frente a una crisis que demandará como pocas un comportamiento que pondrá a prueba la solidaridad nacional con los compatriotas que sufren.
 

Ricardo Lafferriere

jueves, 26 de diciembre de 2013

De la Rúa y la Justicia - II - Lo que dijo el Tribunal

Reseña entregada a las partes por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3, en la causa "Cantarero, Emilio Marcelo y otros s/Cohecho.

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USO OFICIAL

RESEÑA DE LOS PRINCIPALES FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DICTADA
EN LA CAUSA Nº 857/07, “CANTARERO, EMILIO MARCELO Y OTROS S/
COHECHO”, DEL REGISTRO DE ESTE TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
FEDERAL Nº 3.
La innegable trascendencia política de los sucesos que
constituyeron el objeto de este proceso, que afectaron
gravemente la credibilidad acerca del sano funcionamiento de
las instituciones de la República y la honra de sus
funcionarios, que fueran presentados a la sociedad, de manera
irresponsable y sin fundamentos, por conocidos actores
políticos de la época, alentados, de igual modo, por el Dr.
Carlos Liporaci, primer juez de la causa, y que llegaron a
constituirse en una verdad revelada e incontrastable, imponen
al Tribunal, previo a la entrega de los fundamentos el 31 de
marzo de 2014, la necesidad de precisar, aunque mínimamente,
algunas cuestiones relevantes que fundamentan la decisión
adoptada. Así, entre otras, merece resaltarse que:
1.
La prueba producida en el debate y las demás constancias
del proceso permitieron acreditar, sin lugar a dudas, que los
hechos imputados a lo largo de este proceso a Fernando de la
Rúa, Fernando Jorge de Santibañes, Mario Alberto Flamarique,
Augusto José María Alasino, Alberto Máximo Tell, Remo José
Constanzo, Ricardo Alberto Branda y en los que dijo haber
participado Mario Luis Pontaquarto, no existieron. No existió
una reunión en la Casa Rosada con el objeto de acordar el
2
pago de un soborno; no existió una reunión entre De
Santibañes y Pontaquarto el 18 de abril de 2000 al mediodía
para convenir la entrega de dinero; no es cierto que
Pontaquarto concurriera a la Secretaria de Inteligencia ese
día, en horas de la tarde o noche, para retirar $5.000.000;
no es cierto que faltare esa suma de dinero de la entonces
SIDE. No es cierto que Pontaquarto llevara y guardara en su
casa esa suma entre el 19 y 26 de abril de 2000. Tampoco lo
es que dejara ese dinero en una habitación del Hotel Howard
Johnson durante la jornada del 26 de abril, para retirarlo
luego de la sesión parlamentaria de ese día, ni que lo
llevara al domicilio de Emilio Marcelo Cantarero en horas de
la noche, ni que hubiera entregado a José Genoud la suma de
$700.000 en la mañana del día siguiente, en el despacho que
éste ocupara en el Senado de la Nación.
La única fuente de esta disparatada versión, construida
sobre la base de un anónimo difamatorio que circulara en el
Senado de la Nación para el mes de agosto del 2000, y que el
ex vicepresidente Carlos Alberto Álvarez difundió en una
reunión de autoridades de bloque, son los inconsistentes y
autocontradictorios dichos de Mario Luis Pontaquarto, que no
resisten el cedazo de la sana crítica racional, ni de la
prueba.
2.
Si bien Mario Luis Pontaquarto procuró sostener, en
términos generales, un mismo discurso desde el inicio -esto
es, que el presidente de la Nación acordó el pago de un


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soborno, a través de la Secretaría de Inteligencia, para que
diversos senadores de la Nación votaran afirmativamente el
proyecto de ley de reforma laboral-, la inverosimilitud de
los pormenores que conforman dicho relato y la circunstancia
de que el presunto arrepentido se contradijo, desdijo y
corrigió sistemáticamente, con el objeto de adecuar su
historia a los datos objetivos que surgían a medida que se
producía la prueba, y no a imprecisiones ocasionadas por el
paso del tiempo, como pretendieron justificar los acusadores,
lo cual ha dejado en evidencia su completa falsedad.
Ante la formulación de las acusaciones del Ministerio
Público Fiscal y la Oficina Anticorrupción, querellante en la
causa, que, en la imposibilidad de afirmar la existencia de
los hechos, se expresaron a lo largo de sus alegatos en
términos de mera probabilidad, el Tribunal analizó
exhaustivamente el relato del presunto arrepentido, con el
objeto de desentrañar la posibilidad misma de los hechos;
ello reveló numerosas inconsistencias que impiden, incluso,
construir una única historia coherente.
Entre otras se destacan:
a) En cuanto a la supuesta reunión que se habría desarrollado
el 30 de marzo de 2000 en el despacho del presidente de la
Nación, con la presencia de Fernando de la Rúa, José Genoud,
Augusto José María Alasino, Alberto Máximo Tell y Mario Luis
Pontaquarto
.
a.1)
En las sucesivas presentaciones y a medida que se iba
comprobando la imposibilidad de su relato, Pontaquarto
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modificó la cantidad de personas que lo acompañaron, el
número de vehículos en que se trasladaron, y la distribución
de aquellas en los autos, cambiando, incluso, su propio rol,
que tanto podía ser el de chofer como el de acompañante.
a.2)
Describió al edecán presidencial modificando, en cada
intervención, las características del uniforme, para terminar
reconociendo con absoluta certeza a la única persona que no
prestó servicios ese día.
a.3)
Realizó un croquis del despacho presidencial y efectuó
una descripción de su interior que no se compadece con
aquella de la época en que dijo haber estado. A su vez, no
pudo dar cuenta del recorrido que necesariamente debía
realizar para acceder al lugar, ni de la presencia de la
custodia de granaderos que se destaca cuando se encuentra el
presidente en la Casa Rosada.
b) Sobre el encuentro que Pontaquarto habría mantenido con De
Santibáñes el 18 de abril de 2000, en el que se habría
acordado la entrega del dinero
.
b.1)
Pontaquarto no sólo fue impreciso con respecto al modo
en que se concertó la supuesta reunión, sino que, además,
modificó su horario en sucesivas declaraciones, llevándolo de
las 11 hasta las 14 horas.
b.2)
Al referirse al despacho del secretario de Estado, en el
que dijo haberse reunido con De Santibáñes, describió
detalladamente el que utilizaron los sucesores del nombrado y
que presentaba sustanciales diferencias con el suyo.


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c) Respecto del retiro de $5.000.000 de la Secretaría de
Inteligencia, que habría efectuado Pontaquarto el 18 de abril
de 2000, así como su regreso al Senado y el traslado del
dinero hasta su domicilio.
c.1)
En cuanto al horario en que dijo haber retirado el
dinero de la Secretaría de Inteligencia, que, inicialmente,
fijó a las 21:00 o 22:30, lo fue modificando a medida de que
la prueba lo contradecía, para terminar estableciéndolo a las
18:30 -hora ésta que lo aproximaba a la que, de manera
conjetural, había determinado el juez Rafecas-, no obstante
que ese horario resultaba absolutamente incompatible con los
datos de contexto que el mismo Pontaquarto brindó como
referencia para determinarlo, entre los cuales señaló, la
movilización sindical producida frente al Congreso de la
Nación y la lesión que sufrió, en dicho evento, Julio
Piumato, que, conforme se acreditó, acaeció pasas las tres de
la madrugada del día siguiente.
c.2)
En sus sucesivas intervenciones, a medida que se iba
agregando prueba, modificó el número de las personas que dijo
que se encontraban en el estacionamiento del organismo de
inteligencia, que varió entre una y ocho.
c.3)
Fue impreciso en sus sucesivas declaraciones al
referirse al piso del edificio de la Secretaría de
Inteligencia de donde habría extraído el dinero, refiriendo
ante el juez que podía ser el segundo o tercero, ante la
prensa el tercero o cuarto y, finalmente, al momento de
practicar el reconocimiento de lugares en dicho edificio, y
6
ante la concreta referencia del personal de la SIDE, concluyó
señalando el octavo piso.
c.4)
En cuanto al lugar de donde se extrajo el dinero del
soborno, afirmó haber visto la puerta de un tesoro, similar a
“la de los bancos”; no obstante, luego de haber sido llevado
allí en el marco de la diligencia judicial antes referida,
tras constatar la inexistencia de un tesoro como el
descripto, se corrigió, señalando que lo había confundido con
una viga de metal.
c.5)
Aseguró haber recibido $5.000.000 distribuidos en fajos
de billetes de cien y cincuenta pesos, contenidos en una
valija, un maletín y una caja de cartón, que en numerosas
ocasiones manipuló y trasladó, sin que el peso de la carga,
superior a los 50 kg., le resultara relevante ni destacable.
c.6)
Se contradijo en cuanto al momento en que conoció el
contenido de la caja, el maletín y la valija que le habrían
entregado en la Secretaría de Inteligencia, al señalar,
sucesivamente, que se los dieron cerrados; que se le exhibió
el contenido del maletín y la valija, mientras que la caja
estaba cerrada con cinta adhesiva; que pudo ver el dinero que
contenía la caja, pese a estar embalada; finalmente, que
nunca se le exhibió el contenido del maletín.
c.7)
Pese a que siempre afirmó que el proyecto de ley laboral
sería tratado el 19 de abril, nadie había previsto el lugar
en que se conservaría el dinero hasta el momento del pago;
por lo que, según sus dichos, los $5.000.000 permanecieron en


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el baúl de su automóvil, cuya cerradura, conforme admitió, no
funcionaba correctamente.
c.8)
Al explicar qué hizo ese día, luego de retirar el
dinero, ensayó diversos relatos, con distintos recorridos,
todos ellos incompatibles con el resto de la prueba reunida,
que permite ubicarlo en lugares y horarios diferentes a los
que enunció.
c.9)
Aportó versiones manifiestamente encontradas acerca del
estado anímico que le habría generado la situación de
transportar semejante cantidad de dinero a su domicilio, así
como de la conducta que habría asumido en consecuencia, con
respecto a su guarda. En este sentido, pasó de temer por su
vida y dejar el botín en el baúl del auto, a no sentir miedo
y bajar el dinero para ingresarlo a su hogar, esparcirlo
sobre su cama matrimonial, a la vista de su esposa y,
finalmente, guardarlo en un vestidor.
d) Respecto de los hechos que habrían acaecido en la jornada
del 26 de abril de 2000.
d.1)
Brindó versiones diferentes acerca del momento y el modo
en que habría dejado el dinero en el Hotel Howard Johnson y
las circunstancias en las que lo retiró
.
d.2)
En sus distintas intervenciones modificó sustancialmente
el horario en que dijo haber llevado el dinero al
departamento de Cantarero. En este punto, condimentó cada
relato con explicaciones de sucesos y referencias de contexto
absolutamente incompatibles entre sí.
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d.3)
En cuanto a la supuesta separación del dinero que dijo
haber entregado a Genoud, no sólo brindó diversas versiones
acerca del momento y el lugar en que lo efectuó, sino que,
además, no supo dar cuenta de cuál de los bultos extrajo la
suma de $700.000.
d.4)
Presentó versiones contradictorias acerca del modo en
que habría accedido al departamento de Cantarero, a cada una
de las cuales rodeó de circunstancias especiales que lo
llevaban a recordar el episodio de tal modo. Así, afirmó
haber ascendido por escalera a un piso que no recordaba –lo
que significa ascender siete pisos cargando bultos con un
peso superior a 50 kg.- diciendo “recuerdo no haber ido por
el ascensor y fuimos por la escalera de servicio”, para luego
referir, enterado de que el departamento del ex senador
salteño se ubicaba en el séptimo piso, que subieron por el
ascensor, precisando que “sería una locura pensar que subimos
por la escalera con tres bultos como los que llevábamos”.
e) Acerca de la supuesta entrega de $ 700.000 a José Genoud
durante la mañana del 27 de abril de 2000
.
Brindó diversas versiones acerca de las circunstancias
en que se habría encontrado con Genoud, así como de las
personas que habrían estado presentes en esa ocasión.
Sin perjuicio de que las inconsistencias señaladas
tornan inverosímil el relato de Pontaquarto, por lo que
resulta inadmisible su utilización como la base de una
acusación penal, se agrega que durante el juicio se produjo


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prueba que acredita la inexistencia de todos y cada uno de
los extremos referidos por él. En este sentido, corresponde
señalar, someramente, las siguientes circunstancias:
- Ninguno de los testigos que concurrió al debate vio a
Genoud, Pontaquarto, Alasino y Tell el 30 de marzo de 2000 en
la Casa de Gobierno (edecanes, secretarios, personal de la
unidad presidencial, empleados administrativos o
periodistas).
- No existen constancias del ingreso de aquellas personas a
la Casa Rosada, aun cuando sí quedó registrado el acceso de
otros funcionarios de igual jerarquía.
- La prueba telefónica producida durante el debate dio cuenta
de la imposibilidad de que se produjera la reunión, en el
horario precisado por las acusaciones.
- Se demostró que el 18 de abril de 2000, en el momento en
que Pontaquarto dijo haber estado reunido con De Santibáñes,
éste compartió un almuerzo con otras personas.
- El peritaje contable realizado sobre documentación de la
Secretaría de Inteligencia demostró que no hubo una salida
irregular de $5.000.000 y que un egreso de tal envergadura
hubiera impedido el normal funcionamiento del organismo.
- Se acreditó que para la fecha en que Pontaquarto afirmó que
se había fijado el monto del supuesto soborno, el director de
Finanzas de la SIDE, única persona que, según se probó, tenía
la llave de acceso a la bóveda y conocía sus claves, se
encontraba en la provincia de Córdoba, donde permaneció hasta
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varios días después de aquél en el que supuestamente se
retiró el dinero.
- Con base en los listados de llamadas telefónicas del 18 de
abril de 2000, Pontaquarto no puede ser ubicado en un lugar
próximo a la Secretaría de Inteligencia, tanto en horas del
mediodía como de la tarde; es más, en los horarios fijados
para ambos eventos por la acusación fiscal, registra llamados
atendidos en el teléfono instalado en su despacho del Senado
de la Nación.
- Por otra parte, los mismos listados lo ubican en el
transcurso de la tarde y noche de aquel día en distintos
lugares de la Ciudad de Buenos Aires, que no se corresponden
con el periplo descripto por el supuesto arrepentido.
- No existieron los llamados que Pontaquarto dijo haber
recibido de parte de Remo Constanzo durante la sesión
parlamentaria del 26 de abril de 2000, ni los inmediatamente
posteriores. Tampoco existieron los que dijo haber recibido
del nombrado Constanzo, por un presunto faltante de dinero,
al día siguiente. A su vez, los teléfonos que el propio
Pontaquarto pretendió asociar a estas últimas llamadas
resultaron corresponder al domicilio de su actual pareja, con
quien, en ese entonces, mantenía una relación informal.
- En los momentos en que Pontaquarto dijo haberse encontrado
con Genoud el 26 y el 27 de abril de 2000 –en este último
caso, para llevarle el dinero del soborno-, éste se
encontraba con otras personas que, además, nunca vieron al
supuesto arrepentido y desmienten su versión.


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- La totalidad de los casi cuarenta ex senadores que se
escucharon durante el juicio, negaron, más allá de la postura
oportunamente adoptada frente al proyecto de ley, haber
tenido conocimiento de elemento alguno que les permitiese
afirmar que se pagaron sobornos, incluso, muchos le
atribuyeron el carácter de maniobra política y algunos se la
endilgaron al ex vicepresidente de la Nación, Lic. Carlos A.
Álvarez.
- Durante el debate se recibió declaración a veintitrés
testigos que habitualmente cumplían tareas en la unidad
presidencial, ya sea trabajando directamente en el área o no
(edecanes, secretarios, personal administrativo, mozos,
periodistas), ninguno de los cuales vio allí a Pontaquarto,
así como tampoco advirtió o supo que se hubiese llevado a
cabo una reunión como la relatada por él.
- Ninguno de los sesenta y seis testigos de la Secretaría de
Inteligencia que declararon advirtió la presencia de
Pontaquarto en dicho organismo, en las circunstancias por él
relatadas.
3
. Por todo ello, constituye una afrenta que el sistema de
enjuiciamiento penal permitiese el avance de la causa hasta
esta instancia, adonde se trajeron a quienes fueran, a la
fecha de los hechos, presidente y senadores de la Nación, un
ministro y un secretario de Estado, sobre la base de una
versión de los hechos inverosímil, contradictoria y mendaz.
Asimismo, que la fiscalía y la Oficina Anticorrupción se
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hayan montado sobre ella para acusar, circunstancia que les
impuso la utilización del modo potencial, pues, por lo visto,
la prueba no les permitió ser asertivos. Al igual que el juez
a cargo de la instrucción, los acusadores acudieron a su
imaginación y supusieron diálogos entre imputados, o entre
éstos y testigos, para justificar sus afirmaciones.
De tal modo, con el objeto de reconstruir lo sucedido
hace trece años, los requirentes se valieron de la
información que surge de los listados de llamadas
telefónicas, en cuanto de ellas se desprenden las
comunicaciones emitidas y recibidas por un teléfono móvil y
la antena por la cual se cursaron; a partir de allí, además
de la ya enunciada invención de diálogos y dar por sentado
que la comunicación se concretó entre titulares de línea,
pretendieron establecer la ubicación de los interlocutores en
el espacio.
No obstante, quedó acreditado durante el debate que
dicha información, que las empresas de telefonía procesan con
fines de facturación y no de localización, carece de la
fidelidad necesaria para conocer el asiento exacto desde el
cual una persona cursó una llamada.
4
. La prueba producida en el debate y las constancias del
proceso permitieron comprobar una sustancial violación a las
reglas del debido proceso y la defensa en juicio, al quedar
demostrada la parcialidad de algunos de los jueces que
intervinieron en la instrucción, en particular del Dr. Daniel


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Rafecas, con la anuencia de los Dres. Delgado y Freiler,
quienes estaban encargados de controlar la legalidad del
proceso. Al respecto, cabe destacar que se limitó
arbitrariamente el ejercicio del derecho de defensa de los
imputados: impidiendo su intervención en el interrogatorio de
testigos; denegando la prueba sustancial de descargo; y
omitiendo su convocatoria para participar en procedimientos
irreproducibles.
A su vez, se advirtió una marcada parcialidad en la
recepción y valoración de la prueba: se interrogó de manera
intimidatoria a algunos testigos; se persiguió
sistemáticamente a todo aquel que no ratificara la hipótesis
acusatoria; se manipuló la prueba para arribar a conclusiones
preestablecidas, llegando, incluso, a la fantasiosa
reconstrucción de hechos a partir de diálogos imaginados sin
sustento en la prueba; se siguió a ultranza los dichos de
Mario Luis Pontaquarto sin emplear el más mínimo sentido
crítico, soslayando, incluso salvando, sus numerosas
contradicciones, cambios, rectificaciones y agregados de
último momento. En esa línea, se denostó a algunos de los
imputados, funcionarios de un gobierno democrático, al
compararlos, por sus supuestos métodos, con “los horrores
vividos durante la última dictadura militar” (sic).
Además, saltan a la vista graves irregularidades
formales, tales como: pseudocareos impropiamente realizados;
la intervención del juez instructor junto con los abogados
Ribas y Wortman Jofré, más Daniel Bravo, en la presentación
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de la mendaz declaración de Sandra Patricia Montero; la
desnaturalización de las directivas de la Cámara Federal,
omitiendo reconstrucciones y sustituyendo el peritaje por
ella ordenado, con otro de nula relevancia técnica; la
concesión de ventajas indebidas a la querella, permitiendo su
asistencia a las declaraciones testimoniales a las que se
había denegado el acceso a las defensas; la intermediación
para que los imputados aceptasen que la querella presencie
sus declaraciones, retransmitiendo, cuando éstos se negaron,
las preguntas que la Oficina Anticorrupción pretendía
formular.
Tampoco pasó desapercibido el desempeño del Procurador
Fiscal, Dr. Federico Delgado, quien sustituyó el examen
riguroso de la prueba reunida en el proceso, por una
profusión de citas literarias y sociológicas y un particular
análisis político, que lo llevó a sostener en su
requerimiento que “la puntillosa explicación de los hechos
que proporcionó el nombrado debió ser corroborada a niveles
de exigencia altísimos” (sic).
5
. Resultó por demás oscuro, también, el modo en que llegó
Mario Pontaquarto a declarar a los tribunales el 12 de
diciembre de 2003. Según surgió del debate, previo a hacerlo
se entrevistó en la Casa Rosada con el entonces jefe de
gabinete, Dr. Alberto Fernández, reunión a la que habría
concurrido acompañado por quien luego sería su abogado, el
Dr. Wortman Jofré. Previo a ello, conducido por Daniel Bravo


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se entrevistó en el Palacio Municipal con el entonces jefe de
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Aníbal
Ibarra. A juicio del Tribunal, debido a las imprecisiones y
vaguedades en que incurrieron los nombrados al declarar, no
quedó nada claro el motivo ni la necesidad de esas reuniones,
de manera previa a la confesión. Por el contrario, la
existencia de un precio, la presencia en el episodio de
autoridades políticas, como así también un curioso y
concomitante sumario administrativo labrado en la Secretaría
de Inteligencia, constituyen episodios que, como denunciaron
las defensas, pudieron dar lugar a la preconstitución de
prueba, con el objeto de manipular la dirección de la
investigación. Por lo tanto, tal circunstancia debe ser
investigada a los fines de esclarecer la posible comisión de
un delito de acción pública.
6
. Como puso de resalto de defensa oficial, quedó patentizada
en el debate la mendacidad del Dr. Aníbal Ibarra, quien al
deponer por escrito ante la instrucción, manifestó cuanto
sabía sobre el tema en once lacónicas líneas, pero ante estos
estrados se despachó a gusto, recordando con minuciosidad
todo el episodio. Sorprendentemente, al finalizar contó que
la última vez que había visto a Pontaquarto había sido el
sábado anterior a su declaración en el debate, cuando éste
fue a su casa para entregarle las entradas que le mandaba
Daniel Bravo, para asistir al partido de fútbol que se
16
disputaría, al día siguiente, en el estadio del Club Atlético
River Plate.
7
. El Tribunal debió valorar las irregularidades denunciadas
por la defensa oficial en punto a la intervención del Dr.
Hugo Wortman Jofré en la contratación de Mario Luis
Pontaquarto por parte de Capital Intelectual S.A. (revista
TXT) y su posterior desempeño como defensor del nombrado en
esta causa, y resolvió remitir testimonios al Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal.
8
. Este proceso implicó un costo económico para el Estado y
para las partes, que debe ser solventado.
En ese orden, cabe resaltar que la actividad requirente
de los organismos del Estado debe guiarse por principios
rectores distintos al del querellante particular, por lo
cual, no corresponde que, en miras a obtener un resultado de
condena, se eche mano ligeramente de cualquier elemento que
pueda avalar la mera sospecha, pero que razonablemente no
pueda superar un examen crítico, que garantice la objetividad
de sus conclusiones. Guarda una sustancial diferencia con
ellos la figura del acusador particular (la víctima), que
impulsa su conducta movido por la afectación personal o las
emociones, buscando una satisfacción individual de justicia.
Los agentes del Estado, por su parte, deben actuar en
base a principios éticos y normativos diferentes, destinados
a lograr el objetivo constitucional de afianzar la justicia.


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Ahora bien, la actuación del Ministerio Público y de la
Oficina Anticorrupción a lo largo del proceso careció de esta
objetividad, al punto de formular sus acusaciones en términos
de mera posibilidad, en base a los cuales, llegaron a
solicitar condenas que se tildó de “ejemplares” e, incluso, a
requerir la absolución de dos de los imputados valorando en
sentido diversos las mismas pruebas con las que sostuvieron
su sujeción al proceso durante largos años.
En estas condiciones, la actividad del acusador
particular, desplegada en sintonía con la fiscalía, que llevó
a este extremo el proceso, impone que se haga cargo de los
costos económicos que éste aparejó.
Sobre el punto, vale recordar que no puede adoptarse
igual temperamento respecto del Ministerio Público Fiscal,
con motivo de la exención establecida en el art. 14, último
párrafo, de la ley 24.946.
9.
El Tribunal consideró que debía resolver una causa de suma
trascendencia, en la que la única prueba giraba en torno a
los dichos de un embaucador que involucró a terceras personas
en la comisión de un delito, viéndose afectada la vida de
éstas y sus familias durante los diez años que transcurrieron
desde su presentación como supuesto arrepentido.
El caso se asemejó al de la causa nº 487/00 “Telleldín,
Carlos Alberto y otros s/ homicidio calificado [atentado a la
A.M.I.A]”, sentencia del 29 de octubre de 2004, registrada
bajo el nº 1/04, en que, como en éste, la mendacidad de un
18
imputado produjo, además de irreparables perjuicios a sus
consortes de causa, una grave afectación moral de toda la
comunidad. En aquél se jugó con el dolor de los familiares de
las víctimas, en tanto que en la especie se puso en jaque el
funcionamiento del sistema republicano, piedra angular de
nuestro sistema constitucional.
Al respecto el Tribunal recordó lo expresado por el Dr.
Andrés D’Alessio, al dictaminar como Procurador General de la
Nación en la causa “Agüero Corvalán, Jorge Ramón y otros s/
delito contra la propiedad”, dictamen del 15 de agosto de
1989, en cuanto a que “la garantía que consagra el artículo
18 de la Constitución Nacional no comprende el derecho ‘de
declarar libremente el imputado con relación al hecho
delictuoso’ sino que solo ampara la decisión de someterse a
ese acto procesal”. Agregó, que “[l]a norma que prohíbe que
sea obligada a confesarse autor de un delito no importa, como
necesaria consecuencia, el derecho del procesado a mentir,
solución esta última que si bien ha sido implícitamente
adoptada por nuestro derecho procesal no reconoce base
constitucional, sino que constituye un aspecto reservado al
criterio del legislador quien, por ende, puede modificarlo
sin mengua alguna de la norma fundamental”.
Ello lo llevó a reflexionar acerca de la necesidad de
repensar este sistema de investigación penal que, tal como lo
señalara la defensa oficial, tolera el uso perverso de una
garantía constitucional esencial –de no autoincriminación- de
modo que se calumnie impunemente a personas inocentes al


Poder Judicial de la Nación
19
USO OFICIAL


amparo del art. 296 del Código Procesal Penal de la Nación;
situación que, al mismo tiempo, conlleva importantes demoras
en la duración del proceso, a la vez que, como en el caso que
nos ocupa, obliga a los imputados a la diabólica tarea de
demostrar su inocencia.
Secretaría, 23 de diciembre de 2013.

miércoles, 25 de diciembre de 2013

De la Rúa y la justicia

"Inexplicable. ¿Cómo lo van a absolver si nosotros ya lo habíamos condenado?"

Tal pareciera ser la desconcertada y coincidente reacción de voces tan respetables como las de Joaquín Morales Solá, Elisa Carrió, Graciela Ocaña, Hugo Moyano y Alberto Amato, entre otros, al cuestionar el contundente fallo que absolvió al ex presidente Fernando de la Rúa de la acusación de cohecho en oportunidad de tratarse, durante su gobierno, la ley de reforma laboral.

La coincidencia no lo fue sólo de la condena al pronunciamiento judicial. Ninguno de ellos realizó un juicio crítico del fallo, ni analizó el meduloso razonamiento de los jueces -por otra parte, los más prestigiosos e independientes del fuero penal- que desvirtuaron una a una las pruebas, reducidas al final a la sola afirmación del presunto arrepentido, luego de una entrevista reservada con el entonces Jefe de Gabinete Alberto Fernández y Aníbal Ibarra, entonces alineado con el kirchnerismo, entrevista por la que cobró, según él mismo lo confesó en la causa.

La "política-espectáculo", de fuerte resonancia en los tiempos que corren, tiene sus propias reglas, que en este caso han confundido a algunos de sus inteligentes protagonistas que, sin embargo, se equivocan al asumir como "verdad absoluta" las deducciones instaladas sin el rigor de los jueces probos buscando la verdad.

Este juicio expone la superioridad ética del estado de derecho y de la justicia independiente. Aquí no se manipularon pruebas, no se alteraron fiscales, no se cambiaron los jueces, no se presionaron testigos y no se coartó la investigación.

Más de 300 testigos -entre los cuales los había del nivel de un ex Vicepresidente de la Nación (Álvarez), un ex Presidente (Duhalde), un ex Jefe de Gabinete (Terragno) decenas de ex legisladores y funcionarios-, peritos expertos, arqueos contables de organismos públicos y patrimonios privados de los imputados, cotejos de llamadas e inspecciones oculares a los espacios públicos citados (despacho presidencial, ex SIDE, etc.) se enfrentaron a un imputado que asumió gran parte de su propia defensa y demostraron que, como lo dice el impecable texto de la sentencia, toda la causa está montada sólo en "la disparatada versión de un fabulador". Ni una sola prueba que no sea esta fábula relaciona al ex presidente con el hecho imputado, que tampoco resulta probado.

Funcionó la justicia, que mostró la entereza de los jueces fallando según su criterio, superando el presunto "clamor popular" fabricado por oportunos titulares y los desbordes de las pasiones -o las conveniencias- políticas de bajo vuelo.

Ninguna vinculación tiene esta causa con la evaluación definitiva de la gestión de Fernando de la Rúa, que hará la historia. Los momentos que estamos viviendo y los que se avizoran, los muertos que se suceden y la impotencia oficial frente a la crisis están demostrando, por otra parte, que no es lo mismo conducir un país en auge que hacerlo en situación de carencias extremas.

La conveniente demonización de su figura, y esta propia causa, sirvieron durante varios años al kirchnerismo para edificar su mendaz relato de progreso, y tal vez al propio radicalismo para evitar tener que asumir más francamente la defensa de una gestión cuya demonización fuera objeto de una impecable acción sicológica de sus rivales históricos.

Esta administración lleva ya más muertos en su haber que los ocurridos en los desbordes del 2001, donde no había precisamente un gobierno bonaerense e intendencias del conurbano conteniendo los saqueos sino más bien instigándolos, como lo reconoció poco tiempo atrás la propia presidenta de la Nación, con lo que eso significa para el mantenimiento de un mínimo de ordenamiento social y estabilidad política. Y el proceso aún no ha terminado.

El fallo, contra los impostados rezongos de quienes se consideran jueces sin serlo, es una bocanada de aire fresco para el estado de derecho. No consagra ninguna "impunidad". Pero recuerda a todos que el procedimiento penal correctamente aplicado es la forma superior de búsqueda de la verdad, la que de cara a los derechos ciudadanos no suele estar en los titulares de los diarios ni en las frases altisonantes de la política que buscan convertirse en aquéllos. 


Ricardo Lafferriere

Ajuste y bienestar


Se ha dicho hasta el cansancio: los subsidios indiscriminados son negativos para la economía.

No sólo extraen recursos del sector productivo, restándole competitividad y capacidad de inversión -y con ello, fuentes de trabajo, modernización tecnológica, potencialidad exportadora-. Son asfixiantes y limitan el crecimiento.

Restan capacidad de reinversión para mejorar la cantidad y calidad de los bienes producidos en el país por quienes los soportan, con la curiosidad que conllevan el mismo efecto en los bienes subsidiados.

Los usuarios, en cuyo bienestar fueron establecidos, terminan sufriendo -en lugar de disfrutando- trenes desvencijados cuando no mortales, cortes de energía con consecuencias muchas veces dramáticas, colectivos hacinados y malestar -en lugar de bienestar- general.

Estimulan el mal uso y hasta el dispendio de bienes escasos, fomentando el despilfarro y desalentando el uso racional. Aunque alguien tuviera la vocación de uso racional, su premio es ínfimo y ni compensa la mínima molestia de apagar una luz innecesaria, reducir en uno o dos grados el termostato del aire acondicionado o caminar hasta la ventanilla para adquirir el pasaje en un tren en lugar de viajar gratis. Tales actitudes agregan molestias sin contraprestación alguna: no reducen la cuenta de energía, ni se viaja mejor en tren, ni se estimularía la renovación de las unidades de colectivos.

Entre ambos extremos, hay grados. Los mismos que el pensamiento binario del "bueno o malo" no concibe en muchas otras áreas. Para encontrar esos grados, no es necesario inventar la pólvora. Se aplican en la mayoría de los países, donde se persigue la expansión y excelencia de los servicios sin alejarlos de los consumos populares.

Las tarifas eléctricas segmentadas que, partiendo del costo real, fijen precios especiales para consumos básicos y sólo a ellos subsidien ayudan al autocontrol de los usuarios no subsidiados -y aún a los subsidiados-, que son estimulados a valorar lo que consumen y a desarrollar comportamientos ahorrativos.

Si se sumara la posibilidad de la autogeneración y venta de energía hogareña a la red se multiplicaría la capacidad de generación de fuentes renovables con el aporte inversor masificado de hogares populares. Alemania ha desarrollado en diez años una red de energía solar de 33 gv/h equivalente a una vez y media la generación total argentina.

En el mismo sentido, los cuadros tarifarios discriminados por horarios, periodicidad, rutina, zona geográfica o actividad inducen a un adecuado uso del transporte público, donde las tarifas parten del costo real pero prevén mecanismos -como boletos semanales, combinaciones de dirección para varios medios con tarifas únicas, segmentación horaria, etc.-. Es conocido el caso del metro de Londres, en el que un ticket individual llega a costar 5 libras (¡100 pesos!...), lo que no impide que un trabajador utilice el servicio diariamente con su carta mensual por una ínfima parte de su valor.

Lo curioso es que varios de estos mecanismos alguna vez existieron entre nosotros, cuando los servicios eran sustancialmente mejores en calidad que los actuales. Sólo la impericia de la gestión pública obstaculiza implantarlos aprovechando las potentes herramientas informáticas actuales que el Estado ha incorporado eficazmente en la AFIP.

La economía del país no soporta una transferencia de ingresos hacia "la nada" tan grotesca como el desequilibrio creciente del último lustro que ha arribado a más de 120.000 millones de pesos en 2013. Eso debe ajustarse o perderemos incluso lo que hay, aún con lo insuficiente y destartalado. Los cortes de energía, los accidentes de trenes, la falta de combustibles, son un adelanto de lo que vendrá si no se actúa.

 Ese ajuste, sin embargo, puede y debe hacerse con inteligencia y sentido solidario. De esa forma, no necesariamente dolerá. Aún más: si se realiza insertándolo en un plan económico y social coherente, puede convertirse en el punto de inicio del gran salto adelante de un nuevo período exitoso.


Ricardo Lafferriere

lunes, 9 de diciembre de 2013

Reservas y policías

               No piensa quien esto escribe que el mercado sea Dios. Mucho menos cree que Dios sea el gobierno.

                Uno y otro son los espacios de la economía y de la política. Ambos son necesarios. El primero, para crear riqueza, distribuirla, consumirla. El segundo, para establecer las reglas que deben regir la vida en común, incluyendo las normas económicas.

                Ambos –mercado y Estado- son abstracciones epistemológicas. No tienen vigencia tangible, no se pueden “tocar”. Pero a nadie se les ocurriría negar su existencia. En realidad, uno y otro son expresiones de la conducta de los seres humanos viviendo en sociedad.

                Hay un tercer actor: las corporaciones, compuestas también de personas. Hay un punto –de dominio de mercado, de dimensión en la concentración de capitales, de capacidad de influencia en la sociedad- en que las personas que se agrupan en “empresas” dejan de priorizar su servicio a los demás produciendo bienes y servicios, y priorizan la maximización de su rentabilidad, o actúan según el más simple reflejo de conservar lo que tienen, a cualquier precio. Y contagian con esa actitud no sólo al gobierno, sino a los propios ciudadanos.

                Puede ocurrir que esas corporaciones incidan de tal forma en el Estado, que sus intereses tengan más importancia que los de las personas. Convertidas en actores políticos, suelen expresarse en lo que se ha dado en llamar “neoliberalismo” –caprichosamente, porque también podría denominarse “neo-estatismo”-. Tiene tanta –o tan poca- relación con el liberalismo como con el intervencionismo estatal, y suelen cambiar su “relato” según la conveniencia circunstancial.

                La introducción viene a cuento de la liquidación de reservas internacionales que viene haciendo el gobierno en las últimas semanas. El fenómeno se vio al fin de la “tablita” de Martínez de Hoz, luego durante la guerra de Malvinas y por último al fin de la convertibilidad. Con argumentos económicos, seudointelectuales y políticos, convencen a las autoridades públicas que entregándole las reservas en moneda dura se pondrá piso al caos económico y comenzará la recuperación.

                El gobierno cayó en esa trampa. El país ha asumido un ritmo de liquidación de reservas insostenible, no ya en meses sino en semanas. La tozudez esclerótica en no elaborar un plan integral y coherente de superación de la crisis desató el temor corporativo, el retiro de reservas, la emisión monetaria, la inflación y por último la desesperación de quienes viven de su sueldo, entre los que están los funcionarios de moda en estos días, los policías.

                Lo inexplicable, en todo caso, es que las repetidas experiencias no hayan dejado enseñanzas y que el Estado recaiga en el mismo error.

                Cuando la caja se haya vaciado habrá que comenzar de nuevo y en ese momento la capacidad negociadora de los grandes detentadores del capital será más grande. Habrá entonces que lidiar con los demonios de siempre con los que suele amenazarse –estancamiento, pobreza, necesidad de inversión, deuda- pero desde una posición sustancialmente más debilitada.

                Lo menos que podría pedirse a un gobierno que ha destrozado todo lo que ha tocado –convivencia en paz, ferrocarriles, energía, educación, defensa, seguridad, justicia, integración regional, mercados, relaciones con el mundo, etc. etc.- no es que aprenda a gobernar, que a esta altura sería una misión imposible.

                 Sólo que sepa “dónde está el arco”, y que en los últimos minutos del partido no nos siga llenando la canasta de goles en contra.

                  El gobierno que se decidió a ignorar las normas renuncia también a tomar las riendas. Después de renegar del marco normativo durante años, se resiste a responsabilizarse de las consecuencias.

                 La sociedad quedó, entonces, muy cerca de la anarquía. En la economía, y en la convivencia. No pueden seguir sin hacerse cargo, como si su única obligación como gobierno fuera tener a mano un responsable ajeno para cada dislate.

                  Endurecerse con los de abajo –entre los que están los policías-, mientras se rifan diariamente miles de millones de dólares con los de arriba, no parece una estrategia inteligente. Ni justa. Mucho menos tratar de utilizar la crisis con fines políticos despreciables, en lugar de apostar a la reconstrucción de la unidad nacional y la convivencia.

                 Tal vez en lugar de inventar un nuevo “golpe” de los tantos invocados estos años, debiera aflojar para recuperar el control, y estar en condiciones de fijar luego una orientación sensata.

                  El país está al borde de desbocarse. Si el gobierno equivoca el diagnóstico –como parece que está haciendo-, si erra en el rival, confunde el ritmo  o luego no acierta en la orientación superadora, estaremos en problemas graves.


Ricardo Lafferriere

viernes, 6 de diciembre de 2013

Pequeño recuerdo personal - homenaje a un grande

Los aniversarios remueven recuerdos y afectos.

Tres décadas atrás, el autor tuvo la suerte de conformar, junto a Edison Otero, las primeras autoridades formales de la transición democrática.

Por ser el Senador más joven debía actuar como Secretario del Senado, acompañando al de mayor edad, hasta la elección de las autoridades definitivas del cuerpo. El mayor era don Francisco Gil, del Partido Bloquista de San Juan.

El Senado se constituyó con los Senadores electos de inmediato (el 29 de noviembre de 1983) y eligió presidente provisional a Edison Otero. Se postergó la elección del resto de la mesa hasta terminar las difíciles negociaciones para la integración de las comisiones y sus autoridades, en razón de la extrema paridad de las diferentes fuerzas. En consecuencia, el autor, como Secretario provisorio acompañó al primer Presidente Provisional, convertidos en los primeros funcionarios de la transición, coexistiendo con la administración militar en retirada.

El centro de atención política no pasaba por allí sino por los pasos del presidente electo y sus equipos, pero esas dos personas, en los siguientes diez días, y como autoridades de la Asamblea Legislativa constitutiva, serían las encargadas y responsables que el proceso formal de transición se desarrollara sin alteraciones.

Quedaban pocos días pero muchos temores. Debíamos organizar dos Asambleas Legislativas: la del escrutinio definitivo de las Actas de los Colegios Electorales provinciales -que se efectuó el 7 de diciembre- y la Asamblea Legislativa para tomar juramento a la fórmula elegida. Además, preparar el edificio del Congreso que durante todo el proceso había estado a cargo de la "Comisión de Asesoramiento Legislativo" de la dictadura y participar como anfitriones de un acto que contaría con presencias nacionales e internacionales notables, con las grandes dificultades protocolares que eso implicaba.

El temor a la aparición de cualquier imprevisto o trampa de último momento estuvo presente en cada minuto de esa semana en la que se edificaron los cimientos del edificio institucional que vendría. No necesariamente provendría de las autoridades salientes. Había grupos fanáticos cuyos actos eran imprevisibles. Podían ser los ultras más recalcitrantes de la dictadura en retirada, o incluso también imprevisibles actos terroristas que volvieran a encender alguna mecha. Unos y otros sabían que Alfonsín había anunciado la apertura de juicios a las cúpulas guerrilleras y a las cúpulas militares, como en definitiva lo hiciera en su primer acto de gobierno.

Fue Edison Otero quien tuvo la idea que Alfonsín aceptó de inmediato: invitar formalmente al acto a los ex presidentes democráticos. Nunca en la historia se había dado el hecho de dos ex presidentes izando formalmente la bandera nacional del recinto al iniciar un período de sesiones del Congreso, como lo hicieron Arturo Frondizi e Isabel Martínez de Perón ese día. 

Durante su vida política el nuevo presidente había sido fuerte rival de ambos. Pero la democracia debía iniciarse con una muestra de convivencia superior, la misma que le había llevado a ofrecer días antes al Dr. Italo Luder, candidato derrotado, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que éste declinó.

Luego de infinidad de detalles materiales y protocolares, llegó el día. Algunas insignificancias debieron ser sorteadas. A la distancia, resulta graciosa la alarma provocada por el espontáneo levantamiento de varios mosaicos del piso del Salón Azul, producido sin causa aparente la noche del 9 de diciembre.

“Seguro que nos metieron una bomba de acción retardada para hacernos volar a todos en la Asamblea” –sugería alarmado un Senador oficialista norteño, agregando un dramatismo que mostraba el estado de nervios con que se vivía el momento-.

El eficiente trabajo del personal de mantenimiento durante la noche del 9 disipó cualquier duda: todo estaba normal y se debió sólo a una curiosa expansión de la cerámica del piso, tal vez por el fuerte calor ambiental.

Y también el simpático debate sobre el orden del juramento.

"-Usted, Edison, me toma juramento a mí y me cede la presidencia de la Asamblea para que yo continúe conduciéndola, como dice la Constitución, y le tome el juramento al presidente electo.

-No, Víctor. Yo, como única autoridad constitucional existente, le tomo juramento a la fórmula electa y después le paso la presidencia a usted."

Ninguna razón política. Tan sólo la íntima satisfacción, para el viejo dirigente de Avellaneda de ser él quien entronizara a su querido amigo.

Y luego, la organización física de la Mesa de la Asamblea.

"-Vos, Ricardito, no te muevas de mi lado y sentate a mi derecha"

"-Pero...Edison... ¿y Pugliese? Es el presidente de Diputados, donde se va a desarrollar la Asamblea...

"-Que se ubique al otro lado, a la izquierda de Víctor...la Constitución dice que en este acto, las autoridades somos nosotros.

A las 8 en punto del 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín y Víctor Martínez llegan al edificio del Congreso. A las 8 y 12 minutos, el primer presidente de la democracia recuperada prestaba el juramento del artículo 80 de la vieja Constitución Nacional. Dos minutos después lo haría Víctor Hipólito Martínez, haciéndose cargo de la Asamblea.

Edison Otero conservaría la Presidencia Provisional del Senado durante todo el periodo de gobierno de su amigo. Se la transmitiría a Eduardo Menem luego de la elección en la que fuera electo su hermano Carlos.
Como Senador raso, sin embargo, no quiso dejar su lugar en la Comisión Revisora de Cuentas hasta que fuera aprobado el último ejercicio fiscal de la administración de su amigo Raúl Alfonsín. "Podrán decir cualquier cosa de nosotros, pero nunca que no fuimos un gobierno decente".

Vivió en Avellaneda, en su casa de siempre, hasta su muerte, el 7 de agosto de 1999.

http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_foto.php?foto_id=387400&noticia_id=596545

De izquierda a derecha: Ricardo Lafferriere, Edison Otero, Raúl Alfonsín, Leonardo Palomeque, Víctor Martínez.

jueves, 28 de noviembre de 2013

YPF y el relato

Cuando se decidió la estatización de YPF, expresamos desde esta columna nuestra discrepancia. La veíamos inserta en un relato con el que no coincidíamos, con una imagen del país fuera de época, claramente diferente al que defendemos desde estas columnas. Pero a pesar de eso, era claro que ese relato, aún en su error, era coherente.

Cuando se levantó la bandera del “desendeudamiento” sostuvimos lo mismo. Pagar en forma anticipada al FMI, que nos cobraba una tasa del 3 %, para endeudarnos con Venezuela al 16 % era  contradictorio con nuestra visión del país deseado. Pero era coherente con la visión “bolivariana”.

Cuando se intentó implantar las “retenciones móviles” estuvimos en terminante desacuerdo. Nuestra visión del país es el de una economía productiva próspera, con excedentes que permitan la reinversión en el interior del país, refuerce el federalismo, cambie el rumbo de la macrocefalia y estimule la inversión para crecer. Pero las retenciones eran coherentes con el “relato”.

Cuando se decidió la reforma previsional con el argumento que las AFJP eran demasiado costosas para los ahorristas y para solucionarlo, en lugar de limitar las comisiones o aún estatizar esas AFJP´s, se le confiscaron la totalidad de los fondos a esos mismos ahorristas (¡¿?!), expresamos también nuestra discrepancia. En el colmo del cinismo, se indemnizó a las AFJP con los recursos de los ahorristas confiscados. Pero la medida era coherente con el relato.

Cuando se decidió subsidiar indiscriminadamente las tarifas públicas de consumo con fondos extraídos al sector productivo, despreocupándose de su descapitalización, marcamos nuestra discrepancia. Sostuvimos que eso terminaría en el ahogo productivo, el desfinanciamiento del Estado y el estallido inflacionario. Sin embargo, era coherente con el “relato”.

Ahora vemos que YPF se entrega a CHEVRON y abre sus puertas nuevamente a REPSOL –previo pago de 5000 millones de dólares- porque nos quedamos sin combustibles; que el nuevo objetivo de la política económica es conseguir “financiamiento externo” –o sea, volver a endeudarnos- en los “mercados”; y que se retirarán paulatinamente los subsidios de las tarifas porque ya no hay más recursos para financiarlos. Hasta se liquidaron las reservas del BCRA. El relato se murió, pero debemos hacernos cargo –los argentinos- de sus consecuencias.

La muerte del “relato” obliga a indagar su veracidad. Lo que se dice ¿comunica verazmente lo que se busca? Los antecedentes parecen indicar que no. Entonces… ¿cuál es el sentido de decirlo?

Hace un par de años analizamos este tema y sostuvimos nuestra tesis: el “relato” es un escudo que oculta lo que se busca. Y lo que se busca, lo que le da coherencia a lo que se hizo antes y se hace ahora, hay que deducirlo de los hechos. Éstos marcan un propósito constante: mantener el poder a cualquier precio, sin que importen las consecuencias ni ser coherentes con lo que se ha dicho. El “puro poder”, sin las molestas limitaciones de las leyes.

¿Esto está mal? ¿No es la política, en última instancia, conseguir y mantener el poder?

Claramente, es así para el populismo. No es así para una concepción democrática y republicana, que cree en los ciudadanos y en consecuencia no considera que esté bien mentir desde el Estado.

El poder en un sistema democrático no es un botín de guerra, para cuya obtención esté permitido recurrir a cualquier medio. Es una excepción a la libertad de los ciudadanos, que se justifica si sirve al bien común, respeta la ley y responde a la voluntad informada de esos ciudadanos.

Por eso es tan importante para la democracia la imparcialidad informativa, la libertad de prensa integral sin privilegios intrínsecos para ningún “relato” –estatal o corporativo-, el debate claro y la condena ética y social a la mentira.

En cualquier democracia sólida, mentir desde el Estado conlleva un descrédito y una sanción política que puede llegar hasta la destitución, aún en temas que no estén directamente relacionados con el Estado. Cabe recordar, sin ir más lejos, la conmoción que significó la mentira de Clinton en un tema claramente privado e íntimo.

Solucionar un problema es mejor que crearlo. Desde esa perspectiva y sospechas al margen, el acuerdo con REPSOL es una buena nueva, a pesar de lo que cuesta. Sin embargo, ahora se abre un interrogante mayor: ¿existirá una política energética que regule con mesura y cuidado ambiental la explotación que se abre con CHEVRON, REPSOL, PEMEX y las que lleguen?

¿O será una nueva irresponsabilidad del “relato” buscando en sus estertores finales conseguir nuevas rentas –esta vez, del subsuelo, y del futuro- para usarlas en la preservación del poder clientelar, sin que importen las consecuencias? Los antecedentes permiten la duda.

No es un secreto nuestra resistencia a considerar Vaca Muerta como la única “política energética” del país. Los datos del mundo, del clima alterado, del calentamiento global, de las catástrofes climáticas cada vez más corrientes, indican la necesidad de la extrema prudencia en quemar combustibles fósiles.

Una cosa es la explotación racional y marginal de los yacimientos de hidrocarburos como “puente” hasta conseguir la reconversión limpia del sistema energético, y otra su superexplotación para convertirlos en una nueva fuente de rentas.

El objetivo serio, maduro, moderno, de un país comprometido con el futuro, debiera ser apuntar centralmente a las fuentes primarias renovables, no sólo más limpias sino a estas alturas más baratas que la extracción de hidrocarburos, aún por los sistemas tradicionales.

Si el nuevo “relato” justifica el acuerdo con REPSOL en la explotación de Vaca Muerta –o, peor aún, si esa asociación es condición del acuerdo- es de temer que se vuelva a las andanzas. El subsuelo –y el aire-, como los glaciares, la minería a cielo abierto y la sojización producida por las retenciones, seguirán siendo los costos de una política populista, rudimentaria e irresponsable.

No llevará a la Argentina a la modernidad, plural, solidaria y pujante. Prolongará la agonía de una mediocridad que ya lleva ocho décadas, y que ha sido profundizada en los años que llevamos del nuevo siglo escondida tras las mentiras del relato.

Ricardo Lafferriere