domingo, 30 de noviembre de 2014

El derrumbe del petróleo

La imprevista caída del precio del petróleo, que de USD 115 hace seis meses ha llegado a USD 67, está provocando verdaderas conmociones en el escenario económico y estratégico global.

Los analistas no expresan unanimidad en cuanto a las causas. El sistema de estabilización del precio del hidrocarburo descansaba hasta ahora en decisión de la OPEP, que según fueran las condiciones de la demanda mundial decidía el nivel de producción de los países que la integran.

Sin embargo, ante la caída del precio por debajo de los 80 USD el barril, Arabia Saudita ha impuesto el mantenimiento de los niveles de producción existente, y más aún, decidió volcar al mercado sus reservas ya extraídas, con lo que el precio se derrumbó a 67 USD.

Las razones de esta decisión -que en rigor, es la causa directa de la caída- tienen dos vertientes: una económica y una geopolítica.

La económica es el crecimiento de la producción de shale en USA, que ha volcado al mercado -especialmente el interno norteamericano- alrededor de 500.000 barriles diarios adicionales desde julio (de 8,5 a 9 millones de barriles por día), reduciendo su necesidad de petróleo importado.

Los EEUU incrementaron su producción un millón de bpd en 2012, otro millón en 2013, otro millón en 2014 y proyectan 750.000 bpd más para 2015. Ya convertidos en el principal productor mundial, los Estados Unidos proyectan autoabastecerse en menos de un lustro y a partir de allí comenzar a dar batalla como exportador.

La vertiente geopolítica tiene relación con la económica, pero adquiere mayor complejidad.

Estados Unidos comenzó su experiencia de extracción de shale hace menos de una década, como una decisión estratégica bipartidaria destinada a independizarse del petróleo importado del medio oriente, con su consecuencia geopolítica directa que es reducir paulatinamente su presencia militar en la región para reforzar el área del Pacífico donde considera que se juegan sus principales intereses en las próximas décadas.

Esta estrategia modifica el escenario geopolítico del medio oriente, donde su fuerte presencia militar actuaba en sintonía con dos países de la región con los que mantenía una alianza dura: Israel y Arabia Saudita.

Esas alianzas, aún lejos de romperse, se han ido debilitando en los últimos años, generando repercusiones de diversa característica en el complicado escenario regional.

La primera es la necesidad norteamericana de transferir a Irán la responsabilidad de sostener al régimen shiíta de Irak, que llegó al poder luego del derrocamiento de Saddam Hussein. El descongelamiento de la relación USA-Irán, que llevaba ya más de tres décadas, requiere avanzar en la formulación de un acuerdo sobre el proyecto de desarrollo nuclear iraní, que en rigor molesta más a los países rivales de Irán en la región -Turquía, Arabia Saudita e Israel- que a los propios Estados Unidos, cuya lejanía geográfica conforma una defensa natural por ahora insalvable para los -aún- rudimentarios sistemas de propulsión del país persa.

Israel, con capacidad nuclear disuasoria propia, era el único de la región con armamento nuclear, y si el acuerdo a que se arribe con Irán no es claro y terminante perdería esa ventaja, con la que neutralizaba cualquier otra preeminencia de sus agresivos vecinos.

Pero Arabia Saudita se encuentra en una situación peor. A diferencia de Turquía, que al menos integra la OTAN, no tiene más defensa que las propias y descansaba en gran medida en el poderío militar norteamericano. Su rivalidad secular con el mundo shiíta liderado por Irán de pronto se convierte en un peligro inminente, al ser también objetivo del "jihdaísmo" sunita -al Qaeda, Frente Al Nusra y el propio Estado Islámico-.

Su decisión de mantener la producción petrolera actual y aún incrementarla no puede considerarse aislada de este escenario.

Por una parte, logra mantener una presencia predominante en el mercado petrolero mundial al desalentar las exportaciones de crudo norteamericano.

Por otra parte, desalienta nuevas inversiones de shale en USA, ya que el costo de esta tecnología tiene umbrales de rentabilidad superiores a la extracción tradicional -en Vaca Muerta, por ejemplo, ese umbral es de más de 80 USD para convertirse en rentable-.

Y por último, produce una grave crisis económica a Irán, país que hoy depende de su renta petrolera y entra en problemas si el precio cae por debajo de los 80 dólares el barril. Difícilmente pueda seguir financiando a su brazo militar Hezbollah en sus aventuras en el Líbano, ayudando militarmente al gobierno iraquí o sembrando de grupos shiítas varios países del Islam sunita.

La "onda expansiva" alcanza incluso a Rusia, ya en dificultades por las sanciones impuestas por Occidente a raíz de su anexión de Crimea y sus acciones en el Este de Ucrania.

¿Cuál será la profundidad y la duración de este nuevo escenario de precios?

Predecir el futuro es una tarea peligrosa. Hace seis meses a nadie se le hubiera ocurrido que el petróleo caería de 110 a 67 dólares con tendencia a la baja. Algunos analistas ya están hoy imaginando un piso de 50 dólares. Sí da la impresión que no es inminente un "rebote" y que habrá que imaginar un futuro inmediato conviviendo con el petróleo barato.

Ésto perjudica a los países que cuentan con la renta petrolera como recurso decisivo -Venezuela, Irán, Rusia- y a los que planeaban desarrollar extracciones de shale -USA, Argentina- u otros procedimientos costosos -arenas bituminosas en Canadá, Presal en Brasil-.

Perjudica el desarrollo de energías alternativas renovables, que aunque han reducido su costo progresivamente, difícilmente puedan competir en el plano económico con el petróleo barato, salvo medidas políticas específicas de subsidios o protecciones.

Beneficia, por otro lado, a los países importadores. Curiosamente, USA y Argentina aprovecharán las ventajas de menores facturas de importación. También el mundo industrial desarrollado -Europa- pero también a China e incluso a India, que se había lanzado a un agresivo proyecto de extracción de carbón. Es probable un impulso adicional a la reactivación económica global.

Y beneficia en el corto plazo a países que cuentan con reservas suficientes como para mantener su producción elevada o aún aumentarla, sin riesgos de agotamiento. Pareciera que Arabia Saudita se encuentra entre ellos.

El futuro es opaco. En la intuición del autor, el piso de esta caída dependerá de un dato central: el umbral de rentabilidad del shale en Estados Unidos. Determinado éste (¿50 USD?), seguramente los flujos de hidrocarburos podrán proyectarse sobre variables más conocidas y estudiadas, tales como el nivel de actividad industrial global, la tasa de reconversión hacia energías alternativas y la evolución geopolítica del mundo.

Mientras tanto, mandará la incertidumbre. Lo que parece también claro es la inconveniencia de apostar a convertirse en "rentista petrolero" haciendo descansar los planes de futuro en un mercado con tanta inestabilidad y tan dependiente de los vaivenes de la política internacional. 


Ricardo Lafferriere

martes, 25 de noviembre de 2014

Avanza el cambio de paradigma energético

Tal vez la más importante noticia que compitió con la renuncia del Secretario de Defensa de Estados Unidos en la prensa norteamericana fue que, por primera vez, el costo de las energías de fuentes renovables –solar y eólica- fue menor a la originada en la generada por gas natural en las últimas operaciones de compra de energía realizadas por los distribuidores en las Grandes Planicies y en el Suroeste, donde el sol y el viento son abundantes.

Si bien el impulso al desarrollo de energías alternativas se apoyó en generosos subsidios, la información muestra que aún sin los subsidios el costo de las energías renovables mantiene su ventaja con respecto al gas natural.

En Texas, la empresa Austin Energy firmó un acuerdo por veinte años con una granja solar al precio de cinco centavos de dólar el kw/h. En setiembre, la “Grand River Dam Authority” en Oklahoma anunció su aprobación de un nuevo acuerdo para compra de energía de una granja eólica que estará finalizada el próximo año, estimando que el acuerdo ahorrará a sus clientes alrededor de Cincuenta millones de dólares.

También desde Oklahoma llegan noticias similares. American Electric Power terminó triplicando la cantidad de energía eólica que había vendido originariamente, luego de verificar su reducción de costos. La justificación de la empresa fue sencilla: “Estamos haciendo lo que tiene sentido para nuestros clientes”.

El costo de la energía solar se ha reducido por su parte a 5,6 cvs/USD por Kw/h, y la eólica a 1,4 cvs/USD por Kw/h, frente al costo de 6,1 cvs/USD el Kw/h del gas natural y a 6,6 cvs/USD el Kw/h de las usinas alimentadas a carbón.

El dato se completa con la cuenta sin subsidios. En este caso, el costo de la energía solar es de 7,2 cvs/USD el Kw/h y la eólica a 3,7 cvs/USD el Kw/h.

En North Dakota se han efectuado ya contratos de largo plazo de energía eólica con un costo de 2 cvs/USD el Kw/h, frente a los 5 cvs/USD el Kw/h de hace cinco años.

El informe, del que da cuenta la edición del New York Times del 24/11/14, destaca sin embargo que le reemplazo de las fuentes primarias tradicionales por las renovables no puede ser completa, aunque sí ha significado un avance notable en una de sus desventajas.

“Anteriormente, las fuentes renovables tenían sus grandes ventajas, especialmente en su ínfima polución, pero dos desventajas: su alto costo y la falta de continuidad en su entrega de energía (ya que dependen del sol y del viento). Actualmente, la primera desventaja ha desaparecido”.

Los técnicos hablan ya de marchar firmemente hacia un sistema mixto en el que la potencia de base sea garantizada por las instalaciones térmicas, fundamentalmente de ciclo combinado, y eventualmente las centrales nucleares, mientras que las renovables se conviertan en un actor fundamental para reducir los riesgos y efectos polucionantes de las atómicas y térmicas.

El crecimiento de las fuentes primarias renovables se ha potenciado con la posibilidad de las instalaciones hogareñas, cuyo precio también se reduce año a año. En varios Estados, siguiendo el modelo alemán, se permite la conexión hogareña bidireccional, lo que habilita la venta de energía a la red por parte de los particulares.

De esta forma, las instalaciones eólicas y solares hogareñas facturan a las empresas distribuidoras la energía generada por sus pequeñas “usinas”, convirtiendo a los hogares –principalmente rurales- en empresas energéticas autogestionadas, en una especie de “Internet de la Energía”.

El avance tecnológico presenta de esta forma un nuevo y creciente protagonista que terminará rediseñando todo el sistema energético: los ciudadanos comunes.

Es bueno recordar que en nuestra región, la legislación chilena ya autoriza la instalación de conexiones bidireccionales, y algunas provincias del país –como Santa Fe- han comenzado experiencias pilotos que cuando el país cuente con un plan energético integral ayudarán a la gran transformación que sin dudas alcanzará también a la Argentina.


Ricardo Lafferriere



martes, 18 de noviembre de 2014

Un presidente para el próximo turno

Se ha repetido hasta el cansancio: para reiniciar el crecimiento es imprescindible reforzar la institucionalidad y el estado de derecho.

El poder presidencial ha concentrado la enorme mayoría de las potestades políticas que la Constitución distribuía entre el presidente, el Congreso, la Justicia y los gobiernos de provincia.
Reforzar la institucionalidad y el estado de derecho se identifica entonces, en el actual estado de la Argentina, en un objetivo central: desmantelar la dimensión obscena que ha alcanzado el poder presidencial. No hay otra forma de recuperar el estado de derecho y la institucionalidad.

Eso muy difícilmente pueda hacerlo un peronista, ni viejo ni nuevo. Un dirigente peronista nunca renunciará a poderes mayores, ni por historia, ni por convicciones. No es ni bueno ni malo: está en su genética.

Eso no quiere decir que el peronismo no tenga lugar en el juego democrático. Como también lo dice la historia es un protagonista central del juego político argentino. Pero la tarea imprescindible para esta etapa del país es incompatible con un rasgo central de su identidad política.

El país debe acreditar en el peronismo un aporte importante en el desarrollo de los derechos sociales, en políticas inclusivas –aún con sus desvíos clientelares- y en la dignificación de los compatriotas más necesitados. Pero también debe decir que sus convicciones sobre el ejercicio del poder y sobre el juego respetuoso entre los derechos y garantías de los ciudadanos frente al poder del Estado no se encuentran entre sus virtudes más destacadas. Y sin ellas, el retomar el crecimiento es imposible.

La nueva etapa argentina contendrá el desafío de romper con los lastres más negativos de la herencia ideológica del siglo XX. Deberá sumar a nuestro país a la construcción de una comunidad global plural, democrática, pujante, defensora de la sustentabilidad ambiental y respetuosa de los derechos humanos. Y deberá hacerlo sin dogmatismos ni ataduras a cosmovisiones superadas.

El comienzo está en reconstruir plenamente la democracia republicana, inclusiva y justa, como piso para la pujanza emprendedora, las inquietudes de los ciudadanos con vocación transformadora, la convocatoria a la inversión y la convivencia plural en paz y respeto reciproco.

Ese objetivo es el que demanda los grandes acuerdos. El electoral, para abrir un período de recuperación del estado de derecho, sin el cual difícilmente se logrará traspasar el poder presidencial al campo democrático republicano. Un acuerdo para abrir una puerta en que atravesarán todos y que no puede implicar unanimidad sino al contrario, un claro pluralismo.

 Y el estratégico de largo plazo, que necesita de ambas grandes “corrientes” de la identidad nacional y deberá formular el próximo gobierno, para llevar el país hacia un nuevo destino, articulado con la comunidad global y acorde a los desafíos de la agenda del siglo XXI.

Ni la confusión sobre los tiempos ni el sectarismo para el futuro. Simplemente, confluencias naturales de una Argentina plural que desea retomar su marcha.

Ricardo Lafferriere


Mayoría alternativa: dirigentes y ciudadanos

No enunciaríamos una novedad si reafirmamos desde esta columna la convicción que la actual gestión ha sido la que mayor daño ha causado al país desde la recuperación democrática.

Se suele mencionar en este campo la multiplicidad de daños provocados durante la década en el plano económico –desinterés por la infraestructura, endeudamiento interno, inflación creciente, liquidación de reservas, crisis energética, estancamiento, pérdida de posiciones en todos los indicadores frente a todos los países de la región, etc. etc. etc.-

Sin embargo, el mayor daño ha sido causado a la convivencia nacional y a la vigencia institucional.
Los tres grandes equilibrios diseñados hace más de un siglo y medio para reglar nuestra convivencia se han destrozado, en un proceso que lleva décadas pero que nunca tuvo un ritmo y un agravamiento como en la última década.

El primer equilibrio es el que se refiere a las personas frente al poder. Los derechos de los ciudadanos, que la Constitución consideró los más importantes al  punto de enunciarlos en su primera parte, perdieron posiciones en forma sistemática ante las decisiones del gobierno. El derecho a la vida, al libre tránsito, a la disposición de sus bienes, a su intimidad, a un ambiente sano, y en muchos casos a un juicio imparcial, han retrocedido ante la discrecionalidad de funcionarios que, desde la administración fiscal hasta la previsional, desde la hipócrita impostación de los derechos humanos hasta el espionaje de su vida privada o las decenas de muertes sin investigación entre las que se destacan las de diciembre de 2013 cambiaron totalmente el rumbo iniciado en 1983. La invocada “inclusión social” ha tenido como contracara el clientelismo más humillante, y tiene su límite en el deterioro económico que la está dejando progresivamente sin sustentabilidad.

El segundo equilibrio perdido es el que la Constitución establece entre el gobierno nacional y las provincias. El país federal ha sido reemplazado por una concentración de poder fiscal, financiero y administrativo en el Estado Nacional. Las provincias y municipios son meras reparticiones simbólicas, sin recursos para responder en forma autónoma a sus propias decisiones de gobierno. Esto ha reforzado la concentración poblacional, económica y financiera en el conurbano capitalino, sede de mafias y redes de narcotráfico cada vez más imbricadas con el poder.

El tercer equilibrio es el de los tres poderes del Estado entre sí. El poder ejecutivo se ha adueñado de facultades establecidas por la Constitución como privativas del Congreso, y el propio Congreso ha cedido facultades en abierta violación de la Constitución. No puede ignorarse que gran parte de esta deformación responde a la existencia de mayorías absolutas que no responden a una equivalente mayoría electoral, pero que permiten distorsionar la marcha del sistema por el simple capricho del jefe del ejecutivo cuando cuenta con una fuerza partidaria adocenada, acrítica y desinteresada en la limpieza institucional y en sus responsabilidades de gestión. La corrupción se agiganta asentada en la ausencia de control y su justificación en el relato oficial.

De ahí que hemos sostenido que el principal problema argentino, el que se encuentra en la base de todos los demás, es la recuperación de la vigencia institucional. No tiene que ver con “izquierdas” frente a “derechas”, ni a “progresistas” frente a “moderados”. Se trata de decidir si la Argentina reasume su condición de país democrático-republicano, o persiste en la decadencia mediante la profundización del populismo organicista y autoritario.

Un país con otra fuerte deformación, la personalista, obliga a las dirigencias políticas a articular coaliciones exitosas, amplias y pre-electorales. No es posible entre nosotros –como ocurre, por ejemplo, en Alemania- conformar esas coaliciones en el seno del parlamento, porque el parlamento no es la fuente de poder sino el propio voto popular eligiendo presidente. 

La recuperación institucional en el país viene de la mano de la formación de una gran coalición que le dispute al populismo la mayoría electoral, elija un presidente con vocación democrática y republicana y avance en la reconstrucción de un sistema que ha sido persistentemente carcomido por la vocación autoritaria y patrimonialista.

La tarea no es sencilla, porque la política es un “puzzle” que demanda reflexión, inteligencia, paciencia y patriotismo. Pero la recíproca es válida: si la razón principal que anima las decisiones políticas prioriza la lucha por el posicionamiento de proyectos partidistas, personales o de simbólicas posiciones parlamentarias, difícilmente pueda lograrse el cambio de orientación que detenga la decadencia y comience la reconstrucción.

De cualquier forma, si un logro aún no ha sido revertido de este proceso que lleva más de tres décadas es la convicción de que la legitimidad la otorga el voto ciudadano. Aquí afortunadamente aún coinciden populistas y demócratas. Cabe siempre la esperanza que lo que no logren articular las dirigencias en el escenario lo realicen los ciudadanos en las urnas.

Puede argumentarse que en la agenda ciudadana estos problemas no interesan, y que son desplazados por las urgencias que aparecen en las encuestas de opinión –seguridad, inflación, desocupación, educación-. Sin embargo, las grandes marchas del 2012 y 2013 parecen indicar lo contrario, mostrando que las amplias clases medias argentinas que fueron las principales protagonistas de esas gigantescas movilizaciones vincularon claramente esos problemas a la vigencia real del estado de derecho. En ellas confluyeron progresistas y moderados, socialdemócratas y liberales, independientes y simpatizantes de las diferentes fuerzas políticas.

Siempre será mejor que el proceso de recuperación democrática sea canalizado en forma inteligente y racional por las conducciones que, al fin y al cabo, se justifican si cumplen con su función dando madurez al juego político. Pero si ello no ocurre, las opciones parecen claras: la decadencia continuará, mediante un nuevo turno populista o los ciudadanos pasarán por encima de las conducciones que no adviertan sus demandas.

Ello significaría abrir un nuevo ciclo político en el que los antiguos alineamientos y divisas serán superados por nuevas alternativas que sepan interpretar los temas de la nueva agenda, los que requieren para tener una respuesta eficaz que el país vuelva al cauce de sus instituciones, recuerde y respete a los derechos ciudadanos y reconstruya el Estado sobre los cimientos de una democracia representativa, republicana y federal.


Ricardo Lafferriere