El derrumbe del 2001 en la Argentina fue centralmente, un derrumbe del Estado. Pero el escenario del derrumbe sacó a la superficie una sociedad extremadamente compleja.
Aunque existe una tendencia universal hacia el crecimiento de los espacios de libertad de los ciudadanos frente al orden normativo como una de las notas características “posmodernas” en pocos lugares como en la Argentina ese orden normativo encontró una interrupción tan abrupta como durante los acontecimientos vividos en ese traumático período que comenzó en diciembre de 2001 y, en algunos aspectos, se extiende hasta hoy. ¿Había llegado a la Argentina la avanzada de la posmodernidad?
La posmodernidad, caracterizada por fragmentación creciente de las cosmovisiones, es en realidad el resultado natural de una de las vertientes de la modernidad que edifica su construcción teórica sobre la piedra angular de la libertad natural de las personas, el libre albedrío y la ficción del contrato social tácito. Esta visión, la de Locke y el propio Montesquieu, choca e interactúa con las de Hobbes y de Rousseau -y más cerca en el tiempo, sus extremos expresados por el marxismo y los fascismos de entreguerras- inclinadas más hacia la comunidad, lo colectivo, la nación o el Estado. Para la primera visión, la libertad intrínseca de las personas sólo puede ser restringida en forma excepcional en aquellos temas y dentro de los límites especialmente delegados en el poder por los hombres nacidos “libres e iguales”. Su primer logro “estrella” es la Constitución norteamericana -fuente de la nuestra- en la que los ciudadanos tal cuál son constituyen la piedra angular del sistema político.
La otra vertiente de la modernidad, más “continental”, por el contrario, no renunció nunca a reivindicar el papel central del poder estatal, cambiándole su ficción de origen legitimante: Dios (fundamento último del poder del Papado y del Imperio) dio paso a la soberanía popular y los reyes –representantes de Dios- a los representantes electos. Cambió el contenido del poder, pero no su función normativa y, en los hechos, la lucha por la ampliación de la libertad ha sido, en los países que siguieron esta visión, más dificultosa y conflictiva. El desmantelamiento de las formas feudales-monacales premodernas del medioevo se “delegó” tácita o expresamente en el poder del nuevo Estado y no tanto en la libertad de los individuos que, de hecho, generaba desconfianza en las élites revolucionarias por las “deformaciones” que el anciano régimen habría provocado en la presunta rectitud natural del pensamiento humano. Su ámbito “estrella” es Francia, que mantiene la imagen del Estado fuerte y todopoderoso cuya edificación comenzó en tiempos de las monarquías absolutas.
De hecho, las dictaduras y los fascismos del siglo XX se dieron en países latinos, continentales y latinoamericanos y también en estos países surgieron las utopías del “hombre nuevo”, construido en teoría por la acción del poder, “democrático” pero hegemonizado por las élites. La construcción de ese "hombre nuevo" difícilmente hubiera podido arraigar como un objetivo del poder en una sociedad apoyada en el Contrato Social. Es paradógico que la justificación de las modernas dictaduras se enraize en este ideal de la ilustración de pretender crear, mediante la acción del Estado, un ser humano moderno y racional, liberado de las creencias irracionales del feudalismo, la religión y los fetiches.
De todos modos, a través de su vertiente más nítida o de la más diluida, la modernidad se ha caracterizado por ampliar crecientemente la libertad individual, acompañada por la convicción creciente de los ciudadanos en su derecho a la autonomía. En ambos casos, se dejaba atrás la creencia en un orden natural, con estratos de poder de base divina, étnica, ideológica y con diferencias jerárquicas consideradas justificables o indiscutibles.
La modernidad evolucionó hasta abrir el camino a la posmodernidad. El actual retroceso del Estado y de las instituciones normativas heterónomas, como las religiones, han provocado en el mundo occidental una notable expansión de la multiplicidad en la identidad de las personas e intereses, cual un caleidoscopio de diferencias inimaginables hace pocas décadas. La posmodernidad, en este aspecto, ha sido el triunfo del ideal moderno de la libertad individual y del libre albedrío: el hombre sin ataduras ni disciplinamientos a cosmogonías políticas, religiosas, ideológicas o raciales. Sobre esta sólida base intelectual han florecido los infinitos matices del presente.
Alcanza con observar las nuevas formas familiares, las prácticas sexuales separadas de la reproducción, las nuevas formas económicas individuales y empresariales, la virtualidad en las relaciones, la temporalidad crecientemente aceptada de los vínculos de pareja, las diversas formas de asociacionismo activo en post de los más variados intereses, desde ambientales hasta sociales, desde culturales hasta económicos. Todo este colorido postmoderno, cuya característica es la fragmentación y el alejamiento de las cosmogonías disciplinantes es incompatible con sociedades cerradas, con Estados fuertes y conductas humanas ordenadas por el poder, aún del apoyado en la ficción de la soberanía del pueblo.
En el mundo actual, el pensamiento progresista moderno ha abandonado esa visión atrincherada en arcaicos ecos autoritarios, por ser disfuncional con el mundo de las redes, del protagonismo ciudadano, de la creciente libertad y tolerancia con la diferencia. Se trataba, en efecto, de un poder que perdía y pierde día a día legitimidad para intervenir en los comportamientos humanos y cuyas exhortaciones a “bañarse en tres minutos”, “llevar una linterna al baño”, “comer cerdo para estimularse sexualmente” o “comer carne blanca para volar como los pollos” se asemejan a hilarantes curiosidades de museo. Nadie las toma en serio.
El proceso argentino, en este aspecto, convoca a la indagación. En la gestación del nuevo país existió una corriente modernizadora y otra conservadora. Los modernizadores se inspiraron en la visión contractualista, desde Moreno y Monteagudo hasta Echeverría, Alberdi y el propio Sarmiento. Los conservadores, sin embargo, no edificaron una construcción teórica “roussoniana”, sino que más bien se fueron inclinando a la búsqueda de la restauración del orden colonial, premoderno, en una línea de pensamiento que parte desde Saavedra y se deliza hasta Rosas.
Fue recién con la organización nacional que ese modernismo continental encontró cauce en las generaciones de la organización nacional primero (Urquiza-Mitre-Sarmiento-Avellaneda) y luego en la del 80: una democracia “borbónica”, en que las elites ilustradas perseguían la construcción de un país con libertades, pero sin ceder un ápice el poder. El saldo fue innegable: se construyó un país injusto, pero el adjetivo fue mayor que el sustantivo. Era un país injusto, pero era un país. Producción, masiva inmigración voluntaria, escuelas públicas con educación universal, estado civil registrado por el Estado –y no por la Iglesia- sobre la base de leyes laicas de alcance universal, universidades, ferrocarriles, telégrafo, comercio exterior, primeros ensayos de industrialización, creación artística, ejército profesional... Nadie, hasta ahora, ha mostrado un proyecto superior. Proyecto que, bueno es recordarlo, incluia destacados voceros -como Joaquín V. González, Pellegrini y el propio Roque Sáenz Peña- que sostenían la urgencia de la evolución del sistema político hacia una democracia más inclusiva, como era el reclamo del naciente radicalismo.
Ese "país injusto" gastó casi todo el siglo XX en la lucha “contra” el adjetivo, la injusticia, olvidando en la mayoría de las etapas históricas recientes que la “justicia” no podía lograrse destrozando el sustantivo -el “país” construido-, sino mejorándolo. El siglo XX, a partir de 1930, fue una larga letanía de suma cero o negativa, en la que la suerte del país fue relegada tras los vanos esfuerzos de arrebatarse ingresos, poder y prestigio unos a otros tras la ilusión o la ficción de la justicia, mientras se comía el capital social –económico, político, de prestigio y de expectativas- acumulado en el medio siglo de 1880 a 1930.
El derrumbe del 2002, como el cierre de un círculo, patentizó esta imagen: el ingreso "per capita" de los argentinos, en valores constantes, era igual al de 1930, cuando cayó Yrigoyen. Aunque esta afirmación pueda resultar algo exagerada y efectista, ya que la moneda nacional fue artificialmente devaluada, muestra el ciclo de un país que durante setenta años vivió estancado, mientras Brasil multiplicó su riqueza por habitante por cuatro, España por cinco, Francia por seis, Gran Bretaña y Australia por ocho, y los Estados Unidos por diez.
De cualquier manera, ésto no es lo más importante para el presente análisis. Lo destacable es que la adopción del modelo bonapartista en el siglo XX tendió nuevamente a conjugarse con el organicismo colonial. Es este “conjunto cultural” el que subyace en la identidad del populismo en sus diversas variantes y no ha producido en la Argentina resultados exitosos.
El Estado redistribuyendo ingresos con motivos y formas cada vez más opacos ha provocado, desde 1930, dos fenómenos: por un lado, la deformación del sistema político, que ha caído en lo que John Ralston Saul bautizaba como la "bastardización de Voltaire", cuya característica es que las ficciones de las estructuras corporativas –sindicales, empresariales, políticas, sociales- aplastaron crecientemente la autonomía de las personas a las que en teoría servían; y por el otro lado, la ruptura de la solidaridad nacional al estimular a los actores económicos a bordear su ética social, ocultando ingresos para evitar su apropiación discrecional por parte de la burocratizada estructura estatal y corporativa que, presuntamente, "representa" a los ciudadanos pero que, en los hechos, se apropia de los ingresos de los sectores dinámicos y productivos para garantizar su propia reproducción premiando conductas parasitarias y castigando las virtuosas e independientes. El ocultamiento se traduce en la caída estructural de la inversión al mínimo compatible con la simple subsistencia de las empresas.
Estos fenómenos, a su vez, se proyectan en un inexorable alejamiento ciudadano del sistema político, al que termina viendo como un "enemigo", en lugar de como el espacio de debate y búsqueda de consensos sociales. Los ciudadanos más dinámicos, lúcidos y transformadores se aislaron de la política, salvo durante períodos históricos excepcionales y la política quedó reducida a un escalón dirigencial profesional autoreproducido, con escasas interfases con los ciudadanos. La virtual desaparición de los partidos a raíz de la crisis del 2002, y la perversa actitud del kirchnerismo desde entonces fortalecieron ese proceso.
La modernidad no estuvo ausente en el debate del siglo XX, pero con mala suerte. Su partido estandarte, el radicalismo, no pudo recuperarse de su derrota de 1930, a la que no fue ajena –como un karma que lo acompañaría durante todo el siglo- la situación internacional. Aquella vez le tocó a Yrigoyen. En 1989, a Alfonsín. Y en el 2001, a de la Rúa. En las tres oportunidades, la fuerte repercusión interna de la situación internacional y el escaso compromiso democrático de sus oposiciones circunstanciales –conservadora y peronista- interrumpieron la consolidación de la modernidad.
El mundo moderno no llegó entonces plenamente a la Argentina nunca. ¿Puede ser, en consecuencia, que el derrumbe del 2002 haya provocado un "salto histórico" y el país haya arribado a la "posmodernidad" sin culminar las tareas modernas? ¿Es ésto posible?
Veamos. Luego de la caída, producida durante una administración indudablemente modernista (regía la ley, la justicia era independiente, el presidente -demonizado y ridiculizado hasta el cansancio- no se atribuyó facultades omnímodas, la prensa era totalmente libre y sin condicionamientos, el parlamento ofrecía todo el colorido de la opinión nacional) el poder cayó en manos de la restauración y comenzó la destrucción del pais institucional -moderno- y su reemplazo por formas bonapartistas-autoritarias, el clientelismo y el patrimonialismo neofeudal aprovechando la espectacular situación internacional.
La bonanza económica –independiente de causas internas- favoreció una percepción popular favorable de la nueva etapa, así como el escenario anterior había potenciado la percepción de las limitaciones del funcionamiento institucional. Pero lo curioso es que esa regresión no fue acompañada por un disciplinamiento social -tradicionalmente unido a tal modelo- sino que creció a niveles nunca experimentados hasta ese momento la indisciplina social y la indiferencia ciudadana hacia los actos del poder, actitudes que son más características de la post-modernidad que de cualquiera de las vertientes de la modernidad.
Los ciudadanos, en efecto, no tienen hacia el poder respeto alguno y toman en sus manos la acción directa en diversas acciones, las más de las veces en formas de violencia expresa o tácita: "escraches" (es decir, agresiones de corte fascistoide) contra personas vinculadas al poder, a empresas o a un descrédito general o parcial; interrupción forzada de circulación en calles y rutas por cualquier clase de reclamos; destrozos -violentos- de bienes públicos; corte de tránsito internacional por reclamos ambientales; y otras diversas formas de "participación popular" claramente extra institucionales y en muchos casos anárquicas que llegan hasta la justificación social del delito.
El Estado populista, por su parte, parece aceptar resignado ese escenario, mientras se cierra sobre sí mismo en la recreación de una nueva burocracia económico-empresarial desligada de los intereses del conjunto, quizás por la mala conciencia que le produce el abismo entre su discurso y su acción.
El hiato entre la política y los ciudadanos crece hasta el abismo. Sólo se ve el escenario residual simbólico de los procesos electorales escasamente diferenciados de cualquier otro "megashow" posmoderno, sea deportivo, sea artístico, sea un "reality" televisivo. Los ciudadanos que "participan" en el escenario público han configurado, salvo valiosísimas excepciones, estructuras -viejas o nuevas- que en muchos casos se parecen más a tribus arracimadas en torno a efímeros cacicazgos de base mediática persiguiendo la quimera de participar en el goce del poder una vez conseguido, que a corrientes de pensamiento de ciudadanos que comparten una visión de la vida en común y están dispuestos a debatir y consensuar con quienes piensan diferente las concesiones recíprocas para facilitar -y posibilitar- la convivencia.
En este punto, cabe la tentación -facilista, y quizás "argento-centrista"- de sostener que el proceso argentino no cabe en categorías y configura una "originalidad". Y es cierto que no es sencillo encontrar un proceso parecido en la política comparada, en la región ni en el mundo. Pero para sostener esta afirmación sería necesario, sin embargo, pasar una prueba de fuego, la de la sustentabilidad. Dicho en otros términos, ¿sería sustentable una situación como la que se instaló en la Argentina, en otra situación del ciclo económico como la que derrumbó al gobierno modernista de la Alianza? ¿o la sustentabilidad del arcaico modelo bonapartista-autoritario en conjunción con el postmodernismo-anárquico fue sólo posible por el ciclo económico expansivo y colapsaría -como el anterior- si el ciclo cambia de signo?
El interrogante sería apasionante para un politólogo observador imparcial, pero es dramático para quienes están en la escena, en este símil de "sopa originaria" que incluye elementos de la Argentina colonial organicista, de la Argentina moderna liberal, del populismo autoritario y de la sociedad post-moderna fragmentada, sin otro horizonte que una especie de incertidumbre cuántica opaca al futuro.
El proceso político pareciera mostrar que la conjunción “premoderna-posmoderna” no resistirá un cambio de ciclo. La incógnita es si, ante una crisis que no está provocada ni gestionada por la modernidad sino por la restauración autoritaria, el país “post-moderno” logrará articular una alianza político-social con el país moderno, aprovechando el momento difícil para sentar las bases sólidas de un nuevo ciclo virtuoso.
El sentido común parece afirmar que hasta que no se logre la consolidación de un país moderno –que requiere, entre otros requisito, el respeto a la ley y a los derechos y libertades individuales, respeto a las formas constitucionales, construcción de un piso social de ciudadanía que incluya a todos, respeto a la independencia de la justicia, aplicación de la ley frente a las violaciones, libertad de prensa irrestricta, neutralidad del poder en los procesos electorales y la aceptación respetuosa de la “otredad”- las tensiones generadas por la fragmentación de la pomodernidad nos hará caminar en el filo de la navaja de la propia existencia nacional. Sólo las formas institucionales sólidas pueden procesar conflictos y opiniones disímiles sin degenerar en violencia cotidiana, sólo la representación política puede racionalizar los debates, sólo la modernidad puede contener a la posmodernidad sin riesgo para la sociedad. Sin modernidad reflexiva, sin cosmopolitismo consciente, será muy difícil encontrar el rumbo sustentable.
Frente a este escenario queda sólo recurrir a la construcción ciudadana. Esa virtud de la ilustración apoyada en la fe genérica en el destino del hombre -aporte romántico a la aparente frialdad de la razón, que renace en las fechas patrias como símbolo de viejos sentimientos nacionales- es la reserva –quizás voluntarista- que permite hoy mantener la esperanza en el destino compartido de los argentinos. El renacimiento que están mostrando los partidos políticos –tradicionales y nuevos- iniciado con el campanazo que significó la eclosión ciudadana del 2008 alimenta esa llama que, como en 1810, no fue encendida por liderazgos providenciales sino por personas comunes que, por encima de los liderazgos, tomaron en sus manos la defensa de sus derechos reclamando la reconstrucción del país institucional.
Desde esta óptica, el Bicentenario es una oportunidad para pensar el país con visión de futuro y relanzar su marcha. Sería una lástima desperdiciarla una vez más.
Ricardo Lafferriere
http://stores.lulu.com/lafferriere
ricardo.lafferriere@gmail.com
miércoles, 17 de febrero de 2010
sábado, 13 de febrero de 2010
¿Es progresista “un poco de inflación”?
Carne, lácteos, harina, aceite, frutas. Alquileres, expensas, tarifas, remedios. Lápices, cuadernos, libros, útiles. En todos los casos, el “incremento” de los precios, medidos con respecto al mismo mes del año pasado, han sido entre un 25 y un 80 por ciento.
Los salarios subieron en el mismo lapso un promedio inferior al 20 por ciento. Pero muchos lo perdieron y están fuera del sistema estable, con una demanda de servicios que se ha reducido sustancialmente. Se requiere menos servicio doméstico, niñeras, cuidadores de jardines, plomeros, electricistas, changarines. El que pagaba por un servicio y hoy puede obviarlo, lo hace. El resultado es más gente en la calle buscando trabajo. Y más gente en la calle, viviendo con el cielo como techo. No son necesarias las estadísticas del INDEC: puede verse al observar nuestro paisaje urbano.
¿Es progresista comerle el salario a quien vive de él?
Asumiendo la eticidad inherente al progresismo y como todas las respuestas sobre una pregunta ética, en abstracto es imposible contestar. Si se reduce el salario porque hay una catástrofe natural y hay que reconstruir lo destrozado, o si se enfrenta una situación conmocionante como un conflicto bélico o una epidemia, quizás sería éticamente justificable.
Pero si nada de eso ocurre ¿es progresista y ético licuarle el salario a la gente, quedándose con una porción de su poder de compra? ¿Es ético hacerlo, mostrando como contracara un cínico enriquecimiento por parte de quien se queda con esa porción del salario trabajador, de las jubilaciones y pensiones de pobres compatriotas y hasta de la posibilidad de llevar un plato de comida a la casa en los hogares más humildes?
Hemos sufrido en Argentina, en tiempos no tan distantes, lecciones que creíamos aprendidas por errores que cometimos todos: peronistas, liberales y radicales. Se había instalado en el país la idea de que “un poquito de inflación no importa” y hasta que podía ser buena. Ochenta años de estancamiento nos costó ese error y muchos ceros perdidos por nuestra moneda, que no es simplemente un papel impreso sino que es la única riqueza que tienen los más pobres, los que viven de su trabajo o de su jubilación y –en el otro extremo- el símbolo de la fortaleza de un país. Hoy vemos que nuestro peso, en el entorno regional, es la moneda más debil, y que fuera del entorno regional directamente no existe.
La inflación no castiga al pudiente, que tiene muchas alternativas para defenderse. Golpea, en forma inhumana, a la señora que en el supermercado ve que mes a mes, su sueldo vale menos. Al jubilado que no puede comprarse su remedio, del que no depende un negocio turístico en el Calafate o una noche orgiástica incentivada con un chanchito a la parrilla, sino la dramática posibilidad de seguir viviendo o no. Al trabajador, a quien ya no le queda tiempo familiar porque debe desfilar en dos o tres trabajos, o matarse en horas extras, simplemente para poder pagar el alquiler, la factura de la luz y la cuenta del gas.
En realidad la inflación no significa que los precios suben, sino que el dinero de todos ha sido saqueado y no tiene respaldo ni valor. Salvo para el que ha podido comprar dólares en un buen momento, lograr buenos negocios con tierras estatales o asociarse con los felices adjudicatarios de obras públicas a precios gigantescos, muchas veces sin obligación siquiera de construirlas.
La inflación no es fabricada por los comerciantes, los productores o los industriales. Es producida por decisiones políticas cleptómanas, indecentes, deshonestas.
La inflación, poquita o mucha, es una inmoralidad. Y una inmoralidad, por definición, no puede ser progresista sino profundamente reaccionaria, antipopular y retrógrada.
Ricardo Lafferriere
Los salarios subieron en el mismo lapso un promedio inferior al 20 por ciento. Pero muchos lo perdieron y están fuera del sistema estable, con una demanda de servicios que se ha reducido sustancialmente. Se requiere menos servicio doméstico, niñeras, cuidadores de jardines, plomeros, electricistas, changarines. El que pagaba por un servicio y hoy puede obviarlo, lo hace. El resultado es más gente en la calle buscando trabajo. Y más gente en la calle, viviendo con el cielo como techo. No son necesarias las estadísticas del INDEC: puede verse al observar nuestro paisaje urbano.
¿Es progresista comerle el salario a quien vive de él?
Asumiendo la eticidad inherente al progresismo y como todas las respuestas sobre una pregunta ética, en abstracto es imposible contestar. Si se reduce el salario porque hay una catástrofe natural y hay que reconstruir lo destrozado, o si se enfrenta una situación conmocionante como un conflicto bélico o una epidemia, quizás sería éticamente justificable.
Pero si nada de eso ocurre ¿es progresista y ético licuarle el salario a la gente, quedándose con una porción de su poder de compra? ¿Es ético hacerlo, mostrando como contracara un cínico enriquecimiento por parte de quien se queda con esa porción del salario trabajador, de las jubilaciones y pensiones de pobres compatriotas y hasta de la posibilidad de llevar un plato de comida a la casa en los hogares más humildes?
Hemos sufrido en Argentina, en tiempos no tan distantes, lecciones que creíamos aprendidas por errores que cometimos todos: peronistas, liberales y radicales. Se había instalado en el país la idea de que “un poquito de inflación no importa” y hasta que podía ser buena. Ochenta años de estancamiento nos costó ese error y muchos ceros perdidos por nuestra moneda, que no es simplemente un papel impreso sino que es la única riqueza que tienen los más pobres, los que viven de su trabajo o de su jubilación y –en el otro extremo- el símbolo de la fortaleza de un país. Hoy vemos que nuestro peso, en el entorno regional, es la moneda más debil, y que fuera del entorno regional directamente no existe.
La inflación no castiga al pudiente, que tiene muchas alternativas para defenderse. Golpea, en forma inhumana, a la señora que en el supermercado ve que mes a mes, su sueldo vale menos. Al jubilado que no puede comprarse su remedio, del que no depende un negocio turístico en el Calafate o una noche orgiástica incentivada con un chanchito a la parrilla, sino la dramática posibilidad de seguir viviendo o no. Al trabajador, a quien ya no le queda tiempo familiar porque debe desfilar en dos o tres trabajos, o matarse en horas extras, simplemente para poder pagar el alquiler, la factura de la luz y la cuenta del gas.
En realidad la inflación no significa que los precios suben, sino que el dinero de todos ha sido saqueado y no tiene respaldo ni valor. Salvo para el que ha podido comprar dólares en un buen momento, lograr buenos negocios con tierras estatales o asociarse con los felices adjudicatarios de obras públicas a precios gigantescos, muchas veces sin obligación siquiera de construirlas.
La inflación no es fabricada por los comerciantes, los productores o los industriales. Es producida por decisiones políticas cleptómanas, indecentes, deshonestas.
La inflación, poquita o mucha, es una inmoralidad. Y una inmoralidad, por definición, no puede ser progresista sino profundamente reaccionaria, antipopular y retrógrada.
Ricardo Lafferriere
miércoles, 10 de febrero de 2010
Uruguay: espejo de la Argentina sin K
¿Qué le faltaría a la Argentina para parecerse al Uruguay?
No mucho.
Pero sí le sobraría: los K.
Si fuera necesario un espejo para ver lo que sería nuestro país sin la pesadilla de estos últimos años, lo podemos ver en la otra orilla del Plata.
El presidente electo, rodeado de los líderes más importantes de la oposición –Sanguinetti y Lacalle- y de las cúpulas sindicales, mayoritariamente socialistas y comunistas, se dirigió a los empresarios de las cámaras uruguayo-argentinas para señalar las líneas fundamentales de su política, que no tienen otro signo que la continuidad.
El Uruguay “no les romperá el lomo con impuestos”. “Vengan e inviertan tranquilos”, porque “por acá, no expropiamos nada”. El presidente Mujica, ex Tupamaro y líder de la fracción más dura de la izquierda, daba el mismo ejemplo que el empresario Piñera, al otro lado de la Cordillera. Sabe –como ex Secretario de Agricultura del Uruguay- que el 65 % de la soja producida por su país es el resultado de la acción de empresarios agropecuarios argentinos –entrerrianos, santafecionos, cordobeses, bonaerenses- que están cansados de ser robados en forma sistemática y, simplemente, quieren producir tranquilos.
Allá no hay subsidios, pero tampoco retenciones. No hay protección, pero tampoco frenos caprichosos a la exportación. Y de esa forma están logrando, por ejemplo, exportar más carne que Argentina a pesar de contar con un rodeo cinco veces inferior (12.000.000 de cabezas, frente a los 50.000.000 de Argentina) manteniendo el precio interno más barato que con los controles de Kirchner y Moreno.
No hay narcotráfico ni inseguridad excepcionales ni crecientes. La dirigencia política, aún con las mañas propias del oficio, da muestras cotidianas de capacidad de construcción de consensos y de un acendrado patriotismo. A eso contribuyen los opositores, pero fundamentalmente, el propio gobierno. El actual presidente Vázquez, que se va de la función con un apoyo del 80 % de los uruguayos, en un momento decisivo de la campaña electoral, invitó a sus antecesores Sanguinetti, Lacalle y Valle a la inauguración del magnífico nuevo Aeropuerto de Carrasco. Para su ingreso a la modernidad, los uruguayos entienden que el requisito esencial es la unidad nacional. ¿Sería imaginable hoy eso en la Argentina?
¿Qué le faltaría a la Argentina para parecerse al Uruguay? Algunos dicen “liberarse del peronismo”. No lo creo. La imagen de la Cámara de Diputados de Aguad trabajando con Solá, Carrió, Pinedo y hasta Pino Solana para acordar estratégicas políticas institucionales muestran que en nuestro país la convivencia plural es posible y que el ejemplo del Uruguay y de Chile no están tan lejos.
No es imposible imaginarse un gobierno presidido por Cobos, o Reutemann, o Carrió, o Macri o de Narváez, dialogando con sus adversarios, casi como un “estado mayor de la República”, rodeado de empresarios y emprendedores con vocación de riesgo y de sindicalistas que representen la pluralidad del pensamiento obrero, en todas sus vertientes, democráticos, honestos y transparentes en sus vidas privadas y leales con sus bases y el país.
Todos compartiendo la idea de que somos “com-patriotas”. Que compartimos un país, que no tiene dueños excluyentes sino que es de todos. Y que en ese todos, aún –y afortunadamente- con visiones diferentes, nos une inexorablemente el destino común, cualquiera éste sea. El mensaje de unidad de Perón y Balbín. El legado patriótico de Alfonsín.
Sólo que lamentablemente, algo sobra, y se nota cada vez más. El populismo. La burocracia sindical y los funcionarios corruptos. Los empresarios coimeros. Los K.
Ricardo Lafferriere
No mucho.
Pero sí le sobraría: los K.
Si fuera necesario un espejo para ver lo que sería nuestro país sin la pesadilla de estos últimos años, lo podemos ver en la otra orilla del Plata.
El presidente electo, rodeado de los líderes más importantes de la oposición –Sanguinetti y Lacalle- y de las cúpulas sindicales, mayoritariamente socialistas y comunistas, se dirigió a los empresarios de las cámaras uruguayo-argentinas para señalar las líneas fundamentales de su política, que no tienen otro signo que la continuidad.
El Uruguay “no les romperá el lomo con impuestos”. “Vengan e inviertan tranquilos”, porque “por acá, no expropiamos nada”. El presidente Mujica, ex Tupamaro y líder de la fracción más dura de la izquierda, daba el mismo ejemplo que el empresario Piñera, al otro lado de la Cordillera. Sabe –como ex Secretario de Agricultura del Uruguay- que el 65 % de la soja producida por su país es el resultado de la acción de empresarios agropecuarios argentinos –entrerrianos, santafecionos, cordobeses, bonaerenses- que están cansados de ser robados en forma sistemática y, simplemente, quieren producir tranquilos.
Allá no hay subsidios, pero tampoco retenciones. No hay protección, pero tampoco frenos caprichosos a la exportación. Y de esa forma están logrando, por ejemplo, exportar más carne que Argentina a pesar de contar con un rodeo cinco veces inferior (12.000.000 de cabezas, frente a los 50.000.000 de Argentina) manteniendo el precio interno más barato que con los controles de Kirchner y Moreno.
No hay narcotráfico ni inseguridad excepcionales ni crecientes. La dirigencia política, aún con las mañas propias del oficio, da muestras cotidianas de capacidad de construcción de consensos y de un acendrado patriotismo. A eso contribuyen los opositores, pero fundamentalmente, el propio gobierno. El actual presidente Vázquez, que se va de la función con un apoyo del 80 % de los uruguayos, en un momento decisivo de la campaña electoral, invitó a sus antecesores Sanguinetti, Lacalle y Valle a la inauguración del magnífico nuevo Aeropuerto de Carrasco. Para su ingreso a la modernidad, los uruguayos entienden que el requisito esencial es la unidad nacional. ¿Sería imaginable hoy eso en la Argentina?
¿Qué le faltaría a la Argentina para parecerse al Uruguay? Algunos dicen “liberarse del peronismo”. No lo creo. La imagen de la Cámara de Diputados de Aguad trabajando con Solá, Carrió, Pinedo y hasta Pino Solana para acordar estratégicas políticas institucionales muestran que en nuestro país la convivencia plural es posible y que el ejemplo del Uruguay y de Chile no están tan lejos.
No es imposible imaginarse un gobierno presidido por Cobos, o Reutemann, o Carrió, o Macri o de Narváez, dialogando con sus adversarios, casi como un “estado mayor de la República”, rodeado de empresarios y emprendedores con vocación de riesgo y de sindicalistas que representen la pluralidad del pensamiento obrero, en todas sus vertientes, democráticos, honestos y transparentes en sus vidas privadas y leales con sus bases y el país.
Todos compartiendo la idea de que somos “com-patriotas”. Que compartimos un país, que no tiene dueños excluyentes sino que es de todos. Y que en ese todos, aún –y afortunadamente- con visiones diferentes, nos une inexorablemente el destino común, cualquiera éste sea. El mensaje de unidad de Perón y Balbín. El legado patriótico de Alfonsín.
Sólo que lamentablemente, algo sobra, y se nota cada vez más. El populismo. La burocracia sindical y los funcionarios corruptos. Los empresarios coimeros. Los K.
Ricardo Lafferriere
lunes, 8 de febrero de 2010
Los activos del BCRA no son bienes mostrencos
“No le hacemos daño a nadie usando las reservas”, afirmó días atrás el Gobernador de San Juan, José Luis Gioja.
“Es de estúpidos pagar el 14 % por la deuda, cuando podemos usar las reservas” se entusiasmaba el inefable Jefe de Gabinete, repitiendo las palabras de la presidenta.
. ¡Sería tan lindo que las cosas fueran tan fáciles!...
Ocurre, sin embargo, que avanzar sobre esos activos es un reduccionismo que olvida que los activos no están ahí para divertir al “tío Patilludo” que le gustaba mirar sus monedas de oro, sino que cumplen una función: preservar el valor de la moneda nacional.
Cierto es que no son el único componente del respaldo a la moneda. Una buena política económica, una gran credibilidad pública e internacional, el respeto al estado de derecho, una evolución sin sobresaltos de la marcha de la economía, un programa cierto y acordado –si es posible, en forma pluripartidaria- de las principales decisiones económicas, un tránsito que privilegie la tranquilidad por sobre los sobresaltos, son componentes adicionales virtuosos. Cuanto más exista de éstos, menos necesarios pueden ser los activos, que sin embargo siempre tienen como contrapartida “pasivos” a los que hay que responder.
¿Qué significa la estabilidad de la moneda? Pues... por ejemplo, que cuando un asalariado compra sus bienes mensuales en el supermercado o paga sus gastos fijos, ese dinero le alcance siempre para las mismas cosas. Si le alcanza para menos, es por que la moneda se debilitó. O que cuando un empresario deba pagar importaciones para su cadena productiva, pueda hacerlo con los mismos valores en pesos, y no necesite más pesos como consecuencia de que éstos se debilitaron.
En síntesis: los activos del BCRA no son bienes mostrencos, sin dueño, de los que el gobierno pueda apropiarse sin consecuencias. Tienen una función, diferente de las obligaciones del gobierno y más cerca de los ingresos y riqueza de los argentinos.
Jugar con la moneda es jugar con la riqueza de los particulares, de las personas, cualquiera sea su nivel económico y social. Es como un tosco y gigantesco “impuesto general” que le confisca a cada argentino parte de su patrimonio, ingresos o riqueza, para financiar gastos públicos decididos ambos –ingresos y gastos- por fuera del sistema constitucional, que establece para ese tema un mecanismo legal de relojería (ley de presupuesto, leyes impositivas, leyes de coparticipación federal de impuestos, mayorías especiales, participación especial del Senado y de Diputados según los casos, etc.) con los suficientes recaudos para su gasto, sometido a los sistemas de control de las finanzas públicas establecidos por la Constitución y las leyes.
Hacer “política económica” por fuera de estos mecanismos constitucionales apropiándose de fondos ajenos (ahorros previsionales privados, ANSES, Banco Nación, Provincias, activos de respaldo de la moneda) es ubicarse al margen de la Constitución Nacional y avanzar sobre derechos e ingresos de las personas. Pero no es sólo un tema institucional, ya de por sí decisivo, sino de alto impacto en la paz social.
En efecto: ¿cuál será la consecuencia de que el salario se licúe? Una de ellas, es directa: el recrudecimiento de los –justos- reclamos asalariados. Porque si el dinero que cobran como salario vale menos, ello no será aceptado con alegría por sus afectados, que reclamarán no ser la “variable de ajuste” de otros desajustes. Y pedirán aumentos. La repercusión político-social de estos reclamos también se puede avizorar: una mayor fortalecimiento de las estructuras gremiales de las que el gobierno depende como sustento político. Pero con una novedad: acceder a esos aumentos reiniciará el ciclo, porque la caída del salario no es el reflejo de un incremento de la ganancia empresarial, sino de una confiscación que ha hecho el Estado del valor de ese salario, vía inflación, que también han sufrido los demás actores del proceso productivo. Los incrementos salariales sólo podrán ser otorgados volcándolos en los precios, reciclando el proceso.
Esa conmoción debilita la confianza en la economía, y ello tradicionalmente se traduce en una mayor demanda de dólares para atesorar, que es el peor de los fenómenos económicos porque saca el dinero de la circulación y probablemente haga que vuelvan los reclamos “morales”, al estilo de “no es patriótico tener dólares guardados”. Sin embargo, la moral y la economía son órdenes diferentes, en términos pascalianos. La moral tiene normas diferentes de la economía, y están en todo caso en cabeza de cada persona, que decidirá, según sus necesidades –morales- individuales qué destino le da a su ingreso. La economía tiene las suyas, y su funcionamiento vicioso no estará “originado” en el atesoramiento de dólares, sino que al contrario, el atesoramiento será la consecuencia de decisiones públicas que generan cada vez más incertidumbre.
Faltarán dólares, porque las personas verán que es la única forma de conservar algo de valor en su poder. Y la presión sobre las “reservas” será mayor. Si esas reservas ya no están, lo que viene lo conocemos y puede tomar caminos diversos, todos desesperados: “emisión monetaria” –hiperinflación- o “corralito-corralón” –hiperrecesión-. En cualquier caso, caos y empobrecimiento.
Volvamos al sentido común. No es cierto lo que dice la presidenta y el Jefe de Gabinete que “podemos usar las reservas para no endeudarnos”, ni mucho menos lo afirmado por Gioga de que “no le hacemos mal a nadie”. Los activos del Central no están allí como el petróleo del subsuelo, que nos tocó porque Dios lo quiso y el gobierno puede apropiarse de él sin consecuencias. Los dañados serán muchos y el reiterado daño al país será gigante. Y esto, los Kirchner lo saben.
Abrir esa caja de Pandora significará abrir la puerta al precipicio que los argentinos ya conocemos. Pocas veces el futuro de tantos argentinos ha estado dependiendo de la madurez y el patriotismo de tan pocas personas, que en el Senado de la Nación deben debatir sin los ruidos desbordados del escenario la forma de frenar las chifladuras del gasto irracional y de dar respuestas a los desequilibrios peligrosos del manejo fiscal dentro del marco legal e institucional vigente.
Ricardo Lafferriere
“Es de estúpidos pagar el 14 % por la deuda, cuando podemos usar las reservas” se entusiasmaba el inefable Jefe de Gabinete, repitiendo las palabras de la presidenta.
. ¡Sería tan lindo que las cosas fueran tan fáciles!...
Ocurre, sin embargo, que avanzar sobre esos activos es un reduccionismo que olvida que los activos no están ahí para divertir al “tío Patilludo” que le gustaba mirar sus monedas de oro, sino que cumplen una función: preservar el valor de la moneda nacional.
Cierto es que no son el único componente del respaldo a la moneda. Una buena política económica, una gran credibilidad pública e internacional, el respeto al estado de derecho, una evolución sin sobresaltos de la marcha de la economía, un programa cierto y acordado –si es posible, en forma pluripartidaria- de las principales decisiones económicas, un tránsito que privilegie la tranquilidad por sobre los sobresaltos, son componentes adicionales virtuosos. Cuanto más exista de éstos, menos necesarios pueden ser los activos, que sin embargo siempre tienen como contrapartida “pasivos” a los que hay que responder.
¿Qué significa la estabilidad de la moneda? Pues... por ejemplo, que cuando un asalariado compra sus bienes mensuales en el supermercado o paga sus gastos fijos, ese dinero le alcance siempre para las mismas cosas. Si le alcanza para menos, es por que la moneda se debilitó. O que cuando un empresario deba pagar importaciones para su cadena productiva, pueda hacerlo con los mismos valores en pesos, y no necesite más pesos como consecuencia de que éstos se debilitaron.
En síntesis: los activos del BCRA no son bienes mostrencos, sin dueño, de los que el gobierno pueda apropiarse sin consecuencias. Tienen una función, diferente de las obligaciones del gobierno y más cerca de los ingresos y riqueza de los argentinos.
Jugar con la moneda es jugar con la riqueza de los particulares, de las personas, cualquiera sea su nivel económico y social. Es como un tosco y gigantesco “impuesto general” que le confisca a cada argentino parte de su patrimonio, ingresos o riqueza, para financiar gastos públicos decididos ambos –ingresos y gastos- por fuera del sistema constitucional, que establece para ese tema un mecanismo legal de relojería (ley de presupuesto, leyes impositivas, leyes de coparticipación federal de impuestos, mayorías especiales, participación especial del Senado y de Diputados según los casos, etc.) con los suficientes recaudos para su gasto, sometido a los sistemas de control de las finanzas públicas establecidos por la Constitución y las leyes.
Hacer “política económica” por fuera de estos mecanismos constitucionales apropiándose de fondos ajenos (ahorros previsionales privados, ANSES, Banco Nación, Provincias, activos de respaldo de la moneda) es ubicarse al margen de la Constitución Nacional y avanzar sobre derechos e ingresos de las personas. Pero no es sólo un tema institucional, ya de por sí decisivo, sino de alto impacto en la paz social.
En efecto: ¿cuál será la consecuencia de que el salario se licúe? Una de ellas, es directa: el recrudecimiento de los –justos- reclamos asalariados. Porque si el dinero que cobran como salario vale menos, ello no será aceptado con alegría por sus afectados, que reclamarán no ser la “variable de ajuste” de otros desajustes. Y pedirán aumentos. La repercusión político-social de estos reclamos también se puede avizorar: una mayor fortalecimiento de las estructuras gremiales de las que el gobierno depende como sustento político. Pero con una novedad: acceder a esos aumentos reiniciará el ciclo, porque la caída del salario no es el reflejo de un incremento de la ganancia empresarial, sino de una confiscación que ha hecho el Estado del valor de ese salario, vía inflación, que también han sufrido los demás actores del proceso productivo. Los incrementos salariales sólo podrán ser otorgados volcándolos en los precios, reciclando el proceso.
Esa conmoción debilita la confianza en la economía, y ello tradicionalmente se traduce en una mayor demanda de dólares para atesorar, que es el peor de los fenómenos económicos porque saca el dinero de la circulación y probablemente haga que vuelvan los reclamos “morales”, al estilo de “no es patriótico tener dólares guardados”. Sin embargo, la moral y la economía son órdenes diferentes, en términos pascalianos. La moral tiene normas diferentes de la economía, y están en todo caso en cabeza de cada persona, que decidirá, según sus necesidades –morales- individuales qué destino le da a su ingreso. La economía tiene las suyas, y su funcionamiento vicioso no estará “originado” en el atesoramiento de dólares, sino que al contrario, el atesoramiento será la consecuencia de decisiones públicas que generan cada vez más incertidumbre.
Faltarán dólares, porque las personas verán que es la única forma de conservar algo de valor en su poder. Y la presión sobre las “reservas” será mayor. Si esas reservas ya no están, lo que viene lo conocemos y puede tomar caminos diversos, todos desesperados: “emisión monetaria” –hiperinflación- o “corralito-corralón” –hiperrecesión-. En cualquier caso, caos y empobrecimiento.
Volvamos al sentido común. No es cierto lo que dice la presidenta y el Jefe de Gabinete que “podemos usar las reservas para no endeudarnos”, ni mucho menos lo afirmado por Gioga de que “no le hacemos mal a nadie”. Los activos del Central no están allí como el petróleo del subsuelo, que nos tocó porque Dios lo quiso y el gobierno puede apropiarse de él sin consecuencias. Los dañados serán muchos y el reiterado daño al país será gigante. Y esto, los Kirchner lo saben.
Abrir esa caja de Pandora significará abrir la puerta al precipicio que los argentinos ya conocemos. Pocas veces el futuro de tantos argentinos ha estado dependiendo de la madurez y el patriotismo de tan pocas personas, que en el Senado de la Nación deben debatir sin los ruidos desbordados del escenario la forma de frenar las chifladuras del gasto irracional y de dar respuestas a los desequilibrios peligrosos del manejo fiscal dentro del marco legal e institucional vigente.
Ricardo Lafferriere
miércoles, 3 de febrero de 2010
El "fondo del bicentenario" es un mega-robo
Los activos del Banco Central no son del gobierno, ni de la oposición. Son de los argentinos. Ni el gobierno ni la oposición pueden apropiarse de ellos sin contraer una responsabilidad política cercana al latrocinio, se destinen a las provincias o a las necesidades del presupuesto.
Las finanzas públicas deben discutirse en el Congreso. Sus instrumentos están definidos en la Constitución: son sus “activos” los impuestos que establezca –dentro de los márgenes constitucionales-, y los préstamos que decida contraer. Sus “pasivos” son los gastos del Estado y el pago de las deudas.
No pueden atravesar esos límites. Si lo hacen, rompen el primer gran equilibrio constitucional, el que determina con claridad las esferas de lo privado y de lo público, de los “ciudadanos” frente a los “Gobierno federal” y “de las provincias”.
Los "activos" del Central no son "excedentes" operativos que puedan manotearse: tienen sus "pasivos", sus contrapartidas -en deudas por bonos, en créditos contra el gobierno (que como lo muestra la historia, nunca recuperará, por lo para no autoengañarse habría descontarlos de los activos), en el volumen del circulante y en deuda con organismos internacionales.
El Estado, por su parte, debería responder a su obligación -que tiene por ley, justamente la ley del BCRA- de defender el valor de la moneda, que no es suya sino del país y de los ciudadanos, separando cuidadosamente su gestión administrativa ("impuestos-gastos"), a cargo del gobierno, de los mecanismos de defensa del valor de la moneda, delegado por ley especial en la autonomía del Banco Central cuyas autoridades, no en vano, tienen especialmente prohibido escuchar sugerencias o actuar según instrucciones del poder político.
Quienes alegremente acepten discutir cómo hacerse de esos activos debieran ir preparando sus argumentos para decirle a la gente por qué cuando vayan a cargar su carrito del supermercado su dinero alcanzará para la mitad de las cosas que cuando los activos confiscados respaldaban su valor, o sea por qué su dinero -su salario, su retiro, su jubilación, su ahorro- valdrá menos. Y que por qué la autonomía del Banco Central fue, también alegremente, echada a la basura rompiendo con un dique de contención a la actitud desquiciante del oficialismo, que ha dado muestras más que suficientes de su falta de escrúpulos al momento de “transferir” a su discrecionalidad recursos ajenos (ANSES, ahorros privados, BNA, provincias y hasta Cajas profesionales y militares).
El “fondo del bicentenario” liquidará la última ancla a la estabilidad económica y subordinará el país entero a la responsabilidad o irresponsabilidad y a la voluntad discrecional de una persona, o en el mejor de los casos, de dos. El Congreso no puede avalar este latrocinio, ni en forma directa ni a través de sofistificados mecanismos de triste memoria que nos llevaron hace años a la hiperinflación. De lograrse el objetivo, el golpe a la economía productiva será grande. La incertidumbre se potenciará, la inflación se desatará, la discrecionalidad del eje Kircher-Moreno aumentará, la inversión desaparecerá y el país será varios escalones más pobre.
En ocho décadas, por medidas como ésta, la Argentina pasó de ser el país más desarrollado de América Latina a ser uno más del montón. El ingreso por habitante de las primeras tres décadas del siglo XX es igual en valores constantes al del primer lustro del siglo XXI. Nuestra moneda perdió en medio siglo dieciséis ceros.
El crecimiento del país es el más débil de la región, ampliamente superado por el entorno regional –Brasil, Chile y Uruguay-. Este camino nos lleva a la insignificancia internacional y a profundizar la pobreza, cuyos niveles no están en las estadísticas sino en las calles que transitamos cotidianamente, como un golpe a la inmoralidad del hiperconsumismo artificial fogoneado por los recursos ajenos apropiados y dilapidados para generar el “efecto riqueza” de una sociedad confundida.
El “fondo del bicentenario” es un mega-robo. Serán cómplices todos quienes lo voten, aunque sea a cambio de compartir el botín.
Ricardo Lafferriere
Las finanzas públicas deben discutirse en el Congreso. Sus instrumentos están definidos en la Constitución: son sus “activos” los impuestos que establezca –dentro de los márgenes constitucionales-, y los préstamos que decida contraer. Sus “pasivos” son los gastos del Estado y el pago de las deudas.
No pueden atravesar esos límites. Si lo hacen, rompen el primer gran equilibrio constitucional, el que determina con claridad las esferas de lo privado y de lo público, de los “ciudadanos” frente a los “Gobierno federal” y “de las provincias”.
Los "activos" del Central no son "excedentes" operativos que puedan manotearse: tienen sus "pasivos", sus contrapartidas -en deudas por bonos, en créditos contra el gobierno (que como lo muestra la historia, nunca recuperará, por lo para no autoengañarse habría descontarlos de los activos), en el volumen del circulante y en deuda con organismos internacionales.
El Estado, por su parte, debería responder a su obligación -que tiene por ley, justamente la ley del BCRA- de defender el valor de la moneda, que no es suya sino del país y de los ciudadanos, separando cuidadosamente su gestión administrativa ("impuestos-gastos"), a cargo del gobierno, de los mecanismos de defensa del valor de la moneda, delegado por ley especial en la autonomía del Banco Central cuyas autoridades, no en vano, tienen especialmente prohibido escuchar sugerencias o actuar según instrucciones del poder político.
Quienes alegremente acepten discutir cómo hacerse de esos activos debieran ir preparando sus argumentos para decirle a la gente por qué cuando vayan a cargar su carrito del supermercado su dinero alcanzará para la mitad de las cosas que cuando los activos confiscados respaldaban su valor, o sea por qué su dinero -su salario, su retiro, su jubilación, su ahorro- valdrá menos. Y que por qué la autonomía del Banco Central fue, también alegremente, echada a la basura rompiendo con un dique de contención a la actitud desquiciante del oficialismo, que ha dado muestras más que suficientes de su falta de escrúpulos al momento de “transferir” a su discrecionalidad recursos ajenos (ANSES, ahorros privados, BNA, provincias y hasta Cajas profesionales y militares).
El “fondo del bicentenario” liquidará la última ancla a la estabilidad económica y subordinará el país entero a la responsabilidad o irresponsabilidad y a la voluntad discrecional de una persona, o en el mejor de los casos, de dos. El Congreso no puede avalar este latrocinio, ni en forma directa ni a través de sofistificados mecanismos de triste memoria que nos llevaron hace años a la hiperinflación. De lograrse el objetivo, el golpe a la economía productiva será grande. La incertidumbre se potenciará, la inflación se desatará, la discrecionalidad del eje Kircher-Moreno aumentará, la inversión desaparecerá y el país será varios escalones más pobre.
En ocho décadas, por medidas como ésta, la Argentina pasó de ser el país más desarrollado de América Latina a ser uno más del montón. El ingreso por habitante de las primeras tres décadas del siglo XX es igual en valores constantes al del primer lustro del siglo XXI. Nuestra moneda perdió en medio siglo dieciséis ceros.
El crecimiento del país es el más débil de la región, ampliamente superado por el entorno regional –Brasil, Chile y Uruguay-. Este camino nos lleva a la insignificancia internacional y a profundizar la pobreza, cuyos niveles no están en las estadísticas sino en las calles que transitamos cotidianamente, como un golpe a la inmoralidad del hiperconsumismo artificial fogoneado por los recursos ajenos apropiados y dilapidados para generar el “efecto riqueza” de una sociedad confundida.
El “fondo del bicentenario” es un mega-robo. Serán cómplices todos quienes lo voten, aunque sea a cambio de compartir el botín.
Ricardo Lafferriere
miércoles, 27 de enero de 2010
Los debates que vienen
El último tramo del período kirchnerista está, sin dudas, cargado de una densidad traumática que oscila entre el misticismo “épico” y la mordacidad chabacana de sus protagonistas principales, de los que a esta altura cabe dudarse –como lo decíamos en una nota anterior- hasta su sano juicio. Pero pasará.
La oposición, en este tramo, confluye en la construcción de límites que expresan el instinto de supervivencia de una sociedad llevada hasta el borde de su tolerancia. Juegan acá los recuerdos traumáticos –de la violencia, de las crisis económicas, de las crisis políticas y hasta de los desbordes inmorales- de las últimas décadas, influyendo fuertemente para mantener la cordura y el sentido común, últimas barreras frente a la sucesión de dislates esquizoides.
Esto ocurre en la superficie. Sin embargo, en el fondo de este proceso fuertes transformaciones cosmopolitas están impregnando la convivencia nacional, imponiendo nuevas conciencias y matices que aún no llegan a reflejarse nítidamente en el escenario.
El cambio del mundo ha llegado al país para quedarse, mostrándose en conductas, modas, preferencias y estilos que conforman un nuevo “paradigma” social, principalmente en las generaciones que han crecido en la revolución de las comunicaciones y la información, el peligro del cambio climático, la desaparición de las “seguridades” tradicionales y la incertidumbre sobre lo que puede ocurrir en todos los ámbitos, desde la violencia cotidiana hasta el trabajo, desde las crisis globales hasta las nuevas formas de unidades familiares. Este nuevo paradigma, que llega a todos los sectores sociales, no se refleja y no se reflejará en los viejos alineamientos partidarios tal como los conocimos, nacidos para otros problemas, como categorías históricas propias de momentos que requerían de otras soluciones, aunque sí en aquellos con flexibilidad suficiente para recrearse interpretando las nuevas realidades con frescura intelectual y disposición abierta.
La novedad incluye mayor tolerancia a la diversidad, mayores espacios de libertad individual, respeto a las reglas y una relación entre las personas y el poder más próxima al diálogo que a la imposición. Toma conciencia de las limitaciones de los recursos naturales y la vulnerabilidad del ecosistema y se afirma en una solidaridad voluntaria cuya expresión son las innumerables “causas” que motivan iniciativas y esfuerzos de los más diversos.
En términos tradicionales, es un “mix” de viejas izquierdas y viejas derechas, resignificadas por nuevos condimentos. Adhiere a la “libertad”, pero le agrega fuertes condimentos de solidaridad, equidad e intolerancia con la pobreza extrema. Adhiere al “Estado” para gestionar bienes públicos o fiscalizar su calidad y precio, pero no lo tolera corrupto, cooptado por corporaciones mafiosas de gremialistas, políticos o empresarios. Reclama acciones sociales inclusivas –educación, salud- pero cuidadosamente separadas del clientelismo, al que desprecia visceralmente. Recrea su afecto por el terruño y la “nación”, a los que sin embargo no concibe “en oposición a” otros terruños y naciones, sino compartiendo con ellos la vida en el planeta en forma madura y solidaria.
Ninguna de estas afirmaciones excluye “a priori” a viejas izquierdas o viejas derechas, muchos de cuyos simpatizantes podrían adoptarlas en bloque. Pero tampoco quedan absorbidas en ellas, porque sus perfiles son claramente disfuncionales con las antiguas visiones extremas. Tanto la explotación irracional de los recursos naturales (de las “derechas”) como el ejercicio autoritario del poder (de las “izquierdas”), tanto el insustancial reclamo “antiimperialista” (de las izquierdas) como la virtual disolución de los marcos nacionales (de las derechas). Desarrollo sustentable, democracia de consensos, normatización de la globalización, construcción de un piso de equidad para todos, sacralización de los derechos humanos y libertad de las personas por encima de cualquier “soberanía” o abstracción ideológica, son los nuevos ejes convocantes.
Ese nuevo paradigma se afirma en los jóvenes y lo estará cada vez más, a medida que los años vayan diluyendo las visiones del siglo XX “bipolar”, los Estados guerreros, de las tecnologías mecánicas y las economías industriales energo-intensivas.
El escenario argentino post kirchnerista asumirá inexorablemente este nuevo perfil y se adecuará a él, como a todos los espíritus de época. Los debates sobre el botín de las finanzas públicas, que atravesaron las fuerzas políticas del siglo XX explicando su dinámica, se agotarán al compás del agotamiento de sus mecanismos de captación, frente a una sociedad crecientemente consciente y activa en defenderse de las expoliaciones. Malas noticias para las corporaciones y mafias de empresarios protegidos y sindicalistas corruptos, como para los dirigentes políticos especializados en la apropiación de los fondos públicos por mecanismos de mayor o menor sofisticación o de mayor o menor cinismo.
Pero también se hará intolerable la indiferencia por la suerte de los más vulnerables y del propio eco-entorno, la biodiversidad, la naturaleza y los recursos agotables.
¿Quiénes esbozan hoy la imagen del país que viene, de la Argentina “post-K”?
En el escenario, claramente, quienes son capaces de articular acciones comunes en el Congreso. Lo hemos visto estos días en Diputados: Aguad trabajando con Solá, Carrió, Pinedo y hasta algunos socialistas y retro-progresistas que resienten ser usados de escudos argumentales por la corrupción kirchnerista. Aún mirándose de reojo y en ocasiones cediendo a los antiguos instintos –porque la historia reciente aún les pesa- están insinuando un cambio de estilo y un acercamiento a la Argentina futura. Su esfuerzo para frenar el autoritarismo y las chifladuras los acerca en el diálogo y eso será bueno para comprender sus argumentos recíprocos, entender sus visiones diferentes y preparar el terreno para el tiempo “post-K”. Ayuda, además, para tranquilizar a los ciudadanos con la imagen de que otra convivencia es posible, a pesar de las diferencias.
Curiosamente, la nota más importante es la que brilla por su ausencia: no serán más necesarios “liderazgos providenciales”. Es un escenario en el que la garantía es el pluralismo en sí mismo, más que el “carisma” del presidente de turno. Los hechos y la propia realidad, tozuda e inexorable, lograrán lo que la política no pudo lograr en estas últimas ocho décadas: reconstruir los grandes equilibrios constitucionales entre los ciudadanos y el Estado, la Nación y las provincias, y los tres poderes entre sí.
La antítesis del pueblerino autoritarismo kirchnerista no es la vuelta al caos del 2002, que a esta altura, sólo está en la cabeza de los propios K. Es el orden de una Argentina virtuosa, integrada al mundo, respetuosa de sus leyes, cuidadosa de su gente, tranquila sobre su rumbo, solidaria con los demás.
Cómo construirla será la agenda de los debates que vienen.
Ricardo Lafferriere
La oposición, en este tramo, confluye en la construcción de límites que expresan el instinto de supervivencia de una sociedad llevada hasta el borde de su tolerancia. Juegan acá los recuerdos traumáticos –de la violencia, de las crisis económicas, de las crisis políticas y hasta de los desbordes inmorales- de las últimas décadas, influyendo fuertemente para mantener la cordura y el sentido común, últimas barreras frente a la sucesión de dislates esquizoides.
Esto ocurre en la superficie. Sin embargo, en el fondo de este proceso fuertes transformaciones cosmopolitas están impregnando la convivencia nacional, imponiendo nuevas conciencias y matices que aún no llegan a reflejarse nítidamente en el escenario.
El cambio del mundo ha llegado al país para quedarse, mostrándose en conductas, modas, preferencias y estilos que conforman un nuevo “paradigma” social, principalmente en las generaciones que han crecido en la revolución de las comunicaciones y la información, el peligro del cambio climático, la desaparición de las “seguridades” tradicionales y la incertidumbre sobre lo que puede ocurrir en todos los ámbitos, desde la violencia cotidiana hasta el trabajo, desde las crisis globales hasta las nuevas formas de unidades familiares. Este nuevo paradigma, que llega a todos los sectores sociales, no se refleja y no se reflejará en los viejos alineamientos partidarios tal como los conocimos, nacidos para otros problemas, como categorías históricas propias de momentos que requerían de otras soluciones, aunque sí en aquellos con flexibilidad suficiente para recrearse interpretando las nuevas realidades con frescura intelectual y disposición abierta.
La novedad incluye mayor tolerancia a la diversidad, mayores espacios de libertad individual, respeto a las reglas y una relación entre las personas y el poder más próxima al diálogo que a la imposición. Toma conciencia de las limitaciones de los recursos naturales y la vulnerabilidad del ecosistema y se afirma en una solidaridad voluntaria cuya expresión son las innumerables “causas” que motivan iniciativas y esfuerzos de los más diversos.
En términos tradicionales, es un “mix” de viejas izquierdas y viejas derechas, resignificadas por nuevos condimentos. Adhiere a la “libertad”, pero le agrega fuertes condimentos de solidaridad, equidad e intolerancia con la pobreza extrema. Adhiere al “Estado” para gestionar bienes públicos o fiscalizar su calidad y precio, pero no lo tolera corrupto, cooptado por corporaciones mafiosas de gremialistas, políticos o empresarios. Reclama acciones sociales inclusivas –educación, salud- pero cuidadosamente separadas del clientelismo, al que desprecia visceralmente. Recrea su afecto por el terruño y la “nación”, a los que sin embargo no concibe “en oposición a” otros terruños y naciones, sino compartiendo con ellos la vida en el planeta en forma madura y solidaria.
Ninguna de estas afirmaciones excluye “a priori” a viejas izquierdas o viejas derechas, muchos de cuyos simpatizantes podrían adoptarlas en bloque. Pero tampoco quedan absorbidas en ellas, porque sus perfiles son claramente disfuncionales con las antiguas visiones extremas. Tanto la explotación irracional de los recursos naturales (de las “derechas”) como el ejercicio autoritario del poder (de las “izquierdas”), tanto el insustancial reclamo “antiimperialista” (de las izquierdas) como la virtual disolución de los marcos nacionales (de las derechas). Desarrollo sustentable, democracia de consensos, normatización de la globalización, construcción de un piso de equidad para todos, sacralización de los derechos humanos y libertad de las personas por encima de cualquier “soberanía” o abstracción ideológica, son los nuevos ejes convocantes.
Ese nuevo paradigma se afirma en los jóvenes y lo estará cada vez más, a medida que los años vayan diluyendo las visiones del siglo XX “bipolar”, los Estados guerreros, de las tecnologías mecánicas y las economías industriales energo-intensivas.
El escenario argentino post kirchnerista asumirá inexorablemente este nuevo perfil y se adecuará a él, como a todos los espíritus de época. Los debates sobre el botín de las finanzas públicas, que atravesaron las fuerzas políticas del siglo XX explicando su dinámica, se agotarán al compás del agotamiento de sus mecanismos de captación, frente a una sociedad crecientemente consciente y activa en defenderse de las expoliaciones. Malas noticias para las corporaciones y mafias de empresarios protegidos y sindicalistas corruptos, como para los dirigentes políticos especializados en la apropiación de los fondos públicos por mecanismos de mayor o menor sofisticación o de mayor o menor cinismo.
Pero también se hará intolerable la indiferencia por la suerte de los más vulnerables y del propio eco-entorno, la biodiversidad, la naturaleza y los recursos agotables.
¿Quiénes esbozan hoy la imagen del país que viene, de la Argentina “post-K”?
En el escenario, claramente, quienes son capaces de articular acciones comunes en el Congreso. Lo hemos visto estos días en Diputados: Aguad trabajando con Solá, Carrió, Pinedo y hasta algunos socialistas y retro-progresistas que resienten ser usados de escudos argumentales por la corrupción kirchnerista. Aún mirándose de reojo y en ocasiones cediendo a los antiguos instintos –porque la historia reciente aún les pesa- están insinuando un cambio de estilo y un acercamiento a la Argentina futura. Su esfuerzo para frenar el autoritarismo y las chifladuras los acerca en el diálogo y eso será bueno para comprender sus argumentos recíprocos, entender sus visiones diferentes y preparar el terreno para el tiempo “post-K”. Ayuda, además, para tranquilizar a los ciudadanos con la imagen de que otra convivencia es posible, a pesar de las diferencias.
Curiosamente, la nota más importante es la que brilla por su ausencia: no serán más necesarios “liderazgos providenciales”. Es un escenario en el que la garantía es el pluralismo en sí mismo, más que el “carisma” del presidente de turno. Los hechos y la propia realidad, tozuda e inexorable, lograrán lo que la política no pudo lograr en estas últimas ocho décadas: reconstruir los grandes equilibrios constitucionales entre los ciudadanos y el Estado, la Nación y las provincias, y los tres poderes entre sí.
La antítesis del pueblerino autoritarismo kirchnerista no es la vuelta al caos del 2002, que a esta altura, sólo está en la cabeza de los propios K. Es el orden de una Argentina virtuosa, integrada al mundo, respetuosa de sus leyes, cuidadosa de su gente, tranquila sobre su rumbo, solidaria con los demás.
Cómo construirla será la agenda de los debates que vienen.
Ricardo Lafferriere
lunes, 25 de enero de 2010
Generaciones del Bicentenario
Desde quienes llevamos a cuestas varias décadas de vida hasta los jóvenes que están comenzando a tratar de comprender su país, hemos escuchado reiteradamente la añoranza de los tiempos en los que el mundo necesitaba un granero que le diera alimentos y la Argentina lo tenía, las buenas épocas de la ocupación del territorio, la llegada de los inmigrantes y el gran salto de nuestro país desde ser poco más que un desierto despoblado, a uno de los de mayor crecimiento en el planeta.
Y siempre el cuento terminaba con la década del 30, cuando el mundo comenzó a abastecerse solo, dejó de necesitarnos y nos obligó a la triste tarea de enfrentarnos cara a cara con nuestro destino. Ahí comenzó la decadencia... y nuestros altibajos.
Los números –descarnados- nos dicen que, en valores constantes, el ingreso por habitante de las primeras tres década del siglo XX es el mismo que el del primer lustro del siglo XXI. Sólo el feliz interregno de Frondizi abrió una esperanza de cambio a tono con la época, que por esos años puso de moda la industrialización como camino al bienestar. De cualquier forma, el espasmo duró poco, hasta 1966, con el derrocamiento a Illia producido por mandos militares antiperonistas coaligados con sindicalistas peronistas vestidos al efecto de saco y corbata.
Mientras tanto, en estas ocho décadas, el ingreso por habitante de los chilenos de multiplicó por dos, el de los brasileños por cuatro, el de los franceses y españoles por seis, el de los ingleses por siete, el de los australianos por ocho y el de los norteamericanos por doce. La riqueza de cada argentino promedio, que en la década del 20 equivalía al 75 por ciento de la que disfrutaban los habitantes de los los países más desarrollados del mundo, hoy apenas alcanza al 10 %.
Y por acá seguimos añorando –y citando en los discursos altisonantes de todo el abanico político- las buenas épocas de la Argentina exitosa, que creció sobre la base de su producción de alimentos.
Fue un buen tiempo. Aunque a nuestra presidenta le quede la impresión –ya que sería atrevido decir “conocimiento”- de que la gente “se moría de hambre”, ninguna cifra de esos años llegó al grado de miseria que muestra nuestro país hoy, en pleno “reverdecer productivo”. Ni siquiera los conventillos más sórdidos de La Boca o Barracas llegaban a la degradación que muestran hoy las villas de los tiempos kirchneristas, totalmente olvidadas de toda preocupación del Estado (“inclusivo”, “popular”) por su seguridad, la educación de sus chicos, el cuidado de sus ancianos y las fuentes de ocupación para su población activa.
Pero la historia tiene sus vueltas. Después de pasar la locomotora del mundo por la industria bélica en los 50, por la producción automotriz en los 60, por los servicios en los 70 y 80 y últimamente por las tecnologías de la información a partir de los 90, nuevamente vuelve a ubicarse en el riel de los alimentos, abriendo de nuevo una posibilidad cerrada hace setenta años. Con un agregado: los alimentos de hoy ya no requieren trabajo embrutecedor, de sol a sol arrastrando el arado mancera en mañanas congelantes, o sobre rudimentarias cosechadoras tiradas a caballo bajo el sol abrasador. Hoy los alimentos son tecnología de vanguardia, biotecnología, maquinarias computarizadas, cultivos planificados hasta el detalle, cosechadoras conducidas a distancia con sistemas de posicionamiento global (GPS) y avanzadas técnicas de labranza para disminuir los riesgos del deterioro del suelo. Son pueblos dinámicos, agroindustria, laboratorios, ocupación del territorio, prosperidad. ¡Qué mejor noticia para la Argentina, la de saber que de nuevo puede subir en el tren de la historia!
Pero no. El Poder Ejecutivo y la mayoría parlamentaria que le es adicta ha resuelto que el país debe “desacoplarse”. Y decide soltar el vagón del tren que pasa por nuestra estación, eligiendo persistir en la triste mediocridad de la decadente grisitud. Acoplarse es atraer inversiones, fijar objetivos, levantar la mirada, generar confianza. Por nuestros pagos se las espanta, se trabaja por espasmos, con la mirada baja, destilando odio, escándalos políticos y esquizofrenias conspirativas.
Por supuesto, el mundo no nos espera. Seguirá su marcha.
Y por estos pagos, mediocres discursos impostados seguirán añorando la época del “granero del mundo”, invocando la mirada hacia el ayer, mientras los demás –no sólo desde lejos, apenas cruzando el río Uruguay, la Cordillera o el Iguazú- se suman con optimismo y pujanza a la traccionante economía global.
Hay, por supuesto, compatriotas con la mirada límpida y vocación de pioneros. El campo nos ha dado una muestra y la solidaridad recogida en las ciudades nos alienta con millones de argentinos que quieren la posibilidad de labrarse una vida próspera, en paz, apoyada en su esfuerzo, tranquilos de cualquier robo vergonzoso como el que el oficialismo comete contra los productores apropiándose, sin aportar nada, de entre el 80 y el 100 % de su rentabilidad. Compatriotas que ven el mundo sin complejos y aceptan su desafío, se preparan y emprenden con decisión la lucha por la vida. En algún momento triunfarán, porque la historia está jugando a su favor. Pero no sólo en el campo: en las industrias culturales, castigadas por la ceguera sectaria de una ley mordaza; en el esfuerzo modernizador, castrado por otra ceguera del aislamiento tecnológico; en el esfuerzo inversor, castrado por la apropiación clientelista de los ahorros nacionales; en la vocación emprendedora, aplastada por la irracionalidad fiscal... y así hasta el infinito. Todo lo que toca, K lo destroza.
Pero el tiempo pasa y mientras tanto es importante mantener en un rinconcito del corazón la llama de la esperanza. Ningún mal es eterno. El kirchnerismo tampoco, aunque lo apañen aún mafias del conurbano, burocracias corruptas del sindicalismo y –cada vez menos- dirigentes peronistas. Ya comenzó su decadencia. En poco tiempo, será simplemente una pesadilla más del pasado, a la que todos querremos olvidar lo más rápido posible. Deberemos, sí, estar atentos a que su impronta populista, arcaica y corrupta no contamine hacia quienes vendrán, estén fuera o dentro del peronismo.
No estaremos más “desacoplados”. Nos volveremos a “acoplar” al mundo que está construyendo la ciudad del futuro con la más formidable revolución científica y técnica de la historia de la humanidad, apoyados en nuestros principios de siempre.
Los ejes convocantes no nos resultarán extraños.
Frente al desquicio institucional, “constituir la unión nacional”.
Frente a los enfrentamientos trasnochados impulsados por el kirchnerismo con gritos destemplados desde el atril diabólico, “consolidar la paz interior”.
Frente al desmantelamiento de nuestra defensa invocando una historia falsaria, “proveer a la defensa común”.
Frente a la grosera manipulación de la justicia, el Consejo de la Magistratura amañado y las presiones a los jueces, “afianzar la justicia”,
Frente al desvergonzado clientelismo y la pobreza creciente y lascerante de más de diez millones de compatriotas, “promover el bienestar general”.
Y frente a las presiones a empresarios, políticos, periodistas, empleados, trabajadores, jueces y dirigentes sociales, “asegurar los beneficios de la libertad”.
Agregando que, en un momento en que el mundo parecen levantarse barreras que excluyen, seguimos manteniendo bien en alto la convocatoria de siempre, invitando a compartir nuestra aventura de futuro a “todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.
En ese esfuerzo estaremos la inmensa mayoría de los argentinos de las generaciones del bicentenario, conducidos por quien daba ser, pero unidos en el trabajo y la ilusión de un futuro posible.
Como en 1810. Como en 1853.
Ya falta poco. No perdamos la esperanza.
Ricardo Lafferriere
Y siempre el cuento terminaba con la década del 30, cuando el mundo comenzó a abastecerse solo, dejó de necesitarnos y nos obligó a la triste tarea de enfrentarnos cara a cara con nuestro destino. Ahí comenzó la decadencia... y nuestros altibajos.
Los números –descarnados- nos dicen que, en valores constantes, el ingreso por habitante de las primeras tres década del siglo XX es el mismo que el del primer lustro del siglo XXI. Sólo el feliz interregno de Frondizi abrió una esperanza de cambio a tono con la época, que por esos años puso de moda la industrialización como camino al bienestar. De cualquier forma, el espasmo duró poco, hasta 1966, con el derrocamiento a Illia producido por mandos militares antiperonistas coaligados con sindicalistas peronistas vestidos al efecto de saco y corbata.
Mientras tanto, en estas ocho décadas, el ingreso por habitante de los chilenos de multiplicó por dos, el de los brasileños por cuatro, el de los franceses y españoles por seis, el de los ingleses por siete, el de los australianos por ocho y el de los norteamericanos por doce. La riqueza de cada argentino promedio, que en la década del 20 equivalía al 75 por ciento de la que disfrutaban los habitantes de los los países más desarrollados del mundo, hoy apenas alcanza al 10 %.
Y por acá seguimos añorando –y citando en los discursos altisonantes de todo el abanico político- las buenas épocas de la Argentina exitosa, que creció sobre la base de su producción de alimentos.
Fue un buen tiempo. Aunque a nuestra presidenta le quede la impresión –ya que sería atrevido decir “conocimiento”- de que la gente “se moría de hambre”, ninguna cifra de esos años llegó al grado de miseria que muestra nuestro país hoy, en pleno “reverdecer productivo”. Ni siquiera los conventillos más sórdidos de La Boca o Barracas llegaban a la degradación que muestran hoy las villas de los tiempos kirchneristas, totalmente olvidadas de toda preocupación del Estado (“inclusivo”, “popular”) por su seguridad, la educación de sus chicos, el cuidado de sus ancianos y las fuentes de ocupación para su población activa.
Pero la historia tiene sus vueltas. Después de pasar la locomotora del mundo por la industria bélica en los 50, por la producción automotriz en los 60, por los servicios en los 70 y 80 y últimamente por las tecnologías de la información a partir de los 90, nuevamente vuelve a ubicarse en el riel de los alimentos, abriendo de nuevo una posibilidad cerrada hace setenta años. Con un agregado: los alimentos de hoy ya no requieren trabajo embrutecedor, de sol a sol arrastrando el arado mancera en mañanas congelantes, o sobre rudimentarias cosechadoras tiradas a caballo bajo el sol abrasador. Hoy los alimentos son tecnología de vanguardia, biotecnología, maquinarias computarizadas, cultivos planificados hasta el detalle, cosechadoras conducidas a distancia con sistemas de posicionamiento global (GPS) y avanzadas técnicas de labranza para disminuir los riesgos del deterioro del suelo. Son pueblos dinámicos, agroindustria, laboratorios, ocupación del territorio, prosperidad. ¡Qué mejor noticia para la Argentina, la de saber que de nuevo puede subir en el tren de la historia!
Pero no. El Poder Ejecutivo y la mayoría parlamentaria que le es adicta ha resuelto que el país debe “desacoplarse”. Y decide soltar el vagón del tren que pasa por nuestra estación, eligiendo persistir en la triste mediocridad de la decadente grisitud. Acoplarse es atraer inversiones, fijar objetivos, levantar la mirada, generar confianza. Por nuestros pagos se las espanta, se trabaja por espasmos, con la mirada baja, destilando odio, escándalos políticos y esquizofrenias conspirativas.
Por supuesto, el mundo no nos espera. Seguirá su marcha.
Y por estos pagos, mediocres discursos impostados seguirán añorando la época del “granero del mundo”, invocando la mirada hacia el ayer, mientras los demás –no sólo desde lejos, apenas cruzando el río Uruguay, la Cordillera o el Iguazú- se suman con optimismo y pujanza a la traccionante economía global.
Hay, por supuesto, compatriotas con la mirada límpida y vocación de pioneros. El campo nos ha dado una muestra y la solidaridad recogida en las ciudades nos alienta con millones de argentinos que quieren la posibilidad de labrarse una vida próspera, en paz, apoyada en su esfuerzo, tranquilos de cualquier robo vergonzoso como el que el oficialismo comete contra los productores apropiándose, sin aportar nada, de entre el 80 y el 100 % de su rentabilidad. Compatriotas que ven el mundo sin complejos y aceptan su desafío, se preparan y emprenden con decisión la lucha por la vida. En algún momento triunfarán, porque la historia está jugando a su favor. Pero no sólo en el campo: en las industrias culturales, castigadas por la ceguera sectaria de una ley mordaza; en el esfuerzo modernizador, castrado por otra ceguera del aislamiento tecnológico; en el esfuerzo inversor, castrado por la apropiación clientelista de los ahorros nacionales; en la vocación emprendedora, aplastada por la irracionalidad fiscal... y así hasta el infinito. Todo lo que toca, K lo destroza.
Pero el tiempo pasa y mientras tanto es importante mantener en un rinconcito del corazón la llama de la esperanza. Ningún mal es eterno. El kirchnerismo tampoco, aunque lo apañen aún mafias del conurbano, burocracias corruptas del sindicalismo y –cada vez menos- dirigentes peronistas. Ya comenzó su decadencia. En poco tiempo, será simplemente una pesadilla más del pasado, a la que todos querremos olvidar lo más rápido posible. Deberemos, sí, estar atentos a que su impronta populista, arcaica y corrupta no contamine hacia quienes vendrán, estén fuera o dentro del peronismo.
No estaremos más “desacoplados”. Nos volveremos a “acoplar” al mundo que está construyendo la ciudad del futuro con la más formidable revolución científica y técnica de la historia de la humanidad, apoyados en nuestros principios de siempre.
Los ejes convocantes no nos resultarán extraños.
Frente al desquicio institucional, “constituir la unión nacional”.
Frente a los enfrentamientos trasnochados impulsados por el kirchnerismo con gritos destemplados desde el atril diabólico, “consolidar la paz interior”.
Frente al desmantelamiento de nuestra defensa invocando una historia falsaria, “proveer a la defensa común”.
Frente a la grosera manipulación de la justicia, el Consejo de la Magistratura amañado y las presiones a los jueces, “afianzar la justicia”,
Frente al desvergonzado clientelismo y la pobreza creciente y lascerante de más de diez millones de compatriotas, “promover el bienestar general”.
Y frente a las presiones a empresarios, políticos, periodistas, empleados, trabajadores, jueces y dirigentes sociales, “asegurar los beneficios de la libertad”.
Agregando que, en un momento en que el mundo parecen levantarse barreras que excluyen, seguimos manteniendo bien en alto la convocatoria de siempre, invitando a compartir nuestra aventura de futuro a “todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.
En ese esfuerzo estaremos la inmensa mayoría de los argentinos de las generaciones del bicentenario, conducidos por quien daba ser, pero unidos en el trabajo y la ilusión de un futuro posible.
Como en 1810. Como en 1853.
Ya falta poco. No perdamos la esperanza.
Ricardo Lafferriere
lunes, 18 de enero de 2010
Chile: el “ethos” deseado
El envidiable ejemplo de la democracia chilena –como, hace algunas semanas, el de la uruguaya- trae a la reflexión argentina, por contraste, la obsesión atávica con el que gran parte del “establishment” económico y político interno enfoca sus análisis y propuestas de comportamiento y políticas públicas, explicando la persistencia del estancamiento que nuestro país comenzó a sufrir hace ocho décadas y que, lamentablemente, no pareciera recibir aún los aportes de la nueva modernidad instalada en el mundo.
Este atavismo tiene una indudable relación con el creciente abandono, iniciado justamente en 1930, de los tres grandes equilibrios constitucionales, entre los cuales el primero es el referido al ámbito de los ciudadanos frente al poder, de lo privado frente a lo público. Los constituyentes patentizaron en la “Primera parte” de la Constitución, la inicial, el desarrollo de los derechos de los ciudadanos, que aparecen apenas superado el Preámbulo y la definición sobre las formas de gobierno del nuevo Estado. Son esos derechos los que, sin embargo, en las prácticas políticas cotidianas ocupan la última prioridad subordinados a las tensiones originadas en la ruptura de los otros dos grandes equilibrios: entre la Nación y las provincias, y entre los tres poderes del Estado.
Los derechos de los ciudadanos parecen ser los que menos cuentan. No figuran en la agenda política, ni en la judicial, ni en la legislativa, demasiado ocupadas por las grandes abstracciones que generan contradicciones cuya resolución, cualquiera fuere, ignorará sus vidas cotidianas. Ni las condiciones inhumanas de pobreza e inseguridad, ni la estabilidad para desarrollar iniciativas apoyadas en el propio esfuerzo, ni el bienestar básico otorgado por servicios públicos eficientes –entre los cuales, el del transporte es el más ausente-, ni la garantía de una educación de excelencia y una atención de salud digna, forman parte de los planes de acción de gran parte de las dirigencias, para las que las dicusiones que importan es quien maneja el dinero público que, al fin, termina funcionando como el botín de un ilícito.
Los debates del “escenario” se encienden con estos últimos temas, y hasta muestran hechos inesperados, como los de economistas de fuerzas aparentemente antagónicas con el oficialismo –a estar a sus discursos- ofreciendo alternativas más sutiles a las siempre grotescas propuestas kirchneristas para apropiarse de fondos que no son suyos –en estos días, las reservas que acumula el Banco Central como contrapartida de sus pesos fabricados y de las deudas que ha contraído para formar su “tesoro”-. Es necesario un esfuerzo de sofisticadas argumentaciones teóricas para encontrar diferencias de fondo –no ya de forma- entre el tosco “Fondo del Bicentenario” que se apropia de reservas “manu militari” y las sugerencias de destacados economistas para llegar al mismo fin emitiendo “LETES” de colocación forzosa, u obligando a los Bancos a prestarles para no “ahogarse en un vaso de agua”.
En todo caso, el gran ausente es el objetivo estratégico para el país, que pareciera estar ausente de las principales fuerzas del escenario, las que siguen razonando alrededor de la simplificación de la consigna “nacional y popular” –que, como se ha dicho en otro momento, termina no siendo ni nacional ni popular-, o de similar simplificación “liberal” –que tampoco termina siendo liberal- para justificar cualquier cosa que parezca urgente.
La modernización es incompatible con los hábitos políticos desarrollados en las décadas siguientes a 1930, que aún subsisten. La ocupación del territorio político-intelectual por parte del ala autoritaria y chauvinista del paradigma “nacional y popular” es una dificultad cierta en el impulso a un cambio que responda al nuevo paradigma de la modernidad, pero que choca con tradiciones fuertemente arraigadas. La dificultad se hace mayor si recordamos la vulnerabilidad de dicho paradigma a su cooptación por parte del populismo y de las fuerzas que hemos denominado “retro-progresistas”, adueñadas en el pensamiento dominante de la defensa discursiva de los “intereses populares” –a los que, a la postre, condena a la humillación clientelar, la pobreza y el estancamiento-.
El debate se da en el propio seno de las fuerzas políticas. Dentro del radicalismo, partido de la modernidad con sentido popular por antonomasia, el choque entre los “modelos” es permanente, aunque larvado. Sus distritos internos con arraigo en las zonas productoras modernas del interior evitan el añejo ideologismo que bordea la afinidad con el populismo, propio de los dirigentes del conurbano bonaerense favorecido por el modelo industrialista cerrado impulsado a partir de 1930 y convertido en ideología oficial partidaria desde hace varias décadas. El debate, sin embargo, no es nítido sino que está atravesado por diferentes lealtades personales, épicas regionales, relatos ideológicos y preconceptos gestados durante años que conforman una cultura interna compleja, contradictoria y rica en matices con imbricaciones cruzadas que, sin embargo, al momento de las definiciones, termina decantando por la visión “oficial” aunque esto la acerque a los rivales políticos de la superficie o la coyuntura.
En el peronismo ocurre un fenómeno similar, expresándose en la tradicional pugna entre “los gobernadores” por un lado y los dirigentes del conurbano y el aparato gremial por el otro. Los primeros, demandados por sus bases agropecuarias y su necesidad de gestión, deben sufrir la acción depredadora de sus compañeros bonaerenses, donde radica la principal base política de esa fuerza, alimentada por los recursos extraídos del interior, lo que configura incesantes conflictos internos crudamente aprovechados por dirigentes inescrupulosos, como el ex presidente Kirchner.
El desarrollo del país armónico y territorialmente equilibrado es incompatible con la captación discrecional de los excedentes agropecuarios para generar clientelismo populista en el conurbano, ya que esa captación les impide el desarrollo industrial y de servicios en las zonas productoras desatando el círculo vicioso de la migración interna y la presión por mayores excedentes para alimentar las ingentes necesidades de una población marginada que puebla el conurbano de la capital y de las principales ciudades del país. La retroalimentación de un circuito de funcionamiento económico desfasado del desarrollo global encuentra sus límites inexorables en la asfixiada productividad de los sectores dinámicos y modernos de la economía, traduciéndose en la sistemática pérdida de posiciones del país “vis à vis” con el entorno regional y el mundo. Esta deformación es el resultado de la ruptura del segundo gran equilibrio constitucional (Nación-provincias) en favor del estado nacional.
Efectivamente, podría sostenerse que las divisas del Central –que crecieron por el superávit comercial, generado centralmente por el esfuerzo agropecuario- deben destinarse a diferentes finalidades presupuestarias. Lo que no puede ocultarse detrás de las filigranas académicas es que en última instancia se trata de otra gigantesca apropiación de recursos ajenos al margen de los equilibrios constitucionales, que se sustraen de la productividad de la economía “moderna” y se pretenden aplicar al financiamiento de un esquema social ultramontano y ciertamente improductivo. Y que su consecuencia inexorable es el empobrecimiento del país cuya expresión más cruda es la pérdida de valor de la moneda nacional, que por medidas como ésta ha perdido en medio siglo nada menos que dieciséis ceros.
Pero el crecimiento es también incompatible con la indiferencia hacia la situación social de más de un tercio de la población, la mayoría de la cuál vive en el conurbano y es la “carne de cañón” del clientelismo, del que son rehenes. Esos compatriotas, excluidos de la sociedad formal, sin servicios ni políticas públicas, sin seguridad, educación, salud ni posibilidades de inserción económica estable, son el resultado del fracaso de ocho décadas de estancamiento y decadencia, tanto como de la destrucción institucional que los ha marginado de incidir en el poder real. Sus sectores más lúcidos libran una lucha desigual para no caer en las redes clientelistas del oficialismo y encontrar caminos de superación sin renunciar a su autonomía y su dignidad.
Una propuesta política virtuosa debe abarcar las dos demandas: recuperar la capacidad de crecimiento y construir una sociedad social y geográficamente integrada.
Contra lo que pudiera suponerse de una lectura lineal y a pesar de lo expresado más arriba sobre el populismo, el peronismo no es entonces el “enemigo a vencer” para encarrilar el país. Políticamente, tanto el radicalismo como el peronismo eluden su caracterización como partidos “ideológicos”, sino más bien como valiosos instrumentos de integración social, que es justamente una de las urgencias más fuertes del nuevo ciclo. Pero han demostrado ser vulnerables al verdadero enemigo de la Argentina exitosa, que es el populismo, entendido como la reproducción atávica de relaciones de poder clientelizadas, vaciadas de contenido reflexivo, que anulan la potencialidad y la libertad de las personas y para el que la creciente autonomía de los ciudadanos, propia de los tiempos que corren, es un peligro vital.
La concepción autoritaria del ejercicio del poder olvidando a los ciudadanos y la mediatización de las normas convertidas en simples mecanismos opcionales para el ejercicio de la discrecionalidad oficial deben ser reemplazadas por un nuevo ethos político, más acorde no ya con las demandas de la segunda modernidad que integran la agenda del mundo y de la región, sino de las más básicas de la primera modernidad con que, hace doscientos años, comenzó la marcha del país: el estado de derecho, la igualdad ante la ley, la separación de poderes, la independencia de la justicia y la consideración de los ciudadanos, de las personas, como último e irreemplazables sostenes y justificación de todo el andamiaje político.
Ese cambio de “ethos” político que hemos reclamado desde esta columna tantas veces es la llave de oro. Sin ella, todo avance será muy difícil. Con ella, con la capacidad de generar consensos estratégicos beneficiosos para los ciudadanos –y evitando cuidadosamente los acuerdos o complicidades para repartir el botín-, los caminos del futuro se abren mostrando un escenario tan portentoso como el que está protagonizando el mundo y nuestra propia región con los ejemplos de Brasil, Uruguay y el envidiable proceso democrático chileno.
Ricardo Lafferriere
Este atavismo tiene una indudable relación con el creciente abandono, iniciado justamente en 1930, de los tres grandes equilibrios constitucionales, entre los cuales el primero es el referido al ámbito de los ciudadanos frente al poder, de lo privado frente a lo público. Los constituyentes patentizaron en la “Primera parte” de la Constitución, la inicial, el desarrollo de los derechos de los ciudadanos, que aparecen apenas superado el Preámbulo y la definición sobre las formas de gobierno del nuevo Estado. Son esos derechos los que, sin embargo, en las prácticas políticas cotidianas ocupan la última prioridad subordinados a las tensiones originadas en la ruptura de los otros dos grandes equilibrios: entre la Nación y las provincias, y entre los tres poderes del Estado.
Los derechos de los ciudadanos parecen ser los que menos cuentan. No figuran en la agenda política, ni en la judicial, ni en la legislativa, demasiado ocupadas por las grandes abstracciones que generan contradicciones cuya resolución, cualquiera fuere, ignorará sus vidas cotidianas. Ni las condiciones inhumanas de pobreza e inseguridad, ni la estabilidad para desarrollar iniciativas apoyadas en el propio esfuerzo, ni el bienestar básico otorgado por servicios públicos eficientes –entre los cuales, el del transporte es el más ausente-, ni la garantía de una educación de excelencia y una atención de salud digna, forman parte de los planes de acción de gran parte de las dirigencias, para las que las dicusiones que importan es quien maneja el dinero público que, al fin, termina funcionando como el botín de un ilícito.
Los debates del “escenario” se encienden con estos últimos temas, y hasta muestran hechos inesperados, como los de economistas de fuerzas aparentemente antagónicas con el oficialismo –a estar a sus discursos- ofreciendo alternativas más sutiles a las siempre grotescas propuestas kirchneristas para apropiarse de fondos que no son suyos –en estos días, las reservas que acumula el Banco Central como contrapartida de sus pesos fabricados y de las deudas que ha contraído para formar su “tesoro”-. Es necesario un esfuerzo de sofisticadas argumentaciones teóricas para encontrar diferencias de fondo –no ya de forma- entre el tosco “Fondo del Bicentenario” que se apropia de reservas “manu militari” y las sugerencias de destacados economistas para llegar al mismo fin emitiendo “LETES” de colocación forzosa, u obligando a los Bancos a prestarles para no “ahogarse en un vaso de agua”.
En todo caso, el gran ausente es el objetivo estratégico para el país, que pareciera estar ausente de las principales fuerzas del escenario, las que siguen razonando alrededor de la simplificación de la consigna “nacional y popular” –que, como se ha dicho en otro momento, termina no siendo ni nacional ni popular-, o de similar simplificación “liberal” –que tampoco termina siendo liberal- para justificar cualquier cosa que parezca urgente.
La modernización es incompatible con los hábitos políticos desarrollados en las décadas siguientes a 1930, que aún subsisten. La ocupación del territorio político-intelectual por parte del ala autoritaria y chauvinista del paradigma “nacional y popular” es una dificultad cierta en el impulso a un cambio que responda al nuevo paradigma de la modernidad, pero que choca con tradiciones fuertemente arraigadas. La dificultad se hace mayor si recordamos la vulnerabilidad de dicho paradigma a su cooptación por parte del populismo y de las fuerzas que hemos denominado “retro-progresistas”, adueñadas en el pensamiento dominante de la defensa discursiva de los “intereses populares” –a los que, a la postre, condena a la humillación clientelar, la pobreza y el estancamiento-.
El debate se da en el propio seno de las fuerzas políticas. Dentro del radicalismo, partido de la modernidad con sentido popular por antonomasia, el choque entre los “modelos” es permanente, aunque larvado. Sus distritos internos con arraigo en las zonas productoras modernas del interior evitan el añejo ideologismo que bordea la afinidad con el populismo, propio de los dirigentes del conurbano bonaerense favorecido por el modelo industrialista cerrado impulsado a partir de 1930 y convertido en ideología oficial partidaria desde hace varias décadas. El debate, sin embargo, no es nítido sino que está atravesado por diferentes lealtades personales, épicas regionales, relatos ideológicos y preconceptos gestados durante años que conforman una cultura interna compleja, contradictoria y rica en matices con imbricaciones cruzadas que, sin embargo, al momento de las definiciones, termina decantando por la visión “oficial” aunque esto la acerque a los rivales políticos de la superficie o la coyuntura.
En el peronismo ocurre un fenómeno similar, expresándose en la tradicional pugna entre “los gobernadores” por un lado y los dirigentes del conurbano y el aparato gremial por el otro. Los primeros, demandados por sus bases agropecuarias y su necesidad de gestión, deben sufrir la acción depredadora de sus compañeros bonaerenses, donde radica la principal base política de esa fuerza, alimentada por los recursos extraídos del interior, lo que configura incesantes conflictos internos crudamente aprovechados por dirigentes inescrupulosos, como el ex presidente Kirchner.
El desarrollo del país armónico y territorialmente equilibrado es incompatible con la captación discrecional de los excedentes agropecuarios para generar clientelismo populista en el conurbano, ya que esa captación les impide el desarrollo industrial y de servicios en las zonas productoras desatando el círculo vicioso de la migración interna y la presión por mayores excedentes para alimentar las ingentes necesidades de una población marginada que puebla el conurbano de la capital y de las principales ciudades del país. La retroalimentación de un circuito de funcionamiento económico desfasado del desarrollo global encuentra sus límites inexorables en la asfixiada productividad de los sectores dinámicos y modernos de la economía, traduciéndose en la sistemática pérdida de posiciones del país “vis à vis” con el entorno regional y el mundo. Esta deformación es el resultado de la ruptura del segundo gran equilibrio constitucional (Nación-provincias) en favor del estado nacional.
Efectivamente, podría sostenerse que las divisas del Central –que crecieron por el superávit comercial, generado centralmente por el esfuerzo agropecuario- deben destinarse a diferentes finalidades presupuestarias. Lo que no puede ocultarse detrás de las filigranas académicas es que en última instancia se trata de otra gigantesca apropiación de recursos ajenos al margen de los equilibrios constitucionales, que se sustraen de la productividad de la economía “moderna” y se pretenden aplicar al financiamiento de un esquema social ultramontano y ciertamente improductivo. Y que su consecuencia inexorable es el empobrecimiento del país cuya expresión más cruda es la pérdida de valor de la moneda nacional, que por medidas como ésta ha perdido en medio siglo nada menos que dieciséis ceros.
Pero el crecimiento es también incompatible con la indiferencia hacia la situación social de más de un tercio de la población, la mayoría de la cuál vive en el conurbano y es la “carne de cañón” del clientelismo, del que son rehenes. Esos compatriotas, excluidos de la sociedad formal, sin servicios ni políticas públicas, sin seguridad, educación, salud ni posibilidades de inserción económica estable, son el resultado del fracaso de ocho décadas de estancamiento y decadencia, tanto como de la destrucción institucional que los ha marginado de incidir en el poder real. Sus sectores más lúcidos libran una lucha desigual para no caer en las redes clientelistas del oficialismo y encontrar caminos de superación sin renunciar a su autonomía y su dignidad.
Una propuesta política virtuosa debe abarcar las dos demandas: recuperar la capacidad de crecimiento y construir una sociedad social y geográficamente integrada.
Contra lo que pudiera suponerse de una lectura lineal y a pesar de lo expresado más arriba sobre el populismo, el peronismo no es entonces el “enemigo a vencer” para encarrilar el país. Políticamente, tanto el radicalismo como el peronismo eluden su caracterización como partidos “ideológicos”, sino más bien como valiosos instrumentos de integración social, que es justamente una de las urgencias más fuertes del nuevo ciclo. Pero han demostrado ser vulnerables al verdadero enemigo de la Argentina exitosa, que es el populismo, entendido como la reproducción atávica de relaciones de poder clientelizadas, vaciadas de contenido reflexivo, que anulan la potencialidad y la libertad de las personas y para el que la creciente autonomía de los ciudadanos, propia de los tiempos que corren, es un peligro vital.
La concepción autoritaria del ejercicio del poder olvidando a los ciudadanos y la mediatización de las normas convertidas en simples mecanismos opcionales para el ejercicio de la discrecionalidad oficial deben ser reemplazadas por un nuevo ethos político, más acorde no ya con las demandas de la segunda modernidad que integran la agenda del mundo y de la región, sino de las más básicas de la primera modernidad con que, hace doscientos años, comenzó la marcha del país: el estado de derecho, la igualdad ante la ley, la separación de poderes, la independencia de la justicia y la consideración de los ciudadanos, de las personas, como último e irreemplazables sostenes y justificación de todo el andamiaje político.
Ese cambio de “ethos” político que hemos reclamado desde esta columna tantas veces es la llave de oro. Sin ella, todo avance será muy difícil. Con ella, con la capacidad de generar consensos estratégicos beneficiosos para los ciudadanos –y evitando cuidadosamente los acuerdos o complicidades para repartir el botín-, los caminos del futuro se abren mostrando un escenario tan portentoso como el que está protagonizando el mundo y nuestra propia región con los ejemplos de Brasil, Uruguay y el envidiable proceso democrático chileno.
Ricardo Lafferriere
miércoles, 13 de enero de 2010
Desvaríos
Hay algo peor que una presidenta denunciando un complot, y es que a esa presidenta nadie la tome en serio.
El desafío que tiene frente a sí la oposición es gigante, ya que se trata de encontrar una salida a la maraña de dislates legales y administrativos producidos por la gestión kirchnerista, disimulando con extrema caballerosidad la sucesión de desvaríos emanados de los discursos presidenciales. Difícilmente se encuentre una presentación que no esté plagada de contradicciones intrínsecas, curiosas interpretaciones históricas, falseamiento de hechos, agravios desbordados y ataques espasmódicos a poco menos que el resto del mundo, con los que intenta cubrir lo que todos los argentinos, aún los menos instruidos, consideran un hecho: su incapacidad para gobernar.
Esa presidenta está ahí, con el peligro que significa, pero como ocurriera tantas veces en la historia, desde el Sultán turco Mustafá (1618) hasta el rey inglés Jorge III (1788), los países siguen su marcha y son quienes permanecen cuerdos quienes deben extremar su cuidado para sostenerlo, hasta que llegue el momento del cambio.
La lista de responsables de la situación argentina en la imaginación presidental, a esta altura, es tan amplia como protagonistas existen. Se salva el Papa –por ahora-, pero no la Iglesia. Ni los diarios nacionales, cuya influencia pareciera ser tan amplia como para influir en las decisiones del Juez neoyorquino Griesa –sumado al plan “destituyente”- y de la justicia argentina, agregada “in totum” al presunto plan antinacional. También el Vicepresidente Cobos, el Presidente del Banco Central Redrado, los políticos opositores radicales, el abuelito de Pinedo –no confundir con el abuelito de Kirchner...-, los peronistas que no quieren sumarse a la patota, la izquierda que no comprende que hay que pagar la deuda externa –como Pino Solana-, la “derecha neoliberal”, los fondos buitres, los economistas profesionales ... y quizás ella misma, cuya posición defendiendo el derecho del Congreso a autoconvocarse, en el año 2001, siendo Senadora, se recordó en estos días.
Todos tienen la culpa, menos su propia torpeza e incapacidad. La de ella, y la de sus ministros, firmando en acuerdo general un DNU inconstitucional que no sólo pretendió tomar ilegalmente la medida de remover al presidente del BCRA autónomo, sino que dejó las reservas internacionales del país en una situación de extrema vulnerabilidad, al considerarlas torpemente, en un instrumento público oficial como lo es un Decreto, propiedad del Estado –y por lo tanto, embargables por sus acreedores-.
La Argentina está siendo puesta a prueba por el destino.
Ante la patética imagen de una presidenta que evidentemente no está en sus cabales, sostenida por una dirigencia peronista-oficialista que no atina a reaccionar para poner los límites, debe ser la oposición la que busque soluciones, con el valioso aporte de los dirigentes peronistas preocupados sinceramente por el país más que por la suerte de un gobierno convertido ya en un grupo de salteadores, comandado por dos personas de las que cabe legítimamente dudar de su sano juicio.
La trabajosa tarea de atenuar los daños y sostener el país hasta que sea el momento institucional de cambiar de timón es un desafío que, si es atravesado con éxito, puede ser la puerta de entrada al renacimiento argentino y su ingreso a un ciclo virtuoso como que el que tuvimos en tiempos del primer centenario.
Ricardo Lafferriere
El desafío que tiene frente a sí la oposición es gigante, ya que se trata de encontrar una salida a la maraña de dislates legales y administrativos producidos por la gestión kirchnerista, disimulando con extrema caballerosidad la sucesión de desvaríos emanados de los discursos presidenciales. Difícilmente se encuentre una presentación que no esté plagada de contradicciones intrínsecas, curiosas interpretaciones históricas, falseamiento de hechos, agravios desbordados y ataques espasmódicos a poco menos que el resto del mundo, con los que intenta cubrir lo que todos los argentinos, aún los menos instruidos, consideran un hecho: su incapacidad para gobernar.
Esa presidenta está ahí, con el peligro que significa, pero como ocurriera tantas veces en la historia, desde el Sultán turco Mustafá (1618) hasta el rey inglés Jorge III (1788), los países siguen su marcha y son quienes permanecen cuerdos quienes deben extremar su cuidado para sostenerlo, hasta que llegue el momento del cambio.
La lista de responsables de la situación argentina en la imaginación presidental, a esta altura, es tan amplia como protagonistas existen. Se salva el Papa –por ahora-, pero no la Iglesia. Ni los diarios nacionales, cuya influencia pareciera ser tan amplia como para influir en las decisiones del Juez neoyorquino Griesa –sumado al plan “destituyente”- y de la justicia argentina, agregada “in totum” al presunto plan antinacional. También el Vicepresidente Cobos, el Presidente del Banco Central Redrado, los políticos opositores radicales, el abuelito de Pinedo –no confundir con el abuelito de Kirchner...-, los peronistas que no quieren sumarse a la patota, la izquierda que no comprende que hay que pagar la deuda externa –como Pino Solana-, la “derecha neoliberal”, los fondos buitres, los economistas profesionales ... y quizás ella misma, cuya posición defendiendo el derecho del Congreso a autoconvocarse, en el año 2001, siendo Senadora, se recordó en estos días.
Todos tienen la culpa, menos su propia torpeza e incapacidad. La de ella, y la de sus ministros, firmando en acuerdo general un DNU inconstitucional que no sólo pretendió tomar ilegalmente la medida de remover al presidente del BCRA autónomo, sino que dejó las reservas internacionales del país en una situación de extrema vulnerabilidad, al considerarlas torpemente, en un instrumento público oficial como lo es un Decreto, propiedad del Estado –y por lo tanto, embargables por sus acreedores-.
La Argentina está siendo puesta a prueba por el destino.
Ante la patética imagen de una presidenta que evidentemente no está en sus cabales, sostenida por una dirigencia peronista-oficialista que no atina a reaccionar para poner los límites, debe ser la oposición la que busque soluciones, con el valioso aporte de los dirigentes peronistas preocupados sinceramente por el país más que por la suerte de un gobierno convertido ya en un grupo de salteadores, comandado por dos personas de las que cabe legítimamente dudar de su sano juicio.
La trabajosa tarea de atenuar los daños y sostener el país hasta que sea el momento institucional de cambiar de timón es un desafío que, si es atravesado con éxito, puede ser la puerta de entrada al renacimiento argentino y su ingreso a un ciclo virtuoso como que el que tuvimos en tiempos del primer centenario.
Ricardo Lafferriere
lunes, 11 de enero de 2010
",,,mi Vicepresidente..." y la templanza de la oposición
La curiosa utilización del posesivo –propia del lenguaje militar- con que la presidenta de la Nación se refirió al Ingeniero Cobos durante su discurso en el Banco de la Nación es tal vez la indiscreta evidencia de la forma en que la primer funcionaria concibe el funcionamiento del Estado republicano: una conjunción de dos afirmaciones que la leyenda ha convertido en símbolos del poder absolutista: “L’Etat c’est moi” –Luis XIV- y “Après moi, le déluge” –Luis XV-.
Pero en esta Argentina que cumple doscientos años, el Jefe del Estado no es el Estado y después de él no viene el diluvio. Quien desempeña la función presidencial es no menos, pero tampoco más, que el responsable de una de las tres ramas de un Estado que la propia Constitución define, además, como representativo y federal, es decir, con una soberanía nacional distribuida entre la Nación y las provincias, y ejercida por tres poderes cuyo funcionamiento está reglado, cual un mecanismo de relojería, en la Carta Magna.
Julio Cobos no es el Vicepresidente de la presidenta, sino de la República. Como tal, su función debe responder a las leyes que la reglamentan y hasta el momento nada ha podido decirse sobre su desempeño. En todo caso, la crítica política que puede conllevar el ejercicio de su Presidencia del Senado –que, mientras no le toque la otra función, que es reemplazar a la Presidenta en caso de incapacidad, muerte o destitución- se desplaza, como cualquier acción humana, en terrenos opinables. Ninguna ley del Estado ha sido violada en su desempeño. Nadie ha podido imputarle una sola falta institucional.
No puede decirse lo mismo de la presidenta, que no sólo concibe como “suyo” al vicepresidente, sino al propio Poder Judicial, objeto en estos días de sucesivas diatribas por funcionarios de su administración comenzando por el propio Jefe de Gabinete de Ministros, que se ha atrevido nada menos que a presionar sobre una Jueza y denostarla públicamente por no decidir conforme los íntimos deseos –en este caso, patentemente ilegales- de su superior jerárquica. Superior jerárquica que en lugar de expulsarlo de inmediato por su comportamiento antirepublicano, lo respalda expresamente.
La oposición, en otros tiempos, hubiera reaccionado frente a estos escándalos simbólicos y materiales con similares epítetos viscerales. Sin embargo, para sorpresa –agradable- de la enorme opinión pública argentina su actitud está demostrando una templaza que desde esta columna no hemos dudado en calificar de ateniense.
El radicalismo, principal partido de opción al oficialismo gobernante, hasta llegado hasta sugerir alternativas de gestión para sortear el gigantesco bache fiscal provocado por los dislates kirchneristas, y desde Federico Pinedo –en el PRO- hasta Fernando Pino Solanas –en la izquierda democrática- se ha destacado la firmeza en la defensa institucional y republicana mostrando que, aún en la discrepancia, existe un consenso cada vez más sólido en la necesidad de recuperar las instituciones para poder procesar, en su juego armónico, las diferentes visiones sobre los problemas que debe enfrentar el país.
El Vicepresidente, por su parte, muestra frente a los insultos de matones del ex presidente e integrantes de grupo político una conducta que lo enatece, respondiendo con la altura, seriedad y madurez propias de la responsabilidad institucional que inviste.
No son la “oposición de Cristina”. Son funcionarios, diputados y senadores, son partidos políticos que representan a ciudadanos que no necesitan un Rey o una Reina porque los han reemplazado por su creencia que lo que une la diversidad del país es el respeto a sus normas y no la subordinación posesiva al monarca de turno. Son, en todo caso, también ciudadanos cuya obligación es servir al país, a sus “con-ciudadanos”, que les han delegado poderes y facultades pefectamente delimitados en la Constitución y las leyes, no para agrandar sus patrimonios o recrear a “los mandones” de antes de la Revolución de Mayo, sino para gestionar los problemas comunes.
Decíamos en una nota anterior que la Argentina republicana, federal y democrática brotó al calor de las luchas de la emancipación. No fue nuestra revolución una transformación interna de la monarquía, como la mayoría de los países europeos que apelaron a la democratización de la realeza y buscaron la democracia conservando el reaseguro de la función regia.
Lo nuestro fue una búsqueda dolorosa, trabajosa, tenaz, porque era necesario construir un país mientras, a la vez, se pensaba la forma de gobernarlo. Nos costó varias décadas, hasta que pudimos escribirla en un contrato, cada una de cuyas cláusulas respondió a un temor conjurado, a un sueño definido, a un derecho resguardado. Y establecimos los tres grandes equilibrios, cuya pérdida nos ha llevado hasta esta degradación que nos duele.
El equilibrio entre la sociedad y el Estado –o entre las personas y el poder-, en primer término. El equilibrio entre la Nación y las provincias, en segundo término. Y el equilibrio entre los tres poderes del Estado, por último. Los argentinos que nos precedieron decidieron dejar de ser “súbditos de Su Majestad” para ser ciudadanos. Decidieron organizar su convivencia conservando celosamente sus poderes locales conviviendo con el nacional. Y optaron por un poder nacional republicano, distribuido en tres grandes órganos de gobierno virtuosamente articulados –y recíprocamente controlados- para evitar los desbordes autoritarios.
Ese equilibrio es incompatible con los posesivos, pero por la contraria, no funciona sin patriotismo, porque el patriotismo es lo que reemplaza la subordinación al monarca y le da unidad al esfuerzo común.
La oposición, con su templanza, muestra que está retomando la senda de los próceres. Sería muy bueno que el gobierno, al que tanto le cuesta imaginar que el país no es sólo su opinión sino la suma plural de –respetables- visiones diferentes se sumara a este gran cambio.
Ricardo Lafferriere
Pero en esta Argentina que cumple doscientos años, el Jefe del Estado no es el Estado y después de él no viene el diluvio. Quien desempeña la función presidencial es no menos, pero tampoco más, que el responsable de una de las tres ramas de un Estado que la propia Constitución define, además, como representativo y federal, es decir, con una soberanía nacional distribuida entre la Nación y las provincias, y ejercida por tres poderes cuyo funcionamiento está reglado, cual un mecanismo de relojería, en la Carta Magna.
Julio Cobos no es el Vicepresidente de la presidenta, sino de la República. Como tal, su función debe responder a las leyes que la reglamentan y hasta el momento nada ha podido decirse sobre su desempeño. En todo caso, la crítica política que puede conllevar el ejercicio de su Presidencia del Senado –que, mientras no le toque la otra función, que es reemplazar a la Presidenta en caso de incapacidad, muerte o destitución- se desplaza, como cualquier acción humana, en terrenos opinables. Ninguna ley del Estado ha sido violada en su desempeño. Nadie ha podido imputarle una sola falta institucional.
No puede decirse lo mismo de la presidenta, que no sólo concibe como “suyo” al vicepresidente, sino al propio Poder Judicial, objeto en estos días de sucesivas diatribas por funcionarios de su administración comenzando por el propio Jefe de Gabinete de Ministros, que se ha atrevido nada menos que a presionar sobre una Jueza y denostarla públicamente por no decidir conforme los íntimos deseos –en este caso, patentemente ilegales- de su superior jerárquica. Superior jerárquica que en lugar de expulsarlo de inmediato por su comportamiento antirepublicano, lo respalda expresamente.
La oposición, en otros tiempos, hubiera reaccionado frente a estos escándalos simbólicos y materiales con similares epítetos viscerales. Sin embargo, para sorpresa –agradable- de la enorme opinión pública argentina su actitud está demostrando una templaza que desde esta columna no hemos dudado en calificar de ateniense.
El radicalismo, principal partido de opción al oficialismo gobernante, hasta llegado hasta sugerir alternativas de gestión para sortear el gigantesco bache fiscal provocado por los dislates kirchneristas, y desde Federico Pinedo –en el PRO- hasta Fernando Pino Solanas –en la izquierda democrática- se ha destacado la firmeza en la defensa institucional y republicana mostrando que, aún en la discrepancia, existe un consenso cada vez más sólido en la necesidad de recuperar las instituciones para poder procesar, en su juego armónico, las diferentes visiones sobre los problemas que debe enfrentar el país.
El Vicepresidente, por su parte, muestra frente a los insultos de matones del ex presidente e integrantes de grupo político una conducta que lo enatece, respondiendo con la altura, seriedad y madurez propias de la responsabilidad institucional que inviste.
No son la “oposición de Cristina”. Son funcionarios, diputados y senadores, son partidos políticos que representan a ciudadanos que no necesitan un Rey o una Reina porque los han reemplazado por su creencia que lo que une la diversidad del país es el respeto a sus normas y no la subordinación posesiva al monarca de turno. Son, en todo caso, también ciudadanos cuya obligación es servir al país, a sus “con-ciudadanos”, que les han delegado poderes y facultades pefectamente delimitados en la Constitución y las leyes, no para agrandar sus patrimonios o recrear a “los mandones” de antes de la Revolución de Mayo, sino para gestionar los problemas comunes.
Decíamos en una nota anterior que la Argentina republicana, federal y democrática brotó al calor de las luchas de la emancipación. No fue nuestra revolución una transformación interna de la monarquía, como la mayoría de los países europeos que apelaron a la democratización de la realeza y buscaron la democracia conservando el reaseguro de la función regia.
Lo nuestro fue una búsqueda dolorosa, trabajosa, tenaz, porque era necesario construir un país mientras, a la vez, se pensaba la forma de gobernarlo. Nos costó varias décadas, hasta que pudimos escribirla en un contrato, cada una de cuyas cláusulas respondió a un temor conjurado, a un sueño definido, a un derecho resguardado. Y establecimos los tres grandes equilibrios, cuya pérdida nos ha llevado hasta esta degradación que nos duele.
El equilibrio entre la sociedad y el Estado –o entre las personas y el poder-, en primer término. El equilibrio entre la Nación y las provincias, en segundo término. Y el equilibrio entre los tres poderes del Estado, por último. Los argentinos que nos precedieron decidieron dejar de ser “súbditos de Su Majestad” para ser ciudadanos. Decidieron organizar su convivencia conservando celosamente sus poderes locales conviviendo con el nacional. Y optaron por un poder nacional republicano, distribuido en tres grandes órganos de gobierno virtuosamente articulados –y recíprocamente controlados- para evitar los desbordes autoritarios.
Ese equilibrio es incompatible con los posesivos, pero por la contraria, no funciona sin patriotismo, porque el patriotismo es lo que reemplaza la subordinación al monarca y le da unidad al esfuerzo común.
La oposición, con su templanza, muestra que está retomando la senda de los próceres. Sería muy bueno que el gobierno, al que tanto le cuesta imaginar que el país no es sólo su opinión sino la suma plural de –respetables- visiones diferentes se sumara a este gran cambio.
Ricardo Lafferriere
Año del Bicentenario
Nuestra patria comienza en estos días a transitar ya su tercer centuria, y es oportuno aprovechar el aniversario para la tradicional revista y reflexión sobre lo andado y el rumbo que viene.
En estos doscientos años hemos sufrido momentos gloriosos y agónicas coyunturas de decadencia y enfrentamiento. Los turbulentos días iniciales adelantaban algo de esta historia, por la desmesura de la empresa que se fue configurando luego de su impulso autonómico inicial.
Ese pequeño poblado de 40.000 habitantes que era entonces Buenos Aires –contando su campaña- no sólo barrió con las estructuras coloniales, la sociedad estratificada y jerárquica, la dependencia externa y los “mandones”, sino que organizó Ejércitos que difundieron por el Continente su voz libertaria, con la causa republicana rápidamente abrazada por todo el pueblo.
En esa ciudad de 40.000 habitantes, el 20 % de su población (alrededor de ocho mil personas) formaban parte de una fuerza armada, prioritariamente miliciana. Para tener una idea cabal de lo que significaba, es pertinente imaginar que el 20 % de la población del núcleo urbano de la Capital y aledaños en la actualidad, de alrededor de 13.000.000 de habitantes, significaría que Dos millones seiscientas mil personas formaran parte de un cuerpo militarizado, en la mayoría de los casos eligiendo sus propios Jefes. No fue, entonces, un capricho de un grupo de intelectuales. La Revolución fue, efectivamente y a pesar de la conflictiva densidad de los hechos en los que se expresó, la decisión de un pueblo.
Ese pueblo no tenía absoluta precisión en sus metas. Sí sabía que pretendía autogobierno, que no toleraba más los privilegios por lugar de nacimiento, que sentía que todos eran iguales ante la ley y aún que los integrantes de la “plebe” debían ser respetados. En pocos años la Asamblea de 1813, el Congreso de Tucumán, la Ley electoral de Rivadavia, pero principalmente la práctica política de la primer década revolucionaria fueron marcando a fuego lo que serían los principios sobre los que se asentaría la construcción del nuevo país.
Esos principios se trasladarían a las provincias, y serían llevados a Chile y el Perú. Terminadas las últimas dudas sobre el sistema político luego de la declaración de la Independencia, en 1816, jamás hubo dudas de la vocación republicana de esa construcción. República federal, significando la soberanía de los ciudadanos, la división de poderes, la autonomía de los gobiernos locales, la independencia de la justicia, la igualdad ante la ley.
A doscientos años del comienzo de la marcha, esos principios siguen siendo aún una lucha inacabada. Sin embargo, la aproximación a la agenda del siglo XXI los necesita vigentes, más que nunca.
El mundo de aquellos tiempos sólo mostraba una sociedad más adelantada que la nuestra: la norteamericana. En Asia regían las teocracias autoritarias, y en Europa la restauración monárquica había ya derrotado las aventuras democráticas. Entre nosotros, las tensiones del parto, que demorarían cuatro décadas hasta expresar en un papel jurado las normas precisas de convivencia, no alterarían sin embargo la convicción en los principios básicos.
El mundo de hoy no discute ya la vigencia de aquellos ejes sobre los que organizar la convivencia. Curiosamente, es por nuestros pagos que aparecen nubarrones de restauración, que en todo caso convocan a renovar la lucha bicentenaria frente a las visiones de castas, indigenismos pre-feudales, autoritarismos personalistas, anomia y negación de la ley, que son simplemente circunstancias del cambio de época.
El mundo que viene ofrece nuevos peligros, como el calentamiento global, la violencia cotidiana, las redes delictivas, el lavado de dinero, las mafias internacionales, el terrorismo fundamentalista, la nueva polarización social. Pero a la vez, muestra avances portentosos en la historia humana, como haber sacado de la pobreza a miles de millones de personas, haber puesto en cadena el sistema productivo, protagonizando un salto económico como el que jamás ha tenido la humanidad en su historia.
Entre esos marcos, debemos pensar lo que haremos en las décadas que vienen. Y para hacerlo, las viejas divisas y las épicas de los tiempos viejos no agregarán más que un difuso telón de fondo. Hoy es necesario un nuevo “ethos” político, una conducta en la que los gritos destemplados sean reemplazados por un debate creador, participativo e inclusivo. “Dialogando más, los argentinos”, como dijera el mandato postrero del primer presidente de la democracia recuperada, el inolvidable Raúl Alfonsín.
Los escandalosos episodios de estos días, donde la vocación de saqueo no tiene límites y el poder se asemeja a una vulgar banda de salteadores, es más necesario que nunca recordar las causas que dieron origen a "una nueva y gloriosa Nación". Honrar nuestra historia es traer a nuestro presente la lucha por la organización del país como un estado de derecho, el tesonero esfuerzo por lograr que la ley sea más que la voluntad de cualquier gobierno y de cualquier individuo, los duros enfrentamientos que llevaron a la construcción de los grandes equilibrios constitucionales y el trabajoso esfuerzo para terminar el siglo XX y comenzar el XXI con una democracia respetada.
Aprovechemos, pues, esta fecha simbólica, para pensar en el país que queremos. Y luego que nos pongamos de acuerdo, simplemente, hagámoslo, cooperando todos, como en 1810, para terminar con el autoritarismo y el "mandonaje" enfrentando los verdaderos problemas que los argentinos sentimos como los más urgentes e importantes: la exclusión social, la pobreza, el estancamiento, la inseguridad jurídica, personal y económica, y esa decadencia que nos acompaña desde hace décadas recordándonos la inutilidad de los enfrentamientos entre nosotros y los resultados a que nos conduce la impotencia para generar acuerdos estables y estratégicos.
Ricardo Lafferriere
En estos doscientos años hemos sufrido momentos gloriosos y agónicas coyunturas de decadencia y enfrentamiento. Los turbulentos días iniciales adelantaban algo de esta historia, por la desmesura de la empresa que se fue configurando luego de su impulso autonómico inicial.
Ese pequeño poblado de 40.000 habitantes que era entonces Buenos Aires –contando su campaña- no sólo barrió con las estructuras coloniales, la sociedad estratificada y jerárquica, la dependencia externa y los “mandones”, sino que organizó Ejércitos que difundieron por el Continente su voz libertaria, con la causa republicana rápidamente abrazada por todo el pueblo.
En esa ciudad de 40.000 habitantes, el 20 % de su población (alrededor de ocho mil personas) formaban parte de una fuerza armada, prioritariamente miliciana. Para tener una idea cabal de lo que significaba, es pertinente imaginar que el 20 % de la población del núcleo urbano de la Capital y aledaños en la actualidad, de alrededor de 13.000.000 de habitantes, significaría que Dos millones seiscientas mil personas formaran parte de un cuerpo militarizado, en la mayoría de los casos eligiendo sus propios Jefes. No fue, entonces, un capricho de un grupo de intelectuales. La Revolución fue, efectivamente y a pesar de la conflictiva densidad de los hechos en los que se expresó, la decisión de un pueblo.
Ese pueblo no tenía absoluta precisión en sus metas. Sí sabía que pretendía autogobierno, que no toleraba más los privilegios por lugar de nacimiento, que sentía que todos eran iguales ante la ley y aún que los integrantes de la “plebe” debían ser respetados. En pocos años la Asamblea de 1813, el Congreso de Tucumán, la Ley electoral de Rivadavia, pero principalmente la práctica política de la primer década revolucionaria fueron marcando a fuego lo que serían los principios sobre los que se asentaría la construcción del nuevo país.
Esos principios se trasladarían a las provincias, y serían llevados a Chile y el Perú. Terminadas las últimas dudas sobre el sistema político luego de la declaración de la Independencia, en 1816, jamás hubo dudas de la vocación republicana de esa construcción. República federal, significando la soberanía de los ciudadanos, la división de poderes, la autonomía de los gobiernos locales, la independencia de la justicia, la igualdad ante la ley.
A doscientos años del comienzo de la marcha, esos principios siguen siendo aún una lucha inacabada. Sin embargo, la aproximación a la agenda del siglo XXI los necesita vigentes, más que nunca.
El mundo de aquellos tiempos sólo mostraba una sociedad más adelantada que la nuestra: la norteamericana. En Asia regían las teocracias autoritarias, y en Europa la restauración monárquica había ya derrotado las aventuras democráticas. Entre nosotros, las tensiones del parto, que demorarían cuatro décadas hasta expresar en un papel jurado las normas precisas de convivencia, no alterarían sin embargo la convicción en los principios básicos.
El mundo de hoy no discute ya la vigencia de aquellos ejes sobre los que organizar la convivencia. Curiosamente, es por nuestros pagos que aparecen nubarrones de restauración, que en todo caso convocan a renovar la lucha bicentenaria frente a las visiones de castas, indigenismos pre-feudales, autoritarismos personalistas, anomia y negación de la ley, que son simplemente circunstancias del cambio de época.
El mundo que viene ofrece nuevos peligros, como el calentamiento global, la violencia cotidiana, las redes delictivas, el lavado de dinero, las mafias internacionales, el terrorismo fundamentalista, la nueva polarización social. Pero a la vez, muestra avances portentosos en la historia humana, como haber sacado de la pobreza a miles de millones de personas, haber puesto en cadena el sistema productivo, protagonizando un salto económico como el que jamás ha tenido la humanidad en su historia.
Entre esos marcos, debemos pensar lo que haremos en las décadas que vienen. Y para hacerlo, las viejas divisas y las épicas de los tiempos viejos no agregarán más que un difuso telón de fondo. Hoy es necesario un nuevo “ethos” político, una conducta en la que los gritos destemplados sean reemplazados por un debate creador, participativo e inclusivo. “Dialogando más, los argentinos”, como dijera el mandato postrero del primer presidente de la democracia recuperada, el inolvidable Raúl Alfonsín.
Los escandalosos episodios de estos días, donde la vocación de saqueo no tiene límites y el poder se asemeja a una vulgar banda de salteadores, es más necesario que nunca recordar las causas que dieron origen a "una nueva y gloriosa Nación". Honrar nuestra historia es traer a nuestro presente la lucha por la organización del país como un estado de derecho, el tesonero esfuerzo por lograr que la ley sea más que la voluntad de cualquier gobierno y de cualquier individuo, los duros enfrentamientos que llevaron a la construcción de los grandes equilibrios constitucionales y el trabajoso esfuerzo para terminar el siglo XX y comenzar el XXI con una democracia respetada.
Aprovechemos, pues, esta fecha simbólica, para pensar en el país que queremos. Y luego que nos pongamos de acuerdo, simplemente, hagámoslo, cooperando todos, como en 1810, para terminar con el autoritarismo y el "mandonaje" enfrentando los verdaderos problemas que los argentinos sentimos como los más urgentes e importantes: la exclusión social, la pobreza, el estancamiento, la inseguridad jurídica, personal y económica, y esa decadencia que nos acompaña desde hace décadas recordándonos la inutilidad de los enfrentamientos entre nosotros y los resultados a que nos conduce la impotencia para generar acuerdos estables y estratégicos.
Ricardo Lafferriere
“...mi Vicepresidente...” y la templanza de la oposición
La curiosa utilización del posesivo –propia del lenguaje militar- con que la presidenta de la Nación se refirió al Ingeniero Cobos durante su discurso en el Banco de la Nación es tal vez la indiscreta evidencia de la forma en que la primer funcionaria concibe el funcionamiento del Estado republicano: una conjunción de dos afirmaciones que la leyenda ha convertido en símbolos del poder absolutista: “L’Etat c’est moi” –Luis XIV- y “Après moi, le déluge” –Luis XV-.
Pero en esta Argentina que cumple doscientos años, el Jefe del Estado no es el Estado y después de él no viene el diluvio. Quien desempeña la función presidencial es no menos, pero tampoco más, que el responsable de una de las tres ramas de un Estado que la propia Constitución define, además, como representativo y federal, es decir, con una soberanía nacional distribuida entre la Nación y las provincias, y ejercida por tres poderes cuyo funcionamiento está reglado, cual un mecanismo de relojería, en la Carta Magna.
Julio Cobos no es el Vicepresidente de la presidenta, sino de la República. Como tal, su función debe responder a las leyes que la reglamentan y hasta el momento nada ha podido decirse sobre su desempeño. En todo caso, la crítica política que puede conllevar el ejercicio de su Presidencia del Senado –que, mientras no le toque la otra función, que es reemplazar a la Presidenta en caso de incapacidad, muerte o destitución- se desplaza, como cualquier acción humana, en terrenos opinables. Ninguna ley del Estado ha sido violada en su desempeño. Nadie ha podido imputarle una sola falta institucional.
No puede decirse lo mismo de la presidenta, que no sólo concibe como “suyo” al vicepresidente, sino al propio Poder Judicial, objeto en estos días de sucesivas diatribas por funcionarios de su administración comenzando por el propio Jefe de Gabinete de Ministros, que se ha atrevido nada menos que a presionar sobre una Jueza y denostarla públicamente por no decidir conforme los íntimos deseos –en este caso, patentemente ilegales- de su superior jerárquica. Superior jerárquica que en lugar de expulsarlo de inmediato por su comportamiento antirepublicano, lo respalda expresamente.
La oposición, en otros tiempos, hubiera reaccionado frente a estos escándalos simbólicos y materiales con similares epítetos viscerales. Sin embargo, para sorpresa –agradable- de la enorme opinión pública argentina su actitud está demostrando una templaza que desde esta columna no hemos dudado en calificar de ateniense.
El radicalismo, principal partido de opción al oficialismo gobernante, hasta llegado hasta sugerir alternativas de gestión para sortear el gigantesco bache fiscal provocado por los dislates kirchneristas, y desde Federico Pinedo –en el PRO- hasta Fernando Pino Solanas –en la izquierda democrática- se ha destacado la firmeza en la defensa institucional y republicana mostrando que, aún en la discrepancia, existe un consenso cada vez más sólido en la necesidad de recuperar las instituciones para poder procesar, en su juego armónico, las diferentes visiones sobre los problemas que debe enfrentar el país.
El Vicepresidente, por su parte, muestra frente a los insultos de matones del ex presidente e integrantes de grupo político una conducta que lo enatece, respondiendo con la altura, seriedad y madurez propias de la responsabilidad institucional que inviste.
No son la “oposición de Cristina”. Son funcionarios, diputados y senadores, son partidos políticos que representan a ciudadanos que no necesitan un Rey o una Reina porque los han reemplazado por su creencia que lo que une la diversidad del país es el respeto a sus normas y no la subordinación posesiva al monarca de turno. Son, en todo caso, también ciudadanos cuya obligación es servir al país, a sus “con-ciudadanos”, que les han delegado poderes y facultades pefectamente delimitados en la Constitución y las leyes, no para agrandar sus patrimonios o recrear a “los mandones” de antes de la Revolución de Mayo, sino para gestionar los problemas comunes.
Decíamos en una nota anterior que la Argentina republicana, federal y democrática brotó al calor de las luchas de la emancipación. No fue nuestra revolución una transformación interna de la monarquía, como la mayoría de los países europeos que apelaron a la democratización de la realeza y buscaron la democracia conservando el reaseguro de la función regia.
Lo nuestro fue una búsqueda dolorosa, trabajosa, tenaz, porque era necesario construir un país mientras, a la vez, se pensaba la forma de gobernarlo. Nos costó varias décadas, hasta que pudimos escribirla en un contrato, cada una de cuyas cláusulas respondió a un temor conjurado, a un sueño definido, a un derecho resguardado. Y establecimos los tres grandes equilibrios, cuya pérdida nos ha llevado hasta esta degradación que nos duele.
El equilibrio entre la sociedad y el Estado –o entre las personas y el poder-, en primer término. El equilibrio entre la Nación y las provincias, en segundo término. Y el equilibrio entre los tres poderes del Estado, por último. Los argentinos que nos precedieron decidieron dejar de ser “súbditos de Su Majestad” para ser ciudadanos. Decidieron organizar su convivencia conservando celosamente sus poderes locales conviviendo con el nacional. Y optaron por un poder nacional republicano, distribuido en tres grandes órganos de gobierno virtuosamente articulados –y recíprocamente controlados- para evitar los desbordes autoritarios.
Ese equilibrio es incompatible con los posesivos, pero por la contraria, no funciona sin patriotismo, porque el patriotismo es lo que reemplaza la subordinación al monarca y le da unidad al esfuerzo común.
La oposición, con su templanza, muestra que está retomando la senda de los próceres. Sería muy bueno que el gobierno, al que tanto le cuesta imaginar que el país no es sólo su opinión sino la suma plural de –respetables- visiones diferentes se sumara a este gran cambio.
Ricardo Lafferriere
Pero en esta Argentina que cumple doscientos años, el Jefe del Estado no es el Estado y después de él no viene el diluvio. Quien desempeña la función presidencial es no menos, pero tampoco más, que el responsable de una de las tres ramas de un Estado que la propia Constitución define, además, como representativo y federal, es decir, con una soberanía nacional distribuida entre la Nación y las provincias, y ejercida por tres poderes cuyo funcionamiento está reglado, cual un mecanismo de relojería, en la Carta Magna.
Julio Cobos no es el Vicepresidente de la presidenta, sino de la República. Como tal, su función debe responder a las leyes que la reglamentan y hasta el momento nada ha podido decirse sobre su desempeño. En todo caso, la crítica política que puede conllevar el ejercicio de su Presidencia del Senado –que, mientras no le toque la otra función, que es reemplazar a la Presidenta en caso de incapacidad, muerte o destitución- se desplaza, como cualquier acción humana, en terrenos opinables. Ninguna ley del Estado ha sido violada en su desempeño. Nadie ha podido imputarle una sola falta institucional.
No puede decirse lo mismo de la presidenta, que no sólo concibe como “suyo” al vicepresidente, sino al propio Poder Judicial, objeto en estos días de sucesivas diatribas por funcionarios de su administración comenzando por el propio Jefe de Gabinete de Ministros, que se ha atrevido nada menos que a presionar sobre una Jueza y denostarla públicamente por no decidir conforme los íntimos deseos –en este caso, patentemente ilegales- de su superior jerárquica. Superior jerárquica que en lugar de expulsarlo de inmediato por su comportamiento antirepublicano, lo respalda expresamente.
La oposición, en otros tiempos, hubiera reaccionado frente a estos escándalos simbólicos y materiales con similares epítetos viscerales. Sin embargo, para sorpresa –agradable- de la enorme opinión pública argentina su actitud está demostrando una templaza que desde esta columna no hemos dudado en calificar de ateniense.
El radicalismo, principal partido de opción al oficialismo gobernante, hasta llegado hasta sugerir alternativas de gestión para sortear el gigantesco bache fiscal provocado por los dislates kirchneristas, y desde Federico Pinedo –en el PRO- hasta Fernando Pino Solanas –en la izquierda democrática- se ha destacado la firmeza en la defensa institucional y republicana mostrando que, aún en la discrepancia, existe un consenso cada vez más sólido en la necesidad de recuperar las instituciones para poder procesar, en su juego armónico, las diferentes visiones sobre los problemas que debe enfrentar el país.
El Vicepresidente, por su parte, muestra frente a los insultos de matones del ex presidente e integrantes de grupo político una conducta que lo enatece, respondiendo con la altura, seriedad y madurez propias de la responsabilidad institucional que inviste.
No son la “oposición de Cristina”. Son funcionarios, diputados y senadores, son partidos políticos que representan a ciudadanos que no necesitan un Rey o una Reina porque los han reemplazado por su creencia que lo que une la diversidad del país es el respeto a sus normas y no la subordinación posesiva al monarca de turno. Son, en todo caso, también ciudadanos cuya obligación es servir al país, a sus “con-ciudadanos”, que les han delegado poderes y facultades pefectamente delimitados en la Constitución y las leyes, no para agrandar sus patrimonios o recrear a “los mandones” de antes de la Revolución de Mayo, sino para gestionar los problemas comunes.
Decíamos en una nota anterior que la Argentina republicana, federal y democrática brotó al calor de las luchas de la emancipación. No fue nuestra revolución una transformación interna de la monarquía, como la mayoría de los países europeos que apelaron a la democratización de la realeza y buscaron la democracia conservando el reaseguro de la función regia.
Lo nuestro fue una búsqueda dolorosa, trabajosa, tenaz, porque era necesario construir un país mientras, a la vez, se pensaba la forma de gobernarlo. Nos costó varias décadas, hasta que pudimos escribirla en un contrato, cada una de cuyas cláusulas respondió a un temor conjurado, a un sueño definido, a un derecho resguardado. Y establecimos los tres grandes equilibrios, cuya pérdida nos ha llevado hasta esta degradación que nos duele.
El equilibrio entre la sociedad y el Estado –o entre las personas y el poder-, en primer término. El equilibrio entre la Nación y las provincias, en segundo término. Y el equilibrio entre los tres poderes del Estado, por último. Los argentinos que nos precedieron decidieron dejar de ser “súbditos de Su Majestad” para ser ciudadanos. Decidieron organizar su convivencia conservando celosamente sus poderes locales conviviendo con el nacional. Y optaron por un poder nacional republicano, distribuido en tres grandes órganos de gobierno virtuosamente articulados –y recíprocamente controlados- para evitar los desbordes autoritarios.
Ese equilibrio es incompatible con los posesivos, pero por la contraria, no funciona sin patriotismo, porque el patriotismo es lo que reemplaza la subordinación al monarca y le da unidad al esfuerzo común.
La oposición, con su templanza, muestra que está retomando la senda de los próceres. Sería muy bueno que el gobierno, al que tanto le cuesta imaginar que el país no es sólo su opinión sino la suma plural de –respetables- visiones diferentes se sumara a este gran cambio.
Ricardo Lafferriere
sábado, 26 de diciembre de 2009
Consumiendo el capital...
La “orden” de Kirchner de “crecer al 7 %” mediante la voluntarista decisión de “forzar la demanda” es curiosa. Tanto como lo fue su descalificación al –entonces- ministro de Economía Martín Lousteau por intentar reducir el recalentamiento de aquellos tiempos, en que los números parecían indicar un crecimiento del 7 u 8 por ciento sobre bases endebles, para darle sustentabilidad en el tiempo.
“No me van a enfriar la economía”, sostenía entonces el (¿ex?) presidente, aprovechado para cuestionar la propuesta económica de Elisa Carrió y del propio Lavagna, quienes sostenían con seriedad que la buena política consistía en un crecimiento sostenido en una tasa del 5 % que atendiera no sólo el consumo sino la inversión, el control de la deuda, la responsabilidad fiscal y la previsión anticíclica.
Los rudimentos económicos del presidente de entonces prefirieron “redistribuir el ingreso” confiscando fondos productivos –retenciones-, ahorros –previsionales y reservas- y creando nueva deuda –bonos públicos obligatorios- para sostener el jolgorio de vivir más allá de lo que la economía lo permitía –festival de subsidios-.
El resultado es que el país está más pobre. El mejor indicador es el valor de nuestra moneda. Mientras en el entorno regional las divisas de nuestros vecinos se valorizan frente al dólar –debido al crecimiento de su productividad interna y a la caída de valor de la moneda norteamericana-, sus reservas crecen, su deuda disminuye y su salario promedio se incrementa, en nuestra Argentina el peso vale cada vez menos cayendo no sólo frente a las principales monedas sino incluso frente al desvencijado dólar, se siguen confiscando reservas públicas en el Central, se siguen liquidando ahorros depositados previsionales de la ANSES, se apropian recursos públicos provinciales y se incrementa la deuda pública global.
Las provincias, como consecuencia de esta orgía de dilapidación de fondos públicos, tienen una deuda que asciende ya a casi Cien mil millones de pesos, siendo las instancias públicas que prestan los servicios más trascendentes para el ciudadano: la seguridad, la justicia, la educación y la salud. Una crisis que se exprese por este flanco sería claramente sistémica. La ANSES, por su parte, tiene la mayor parte de sus “ahorros” calzados con títulos públicos de imposible recuperación, lo que preanuncia para los próximos tiempos también jubilados más pobres aún que sus raídos y expoliados ingresos actuales.
Como no se puede gastar lo que no se tiene, la instrucción de Néstor Kirchner se financiará con lo único que le queda: inflación. Ha comenzado con la disposición de reservas del Central, que aunque se diga que son para "pagar bonos", como el dinero es fungible, en realidad sólo implica liberar al Estado del pago de la deuda -que debía hacer con recursos propios- y destinar dinero a alinear gobernadores e Intendentes, construir clientelismo y seguir fogoneando la corrupción.
El período kircherista ha sido altamente ineficiente desde la técnica de la gestión, y profundamente reaccionario desde el contenido de sus políticas. Desaprovechó un ciclo de auge excepcional por las condiciones externas para arraigar en la población la sensación de que el país crecía, cuando en realidad estaba dilapidando recursos para mantener la sensación de una falsa riqueza, engañosa y sin sustentabilidad. Cuando ese auge disminuyó, nos encontramos sin rutas, sin puertos, sin aeropuertos, sin energía, sin gas, sin petróleo... con la infraestructura pública cayéndose de a pedazos, trenes y ómnibus destartalados y contaminantes y aviones que son una bomba de tiempo. Y un plantel de “nuevos empresarios”, formados, como el propio patrimonio presidencial, en base a la inescrupulosa gestión de dineros públicos.
Un hecho queda claro: liquidar los ahorros o endeudarse para vivir por encima de lo que permiten los ingresos no es progresar. Es consumir el capital. Es ignorar el futuro. Es bastardear la política. Es burlarse de los ciudadanos. Es empobrecerse.
Tanto como lo es, en lo estratégico, la decadencia educativa, la instalación en la Argentina de los cárteles criminales del tráfico de estupefacientes y personas, la complicidad con el delito y la mega corrupción y el abandono del estado de derecho.
Ricardo Lafferriere
“No me van a enfriar la economía”, sostenía entonces el (¿ex?) presidente, aprovechado para cuestionar la propuesta económica de Elisa Carrió y del propio Lavagna, quienes sostenían con seriedad que la buena política consistía en un crecimiento sostenido en una tasa del 5 % que atendiera no sólo el consumo sino la inversión, el control de la deuda, la responsabilidad fiscal y la previsión anticíclica.
Los rudimentos económicos del presidente de entonces prefirieron “redistribuir el ingreso” confiscando fondos productivos –retenciones-, ahorros –previsionales y reservas- y creando nueva deuda –bonos públicos obligatorios- para sostener el jolgorio de vivir más allá de lo que la economía lo permitía –festival de subsidios-.
El resultado es que el país está más pobre. El mejor indicador es el valor de nuestra moneda. Mientras en el entorno regional las divisas de nuestros vecinos se valorizan frente al dólar –debido al crecimiento de su productividad interna y a la caída de valor de la moneda norteamericana-, sus reservas crecen, su deuda disminuye y su salario promedio se incrementa, en nuestra Argentina el peso vale cada vez menos cayendo no sólo frente a las principales monedas sino incluso frente al desvencijado dólar, se siguen confiscando reservas públicas en el Central, se siguen liquidando ahorros depositados previsionales de la ANSES, se apropian recursos públicos provinciales y se incrementa la deuda pública global.
Las provincias, como consecuencia de esta orgía de dilapidación de fondos públicos, tienen una deuda que asciende ya a casi Cien mil millones de pesos, siendo las instancias públicas que prestan los servicios más trascendentes para el ciudadano: la seguridad, la justicia, la educación y la salud. Una crisis que se exprese por este flanco sería claramente sistémica. La ANSES, por su parte, tiene la mayor parte de sus “ahorros” calzados con títulos públicos de imposible recuperación, lo que preanuncia para los próximos tiempos también jubilados más pobres aún que sus raídos y expoliados ingresos actuales.
Como no se puede gastar lo que no se tiene, la instrucción de Néstor Kirchner se financiará con lo único que le queda: inflación. Ha comenzado con la disposición de reservas del Central, que aunque se diga que son para "pagar bonos", como el dinero es fungible, en realidad sólo implica liberar al Estado del pago de la deuda -que debía hacer con recursos propios- y destinar dinero a alinear gobernadores e Intendentes, construir clientelismo y seguir fogoneando la corrupción.
El período kircherista ha sido altamente ineficiente desde la técnica de la gestión, y profundamente reaccionario desde el contenido de sus políticas. Desaprovechó un ciclo de auge excepcional por las condiciones externas para arraigar en la población la sensación de que el país crecía, cuando en realidad estaba dilapidando recursos para mantener la sensación de una falsa riqueza, engañosa y sin sustentabilidad. Cuando ese auge disminuyó, nos encontramos sin rutas, sin puertos, sin aeropuertos, sin energía, sin gas, sin petróleo... con la infraestructura pública cayéndose de a pedazos, trenes y ómnibus destartalados y contaminantes y aviones que son una bomba de tiempo. Y un plantel de “nuevos empresarios”, formados, como el propio patrimonio presidencial, en base a la inescrupulosa gestión de dineros públicos.
Un hecho queda claro: liquidar los ahorros o endeudarse para vivir por encima de lo que permiten los ingresos no es progresar. Es consumir el capital. Es ignorar el futuro. Es bastardear la política. Es burlarse de los ciudadanos. Es empobrecerse.
Tanto como lo es, en lo estratégico, la decadencia educativa, la instalación en la Argentina de los cárteles criminales del tráfico de estupefacientes y personas, la complicidad con el delito y la mega corrupción y el abandono del estado de derecho.
Ricardo Lafferriere
miércoles, 23 de diciembre de 2009
Estupefactos
Si por algo será recordado el período kirchnerista en la historia nacional, además de por su vocación destructora de la sociedad política, será sin dudas por su capacidad para presentar diariamente hechos que dejan estupefactos a quien desee observar el escenario con alguna vocación crítica.
La decisión de Aníbal Fernández, Jefe de Gabinete de Ministros, de autoatribuirse el carácter de última instancia para decidir sobre la inconstitucionalidad de una norma está entre esos hechos. El sobreseimiento dictado por el Juez Oyarbide de la causa por presunto enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial, es otro.
Pero si algunas superan toda capacidad de asombro de los ciudadanos, son las revelaciones que están saliendo a la luz en el caso del triple crímen de General Rodríguez.
La investigación es lenta, pero avanza. Y lo conocido ayer, con la detención de los autores materiales del horrendo hecho, establece un vínculo entre la mafia de medicamentos –que ya llevó a prisión a Juan José Zanola y puede alcanzar a muchos “sindicalistas” más- y con el lavado de dinero en la campaña presidencial de Cristina Kirchner. El vínculo es Matías Lanatta, conocido por sus vinculaciones políticas con... el Sr. Jefe del Gabinete de Ministros, gestor oficioso de autorizaciones para portación de armas en el RENAR y ex funcionario de Aníbal Fernández en su paso por el gabinete de la Provincia de Buenos Aires, durante la gestión de Carlos Ruckauf.
Sebastián Forza, uno de los asesinados, había mantenido una conversación días antes de su asesinato con el periodista de investigación Christian Sanz. En ella, había confesado su vinculación con la red de comercialización de medicamentos falsificados, y la mecánica de lavado de dinero utilizado para aportar a la campaña presidencial de Cristina Kirchner, relacionada con esa red. Aún se puede consultar hoy ese reportaje en la página del blog “Tribuna de Periodistas” (http://www.periodicotribuna.com.ar/5851-la-ultima-y-unica-entrevista-de-sebastian-forza.html).
El Ministro Fernández no puede continuar al frente de la Administración Nacional. Si recordamos el maremagnum generado por la designación de Ciro James en el personal del Ministerio de Educación de la Ciudad, fruto de una evidente e impiadosa operación de inteligencia para atacar el gobierno de Mauricio Macri –cuya renuncia el funcionario nacional llegó a pedir por radio y televisión-, y comparamos ese caso con el actual, parece el cuento de Blancanieves por su inocencia.
El Jefe de Gabinete, en cualquier país organizado, debería haber renunciado o sido cesanteado en el acto.
Pero ahí está. Es otro hecho que deja a los argentinos estupefactos.
Ricardo Lafferriere
La decisión de Aníbal Fernández, Jefe de Gabinete de Ministros, de autoatribuirse el carácter de última instancia para decidir sobre la inconstitucionalidad de una norma está entre esos hechos. El sobreseimiento dictado por el Juez Oyarbide de la causa por presunto enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial, es otro.
Pero si algunas superan toda capacidad de asombro de los ciudadanos, son las revelaciones que están saliendo a la luz en el caso del triple crímen de General Rodríguez.
La investigación es lenta, pero avanza. Y lo conocido ayer, con la detención de los autores materiales del horrendo hecho, establece un vínculo entre la mafia de medicamentos –que ya llevó a prisión a Juan José Zanola y puede alcanzar a muchos “sindicalistas” más- y con el lavado de dinero en la campaña presidencial de Cristina Kirchner. El vínculo es Matías Lanatta, conocido por sus vinculaciones políticas con... el Sr. Jefe del Gabinete de Ministros, gestor oficioso de autorizaciones para portación de armas en el RENAR y ex funcionario de Aníbal Fernández en su paso por el gabinete de la Provincia de Buenos Aires, durante la gestión de Carlos Ruckauf.
Sebastián Forza, uno de los asesinados, había mantenido una conversación días antes de su asesinato con el periodista de investigación Christian Sanz. En ella, había confesado su vinculación con la red de comercialización de medicamentos falsificados, y la mecánica de lavado de dinero utilizado para aportar a la campaña presidencial de Cristina Kirchner, relacionada con esa red. Aún se puede consultar hoy ese reportaje en la página del blog “Tribuna de Periodistas” (http://www.periodicotribuna.com.ar/5851-la-ultima-y-unica-entrevista-de-sebastian-forza.html).
El Ministro Fernández no puede continuar al frente de la Administración Nacional. Si recordamos el maremagnum generado por la designación de Ciro James en el personal del Ministerio de Educación de la Ciudad, fruto de una evidente e impiadosa operación de inteligencia para atacar el gobierno de Mauricio Macri –cuya renuncia el funcionario nacional llegó a pedir por radio y televisión-, y comparamos ese caso con el actual, parece el cuento de Blancanieves por su inocencia.
El Jefe de Gabinete, en cualquier país organizado, debería haber renunciado o sido cesanteado en el acto.
Pero ahí está. Es otro hecho que deja a los argentinos estupefactos.
Ricardo Lafferriere
"Inusitada..."
"En mi país, un pequeño ahorrista de 16 mil dólares que los coloca en un pool de siembra obtiene una renta en 6 meses del 30 por ciento en dólares, una renta inusitada en el mundo actual", decía Cristina Fernández de Kirchner en Roma, el 3 de Junio de 2008, en oportunidad de asistir a la Cumbre de la FAO. Con esta afirmación pretendía justificar, en tono justiciero, su intento de aplicar las retenciones confisctorias al sector agrario. La información puede observarse en la edición “online” de Clarín al día siguiente en http://www.clarin.com/diario/2008/06/04/elpais/p-00601.htm. Es de suponer que los demás presidentes se habrían sorprendido de la denuncia de su colega argentina.
Esos mismos presidentes, al leer en estos días la noticia llegada desde ese lejano país –que es el nuestro-, se habrían sorprendido aún más, al observar que la funcionaria que realizara esta indignada denuncia habría obtenido una renta en su patrimonio personal del 158 % en un año, y que según la justicia argentina, ese incremento es legal...
Empresarios de todo el mundo seguramente estarán sorprendidos, buscando la forma de invertir en el mismo rubro para obtener una rentabilidad similar. Las Embajadas y Consulados debieran preparar sus carpetas y folletos, para aprovechar la extraordinaria situación comunicacional que genera esta publicidad sobre la potencialidad de una economía que permite esas tasas legales de rentabilidad.
Para cualquier duda o ampliación, puede contarse con el asesoramiento de la Consultora “El Chapel”, integrada por Máximo Kirchner, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, especializada en operaciones de estas características. Y para la presentación de las declaraciones impositivas, el Contador Víctor Manzanares, asesorado por funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos, puede completar los formularios y trámites siempre necesarios, con la seguridad del respaldo que le brindará, frente a cualquier situación inesperada, el Cuerpo de Contadores Oficiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre los antecedentes que avalan su capacidad profesional y técnica se cuenta el de desempeñarse como Contador nada menos que de la familia que ha logrado la “pole position” en rentabilidad legal en la República Argentina.
...
Inusitada. Así es la patria de los argentinos en tiempos K.
...
¡Cómo no entender, ante semejantes éxitos, la obsesión de la familia presidencial por "profundizar el modelo"!
Ricardo Lafferriere
Esos mismos presidentes, al leer en estos días la noticia llegada desde ese lejano país –que es el nuestro-, se habrían sorprendido aún más, al observar que la funcionaria que realizara esta indignada denuncia habría obtenido una renta en su patrimonio personal del 158 % en un año, y que según la justicia argentina, ese incremento es legal...
Empresarios de todo el mundo seguramente estarán sorprendidos, buscando la forma de invertir en el mismo rubro para obtener una rentabilidad similar. Las Embajadas y Consulados debieran preparar sus carpetas y folletos, para aprovechar la extraordinaria situación comunicacional que genera esta publicidad sobre la potencialidad de una economía que permite esas tasas legales de rentabilidad.
Para cualquier duda o ampliación, puede contarse con el asesoramiento de la Consultora “El Chapel”, integrada por Máximo Kirchner, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, especializada en operaciones de estas características. Y para la presentación de las declaraciones impositivas, el Contador Víctor Manzanares, asesorado por funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos, puede completar los formularios y trámites siempre necesarios, con la seguridad del respaldo que le brindará, frente a cualquier situación inesperada, el Cuerpo de Contadores Oficiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre los antecedentes que avalan su capacidad profesional y técnica se cuenta el de desempeñarse como Contador nada menos que de la familia que ha logrado la “pole position” en rentabilidad legal en la República Argentina.
...
Inusitada. Así es la patria de los argentinos en tiempos K.
...
¡Cómo no entender, ante semejantes éxitos, la obsesión de la familia presidencial por "profundizar el modelo"!
Ricardo Lafferriere
miércoles, 16 de diciembre de 2009
Gobierno K: El irresistible atractivo de “transferir”
“La sedución por “transferir” del matrimonio K parece no tener límites. La lectura del artículo 7 de su proyecto (“Transfiérense en especie a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL los recursos que integran las cuentas de capitalización individual de los afiliados al Régimen de Capitalización del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones previsto en la Ley N° 24.241 y sus modificatorias..”) deja abiertas todas las incógnitas.
Si de “transferir” se trata, mañana podríamos encontrarnos con otras leyes, que esta vez ordenaran “transferir” a la administración nacional los saldos positivos en cuenta corriente que existan en los bancos. O los saldos de depósitos a plazo fijo. O los títulos accionarios o valores depositados en bancos o Cajas de Seguridad. O –si se les despertara el atractivo por las operaciones inmobiliarias para las que al parecer son tan afectos en sus pagos- transferir al Ministerio de Infraestructura los títulos de propiedad de los edificios financiados con fideicomisos.... En realidad, no habría ninguna diferencia jurídica entre todas estas hipotéticas transferencias: son todos bienes ajenos “protegidos” por el derecho de propiedad del mismo valor legal y con la misma fuerza jurídica que los depósitos previsionales privados, que según el artículo 82, ley 24241, con la sobriedad de las leyes normales dispone que “El fondo de jubilaciones y pensiones es un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la administradora y que pertenece a los afiliados...” En realidad, la administración K cumple el sueño de Al Capone: poder “transferir” a su patrimonio por su propia decisión, lo que se le ocurra que integre el patrimonio ajeno.”
Así expresábamos, en una nota publicada el 1 de noviembre de 2008 con el mismo título que ésta, nuestra sorpresa por el texto del proyecto –luego transformado en ley- por el cual Cristina Fernández disponía la confiscación de los ahorros previsionales privados para su libre disposición, bajo su exclusiva discrecionalidad.
El proyecto se aprobó, gracias al (¿ingenuo?) apoyo de socialistas, “progresistas” y algunos socios menores, que lo hicieron luego de “imponerle” a la mayoría una comisión de control que mantendría esos fondos a buen recaudo.
Ja. Logrado el objetivo, con esos recursos se comenzaron a financiar las ocurrencias presidenciales, sin debate ni control, rematando el futuro de los ahorristas previsionales, que terminaron siendo estafados por el kirchnerismo, un sector de la “oposición” y la vista cómplice de un Poder Judicial que deshonra su función.
No fue una “transferencia” excepcional. Se suman a las de los fondos del PAMI, de los fondos fiduciarios, de la AFIP, de la Lotería, y las propias “retenciones”. Pero en ese caso abrieron una ventana delictiva que trascendía a la simple reasignación de fondos públicos para avanzar sobre fondos ajenos.
Ahora hay de nuevo una “transferencia”. Esta vez, de recursos que no son del gobierno, como lo establece la ley vigente, sino del Banco Central, cuya función no es financiar al Estado sino custodiar el valor de la moneda, y cuyos recursos no son fiscales, de libre disponibilidad por el poder, sino de los argentinos que tienen pesos en sus bolsillos. Casi Siete mil millones de dólares son “transferidos” (sic) a la discrecionalidad presidencial. Sin controles, como los recursos de la ANSES.
Es curiosa la “positiva reacción” de algunos agentes económicos por la medida. Curiosa, pero explicable. Porque para ellos significa que cobrarán, aunque sea a cambio de agregar una gigantesca incertidumbre sobre la ya endeble credibilidad del país y no tienen por qué preocuparse si para pagarles, el deudor le roba a otro. Los acreedores cobrarán e incluso hasta el posible que le presten de nuevo: no son los responsables de velar por el futuro. El país habrá avanzado hacia el precipicio que implica vivir sin leyes, con el gobierno apropiándose alegremente de fondos ajenos, destrozando instituciones y oscureciendo aún más el horizonte. El efecto en las personas comunes de arrebatarle al Central esas reservas es debilitar la moneda. Los pesos que tenemos en el bolsillo valdrán menos. O dicho más crudamente, las cosas costarán más.
De sus viejos socios de andanzas, van quedando las hilachas. Y más quedarán luego de la vigencia, lograda también con su apoyo, de la ley de “reforma política” con la que el kirchnerismo quiere –una vez más, con una ley a su medida- lograr su eternización en el poder. Perdónese esta digresión, incluida en esta nota al sólo efecto de recordar lo que conlleva asociarse con delincuentes.
La medida –y todas las que de ahora en adelante se sancionen- no tendrán control judicial, porque la decisición de Aníbal Fernández autodeclarándose intérprete final de la constitucionalidad de las resoluciones judiciales está adelantando que, por más sentencias adversas que tengan, no las obedecerán si no se les antoja. Los jubilados, en este sentido, también fueron los primeros en sufrir el desconocimiento estatal de sus derechos reconocidos, sin lograr que sentencias logradas luego de años de angustiosos procedimienos judiciales sean sencillamente ignoradas, como si no existieran. Son ilusos quienes creen que se trató de una decisón aislada o que obedecía a un problema sindical: abrió un camino, que sirve como antecedente para cualquier otro caso.
El irresistible atractivo de “transferir” va despejando el camino. La asociación ilícita ha logrado el sueño de cualquier banda delictiva: asumir la suma del poder para quedarse con todo lo ajeno que se le ocurra. Sin miedo al parlamento. Sin temor a la justicia. Sin control de la prensa.
Seguir considerando a ésto un “estado de derecho” merecedor de ser sostenido aún por dos años se parece cada vez más una ironía de Elisa Carrió. O a un patológico síndrome masoquista.
Ricardo Lafferriere
Suscribirse a:
Entradas (Atom)