“Ministerio de la Verdad” era el nombre que George Orwell asignaba en su novela “1984” al órgano del gobierno cuya función era manipular o destruir los documentos históricos con la finalidad de adecuar el conocimiento del pasado a las afirmaciones de régimen. Publicada en 1948, predecía para 1984 (inversión de los últimos dígitos del año de su publicación) la extensión a todo el mundo de los gobiernos totalitarios de moda en la época, terminando con las cuotas de libertad individual y subordinándolas a los supremos dictados del Poder.
Junto a los otros tres ministerios –del “amor”, que administraba castigos y torturas, de “la paz” que se aseguraba de tener siempre un enemigo externo para garantizar que el país se encuentre en paz consigo mismo y “de la abundancia” que regulaba la provisión de bienes para asegurar que no sobrepasaran los límite de la subsistencia- conformaban el gobierno del “Gran Hermano”, titular de la totalidad del poder y el conocimiento completo sobre los detalles más ínfimos de la vida de las personas, que le debían obediencia suprema.
Desde la publicación de la novela, el concepto del “Gran Hermano” planeó en el debate político del mundo occidental, tensionado por las sociedades totalitarias derrotadas en la Segunda Guerra, pero también por el ejemplo tenebroso de las dictaduras del “socialismo real”. Su sola mención erizaba la piel de las personas con vocación libertaria y autonómica, para las que la libertad era un concepto forjado durante siglos de lucha, muchas veces sangrienta, contra toda clase de poder político, religioso o económico. 1984 se convirtió en una fecha ícono, que a medida que se acercaba profundizaba el temor sobre su virtualidad ante los evidentes avances científicos y tecnológicos desatados en la segunda mitad del siglo XX.
Llegó 1984 con dos perfiles, a la vez coincidentes y divergentes con la vision orwelliana. Coincidentes, en cuanto las técnicas de vigilancia se expandieron desde lo más pequeño –con los controles de comunicaciones telefónicas, sensores de voz, cámaras ocultas, artefactos de seguimiento, “tags” de ubicación de diversas características y otros implementos similares- hasta lo más grande –gigantescas bases de información alimentadas por las redes de satélites de observación, organizaciones de espionaje actuantes por encima de las normas protectoras de los individuos, sistemas de control de desplazamientos personales, etc-. Pero también divergentes, en cuanto el poder, por primera vez en la historia, comenzaba a ser escrutado en sus pliegues más íntimos al compás del crecimiento de la interactividad de esos inmensos organismos de recolección y procesamiento de información. El Gran Hermano pugnaba por concretar la predicción de Orwell, pero la realidad, tenaz y obsesiva, seguía imaginando límites y las personas seguían defendiendo su privacidad y, en última instancia, su libertad.
Dos noticias de estos días muestran un saludable saldo hacia una sociedad mejor: en el plano internacional, la publicación de los secretos de la diplomacia de la principal potencia del mundo, penetrados por la inteligencia de un experto informático que consiguió la forma de organizar la recolección secreta de diversas fuentes, no ya de los chismes de alcoba, sino de las decisiones de paz y guerra, de alianzas y rivalidades, de desconfianzas y opiniones, de principal poder de mundo.
Y en el plano local, las informaciones obtenidas del disco rígido de las computadoras de un lobbysta de la corrupción genera un fenómeno similar. Por un lado, ha mostrado las hilachas de un poder asentado en los instintos más primitivos de los seres humanos: la codicia, el aprovechamiento del Estado para fines particulares, la corrupción ramplona, la mentira. Y por el otro, el poder ha quedado tan descolocado que no sólo ha silenciado las usinas intelectuales de “Carta Abierta”, normalmente con respuestas para todo, sino que hasta ha dejado sin habla a la señora presidenta, también experta en opinar sobre los temás más diversos.
Aunque a muchos nos gustaría que estos dos episodios significaran el derrumbe definitivo del Gran Hermano y su vocación totalitaria, está claro por lo pronto que sus miserias han quedado expuestas a la vista pública, a través de episodios cuyo saldo indudable será acrecentar el límite a los futuros desbordes de los circunstanciales administradores de los estamentos de gobierno y aumentar el poder de los ciudadanos.
El Gran Hermano se ha invertido. El “secreto”, componente fundamental del poder desde todos los tiempos, ya no es inviolable ni servirá para esconder chanchullos. El “panóptico” de Bentham y Foucault funciona también al revés. Gracias a la tecnología, la interactividad, las redes ubicuas y el protagonismo de las personas, no es sólo el poder el que vigila a los ciudadanos, sino que éstos pueden vigilar cada vez más al poder, sacando a la luz en el momento menos pensado sus bajezas más notables y provocando su deslegitimación moral al mostrarlo claramente alejado del “bien común”, argumento último de sus pretendidas facultades.
Ricardo Lafferriere
lunes, 29 de noviembre de 2010
domingo, 21 de noviembre de 2010
Inflación y salarios
Cuando estalla la inflación, todo se desordena.
Desde esta columna, no coincidimos con aquellos que afirman que la inflación es causada por las subas salariales. Al contrario: los salarios son –en general- los últimos en actualizarse, en un proceso que se inicia por el desquicio de la administración pública, es seguido por el alza de los precios y recién en su última etapa se refleja en los salarios. Es conocida la frase que se atribuye a Perón: los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. Lo que no decía Perón es que antes que los precios y mucho antes que los salarios está la falsificación de dinero que realiza el gobierno. El suyo fue el primero. Muchos otros lo siguieron, hasta hoy.
Por eso es que no nos sumamos a la demonización de las subas salariales que recuperen la capacidad de compra perdida por la pérdida de valor de la moneda. Estamos, en este sentido, en las antípodas de Cristina Kirchner, Hugo Moyano y la cúpula empresarial.
Sin embargo, el problema no es lineal. Efectivamente, el primero que da el paso al frente para apropiarse de ingresos ajenos, es el Gobierno, que reduce el valor de la moneda quedándose con parte de la misma y haciendo que cada peso en circulación sea más débil, es decir valga menos. ¿Cómo lo hace? De dos formas: repartiendo papeles pintados sin respaldo en forma de dinero, sea porque se apropió de las divisas que lo sostenían (llamadas Reservas del Banco Central) o porque fabricó nueva moneda y la gastó sin tomarse el trabajo de recaudarla antes. Si ésto lo hace un particular, sería robo o falsificación. Como lo hace el Gobierno, se llama inflación.
El reflejo inmediato ante este desfalco del Gobierno es que los precios aumentan. Aunque en realidad, no es que aumenten los precios, sino que como la moneda vale menos, es necesaria más cantidad para comprar las mismas cosas. Este fenómeno se produce a través de la suba de los precios nominales de los productos. Si no hicieran eso, las fábricas y negocios deberían cerrar, porque no podrían reponerlos. Entrarían en quiebra, con la consiguiente desocupación y crisis. La suba de los precios es, entonces, una medida defensiva destinada a sobrevivir, no a ganar más.
Y ante estas subas, los trabajadores reclaman, con justicia, aumentos de los salarios que les permitan comprar lo mismo que antes.
Por supuesto que siempre hay pícaros que siguen el ejemplo cínico del gobierno. Entre los empresarios, los que aprovechan para aumentar los precios más de lo que debieran. Y entre los trabajadores, los que en lugar de recuperar posiciones, reclaman aumentos desfasados con la inflación, que terminan –esos sí- haciendo subir más los precios y castigando a los consumidores.
Porque como todo se descalabra, quienes tienen mayor poder logran disminuir los daños. Los más débiles, son los que más pierden. En una punta, el Gobierno es el que tiene el mayor poder, y es el que gana más, desatando el proceso. Las empresas más grandes reaccionan más rápido y tratan de evitar las pérdidas moviendo sus precios. Los sindicatos más fuertes logran defenderse mejor y tienen mejores aumentos. Los que pierden son los empleados públicos, los docentes, policías, judiciales, militares y en mayor cantidad que cualquiera de ellos, los jubilados y pensionados. Por último, quienes no tienen trabajo estable ni formal ven reducir sus niveles de ingresos reales en forma dramática: no tienen ni siquiera a quién reclamarle.
Y queda hecha la cadena, que no es precisamente de la felicidad. El gobierno en una punta, apropiándose de una parte de la moneda de los argentinos y mirando para otro lado, haciéndose el distraído. Los jubilados, pensionados, desocupados y trabajadores informales en la otra, sufriendo la suba de los precios, de los salarios activos, y de sus gastos de supervivencia. La “ilusión de riqueza” de los aumentos cada vez más grandes y periódicos es inmediatamente seguida de la “desazón de pobreza”, al notar que a pesar de los aumentos, los salarios valen menos.
Quizás uno de los mayores daños que provoca la inflación es la sensación de inseguridad, nerviosismo y agresividad, que se traslada a cada ámbito de convivencia. Las imágenes de las calles tomadas por la violencia y la intemperancia son la patética muestra de hacia dónde nos lleva un gobierno sin conciencia de sus límites y de sus deberes.
Por eso decimos que la inflación es enemiga de una convivencia en paz, que es injusta y que no debe tolerarse que el gobierno la provoque por conveniencia, por malicia o para escudar su ineptitud. Y mucho menos, que pretenda que es buena, o que deba ser soportada por los asalariados limitando sus reclamos por debajo del deterioro sufrido por la moneda, contracara del aumento de precios que él mismo ha provocado.
Ricardo Lafferriere
Desde esta columna, no coincidimos con aquellos que afirman que la inflación es causada por las subas salariales. Al contrario: los salarios son –en general- los últimos en actualizarse, en un proceso que se inicia por el desquicio de la administración pública, es seguido por el alza de los precios y recién en su última etapa se refleja en los salarios. Es conocida la frase que se atribuye a Perón: los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. Lo que no decía Perón es que antes que los precios y mucho antes que los salarios está la falsificación de dinero que realiza el gobierno. El suyo fue el primero. Muchos otros lo siguieron, hasta hoy.
Por eso es que no nos sumamos a la demonización de las subas salariales que recuperen la capacidad de compra perdida por la pérdida de valor de la moneda. Estamos, en este sentido, en las antípodas de Cristina Kirchner, Hugo Moyano y la cúpula empresarial.
Sin embargo, el problema no es lineal. Efectivamente, el primero que da el paso al frente para apropiarse de ingresos ajenos, es el Gobierno, que reduce el valor de la moneda quedándose con parte de la misma y haciendo que cada peso en circulación sea más débil, es decir valga menos. ¿Cómo lo hace? De dos formas: repartiendo papeles pintados sin respaldo en forma de dinero, sea porque se apropió de las divisas que lo sostenían (llamadas Reservas del Banco Central) o porque fabricó nueva moneda y la gastó sin tomarse el trabajo de recaudarla antes. Si ésto lo hace un particular, sería robo o falsificación. Como lo hace el Gobierno, se llama inflación.
El reflejo inmediato ante este desfalco del Gobierno es que los precios aumentan. Aunque en realidad, no es que aumenten los precios, sino que como la moneda vale menos, es necesaria más cantidad para comprar las mismas cosas. Este fenómeno se produce a través de la suba de los precios nominales de los productos. Si no hicieran eso, las fábricas y negocios deberían cerrar, porque no podrían reponerlos. Entrarían en quiebra, con la consiguiente desocupación y crisis. La suba de los precios es, entonces, una medida defensiva destinada a sobrevivir, no a ganar más.
Y ante estas subas, los trabajadores reclaman, con justicia, aumentos de los salarios que les permitan comprar lo mismo que antes.
Por supuesto que siempre hay pícaros que siguen el ejemplo cínico del gobierno. Entre los empresarios, los que aprovechan para aumentar los precios más de lo que debieran. Y entre los trabajadores, los que en lugar de recuperar posiciones, reclaman aumentos desfasados con la inflación, que terminan –esos sí- haciendo subir más los precios y castigando a los consumidores.
Porque como todo se descalabra, quienes tienen mayor poder logran disminuir los daños. Los más débiles, son los que más pierden. En una punta, el Gobierno es el que tiene el mayor poder, y es el que gana más, desatando el proceso. Las empresas más grandes reaccionan más rápido y tratan de evitar las pérdidas moviendo sus precios. Los sindicatos más fuertes logran defenderse mejor y tienen mejores aumentos. Los que pierden son los empleados públicos, los docentes, policías, judiciales, militares y en mayor cantidad que cualquiera de ellos, los jubilados y pensionados. Por último, quienes no tienen trabajo estable ni formal ven reducir sus niveles de ingresos reales en forma dramática: no tienen ni siquiera a quién reclamarle.
Y queda hecha la cadena, que no es precisamente de la felicidad. El gobierno en una punta, apropiándose de una parte de la moneda de los argentinos y mirando para otro lado, haciéndose el distraído. Los jubilados, pensionados, desocupados y trabajadores informales en la otra, sufriendo la suba de los precios, de los salarios activos, y de sus gastos de supervivencia. La “ilusión de riqueza” de los aumentos cada vez más grandes y periódicos es inmediatamente seguida de la “desazón de pobreza”, al notar que a pesar de los aumentos, los salarios valen menos.
Quizás uno de los mayores daños que provoca la inflación es la sensación de inseguridad, nerviosismo y agresividad, que se traslada a cada ámbito de convivencia. Las imágenes de las calles tomadas por la violencia y la intemperancia son la patética muestra de hacia dónde nos lleva un gobierno sin conciencia de sus límites y de sus deberes.
Por eso decimos que la inflación es enemiga de una convivencia en paz, que es injusta y que no debe tolerarse que el gobierno la provoque por conveniencia, por malicia o para escudar su ineptitud. Y mucho menos, que pretenda que es buena, o que deba ser soportada por los asalariados limitando sus reclamos por debajo del deterioro sufrido por la moneda, contracara del aumento de precios que él mismo ha provocado.
Ricardo Lafferriere
domingo, 14 de noviembre de 2010
La Argentina y la crisis global
El fracaso de la reunión del G-20 en Seúl trae a la reflexión, una vez más, el cambio copernicano que se está produciendo en el mundo en los últimos lustros, que atraviesa todos los campos de la realidad –desde el económico hasta el político, desde el tecnológico hasta el ambiental-.
Ante este cambio, que como todos deja ganadores y perdedores, la acción virtuosa debiera comenzar con la observación y la reflexión para detectar sus características esenciales y la forma en que estas características afectan a las diferentes personas, países, empresas y regiones del mundo.
Eso se ha reflejado en el G-20. El ritmo desigual del cambio y la diferente ubicación relativa de los protagonistas hace que cada uno se queje según cómo la crisis se proyecte en sus intereses más directos y reclame medidas que focalicen sus propios problemas, más que el problema global.
Los norteamericanos, preocupados por su endeudamiento y su desequilibrio comercial, reclaman a China que deje flotar su moneda más libremente revalorizándola, en la esperanza de que los ayude a nivelar su comercio al no tener que competir con productos virtualmente sin costo salarial, como los fabricados en China. China, a su vez, alega que la crisis ha disminuido la demanda global –concentrada en los países desarrollados- y ello perjudica su economía, que está asentada en la exportación, sosteniendo que esa situación la coloca en la dinámica de una caldera a presión, debido a su gigantesca inequidad interna.
Europa, por su parte, pasada en gastos y con su competitividad adormecida por sus déficits, reclama austeridad a sus integrantes mostrando crudamente su agudo desequilibrio interno entre países “cuasi sub-desarrollados” con estados de bienestar más que generosos pero asentados en una base ficticia, frente a sus locomotoras desarrolladas –Alemania y Francia- que enfrentan dificultades para financiar sus gastos sociales y previsionales a pesar de su riqueza, y que son requeridos de ayuda para sociedades que trabajan menos y con menor calidad, en nombre de una relativa “solidaridad comunitaria” que sólo aparece cuando es necesario pedir ayuda.
Los reclamos de cada uno de ellos son diferentes, porque ven la crisis con sus respectivas anteojeras, y a las medidas que unos y otros deben tomar y toman en su plano interno, se agregan los pedidos de medidas de los demás: los norteamericanos, que China revalúe su moneda. Los chinos, que Estados Unidos reduzca su déficit. Los europeos desarrollados, que todos sean más austeros y los europeos más pobres, que los demás los ayuden con sus déficits públicos. Los países en desarrollo, que no se reduzca la demanda de los países centrales. Y todos, que se acuerden políticas “cooperativas”, pero sin comprometer acciones propias, lo que es un oximoron.
En ese maremagnum, reflejo de la economía globalizada sin remedio navega nuestra averiada nave nacional.
La Argentina es, quizás, uno de los únicos sino el único país beneficiario neto de esta crisis, cuya superación sólo requiere medidas internas sin depender de nadie. Pero, curiosamente, es también el único país del grupo de los 20 –donde ingresó, bueno es recordarlo para no sumarnos a la demonización infantil, por gestión del ex presidente Menem- que llega a las reuniones con la pretensión de dictar cátedra al estilo del maestro de Siruela “que no sabía leer, y puso escuela”...
El mundo hoy es informativamente plano. Todo se conoce. Desde la manipulación de las estadísticas hasta la apropiación de fondos ajenos. Desde la corrupción ramplona hasta la ausencia de debate parlamentario serio. Desde la desobediencia a las sentencias judiciales hasta el desborde inflacionario. Desde las complicidades delictivas hasta la creciente violencia cotidiana. Desde los grotescos papelones de Aerolíneas hasta la facilidad para el lavado de dinero ilegal. Todo.
Cada una de esas circunstancias, que son la verdadera cadena que nos lastra al pasado, podría ser soltada sin medidas adicionales que deba tomar Estados Unidos o China, Alemania, Brasil o Rusia. Bastaría con una conducción política madura, con un diálogo político interno serio que establezca consensos estratégicos, con un “ethos” político cooperativo iniciado por el encargado de liderar el funcionamiento político nacional, que es el gobierno y específicamente, la presidenta. Sin embargo, se persiste en apoyarse en las mafias narco-sindicales, en una política patrimonialista reducida a comprar o vender votos en el Congreso, en la deshumanización del adversario, en el sectarismo y en la negación de cualquier atisbo de debate plural.
Hace muchas décadas que la Argentina no tenía una situación internacional tan beneficiosa, sin haber hecho nada para merecerlo. Quizás la última vez fue cuando el medio siglo del apogeo, entre 1880 y 1930. Que estemos desperdiciando la oportunidad actual como lo estamos haciendo, nos hará ingresar en la historia como una de las generaciones más inútiles que le haya tocado al país en toda su vida independiente.
¿Es que nadie, en el “escenario”, puede tocar un campanazo que convoque al sentido común?
Ricardo Lafferriere
Ante este cambio, que como todos deja ganadores y perdedores, la acción virtuosa debiera comenzar con la observación y la reflexión para detectar sus características esenciales y la forma en que estas características afectan a las diferentes personas, países, empresas y regiones del mundo.
Eso se ha reflejado en el G-20. El ritmo desigual del cambio y la diferente ubicación relativa de los protagonistas hace que cada uno se queje según cómo la crisis se proyecte en sus intereses más directos y reclame medidas que focalicen sus propios problemas, más que el problema global.
Los norteamericanos, preocupados por su endeudamiento y su desequilibrio comercial, reclaman a China que deje flotar su moneda más libremente revalorizándola, en la esperanza de que los ayude a nivelar su comercio al no tener que competir con productos virtualmente sin costo salarial, como los fabricados en China. China, a su vez, alega que la crisis ha disminuido la demanda global –concentrada en los países desarrollados- y ello perjudica su economía, que está asentada en la exportación, sosteniendo que esa situación la coloca en la dinámica de una caldera a presión, debido a su gigantesca inequidad interna.
Europa, por su parte, pasada en gastos y con su competitividad adormecida por sus déficits, reclama austeridad a sus integrantes mostrando crudamente su agudo desequilibrio interno entre países “cuasi sub-desarrollados” con estados de bienestar más que generosos pero asentados en una base ficticia, frente a sus locomotoras desarrolladas –Alemania y Francia- que enfrentan dificultades para financiar sus gastos sociales y previsionales a pesar de su riqueza, y que son requeridos de ayuda para sociedades que trabajan menos y con menor calidad, en nombre de una relativa “solidaridad comunitaria” que sólo aparece cuando es necesario pedir ayuda.
Los reclamos de cada uno de ellos son diferentes, porque ven la crisis con sus respectivas anteojeras, y a las medidas que unos y otros deben tomar y toman en su plano interno, se agregan los pedidos de medidas de los demás: los norteamericanos, que China revalúe su moneda. Los chinos, que Estados Unidos reduzca su déficit. Los europeos desarrollados, que todos sean más austeros y los europeos más pobres, que los demás los ayuden con sus déficits públicos. Los países en desarrollo, que no se reduzca la demanda de los países centrales. Y todos, que se acuerden políticas “cooperativas”, pero sin comprometer acciones propias, lo que es un oximoron.
En ese maremagnum, reflejo de la economía globalizada sin remedio navega nuestra averiada nave nacional.
La Argentina es, quizás, uno de los únicos sino el único país beneficiario neto de esta crisis, cuya superación sólo requiere medidas internas sin depender de nadie. Pero, curiosamente, es también el único país del grupo de los 20 –donde ingresó, bueno es recordarlo para no sumarnos a la demonización infantil, por gestión del ex presidente Menem- que llega a las reuniones con la pretensión de dictar cátedra al estilo del maestro de Siruela “que no sabía leer, y puso escuela”...
El mundo hoy es informativamente plano. Todo se conoce. Desde la manipulación de las estadísticas hasta la apropiación de fondos ajenos. Desde la corrupción ramplona hasta la ausencia de debate parlamentario serio. Desde la desobediencia a las sentencias judiciales hasta el desborde inflacionario. Desde las complicidades delictivas hasta la creciente violencia cotidiana. Desde los grotescos papelones de Aerolíneas hasta la facilidad para el lavado de dinero ilegal. Todo.
Cada una de esas circunstancias, que son la verdadera cadena que nos lastra al pasado, podría ser soltada sin medidas adicionales que deba tomar Estados Unidos o China, Alemania, Brasil o Rusia. Bastaría con una conducción política madura, con un diálogo político interno serio que establezca consensos estratégicos, con un “ethos” político cooperativo iniciado por el encargado de liderar el funcionamiento político nacional, que es el gobierno y específicamente, la presidenta. Sin embargo, se persiste en apoyarse en las mafias narco-sindicales, en una política patrimonialista reducida a comprar o vender votos en el Congreso, en la deshumanización del adversario, en el sectarismo y en la negación de cualquier atisbo de debate plural.
Hace muchas décadas que la Argentina no tenía una situación internacional tan beneficiosa, sin haber hecho nada para merecerlo. Quizás la última vez fue cuando el medio siglo del apogeo, entre 1880 y 1930. Que estemos desperdiciando la oportunidad actual como lo estamos haciendo, nos hará ingresar en la historia como una de las generaciones más inútiles que le haya tocado al país en toda su vida independiente.
¿Es que nadie, en el “escenario”, puede tocar un campanazo que convoque al sentido común?
Ricardo Lafferriere
lunes, 8 de noviembre de 2010
Cristina, Fanon y los monos
El primer paso del terrorismo es la deshumanización del adversario, la negación de su condición humana y la atribución de condiciones animales o de características descalificadoras ajenas a un cambio de ideas articuladas y respetuosas.
Frank Fanon –y el propio Sartre- analizaron en su momento esta técnica, utilizada por los colonialistas en Africa y por los nazis en Europa. Perdida la condición humana, el trato al contrario queda liberado de la obligación de respeto, cualquiera sea su fuente - religiosa, filosófica o simplemente moral-.
Y a partir de allí, todos los caminos de lucha se abren. Las formas construidas por la humanidad para hacer posible las visiones diferentes y, a la vez, convivir –cuya elaboración más sofisticada es la democracia política- deja paso al “puro poder”, que termina definiendo el triunfo de una visión u otra con desconocimiento de las necesidades de acuerdo por la “otredad” que impone la convivencia.
Que esta actitud haya sido propia de los colonialistas tratando de “monos” a los trabajadores negros, o de los nazis tratando de “ratas” a los judíos es, a esta altura, una repugnante anécdota de la historia humana cuyas consecuencias fueron genocidios, masacres y ríos de sangre. Deja de ser sólo una anécdota cuando un presidente en ejercicio utiliza la animalización de sus adversarios en un acto político en el que la “corte” no sólo escucha, sino que aplaude, al igual que muchos de quienes asisten, frente a la pasmada plaza pública televisiva que amplifica el mensaje al infinito.
La “ejemplaridad del poder” toma aquí el peligroso papel del instigador, máxime al darse a pocos días del salvaje asesinato político de Mariano Ferreyra, realizado por sicarios sindicales del principal aliado del gobierno que ha sido confirmado como tal por la actual “juventud maravillosa” de La Cámpora y el propio Jefe de Gabinete; y el rápido contagio de estructuras de poder que, aunque surgidas en sus lejanos comienzos del propio pensamiento de izquierda, han olvidado hace tiempo lo mejor de la historia progresista –la tolerancia, la libertad, el pluralismo, el respeto por la opinión ajena, la celosa defensa de los derechos de las personas- y asumido lo peor del populismo –la violencia, el matonismo, la intolerancia, la descalificación del contrario y el vaciamiento de su condición humana-.
Las expresiones de Cristina Fernández la semana pasada al tratar de “loros” y “monos” a los opositores que no piensan como ella y no ven la realidad con sus anteojeras merecen un pedido de discupas inmediato y expreso en el parlamento, espacio democrático de la diversidad y la polémica. El silencio no hará otra cosa que admitir que, también para la oposición, todo está permitido. Que no hay límites.
Para los ciudadanos, sería repugnante.
Ricardo Lafferriere.
Frank Fanon –y el propio Sartre- analizaron en su momento esta técnica, utilizada por los colonialistas en Africa y por los nazis en Europa. Perdida la condición humana, el trato al contrario queda liberado de la obligación de respeto, cualquiera sea su fuente - religiosa, filosófica o simplemente moral-.
Y a partir de allí, todos los caminos de lucha se abren. Las formas construidas por la humanidad para hacer posible las visiones diferentes y, a la vez, convivir –cuya elaboración más sofisticada es la democracia política- deja paso al “puro poder”, que termina definiendo el triunfo de una visión u otra con desconocimiento de las necesidades de acuerdo por la “otredad” que impone la convivencia.
Que esta actitud haya sido propia de los colonialistas tratando de “monos” a los trabajadores negros, o de los nazis tratando de “ratas” a los judíos es, a esta altura, una repugnante anécdota de la historia humana cuyas consecuencias fueron genocidios, masacres y ríos de sangre. Deja de ser sólo una anécdota cuando un presidente en ejercicio utiliza la animalización de sus adversarios en un acto político en el que la “corte” no sólo escucha, sino que aplaude, al igual que muchos de quienes asisten, frente a la pasmada plaza pública televisiva que amplifica el mensaje al infinito.
La “ejemplaridad del poder” toma aquí el peligroso papel del instigador, máxime al darse a pocos días del salvaje asesinato político de Mariano Ferreyra, realizado por sicarios sindicales del principal aliado del gobierno que ha sido confirmado como tal por la actual “juventud maravillosa” de La Cámpora y el propio Jefe de Gabinete; y el rápido contagio de estructuras de poder que, aunque surgidas en sus lejanos comienzos del propio pensamiento de izquierda, han olvidado hace tiempo lo mejor de la historia progresista –la tolerancia, la libertad, el pluralismo, el respeto por la opinión ajena, la celosa defensa de los derechos de las personas- y asumido lo peor del populismo –la violencia, el matonismo, la intolerancia, la descalificación del contrario y el vaciamiento de su condición humana-.
Las expresiones de Cristina Fernández la semana pasada al tratar de “loros” y “monos” a los opositores que no piensan como ella y no ven la realidad con sus anteojeras merecen un pedido de discupas inmediato y expreso en el parlamento, espacio democrático de la diversidad y la polémica. El silencio no hará otra cosa que admitir que, también para la oposición, todo está permitido. Que no hay límites.
Para los ciudadanos, sería repugnante.
Ricardo Lafferriere.
lunes, 25 de octubre de 2010
Salario, jubilaciones y justicia
El 15 de junio de 1964, el Presidente Arturo Umberto Illia promulgaba la ley del Salario Mínimo, Vital y Móvil, sancionada por el Congreso sobre la base de un proyecto de su autoría. La misma norma creaba el Consejo del Salario integrado por representantes del Estado, empresarios y trabajadores, para mantener actualizado su nivel. En sus fundamentos, lejos de las letanías seudideologizadas de los decretos de hoy, simplemente decía que buscaba asegurar el nivel de vida de los trabajadores más pobres con un haber adecuado a sus necesidades básicas.
Los haberes jubilatorios seguirían esos niveles, por cuanto estaba vigente un sistema de determinación de prestaciones previsionales organizado por las Cajas respectivas, que sostenían porcentajes cercanos al haber en actividad –al no descontársele el aporte previsional a los pasivos, que sí realizaban los activos-. Fue la última época del país en paz, funcionando con Estado de Bienestar, crecimiento económico, movilidad social y libertad plena. El peronismo, proscripto desde 1955, concurriría a su primera elección libre triunfando por escaso margen frente al gobierno en la renovación parcial de diputados de 1965.
El 28 de junio de 1966 se acabó esa Argentina. Fuertes intereses económicos y sindicales terminaron convenciendo a los militares del derrocamiento de este gran presidente. Los monopolios de medicamentos, los intereses petroleros y los burócratas sindicales juntaron fuerzas para crear un ambiente de caos social mediante la toma de fábricas, y los sindicalistas se vistieron de traje y corbata para asistir a la jura de Juan Carlos Onganía.
Las décadas siguientes fueron de estancamiento en lo económico y retrocesos en lo social, sosteniendo una densa y confusa lucha política donde se diluyeron paulatinamente los valores que daban cohesión a la sociedad, mientras crecía un desentendimiento visceral que impediría en adelante el diseño de objetivos nacionales compartidos.
El sistema previsional sintió ese retroceso, cuya línea de coherencia dependía exclusivamente del poder que cada sector tuviera para apropiarse de un pedazo de la “torta” económica. Los jubilados, como sector más debil del escenario junto a la niñez, retrocedieron sistemáticamente, tanto como la educación pública. La Argentina otrora orgullosa del trato a los viejos y los niños sistematizó el genocidio silencioso de sus ancianos y el embrutecimiento creciente de sus generaciones jóvenes, que dejaron de destacarse en el continente para pasar a revistar entre los menos capacitados de la región.
El veto de la presidenta –para más, peronista, partido cuyo lider proclamó en su momento el paradigma de niños y ancianos como únicos privilegiados...- avanza un paso significativo en el rumbo de la decadencia. Si el “salario mínimo, vital y movil” es, como lo dice su nombre, el mínimo ingreso compatible con la dignidad humana, sostener que garantizar el 82 % de ese ingreso para los pasivos más pobres “llevaría a la quiebra al Estado” es indignante. Pero se transforma en inmoral si esa misma funcionaria se vanagloria de entregar subsidios desvergonzados a empresarios amigos, financiar nuevos modelos de automóviles a multinacionales, pagar las costosas transmisiones de TV para el fútbol, sostener con cientos de millones de dólares una línea aérea ultradeficitaria o prestar en cincuenta cuotas a quienes quieran comprarse un receptor televisivo de última generación.
La gota que colma el vaso se conoció en estos días: los juzgados de la seguridad social, que atienden los reclamos de los jubilados, tienen que paralizar sus trámites porque corren el riesgo de hundirse –literalmente- por el peso de tantos expedientes, cuyo número se acerca ya al medio millón.
¿Correrá el Estado riesgo de quebrar si paga lo que debe, dando a nuestros viejos un trato parecido a los organismos internacionales de crédito, como hizo Kirchner con el FMI?
Ricardo Lafferriere
Los haberes jubilatorios seguirían esos niveles, por cuanto estaba vigente un sistema de determinación de prestaciones previsionales organizado por las Cajas respectivas, que sostenían porcentajes cercanos al haber en actividad –al no descontársele el aporte previsional a los pasivos, que sí realizaban los activos-. Fue la última época del país en paz, funcionando con Estado de Bienestar, crecimiento económico, movilidad social y libertad plena. El peronismo, proscripto desde 1955, concurriría a su primera elección libre triunfando por escaso margen frente al gobierno en la renovación parcial de diputados de 1965.
El 28 de junio de 1966 se acabó esa Argentina. Fuertes intereses económicos y sindicales terminaron convenciendo a los militares del derrocamiento de este gran presidente. Los monopolios de medicamentos, los intereses petroleros y los burócratas sindicales juntaron fuerzas para crear un ambiente de caos social mediante la toma de fábricas, y los sindicalistas se vistieron de traje y corbata para asistir a la jura de Juan Carlos Onganía.
Las décadas siguientes fueron de estancamiento en lo económico y retrocesos en lo social, sosteniendo una densa y confusa lucha política donde se diluyeron paulatinamente los valores que daban cohesión a la sociedad, mientras crecía un desentendimiento visceral que impediría en adelante el diseño de objetivos nacionales compartidos.
El sistema previsional sintió ese retroceso, cuya línea de coherencia dependía exclusivamente del poder que cada sector tuviera para apropiarse de un pedazo de la “torta” económica. Los jubilados, como sector más debil del escenario junto a la niñez, retrocedieron sistemáticamente, tanto como la educación pública. La Argentina otrora orgullosa del trato a los viejos y los niños sistematizó el genocidio silencioso de sus ancianos y el embrutecimiento creciente de sus generaciones jóvenes, que dejaron de destacarse en el continente para pasar a revistar entre los menos capacitados de la región.
El veto de la presidenta –para más, peronista, partido cuyo lider proclamó en su momento el paradigma de niños y ancianos como únicos privilegiados...- avanza un paso significativo en el rumbo de la decadencia. Si el “salario mínimo, vital y movil” es, como lo dice su nombre, el mínimo ingreso compatible con la dignidad humana, sostener que garantizar el 82 % de ese ingreso para los pasivos más pobres “llevaría a la quiebra al Estado” es indignante. Pero se transforma en inmoral si esa misma funcionaria se vanagloria de entregar subsidios desvergonzados a empresarios amigos, financiar nuevos modelos de automóviles a multinacionales, pagar las costosas transmisiones de TV para el fútbol, sostener con cientos de millones de dólares una línea aérea ultradeficitaria o prestar en cincuenta cuotas a quienes quieran comprarse un receptor televisivo de última generación.
La gota que colma el vaso se conoció en estos días: los juzgados de la seguridad social, que atienden los reclamos de los jubilados, tienen que paralizar sus trámites porque corren el riesgo de hundirse –literalmente- por el peso de tantos expedientes, cuyo número se acerca ya al medio millón.
¿Correrá el Estado riesgo de quebrar si paga lo que debe, dando a nuestros viejos un trato parecido a los organismos internacionales de crédito, como hizo Kirchner con el FMI?
Ricardo Lafferriere
La degradación final del retro-progresismo
No fue siempre que el matrimonio Kirchner abrazó banderas progresistas. No puede negarse, sin embargo, que a partir de su distanciamiento de Carlos Menem, su discurso fue acercándose progresivamente al mismo levantado por los sectores más ortodoxos del progresismo de los setenta. Tampoco que, una vez en el poder, se abrazaron en forma marcada a un “relato” que los auto-caracterizaba como herederos del peronismo montonero, la “JP Regionales” y el camporismo.
Su sinceridad, al comienzo, sólo fue puesta en duda por muy pocos. Quien esto escribe se contaba entre los desconfiados, simplemente por haber analizado su trayectoria política y haber deducido de ella que la adopción de ese posicionamiento era sólo una táctica –como lo fuera, en su momento, de Perón en su exilio- que le permitía buenos réditos en la acumulación de poder.
El propósito de esta nota es, sin embargo, poner la mirada en los socios kirchneristas, más que en los Kirchner. De éstos, ya poco queda por decir. Corrupción ramplona, hipocresía discursiva, conducción política reaccionaria, autoritarismo sectario, manipulación de la opinión pública, en síntesis, valores que la izquierda ha despreciado siempre en su credo oficial.
Por eso mismo, cada día de la gestión kirchnerista que profundizaba el discurso con los hechos, más se acentuaba la contradicción –que ya es insalvable- entre la honesta convicción de izquierda democrática de varios intelectuales y políticos integrantes del “espacio pan-kirchnerista” con la injustificable gestión nacional.
Quien esto escribe no se posiciona en “la derecha”. Desde la Juventud Radical, en sus años jóvenes, luchó por la democracia cuando había dictadura, y ya “mayor”, trabajó por la democracia cuando fue necesario fortalecerla. Desafiando tranquilos consensos inerciales, con una libertad intelectual de la que se enorgullece, intentó siempre aportar al debate de modernización del análisis político buceando en las formas de proyectar en los años que vivimos los valores que animaron la visión progresista desde siempre: libertad, cada vez más libertad. Igualdad de oportunidades, cada vez mayor. Democracia, progresivamente más profunda y participativa. Autonomía personal creciente para todos y cada uno de los argentinos, cada vez más potenciada. Solidaridad como actitud permanente ante las desigualdades, como base del compromiso de la acción pública. Confianza en la iniciativa de las personas, en sus convicciones, compromisos y deseos, en forma individual y en forma asociativa, en lo económico, en lo político y en lo social, como supuestos sacralizados de cualquier gestión de gobierno.
Son los valores que desde la política se entienden consustanciales con el “progresismo”, para encauzar en forma inteligente la imbricación del país en el gigantesco salto de las fuerzas productivas globales, que están aprovechando en forma inteligente todos los países en desarrollo del planeta. Son los necesarios para crecer, potenciar nuestras empresas y capacidad emprendedora, acoplarse al mundo en forma virtuosa, erradicar la tolerancia con el delito y la corrupción, reducir progresivamente la inequidad construyendo el piso de ciudadanía y a la vez, potenciar la responsabilidad de cada uno en la edificación de su propio futuro.
Éste es el camino de los exitosos, y la buena noticia es que dentro de él caben la izquierda y la derecha modernas y plurales. Allí está el espacio de Jose Mujica y de Sebastian Piñera; de Fernando Enrique Cardoso y de Lula da Silva; de Juan Manuel Santos y de Alan García; es el camino de americanos y chinos, rusos y europeos, sudafricanos e indios. No polarizando, sino integrando. No dividiendo, sino sumando. No descalificando, sino respetando.
Sin embargo, este debate no integra la agenda del retro-progresismo criollo. Aferrado a afirmaciones formales de otro paradigma ya extinguido –el de los estados nacionales autónomos, las sociedades cerradas y la ingenua presunción de la política todopoderosa- el retro-progresismo no atina a otras respuestas que intentar encasillar en un molde demodé el denso y cambiante entramado socioeconómico del mundo en formación, que para su inquietud, hace rato llegó a la Argentina.
No le preocupa el crecimiento con la participación de cada vez más personas incluidas en el esfuerzo, la mayor equidad o la profundización de la libertad. Su desorientación ante la realidad lo lleva a reducir sus entusiasmos a los símbolos de otro tiempo, depositados en el rencor reciclado ante viejos generales octogenarios achacados por la edad y enfermedades cuya persecusión es colocada en el centro de la escena de las decisiones nacionales. O en el seguidismo a los antológicos disparates de la presidenta (“la mejor cuadro político que ha dado el peronismo”, Anibal Fernández dixit, -¿?-), los bramidos de su esposo y la justificación cínica de su enriquecimiento ilícito, su desarticulación del estado de derecho, sus cazas de brujas inquisitoriales y su invención de enemigos artificiales con que bombardea la convivencia plural y democrática de un país que quiere vivir tranquilo, al que aislan de la marcha del mundo.
Este gobierno no es progresista. Económicamente, ha profundizado la polarización social y la extrema pobreza a pesar de haberle tocado gestionar durante el mejor momento económico de la historia argentina. Ha paralizado la innovación tecnológica en la industria. Ha desarticulado la producción agropecuaria. Ha reconstruido burocracias parasitarias clientelares. Se han duplicado los habitantes de las villas. Se han multiplicado por tres las personas sin techo. Ha caído a niveles impensables la educación pública. Se ha reducido el margen de libertad de opinión, sometiendo a todos a una política de chantaje y revancha si no acuerdan con la visión oficial (sean éstos empresarios o trabajadores, hombres de campo o periodistas, artistas o militares). Se ha reducido la independencia de la justicia. Se ha convertido al federalismo –integrante fundacional de nuestra democracia, al acercar la gestión a los ciudadanos- en una cáscara vacía. Se ha convertido al parlamento –conquista histórica del progresismo frente al poder concentrado- en una institución formal, ridiculizada y desprestigiada por el nuevo pensamiento único. Nada de eso es progresista, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo político. Es profundamente reaccionario.
Intentar revivir los eslóganes de la guerra fría, el “imperialismo” y aún el más novedoso del “neo-liberalismo” o la crítica superficial de “los noventa” –de los que fueron socios privilegiados- sólo esconde la evasión del debate creador, algo que el progresismo ha despreciado históricamente pero que el retro-progresismo ejecuta diariamente. Fuera de sus sobreactuadas profesiones de fe anti-militares, anti-imperialistas y anti-oligárquicas –todos “anti” ausentes en la agenda de los argentinos de hoy- nada hay que entusiasme de cara al futuro. Ni el diseño de un país deseado, ni el camino para llegar a él, ni algún indicio de cuál es el destino que se persigue. Sólo odio, revanchas a destiempo y miradas hacia atrás. Eso sí: con indisimulada soberbia y la voz admonitoria e impostada. Y mejor, por cadena nacional, por si a alguien se le ocurre mirar o escuchar otra cosa...
Su decadencia ha llegado al punto de la degradación. Sólo pocas miradas sobreviven a este diagnóstico: destacan entre ellas la tenacidad valiente de Juan José Sebrelli, la lúcida capacidad de análisis de Beatríz Sarlo, la prédica insistente de Santiago Kovadloff, las combativas miradas de Marcos Aguinis, el llamado constante a la tolerancia y la modernización discursiva de Luis Gregorich, todos ellos demonizados, a pesar de sus historias, compromisos y aquilatados prestigios, por ser.... ¡de “la derecha”! La última: ¡apoyar el veto de la primer intelectual a la ley del 82 % del Salario Mínimo Vital y Móvil como piso jubilatorio!
Mientras tanto, se siguen aplaudiendo a cuatro manos las caricaturas del atril, los alaridos incendiarios de Bonafini, las patoteadas (¿progresistas?) de Guillermo Moreno y la grotesca acumulación patrimonial del matrimonio, en la mejor demostración que en su obsesión por el “entrismo” en el peronismo –que repite, sin cambios, desde hace cuarenta años- esta “izquierda” perdió en el camino lo mejor de su cultura –el debate, la tolerancia, la honestidad, los derechos de las personas, la libertad sindical, el combate a la pobreza sin la humillación de la clientelización- y fue asumiendo lo peor del populismo –la prepotencia, la verticalidad, la ausencia de debate, la justificación del matonaje y las patotas, la inexistencia de visión de futuro, su adscripción a la deshonestidad personal e intelectual y la reducción de los espacios democráticos-.
“Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”, canta Serrat en su recordado tema “Sinceramente tuyo”. Sin embargo, a pesar del querido catalán, muchos de quienes hemos gastado nuestra vida en luchas que en otros tiempos eran reconocidas como progresistas –como la libertad, los derechos y libertades constitucionales, la honestidad en el desempeño de la función pública, el mejoramiento de la educación popular, el fortalecimiento del federalismo y la vida municipal, la limpieza del sufragio- no podemos menos que sentir tristeza por el desemboque vital de tantos valiosos compatriotas que durante mucho tiempo y a pesar de alinearnos en partidos diferentes consideramos, sin conocer personalmente, “compañeros”, pero de los que nos sentimos hoy tan alejados como si estuviéramos literalmente en las antípodas. No porque nosotros hayamos cambiado los valores, sino porque los vemos enredados en tratar de justificar que robar en la función pública está bien, que humillar a los pobres se justifica, que estafar a los jubilados es “de izquierda”, que violar la ley no es condenable y que destrozar la democracia es progresista.
Ricardo Lafferriere
Su sinceridad, al comienzo, sólo fue puesta en duda por muy pocos. Quien esto escribe se contaba entre los desconfiados, simplemente por haber analizado su trayectoria política y haber deducido de ella que la adopción de ese posicionamiento era sólo una táctica –como lo fuera, en su momento, de Perón en su exilio- que le permitía buenos réditos en la acumulación de poder.
El propósito de esta nota es, sin embargo, poner la mirada en los socios kirchneristas, más que en los Kirchner. De éstos, ya poco queda por decir. Corrupción ramplona, hipocresía discursiva, conducción política reaccionaria, autoritarismo sectario, manipulación de la opinión pública, en síntesis, valores que la izquierda ha despreciado siempre en su credo oficial.
Por eso mismo, cada día de la gestión kirchnerista que profundizaba el discurso con los hechos, más se acentuaba la contradicción –que ya es insalvable- entre la honesta convicción de izquierda democrática de varios intelectuales y políticos integrantes del “espacio pan-kirchnerista” con la injustificable gestión nacional.
Quien esto escribe no se posiciona en “la derecha”. Desde la Juventud Radical, en sus años jóvenes, luchó por la democracia cuando había dictadura, y ya “mayor”, trabajó por la democracia cuando fue necesario fortalecerla. Desafiando tranquilos consensos inerciales, con una libertad intelectual de la que se enorgullece, intentó siempre aportar al debate de modernización del análisis político buceando en las formas de proyectar en los años que vivimos los valores que animaron la visión progresista desde siempre: libertad, cada vez más libertad. Igualdad de oportunidades, cada vez mayor. Democracia, progresivamente más profunda y participativa. Autonomía personal creciente para todos y cada uno de los argentinos, cada vez más potenciada. Solidaridad como actitud permanente ante las desigualdades, como base del compromiso de la acción pública. Confianza en la iniciativa de las personas, en sus convicciones, compromisos y deseos, en forma individual y en forma asociativa, en lo económico, en lo político y en lo social, como supuestos sacralizados de cualquier gestión de gobierno.
Son los valores que desde la política se entienden consustanciales con el “progresismo”, para encauzar en forma inteligente la imbricación del país en el gigantesco salto de las fuerzas productivas globales, que están aprovechando en forma inteligente todos los países en desarrollo del planeta. Son los necesarios para crecer, potenciar nuestras empresas y capacidad emprendedora, acoplarse al mundo en forma virtuosa, erradicar la tolerancia con el delito y la corrupción, reducir progresivamente la inequidad construyendo el piso de ciudadanía y a la vez, potenciar la responsabilidad de cada uno en la edificación de su propio futuro.
Éste es el camino de los exitosos, y la buena noticia es que dentro de él caben la izquierda y la derecha modernas y plurales. Allí está el espacio de Jose Mujica y de Sebastian Piñera; de Fernando Enrique Cardoso y de Lula da Silva; de Juan Manuel Santos y de Alan García; es el camino de americanos y chinos, rusos y europeos, sudafricanos e indios. No polarizando, sino integrando. No dividiendo, sino sumando. No descalificando, sino respetando.
Sin embargo, este debate no integra la agenda del retro-progresismo criollo. Aferrado a afirmaciones formales de otro paradigma ya extinguido –el de los estados nacionales autónomos, las sociedades cerradas y la ingenua presunción de la política todopoderosa- el retro-progresismo no atina a otras respuestas que intentar encasillar en un molde demodé el denso y cambiante entramado socioeconómico del mundo en formación, que para su inquietud, hace rato llegó a la Argentina.
No le preocupa el crecimiento con la participación de cada vez más personas incluidas en el esfuerzo, la mayor equidad o la profundización de la libertad. Su desorientación ante la realidad lo lleva a reducir sus entusiasmos a los símbolos de otro tiempo, depositados en el rencor reciclado ante viejos generales octogenarios achacados por la edad y enfermedades cuya persecusión es colocada en el centro de la escena de las decisiones nacionales. O en el seguidismo a los antológicos disparates de la presidenta (“la mejor cuadro político que ha dado el peronismo”, Anibal Fernández dixit, -¿?-), los bramidos de su esposo y la justificación cínica de su enriquecimiento ilícito, su desarticulación del estado de derecho, sus cazas de brujas inquisitoriales y su invención de enemigos artificiales con que bombardea la convivencia plural y democrática de un país que quiere vivir tranquilo, al que aislan de la marcha del mundo.
Este gobierno no es progresista. Económicamente, ha profundizado la polarización social y la extrema pobreza a pesar de haberle tocado gestionar durante el mejor momento económico de la historia argentina. Ha paralizado la innovación tecnológica en la industria. Ha desarticulado la producción agropecuaria. Ha reconstruido burocracias parasitarias clientelares. Se han duplicado los habitantes de las villas. Se han multiplicado por tres las personas sin techo. Ha caído a niveles impensables la educación pública. Se ha reducido el margen de libertad de opinión, sometiendo a todos a una política de chantaje y revancha si no acuerdan con la visión oficial (sean éstos empresarios o trabajadores, hombres de campo o periodistas, artistas o militares). Se ha reducido la independencia de la justicia. Se ha convertido al federalismo –integrante fundacional de nuestra democracia, al acercar la gestión a los ciudadanos- en una cáscara vacía. Se ha convertido al parlamento –conquista histórica del progresismo frente al poder concentrado- en una institución formal, ridiculizada y desprestigiada por el nuevo pensamiento único. Nada de eso es progresista, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo político. Es profundamente reaccionario.
Intentar revivir los eslóganes de la guerra fría, el “imperialismo” y aún el más novedoso del “neo-liberalismo” o la crítica superficial de “los noventa” –de los que fueron socios privilegiados- sólo esconde la evasión del debate creador, algo que el progresismo ha despreciado históricamente pero que el retro-progresismo ejecuta diariamente. Fuera de sus sobreactuadas profesiones de fe anti-militares, anti-imperialistas y anti-oligárquicas –todos “anti” ausentes en la agenda de los argentinos de hoy- nada hay que entusiasme de cara al futuro. Ni el diseño de un país deseado, ni el camino para llegar a él, ni algún indicio de cuál es el destino que se persigue. Sólo odio, revanchas a destiempo y miradas hacia atrás. Eso sí: con indisimulada soberbia y la voz admonitoria e impostada. Y mejor, por cadena nacional, por si a alguien se le ocurre mirar o escuchar otra cosa...
Su decadencia ha llegado al punto de la degradación. Sólo pocas miradas sobreviven a este diagnóstico: destacan entre ellas la tenacidad valiente de Juan José Sebrelli, la lúcida capacidad de análisis de Beatríz Sarlo, la prédica insistente de Santiago Kovadloff, las combativas miradas de Marcos Aguinis, el llamado constante a la tolerancia y la modernización discursiva de Luis Gregorich, todos ellos demonizados, a pesar de sus historias, compromisos y aquilatados prestigios, por ser.... ¡de “la derecha”! La última: ¡apoyar el veto de la primer intelectual a la ley del 82 % del Salario Mínimo Vital y Móvil como piso jubilatorio!
Mientras tanto, se siguen aplaudiendo a cuatro manos las caricaturas del atril, los alaridos incendiarios de Bonafini, las patoteadas (¿progresistas?) de Guillermo Moreno y la grotesca acumulación patrimonial del matrimonio, en la mejor demostración que en su obsesión por el “entrismo” en el peronismo –que repite, sin cambios, desde hace cuarenta años- esta “izquierda” perdió en el camino lo mejor de su cultura –el debate, la tolerancia, la honestidad, los derechos de las personas, la libertad sindical, el combate a la pobreza sin la humillación de la clientelización- y fue asumiendo lo peor del populismo –la prepotencia, la verticalidad, la ausencia de debate, la justificación del matonaje y las patotas, la inexistencia de visión de futuro, su adscripción a la deshonestidad personal e intelectual y la reducción de los espacios democráticos-.
“Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”, canta Serrat en su recordado tema “Sinceramente tuyo”. Sin embargo, a pesar del querido catalán, muchos de quienes hemos gastado nuestra vida en luchas que en otros tiempos eran reconocidas como progresistas –como la libertad, los derechos y libertades constitucionales, la honestidad en el desempeño de la función pública, el mejoramiento de la educación popular, el fortalecimiento del federalismo y la vida municipal, la limpieza del sufragio- no podemos menos que sentir tristeza por el desemboque vital de tantos valiosos compatriotas que durante mucho tiempo y a pesar de alinearnos en partidos diferentes consideramos, sin conocer personalmente, “compañeros”, pero de los que nos sentimos hoy tan alejados como si estuviéramos literalmente en las antípodas. No porque nosotros hayamos cambiado los valores, sino porque los vemos enredados en tratar de justificar que robar en la función pública está bien, que humillar a los pobres se justifica, que estafar a los jubilados es “de izquierda”, que violar la ley no es condenable y que destrozar la democracia es progresista.
Ricardo Lafferriere
lunes, 4 de octubre de 2010
Seguridad y política
¿Es tan difícil radarizar el norte del país?
Virgilio Palud, Juez Federal de Reconquista, decía a un medio periodístico, hace ya varios años, que un centenar de pistas clandestinas recibían miles de vuelos por año que descargaban mercaderías sin control. El fenómeno se da en diferentes lugares del norte santafecino, Santiago de Estero, Formosa y Salta.
Quienes hemos estado cerca del escenario público en las últimas décadas no podemos dejar de advertir que el reclamo por la radarización comenzó apenas se instaló la democracia. Han transcurrido casi tres décadas y varias administraciones, de diferente signo, pero el proyecto sigue estancado. Los motivos han sido varios, pero el resultado es el mismo: a casi tres décadas de la llegada de la democracia, seguimos sin radares. Y la radarización es el primer vínculo del delito con las redes globales, la primera complicidad.
Es más: no ha logrado sancionarse –como los países vecinos- una ley adecuada de protección de cielos que autorice a la Fuerza Aérea a derribar aviones que desobedezcan en forma repetida la orden de aterrizaje.
Cuando aterrizan los vuelos y sus cargas se trasladan a los camiones encargados de distribuirlas, es demasiado tarde.
¿Es tan difícil coordinar la acción de los organismos de seguridad en las zonas de frontera, las rutas nacionales y las policías provinciales?
Sin esa coordinación entre Gendarmería, Policía Federal, policías provinciales y justicia federal, la tarea es inocua.
¿Es tan difícil detectar a los carteles ya instalados en el conurbano, en Rosario, en Córdoba y en otros lugares del país, y encontrar sus vinculaciones policiales, judiciales, políticas y empresariales?
Sin hacerlo, estamos condenados a que algún operativo esporádico, especialmente focalizado, tape el verdadero desarrollo de redes que están impregnando gran parte del sistema policial, judicial y político argentino, en los niveles nacionales, provinciales y locales.
Las redes mafiosas son el contenedor que expande todas las formas delictivas: narcotráfico, tráfico de personas, desarmaderos, robo de automóviles –principal situación de asesinato-, secuestros extorsivos y –quizás lo más importante- la instalación de una situación de convivencia con espacios delictivos que permite el florecimiento de otras modalidades de delitos, y la cooptación integrantes de las propias fuerzas de seguridad
¿Es tan difícil aplicar la ley tal como está sancionada, en su letra y en su espíritu, para garantizar a los ciudadanos su seguridad personal, sin distorsionar esa aplicación legal con sesudas elucubraciones ideologistas que –curiosamente- terminan coincidiendo en que no es posible hacer nada?
Si esto no se logra, culquier esfuerzo será vano y terminará mostrado como contraejemplo para los cuadros sanos de la policía, la justicia y la política, llevando a ellos el desánimo ante la próspera situación de sus colegas vinculados a las mafias.
Estos interrogantes –y varios similares- enfocan la dramática coyuntura que, como un macabro clivaje histórico, estamos viviendos los argentinos de hoy. El país está justo en el límite de perder definitivamente el control de su orden público, y la responsabilidad central es del cuerpo político. Un concepto se impone: no se nota la existencia de una clara voluntad política de cambiar la situación.
Por supuesto, el mayor responsable es el gobierno nacional, principal “complicidad” en las falencias de acción tanto en el control de las fronteras, del espacio aéreo, de las rutas, del lavado de dinero, de la corrupción vinculada con las mafias a través de algunas dirigencias sindicales, caudillejos territoriales y funcionarios policiales y judiciales. Y de la inexistente coordinación en la lucha anti-delictiva.
Hay responsabilidad también de los gobiernos provinciales y administraciones locales, que en muchos casos toleran vinculaciones mafiosas entre sus cuadros y las redes delictivas que terminan “atándole las manos”.
Pero también hay responsabilidad de la oposición, que no termina de adoptar en su agenda como punto central lo que es un reclamo masivo de los ciudadanos: vivir en paz, con seguridad y la tranquilidad de que se puede transitar por los lugares públicos con las espaldas cubiertas.
La oposición, por razones diversas, no termina de ponerse al frente de una lucha que no admite el “consenso”, indispensable por otra parte para la reconstrucción de la convivencia entre quienes piensan diferentes. El huracán destructor del kirchnerismo ha llevado a muchos dirigentes opositores a descreer del conflicto y buscar afanosamente coincidencias, lo que está bien porque sienta las bases de un país diferente.
Pero ninguna construcción será posible sin destrozar las redes mafiosas. En esa tarea, el imperativo ético no es acordar, sino luchar. Con intransigencia, con firmeza, con inteligencia, con recursos, con claridad de objetivos. Y cuidando también en forma escrupulosa que el fin del kirchnerismo no se traduzca simplemente en un traslado de complicidades, desde el oficialismo en declinación hacia el nuevo oficialismo que resulte su sucesor. La capacidad de permanencia, mutación y mimetización de estas redes es inmensa y trasciende su relación con un solo sector.
No se trata a esta altura de caer en la neutralizante e interminable discusión sobre las causas sociales de la delincuencia. Quienes secuestran y asesinan compatriotas son personas cuya única similitud con la condición humana es su morfología. Se trata de combatirlas con la ley en la mano –ni más, pero tampoco menos-, sin concesiones ni complicidades. Nada tienen en común la Argentina deseada.
El desprestigio de la política difícilmente se revierta si la ciudadanía no percibe que el principal problema argentino, la macabra danza de muerte con la que se ve obligada a convivir todos los días, está instalado tan fuertemente en la agenda de los dirigentes como en la insoportable ansiedad que los argentinos deben sufrir en cada momento de su vida.
Ricardo Lafferriere
Virgilio Palud, Juez Federal de Reconquista, decía a un medio periodístico, hace ya varios años, que un centenar de pistas clandestinas recibían miles de vuelos por año que descargaban mercaderías sin control. El fenómeno se da en diferentes lugares del norte santafecino, Santiago de Estero, Formosa y Salta.
Quienes hemos estado cerca del escenario público en las últimas décadas no podemos dejar de advertir que el reclamo por la radarización comenzó apenas se instaló la democracia. Han transcurrido casi tres décadas y varias administraciones, de diferente signo, pero el proyecto sigue estancado. Los motivos han sido varios, pero el resultado es el mismo: a casi tres décadas de la llegada de la democracia, seguimos sin radares. Y la radarización es el primer vínculo del delito con las redes globales, la primera complicidad.
Es más: no ha logrado sancionarse –como los países vecinos- una ley adecuada de protección de cielos que autorice a la Fuerza Aérea a derribar aviones que desobedezcan en forma repetida la orden de aterrizaje.
Cuando aterrizan los vuelos y sus cargas se trasladan a los camiones encargados de distribuirlas, es demasiado tarde.
¿Es tan difícil coordinar la acción de los organismos de seguridad en las zonas de frontera, las rutas nacionales y las policías provinciales?
Sin esa coordinación entre Gendarmería, Policía Federal, policías provinciales y justicia federal, la tarea es inocua.
¿Es tan difícil detectar a los carteles ya instalados en el conurbano, en Rosario, en Córdoba y en otros lugares del país, y encontrar sus vinculaciones policiales, judiciales, políticas y empresariales?
Sin hacerlo, estamos condenados a que algún operativo esporádico, especialmente focalizado, tape el verdadero desarrollo de redes que están impregnando gran parte del sistema policial, judicial y político argentino, en los niveles nacionales, provinciales y locales.
Las redes mafiosas son el contenedor que expande todas las formas delictivas: narcotráfico, tráfico de personas, desarmaderos, robo de automóviles –principal situación de asesinato-, secuestros extorsivos y –quizás lo más importante- la instalación de una situación de convivencia con espacios delictivos que permite el florecimiento de otras modalidades de delitos, y la cooptación integrantes de las propias fuerzas de seguridad
¿Es tan difícil aplicar la ley tal como está sancionada, en su letra y en su espíritu, para garantizar a los ciudadanos su seguridad personal, sin distorsionar esa aplicación legal con sesudas elucubraciones ideologistas que –curiosamente- terminan coincidiendo en que no es posible hacer nada?
Si esto no se logra, culquier esfuerzo será vano y terminará mostrado como contraejemplo para los cuadros sanos de la policía, la justicia y la política, llevando a ellos el desánimo ante la próspera situación de sus colegas vinculados a las mafias.
Estos interrogantes –y varios similares- enfocan la dramática coyuntura que, como un macabro clivaje histórico, estamos viviendos los argentinos de hoy. El país está justo en el límite de perder definitivamente el control de su orden público, y la responsabilidad central es del cuerpo político. Un concepto se impone: no se nota la existencia de una clara voluntad política de cambiar la situación.
Por supuesto, el mayor responsable es el gobierno nacional, principal “complicidad” en las falencias de acción tanto en el control de las fronteras, del espacio aéreo, de las rutas, del lavado de dinero, de la corrupción vinculada con las mafias a través de algunas dirigencias sindicales, caudillejos territoriales y funcionarios policiales y judiciales. Y de la inexistente coordinación en la lucha anti-delictiva.
Hay responsabilidad también de los gobiernos provinciales y administraciones locales, que en muchos casos toleran vinculaciones mafiosas entre sus cuadros y las redes delictivas que terminan “atándole las manos”.
Pero también hay responsabilidad de la oposición, que no termina de adoptar en su agenda como punto central lo que es un reclamo masivo de los ciudadanos: vivir en paz, con seguridad y la tranquilidad de que se puede transitar por los lugares públicos con las espaldas cubiertas.
La oposición, por razones diversas, no termina de ponerse al frente de una lucha que no admite el “consenso”, indispensable por otra parte para la reconstrucción de la convivencia entre quienes piensan diferentes. El huracán destructor del kirchnerismo ha llevado a muchos dirigentes opositores a descreer del conflicto y buscar afanosamente coincidencias, lo que está bien porque sienta las bases de un país diferente.
Pero ninguna construcción será posible sin destrozar las redes mafiosas. En esa tarea, el imperativo ético no es acordar, sino luchar. Con intransigencia, con firmeza, con inteligencia, con recursos, con claridad de objetivos. Y cuidando también en forma escrupulosa que el fin del kirchnerismo no se traduzca simplemente en un traslado de complicidades, desde el oficialismo en declinación hacia el nuevo oficialismo que resulte su sucesor. La capacidad de permanencia, mutación y mimetización de estas redes es inmensa y trasciende su relación con un solo sector.
No se trata a esta altura de caer en la neutralizante e interminable discusión sobre las causas sociales de la delincuencia. Quienes secuestran y asesinan compatriotas son personas cuya única similitud con la condición humana es su morfología. Se trata de combatirlas con la ley en la mano –ni más, pero tampoco menos-, sin concesiones ni complicidades. Nada tienen en común la Argentina deseada.
El desprestigio de la política difícilmente se revierta si la ciudadanía no percibe que el principal problema argentino, la macabra danza de muerte con la que se ve obligada a convivir todos los días, está instalado tan fuertemente en la agenda de los dirigentes como en la insoportable ansiedad que los argentinos deben sufrir en cada momento de su vida.
Ricardo Lafferriere
Nerviosismo y obscenidad
Una extraña sensación va impregnando lenta pero inexorablemente el espíritu de los argentinos. Se siente como una inquietud indefinida, que sin embargo responde a un cúmulo de evidencias impuestas por la realidad, como un “deja vu” que recuerda las escenas de una película repetida.
La forma más rápida de definirla sería “inseguridad”, pero no se trata ya sólo de la incertidumbre sobre las cuestiones vitales y filosóficas, las relacionadas con el sentido de la vida, el misterio de la muerte o la existencia de Dios. Incluso van más más allá de la incógnita sobre si volverán con vida cada vez que salen de su casa. Es más amplia, y se extiende también a no saber “dónde está parado” cada uno. Perciben que están ocurriendo cosas en la realidad que no se ve, porque la experiencia de tantas crisis acumuladas les –nos- ha dejado una capacidad de percepción hipersensibilizada para darnos cuenta de que esos movimientos subterráneos eclosionarán, aunque no está claro cuándo, ni por dónde.
Esto provoca un estado de nerviosismo y excitabilidad que se nota en cada interacción con los demás, en la calle o en el tránsito, en el trabajo, en el hogar o en los colegios. Los argentinos están al borde de un ataque de nervios.
La inflación ha llegado, además, para golpear cada pequeño contrato: al comprar las provisiones en el supermercado, al enterarse de las facturas de la educación o la salud, al escuchar que habrá un incremento de más del 200 % en las tarifas de servicios públicos, o al impedir los “gustitos” que dan condimento a la vida pero que terminan cortándose en la ilusión de que el pequeño ahorro que implica no tomarse un cafecito los domingos leyendo el diario, suspendiendo las salidas al cine o a cenar o postergando indefinidamente la siempre pendiente compra de una camisa nueva, un par de zapatos o de un juego de ropa interior nivelará las cuentas mensuales que ya han entrado en un estado irreversible de desequilibrio.
La ilusión monetaria de los aumentos del 25 o 30 % -18 para los jubilados- ha sido sucedida por una fortísima “desilusión monetaria”, en la que comienzan a pesar las alegres cuotas a cincuenta meses con las que se pretendió “ganarle a la inflación adelantando consumos”. Hoy, cumplir con la cuota del televisor LCD implica privarse de comprar frutas u hortalizas, y ni hablar del asado de los domingos.
Pero además, está esa percepción de que no vamos bien. La intuición de que no hay inversión, ni crecimiento, ni mayor producción; que la estabilidad en el trabajo vuelve a peligrar, que la empresa comienza a tener problemas y que no se avizora un cambio de escenario. Todos sienten que la pareja presidencial está sembrando de explosivos los meses posteriores al final de su mandato, creando deudas por doquier, vaciando todas las cajas, consumiendo todos los ahorros y haciendo del horizonte pos-K un campo minado. Y saben que ese campo minado será activado si gana la oposición, pero que explotará también si gana el oficialismo, que, ensoberbecido por su eventual éxito, no tendrá freno alguno para sus desbordes.
Las declaraciones de la presidenta sobre la justicia inquietan aún más. “Obscena”, calificó a la decisión judicial que respondió a una acción de los usuarios de Fibertel, arbitrariamente “declarada desaparecida” por la administración kirchnerista.
“Que ofende al pudor deliberadamente”, define la Academia a esa palabra. Los argentinos la conocen. La aplican a la utilización desenfrenada de la flota de aviones presidenciales para llevar y traer a la familia presidencial del Calafate, a pesar de que le pagan a la “primera familia” un chalet con todo incluído en Olivos, para que no tengan que gastar de su peculio para desempeñar sus funciones dignamente. También a la utilización de la flota de autos oficiales facilitados por empresas que necesitan favores del gobierno. O al enriquecimiento de funcionarios del riñón político del kirchnerismo. Y a las negociones particulares del ex presidente y actual diputado, utilizando el poder y la información privilegiada para negocios privados en el mercado cambiario y aún para favorecer sus explotaciones turísticas.
Obscena es la escena de los compatriotas durmiendo en los zaguanes, en cantidades que no se veían desde hace décadas y obscena es la utilización de los derechos humanos como escudo protector de mafias y negociados. Obscena ha sido para los argentinos la aparición de bolsos con decenas de miles de dólares en despachos ministeriales y obsceno también el intento de contrabando de cientos de miles de dólares destinados a la campaña presidencial de CK. Tanto como la manipulación de los precios, la sujeción a autorizaciones políticas de importaciones y exportaciones y las persecusiones a empresarios que no aceptan o insinúan una resistencia al chantaje K.
Obscena es la falsificación de medicamentos en obras sociales gerenciadas por mafias de sindicalistas-estancieros, asociados al gobierno. Y obscena es la vinculación de las otras –o las mismas- mafias del narcotráfico formalizando complicidades con el poder y “atando las manos” a quienes se apoyan en ellas para llegar al gobierno.
Son muchas las obscenidades que debieran ser denunciadas por la presidenta. Tantas, que el enorme silencio con el que la agenda oficial las trata hace banal el sentimiento de “obscenidad” que, sorpresivamente, la presidenta siente por un simple fallo judicial que no la afecta, sino que defiende lo que la justicia tiene que defender: no los derechos del poder, sino los derechos de las personas. Para eso está. Cuando deje de hacer eso, se hace innecesaria. Y significará que ha desaparecido totalmente el estado de derecho.
Por eso la inquietud. Porque los argentinos comunes, los que no tienen posibilidades de cambiar el minué del escenario pero sufren las consecuencias de sus dislates, no ven hoy un camino claro sino que, al contrario, sienten que todo se complica cada día que pasa. No porque las cosas salgan mal debido a algún maleficio o capricho del destino, sino porque perciben que nadie en el gobierno se ocupa de que se arreglen.
Ricardo Lafferriere
La forma más rápida de definirla sería “inseguridad”, pero no se trata ya sólo de la incertidumbre sobre las cuestiones vitales y filosóficas, las relacionadas con el sentido de la vida, el misterio de la muerte o la existencia de Dios. Incluso van más más allá de la incógnita sobre si volverán con vida cada vez que salen de su casa. Es más amplia, y se extiende también a no saber “dónde está parado” cada uno. Perciben que están ocurriendo cosas en la realidad que no se ve, porque la experiencia de tantas crisis acumuladas les –nos- ha dejado una capacidad de percepción hipersensibilizada para darnos cuenta de que esos movimientos subterráneos eclosionarán, aunque no está claro cuándo, ni por dónde.
Esto provoca un estado de nerviosismo y excitabilidad que se nota en cada interacción con los demás, en la calle o en el tránsito, en el trabajo, en el hogar o en los colegios. Los argentinos están al borde de un ataque de nervios.
La inflación ha llegado, además, para golpear cada pequeño contrato: al comprar las provisiones en el supermercado, al enterarse de las facturas de la educación o la salud, al escuchar que habrá un incremento de más del 200 % en las tarifas de servicios públicos, o al impedir los “gustitos” que dan condimento a la vida pero que terminan cortándose en la ilusión de que el pequeño ahorro que implica no tomarse un cafecito los domingos leyendo el diario, suspendiendo las salidas al cine o a cenar o postergando indefinidamente la siempre pendiente compra de una camisa nueva, un par de zapatos o de un juego de ropa interior nivelará las cuentas mensuales que ya han entrado en un estado irreversible de desequilibrio.
La ilusión monetaria de los aumentos del 25 o 30 % -18 para los jubilados- ha sido sucedida por una fortísima “desilusión monetaria”, en la que comienzan a pesar las alegres cuotas a cincuenta meses con las que se pretendió “ganarle a la inflación adelantando consumos”. Hoy, cumplir con la cuota del televisor LCD implica privarse de comprar frutas u hortalizas, y ni hablar del asado de los domingos.
Pero además, está esa percepción de que no vamos bien. La intuición de que no hay inversión, ni crecimiento, ni mayor producción; que la estabilidad en el trabajo vuelve a peligrar, que la empresa comienza a tener problemas y que no se avizora un cambio de escenario. Todos sienten que la pareja presidencial está sembrando de explosivos los meses posteriores al final de su mandato, creando deudas por doquier, vaciando todas las cajas, consumiendo todos los ahorros y haciendo del horizonte pos-K un campo minado. Y saben que ese campo minado será activado si gana la oposición, pero que explotará también si gana el oficialismo, que, ensoberbecido por su eventual éxito, no tendrá freno alguno para sus desbordes.
Las declaraciones de la presidenta sobre la justicia inquietan aún más. “Obscena”, calificó a la decisión judicial que respondió a una acción de los usuarios de Fibertel, arbitrariamente “declarada desaparecida” por la administración kirchnerista.
“Que ofende al pudor deliberadamente”, define la Academia a esa palabra. Los argentinos la conocen. La aplican a la utilización desenfrenada de la flota de aviones presidenciales para llevar y traer a la familia presidencial del Calafate, a pesar de que le pagan a la “primera familia” un chalet con todo incluído en Olivos, para que no tengan que gastar de su peculio para desempeñar sus funciones dignamente. También a la utilización de la flota de autos oficiales facilitados por empresas que necesitan favores del gobierno. O al enriquecimiento de funcionarios del riñón político del kirchnerismo. Y a las negociones particulares del ex presidente y actual diputado, utilizando el poder y la información privilegiada para negocios privados en el mercado cambiario y aún para favorecer sus explotaciones turísticas.
Obscena es la escena de los compatriotas durmiendo en los zaguanes, en cantidades que no se veían desde hace décadas y obscena es la utilización de los derechos humanos como escudo protector de mafias y negociados. Obscena ha sido para los argentinos la aparición de bolsos con decenas de miles de dólares en despachos ministeriales y obsceno también el intento de contrabando de cientos de miles de dólares destinados a la campaña presidencial de CK. Tanto como la manipulación de los precios, la sujeción a autorizaciones políticas de importaciones y exportaciones y las persecusiones a empresarios que no aceptan o insinúan una resistencia al chantaje K.
Obscena es la falsificación de medicamentos en obras sociales gerenciadas por mafias de sindicalistas-estancieros, asociados al gobierno. Y obscena es la vinculación de las otras –o las mismas- mafias del narcotráfico formalizando complicidades con el poder y “atando las manos” a quienes se apoyan en ellas para llegar al gobierno.
Son muchas las obscenidades que debieran ser denunciadas por la presidenta. Tantas, que el enorme silencio con el que la agenda oficial las trata hace banal el sentimiento de “obscenidad” que, sorpresivamente, la presidenta siente por un simple fallo judicial que no la afecta, sino que defiende lo que la justicia tiene que defender: no los derechos del poder, sino los derechos de las personas. Para eso está. Cuando deje de hacer eso, se hace innecesaria. Y significará que ha desaparecido totalmente el estado de derecho.
Por eso la inquietud. Porque los argentinos comunes, los que no tienen posibilidades de cambiar el minué del escenario pero sufren las consecuencias de sus dislates, no ven hoy un camino claro sino que, al contrario, sienten que todo se complica cada día que pasa. No porque las cosas salgan mal debido a algún maleficio o capricho del destino, sino porque perciben que nadie en el gobierno se ocupa de que se arreglen.
Ricardo Lafferriere
martes, 14 de septiembre de 2010
Democracia y mercado
La democracia surgió en Europa como una rebelión de las personas comunes para limitar el poder del Estado absolutista, en un proceso que comenzó en el siglo XIII en Inglaterra (Carta Magna, 1215) y se extendió hasta la Revolución Francesa (1789). Su consigna de lucha fueron “las leyes”, de alcance neutral y general, resguardando para las personas el marco de libertad frente al que debía rendirse la discrecionalidad del poder. Entre esas libertades, la de trabajar, producir, comerciar, comprar y vender, eran motivadoras frente a la discrecionalidad de los señores feudales, obispos y reyezuelos que decidían en forma autoritaria qué se podía hacer, el monto de las contribuciones e impuestos y los escasos islotes de autonomía personal autorizados a los ciudadanos. Democracia y mercado, en un comienzo, fueron sinónimos. Los unificaba la consigna democrática. Frente a ambos, estaba el poder.
Las revoluciones liberales cambiaron la ecuación. Vencido el poder absoluto de las monarquías, el Estado comenzó a reflejar una realidad más compleja, convirtiéndose en el campo de lucha de los diferentes intereses que pugnaban en el capitalismo originario. Los sectores más dinámicos y pudientes no tardaron en ponerlo a su servicio, para terminar con los restos de los privilegios feudales, pero abrieron el camino a nuevas injusticias traducidas en la desprotección que implicaban las reglas de funcionamiento “neutral” al aplicarse a personas con diferentes posiciones económicas. Y cuando el trabajo se identificó a una mercancía, democracia y mercado comenzaron a ver crujir sus viejas solidaridades.
El Estado ayudó al capitalismo a desarrollarse, porque era la única forma de crecimiento económico conocido. La opción feudal no era alternativa, en un momento en que la carrera se había lanzado aceleradamente en el plano internacional y el crecimiento económico era identificado con el poder nacional. Hoy, y luego de la implosión del sistema que se pretendió a sí mismo como “superador” del capitalismo, no queda en el mundo otro sistema económico que el capitalista, adoptado no sólo por sus países “bandera”, sino por los ex - socialistas de Europa Oriental, Rusia, China y hasta por los protagonistas de los nuevos conflictos, como los integristas islámicos, capitalistas más extremos que los propios Estados Unidos, porque no lo conciben asentado en la democracia sino en dogmas religiosos.
El siglo XX fue testigo de toda clase de combinaciones, asociaciones y divergencias. La tendencia fue un fuerte avance de los Estados ante el mercado liderados por las visiones más extremas, el comunismo y los fascismos, pero seguidos por las democracias occidentales que sostuvieron la necesidad de Estados con fuerte intervención en la economía tanto en Gran Bretaña, Francia y los países nórdicos, como en los propios Estados Unidos en que el Estado no interviene como propietario pero decide objetivos y los sostiene con gasto público. Hasta que llegó la globalización.
Las grandes novedades de la globalización en este campo de análisis son la debilidad creciente del poder político para disciplinar al capital, que sortea los bordes nacionales y se maneja con el mundo como único mercado, por un lado; y el surgimiento de los ciudadanos como protagonistas directos, potenciados por la exponencial revolución de las comunicaciones y la Internet, que convierten al mundo en un dedal, invierten el panóptico foucaultiano y provoca que en lugar de sentirse observadas por el poder al estilo de lo predicho por Orwell en “1984”, las personas adquieren la potestad de observar hasta los pliegues más intimos del poder, que comienza a estar arrinconado por una situación que no había conocido nunca. El “secreto”, fundamento central de su tradicional imperio frente a las personas, fue carcomido en diferentes frentes hasta hacer al poder extremadamente vulnerable a inciativas que pueden surgir de cualquier lado, de manera imprevista e imprevisible, debilitándolo y neutralizándolo.
Por supuesto que el proceso no es lineal y subsisten Estados más autoritarios y más disciplinados, frente a otros en los que el protagonismo ciudadano es más directo. Pero un rápido recorrido a la prensa internacional muestra la tendencia en forma indiscutible: los ciudadanos hoy no sólo tienen menos temor de los Estados, sino que se sienten más convencidos que nunca de sus derechos para reclamar, exigir, controlar y denunciar, en todos lados del mundo. No sienten que los Estados sean la expresión de la democracia, sino que, por el contrario, más veces de las convenientes son identificados con intereses que coartan libertades, generan más problemas que los que arreglan, y producen más mortificaciones que felicidad en los ciudadanos comunes. Estado y democracia no son ya sinónimos, y la primera reacción de las personas frente al Estado no es de solidaridad, simpatía y apoyo sino de recelo, antipatía y autodefensa.
El resultado en nuestra reflexión no se hizo esperar. Mercado y democracia vuelven a protagonizar un juego diferente y, en ocasiones, a mostrarse nuevamente juntos, esta vez asentados en dos grandes tendencias: el poder de los ciudadanos, que ya no aceptan que el Estado les indique qué comprar, qué vender, qué producir, qué comerciar o a qué precio hacerlo, o directamente qué hacer con sus vidas; y el poder del capital, que se encuentra en condiciones de evadir cualquier intento del Estado de volver a disciplinarlo en temas que son propios de su órden de funcionamiento (en términos pascalianos), por los mecanismos de la economía globalizada. El Estado, por su parte, ha perdido gran parte de su representatividad social y ha quedado reducido en el mejor de los casos a expresar los intereses de diferentes “nomenclaturas” que, en rigor, no se representan más que a sí mismas y en el peor a convertirse en una herramienta de captación corrupta de recursos para las camarillas que han llegado a detentarlo. Será necesario un titánico esfuerzo ético y un profundo cambio de la conducta política para recuperar la confianza y la credibilidad de los ciudadanos y reconstruir los lazos de la representación política.
Ese es el escenario actual, que llegamos a ver en la Argentina. Los ciudadanos se sintieron cerca de los productores agropecuarios, en su lucha defendiéndose del Estado. Se ubican mayoritariamente del lado de las empresas bloqueadas por las patotas sindicales ligadas al Estado. De la misma manera, están mayoritariamente al lado de Fibertel, o de Cablevisión, atacados por el poder. Y a pesar de la tradicional descofianza en los grandes multimedios, está claro que hasta Clarín les inspira más simpatía que Kirchner en un contradictorio que ya descalificaron como autoritario y tendencioso.... por no hablar del affaire de “Papel Prensa”, en el que mayoritariamente las personas se ubican en las antípodas del Estado y cerca de los medios privados.
¿Esto quiere decir que se ha recreado la alianza originaria entre mercado y democracia, y vuelven a ser sinónimos? Aunque la respuesta debe ser necesariamente matizada, las democracias más modernas, aún las “socialistas” como las lideradas por José Mujica, Lula o Rodríguez Zapatero son claramente pro-mercado. Y aunque la cuestión está lejos de merecer una opinión lineal, lo que está claro es que considerarlos enemigos sistémicos y permanentes es aventurado ya que, por el contrario, puestos a optar y aunque mantengan recelos claros y justificados frente al mercado y sus tendencias monopólicas, los ciudadanos parecen preferir la libertad de elegir entre opciones plurales en mercados abiertos a los dudosos beneficios de las decisiones impuestas desde el poder, en nombre de presuntos intereses de “mayorías” que no creen en él ni lo sienten de su lado.
Ricardo Lafferriere
Las revoluciones liberales cambiaron la ecuación. Vencido el poder absoluto de las monarquías, el Estado comenzó a reflejar una realidad más compleja, convirtiéndose en el campo de lucha de los diferentes intereses que pugnaban en el capitalismo originario. Los sectores más dinámicos y pudientes no tardaron en ponerlo a su servicio, para terminar con los restos de los privilegios feudales, pero abrieron el camino a nuevas injusticias traducidas en la desprotección que implicaban las reglas de funcionamiento “neutral” al aplicarse a personas con diferentes posiciones económicas. Y cuando el trabajo se identificó a una mercancía, democracia y mercado comenzaron a ver crujir sus viejas solidaridades.
El Estado ayudó al capitalismo a desarrollarse, porque era la única forma de crecimiento económico conocido. La opción feudal no era alternativa, en un momento en que la carrera se había lanzado aceleradamente en el plano internacional y el crecimiento económico era identificado con el poder nacional. Hoy, y luego de la implosión del sistema que se pretendió a sí mismo como “superador” del capitalismo, no queda en el mundo otro sistema económico que el capitalista, adoptado no sólo por sus países “bandera”, sino por los ex - socialistas de Europa Oriental, Rusia, China y hasta por los protagonistas de los nuevos conflictos, como los integristas islámicos, capitalistas más extremos que los propios Estados Unidos, porque no lo conciben asentado en la democracia sino en dogmas religiosos.
El siglo XX fue testigo de toda clase de combinaciones, asociaciones y divergencias. La tendencia fue un fuerte avance de los Estados ante el mercado liderados por las visiones más extremas, el comunismo y los fascismos, pero seguidos por las democracias occidentales que sostuvieron la necesidad de Estados con fuerte intervención en la economía tanto en Gran Bretaña, Francia y los países nórdicos, como en los propios Estados Unidos en que el Estado no interviene como propietario pero decide objetivos y los sostiene con gasto público. Hasta que llegó la globalización.
Las grandes novedades de la globalización en este campo de análisis son la debilidad creciente del poder político para disciplinar al capital, que sortea los bordes nacionales y se maneja con el mundo como único mercado, por un lado; y el surgimiento de los ciudadanos como protagonistas directos, potenciados por la exponencial revolución de las comunicaciones y la Internet, que convierten al mundo en un dedal, invierten el panóptico foucaultiano y provoca que en lugar de sentirse observadas por el poder al estilo de lo predicho por Orwell en “1984”, las personas adquieren la potestad de observar hasta los pliegues más intimos del poder, que comienza a estar arrinconado por una situación que no había conocido nunca. El “secreto”, fundamento central de su tradicional imperio frente a las personas, fue carcomido en diferentes frentes hasta hacer al poder extremadamente vulnerable a inciativas que pueden surgir de cualquier lado, de manera imprevista e imprevisible, debilitándolo y neutralizándolo.
Por supuesto que el proceso no es lineal y subsisten Estados más autoritarios y más disciplinados, frente a otros en los que el protagonismo ciudadano es más directo. Pero un rápido recorrido a la prensa internacional muestra la tendencia en forma indiscutible: los ciudadanos hoy no sólo tienen menos temor de los Estados, sino que se sienten más convencidos que nunca de sus derechos para reclamar, exigir, controlar y denunciar, en todos lados del mundo. No sienten que los Estados sean la expresión de la democracia, sino que, por el contrario, más veces de las convenientes son identificados con intereses que coartan libertades, generan más problemas que los que arreglan, y producen más mortificaciones que felicidad en los ciudadanos comunes. Estado y democracia no son ya sinónimos, y la primera reacción de las personas frente al Estado no es de solidaridad, simpatía y apoyo sino de recelo, antipatía y autodefensa.
El resultado en nuestra reflexión no se hizo esperar. Mercado y democracia vuelven a protagonizar un juego diferente y, en ocasiones, a mostrarse nuevamente juntos, esta vez asentados en dos grandes tendencias: el poder de los ciudadanos, que ya no aceptan que el Estado les indique qué comprar, qué vender, qué producir, qué comerciar o a qué precio hacerlo, o directamente qué hacer con sus vidas; y el poder del capital, que se encuentra en condiciones de evadir cualquier intento del Estado de volver a disciplinarlo en temas que son propios de su órden de funcionamiento (en términos pascalianos), por los mecanismos de la economía globalizada. El Estado, por su parte, ha perdido gran parte de su representatividad social y ha quedado reducido en el mejor de los casos a expresar los intereses de diferentes “nomenclaturas” que, en rigor, no se representan más que a sí mismas y en el peor a convertirse en una herramienta de captación corrupta de recursos para las camarillas que han llegado a detentarlo. Será necesario un titánico esfuerzo ético y un profundo cambio de la conducta política para recuperar la confianza y la credibilidad de los ciudadanos y reconstruir los lazos de la representación política.
Ese es el escenario actual, que llegamos a ver en la Argentina. Los ciudadanos se sintieron cerca de los productores agropecuarios, en su lucha defendiéndose del Estado. Se ubican mayoritariamente del lado de las empresas bloqueadas por las patotas sindicales ligadas al Estado. De la misma manera, están mayoritariamente al lado de Fibertel, o de Cablevisión, atacados por el poder. Y a pesar de la tradicional descofianza en los grandes multimedios, está claro que hasta Clarín les inspira más simpatía que Kirchner en un contradictorio que ya descalificaron como autoritario y tendencioso.... por no hablar del affaire de “Papel Prensa”, en el que mayoritariamente las personas se ubican en las antípodas del Estado y cerca de los medios privados.
¿Esto quiere decir que se ha recreado la alianza originaria entre mercado y democracia, y vuelven a ser sinónimos? Aunque la respuesta debe ser necesariamente matizada, las democracias más modernas, aún las “socialistas” como las lideradas por José Mujica, Lula o Rodríguez Zapatero son claramente pro-mercado. Y aunque la cuestión está lejos de merecer una opinión lineal, lo que está claro es que considerarlos enemigos sistémicos y permanentes es aventurado ya que, por el contrario, puestos a optar y aunque mantengan recelos claros y justificados frente al mercado y sus tendencias monopólicas, los ciudadanos parecen preferir la libertad de elegir entre opciones plurales en mercados abiertos a los dudosos beneficios de las decisiones impuestas desde el poder, en nombre de presuntos intereses de “mayorías” que no creen en él ni lo sienten de su lado.
Ricardo Lafferriere
Importamos carne...
Hace tres años, cuando la ex Ministra de Economía Felisa Micelli decidió prohibir la exportación de carnes con el argumento que “en el exterior, su precio es demasiado caro” y que volveríamos a exportar “cuando baje”, sostuvimos que ese absurdo razonamiento económico condenaría a la Argentina a desmantelamiento de su sector ganadero, y a la importación de carne.
Por supuesto que nuestra voz no fue un reclamo solitario. Simplemente se sumó al reclamo de miles de productores que no necesitaban los títulos académicos de la ministra para saber algo que surge del sentido común: si no hay precios compensatorios, cualquier actividad desaparece. Nadie trabajará sabiendo que en lugar de ganar, pierde.
En aque momento decíamos que esa argumentación retrocedía a tiempos anteriores a la Representación de los Hacendados, redactada por Mariano Moreno y considerada una fuente de la Revolución de Mayo, e incluso era previa al pensamiento de nuestro primer economista, Manuel Belgrano.
Las noticias de hoy nos confirman que aquella advertencia, que en el momento en que fue emitida parecía ciencia ficción, se está convirtiendo en una increíble realidad: la Argentina está importando carne cada vez en mayor cantidad.
El beneficiario de esta necesidad argentina es nuestro vecino Uruguay, que en un año ha visto crecer sus exportaciones de carnes a la Argentina en un 70 %.
Uruguay siguió una política exactamente inversa a la argentina, con la lúcida gestión del actual presidente José Mujica, quien desde su anterior cargo de Ministro de Agricultura y Ganadería, liberó totalmente la exportación de carnes y logró que su país, contando con un rodeo que es la quinta parte del argentino (apenas 12 millones de cabezas) pudiera exportar 550.000 toneladas al año, mientras que Argentina, con un rodeo que se acercaba –antes del kirchnerismo- a 60 millones de cabezas, no llegara a las 400.000 toneladas.
Hoy, la situación del mercado de carnes es la consecuencia de las políticas destructivas de Kirchner y Moreno. El rodeo ha caído a 48 millones de cabezas, no se ha podido cumplir ni siquiera con la Cuota Hilton y el país está exportando la mitad del tonelaje de carnes que exporta Uruguay.
Pero eso no es lo peor: la carne está desapareciendo de las carnicerías y góndolas, simplemente porque no hay. La destrucción del stock ganadero ha provocado que no exista más ganado, que no se puede fabricar de un día para otro, y eso genera el incremento de su precio a niveles que superan cualquier presupuesto de hogares populares.
Mientras tanto, el gobierno ha dejado de hablar de la carne, como los niños que cometen una travesura y la silencian para no sentirse responsables. La diferencia es que ya somos grandes y la travesura ha costado a los argentinos poner en camino de su desaparición a una actividad que podría ser pujante y estar sosteniendo a una gran parte de la economía nacional.
Mientras en el Uruguay, decidido a profundizar su revolución ganadera, se terminará este año con la inclusión de la totalidad de su rodeo en el proceso de trazabilidad (que significa que todos los animales producidos tendrán un seguimiento particularizado, desde su nacimiento hasta su faena, en información sobre genética, alimentación, eventuales medicamentos y episodios destacables de su vida), convirtiéndose en el único país de la región con este grado de extensión de la trazabilidad, en la Argentina el Secretario Moreno prosigue con su discrecional manejo de intervención grotesca planeando cupos de fanea, distribución forzosa de lotes a diferentes frigoríficos amigos y manipulación de precios a niveles que, a pesar de su incremento, son inferiores a los costos de producción.
Menos producción, menos exportaciones, menos consumo, menos actividad frigorífica, menos trabajadores, menos impuestos recaudados. Los dos grandes responsables, Néstor Kirchner y Guillermo Moreno, mientras tanto y como si nada pasara, continúan sancionando dislates y tomando medidas con éste y otros sectores, con la impunidad que les otorga saber que, destrocen lo que destrocen, no habrá para ellos sanción alguna.
Ricardo Lafferriere
Por supuesto que nuestra voz no fue un reclamo solitario. Simplemente se sumó al reclamo de miles de productores que no necesitaban los títulos académicos de la ministra para saber algo que surge del sentido común: si no hay precios compensatorios, cualquier actividad desaparece. Nadie trabajará sabiendo que en lugar de ganar, pierde.
En aque momento decíamos que esa argumentación retrocedía a tiempos anteriores a la Representación de los Hacendados, redactada por Mariano Moreno y considerada una fuente de la Revolución de Mayo, e incluso era previa al pensamiento de nuestro primer economista, Manuel Belgrano.
Las noticias de hoy nos confirman que aquella advertencia, que en el momento en que fue emitida parecía ciencia ficción, se está convirtiendo en una increíble realidad: la Argentina está importando carne cada vez en mayor cantidad.
El beneficiario de esta necesidad argentina es nuestro vecino Uruguay, que en un año ha visto crecer sus exportaciones de carnes a la Argentina en un 70 %.
Uruguay siguió una política exactamente inversa a la argentina, con la lúcida gestión del actual presidente José Mujica, quien desde su anterior cargo de Ministro de Agricultura y Ganadería, liberó totalmente la exportación de carnes y logró que su país, contando con un rodeo que es la quinta parte del argentino (apenas 12 millones de cabezas) pudiera exportar 550.000 toneladas al año, mientras que Argentina, con un rodeo que se acercaba –antes del kirchnerismo- a 60 millones de cabezas, no llegara a las 400.000 toneladas.
Hoy, la situación del mercado de carnes es la consecuencia de las políticas destructivas de Kirchner y Moreno. El rodeo ha caído a 48 millones de cabezas, no se ha podido cumplir ni siquiera con la Cuota Hilton y el país está exportando la mitad del tonelaje de carnes que exporta Uruguay.
Pero eso no es lo peor: la carne está desapareciendo de las carnicerías y góndolas, simplemente porque no hay. La destrucción del stock ganadero ha provocado que no exista más ganado, que no se puede fabricar de un día para otro, y eso genera el incremento de su precio a niveles que superan cualquier presupuesto de hogares populares.
Mientras tanto, el gobierno ha dejado de hablar de la carne, como los niños que cometen una travesura y la silencian para no sentirse responsables. La diferencia es que ya somos grandes y la travesura ha costado a los argentinos poner en camino de su desaparición a una actividad que podría ser pujante y estar sosteniendo a una gran parte de la economía nacional.
Mientras en el Uruguay, decidido a profundizar su revolución ganadera, se terminará este año con la inclusión de la totalidad de su rodeo en el proceso de trazabilidad (que significa que todos los animales producidos tendrán un seguimiento particularizado, desde su nacimiento hasta su faena, en información sobre genética, alimentación, eventuales medicamentos y episodios destacables de su vida), convirtiéndose en el único país de la región con este grado de extensión de la trazabilidad, en la Argentina el Secretario Moreno prosigue con su discrecional manejo de intervención grotesca planeando cupos de fanea, distribución forzosa de lotes a diferentes frigoríficos amigos y manipulación de precios a niveles que, a pesar de su incremento, son inferiores a los costos de producción.
Menos producción, menos exportaciones, menos consumo, menos actividad frigorífica, menos trabajadores, menos impuestos recaudados. Los dos grandes responsables, Néstor Kirchner y Guillermo Moreno, mientras tanto y como si nada pasara, continúan sancionando dislates y tomando medidas con éste y otros sectores, con la impunidad que les otorga saber que, destrocen lo que destrocen, no habrá para ellos sanción alguna.
Ricardo Lafferriere
jueves, 26 de agosto de 2010
Matar el mensajero...
Cuando se discutió, hace algunos meses, la nueva ley de medios audiovisuales, advertimos sobre la intención autoritaria y dictatorial de la norma.
Muchos prefirieron ver sus aspectos positivos, achacando en forma desmatizada un alineamiento con el grupo Clarín a quienes sostuvimos esta posición cuestionatoria.
Ahora se ve, lamentablemente, la certeza de nuestra predicción y la ingenuidad de los que, de buena fe, apoyaron la iniciativa oficialista. Lo que buscaba el matrimonio gobernante era terminar con las voces opositoras y aún las imparciales, y perseguir hasta su desaparición a los mensajeros que no pudiera controlar.
La ofensiva contra un grupo de empresas de comunicación no tiene justificación ética ni respaldo legal. Una democracia no puede funcionar sin el juego libre de opiniones diferentes y mucho menos puede hacerlo sin libertad para informar.
Esa libertad está eliminada si las fuentes de la información se encierran en el secreto, si los periodistas son objeto de una persecusión constante y de una política de soborno y captación, y si las empresas titulares de los medios –audiovisuales e impresos- son constantemente presionadas para evitar su funcionamiento y conducirlas a la quiebra.
La Argentina se encuentra hoy en el borde mismo de su implosión como estado de derecho. Una pareja de dirigentes, sostenida por importantes sectores del partido justicialista y algunos sectores de izquierda otrora respetables pero desacreditados hoy por sus rudimentarias posiciones retro-progresistas, ha desatado sobre la democracia argentina una tormenta de involución.
En estos días, varias acciones protagonizadas por el tragicómico personaje dotado de poder extralegal, el Secretario de Comecio, operan como motores de la tragedia, cuyos conductores son los integrantes de la pareja presidencial, como lo repiten diariamente en sus diatribas. La ofensiva sobre la empresa Papel Prensa, la arbitraria decisión sobre la empresa Fibertel, el intento de prohibir Cablevisión, la pretensión de poner en vigencia por encima de las decisiones judiciales las inconstitucionales decisiones de la ley de medios y la utilización, con prepotencia dictatorial, de la palabra presidencial para sostener esta ofensiva, son acompañados de la construcción de un monopólico y avasallante complejo de medios adictos y oficiales.
Cada vez es más difícil encontrar en el dial voces no cooptadas, que trabajen y opinen con libertad, o periodistas que no ejerzan su misión con la espada de Damocles de su inseguridad personal. Cada vez son más los medios gráficos gratuitos que aparecen en la calle, financiados con dineros públicos. Cada vez es mayor la utilización del fútbol como gran paredón publicitario para difundir en forma sistemática los engaños oficiales. Y cada vez se hunde más el puñal de la discordia en el cuerpo social argentino provocando enfrentamientos intestinos entre amigos que piensan diferente, entre familiares, entre compatriotas, por la perversa acción del matrimonio gobernante que no tolera una sociedad con los matices y coloridos de una democracia libre, sino con el rudimentario maniqueísmo del pensamiento primitivo.
Los sangrientos hechos de los años setenta del siglo pasado son fraguados de manera parcial para apoyar en ellos una suerte de falsa épica de lucha por la justicia. Ni los hechos son ciertos, ni los propósitos son los confesados. Los hechos se falsifican para justificar las acciones más perversas. Los propósitos están cada vez más claros: terminar con cualquier voz disidente, para continuar con el saqueo de la economía, la concentración de poder, el enriquecimiento ilícito protegido por jueces complacientes, aunque el precio sea el hambreamiento de los jubilados, el crecimiento de la inseguridad ciudadana, el vaciamiento de la democracia y el desprestigio –cuando no el ridículo- internacional.
Triste momento el de la democracia argentina, que creíamos ya instalada como marco de convivencia aunque la concibiéramos siempre como una tarea perfectible. Los signos del agotamiento irreversible del ciclo kirchnerista no son sin embargo acompañados del surgimiento de relevos claros en la dirigencia, aunque esta realidad no afecta la gigantesca potencialidad de un país que, a pesar del gobierno y de la política, mantiene una formidable capacidad de reacción.
Habrá que continuar la lucha, no ya contra el gobierno surgido de un golpe, como en otros tiempos, sino frente a un peligro más retorcido pero no menos maligno: el ejercicio del poder claramente violatorio de las normas más elementales del estado de derecho por parte de la presidenta Kirchner, su marido y sus soportes políticos en los meses postreros de su gestión. Y trabajar en la construcción, con sentido patriótico y visión moderna, de una plataforma de despegue para un país que está pidiendo pista con vocación de futuro porque no se resigna a estar condenado a repetir fracasos históricos.
Ricardo Lafferriere
Muchos prefirieron ver sus aspectos positivos, achacando en forma desmatizada un alineamiento con el grupo Clarín a quienes sostuvimos esta posición cuestionatoria.
Ahora se ve, lamentablemente, la certeza de nuestra predicción y la ingenuidad de los que, de buena fe, apoyaron la iniciativa oficialista. Lo que buscaba el matrimonio gobernante era terminar con las voces opositoras y aún las imparciales, y perseguir hasta su desaparición a los mensajeros que no pudiera controlar.
La ofensiva contra un grupo de empresas de comunicación no tiene justificación ética ni respaldo legal. Una democracia no puede funcionar sin el juego libre de opiniones diferentes y mucho menos puede hacerlo sin libertad para informar.
Esa libertad está eliminada si las fuentes de la información se encierran en el secreto, si los periodistas son objeto de una persecusión constante y de una política de soborno y captación, y si las empresas titulares de los medios –audiovisuales e impresos- son constantemente presionadas para evitar su funcionamiento y conducirlas a la quiebra.
La Argentina se encuentra hoy en el borde mismo de su implosión como estado de derecho. Una pareja de dirigentes, sostenida por importantes sectores del partido justicialista y algunos sectores de izquierda otrora respetables pero desacreditados hoy por sus rudimentarias posiciones retro-progresistas, ha desatado sobre la democracia argentina una tormenta de involución.
En estos días, varias acciones protagonizadas por el tragicómico personaje dotado de poder extralegal, el Secretario de Comecio, operan como motores de la tragedia, cuyos conductores son los integrantes de la pareja presidencial, como lo repiten diariamente en sus diatribas. La ofensiva sobre la empresa Papel Prensa, la arbitraria decisión sobre la empresa Fibertel, el intento de prohibir Cablevisión, la pretensión de poner en vigencia por encima de las decisiones judiciales las inconstitucionales decisiones de la ley de medios y la utilización, con prepotencia dictatorial, de la palabra presidencial para sostener esta ofensiva, son acompañados de la construcción de un monopólico y avasallante complejo de medios adictos y oficiales.
Cada vez es más difícil encontrar en el dial voces no cooptadas, que trabajen y opinen con libertad, o periodistas que no ejerzan su misión con la espada de Damocles de su inseguridad personal. Cada vez son más los medios gráficos gratuitos que aparecen en la calle, financiados con dineros públicos. Cada vez es mayor la utilización del fútbol como gran paredón publicitario para difundir en forma sistemática los engaños oficiales. Y cada vez se hunde más el puñal de la discordia en el cuerpo social argentino provocando enfrentamientos intestinos entre amigos que piensan diferente, entre familiares, entre compatriotas, por la perversa acción del matrimonio gobernante que no tolera una sociedad con los matices y coloridos de una democracia libre, sino con el rudimentario maniqueísmo del pensamiento primitivo.
Los sangrientos hechos de los años setenta del siglo pasado son fraguados de manera parcial para apoyar en ellos una suerte de falsa épica de lucha por la justicia. Ni los hechos son ciertos, ni los propósitos son los confesados. Los hechos se falsifican para justificar las acciones más perversas. Los propósitos están cada vez más claros: terminar con cualquier voz disidente, para continuar con el saqueo de la economía, la concentración de poder, el enriquecimiento ilícito protegido por jueces complacientes, aunque el precio sea el hambreamiento de los jubilados, el crecimiento de la inseguridad ciudadana, el vaciamiento de la democracia y el desprestigio –cuando no el ridículo- internacional.
Triste momento el de la democracia argentina, que creíamos ya instalada como marco de convivencia aunque la concibiéramos siempre como una tarea perfectible. Los signos del agotamiento irreversible del ciclo kirchnerista no son sin embargo acompañados del surgimiento de relevos claros en la dirigencia, aunque esta realidad no afecta la gigantesca potencialidad de un país que, a pesar del gobierno y de la política, mantiene una formidable capacidad de reacción.
Habrá que continuar la lucha, no ya contra el gobierno surgido de un golpe, como en otros tiempos, sino frente a un peligro más retorcido pero no menos maligno: el ejercicio del poder claramente violatorio de las normas más elementales del estado de derecho por parte de la presidenta Kirchner, su marido y sus soportes políticos en los meses postreros de su gestión. Y trabajar en la construcción, con sentido patriótico y visión moderna, de una plataforma de despegue para un país que está pidiendo pista con vocación de futuro porque no se resigna a estar condenado a repetir fracasos históricos.
Ricardo Lafferriere
domingo, 22 de agosto de 2010
Vieja y nueva política
“De legisladores a intérpretes”, es el título y la síntesis del filósofo polaco, neomarxista y gran comunicador Zygmund Baumann, al respecto del cambio de papel que los tiempos nuevos imponen a los intelectuales y políticos al compás de la instalación de la sociedad-red, el nuevo protagonismo de los ciudadanos y el avasallante poder de la información en manos de las personas.
El concepto alude a la diferencia que hay entre los tiempos del surgimiento de la modernidad, en que los “consejeros reales” primero y los parlamentos después se sentían con derecho a establecer los “modelos de sociedad” y a implantarlos a través de normas de alcance general, las leyes, a las que los ciudadanos se veían sujetos, sin lugar para particularidades o individualidades que no estuvieran reconocidos por el conjunto.
En los tiempos actuales, por el contrario, la “soberanía ciudadana” se asienta en un reconocimiento expreso de la diversidad, la limitación de los Estados –o sea, del poder, de las “visiones ideológicas”, o de cualquier otro “modelo”- para fijarle a las personas determinadas condutas o creencias, y la celosa reafirmación cotidiana de la autonomía de los seres humanos para hacer lo que se les ocurra, en cuanto no afecte a los demás.
En términos de la política, la consecuencia de este cambio señala precisamente la diferencia entre “la vieja” y “la nueva”. La “vieja política” se sentía con derecho a imponer a las personas, a través de “programas” o “modelos”, determinadas conductas o comportamientos sin que interesara mucho lo que al respecto pensara cada uno. El poder hablaba, “legislaba”, y la gente debía obedecer. La política, el poder, limitaba de hecho en tal medida los derechos individuales que éstos terminaban rigiendo sólo en la letra de los textos constitucionales, sobre la ficción del origen democrático del poder.
En los nuevos tiempos, el arte de la buena política, por el contrario, es saber interpretar los intereses y las visiones diversas, y desarrollar el arte de hacerlos compatibles, articularlos, para hacer posible la convivencia de un mundo plural.
Los cambios en la actitud de los políticos, en este caso, indica su adaptación a los nuevos tiempos. La “vieja política” insistirá en definir desde los partidos el “objetivo” a imponerle a la sociedad. La “nueva política”, por el contrario, escuchará antes de hablar, será permeable a las visiones de los ciudadanos a los que se debe, comprendiendo que el ejercicio del poder democrático sólo se legitima si se referencia con los ciudadanos y pierde esa legitimidad si se cree superior a ellos.
La vieja política es intolerante, escudada en “principios” que esconden fundamentalismos, inquisiciones viejas y nuevas, intolerancia y en última instancia, la discriminación hacia el que piensa diferente, a quien se considera un ser equivocado al que se debe forzar a compartir la visión propia. La nueva política es tolerante, abierta, cultiva el “pensamiento debil” (Vattimo “dixit”) que supone respetar el pensamiento ajeno, considera a los principios sólo como una guía para la acción propia y tiene como supuesto fundamental respetar los principos del otro, tan digno como los propios.
La “vieja política” tiene un ejemplo paradigmático: la pareja Kirchner, que aunque llegue al paroxismo de la visión autoritaria, en realidad sólo proyecta hasta el ridículo una concepción del poder muy extendida en las prácticas de todas las fuerzas políticas. La “nueva política” se expresa en nuevos partidos como la Coalición Cívica, el Pro, e importantes voces en los partidos mayoritarios (radicales y peronistas) que entienden que antes de “hacer un programa” hay que escuchar qué quieren los ciudadanos, únicos verdaderos titulares de la soberanía. Una vez escuchadas las voces diferentes con el espíritu abierto, y recién entonces, debe asumirse el desafío de imaginar y proponer las medidas de gobierno que encaucen la potencialidad colectiva, teniendo en cuenta los valores que aglutinan a cada conglomerado político.
La hoja de ruta debe comenzar, entonces, por el paso más importante de todos: escuchando. Luego, reflexionando y elaborando la propuesta. Y por último, eligiendo los “hombres – bandera”. Así se consolidará una democracia madura, al servicio de los ciudadanos, y no una ficción democrática al servicio de burocracias y nomenclaturas.
Ricardo Lafferriere
El concepto alude a la diferencia que hay entre los tiempos del surgimiento de la modernidad, en que los “consejeros reales” primero y los parlamentos después se sentían con derecho a establecer los “modelos de sociedad” y a implantarlos a través de normas de alcance general, las leyes, a las que los ciudadanos se veían sujetos, sin lugar para particularidades o individualidades que no estuvieran reconocidos por el conjunto.
En los tiempos actuales, por el contrario, la “soberanía ciudadana” se asienta en un reconocimiento expreso de la diversidad, la limitación de los Estados –o sea, del poder, de las “visiones ideológicas”, o de cualquier otro “modelo”- para fijarle a las personas determinadas condutas o creencias, y la celosa reafirmación cotidiana de la autonomía de los seres humanos para hacer lo que se les ocurra, en cuanto no afecte a los demás.
En términos de la política, la consecuencia de este cambio señala precisamente la diferencia entre “la vieja” y “la nueva”. La “vieja política” se sentía con derecho a imponer a las personas, a través de “programas” o “modelos”, determinadas conductas o comportamientos sin que interesara mucho lo que al respecto pensara cada uno. El poder hablaba, “legislaba”, y la gente debía obedecer. La política, el poder, limitaba de hecho en tal medida los derechos individuales que éstos terminaban rigiendo sólo en la letra de los textos constitucionales, sobre la ficción del origen democrático del poder.
En los nuevos tiempos, el arte de la buena política, por el contrario, es saber interpretar los intereses y las visiones diversas, y desarrollar el arte de hacerlos compatibles, articularlos, para hacer posible la convivencia de un mundo plural.
Los cambios en la actitud de los políticos, en este caso, indica su adaptación a los nuevos tiempos. La “vieja política” insistirá en definir desde los partidos el “objetivo” a imponerle a la sociedad. La “nueva política”, por el contrario, escuchará antes de hablar, será permeable a las visiones de los ciudadanos a los que se debe, comprendiendo que el ejercicio del poder democrático sólo se legitima si se referencia con los ciudadanos y pierde esa legitimidad si se cree superior a ellos.
La vieja política es intolerante, escudada en “principios” que esconden fundamentalismos, inquisiciones viejas y nuevas, intolerancia y en última instancia, la discriminación hacia el que piensa diferente, a quien se considera un ser equivocado al que se debe forzar a compartir la visión propia. La nueva política es tolerante, abierta, cultiva el “pensamiento debil” (Vattimo “dixit”) que supone respetar el pensamiento ajeno, considera a los principios sólo como una guía para la acción propia y tiene como supuesto fundamental respetar los principos del otro, tan digno como los propios.
La “vieja política” tiene un ejemplo paradigmático: la pareja Kirchner, que aunque llegue al paroxismo de la visión autoritaria, en realidad sólo proyecta hasta el ridículo una concepción del poder muy extendida en las prácticas de todas las fuerzas políticas. La “nueva política” se expresa en nuevos partidos como la Coalición Cívica, el Pro, e importantes voces en los partidos mayoritarios (radicales y peronistas) que entienden que antes de “hacer un programa” hay que escuchar qué quieren los ciudadanos, únicos verdaderos titulares de la soberanía. Una vez escuchadas las voces diferentes con el espíritu abierto, y recién entonces, debe asumirse el desafío de imaginar y proponer las medidas de gobierno que encaucen la potencialidad colectiva, teniendo en cuenta los valores que aglutinan a cada conglomerado político.
La hoja de ruta debe comenzar, entonces, por el paso más importante de todos: escuchando. Luego, reflexionando y elaborando la propuesta. Y por último, eligiendo los “hombres – bandera”. Así se consolidará una democracia madura, al servicio de los ciudadanos, y no una ficción democrática al servicio de burocracias y nomenclaturas.
Ricardo Lafferriere
lunes, 16 de agosto de 2010
Retenciones: ¿facultad del Ejecutivo?
Los pronunciamientos de Hermes Binner y Ricardo Alfonsín respecto a las facultades presidenciales para fijar las retenciones, que parecieran ser uno de los motivos desencadenantes del retiro de Elisa Carrió del Acuerdo Cívico y Social pone sobre el tapete la solidez de un importante sector de la oposición para ofrecer a la sociedad una alternativa al kirchnerismo que mire al futuro en lugar de seguir con su lastre en el pasado.
En diversas oportunidades hemos hablado sobre el tema retenciones. La crítica sobre este recurso fiscal se afirma en dos grandes núcleos conceptuales. El primero se refiere a la violación por parte del Estado de derechos individuales que la Constitución garantiza a los ciudadanos, en este caso específico el de “usar y disponer de su propiedad” –art. 14- y el de no ser objeto de confiscaciones de bienes –art. 17-. El límite de esta crítica es, en última instancia, el que fije la justicia sobre cuándo una prohibición comercial viola el derecho constitucional de usar y disponer de la propiedad, y el umbral a partir del cual una gabela se torna confiscatoria.
Pero el segundo es singularmente trascendente, porque hace a la forma democrática y republicana de gobierno, y se trata de qué órgano del Estado tiene competencia para fijar impuestos. Y no hay el más mínimo espacio de debate en una democracia que se defina como tal para reconocer esta facultad sólo y exclusivamente al Congreso de la Nación, a través de una ley formal y material.
Abrir la ventana interpretativa a la posibilidad de que sea el poder administrador el que tenga la facultad de imponer o modificar un impuesto en todo en parte, es renegar de la democracia republicana y acercarse peligrosamente a los procedimientos más cuestionados del kirchnerismo, que es su fuerte tendencia autoritaria y a la licuación de cualquier otro poder del Estado que no sea el presidencial. La circunstancia de que dos dirigentes, entre cuyas aspiraciones está la de acceder a la primera magistratura, se expresen así siembra la sospecha sobre su sinceridad en el apoyo a los reclamos del 2008 en un tema que no es marginal, sino central en el diseño de una sociedad moderna, plural, abierta, democrática y sujeta al estado de derecho.
Esta falencia ha sido y es la misma que convirtió una prometedora etapa de reconstrucción y lanzamiento al futuro –como vieron los argentinos a la iniciada en el año 2003- en una grotesca restauración de los vicios y deformaciones más criticables de nuestra historia, tirando por la borda una de las oportunidades más favorables para el país como la que se vivió entre 2003 y 2008.
Como ocurre con cualquier gestión, el kirchnerismo ha hecho cosas malas y buenas. Pero si hay algo que jamás tendrá una valoración positiva de este período de gobierno ha sido su primitiva concepción del ejercicio del poder, sin mediación normativa alguna, apoyado en grotescos comportamientos como el del Secretario de Comercio y sus patotas, adornados por una dialéctica presidencial escasamente ilustrada y una negación de la propia condición humana de cualquiera que exprese una discrepancia con el relato oficialista.
De ahí que una voz opositora que rescate justamente este reclamo kirchnerista de reconocer a la presidenta la facultad de establecer impuestos o decidir sus alícuotas, además de caer en la sanción fulminante de la propia Constitución Nacional –arts. 4, 7, 29 y 75 inc. 2 y 76- está renunciando a la posibilidad de construir una alternativa institucional superadora al kirchnerismo.
Una alternativa opositora con ese discurso será, simplemente, una mala copia del original que difícilmente entusiasme a los argentinos. No será alternativa. Ese discurso garantiza la permanencia del kirchnerismo ante el reconocimiento de que lo que se ofrece es más de lo mismo, sin aquellos aspectos positivos que la sociedad reconoce en la gestión de estos años pero insistiendo en su principal desatino: la burla al estado de derecho.
La expectativa de recambio de los argentinos ha sufrido con estos pronunciamientos un fuerte golpe, consecuencia del mal paso el de estos dos dirigentes, por otro lado prestigiosos y respetables, que han coadyuvado a otro mal paso de la tercera.
La agenda de futuro en la que los argentinos les gustaría reflejarse, mientras tanto, sigue ausente, desplazada del escenario público por debates de escaso contenido prospectivo y atado por arcaísmos que los constituyentes habían dado por superados ya en 1860, cuando anularon los derechos de exportación comprendiendo el daño que significaban para un país cuya principal riqueza, la producción agropecuaria, tenía en el mercado internacional su principal espacio de realización y en consecuencia no podía obstaculizarse por afanes fiscalistas.
Ricardo Lafferriere
En diversas oportunidades hemos hablado sobre el tema retenciones. La crítica sobre este recurso fiscal se afirma en dos grandes núcleos conceptuales. El primero se refiere a la violación por parte del Estado de derechos individuales que la Constitución garantiza a los ciudadanos, en este caso específico el de “usar y disponer de su propiedad” –art. 14- y el de no ser objeto de confiscaciones de bienes –art. 17-. El límite de esta crítica es, en última instancia, el que fije la justicia sobre cuándo una prohibición comercial viola el derecho constitucional de usar y disponer de la propiedad, y el umbral a partir del cual una gabela se torna confiscatoria.
Pero el segundo es singularmente trascendente, porque hace a la forma democrática y republicana de gobierno, y se trata de qué órgano del Estado tiene competencia para fijar impuestos. Y no hay el más mínimo espacio de debate en una democracia que se defina como tal para reconocer esta facultad sólo y exclusivamente al Congreso de la Nación, a través de una ley formal y material.
Abrir la ventana interpretativa a la posibilidad de que sea el poder administrador el que tenga la facultad de imponer o modificar un impuesto en todo en parte, es renegar de la democracia republicana y acercarse peligrosamente a los procedimientos más cuestionados del kirchnerismo, que es su fuerte tendencia autoritaria y a la licuación de cualquier otro poder del Estado que no sea el presidencial. La circunstancia de que dos dirigentes, entre cuyas aspiraciones está la de acceder a la primera magistratura, se expresen así siembra la sospecha sobre su sinceridad en el apoyo a los reclamos del 2008 en un tema que no es marginal, sino central en el diseño de una sociedad moderna, plural, abierta, democrática y sujeta al estado de derecho.
Esta falencia ha sido y es la misma que convirtió una prometedora etapa de reconstrucción y lanzamiento al futuro –como vieron los argentinos a la iniciada en el año 2003- en una grotesca restauración de los vicios y deformaciones más criticables de nuestra historia, tirando por la borda una de las oportunidades más favorables para el país como la que se vivió entre 2003 y 2008.
Como ocurre con cualquier gestión, el kirchnerismo ha hecho cosas malas y buenas. Pero si hay algo que jamás tendrá una valoración positiva de este período de gobierno ha sido su primitiva concepción del ejercicio del poder, sin mediación normativa alguna, apoyado en grotescos comportamientos como el del Secretario de Comercio y sus patotas, adornados por una dialéctica presidencial escasamente ilustrada y una negación de la propia condición humana de cualquiera que exprese una discrepancia con el relato oficialista.
De ahí que una voz opositora que rescate justamente este reclamo kirchnerista de reconocer a la presidenta la facultad de establecer impuestos o decidir sus alícuotas, además de caer en la sanción fulminante de la propia Constitución Nacional –arts. 4, 7, 29 y 75 inc. 2 y 76- está renunciando a la posibilidad de construir una alternativa institucional superadora al kirchnerismo.
Una alternativa opositora con ese discurso será, simplemente, una mala copia del original que difícilmente entusiasme a los argentinos. No será alternativa. Ese discurso garantiza la permanencia del kirchnerismo ante el reconocimiento de que lo que se ofrece es más de lo mismo, sin aquellos aspectos positivos que la sociedad reconoce en la gestión de estos años pero insistiendo en su principal desatino: la burla al estado de derecho.
La expectativa de recambio de los argentinos ha sufrido con estos pronunciamientos un fuerte golpe, consecuencia del mal paso el de estos dos dirigentes, por otro lado prestigiosos y respetables, que han coadyuvado a otro mal paso de la tercera.
La agenda de futuro en la que los argentinos les gustaría reflejarse, mientras tanto, sigue ausente, desplazada del escenario público por debates de escaso contenido prospectivo y atado por arcaísmos que los constituyentes habían dado por superados ya en 1860, cuando anularon los derechos de exportación comprendiendo el daño que significaban para un país cuya principal riqueza, la producción agropecuaria, tenía en el mercado internacional su principal espacio de realización y en consecuencia no podía obstaculizarse por afanes fiscalistas.
Ricardo Lafferriere
martes, 10 de agosto de 2010
Los ceros de la moneda
Los ceros de la moneda
Desde que nuestro país tiene moneda de circulación oficial, el peso ha perdido trece ceros, y ha cambiado de nombre cinco veces (moneda nacional, peso ley 18188, peso argentino, Austral y peso).
Hay otros países que han tomado decisiones parecidas. Francia le sacó dos ceros al Franco, antes del ingreso al Euro. Brasil hizo lo propio con su cruceiro. Otros, mantuvieron su signo y su denominación, referenciándose material o idealmente con el oro: la libra esterlina, el dólar norteamericano, el dólar australiano, el dólar canadiense. Ninguno, sin embargo, ha sufrido la desvalorización sistemática y persistente a largo plazo que ha deteriorado a la moneda argentina de curso legal.
Cuando leemos sobre nuestra historia, pocos quedamos satisfechos de esta situación, inédita en el mundo. Sentimos algo de vergüenza, pero a pesar de que las causas son conocidas y están estudiadas, la mayoría prefiere mirar para otro lado o simular distracción cuando se toman las medidas que producen este deterioro, cuyos efectos no son gratis: el principal es que la moneda no es usada para ahorrar e invertir, sino que la riqueza generada en condiciones de ahorrarse se transfiere inmediatamente a alguna divisa o valor (sea dólares, euros, oro, o títulos en moneda extranjera) para ponerla a resguardo de la arbitrariedad pública, restándola a la capacidad de inversión del país. En este momento, hay entre Ciento cincuenta mil y doscientos mil millones de dólares producidos por la economía nacional que han salido del circuito.
La expresión más conocida para referirse a este fenómeno se denomina “inflación”, la que es identificada, sin mucha precisión, como “aumento generalizado de precios”.
Como lo hemos dicho en esta columna, más que un aumento de precios la inflación significa “pérdida de valor de la moneda”. Y si tenemos en cuenta que la moneda es una unidad de cuenta entre otras cosas para el salario, las jubilaciones y pensiones, los retiros, su verdadera naturaleza queda patentizada en el empobrecimiento colectivo y cotidiano de los compatriotas de ingresos fijos.
Para disimular que los salarios son víctimas de un impuesto, el “impuesto inflacionario”, no decidido ni discutido por el Congreso, se prefiere esconderlo tras el aumento de precios, que no produce las mismas protestas directas y siempre puede achacarse a los comerciantes.
Una unidad de moneda nacional –el peso- que hasta el 2002 alcanzaba para comprar un dólar de ese momento, sólo alcanza hoy para comprar veinticinco centavos de un dólar devaluado. Si quisiéramos comprar un Euro, no podríamos hacerlo con noventa centavos de peso –como en aquellos tiempos- sino que necesitaríamos más de cinco pesos. O sea que con un peso no podríamos comprar más de Un Euro, como entonces, sino apenas veinte centésimos de Euro.
Si la cuenta se hiciera con un paquete de precios internos en lugar de con monedas extranjeras, la cuenta sería más cercana al Euro que al dólar. Con un peso de hoy, alcanzaríamos a comprar menos de la quinta parte de cosas que las que se podía comprar hace diez años. Y el proceso de deterioro se está acelerando rápidamente a partir de los últimos dos años.
Con las perspectivas de inflación –o sea, de deterioro de valor del peso- en la que coinciden los economistas privados, en un momento entre mediados del 2012 y mediados del 2013, el valor del dólar llegará a los diez pesos. O sea, el peso argentino valdrá la décima parte de lo que valía en el 2001, equivaldría a lo que en ese tiempo valía una moneda de diez centavos. Los años "K" le habrán agregado otro cero, en la mejor demostración de haber regresado a las andanzas que comenzaron cuando comenzó el estancamiento y la decadencia, por 1930. Ya no serán trece ceros, sino catorce.
Es posible que en ese momento, volvamos a acordarnos de la inflación como problema, y el gobierno de turno decida “sacarle un cero a la moneda”, para tener la sensación de que volvimos a ser un país “fuerte y serio”. El peso –o la denominación que lo reemplace- volvería a “valer un dólar”.
El “ego nacional” podría recuperarse, disimulando que, simplemente, habríamos agregado una nueva careta para esconder la realidad y la incapacidad general para enfrentarla. Con un país más atrasado y la gente más pobre. Aunque con unos pocos, más ricos. Sustancialmente más ricos.
Ricardo Lafferriere
Desde que nuestro país tiene moneda de circulación oficial, el peso ha perdido trece ceros, y ha cambiado de nombre cinco veces (moneda nacional, peso ley 18188, peso argentino, Austral y peso).
Hay otros países que han tomado decisiones parecidas. Francia le sacó dos ceros al Franco, antes del ingreso al Euro. Brasil hizo lo propio con su cruceiro. Otros, mantuvieron su signo y su denominación, referenciándose material o idealmente con el oro: la libra esterlina, el dólar norteamericano, el dólar australiano, el dólar canadiense. Ninguno, sin embargo, ha sufrido la desvalorización sistemática y persistente a largo plazo que ha deteriorado a la moneda argentina de curso legal.
Cuando leemos sobre nuestra historia, pocos quedamos satisfechos de esta situación, inédita en el mundo. Sentimos algo de vergüenza, pero a pesar de que las causas son conocidas y están estudiadas, la mayoría prefiere mirar para otro lado o simular distracción cuando se toman las medidas que producen este deterioro, cuyos efectos no son gratis: el principal es que la moneda no es usada para ahorrar e invertir, sino que la riqueza generada en condiciones de ahorrarse se transfiere inmediatamente a alguna divisa o valor (sea dólares, euros, oro, o títulos en moneda extranjera) para ponerla a resguardo de la arbitrariedad pública, restándola a la capacidad de inversión del país. En este momento, hay entre Ciento cincuenta mil y doscientos mil millones de dólares producidos por la economía nacional que han salido del circuito.
La expresión más conocida para referirse a este fenómeno se denomina “inflación”, la que es identificada, sin mucha precisión, como “aumento generalizado de precios”.
Como lo hemos dicho en esta columna, más que un aumento de precios la inflación significa “pérdida de valor de la moneda”. Y si tenemos en cuenta que la moneda es una unidad de cuenta entre otras cosas para el salario, las jubilaciones y pensiones, los retiros, su verdadera naturaleza queda patentizada en el empobrecimiento colectivo y cotidiano de los compatriotas de ingresos fijos.
Para disimular que los salarios son víctimas de un impuesto, el “impuesto inflacionario”, no decidido ni discutido por el Congreso, se prefiere esconderlo tras el aumento de precios, que no produce las mismas protestas directas y siempre puede achacarse a los comerciantes.
Una unidad de moneda nacional –el peso- que hasta el 2002 alcanzaba para comprar un dólar de ese momento, sólo alcanza hoy para comprar veinticinco centavos de un dólar devaluado. Si quisiéramos comprar un Euro, no podríamos hacerlo con noventa centavos de peso –como en aquellos tiempos- sino que necesitaríamos más de cinco pesos. O sea que con un peso no podríamos comprar más de Un Euro, como entonces, sino apenas veinte centésimos de Euro.
Si la cuenta se hiciera con un paquete de precios internos en lugar de con monedas extranjeras, la cuenta sería más cercana al Euro que al dólar. Con un peso de hoy, alcanzaríamos a comprar menos de la quinta parte de cosas que las que se podía comprar hace diez años. Y el proceso de deterioro se está acelerando rápidamente a partir de los últimos dos años.
Con las perspectivas de inflación –o sea, de deterioro de valor del peso- en la que coinciden los economistas privados, en un momento entre mediados del 2012 y mediados del 2013, el valor del dólar llegará a los diez pesos. O sea, el peso argentino valdrá la décima parte de lo que valía en el 2001, equivaldría a lo que en ese tiempo valía una moneda de diez centavos. Los años "K" le habrán agregado otro cero, en la mejor demostración de haber regresado a las andanzas que comenzaron cuando comenzó el estancamiento y la decadencia, por 1930. Ya no serán trece ceros, sino catorce.
Es posible que en ese momento, volvamos a acordarnos de la inflación como problema, y el gobierno de turno decida “sacarle un cero a la moneda”, para tener la sensación de que volvimos a ser un país “fuerte y serio”. El peso –o la denominación que lo reemplace- volvería a “valer un dólar”.
El “ego nacional” podría recuperarse, disimulando que, simplemente, habríamos agregado una nueva careta para esconder la realidad y la incapacidad general para enfrentarla. Con un país más atrasado y la gente más pobre. Aunque con unos pocos, más ricos. Sustancialmente más ricos.
Ricardo Lafferriere
martes, 3 de agosto de 2010
Las retenciones y la justicia social
Trece millones de argentinos viven en los cuatro mil kilómetros cuadrados del área metropolitana. Son el 40 % del país, viviendo en el 0,14 % del territorio nacional. Veintiocho millones de argentinos viven en los dos millones ochocientos mil kilómetros cuadrados restantes, el 99,85 % del territorio.
Los primeros alcanzan una densidad urbana de aproximadamente 3200 habitantes por km2, una de las más altas del mundo. Los segundos, 10 habitantes por km2, una de las más bajas.
Esa es la consecuencia de acciones y omisiones que hemos realizado los argentinos durante toda nuestra historia. Es el resultado del vaciamiento económico y político de las zonas productoras del interior, que saqueadas en sus riquezas y excedentes, se han visto y se ven castradas de posibilidades de potenciar sus procesos de desarrollo industrial e infraestructura.
Es la consecuencia de la ausencia de ley de coparticipación de impuestos, de las arbitrarias retenciones a la exportación y del vaciamiento de sus potestades políticas y económicas en un sistema económico-social hegemonizado por las complicidades corporativas que lucran con la deformación estructural de la Argentina.
La construcción social resultante de este dislate está a la vista. El conurbano es la sede de las mafias y la corrupción sistémica más atroz de nuestra historia. Allí tienen su asiento las redes de narcotráfico, tráfico de personas, desarmaderos de autos robados, cooptación de jóvenes sin futuro para las bandas delictivas, corrupción política con complicidades judiciales y policiales, atroz violencia cotidiana, desocupación y desinterés por el futuro, pobreza y marginalidad.
Han llegado y llegan diariamente compatriotas de diferentes regiones ahogadas por el vaciamiento arriba mencionado, que buscan mejor futuro pero terminan muchos de ellos cayendo en la integración a esas redes clientelares en pos del mejoramiento ilusorio de su nivel de vida y de sus horizontes de realización.
Los recursos que se saquean a las zonas productoras, por su parte, no se destinan a mejorar la vida de quienes lo necesitan y allí viven, sino a reproducir las estructuras de la infamia: aumenta la pobreza, los chicos en la calle, las familias sin techo, el hacinamiento y la inseguridad.
Sin embargo, sólo las retenciones –inconstitucionales, ilegítimas, arbitrarias- absorben a la producción alrededor de 10.000 millones de dólares al año. Es el monto equivalente al subsidio estatal, entre otras aberraciones, del consumo energético de la clase media alta, que paga el gas natural al décimo de su valor que la garrafa usada en los hogares populares.
Si fueran reemplazadas por el impuesto que grava las ganancias de las empresas dando al campo el mismo tratamiento que a cualquier contribuyente, el monto recaudado sería el mismo, estaría distribuido con mayor justicia –porque pagaría más el que más gana-, pero ingresaría a la masa coparticipable, volviendo en parte a las provincias y municipios para mejorar la infraestructura y realizar mejores políticas sociales.
Permitiría el crecimiento del interior, potenciaría las economías de los pueblos, industrializaría el país sobre la base de su producción primaria en lugar de favorecer las aventuras de los amigos del poder y mantendría a los compatriotas de las provincias en sus pueblos sin romper familias ni ilusiones.
Los productores agropecuarios –chicos, medianos y grandes, desde Buzzi hasta Biolcatti, desde De Angelis hasta Grobocopatel-, cada uno desde su papel, son parte de los cimientos del país del futuro. Los Esquenazi, los Báez, los Kirchner, los López, los Ulloa, los caciques del conurbano, las mafias sindicales que compran estancias y falsifican medicamentos, pertenecen a la Argentina deformada, decadente, corrupta y oscura.
Es inadmisible que se condene a los que crean riqueza porque defienden lo suyo, y se mantenga silencio frente a los amigos del poder que lucran con los fondos saqueados a los argentinos que invierten y trabajan. Asociarse al discurso oficial tan ligeramente es asociarse objetivamente al reciclaje de la decadencia argentina, iniciada en 1930 y potenciada en una medida orgiástica en estos últimos años, especialmente desde noviembre de 2007.
Los primeros alcanzan una densidad urbana de aproximadamente 3200 habitantes por km2, una de las más altas del mundo. Los segundos, 10 habitantes por km2, una de las más bajas.
Esa es la consecuencia de acciones y omisiones que hemos realizado los argentinos durante toda nuestra historia. Es el resultado del vaciamiento económico y político de las zonas productoras del interior, que saqueadas en sus riquezas y excedentes, se han visto y se ven castradas de posibilidades de potenciar sus procesos de desarrollo industrial e infraestructura.
Es la consecuencia de la ausencia de ley de coparticipación de impuestos, de las arbitrarias retenciones a la exportación y del vaciamiento de sus potestades políticas y económicas en un sistema económico-social hegemonizado por las complicidades corporativas que lucran con la deformación estructural de la Argentina.
La construcción social resultante de este dislate está a la vista. El conurbano es la sede de las mafias y la corrupción sistémica más atroz de nuestra historia. Allí tienen su asiento las redes de narcotráfico, tráfico de personas, desarmaderos de autos robados, cooptación de jóvenes sin futuro para las bandas delictivas, corrupción política con complicidades judiciales y policiales, atroz violencia cotidiana, desocupación y desinterés por el futuro, pobreza y marginalidad.
Han llegado y llegan diariamente compatriotas de diferentes regiones ahogadas por el vaciamiento arriba mencionado, que buscan mejor futuro pero terminan muchos de ellos cayendo en la integración a esas redes clientelares en pos del mejoramiento ilusorio de su nivel de vida y de sus horizontes de realización.
Los recursos que se saquean a las zonas productoras, por su parte, no se destinan a mejorar la vida de quienes lo necesitan y allí viven, sino a reproducir las estructuras de la infamia: aumenta la pobreza, los chicos en la calle, las familias sin techo, el hacinamiento y la inseguridad.
Sin embargo, sólo las retenciones –inconstitucionales, ilegítimas, arbitrarias- absorben a la producción alrededor de 10.000 millones de dólares al año. Es el monto equivalente al subsidio estatal, entre otras aberraciones, del consumo energético de la clase media alta, que paga el gas natural al décimo de su valor que la garrafa usada en los hogares populares.
Si fueran reemplazadas por el impuesto que grava las ganancias de las empresas dando al campo el mismo tratamiento que a cualquier contribuyente, el monto recaudado sería el mismo, estaría distribuido con mayor justicia –porque pagaría más el que más gana-, pero ingresaría a la masa coparticipable, volviendo en parte a las provincias y municipios para mejorar la infraestructura y realizar mejores políticas sociales.
Permitiría el crecimiento del interior, potenciaría las economías de los pueblos, industrializaría el país sobre la base de su producción primaria en lugar de favorecer las aventuras de los amigos del poder y mantendría a los compatriotas de las provincias en sus pueblos sin romper familias ni ilusiones.
Los productores agropecuarios –chicos, medianos y grandes, desde Buzzi hasta Biolcatti, desde De Angelis hasta Grobocopatel-, cada uno desde su papel, son parte de los cimientos del país del futuro. Los Esquenazi, los Báez, los Kirchner, los López, los Ulloa, los caciques del conurbano, las mafias sindicales que compran estancias y falsifican medicamentos, pertenecen a la Argentina deformada, decadente, corrupta y oscura.
Es inadmisible que se condene a los que crean riqueza porque defienden lo suyo, y se mantenga silencio frente a los amigos del poder que lucran con los fondos saqueados a los argentinos que invierten y trabajan. Asociarse al discurso oficial tan ligeramente es asociarse objetivamente al reciclaje de la decadencia argentina, iniciada en 1930 y potenciada en una medida orgiástica en estos últimos años, especialmente desde noviembre de 2007.
Degradante
Cristina en China
Otro viaje al exterior. Esta vez, a China.
Es dificil no adherir al propósito de aprovechar las ventajas que pueden obtenerse de una buena relación comercial con un país convertido, junto a Estados Unidos, en la locomotora del mundo.
En todo caso, lo dificil es hacerlo sin humillarse y sin humillar a los compatriotas que representa.
Como en oportunidad de su viaje a Cuba, ni una palabra salió de sus labios sobre la violación serial de derechos humanos en el país que visita. Hace unos meses, reclamábamos en este mismo sitio por la masacre realizada en Sin-Kiang (o Xinjiang), pidiendo que la Argentina levantara su voz en defensa del asesinato de seres indefensos. Hoy, sentimos con vergüenza la sucesión de disparates pronunciados oficialmente por la presidenta de la Nación frente a sus anfitriones, tales como que el peronismo y el maoismo son partidos similares, o que China es un país que siempre nos apoya (justamente en el medio de un diferendo comercial de más de dos mil millones de dólares al año).
“Acá sí que saben cómo tratar a la economía”, afirmó, con desparpajo, la presidenta argentina. Lo decía en un país que no tiene leyes laborales, que carece de normativa sobre la jornada de trabajo, ni salario mínimo vital y movil, sin paritarias ni discusión salarial, sin vacaciones ni descanso semanal –se trabaja siete días a la semana, corridos-, donde el sindicalismo libre es inexistente y cualquier reclamo salarial se reprime a sangre y fuego.
El viaje de Cristina Kirchner a China hubiera sido el mejor motivo para lo inverso: el viaje del presidente chino a la Argentina. Argentina les ha comprado trenes y material ferroviario sin licitación por 7.500 millones de dólares, le ha asegurado apoyo a la calificación de “economía de mercado” que pretende China –olvidando entre otras cosas su trabajo esclavo y la prohibición de la actividad sindical- y no ha logrado absolutamente nada en la reanudación de compras de aceite de soja, interrumpida desde hace meses por decisión de las autoridades del país asiático.
Eso no es todo. El reciente informe de Amnistía Internacional destaca que las autoridades chinas continuaron endureciendo las restricciones a la libertad de expresión, reunión y asociación; que defensores y defensoras de los derechos humanos fueron detenidos, procesados, recluidos bajo arresto domiciliario y sometidos a desaparición forzada; que el control sobre Internet y los medios de comunicación continuó siendo práctica generalizada; que las campañas de ‘mano dura’ dieron lugar a detenciones masivas en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang; que en las regiones habitadas por población tibetana se impidió el acceso de observadores de derechos humanos independientes; que las autoridades continuaron ejerciendo un férreo control sobre las prácticas religiosas; y que continuó la dura y sistemática campaña contra los seguidores de Falun Gong iniciada 10 años atrás.
La Argentina podría mirar para otro lado cuando se violan derechos humanos elementales en otro país. De hecho, Cristina Kirchner lo está haciendo, volviendo sobre sus pasos cuando destrató al presidente Obiang, de Guinea Ecuatorial, luego de invitarlo a visitar el país. Lo que es vergonzoso es hacerlo mientras se levantan en forma hipócrita esas banderas, en forma sesgada y mendaz. Y lo triste es que el poco prestigio que nuestro país aún podía exhibir en algún tema sea arrastrado en la ciénaga por el alegre relativismo ético de la presidenta.
La constante es la misma y es la actitud característica de la endeblez moral. Humillar a quién considera inferior. Humillarse ante quien se considera superior.
Lo contrario, exactamente lo contrario, de lo que haría un argentino bien nacido.
Ricardo Lafferriere
Otro viaje al exterior. Esta vez, a China.
Es dificil no adherir al propósito de aprovechar las ventajas que pueden obtenerse de una buena relación comercial con un país convertido, junto a Estados Unidos, en la locomotora del mundo.
En todo caso, lo dificil es hacerlo sin humillarse y sin humillar a los compatriotas que representa.
Como en oportunidad de su viaje a Cuba, ni una palabra salió de sus labios sobre la violación serial de derechos humanos en el país que visita. Hace unos meses, reclamábamos en este mismo sitio por la masacre realizada en Sin-Kiang (o Xinjiang), pidiendo que la Argentina levantara su voz en defensa del asesinato de seres indefensos. Hoy, sentimos con vergüenza la sucesión de disparates pronunciados oficialmente por la presidenta de la Nación frente a sus anfitriones, tales como que el peronismo y el maoismo son partidos similares, o que China es un país que siempre nos apoya (justamente en el medio de un diferendo comercial de más de dos mil millones de dólares al año).
“Acá sí que saben cómo tratar a la economía”, afirmó, con desparpajo, la presidenta argentina. Lo decía en un país que no tiene leyes laborales, que carece de normativa sobre la jornada de trabajo, ni salario mínimo vital y movil, sin paritarias ni discusión salarial, sin vacaciones ni descanso semanal –se trabaja siete días a la semana, corridos-, donde el sindicalismo libre es inexistente y cualquier reclamo salarial se reprime a sangre y fuego.
El viaje de Cristina Kirchner a China hubiera sido el mejor motivo para lo inverso: el viaje del presidente chino a la Argentina. Argentina les ha comprado trenes y material ferroviario sin licitación por 7.500 millones de dólares, le ha asegurado apoyo a la calificación de “economía de mercado” que pretende China –olvidando entre otras cosas su trabajo esclavo y la prohibición de la actividad sindical- y no ha logrado absolutamente nada en la reanudación de compras de aceite de soja, interrumpida desde hace meses por decisión de las autoridades del país asiático.
Eso no es todo. El reciente informe de Amnistía Internacional destaca que las autoridades chinas continuaron endureciendo las restricciones a la libertad de expresión, reunión y asociación; que defensores y defensoras de los derechos humanos fueron detenidos, procesados, recluidos bajo arresto domiciliario y sometidos a desaparición forzada; que el control sobre Internet y los medios de comunicación continuó siendo práctica generalizada; que las campañas de ‘mano dura’ dieron lugar a detenciones masivas en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang; que en las regiones habitadas por población tibetana se impidió el acceso de observadores de derechos humanos independientes; que las autoridades continuaron ejerciendo un férreo control sobre las prácticas religiosas; y que continuó la dura y sistemática campaña contra los seguidores de Falun Gong iniciada 10 años atrás.
La Argentina podría mirar para otro lado cuando se violan derechos humanos elementales en otro país. De hecho, Cristina Kirchner lo está haciendo, volviendo sobre sus pasos cuando destrató al presidente Obiang, de Guinea Ecuatorial, luego de invitarlo a visitar el país. Lo que es vergonzoso es hacerlo mientras se levantan en forma hipócrita esas banderas, en forma sesgada y mendaz. Y lo triste es que el poco prestigio que nuestro país aún podía exhibir en algún tema sea arrastrado en la ciénaga por el alegre relativismo ético de la presidenta.
La constante es la misma y es la actitud característica de la endeblez moral. Humillar a quién considera inferior. Humillarse ante quien se considera superior.
Lo contrario, exactamente lo contrario, de lo que haría un argentino bien nacido.
Ricardo Lafferriere
Las retenciones y la justicia social
Trece millones de argentinos viven en los cuatro mil kilómetros cuadrados del área metropolitana. Son el 40 % del país, viviendo en el 0,14 % del territorio nacional. Veintiocho millones de argentinos viven en los dos millones ochocientos mil kilómetros cuadrados restantes, el 99,85 % del territorio.
Los primeros alcanzan una densidad urbana de aproximadamente 3200 habitantes por km2, una de las más altas del mundo. Los segundos, 10 habitantes por km2, una de las más bajas.
Esa es la consecuencia de acciones y omisiones que hemos realizado los argentinos durante toda nuestra historia. Es el resultado del vaciamiento económico y político de las zonas productoras del interior, que saqueadas en sus riquezas y excedentes, se han visto y se ven castradas de posibilidades de potenciar sus procesos de desarrollo industrial e infraestructura.
Es la consecuencia de la ausencia de ley de coparticipación de impuestos, de las arbitrarias retenciones a la exportación y del vaciamiento de sus potestades políticas y económicas en un sistema económico-social hegemonizado por las complicidades corporativas que lucran con la deformación estructural de la Argentina.
La construcción social resultante de este dislate está a la vista. El conurbano es la sede de las mafias y la corrupción sistémica más atroz de nuestra historia. Allí tienen su asiento las redes de narcotráfico, tráfico de personas, desarmaderos de autos robados, cooptación de jóvenes sin futuro para las bandas delictivas, corrupción política con complicidades judiciales y policiales, atroz violencia cotidiana, desocupación y desinterés por el futuro, pobreza y marginalidad.
Han llegado y llegan diariamente compatriotas de diferentes regiones ahogadas por el vaciamiento arriba mencionado, que buscan mejor futuro pero terminan muchos de ellos cayendo en la integración a esas redes clientelares en pos del mejoramiento ilusorio de su nivel de vida y de sus horizontes de realización.
Los recursos que se saquean a las zonas productoras, por su parte, no se destinan a mejorar la vida de quienes lo necesitan y allí viven, sino a reproducir las estructuras de la infamia: aumenta la pobreza, los chicos en la calle, las familias sin techo, el hacinamiento y la inseguridad.
Sin embargo, sólo las retenciones –inconstitucionales, ilegítimas, arbitrarias- absorben a la producción alrededor de 10.000 millones de dólares al año. Es el monto equivalente al subsidio estatal, entre otras aberraciones, del consumo energético de la clase media alta, que paga el gas natural al décimo de su valor que la garrafa usada en los hogares populares.
Si fueran reemplazadas por el impuesto que grava las ganancias de las empresas dando al campo el mismo tratamiento que a cualquier contribuyente, el monto recaudado sería el mismo, estaría distribuido con mayor justicia –porque pagaría más el que más gana-, pero ingresaría a la masa coparticipable, volviendo en parte a las provincias y municipios para mejorar la infraestructura y realizar mejores políticas sociales.
Permitiría el crecimiento del interior, potenciaría las economías de los pueblos, industrializaría el país sobre la base de su producción primaria en lugar de favorecer las aventuras de los amigos del poder y mantendría a los compatriotas de las provincias en sus pueblos sin romper familias ni ilusiones.
Los productores agropecuarios –chicos, medianos y grandes, desde Buzzi hasta Biolcatti, desde De Angelis hasta Grobocopatel-, cada uno desde su papel, son parte de los cimientos del país del futuro. Los Esquenazi, los Báez, los Kirchner, los López, los Ulloa, los caciques del conurbano, las mafias sindicales que compran estancias y falsifican medicamentos, pertenecen a la Argentina deformada, decadente, corrupta y oscura.
Es inadmisible que se condene a los que crean riqueza porque defienden lo suyo, y se mantenga silencio frente a los amigos del poder que lucran con los fondos saqueados a los argentinos que invierten y trabajan. Asociarse al discurso oficial tan ligeramente es asociarse objetivamente al reciclaje de la decadencia argentina, iniciada en 1930 y potenciada en una medida orgiástica en estos últimos años, especialmente desde noviembre de 2007.
Los primeros alcanzan una densidad urbana de aproximadamente 3200 habitantes por km2, una de las más altas del mundo. Los segundos, 10 habitantes por km2, una de las más bajas.
Esa es la consecuencia de acciones y omisiones que hemos realizado los argentinos durante toda nuestra historia. Es el resultado del vaciamiento económico y político de las zonas productoras del interior, que saqueadas en sus riquezas y excedentes, se han visto y se ven castradas de posibilidades de potenciar sus procesos de desarrollo industrial e infraestructura.
Es la consecuencia de la ausencia de ley de coparticipación de impuestos, de las arbitrarias retenciones a la exportación y del vaciamiento de sus potestades políticas y económicas en un sistema económico-social hegemonizado por las complicidades corporativas que lucran con la deformación estructural de la Argentina.
La construcción social resultante de este dislate está a la vista. El conurbano es la sede de las mafias y la corrupción sistémica más atroz de nuestra historia. Allí tienen su asiento las redes de narcotráfico, tráfico de personas, desarmaderos de autos robados, cooptación de jóvenes sin futuro para las bandas delictivas, corrupción política con complicidades judiciales y policiales, atroz violencia cotidiana, desocupación y desinterés por el futuro, pobreza y marginalidad.
Han llegado y llegan diariamente compatriotas de diferentes regiones ahogadas por el vaciamiento arriba mencionado, que buscan mejor futuro pero terminan muchos de ellos cayendo en la integración a esas redes clientelares en pos del mejoramiento ilusorio de su nivel de vida y de sus horizontes de realización.
Los recursos que se saquean a las zonas productoras, por su parte, no se destinan a mejorar la vida de quienes lo necesitan y allí viven, sino a reproducir las estructuras de la infamia: aumenta la pobreza, los chicos en la calle, las familias sin techo, el hacinamiento y la inseguridad.
Sin embargo, sólo las retenciones –inconstitucionales, ilegítimas, arbitrarias- absorben a la producción alrededor de 10.000 millones de dólares al año. Es el monto equivalente al subsidio estatal, entre otras aberraciones, del consumo energético de la clase media alta, que paga el gas natural al décimo de su valor que la garrafa usada en los hogares populares.
Si fueran reemplazadas por el impuesto que grava las ganancias de las empresas dando al campo el mismo tratamiento que a cualquier contribuyente, el monto recaudado sería el mismo, estaría distribuido con mayor justicia –porque pagaría más el que más gana-, pero ingresaría a la masa coparticipable, volviendo en parte a las provincias y municipios para mejorar la infraestructura y realizar mejores políticas sociales.
Permitiría el crecimiento del interior, potenciaría las economías de los pueblos, industrializaría el país sobre la base de su producción primaria en lugar de favorecer las aventuras de los amigos del poder y mantendría a los compatriotas de las provincias en sus pueblos sin romper familias ni ilusiones.
Los productores agropecuarios –chicos, medianos y grandes, desde Buzzi hasta Biolcatti, desde De Angelis hasta Grobocopatel-, cada uno desde su papel, son parte de los cimientos del país del futuro. Los Esquenazi, los Báez, los Kirchner, los López, los Ulloa, los caciques del conurbano, las mafias sindicales que compran estancias y falsifican medicamentos, pertenecen a la Argentina deformada, decadente, corrupta y oscura.
Es inadmisible que se condene a los que crean riqueza porque defienden lo suyo, y se mantenga silencio frente a los amigos del poder que lucran con los fondos saqueados a los argentinos que invierten y trabajan. Asociarse al discurso oficial tan ligeramente es asociarse objetivamente al reciclaje de la decadencia argentina, iniciada en 1930 y potenciada en una medida orgiástica en estos últimos años, especialmente desde noviembre de 2007.
sábado, 10 de julio de 2010
Otra vez las retenciones...
Como en el 2008, el tema de las retenciones está ocupando el debate parlamentario y nuevamente chocan, en las diferentes posiciones, las visiones diferentes sobre el país que subyacen en las diversas fuerzas políticas. Esas visiones diferentes no se identifican con una u otra fuerza partidaria, sino que las atraviesan horizontalmente, principalmente a las mayoritarias. Un acercamiento en su análisis indica que es lógico que así ocurra.
Hoy el debate renace al tener que definir el Congreso las “facultades delegadas” que mantendrá el Poder Ejecutivo, ante su próximo y tardío vencimiento. Adelantemos que en el caso de las retenciones, esa delegación no fue decidida por el parlamento, sino por el gobierno de facto que redactó el Código Aduanero, en tiempos de la “Revolución Argentina” y el presidente Onganía.
Los impuestos a la exportación estuvieron prohibidos expresamente en nuestra Constitución, que los habilitó con carácter excepcional para financiar la guerra del Paraguay. A partir de ese momento, nunca desaparecieron, aunque en tasas sustancialmente inferiores a las actuales y decididas por ley, como deben serlo todos los impuestos.
Las retenciones confiscan ingresos generados por los productores agropecuarios que se han destinanado históricamente a diferentes finalidades, desde sostener el presupuesto en tiempos de ajustes, devaluaciones e inflación, hasta usarlas como herramientas de distribución de ingresos marginando el debate fiscal parlamentario.
Entre otros males, han sido una de las principales causas de la deformación estructural del país: el 40 % de la población argentina está concentrada en el núcleo urbano porturario y alrededores (trece millones de compatriotas en 4000 k2, a razón de 3200 por km2, una de las tasas más altas del mundo), mientras el 60 % restante (veintiocho millones de argentinos) ocupan 2.800.000 km2, a razón de .. ¡10 habitantes por km2! ... (una de las más bajas del mundo....)
La concentración ha sido el resultado de privar al país productor de sus ingresos y consecuentemente de su camino de industrialización, para derivarlo en la red de complicidades corporativas. El país interior fue privado de sus posibilidades de crecimiento, de generación de empresas, fuentes de trabajo, infraestructura, investigación científica, educación, servicios médicos de excelencia, y vaciado del juego de su política.
Las retenciones provocaron el vaciamiento político y económico del interior. Las legislaturas y concejos deliberantes, los gobernadores y los intendentes, dejaron de ser la herramienta de la voluntad de sus pueblos para convertirse en simples foros de discusión sin incidencia real alguna en el destino de sus respectivas comunidades. Y el estancamiento resultante generó la migración interna que no se detiene, como lo muestra el crecimiento de las urbanizaciones informales que en los últimos años han atraído incluso a miles de ciudadanos de países limítrofes.
El núcleo urbano resultante es la sede de las mayores redes de corrupción, delincuencia, tráfico de estupefacientes, violencia criminal, asiento de complicidades delictivas que incluye a burocracias policiales, judiciales y políticas, empresarios protegidos, mafias sindicales.... todos lucrando con millones de personas sometidas a la humillación del clientelismo, sostenidos por la impostura ideológica del populismo que se invoca “progresista” mientras mantiene en la pobreza extrema a quienes con cuyo disciplinamiento edifica su lastre hacia el pasado.
La Argentina, a partir del 2008, ha visto a sus ciudadanos protagonizar por primera vez en muchas décadas una defensa directa de sus derechos, no motorizada por estamentos corporativos sino por sus intereses más elementales. Han sido compatriotas que no reciben ningún el regalo de ningún “bien social” sino que sufren la confiscación del fruto de su trabajo tesonero, de su esfuerzo inversor, de su ahorro, de su futuro. Se trata de personas que no viven de los fondos públicos sino que pagan todo lo que usan, desde sus insumos hasta sus infraestructuras, desde sus cooperadoras escolares, hospitalarias y judiciales hasta muchas veces sus propios caminos. Compatriotas que jamás negarían –como no lo han hecho- su aporte para sostener un esfuerzo nacional compartido para erradicar la pobreza, pero que ya no toleran en silencio que ese esfuerzo no se enmarque en la Constitución, las leyes y sus propios derechos ciudadanos.
De un lado está la Argentina del pasado, corporativa y prebendaria, populista y antidemocrática, arbitraria, deformada e intolerante. Del otro, la Argentina vital de sus zonas productivas, democrática y solidaria, abierta y plural, verdaderamente progresista. Esas “placas tectónicas” atraviesan, como está dicho, las fuerzas políticas aunque sus bordes no se expresen con nitidez en sus debates internos. No tenerlo en claro es la mejor forma de atarnos al estancamiento, a la pobreza secular, a la polarización social creciente, a la violencia y a la falta de futuro mediante la impostura de definiciones presuntamente ideológicas que hace tiempo han desmerecido.
Sostener que los argentinos deben dejar en la voluntad discrecional del Poder Ejecutivo la facultad de apropiarse, por decreto, de ingresos de sus ciudadanos, no es progresista: es premoderno. No es compatible con el estado de derecho, ni con la letra constitucional.
El financiamiento del Estado, así como sus objetivos, debe ser establecido por el Congreso porque es la base constitutiva de una sociedad democrática. Para eso están los legisladores, para eso los argentinos sostienen la institución parlamentaria con recursos, aseguran su independencia con inmunidades y emolumentos públicos y les dan seguridad en sus cargos. El argumento de la “dificultad en reunir el parlamento” es de una sustancial endeblez moral y política. Los parlamentarios estarían de más si renunciaran a su facultad principal, que es definir los objetivos del Estado, su financiamiento y su control.
Si los argentinos deciden hacer “política económica” con los impuestos, deben discutirlo en forma abierta y transparente, como sólo puede hacerse en las Cámaras legislativas, en el marco de la normas de la Constitución. De lo contrario, se repetirán las deformaciones escandalosas de las que estamos siendo testigos, con valijas cargadas de dinero, fideicomisos sin control, obras públicas de precios desmedidos y correlativos crecimientos desbordantes e injustificados de los funcionarios ejecutivos.
Definir impuestos en la penumbra de los despachos y los acuerdos secretos en los Ministerios es, además, la mejor forma de reciclar complicidades, realizar negociados con fondos públicos, presionar a gobernadores e intendentes, privilegiar empresarios amigos, construir clientelismo, reciclar el estancamiento.
Los argentinos no merecen eso de sus legisladores.
Ricardo Lafferriere
Hoy el debate renace al tener que definir el Congreso las “facultades delegadas” que mantendrá el Poder Ejecutivo, ante su próximo y tardío vencimiento. Adelantemos que en el caso de las retenciones, esa delegación no fue decidida por el parlamento, sino por el gobierno de facto que redactó el Código Aduanero, en tiempos de la “Revolución Argentina” y el presidente Onganía.
Los impuestos a la exportación estuvieron prohibidos expresamente en nuestra Constitución, que los habilitó con carácter excepcional para financiar la guerra del Paraguay. A partir de ese momento, nunca desaparecieron, aunque en tasas sustancialmente inferiores a las actuales y decididas por ley, como deben serlo todos los impuestos.
Las retenciones confiscan ingresos generados por los productores agropecuarios que se han destinanado históricamente a diferentes finalidades, desde sostener el presupuesto en tiempos de ajustes, devaluaciones e inflación, hasta usarlas como herramientas de distribución de ingresos marginando el debate fiscal parlamentario.
Entre otros males, han sido una de las principales causas de la deformación estructural del país: el 40 % de la población argentina está concentrada en el núcleo urbano porturario y alrededores (trece millones de compatriotas en 4000 k2, a razón de 3200 por km2, una de las tasas más altas del mundo), mientras el 60 % restante (veintiocho millones de argentinos) ocupan 2.800.000 km2, a razón de .. ¡10 habitantes por km2! ... (una de las más bajas del mundo....)
La concentración ha sido el resultado de privar al país productor de sus ingresos y consecuentemente de su camino de industrialización, para derivarlo en la red de complicidades corporativas. El país interior fue privado de sus posibilidades de crecimiento, de generación de empresas, fuentes de trabajo, infraestructura, investigación científica, educación, servicios médicos de excelencia, y vaciado del juego de su política.
Las retenciones provocaron el vaciamiento político y económico del interior. Las legislaturas y concejos deliberantes, los gobernadores y los intendentes, dejaron de ser la herramienta de la voluntad de sus pueblos para convertirse en simples foros de discusión sin incidencia real alguna en el destino de sus respectivas comunidades. Y el estancamiento resultante generó la migración interna que no se detiene, como lo muestra el crecimiento de las urbanizaciones informales que en los últimos años han atraído incluso a miles de ciudadanos de países limítrofes.
El núcleo urbano resultante es la sede de las mayores redes de corrupción, delincuencia, tráfico de estupefacientes, violencia criminal, asiento de complicidades delictivas que incluye a burocracias policiales, judiciales y políticas, empresarios protegidos, mafias sindicales.... todos lucrando con millones de personas sometidas a la humillación del clientelismo, sostenidos por la impostura ideológica del populismo que se invoca “progresista” mientras mantiene en la pobreza extrema a quienes con cuyo disciplinamiento edifica su lastre hacia el pasado.
La Argentina, a partir del 2008, ha visto a sus ciudadanos protagonizar por primera vez en muchas décadas una defensa directa de sus derechos, no motorizada por estamentos corporativos sino por sus intereses más elementales. Han sido compatriotas que no reciben ningún el regalo de ningún “bien social” sino que sufren la confiscación del fruto de su trabajo tesonero, de su esfuerzo inversor, de su ahorro, de su futuro. Se trata de personas que no viven de los fondos públicos sino que pagan todo lo que usan, desde sus insumos hasta sus infraestructuras, desde sus cooperadoras escolares, hospitalarias y judiciales hasta muchas veces sus propios caminos. Compatriotas que jamás negarían –como no lo han hecho- su aporte para sostener un esfuerzo nacional compartido para erradicar la pobreza, pero que ya no toleran en silencio que ese esfuerzo no se enmarque en la Constitución, las leyes y sus propios derechos ciudadanos.
De un lado está la Argentina del pasado, corporativa y prebendaria, populista y antidemocrática, arbitraria, deformada e intolerante. Del otro, la Argentina vital de sus zonas productivas, democrática y solidaria, abierta y plural, verdaderamente progresista. Esas “placas tectónicas” atraviesan, como está dicho, las fuerzas políticas aunque sus bordes no se expresen con nitidez en sus debates internos. No tenerlo en claro es la mejor forma de atarnos al estancamiento, a la pobreza secular, a la polarización social creciente, a la violencia y a la falta de futuro mediante la impostura de definiciones presuntamente ideológicas que hace tiempo han desmerecido.
Sostener que los argentinos deben dejar en la voluntad discrecional del Poder Ejecutivo la facultad de apropiarse, por decreto, de ingresos de sus ciudadanos, no es progresista: es premoderno. No es compatible con el estado de derecho, ni con la letra constitucional.
El financiamiento del Estado, así como sus objetivos, debe ser establecido por el Congreso porque es la base constitutiva de una sociedad democrática. Para eso están los legisladores, para eso los argentinos sostienen la institución parlamentaria con recursos, aseguran su independencia con inmunidades y emolumentos públicos y les dan seguridad en sus cargos. El argumento de la “dificultad en reunir el parlamento” es de una sustancial endeblez moral y política. Los parlamentarios estarían de más si renunciaran a su facultad principal, que es definir los objetivos del Estado, su financiamiento y su control.
Si los argentinos deciden hacer “política económica” con los impuestos, deben discutirlo en forma abierta y transparente, como sólo puede hacerse en las Cámaras legislativas, en el marco de la normas de la Constitución. De lo contrario, se repetirán las deformaciones escandalosas de las que estamos siendo testigos, con valijas cargadas de dinero, fideicomisos sin control, obras públicas de precios desmedidos y correlativos crecimientos desbordantes e injustificados de los funcionarios ejecutivos.
Definir impuestos en la penumbra de los despachos y los acuerdos secretos en los Ministerios es, además, la mejor forma de reciclar complicidades, realizar negociados con fondos públicos, presionar a gobernadores e intendentes, privilegiar empresarios amigos, construir clientelismo, reciclar el estancamiento.
Los argentinos no merecen eso de sus legisladores.
Ricardo Lafferriere
miércoles, 7 de julio de 2010
Jubilaciones y números
Una de las consecuencias más directas de la aceleración inflacionaria es la dráctica caída del valor real de las prestaciones previsionales. Esto ha instalado en el debate la endeblez del sistema, apoyado en la discrecionalidad y el voluntarismo, y carente de previsiones serias sobre su sustentabilidad.
Si el sistema mantenía un fragil equilibrio hasta el inicio del gobierno de los Kirchner, su decisión de incorporar el 80 por ciento más de beneficiarios sin aportes entre el 2003 y el 2010 lo llevó a tomar decisiones disparatadas en términos económicos, jurídicos y éticos.
En primer término se decidió financiar a los nuevos jubilados mediante la reducción de los haberes mayores, lo que se llevó a cabo congelando las prestaciones mayores a $ 1000. Bueno es recordar que quienes tenían haberes mayores no era porque hubieran cometido algún ilícito o apropiado de recursos ajenos, sino que habían aportado durante toda su vida importes sustancialmente mayores a la mínima. Fueron condenados por los Kirchner, en lo que debieran ser sus años dorados, a reducir su nivel de vida a niveles de subsistencia.
En segundo término, como eso no alcanzaba, decidieron apropiarse de los ahorros previsionales de quienes habían sido instados a ahorrar para ocuparse por su propia responsabilidad de incrementar su haber básico –esta vez, acompañados por el peronismo, el retroprogresismo y los socialistas-. La suma confiscada fue convertida en “fondo de sustentabilidad previsional”, y alcanza hoy a aproximadamente 150.000 millones de pesos, de los cuales más de 90.000 millones (60 %) están ¡prestados al Estado!...
En tercer término, como esto tampoco alcanzaba, los Kirchner decidieron licuar el haber previsional impulsando una ley abtrusa, de imposible comprensión, pero cuya consecuencia es la reducción inexorable y sistemática de los haberes activos, a la que calificaron de “Ley de movilidad jubilatoria”. Los haberes se actualizan mediante la aplicación de dos índices –la recaudación y la evolución salarial- pero no utilizando el mayor, ni siquiera el promedio de ambos, sino “el que sea menor”. Como consecuencia, a medida que el tiempo transcurre los haberes previsionales caen progresiva y acumulativamente.
Hoy el sistema mantiene en haberes mínimos el 80 % de los prestatarios –cuando llegaron los Kirchner, eran menos del 20 %- y resiste juicios de más de 350.000 jubilados que colapsan los juzgados federales de la seguridad social, no cumpliendo las sentencias judiciales –lo que es una burla a los derechos básicos de los ciudadanos que reclaman-.
Los objetivos que se persiguieron, curiosamente, no pueden dejar de ser compartidos. ¿Está mal garantizar un piso de dignidad a todos los argentinos que superen la edad de estar aptos para trabajar, pongamos por caso los 70 años? Por supuesto que no. Lo que está mal es cargarles ese fardo a los jubilados y hacerlo con su dinero, el que han ahorrado durante su vida activa para tener un futuro tranquilo. Si el país toma ese decisión, debe decidir también cómo lo financia, en forma equitativa. Pero para los Kirchner, el manotazo es más facil.
¿Está mal garantizar un ingreso universal a la niñez? Por supuesto que no. Ha sido un reclamo de quienes hoy son opositores –los radicales, con su primer proyecto presentado durante los noventa, luego Elisa Carrió que lo convirtió en su proyecto bandera, hasta que los Kirchner decidieron implementarlo-. La diferencia, sin embargo, es quién lo financia. En los proyectos parlamentarios se establecía un sofisticado mecanismo de impuestos y excenciones, redistribuyendo gastos. Para los Kirchner, el manotazo era más facil. ¿De dónde? Pues... de la caja de los jubilados.
Una vez que tuvieron la idea, lo siguiente fue patético. Negociados de sindicalistas corruptos, proveedores amigos y mafias, como los déficits de Aerolíneas; empresas multinacionales, como General Motors financiando nuevos modelos de autos; dislates como el “fútbol para todos” y despilfarro comprando decodificadores sin licitación ni control, cualquier ocurrencia presidencial había encontrado en la “cajita feliz” de la ANSES su proveedora de recursos.
Hoy, la situación de los jubilados quedó desnudada por la estampida inflacionaria. Un jubilado no llega a 900 pesos. Un pensionado, apenas supera los 700. El promedio jubilatorio general es de poco más de 1100 pesos. Pero el piso de subsistencia, por su parte, supera los 2000.
Frente a esta realidad dramática de seis millones de compatriotas de edad madura, la propuesta opositora es sensata: el 82 % del Sueldo Mínimo, Vital y Móvil, como piso del haber previsional. “Es demencial”, exclama, sin criterio, un desmedido Aníbal Fernández. “Nos costará 150.000 millones de pesos”, declara desaforado un mendaz Néstor Kirchner. El cálculo real, sin embargo, es que costará alrededor de 30.000 millones más que los montos que actualmente demanda el sistema.
Con el sistema actual, los recursos asignados para el pago de prestaciones previsionales son de aproximadamente 95.000 millones anuales, de los cuales 90.000 tienen origen en aportes y 20.000 millones en impuestos –IVA y ganancias-, con lo que el superávit es de aproximadamente 10.000 millones, gastados en el ingreso a la niñez y las ocurrencias presidenciales.
Lo que está en juego no es poco dinero, pero tampoco es inaccesible, si tenemos en cuenta que el gasto total anual del presupuesto nacional, supera los $ 350.000 millones y que las empresas amigas del gobierno reciben más de 40.000 millones por año en subsidios, la mayoría de los mismos sin control ni auditoría.
Por supuesto que será necesario reasignar partidas, estudiar en forma medulosa el financiamiento, y quizás también comprender que en un mundo en el que el trabajo estable ha entrado en un declive estructural, es imposible vincular “aportes” con “beneficiarios”, como en los años felices de la mitad del siglo XX. Hoy habría que rediscutir todo, por supuesto que respetando los derechos adquiridos, pero tomando nota que el problema no sólo no desaparecerá sino que se agrandará.
Hoy hay que estudiar la implementación de un ingreso universal que establezca un piso de ciudadanía, comenzando por niños y ancianos, financiados por los sectores activos de la economía –única fuente legítima y autosustentable-. En ese propósito deben tenerse en cuenta las necesidades de reinversión, de desarrollo tecnológico para reciclar el crecimiento, de preservar el capital de trabajo. Pero deben estar presentes, como guías fundamentales, los derechos constitucionales, la racionalidad económica y la ética fundamental de cualquier sociedad que busca la integración y la inclusión: cuidar a sus niños y sus viejos.
Y deberá aplicarse la “doctrina Barrionuevo”, esa sí, en forma inapelable, aunque con una ampliación: habrá que dejar de robar, pero por mucho más tiempo que dos años.
Un país maduro tomaría esta crisis como una oportunidad para buscar consensos de largo plazo, sustentables e inteligentes. Sin los Kirchner, es posible que así actuaría la Argentina. Pero para eso, faltan por lo menos tres semestres. Mientras, seguramente seguiremos escuchando alaridos. Los jubilados sintiéndose armas de combate político. Y los argentinos, apretándose los bolsillos con el miedo al nuevo manotazo, que puede venir en cualquier momento, de cualquier lado.
Ricardo Lafferriere
Si el sistema mantenía un fragil equilibrio hasta el inicio del gobierno de los Kirchner, su decisión de incorporar el 80 por ciento más de beneficiarios sin aportes entre el 2003 y el 2010 lo llevó a tomar decisiones disparatadas en términos económicos, jurídicos y éticos.
En primer término se decidió financiar a los nuevos jubilados mediante la reducción de los haberes mayores, lo que se llevó a cabo congelando las prestaciones mayores a $ 1000. Bueno es recordar que quienes tenían haberes mayores no era porque hubieran cometido algún ilícito o apropiado de recursos ajenos, sino que habían aportado durante toda su vida importes sustancialmente mayores a la mínima. Fueron condenados por los Kirchner, en lo que debieran ser sus años dorados, a reducir su nivel de vida a niveles de subsistencia.
En segundo término, como eso no alcanzaba, decidieron apropiarse de los ahorros previsionales de quienes habían sido instados a ahorrar para ocuparse por su propia responsabilidad de incrementar su haber básico –esta vez, acompañados por el peronismo, el retroprogresismo y los socialistas-. La suma confiscada fue convertida en “fondo de sustentabilidad previsional”, y alcanza hoy a aproximadamente 150.000 millones de pesos, de los cuales más de 90.000 millones (60 %) están ¡prestados al Estado!...
En tercer término, como esto tampoco alcanzaba, los Kirchner decidieron licuar el haber previsional impulsando una ley abtrusa, de imposible comprensión, pero cuya consecuencia es la reducción inexorable y sistemática de los haberes activos, a la que calificaron de “Ley de movilidad jubilatoria”. Los haberes se actualizan mediante la aplicación de dos índices –la recaudación y la evolución salarial- pero no utilizando el mayor, ni siquiera el promedio de ambos, sino “el que sea menor”. Como consecuencia, a medida que el tiempo transcurre los haberes previsionales caen progresiva y acumulativamente.
Hoy el sistema mantiene en haberes mínimos el 80 % de los prestatarios –cuando llegaron los Kirchner, eran menos del 20 %- y resiste juicios de más de 350.000 jubilados que colapsan los juzgados federales de la seguridad social, no cumpliendo las sentencias judiciales –lo que es una burla a los derechos básicos de los ciudadanos que reclaman-.
Los objetivos que se persiguieron, curiosamente, no pueden dejar de ser compartidos. ¿Está mal garantizar un piso de dignidad a todos los argentinos que superen la edad de estar aptos para trabajar, pongamos por caso los 70 años? Por supuesto que no. Lo que está mal es cargarles ese fardo a los jubilados y hacerlo con su dinero, el que han ahorrado durante su vida activa para tener un futuro tranquilo. Si el país toma ese decisión, debe decidir también cómo lo financia, en forma equitativa. Pero para los Kirchner, el manotazo es más facil.
¿Está mal garantizar un ingreso universal a la niñez? Por supuesto que no. Ha sido un reclamo de quienes hoy son opositores –los radicales, con su primer proyecto presentado durante los noventa, luego Elisa Carrió que lo convirtió en su proyecto bandera, hasta que los Kirchner decidieron implementarlo-. La diferencia, sin embargo, es quién lo financia. En los proyectos parlamentarios se establecía un sofisticado mecanismo de impuestos y excenciones, redistribuyendo gastos. Para los Kirchner, el manotazo era más facil. ¿De dónde? Pues... de la caja de los jubilados.
Una vez que tuvieron la idea, lo siguiente fue patético. Negociados de sindicalistas corruptos, proveedores amigos y mafias, como los déficits de Aerolíneas; empresas multinacionales, como General Motors financiando nuevos modelos de autos; dislates como el “fútbol para todos” y despilfarro comprando decodificadores sin licitación ni control, cualquier ocurrencia presidencial había encontrado en la “cajita feliz” de la ANSES su proveedora de recursos.
Hoy, la situación de los jubilados quedó desnudada por la estampida inflacionaria. Un jubilado no llega a 900 pesos. Un pensionado, apenas supera los 700. El promedio jubilatorio general es de poco más de 1100 pesos. Pero el piso de subsistencia, por su parte, supera los 2000.
Frente a esta realidad dramática de seis millones de compatriotas de edad madura, la propuesta opositora es sensata: el 82 % del Sueldo Mínimo, Vital y Móvil, como piso del haber previsional. “Es demencial”, exclama, sin criterio, un desmedido Aníbal Fernández. “Nos costará 150.000 millones de pesos”, declara desaforado un mendaz Néstor Kirchner. El cálculo real, sin embargo, es que costará alrededor de 30.000 millones más que los montos que actualmente demanda el sistema.
Con el sistema actual, los recursos asignados para el pago de prestaciones previsionales son de aproximadamente 95.000 millones anuales, de los cuales 90.000 tienen origen en aportes y 20.000 millones en impuestos –IVA y ganancias-, con lo que el superávit es de aproximadamente 10.000 millones, gastados en el ingreso a la niñez y las ocurrencias presidenciales.
Lo que está en juego no es poco dinero, pero tampoco es inaccesible, si tenemos en cuenta que el gasto total anual del presupuesto nacional, supera los $ 350.000 millones y que las empresas amigas del gobierno reciben más de 40.000 millones por año en subsidios, la mayoría de los mismos sin control ni auditoría.
Por supuesto que será necesario reasignar partidas, estudiar en forma medulosa el financiamiento, y quizás también comprender que en un mundo en el que el trabajo estable ha entrado en un declive estructural, es imposible vincular “aportes” con “beneficiarios”, como en los años felices de la mitad del siglo XX. Hoy habría que rediscutir todo, por supuesto que respetando los derechos adquiridos, pero tomando nota que el problema no sólo no desaparecerá sino que se agrandará.
Hoy hay que estudiar la implementación de un ingreso universal que establezca un piso de ciudadanía, comenzando por niños y ancianos, financiados por los sectores activos de la economía –única fuente legítima y autosustentable-. En ese propósito deben tenerse en cuenta las necesidades de reinversión, de desarrollo tecnológico para reciclar el crecimiento, de preservar el capital de trabajo. Pero deben estar presentes, como guías fundamentales, los derechos constitucionales, la racionalidad económica y la ética fundamental de cualquier sociedad que busca la integración y la inclusión: cuidar a sus niños y sus viejos.
Y deberá aplicarse la “doctrina Barrionuevo”, esa sí, en forma inapelable, aunque con una ampliación: habrá que dejar de robar, pero por mucho más tiempo que dos años.
Un país maduro tomaría esta crisis como una oportunidad para buscar consensos de largo plazo, sustentables e inteligentes. Sin los Kirchner, es posible que así actuaría la Argentina. Pero para eso, faltan por lo menos tres semestres. Mientras, seguramente seguiremos escuchando alaridos. Los jubilados sintiéndose armas de combate político. Y los argentinos, apretándose los bolsillos con el miedo al nuevo manotazo, que puede venir en cualquier momento, de cualquier lado.
Ricardo Lafferriere
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