Está ya en Internet mi nuevo libro "La batalla del campo - La mecha que encendió el futuro". Elaborado al calor de la controversia que durante cuatro meses mantuvo en vilo al país, el libro analiza las causas y las consecuencias del conflicto, a la luz del crecimiento de la conciencia cívica que desató y del cambio producido en el escenario político y social argentino. Incluye los efectos económicos y políticos de las retenciones y sugiere su cambio por un sistema moderno de imposición, coparticipable y basado en el impuesto a las ganancias.
"La batalla del campo..." está editado por el sistema "Impreso por demanda". Se puede adquirir vía Internet en el sitio http://stores.lulu.com/lafferriere, librería virtual en la que es posible acceder, además, a otras obras de mi autoría: "La Argentina en el mundo globalizado", trabajo de relevamiento del escenario global en su relación con la Argentina; "Los argentinos y la globalización - ¿autoexcluidos o exitosos?", que analiza las posibilidades y actitudes de los argentinos frente al cambio de paradigma económico mundial, y otras obras, varias de las cuales son de acceso gratuito a su formato e-book.
lunes, 29 de septiembre de 2008
martes, 23 de septiembre de 2008
Burbujas que se derrumban
“Por primera vez en la historia, una crisis no comienza en los países emergentes”.
¿Quién dijo esto?
Quién más: ya se imaginan. La misma persona que dijo que “Mientras el primer mundo se derrumba como una burbuja, la Argentina sigue firme”... con el riesgo país llegando a niveles de default, los más altos del mundo, y los inversores haciendo cola para desprenderse de bonos del Estado argentino y para comprar bonos del tesoro del “derrumbado” principal país del “primer mundo”.
Digo: ¿por qué no se calla? ¿Tan difícil le resulta no opinar de lo que no sabe?
La primera burbuja estudiada comenzó en Holanda –el país “central” de entonces- y es conocida como la “burbuja de los tulipanes”, en el siglo XVII.
El tulipán era una flor no conocida en Europa, hasta que fue traída del Asia por comerciantes de ultramar. Rápidamente apreciada, su valor comenzó a ascender, hasta que en la década de 1630, todos enloquecieron. Los precios ascendían sin parar. En 1635 cuarenta bulbos costaban 100.000 florines y un bulbo llegaba a venderse a 5500.
El precio subía y parecía que ese ascenso era infinito. La gente comenzó a hacer inversión en tulipanes deshaciéndose de sus bienes básicos y se produjeron hechos tragicómicos, como el de un marinero condenado a prisión por haberse comido un bulbo accidentalmente.
Hasta que en 1637 ocurrió lo inevitable: los especuladores más avispados detectaron signos de agotamiento del mercado (por primera vez una colección exclusiva no encontró comprador) y comenzaron a vender. Fueron inmediatamente seguidos por inversores más “informados”... y por otros, y otros... hasta que el pánico se apoderó del país. Explotó la burbuja, causando quebrantos que empobrecieron a muchos y enriquecieron a otros y luego incluso de que el propio gobierno holandés dictara leyes para atenuar las obligaciones contraídas entre privados, con decisiones tales como que los contratos a futuro se resolverían con el pago del 10 % del valor contratado –lo que por supuesto, no dejó conformes ni a vendedores ni a compradores, unos porque debían resignarse a cobrar apenas el 10 % de lo contratado y otros porque debían pagar la décima parte de lo acordado por algo que ya no valía nada -.
La explosión de la burbuja dejó, como siempre ocurre, vencedores y vencidos. Vencieron aquellos que se vendieron justo antes de la explosión, acumulando grandes beneficios. Perdieron quienes habían liquidado su patrimonio para especular con bulbos y al final se quedaron con tulipanes y sin casa. Y perdió el país, que durante años se vió sumido en una importante depresión económica.
Fue una burbuja también la “Gran depresión” de los años 30, con una mecánica más cercana a la especulación financiera aunque no alejada de decisiones que actuaron como los pases de magia de los “apredices de bujos”, que intentan neutralizar fenómenos no demasiado alejados de las fuerzas de la naturaleza. El resultado fueron diez años (la década del 30) con graves consecuencias en todo el mundo, y la siembra de los desequilibrios que abrieron paso a la Segunda Guerra Mundial.
Más cerca en el tiempo se dio la “burbuja inmobiliaria” de Japón, en 1990. Los argentinos la recordamos porque con la venta de nuestra sede diplomática soñamos alguna vez contruir una nueva capital. Por supuesto, estalló como todas, provocando, entre otras cosas el estancamiento por diez años de la segunda economía del mundo.
Las tres “burbujas” mencionadas, las más grandes y estudiadas de la historia, se originaron, justamente, en países del “centro” económico. Son, además, las paradigmáticas.
Las burbujas son normalmente el resultado de una negociación apoyada sólo en expectativas, sin base en la economía real, que ante la imprevista toma de conciencia por parte de los inversores de su posible estallido (ya que las burbujas no se “derrumban” sino que “estallan”), generan una caída generalizada de los precios hasta su verdadero valor provocando un shock o una depresión.
No es un fenómeno nuevo y no hay acuerdo total en la ciencia económica sobre sus causas últimas, aunque sí en su naturaleza: es la negociación de altos volúmenes a precios que difieren sustancialmente de sus valores intrínsecos. ¿Cuáles son éstos? Pues los “fundamentales”, es decir los que reflejan la real oferta y demanda del mercado.
La actual no escapa a esa definción y hay consenso en que su naturaleza es la generación desmadrada de valores financieros virtuales sin relación con su respaldo en la economía real, fenómeno que se incrementó de manera exponencial luego de la “desregulación” del sector financiero producido durante el gobierno de Clinton. Esa desregulación, unida a la globalización sin reglas apropiadas, dejó a la naturaleza económica funcionar libremente, sin la presencia de un adecuado marco normativo global. Se produjo entonces, en pleno siglo XXI, lo que ocurriría en cualquier orden si desaparecieran las normas y la realidad quedara librada a los puros impulsos y lucha por la vida: la ley de la selva. Por ejemplo: si se derogaran las normas civiles y penales, no existieran más los homicidios y los robos como delitos, las viviendas no estuvieran protegidas por el derecho de propiedad y su ocupación –o despojo- sólo respondiera a quien fuera más fuerte.
El saldo de esta conmoción financiera no debería llevarnos a regodearnos porque les tocó primero a otros, sino a comprender la interrelación de los mercados globales frente a la insuficiencia de la normativa económica planetaria. Una reflexión de estadista, pasada la crisis –ya que durante ella es necesario actuar como Cincinato, enfocando los esfuerzos para sortear sus consecuencias más dramáticas y limitar sus daños y así lo están haciendo los países centrales liderados por Estados Unidos- seguramente concluiría en la urgencia de normatizar más el mundo. Esas normas protegerían más a todos y especialmente a los más chicos. Una visión improvisada y corta, con la información y el rigor de una sobremesa familiar, seguramente diría lo contrario –aunque impostando la voz y alzando el dedito-: aislarse del escenario global. “Irse a la estancia”, como el viejo chiste de la viuda rica consultada sobre su actitud ante la eventualidad de que “llegue el comunismo”.
Ricardo Lafferriere
¿Quién dijo esto?
Quién más: ya se imaginan. La misma persona que dijo que “Mientras el primer mundo se derrumba como una burbuja, la Argentina sigue firme”... con el riesgo país llegando a niveles de default, los más altos del mundo, y los inversores haciendo cola para desprenderse de bonos del Estado argentino y para comprar bonos del tesoro del “derrumbado” principal país del “primer mundo”.
Digo: ¿por qué no se calla? ¿Tan difícil le resulta no opinar de lo que no sabe?
La primera burbuja estudiada comenzó en Holanda –el país “central” de entonces- y es conocida como la “burbuja de los tulipanes”, en el siglo XVII.
El tulipán era una flor no conocida en Europa, hasta que fue traída del Asia por comerciantes de ultramar. Rápidamente apreciada, su valor comenzó a ascender, hasta que en la década de 1630, todos enloquecieron. Los precios ascendían sin parar. En 1635 cuarenta bulbos costaban 100.000 florines y un bulbo llegaba a venderse a 5500.
El precio subía y parecía que ese ascenso era infinito. La gente comenzó a hacer inversión en tulipanes deshaciéndose de sus bienes básicos y se produjeron hechos tragicómicos, como el de un marinero condenado a prisión por haberse comido un bulbo accidentalmente.
Hasta que en 1637 ocurrió lo inevitable: los especuladores más avispados detectaron signos de agotamiento del mercado (por primera vez una colección exclusiva no encontró comprador) y comenzaron a vender. Fueron inmediatamente seguidos por inversores más “informados”... y por otros, y otros... hasta que el pánico se apoderó del país. Explotó la burbuja, causando quebrantos que empobrecieron a muchos y enriquecieron a otros y luego incluso de que el propio gobierno holandés dictara leyes para atenuar las obligaciones contraídas entre privados, con decisiones tales como que los contratos a futuro se resolverían con el pago del 10 % del valor contratado –lo que por supuesto, no dejó conformes ni a vendedores ni a compradores, unos porque debían resignarse a cobrar apenas el 10 % de lo contratado y otros porque debían pagar la décima parte de lo acordado por algo que ya no valía nada -.
La explosión de la burbuja dejó, como siempre ocurre, vencedores y vencidos. Vencieron aquellos que se vendieron justo antes de la explosión, acumulando grandes beneficios. Perdieron quienes habían liquidado su patrimonio para especular con bulbos y al final se quedaron con tulipanes y sin casa. Y perdió el país, que durante años se vió sumido en una importante depresión económica.
Fue una burbuja también la “Gran depresión” de los años 30, con una mecánica más cercana a la especulación financiera aunque no alejada de decisiones que actuaron como los pases de magia de los “apredices de bujos”, que intentan neutralizar fenómenos no demasiado alejados de las fuerzas de la naturaleza. El resultado fueron diez años (la década del 30) con graves consecuencias en todo el mundo, y la siembra de los desequilibrios que abrieron paso a la Segunda Guerra Mundial.
Más cerca en el tiempo se dio la “burbuja inmobiliaria” de Japón, en 1990. Los argentinos la recordamos porque con la venta de nuestra sede diplomática soñamos alguna vez contruir una nueva capital. Por supuesto, estalló como todas, provocando, entre otras cosas el estancamiento por diez años de la segunda economía del mundo.
Las tres “burbujas” mencionadas, las más grandes y estudiadas de la historia, se originaron, justamente, en países del “centro” económico. Son, además, las paradigmáticas.
Las burbujas son normalmente el resultado de una negociación apoyada sólo en expectativas, sin base en la economía real, que ante la imprevista toma de conciencia por parte de los inversores de su posible estallido (ya que las burbujas no se “derrumban” sino que “estallan”), generan una caída generalizada de los precios hasta su verdadero valor provocando un shock o una depresión.
No es un fenómeno nuevo y no hay acuerdo total en la ciencia económica sobre sus causas últimas, aunque sí en su naturaleza: es la negociación de altos volúmenes a precios que difieren sustancialmente de sus valores intrínsecos. ¿Cuáles son éstos? Pues los “fundamentales”, es decir los que reflejan la real oferta y demanda del mercado.
La actual no escapa a esa definción y hay consenso en que su naturaleza es la generación desmadrada de valores financieros virtuales sin relación con su respaldo en la economía real, fenómeno que se incrementó de manera exponencial luego de la “desregulación” del sector financiero producido durante el gobierno de Clinton. Esa desregulación, unida a la globalización sin reglas apropiadas, dejó a la naturaleza económica funcionar libremente, sin la presencia de un adecuado marco normativo global. Se produjo entonces, en pleno siglo XXI, lo que ocurriría en cualquier orden si desaparecieran las normas y la realidad quedara librada a los puros impulsos y lucha por la vida: la ley de la selva. Por ejemplo: si se derogaran las normas civiles y penales, no existieran más los homicidios y los robos como delitos, las viviendas no estuvieran protegidas por el derecho de propiedad y su ocupación –o despojo- sólo respondiera a quien fuera más fuerte.
El saldo de esta conmoción financiera no debería llevarnos a regodearnos porque les tocó primero a otros, sino a comprender la interrelación de los mercados globales frente a la insuficiencia de la normativa económica planetaria. Una reflexión de estadista, pasada la crisis –ya que durante ella es necesario actuar como Cincinato, enfocando los esfuerzos para sortear sus consecuencias más dramáticas y limitar sus daños y así lo están haciendo los países centrales liderados por Estados Unidos- seguramente concluiría en la urgencia de normatizar más el mundo. Esas normas protegerían más a todos y especialmente a los más chicos. Una visión improvisada y corta, con la información y el rigor de una sobremesa familiar, seguramente diría lo contrario –aunque impostando la voz y alzando el dedito-: aislarse del escenario global. “Irse a la estancia”, como el viejo chiste de la viuda rica consultada sobre su actitud ante la eventualidad de que “llegue el comunismo”.
Ricardo Lafferriere
Terminen con ese engendro...
Los episodios ocurridos en la última reunión del Consejo de la Magistratura han llegado al límite de lo escatológico. Por impulso de la senadora Conti se ha decidido dejar sin efecto un concurso para designación de magistrados porque ninguno de los que obtuvo mejores perfomances era cercano ideológicamente al gobierno. Difícilmente pueda imaginarse un dislate de tal magnitud en una república democrática...
Poco queda de las reformas que ilusionaron a muchos demócratas en 1994.
El federalismo sigue inexistente, subordinado a la discrecionalidad del poder central por la falta del dictado de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, que debió ser sancionada antes del 31 de diciembre de 1996.
El “tercer senador por provincia”, destinado a garantizar pluralismo en la representación federal, fue burlado con las divisiones artificiales del partido mayoritario, para obtener tanto las representaciones mayoritarias como las de la minoría.
La delegación legislativa, expresamente prohibida, se ha convertido en una norma, alterando el equilibrio de relojería de mayorías relativas, representación popular y representación provincial previsto en la Constitución para la sanción de las leyes al igual que los decretos de “necesidad y urgencia”, con su reglamentación amañada que permite que el presidente y la mayoría simple de una Cámara sancione una ley válida.
La autonomía de la Capital Federal ha mejorado con la elección directa de su Jefe de Gobierno, es impotente por la falta de policía, la demora en la transferencia de la justicia, la ausencia de control de Personas Jurídicas, la dependencia del gobierno central en la política de transporte metropolitano y de grandes obras públicas y la ínfima coparticipación impositiva.
El Jefe de Gabinete de Ministros, como “fusible” ante las crisis políticas, no sólo fue inocuo para evitar la crisis política del 2001 sino que se ha transformado en un engendro institucional desmarcado de control por los superpoderes presupuestarios, que le permiten actuar discrecionalmente sin control parlamentario. Sus informes al Congreso, sin admitir réplicas ni abrir el debate, son inútiles. El verdadero jefe de la administración, por su parte, no puede ser convocado al Congreso porque no tiene funciones formales, aunque resida en Olivos.
El Ministerio Público “extra poder” ha sido subordinado al Poder Ejecutivo, que ejerce sobre el cuerpo de fiscales un control estricto para impulsar o evitar la causas según la conveniencia de la administración.
Y el Consejo de la Magistratura, por último, se ha convertido en una especie de Comisariato político, a través del cuál el poder ejecutivo mantiene atemorizado al poder judicial, con amenazas veladas de apertura de procesos amañados y de filtros ideológico-partidistas para acceder a la carrera judicial, como el demostrado días atrás por iniciativa de la Diputada Conti.
De todos los dislates, el último mencionado es el peor para la salud republicana. En los países en los que existe, el Consejo de la Magistratura es la garantía de profesionalidad, calidad técnica e independencia de la justicia y es indemne a cualquier intromisión política. A diferencia de la Argentina –principalmente luego de la reforma impulsada por la entonces Senadora Kirchner-, no incluye representantes políticos sino académicos, magistrados y abogados. En la Argentina es una herramienta de control de los jueces para garantizar impunidad y un comisariado ideológico para asegurar la parcialidad en la aplicación de las leyes penales.
La reconstrucción del Estado de Derecho deberá incluir entre sus capítulos más importantes terminar de una vez con este engendro y marchar hacia la construcción de una justicia independiente, alejada de la intromisión política y con garantía de inamovilidad.
Ricardo Lafferriere
Poco queda de las reformas que ilusionaron a muchos demócratas en 1994.
El federalismo sigue inexistente, subordinado a la discrecionalidad del poder central por la falta del dictado de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, que debió ser sancionada antes del 31 de diciembre de 1996.
El “tercer senador por provincia”, destinado a garantizar pluralismo en la representación federal, fue burlado con las divisiones artificiales del partido mayoritario, para obtener tanto las representaciones mayoritarias como las de la minoría.
La delegación legislativa, expresamente prohibida, se ha convertido en una norma, alterando el equilibrio de relojería de mayorías relativas, representación popular y representación provincial previsto en la Constitución para la sanción de las leyes al igual que los decretos de “necesidad y urgencia”, con su reglamentación amañada que permite que el presidente y la mayoría simple de una Cámara sancione una ley válida.
La autonomía de la Capital Federal ha mejorado con la elección directa de su Jefe de Gobierno, es impotente por la falta de policía, la demora en la transferencia de la justicia, la ausencia de control de Personas Jurídicas, la dependencia del gobierno central en la política de transporte metropolitano y de grandes obras públicas y la ínfima coparticipación impositiva.
El Jefe de Gabinete de Ministros, como “fusible” ante las crisis políticas, no sólo fue inocuo para evitar la crisis política del 2001 sino que se ha transformado en un engendro institucional desmarcado de control por los superpoderes presupuestarios, que le permiten actuar discrecionalmente sin control parlamentario. Sus informes al Congreso, sin admitir réplicas ni abrir el debate, son inútiles. El verdadero jefe de la administración, por su parte, no puede ser convocado al Congreso porque no tiene funciones formales, aunque resida en Olivos.
El Ministerio Público “extra poder” ha sido subordinado al Poder Ejecutivo, que ejerce sobre el cuerpo de fiscales un control estricto para impulsar o evitar la causas según la conveniencia de la administración.
Y el Consejo de la Magistratura, por último, se ha convertido en una especie de Comisariato político, a través del cuál el poder ejecutivo mantiene atemorizado al poder judicial, con amenazas veladas de apertura de procesos amañados y de filtros ideológico-partidistas para acceder a la carrera judicial, como el demostrado días atrás por iniciativa de la Diputada Conti.
De todos los dislates, el último mencionado es el peor para la salud republicana. En los países en los que existe, el Consejo de la Magistratura es la garantía de profesionalidad, calidad técnica e independencia de la justicia y es indemne a cualquier intromisión política. A diferencia de la Argentina –principalmente luego de la reforma impulsada por la entonces Senadora Kirchner-, no incluye representantes políticos sino académicos, magistrados y abogados. En la Argentina es una herramienta de control de los jueces para garantizar impunidad y un comisariado ideológico para asegurar la parcialidad en la aplicación de las leyes penales.
La reconstrucción del Estado de Derecho deberá incluir entre sus capítulos más importantes terminar de una vez con este engendro y marchar hacia la construcción de una justicia independiente, alejada de la intromisión política y con garantía de inamovilidad.
Ricardo Lafferriere
Alto cinismo en tres dimensiones
“BUSH – Entregá al prófugo Antonini Wilson”, rezan los afiches excelentemente impresos, pegados con profusión en la Capital Federal. Como se recordará, el venezolano fue el portador de la valija con 800.000 dólares de contrabando destinados, según sus propias declaraciones, a la campaña electoral de Cristina Kircher. Al día siguiente del episodio aduanero, conocido de inmediato por el entonces presidente Kirchner y por el entonces –y actual- ministro de Planificación Federal, el venezolano fue invitado de honor a la Casa de Gobierno, asistiendo a reuniones en el Salón Blanco con funcionarios nacionales.
Por supuesto, Antonini Wilson salió del país sin problemas. Y fue detenido en Estados Unidos por cargos federales, al haber participado de hechos delictivos cometidos en ese país, por los que está siendo juzgado. En el transcurso de ese juicio salen todos los días a la luz nuevas implicancias del vergonzoso episodio que embarra la política argentina en un tribunal de justicia extranjero, con todos los medios de prensa del mundo cubriéndolos. En un infantil ejercicio de cinismo, se ha tapizado la Capital Federal con los afiches mencionados, como si el nivel intelectual de la opinión pública argentina fuera tan rudimentario como la elaboración intelectual de quien los planificó y ejecutó.
“Cecilia Pando: dónde está López”, dicen otros afiches, también fijados en la Capital. Diversas opiniones pueden tenerse sobre la señora Pando. Desde quienes la identifican con la vocera de uno de los bandos de los años de plomo y defiende a quienes consideran criminales, hasta los que la califican poco menos que heroína con tanta valentía como las mujeres guerreras de la independencia. Sin embargo, hay un punto en que ambos, por silencio o por acción, han coincidido: no tiene imputación por delito alguno y su mayor falta, en todo caso, es la ausencia de mesura que, si fuera delito, no la tendría sin embargo como la mayor culpable, ya que sería precedida por el ex presidente cuyos exabruptos frente al atril diabólico y en su tribuna partidaria frente al Congreso ha sido sustancialmente más incendiaria e intolerante. Que se le pretenda imputar a Cecilia Pando la desaparición de Julio Jorge López es otro infantil ejercicio de cinismo, máxime teniendo en cuenta que no se han investigado las pistas reiteradamente denunciadas por Christian Sanz que atribuyen al mismo gobierno kirchnerista la responsabilidad de su desaparición.
“Mientras el primer mundo se desploma como una burbuja, los argentinos seguimos firmes”, anunció en otra de sus frases de antología la señora presidenta. No ha observado que la disolución a que hace referencia no impide que miles de personas formen fila en todo el mundo para comprar bonos del tesoro del gobierno norteamericano presidido por el demonizado George W. Bush, a los que consideran la inversión más segura aún en la gigantesca crisis –mientras que por estos pagos hacen cola, pero para sacarse de encima con urgencia los bonos que ha emitido el gobierno de su marido Nestor Kirchner y el suyo propio-; ni que mientras la tasa de interés en Estados Unidos se mantiene en sus mínimos históricos sin que por eso disminuya la demanda de bonos del tesoro, por estos pagos que ella preside el “riesgo país” alcance los niveles de default, los más altos de todo el mundo, a pesar de la autoasignada “fortaleza” cada vez más identificada con un cuento chino; ni que la gente no busca el peso de la economía “sólida” sino al contrario, huye hacia el dólar de la economía presuntamente “disuelta”-. Es el tercer ejercicio de cinismo, expuesto con la autosuficiencia que Morales Solá ha calificado de “inmodestia” en su nota de La Nación para no usar la castiza y más propia definición de “soberbia”.
La expresión presidencial, una vez más, ha caído en el mal gusto y la falta de decoro para referirse a problemas que hoy se sienten en los mercados financieros globales y sufren ciudadanos de otros países, pero que inexorablemente llegarán al país –o mejor dicho, ya están llegando-. En esa línea, no sería extraño que cuando la Argentina comience a sentir esos efectos, el discurso cínico pase a culpar de la situación a lo que sucede en el mundo, olvidando que durante los cinco años de auge provocados por la economía global en crecimiento fueron muchas las voces –entre otras, la de esta columna- que advirtieron una y otra vez sobre la irresponsable gestión económica “K”, que de seguir en ese rumbo nos llevaría a una nueva crisis.
Ni Bush ni Cecilia Pando ni las petulantes sentencias presidenciales podrán servirles entonces para ocultar su incapacidad de gobierno y los catastróficos resultados para los argentinos.
Ricardo Lafferriere
Por supuesto, Antonini Wilson salió del país sin problemas. Y fue detenido en Estados Unidos por cargos federales, al haber participado de hechos delictivos cometidos en ese país, por los que está siendo juzgado. En el transcurso de ese juicio salen todos los días a la luz nuevas implicancias del vergonzoso episodio que embarra la política argentina en un tribunal de justicia extranjero, con todos los medios de prensa del mundo cubriéndolos. En un infantil ejercicio de cinismo, se ha tapizado la Capital Federal con los afiches mencionados, como si el nivel intelectual de la opinión pública argentina fuera tan rudimentario como la elaboración intelectual de quien los planificó y ejecutó.
“Cecilia Pando: dónde está López”, dicen otros afiches, también fijados en la Capital. Diversas opiniones pueden tenerse sobre la señora Pando. Desde quienes la identifican con la vocera de uno de los bandos de los años de plomo y defiende a quienes consideran criminales, hasta los que la califican poco menos que heroína con tanta valentía como las mujeres guerreras de la independencia. Sin embargo, hay un punto en que ambos, por silencio o por acción, han coincidido: no tiene imputación por delito alguno y su mayor falta, en todo caso, es la ausencia de mesura que, si fuera delito, no la tendría sin embargo como la mayor culpable, ya que sería precedida por el ex presidente cuyos exabruptos frente al atril diabólico y en su tribuna partidaria frente al Congreso ha sido sustancialmente más incendiaria e intolerante. Que se le pretenda imputar a Cecilia Pando la desaparición de Julio Jorge López es otro infantil ejercicio de cinismo, máxime teniendo en cuenta que no se han investigado las pistas reiteradamente denunciadas por Christian Sanz que atribuyen al mismo gobierno kirchnerista la responsabilidad de su desaparición.
“Mientras el primer mundo se desploma como una burbuja, los argentinos seguimos firmes”, anunció en otra de sus frases de antología la señora presidenta. No ha observado que la disolución a que hace referencia no impide que miles de personas formen fila en todo el mundo para comprar bonos del tesoro del gobierno norteamericano presidido por el demonizado George W. Bush, a los que consideran la inversión más segura aún en la gigantesca crisis –mientras que por estos pagos hacen cola, pero para sacarse de encima con urgencia los bonos que ha emitido el gobierno de su marido Nestor Kirchner y el suyo propio-; ni que mientras la tasa de interés en Estados Unidos se mantiene en sus mínimos históricos sin que por eso disminuya la demanda de bonos del tesoro, por estos pagos que ella preside el “riesgo país” alcance los niveles de default, los más altos de todo el mundo, a pesar de la autoasignada “fortaleza” cada vez más identificada con un cuento chino; ni que la gente no busca el peso de la economía “sólida” sino al contrario, huye hacia el dólar de la economía presuntamente “disuelta”-. Es el tercer ejercicio de cinismo, expuesto con la autosuficiencia que Morales Solá ha calificado de “inmodestia” en su nota de La Nación para no usar la castiza y más propia definición de “soberbia”.
La expresión presidencial, una vez más, ha caído en el mal gusto y la falta de decoro para referirse a problemas que hoy se sienten en los mercados financieros globales y sufren ciudadanos de otros países, pero que inexorablemente llegarán al país –o mejor dicho, ya están llegando-. En esa línea, no sería extraño que cuando la Argentina comience a sentir esos efectos, el discurso cínico pase a culpar de la situación a lo que sucede en el mundo, olvidando que durante los cinco años de auge provocados por la economía global en crecimiento fueron muchas las voces –entre otras, la de esta columna- que advirtieron una y otra vez sobre la irresponsable gestión económica “K”, que de seguir en ese rumbo nos llevaría a una nueva crisis.
Ni Bush ni Cecilia Pando ni las petulantes sentencias presidenciales podrán servirles entonces para ocultar su incapacidad de gobierno y los catastróficos resultados para los argentinos.
Ricardo Lafferriere
sábado, 6 de septiembre de 2008
¿Vuelve el radicalismo?
La política se reorganiza. Como decíamos días atrás desde esta misma columna, los argentinos están reformulando su representación ensayando formas de articular la compleja realidad nacional con las demandas de una agenda adecuada a los nuevos problemas.
La “etapa K” está virtualente superada y pocos reparan ya en ella. Es fuera del universo “K” donde se notan los movimientos e inquietudes más notables.
¿Cómo será la dinámica del reordenamiento político?
¿Lograrán los peronistas opositores “despegar” su futuro del desgaste irreductible del kirchnerismo o serán arrastrados por su derrumbe, llevándolo a una implosión como la sufrida por el radicalismo en el 2002? ¿Logrará la Coalición Cívica organizar sus formaciones territoriales, definir su plan de gobierno y organizar un sólido plantel de cuadros con capacidad de gestión ejecutiva? ¿Será exitoso el Pro en su administración porteña y se expandirá orgánicamente a todo el país? ¿Podrá resurgir el radicalismo, curiosamente revitalizado con el voto opositor de su afiliado más encumbrado –pero más denostado previamente-, al punto de concitar nuevamente la atención de la mayoría de la población? Y por último ¿confluirán, como es previsible, los espacios opositores en un acuerdo de gobierno que ofrezca credibilidad de gestión?
El futuro, por definición, está abierto, incluso a los imprevistos más rotundos. Cualquier pronóstico deberá pasar el filtro de la realidad. Sin embargo, parecen dibujarse algunas tendencias que –bueno es destacar- no merecen aún el calificativo de “consolidadas”.
Los movimientos de opinión en el nuevo tiempo argentino parecen marchar en dos direcciones: la primera, retomando la marcha interrumpida en 1930, orientada hacia el cumplimiento del programa de la primera modernidad: estado de derecho, calidad institucional, respeto a los derechos de los ciudadanos, homologabilidad de la gestión pública, federalismo. Es una dirección que incluye ponerle límites al Estado frente al ciudadano, potenciar la autonomía de las personas frente al poder y distribuir claramente ese poder entre las jurisdicciones previstas en la Constitución –nación, provincias, municipios- dentro del sistema de contrapesos y frenos propios de la democracia y el estado de derecho. Intolerante, además, frente a la corrupción.
La segunda mira más al futuro, o como se dice en estos tiempos, hacia la “posmodernidad” o “segunda modernidad”. Incluye la agenda que atraviesa todo el mundo global, desde el justo tratamiento a las nuevas formas de trabajo y piso de dignidad para los excluidos, hasta el cuidado del ambiente; desde la necesidad de obtener nuevas fuentes primarias de energía ante el agotamiento del petróleo, hasta combatir el calentamiento global; desde extender la salud pública a todas las personas hasta prevenir las nuevas enfermedades y pandemias; desde aprovechar en plenitud los avances tecnológicos de difusión masiva, hasta participar creativamente en el entramado generador de ciencia y tecnología universal.
La nueva tareas van desde diseñar un sistema de transporte que optimice el consumo energético, esté al alcance de todos e integre el territorio, hasta garantizar a todos los argentinos el acceso a los servicios públicos de agua potable, saneamiento, energía, comunicaciones e internet. Desde reorganizar la educación para garantizar la adecuación de sus contenidos a la dinámica actual de la globalización y la revolución científico técnica y su accesibilidad universal hasta ubicar a algunas de nuestros centros de altos estudios en el nivel de excelencia planetaria –en cuyos quinientos primeros lugares no aparece ninguna universidad argentina-. Y desde garantizar la seguridad ciudadana sin tolerancia a ninguna clase de delitos, hasta desmantelar las redes de complicidades de varios escalones “glo-cales” (globales-locales) que trasladan la violencia global a la vida cotidiana de los argentinos.
Esas dos direcciones son una expectativa vigente y atenta en los ciudadanos, aunque no se vean reflejadas en la acción actual de la dirigencia, impregnada en diversos grados por el ideologismo retardatario impuesto por el régimen “K” al debate argentino. Ese ideologismo es funcional al entramado decadente de sindicalistas enriquecidos y empresarios protegidos, de burocracias políticas ligadas a la corrupción policial y judicial del conurbano bonaerense y a engañosas “ONGs” de consignas falsarias actuando, como los partidos revolucionarios en los 70, de vasos comunicantes con un juego geopolítico ajeno a los intereses nacionales. Ideologismo que no calza en ninguna de las categorías actuales de “izquierdas” y “derechas” sino que responde a la más cruda pre-modernidad, ajena a la democracia, desconfiada de los ciudadanos y justificatoria de la violación de los derechos de las personas cuando conviene a sus objetivos políticos.
En ese escenario debe ubicarse la refexión sobre el renacimiento del radicalismo. Partido instrumentador de la “primera modernidad”, tuvo un papel significativo en la articulación del debate nacional masificando la democracia. El radicalismo logró que los ciudadanos encarnaran el sistema político alberdiano, con la herramienta del sufragio, incorporando al funcionamiento institucional a las grandes mayorías. Su rol no fue “ideológico”, sino culminador del proyecto constitucional.
Nunca se identificó totalmente con las ideologías que motorizaron el siglo XX, porque el país nunca alcanzó a completar el programa del siglo XIX, y renació con fuerza cada vez que la democracia era mediatizada, negada o violada y los ciudadanos extrañaban su vigencia. Incluyó en su seno alas “progresistas” y “moderadas”, los Yrigoyen y los Alvear, procesando sus visiones en el marco democrático y de esta forma consolidó un espacio democrático-republicano frente a las visiones más autoritarias y populistas, menos apegadas al proyecto modernizador o al “progreso sin democracia”.
El siglo XX fue testigo de su incomodidad frente a los debates ideológicos y a la forzada interpretación de sus epopeyas por unos u otros, sin lograr encontrar las divisiones ideológicas claras en sus numerosas épicas. Alem fue revolucionario en 1890 junto a Mitre y otros próceres de la generación del 80. Yrigoyen y Alvear protagonizaron juntos la revolución de 1905. Yrigoyen fundó YPF y Alvear le dio su primer impulso enviando al Congreso la Ley de Nacionalización del Petróleo, que no pudo ser aprobada. Alvear fue un luchador sin cuartel contra el fraude de la década de 1930 y hasta los hasta hace poco denostados Tamborini y Mosca levantaron un programa avanzado que convocó a la opinión democrática-republicana, con socialistas y comunistas, ante lo que se sentía como llegada al país de la oleada autoritaria de la primera mitad del siglo XX. Hoy vemos sus consecuencias.
Sus errores fueron también los errores de gran parte de la intelectualidad argentina. Fue luego de su derrota, en 1945, que algunos de sus pensadores se sumaron al naciente peronismo, inaugurando el “entrismo”que luego intentara la izquierda hasta su reciente experiencia “K”, en un camino que busca el éxito sin las molestias de la lucha. Quienes resistieron a la tentación del poder, se refugiaron, como tantas veces, en el republicanismo democrático, en la Constitución que ya Yrigoyen definiera como “programa partidario”. Y hubo de sufrir muchas veces las ironías y juicios despectivos de sucesivos intelectuales de diversas generaciones por su limitada programática. Hasta que se sentía su ausencia, se enseñoreaba el autoritarismo y el país volvía la mirada al viejo partido.
Siempre tuvo dos prevenciones. De un lado, a quienes había vencido en 1916, los del “progreso sin pueblo”. Del otro, a quienes lo vencieron en 1945, los del “pueblo sin progreso”. Y siempre intuyó que el programa modernizador debía completarse incluyendo a unos y otros, con la herramienta de la democracia. Ni unos ni otros terminaron –ni terminan- de comprenderlo. Para unos, se trata de un partido que no comprende “las leyes de la economía” a las que conciben sin frenos, orientaciones ni límites y no comprenden que la democracia fue diseñada por los hombres para neutralizar los efectos más salvajes a que llega la economía libre cuando no tiene la orientación de la política. Para otros, se trata de un partido de miedosos, que no se anima a ejercer el poder cuando lo tiene, sin comprender que la democracia no da todo el poder al Estado, sino que está apoyada en el respeto fundamental a los derechos de los ciudadanos, entre los cuales la libertad económica es tan importante como el resto de sus libertades personales. Lo que el peronismo ve como “temor” es “responsabilidad democrática republicana” en el ejercicio del poder.
Por supuesto que muchas veces se equivocó. Entre otras, cuando privilegió sus conflictos internos –y llego hasta dividirse- o cuando exageró sus afinidades ideológicas –y se hizo internamente intolerante-. Esos errores lo debilitaron en su principal misión en la política argentina: consolidar la democracia constitucional.
Mientras tanto, el mundo se hizo más complejo y la Argentina se estancó en su debate de hace décadas. En ese escenario, el radicalismo busca hoy su papel indagando su utilidad para los tiempos que vienen.
En ese “movimiento de placas tectónicas” a que hacía referencia más arriba, hay uno que tiene en el radicalismo, su ética y sus valores, un componente esencial: el programa de la modernidad, que como tantas veces en la historia, sigue pugnando por aparecer. Los ciudadanos que tradicionalmente han votado alguna vez al radicalismo se alinearon sin duda alguna en respaldo a la lucha del campo, por ejemplo, aún los que habían votado a Cristina Kirchner esperando que corrigiera los desatinos de su esposo. El voto de Cobos en el Senado los representó, y representó en ese instante decisivo la historia radical. No hubiera podido ser entendido un voto distinto, salvo una renuncia a la historia y los valores de su pertenencia identitaria.
Ese pronunciamiento reabrió el debate de la necesidad –o utilidad- del reagrupamiento. Tomando distancia, pareciera que tal camino será necesario –o util- si fuera necesario profundizar el reclamo democrático republicano, en una actitud que no puede agotarse en la confluencia, sino que requiere ampliarse a partir de allí a todo el arco político. La democracia necesita que todos los actores del país la abracen con sinceridad. El radicalismo será imprescindible, aunque insuficiente. El triunfo mayor del radicalismo sería ver en el mismo escenario constitucional, funcionando limpiamente y sin deformaciones, a sus viejos rivales conservadores y peronistas. Cuando ello ocurra, el país habrá entrado en el mundo moderno, habrá soldado su unidad alrededor de la Constitución Nacional.
Pero no agotará la demanda de los ciudadanos. Porque lo que sigue, inmediatamente –y me atrevería a decir, paralelamente- es encarar la agenda del nuevo siglo. Será un nuevo desafío, para cuyo éxito será imprescindible despegarse de las “durezas ideológicas” del siglo XX. Los nuevos desafíos reclaman nuevos tipos de alianzas, incluso de viejos rivales. Y requieren elaborar marcos conceptuales adecuados, más en línea con los debates que enfrenta el mundo global, del que la Argentina foma parte aunque su dirigencia se resista a tomar nota. Pero la mayoría de los argentinos lo saben: es una etapa de menos estructuras y más ciudadanos.
El radicalismo podrá ser util en esta nueva etapa si levanta la mirada a los años que vienen y prevé los desafíos que enfrentará el país en ese mundo global: educación, ambiente, energía, articulación económica adecuada al nuevo paradigma, piso de inclusión social, desarrollo científico-técnico, nuevas amenazas internacionales, delito global y complicidades “glo-cales” que traen el infierno a la vida cotidiana de la mano de las redes de tráfico de estupefacientes, armas, personas, lavado de dinero y marcas falsificadas; participación en la “alta gerencia” internacional –en cuyas puertas ya se encuentra Brasil, invitado periódico al G 8-. Las respuestas a esos problemas no están en la Carta de Avellaneda, como no lo están en las “Veinte Verdades Peronistas”, ni el el Manifiesto Comunista. Son nuevos problemas, propios del éxito de la modernidad –no de su fracaso- que abren nuevas demandas, que deben ser analizadas desde la “modernidad reflexiva”. La Coalición Cívica lo está entendiendo, al igual que el Pro.
Si el radicalismo reduce su debate al limitado escenario de las anécdotas, perderá su ventaja. Podrá discutir con los socialistas quién es más socialdemócrata y con los liberales si es más racional que ellos en el manejo económico ––con lo limitado que ambas cosas significan en el mundo actual- y con los peronistas si es o no más “popular” que ellos en la construcción de clientelismo...; podrá discutir si es adecuado sancionar una “amnistía” que nadie pide o si “abre las puertas” de la vieja estructura a Julio Cobos –como si a la sociedad le interesara la vieja estructura...-. Perderá el tiempo, y perderá la historia, porque mientras tanto los ciudadanos es probable que busquen –y seguramente encuentren- una expresión política nueva, que no mire tanto al siglo XX sino que afine su mirada a las dramáticas pero apasionantes imágenes que se abren en el siglo XXI.
Por el contrario, si el radicalismo sobre la base de la tolerancia democrática republicana se proyecta en foro de debate, reflexión y decisiones para esos nuevos problemas; si se convierte en un faro de luz y atracción a quienes se sienten soldados de la democracia republicana e ilumina el complicado escenario de los años que vienen; si se dedica a articular sin sectarismo las distintas visiones del pan-radicalismo y desde allí a generar un amplio consenso estratégico nacional; si actúa con la madurez de comprender que el papel de una organización política sólo se legitima si le sirve a los ciudadanos y a la sociedad, como lo ha hecho tantas veces en su historia, entonces sí tendrá muchos años por delante de utilidad y servicio a la democracia argentina.
Ricardo Lafferriere
Pagar deudas está bien
Disponer del dinero ajeno, no.
¿Cómo discrepar con un principio ínsito en el comienzo de la civilización, como es pagar lo que se debe? El deber de honrar las deudas es tan ancestral que algunos biólogos opinan que los pre-homínidos –y hasta algunos mamíferos superiores, como los perros- lo respetan como base de su convivencia... En ese sentido, el pago que el país hará a sus acreedores del Club de París es tan correcto como lo sería pagar a los “hold out”, acreedores a los que no les pareció bien la oferta que la Argentina les realizo años atrás de reducirle su acreencia en casi un 70 por ciento y aún esperan que le paguemos lo que se les debe, o a los jubilados que se les congeló su haber en el 2000...
Pero... ¿está bien analizar una decisión de política económica internacional con el mismo cartabón con que analizan sus obligaciones los primates pre-homínidos? ¿O existen algunos elementos de sofistificación que debieran agregarse a este análisis desde la perspectiva, usos, costumbres y conveniencias de la economía internacional, de la propia convivencia nacional y el estado de derecho?
Recordemos, para juzgar esta decisión, varios puntos:
- Es cierto que la deuda está vencida en su mayor parte. Tanto como que los acreedores son gobiernos amigos y existe en ellos la disposición a renegociarla en los términos usuales para las negociaciones públicas entre Estados, a la tasa comunmente aceptada por el FMI, alrededor del 5 %.
- No existen condicionamientos de política económica para el eventual acuerdo, salvo lo que de cualquier forma es obligación del país como miembro del FMI y de la comunidad internacional: mostrar en forma transparente las cuentas públicas, obligación ésta que es aceptada por todo el mundo, desde China hasta Bolivia, desde Cuba hasta Japón, desde Estados Unidos hasta la India y que es obligación de cualquier gobierno que haya superado la arcaica confusión entre los dineros públicos y el patrimonio personal de los gobernantes.
- El dinero dispuesto para abonar esa deuda no es patrimonio personal de la señora presidenta sino de los argentinos que contribuyeron a atesorarlo: los productores que abonaron un tercio del valor de sus exportaciones, a través de las retenciones. Los trabajadores que aportan los diversos impuestos con que se gravan sus salarios. Los empresarios a través del impuesto a las Ganancias y varios más, y hasta los cartoneros y desocupados, que cuando adquieren algo tan elemental como un kilo de yerba, un litro de aceite o un cuaderno para la escuela de sus hijos le pagan al fisco el 21 % del precio en concepto de IVA. Ese dinero es el fruto del esfuerzo común de toda una sociedad.
- Por eso mismo, la Constitución y las leyes disponen que no se pueden realizar gastos públicos sin una ley discutida y aprobada por el Congreso. Ello garantiza un piso de transparencia y un debate plural en el que se analicen las prioridades, las urgencias y las conveniencias de asignación de recursos públicos. En un estado de derecho, no hay impuesto ni libramiento sin ley que los autorice.
- Si no se cumplen los procedimientos, el gobierno está disponiendo ilegalmente de dinero ajeno, aunque quienes reciban el pago saluden efusivamente y muestren su alegría con melosos comunicados de agradecimiento.
¿Está bien lo que anunció la señora presidenta, en el sentido de “instruir” al Ministro de Economía que realice el pago de la deuda? Claramente, no. Salvo que esa instrucción se reduzca a elaborar la propuesta legislativa correspondiente, que debería enviarse al Congreso, responsable constitucional de “arreglar el pago de la deuda exterior de la Nación”, como lo dispone el artículo 75 incs. 7 y 4 de la Carta Magna.
Allí, en el parlamento, a la luz pública y con un debate transparente, debería analizarse la propuesta presidencial, escuchar sus argumentos y decidirse si es conveniente para el país realizar ese pago, si hay otras prioridades, o si, simplemente, habría otras alternativas más favorables que pagar en su totalidad una deuda cuya cancelación no es exigida, que genera una tasa de interés inferior a la mitad de la que se está contrayendo a través de los títulos adquiridos por Venezuela y que debilita la posición líquida del Estado en un momento en que existen coincidencias en los analistas internacionales sobre la incertidumbre que se prevé para los próximos meses en la economía internacional y en el valor de los comodities, pilares fundamentales de los recursos públicos y del dinamismo de la economía argentina.
La opción elegida no avanza en dirección a la calidad institucional. Más bien parece el resultado de un impulso adolescente, descalzado de un proyecto integral, generador de nuevos problemas (“hold out”, juicios en CIADI, debilidad en las reservas, revitalización de justos reclamos por la “deuda interna” como jubilados, militares retirados, docentes, etc.), problenas que el mercado ya descontó con un nuevo incremento del riesgo país y una nueva caída en el precio de los bonos públicos.
Pagar lo que se debe, está bien. Disponer de dinero ajeno, no. Y hacerlo sin facultades por un “decisionismo” ajeno a la institucionalidad, pues... eso sí que aumenta los problemas. Para todos los argentinos, ahora. Y seguramente para la propia presidenta, cuando termine su mandato y le llegue el turno, como a sus predecesores, de recorrer junto a su marido los juzgados federales.
Ricardo Lafferriere
"Ni se les ocurra..."
¿Recuerdan? El grito de Luis D’Elía convertido en “slogan” de los afiches kirchneristas cuando al gran charlatán se le ocurrió calificar de “golpista” la resistencia del campo a su ofensiva cleptómana...
Sonaba amenazante. Y está bien que así fuera, en la tosca lógica del rudimentario esquema del “poder K”. Aún con los dislates, la incapacidad, la corrupción, la soberbia y la desvinculación de la realidad, se trataba –se trata...- de un gobierno que ha cumplido con los ritos formales de la democracia y que, para finalizar, debe cumplir su mandato, ser destituido por Juicio Político, o eventualmente ser su Jefe de Gabinete de Ministros objeto de una Moción de Censura, con la consencuencia inexorable de una administración de base parlamentaria (art. 101 CN de la Constitución reformada) cohabitando con el Poder Ejecutivo electo. Son las únicas alternativas posibles en el marco constitucional que los argentinos venimos intentando consolidar desde hace un cuarto de siglo.
El recordatorio viene a cuento de la proliferación de rumores sobre la posible finalización del mandato por renuncia y auto-exilio de la pareja presidencial, ante las graves dificultades económicas, sociales y políticas que se avecinan y se extenderán por los próximos dos años. Desde esta columna, que ha sido persistente y coherente en su crítica irreductible a la administración “K” desde el 2003 hasta hoy, le advertimos con claridad: Señora presidenta, ¡ni se le ocurra!
El país no les tolerará una huida. Mal que le pese, tendrá que cumplir su obligación constitucional y guiar a la Nación a través del campo minado que nos dejó su marido, no sólo a usted, sino a todos los argentinos. Aislados del mundo, subordinados a las dislocadas aventuras caribeñas, sumergidos en una orgiástica violencia cotidiana, inmersos en las redes de narcotráfico a las que agregó las fábricas locales de narcóticos organizadas por los aportantes a su campaña electoral y protegidas por sus funcionarios, presenciando la mayor corrupción sistémica de la que se tenga memoria, sufriendo nuevamente la inflación que habíamos desterrado hace tres lustros, soportando los recreados enfrentamientos entre argentinos que habíamos superado hace años, perdida una oportunidad histórica como no se daba desde hace más de ocho décadas... todo eso es lo que su antecesor le provocó al país y que es su responsabilidad corregir.
No se escapará, porque no la dejaremos. Al menos, hasta que los argentinos hayamos construido la opción de relevo, que –no le quepa duda- llegará. No antes. Porque tampoco toleraremos que su incapacidad nos deposite nuevamente en un regreso al pasado golpista de la pesificación asimétrica, el robo a los salarios y ahorristas, a la reiteración de la defraudación a quienes le han prestado al país luego de haber sido robados, o a la expropiación de ingresos de los argentino que invierten a través de una nueva macrodevaluación. Todo indica que eso se está fraguando en su propio partido.
Señora: ¡ni se le ocurra! A pesar de nuestros propios afectos y gustos, a pesar de nuestra discrepancia con su estilo soberbio y sus modales maleducados, a pesar incluso de nuestros propios instintos primarios de autodefensa de la integridad sicológica, le exigiremos que termine su mandato. Porque aunque descontemos que será un tiempo perdido para la historia chica de la Argentina, la experiencia política que están haciendo los millones de compatriotas que la votaron será imborrable para la historia grande del país y ayudará a que, en adelante, se piense y se jerarquice más el instrumento del sufragio, que tanto nos costó conseguir hace casi un siglo.
No le quepa duda: nos libraremos de usted. Pero será por elecciones, en el momento que dispone la Constitución. No por el atajo golpista de sus “compañeros”.
Ricardo Lafferriere
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