La observación y el seguimiento de la opinión académica y especializada sobre la naturaleza de la crisis económica y sus perspectivas confirman una afirmación realizada hace algunos meses desde esta columna: sus características son lo más parecido imaginable a un episodio catastrófico natural y terminará... cuando termine.
Desde esa convicción, es poco lo que pueda hacerse, como no sea destinar los recursos con que se cuente para paliar los efectos más dramáticos en las personas más afectadas. Ello significa: alimentos, medicamentos y alojamiento, que son las necesidades básicas más lascerantes que deben enfrentar quienes cuentan con pocas reservas de recursos, limitados a la venta de su fuerza de trabajo, que se encontrará sin “compradores” mientras la crisis dure y no se retome la dinámica de crecimiento.
La crisis, por lo demás, es global. No hay en esta calificación ideologismo alguno. El diagnóstico es sostenido por investigadores y sabios del norte y del sur, del Este y del Oeste, del mundo desarrollado y del mundo en desarrollo, de Universidades y de “think tanks” públicos y privados. No se ha escuchado en ese espacio a nadie que realmente interese escuchar, sostener que los diagnósticos sobre la globalidad del problema sean de “agoreros” o de “neoliberales”. Aún reconociendo las limitaciones epistemológicas del conocimiento económico –y social-, ciertos hechos y fenómenos existen, son observables, cuantificables y analizables.
No existen respuestas locales a los problemas globales. Esta es otra afirmación que se ha hecho axioma, con una vigencia creciente a medida que se instala en el planeta el paradigma cosmopolita, al que nadie puede escapar sino al precio del aislamiento, la represión, el estancamiento y la caída en estados policiales como intento supremo de disciplinar la avasallante tendencia en las personas de todo nivel educativo y social de incorporarse al nuevo paradigma, apoyado en la economía funcionando sobre bases mundializadas.
¿Nada se puede hacer, entonces, desde lo local? Siempre se puede.
Hemos adelantado nuestra convicción: se pueden hacer cosas, a condición de comprender la naturaleza global del proceso, de tener conciencia de las limitaciones de los recursos con que se cuenta y de determinar con lucidez las prioridades a que se destinarán esos recursos de emergencia, hasta que el mundo recupere su marcha.
La propia actitud norteamericana frente a la crisis es paradigmática. La incertidumbre sobre la dimensión de los recursos “evaporados” hace imposible, aún contando con ilimitada cantidad de recursos, salvar a todos. En consecuencia, el paquete de recursos fiscales solicitado por la Administración al Congreso fue objeto de un profundo debate en el que los legisladores, representantes del pueblo y los Estados, determinaron las prioridades de asignación. No se trata de Ochocientos mil millones de dólares en forma de cheque en blanco: se trata de una definición de urgencias que incluirá la ayuda para mantener la vivienda, reforzar los servicios sociales, ayudar a las actividades económicas más ligadas al empleo y, en suma, construir una especie de “tinglado” para que, ante el derrumbe generalizado de todo, defienda a las personas reales de los daños más lascerantes. Todo eso pueden hacerlo, en última instancia, porque tienen recursos, y a los propios pueden sumar lo recibido de todo el mundo que ha corrido a refugiarse en la seguridad –política, jurídica y militar- que le ofrece la mayor democracia, el mejor estado de derecho y la máxima potencia militar del planeta.
Pretender emular ese plan vendiendo heladeras, planchas y cocinas financiadas a tasas de liquidación con fondos que, no olvidemos, se han incautado como salteadores a los ahorristas privados destrozando el Estado de Derecho y la confianza pública en el Estado, es dilapidar con alegre irresponsabilidad propagandística los escasos recursos públicos que en tres o cuatro meses no tendremos para dar comida a los millones de compatriotas que andarán deambulando por las calles pidiendo o exigiendo pan para sus hijos. Detrás de un ideologismo impostado se esconde la mayor incompetencia y falta de previsión para atender los problemas que vendrán y que se están asomando en forma dramática con la caída en la construcción, el derrumbe en la producción –y venta, y exportación- de automóviles y la creciente desocupación que se puede palpar, ya, en las calles de las principales ciudades argentinas.
En algún tiempo tendremos dramas sociales que hacía tiempo no veíamos; y no tendremos recursos –que se están dilapidando- para enfrentarlos ni capacidad de endeudamiento –que sí tienen los países serios- para conseguirlos. Es difícil imaginar el grado de las conmociones que pueden darse en nuestra sociedad ante una cúpula de gobierno que alquila “fracs” para adornar a los sindicalistas amañados en recepciones diplomáticas, mientras el país se sumerge cada vez más en las consecuencias de los cinco años de latrocinio “K” que viene sufriendo desde el 2003. Nunca, en toda su historia, la Argentina dilapidó tan irresponsablemente condiciones tan beneficiosas para construir su futuro con inteligencia.
En ese lapso, Brasil ahorró Doscientos mil millones de dólares para enfrentar tiempos de vacas flacas. La Argentina del peronismo “K”, con mayores excedentes proporcionales que su vecino, no sólo “se gastó todo” sino que volvió a endeudarse a niveles previos a la crisis del 2001, deuda que provocó el derrumbe que todos recordamos.
Aunque su responsabilidad es superlativa, sería injusto culpar de todo a la inefable pareja gobernante. Fueron acompañados por la mayoría del peronismo, y en el último gran robo, también por la bancada socialista, que –dicho como una digresión desde el dolor de viejos afectos inundados por la frustración- se rasga las vestiduras impugnando “ideológicamente” a un honesto y lúcido dirigente como Ricardo López Murphy mientras olvida su vergonzosa asociación con el hampa kirchnerista para incautar los ahorros previsionales de nueve millones de argentinos, como si se pudiera ser socio de los ladrones y a la vez integrar la comisión de ética de la legión de los honestos. La pareja gobernante no es la única responsable del dislate: también lo son quienes, conociendo más que ellos –por su experiencia de gobierno, por su formación, por sus contactos- sabían a conciencia hacia dónde estaba siendo conducido el país y, pudiendo poner límites y cambiar el rumbo, prefirieron sumarse a los beneficios de la “piñata”.
Ahora, la claque aplaude cómo despilfarran los fondos incautados a los incautos ciudadanos que creyeron en el país. Hasta se siguen juntando para otorgar aplausos de compromiso a las genialidades del devaluado atril, convertido en oficina de venta de cocinas y heladeras. Esperan todos “lo que le toca a cada uno”: créditos “blandos”, envíos de fondos para obras públicas que se pagarán pero nunca se realizarán, subsidios a gobernadores e intendentes alineados... hasta que se termine la caja. Seguramente entonces, los mismos, “descubrirán” la irresponsabilidad que han tenido los K al fogonear la crisis y liquidar las herramientas que cuando se necesiten no estarán. “Los K” serán en ese momento los “chivos emisarios” de los que aparecerán como “sorprendidos” al emerger crudamente la dimensión de la crisis y probablemente –entonces- se “indignen” con el robo previsional y el nuevo endeudamiento.
Es momento de diseñar planes de defensa de los compatriotas más pobres. Organizar en el escaso tiempo que queda un plan alimentario de emergencia sin connotaciones clientelistas, liberar rápidamente la economía de la asfixia extorsiva y la corrupción, diseñar y poner en marcha un programa sanitario que contenga los efectos más fuertes de la pobreza, convocar a ONGs y especialistas para diseñar rápidamente un programa de viviendas económicas que les garantice techo a las familias que lo perderán o no podrán solventar ni siquiera un alquiler misérrimo, prever –nuevamente- que las Escuelas deberán responder a una nueva situación de emergencia... y concurrir con disposición y ánimo abierto a los espacios internacionales donde se generan las medidas globales, no a dictar cátedras desde la soberbia ignorancia del “maestro de Siruela, que no sabía leer, y puso escuela” o reclamar esperpénticos “copyright”, sino a escuchar con humildad a los que saben y tratar que el mundo vuelva a tomarnos en serio.
Debieran reaccionar. No se logrará revertir la crisis global vendiendo heladeras baratas. El propio Obama ha dado el ejemplo, organizando un gabinete con adversarios, convocando a medidas de unidad y ofreciendo la mano tendida hasta a los enemigos de su país que quieran recomenzar el diálogo. Seguir en el rumbo actual puede tener consecuencias terribles. No parece precisamente el momento adecuado para seguir jugando con fuego.
Ricardo Lafferriere
domingo, 8 de febrero de 2009
Por la gracia de Dios
No es el de la Argentina un problema cultural. Mucho menos religioso. Es, crudamente, un problema institucional.
Muchos países, con similares raíces culturales que el nuestro, han organizado su convivencia en forma virtuosa y muestran un envidiable crecimiento no sólo económico, sino integral. Muchos más, con similares creencias religiosas a las de nuestro pueblo, generan admiración por haber encontrado el camino de despegue reduciendo su pobreza, incorporando millones de seres humanos a los beneficios de la sociedad formal y transitando un camino reflexivo de construcción.
No pasa por ahí la raíz de nuestros problemas, sino en la destrucción institucional que comenzamos en 1930 y que no se ha detenido, a pesar de chispazos de reacción, siempre abortados.
La destrucción institucional tiene dos líneas de fractura. Una es comunmente mencionada y se refiere al olvido de la separación de poderes y competencias entre los órganos del Estado, singularmente grave al ser el nuestro un país de raíz federal y en consecuencia haber logrado diseñar en su Constitución un complicado sistema de equilibrios cruzados destinados a resguardar la imbricación virtuosa entre los poderes del Estado nacional y de las autonomías provinciales, por donde pasan la mayoría de las necesidades básicas de los ciudadanos. Las groserías institucionales que rompen ese equilibrio, agravadas hasta el paroxismo por la administración kirchnerista, han minado el consenso constitucional al someter la justicia y el parlamento a la discrecionalidad de una persona que ni siquiera cuenta con legitimidad de origen o del desempeño de un cargo público, pero que se ha convertido en el gran decisor de impuestos y gastos, condenando a quien se le ocurra y beneficiando a quien lo apoye con recursos confiscados en forma arbitraria a millones de compatriotas.
No sólo eso: el diseño de un sistema de coacción a la justicia muestra hoy a magistrados aterrorizados ante cualquier causa que implique investigar al oficialismo, en condiciones de terminar la carrera judicial con procesos amañados administrados por una institución que en los diferentes países en los que existe fue pensada para aumentar la independencia del Poder Judicial, pero ha sido convertida en la Argentina en una especie de Comité de Salud Pública de la Revolución francesa. La gran cantidad de jueces que se excusan en la causa que investiga por corrupción al diputado Kunkel, comisario político del oficialismo en el Consejo de la Magistratura, es la aberrante demostración de ese disciplinamiento, tanto como el cínico comentario del imputado: “Hacen bien en excusarse”. Por mucho menos que esto, el país sufrió las guerras civiles que demoraron en varias décadas su organización institucional.
Pero la otra línea de fractura es muchísimo más grave, porque atraviesa en mayor o menor grado a la mayoría de las fuerzas políticas: es la fractura entre la soberanía de los ciudadanos y las competencias del poder. Esta fractura, cuyo inicio más nítido puede observarse en el golpe de 1930, se apoya en la creencia de que existe un “poder” superior a los ciudadanos, con una presunta legitimidad superior justificada en los “estados de excepción”, que cada gobierno sucesivamente se encargaría de interpretar en diferentes formas alegando también distintas circunstancias y necesidades, y en virtud de la cual podrían imponerse a las personas “sumisiones o supremacías” al margen de las previstas en la carta constitucional, desde la confiscación de sus ahorros hasta la prohibición del comercio, desde la incautación arbitraria de sus bienes hasta la invasión de su privacidad, desde la coacción de su libertad de expresión hasta eliminación lisa y llana de su libertad de elegir.
Y sostenemos su gravedad sustancial porque una vez rota la convicción de que el poder surge de la soberanía de los ciudadanos, la tentación es legitimarlo en construcciones premodernas, étnicas, nacionalistas, ideológicas, integristas, culturales o religiosas. “Los pueblos originarios”, la “patria”, la “revolución”, o el propio “Dios” reemplazan a las personas, en cuanto ciudadanos, de su condición de base fundamental y última del sistema legal y político.
Ambas rupturas son la explicación de la decadencia argentina, que no responde a orientaciones filosóficas, ubicaciones ideológicas o raíces culturales.
Una visión pan-óptica de esta realidad nos mostrará, por supuesto, grisitudes. Hay personas, y fuerzas políticas y sociales “progresistas” y “moderadas”, que extrañan la institucionalidad y sienten una ansiedad casi genética por la vigencia del estado de derecho. Creen en el destino de una Argentina abierta y plural, democrática e integrada al mundo, libre y equilibrada, apoyada en hombres y mujeres dueños de su destino. En el otro extremo, hay personas y fuerzas que se sienten desobligadas totalmente de las instituciones constitucionales, aunque sus representantes hayan jurado “por Dios y los Santos Evangelios” disponer del poder dentro de los límites y formas de la Constitución, llegando en estos tiempos al extremo ya mencionado que no conmueve en lo más mínimo a quienes sostienen el actual –inconstitucional- marco de poder, el que no podría disponer de la discrecionalidad que muestra sin contar con respaldo en el Congreso, en la formación política que lo apaña y en los co-beneficiados de sus incautaciones y caprichos. Pero a fuer de ser honestos, debemos decir que hay también, entre ambos extremos, diferentes gradaciones que se ubican más o menos cerca de la ortodoxia institucional, o más o menos cerca de la justificación del robo y la arbitrariedad.
La Argentina ha ido retornando, desde hace ocho décadas, a la lucha que comenzó con la Revolución de Mayo y que le diera su partida de nacimiento en el concierto internacional: aquélla dirigida a institucionalizar su convivencia en los marcos de la modernidad. Tuvo en estos casi ochenta años avances y retrocesos, sin lograr hasta ahora que su proyecto modernizador fuera respetado por quienes juraron por él, en diferentes etapas de su historia contemporánea. Devaneos seudoideológicos, deformaciones dogmáticas nacionalistas, estructuras populistas y clientelares premodernas, más propias de la Colonia que de la gesta revolucionaria, han tironeado hacia atrás tratando de hacer retroceder el reloj de la historia patria a tiempos oscuros. En este retroceso se asientan, hoy, contradictoriamente, los nuevos desafíos del mundo del tercer milenio.
Su mejor símbolo lo ha dado la propia señora presidenta, al sugerir que su mandato responde a un “designio de Dios” como lo ha expresado días atrás en Villa Dolores, ignorando que el destino de los hombres es el resultado de su propia construcción y que significa un escapismo culpar a Dios de los bienes o males que son de nuestra propia responsabilidad.
Es responsabilidad de los propios argentinos a quién elegimos como nuestros representantes. Es responsabilidad de los representantes cumplir con la normas que juraron respetar. Es responsabilidad de cada persona, de cada ciudadano, expresar con claridad sus convicciones y participar con madurez en la reflexión y decisión sobre el futuro común.
Y es, por último, responsabilidad de todos encarrilar al país nuevamente en el estado de derecho, corrigiendo escrupulosamente las usurpaciones y deformaciones que está sufriendo, no sólo por el arbitrario comportamiento de un sicópata, sino de la canallesca complicidad de muchos que, pudiendo y debiendo detenerlo, prefieren esperar que el destino, o el “designio de Dios” corrija lo que está, ineludiblemente, en la responsabilidad secular.
Dios, para quienes creen en él y en él se inspiran, se encargará en el otro mundo de acercar su gracia, premiar y castigar a quién lo merezca. Mientras tanto, señora, sería bueno que recuerde que usted está allí porque los ciudadanos –y no Dios- la votaron para que ejerza su rol –a usted, y a nadie más que usted-, detro de las normas y con los límites claros que establece la Constitución y las leyes. Y que si no lo hace, de su falta o incapacidad no será responsable Dios, sino usted misma y quienes se lo permiten, y por ello deberán responder de lo que hacen ante los tribunales seculares mucho antes de tener que enfrentar el juicio trascendente.
Ricardo Lafferriere
Muchos países, con similares raíces culturales que el nuestro, han organizado su convivencia en forma virtuosa y muestran un envidiable crecimiento no sólo económico, sino integral. Muchos más, con similares creencias religiosas a las de nuestro pueblo, generan admiración por haber encontrado el camino de despegue reduciendo su pobreza, incorporando millones de seres humanos a los beneficios de la sociedad formal y transitando un camino reflexivo de construcción.
No pasa por ahí la raíz de nuestros problemas, sino en la destrucción institucional que comenzamos en 1930 y que no se ha detenido, a pesar de chispazos de reacción, siempre abortados.
La destrucción institucional tiene dos líneas de fractura. Una es comunmente mencionada y se refiere al olvido de la separación de poderes y competencias entre los órganos del Estado, singularmente grave al ser el nuestro un país de raíz federal y en consecuencia haber logrado diseñar en su Constitución un complicado sistema de equilibrios cruzados destinados a resguardar la imbricación virtuosa entre los poderes del Estado nacional y de las autonomías provinciales, por donde pasan la mayoría de las necesidades básicas de los ciudadanos. Las groserías institucionales que rompen ese equilibrio, agravadas hasta el paroxismo por la administración kirchnerista, han minado el consenso constitucional al someter la justicia y el parlamento a la discrecionalidad de una persona que ni siquiera cuenta con legitimidad de origen o del desempeño de un cargo público, pero que se ha convertido en el gran decisor de impuestos y gastos, condenando a quien se le ocurra y beneficiando a quien lo apoye con recursos confiscados en forma arbitraria a millones de compatriotas.
No sólo eso: el diseño de un sistema de coacción a la justicia muestra hoy a magistrados aterrorizados ante cualquier causa que implique investigar al oficialismo, en condiciones de terminar la carrera judicial con procesos amañados administrados por una institución que en los diferentes países en los que existe fue pensada para aumentar la independencia del Poder Judicial, pero ha sido convertida en la Argentina en una especie de Comité de Salud Pública de la Revolución francesa. La gran cantidad de jueces que se excusan en la causa que investiga por corrupción al diputado Kunkel, comisario político del oficialismo en el Consejo de la Magistratura, es la aberrante demostración de ese disciplinamiento, tanto como el cínico comentario del imputado: “Hacen bien en excusarse”. Por mucho menos que esto, el país sufrió las guerras civiles que demoraron en varias décadas su organización institucional.
Pero la otra línea de fractura es muchísimo más grave, porque atraviesa en mayor o menor grado a la mayoría de las fuerzas políticas: es la fractura entre la soberanía de los ciudadanos y las competencias del poder. Esta fractura, cuyo inicio más nítido puede observarse en el golpe de 1930, se apoya en la creencia de que existe un “poder” superior a los ciudadanos, con una presunta legitimidad superior justificada en los “estados de excepción”, que cada gobierno sucesivamente se encargaría de interpretar en diferentes formas alegando también distintas circunstancias y necesidades, y en virtud de la cual podrían imponerse a las personas “sumisiones o supremacías” al margen de las previstas en la carta constitucional, desde la confiscación de sus ahorros hasta la prohibición del comercio, desde la incautación arbitraria de sus bienes hasta la invasión de su privacidad, desde la coacción de su libertad de expresión hasta eliminación lisa y llana de su libertad de elegir.
Y sostenemos su gravedad sustancial porque una vez rota la convicción de que el poder surge de la soberanía de los ciudadanos, la tentación es legitimarlo en construcciones premodernas, étnicas, nacionalistas, ideológicas, integristas, culturales o religiosas. “Los pueblos originarios”, la “patria”, la “revolución”, o el propio “Dios” reemplazan a las personas, en cuanto ciudadanos, de su condición de base fundamental y última del sistema legal y político.
Ambas rupturas son la explicación de la decadencia argentina, que no responde a orientaciones filosóficas, ubicaciones ideológicas o raíces culturales.
Una visión pan-óptica de esta realidad nos mostrará, por supuesto, grisitudes. Hay personas, y fuerzas políticas y sociales “progresistas” y “moderadas”, que extrañan la institucionalidad y sienten una ansiedad casi genética por la vigencia del estado de derecho. Creen en el destino de una Argentina abierta y plural, democrática e integrada al mundo, libre y equilibrada, apoyada en hombres y mujeres dueños de su destino. En el otro extremo, hay personas y fuerzas que se sienten desobligadas totalmente de las instituciones constitucionales, aunque sus representantes hayan jurado “por Dios y los Santos Evangelios” disponer del poder dentro de los límites y formas de la Constitución, llegando en estos tiempos al extremo ya mencionado que no conmueve en lo más mínimo a quienes sostienen el actual –inconstitucional- marco de poder, el que no podría disponer de la discrecionalidad que muestra sin contar con respaldo en el Congreso, en la formación política que lo apaña y en los co-beneficiados de sus incautaciones y caprichos. Pero a fuer de ser honestos, debemos decir que hay también, entre ambos extremos, diferentes gradaciones que se ubican más o menos cerca de la ortodoxia institucional, o más o menos cerca de la justificación del robo y la arbitrariedad.
La Argentina ha ido retornando, desde hace ocho décadas, a la lucha que comenzó con la Revolución de Mayo y que le diera su partida de nacimiento en el concierto internacional: aquélla dirigida a institucionalizar su convivencia en los marcos de la modernidad. Tuvo en estos casi ochenta años avances y retrocesos, sin lograr hasta ahora que su proyecto modernizador fuera respetado por quienes juraron por él, en diferentes etapas de su historia contemporánea. Devaneos seudoideológicos, deformaciones dogmáticas nacionalistas, estructuras populistas y clientelares premodernas, más propias de la Colonia que de la gesta revolucionaria, han tironeado hacia atrás tratando de hacer retroceder el reloj de la historia patria a tiempos oscuros. En este retroceso se asientan, hoy, contradictoriamente, los nuevos desafíos del mundo del tercer milenio.
Su mejor símbolo lo ha dado la propia señora presidenta, al sugerir que su mandato responde a un “designio de Dios” como lo ha expresado días atrás en Villa Dolores, ignorando que el destino de los hombres es el resultado de su propia construcción y que significa un escapismo culpar a Dios de los bienes o males que son de nuestra propia responsabilidad.
Es responsabilidad de los propios argentinos a quién elegimos como nuestros representantes. Es responsabilidad de los representantes cumplir con la normas que juraron respetar. Es responsabilidad de cada persona, de cada ciudadano, expresar con claridad sus convicciones y participar con madurez en la reflexión y decisión sobre el futuro común.
Y es, por último, responsabilidad de todos encarrilar al país nuevamente en el estado de derecho, corrigiendo escrupulosamente las usurpaciones y deformaciones que está sufriendo, no sólo por el arbitrario comportamiento de un sicópata, sino de la canallesca complicidad de muchos que, pudiendo y debiendo detenerlo, prefieren esperar que el destino, o el “designio de Dios” corrija lo que está, ineludiblemente, en la responsabilidad secular.
Dios, para quienes creen en él y en él se inspiran, se encargará en el otro mundo de acercar su gracia, premiar y castigar a quién lo merezca. Mientras tanto, señora, sería bueno que recuerde que usted está allí porque los ciudadanos –y no Dios- la votaron para que ejerza su rol –a usted, y a nadie más que usted-, detro de las normas y con los límites claros que establece la Constitución y las leyes. Y que si no lo hace, de su falta o incapacidad no será responsable Dios, sino usted misma y quienes se lo permiten, y por ello deberán responder de lo que hacen ante los tribunales seculares mucho antes de tener que enfrentar el juicio trascendente.
Ricardo Lafferriere
viernes, 30 de enero de 2009
La alegría de Cristina
Poco más de un año atrás, en ocasión de una de las inefables cátedras desde el atril de la recientemente electa presidenta de la Nación, nos preocupábamos desde esta columna con la advertencia que daba título a un artículo: “Cristina atrása, el país se descalabra, Kirchner acumula”. No se había presentado aún el dislate de la Resolución 125, pero ya el relato presidencial, a pesar de no haber confesado aún que no conocía la fórmula del agua, mostraba serios errores de conocimiento y de diagnóstico que nos conducían aceleradamente a una nueva crisis.
Una foto actual del estado del país, “vis a vis” con una igual de hace un año, nos muestra la triste confirmación del diagnóstico, que si bien era visualizable ya con las robustas exportaciones agropecuarias logradas a pesar de los Kirchner, se hizo patético una vez desatada la crisis internacional que está golpeando a todo el planeta y ya se anuncia con la ralentización de China, cuyo potencial comprador de “commodities” es siempre la última esperanza frente a los males nacionales.
En un posterior análisis, realizado hace seis meses, sobre los efectos de crisis en el balance global, arriesgábamos la opinión de que una vez pasados los efectos de la crisis, el mundo retomaría su marcha con un fortalecimiento de la posición relativa de los Estados Unidos. El razonamiento no descubría la pólvora: partía del supuesto de que la eonomía real de bienes y servicios de todo el planeta no ha sufrido ninguna catástrofe astrofísica ni geoloógica. Al igual que ocurrió –en nuestra pequeña dimensión- con la crisis argentina del 2001, los campos, las fábricas, las infraestructuras, la energía, las comunicaciones, permanecían intactas. Cuando recuperaran la liquidez necesaria, el campo volvería a producir, las fábricas pondrían en marcha sus motores, los bancos retornarían con sus préstamos y todo comenzaría a marchar nuevamente. Ni siquiera la gestión K lograría detenerla y a pesar del sabotaje constante realizado a la producción con sus crecientes incautaciones de riqueza y su corrupción ramplona, el país retomó su senda ascendente. Así ocurrirá con el mundo.
¿Por qué será Estados Unidos la locomotora el nuevo arranque? Tampoco hay que descubrir la pólvora: es el país que ha sido elegido por todos (europeos y chinos, japoneses y rusos, latinoamericanos y africanos) como el reservorio mundial de la liquidez. Si hay un Estado en condiciones de financiar la nueva marcha de la economía, una vez que ésta toque fondo, es el estado norteamericano. Desbordante de recursos que han dejado en sus arcas los angustiados demandantes de bonos del Tesoro en todo el planeta, será su decisión política dónde volver a poner liquidez, a quién prestarle, a quién venderle, a quién comprarle, a quién favorecer y a quién castigar.
¿Por qué alegrarse, entonces, de que el discurso de Obama incluya la afirmación de que el mercado ha fallado y que en consecuencia el Estado debe intervenir? La frase del nuevo presidente norteamericano –junto a otras que anuncian una etapa interesante en los años que vienen, como la puesta en valor de la democracia, palabra que no se escucha en los discursos presidenciales argentinos desde 2003- para generar alegría, debería hacerse coherente con una decisión internacional de acercamiento maduro, prudente pero firme, con el país que decidirá en el corto plazo la suerte del mundo. Si es cierto que ahora el papel del Estado será más importante, es más importante que nunca acercarse a ese Estado –rol que el kirchnerismo conoce de memoria...- para intentar articular nuestros esfuerzos con las decisiones que se tomen para salir de la crisis. En otras palabras, “estar adentro”, no segregado.
Alegrarse porque el Estado norteamericano –el que arbitrará la salida de la crisis- podrá tomar en sus manos la gestión del mercado y a la vez destacarlo desde un viaje frívolo y vergonzante con los autócratas caribeños, ubicados en las antípodas de ese Estado, es cualquier cosa, menos coherente. Además de colisionar con los principios elementales de la diplomacia que aconsejan no hacer comentarios sobre terceros países o gobiernos desde el exterior del propio, tema éste que sabemos que no forma parte –como muchos otros- del capital intelectual de la pareja reinante. Lo que no sería nada grave, si tuviera la humildad de consultar a los que saben: nadie es especialista en todo ni tiene la obligación de serlo.
No se entiende la alegría de Cristina. Ha renunciado a sus principios de defensa de los derechos humanos a cambio de una foto desopilante para el álbum familiar presentada con un no menos desopilante comunicado del anciano dictador sobre la reunión, ha mancillado el honor de la Argentina al abandonar una causa que su propio marido había priorizado, como es la libertad de la Dra. Hilda Molina, ha aceptado la vergonzosa prohibición de reunirse con los opositores cubanos (¿se imagina la señora presidenta cómo hubiera reaccionado ella misma si el ex presidente Bush le hubiera prohibido reunirse con demócratas cuando viajó a Estados Unidos?); se prestó a una ridícula comedia de enredos con la agenda y la entrega de “la foto” que distribuyó profusamente como un trofeo de caza mayor desde la red de prensa presidencial; no consiguió ningún acuerdo para cobrar los más de dos mil millones de dólares que el régimen cubano nos debe desde hace casi tres décadas, reforzó su alineamiento con lo peor del Continente y marcó una vez más la inconsistencia e inconfiabilidad de la Argentina y de la política exterior de su gobierno en un momento en que el mundo comienza una nueva etapa.
En el país, mientras tanto, secuestros y asesinatos proliferan hasta formar parte del paisaje; el –otro inefable- administrador de la ANSES sigue dilapidando los recursos que confiscaron a los ahorristas previsionales en aventuras financieras esperpénticas y sin antecedentes en el mundo, como financiar el canje de autos y heladeras a tasas negativas con fondos previsionales, mientras retrasa el pago a los jubilados en una quincena e incumple sentencias judiciales con años de antigüedad; sus funcionarios están bloqueados para tomar decisiones mientras el principal activo productivo del país marcha al quebranto generalizado golpeado por la crisis internacional, la propia plaga kirchnerista y ahora, la sequía; los despidos crecen diariamente; las fábricas reducen abruptamente su ritmo de producción y los negocios están vacíos.
Su marido, mientras tanto, titular formal del peronismo adueñado de Olivos ilegalmente, da directivas a los ministros –que éstos obedecen como corderitos- de cómo repartir la caja discrecional de los fondos públicos robados a los ahorristas entre los intendentes y gobernadores amigos. Y el patrimonio personal de la familia trasciende ahora al petróleo, la pesca, el juego y las obras públicas para expandirse más en el rubro turístico con el agregado de otro hotel de cuatro estrellas en el Calafate, según dicen informaciones periodísticas no desmentidas, conformando un virtual monopolio en su pago chico del turismo de alto nivel.
Todo sigue igual.
Cristina atrasa. El país se descalabra. Kirchner acumula.
Lo que está bastante más colmada es la capacidad de tolerancia de los argentinos.
A pesar de la alegría de Cristina.
Ricardo Lafferriere
Una foto actual del estado del país, “vis a vis” con una igual de hace un año, nos muestra la triste confirmación del diagnóstico, que si bien era visualizable ya con las robustas exportaciones agropecuarias logradas a pesar de los Kirchner, se hizo patético una vez desatada la crisis internacional que está golpeando a todo el planeta y ya se anuncia con la ralentización de China, cuyo potencial comprador de “commodities” es siempre la última esperanza frente a los males nacionales.
En un posterior análisis, realizado hace seis meses, sobre los efectos de crisis en el balance global, arriesgábamos la opinión de que una vez pasados los efectos de la crisis, el mundo retomaría su marcha con un fortalecimiento de la posición relativa de los Estados Unidos. El razonamiento no descubría la pólvora: partía del supuesto de que la eonomía real de bienes y servicios de todo el planeta no ha sufrido ninguna catástrofe astrofísica ni geoloógica. Al igual que ocurrió –en nuestra pequeña dimensión- con la crisis argentina del 2001, los campos, las fábricas, las infraestructuras, la energía, las comunicaciones, permanecían intactas. Cuando recuperaran la liquidez necesaria, el campo volvería a producir, las fábricas pondrían en marcha sus motores, los bancos retornarían con sus préstamos y todo comenzaría a marchar nuevamente. Ni siquiera la gestión K lograría detenerla y a pesar del sabotaje constante realizado a la producción con sus crecientes incautaciones de riqueza y su corrupción ramplona, el país retomó su senda ascendente. Así ocurrirá con el mundo.
¿Por qué será Estados Unidos la locomotora el nuevo arranque? Tampoco hay que descubrir la pólvora: es el país que ha sido elegido por todos (europeos y chinos, japoneses y rusos, latinoamericanos y africanos) como el reservorio mundial de la liquidez. Si hay un Estado en condiciones de financiar la nueva marcha de la economía, una vez que ésta toque fondo, es el estado norteamericano. Desbordante de recursos que han dejado en sus arcas los angustiados demandantes de bonos del Tesoro en todo el planeta, será su decisión política dónde volver a poner liquidez, a quién prestarle, a quién venderle, a quién comprarle, a quién favorecer y a quién castigar.
¿Por qué alegrarse, entonces, de que el discurso de Obama incluya la afirmación de que el mercado ha fallado y que en consecuencia el Estado debe intervenir? La frase del nuevo presidente norteamericano –junto a otras que anuncian una etapa interesante en los años que vienen, como la puesta en valor de la democracia, palabra que no se escucha en los discursos presidenciales argentinos desde 2003- para generar alegría, debería hacerse coherente con una decisión internacional de acercamiento maduro, prudente pero firme, con el país que decidirá en el corto plazo la suerte del mundo. Si es cierto que ahora el papel del Estado será más importante, es más importante que nunca acercarse a ese Estado –rol que el kirchnerismo conoce de memoria...- para intentar articular nuestros esfuerzos con las decisiones que se tomen para salir de la crisis. En otras palabras, “estar adentro”, no segregado.
Alegrarse porque el Estado norteamericano –el que arbitrará la salida de la crisis- podrá tomar en sus manos la gestión del mercado y a la vez destacarlo desde un viaje frívolo y vergonzante con los autócratas caribeños, ubicados en las antípodas de ese Estado, es cualquier cosa, menos coherente. Además de colisionar con los principios elementales de la diplomacia que aconsejan no hacer comentarios sobre terceros países o gobiernos desde el exterior del propio, tema éste que sabemos que no forma parte –como muchos otros- del capital intelectual de la pareja reinante. Lo que no sería nada grave, si tuviera la humildad de consultar a los que saben: nadie es especialista en todo ni tiene la obligación de serlo.
No se entiende la alegría de Cristina. Ha renunciado a sus principios de defensa de los derechos humanos a cambio de una foto desopilante para el álbum familiar presentada con un no menos desopilante comunicado del anciano dictador sobre la reunión, ha mancillado el honor de la Argentina al abandonar una causa que su propio marido había priorizado, como es la libertad de la Dra. Hilda Molina, ha aceptado la vergonzosa prohibición de reunirse con los opositores cubanos (¿se imagina la señora presidenta cómo hubiera reaccionado ella misma si el ex presidente Bush le hubiera prohibido reunirse con demócratas cuando viajó a Estados Unidos?); se prestó a una ridícula comedia de enredos con la agenda y la entrega de “la foto” que distribuyó profusamente como un trofeo de caza mayor desde la red de prensa presidencial; no consiguió ningún acuerdo para cobrar los más de dos mil millones de dólares que el régimen cubano nos debe desde hace casi tres décadas, reforzó su alineamiento con lo peor del Continente y marcó una vez más la inconsistencia e inconfiabilidad de la Argentina y de la política exterior de su gobierno en un momento en que el mundo comienza una nueva etapa.
En el país, mientras tanto, secuestros y asesinatos proliferan hasta formar parte del paisaje; el –otro inefable- administrador de la ANSES sigue dilapidando los recursos que confiscaron a los ahorristas previsionales en aventuras financieras esperpénticas y sin antecedentes en el mundo, como financiar el canje de autos y heladeras a tasas negativas con fondos previsionales, mientras retrasa el pago a los jubilados en una quincena e incumple sentencias judiciales con años de antigüedad; sus funcionarios están bloqueados para tomar decisiones mientras el principal activo productivo del país marcha al quebranto generalizado golpeado por la crisis internacional, la propia plaga kirchnerista y ahora, la sequía; los despidos crecen diariamente; las fábricas reducen abruptamente su ritmo de producción y los negocios están vacíos.
Su marido, mientras tanto, titular formal del peronismo adueñado de Olivos ilegalmente, da directivas a los ministros –que éstos obedecen como corderitos- de cómo repartir la caja discrecional de los fondos públicos robados a los ahorristas entre los intendentes y gobernadores amigos. Y el patrimonio personal de la familia trasciende ahora al petróleo, la pesca, el juego y las obras públicas para expandirse más en el rubro turístico con el agregado de otro hotel de cuatro estrellas en el Calafate, según dicen informaciones periodísticas no desmentidas, conformando un virtual monopolio en su pago chico del turismo de alto nivel.
Todo sigue igual.
Cristina atrasa. El país se descalabra. Kirchner acumula.
Lo que está bastante más colmada es la capacidad de tolerancia de los argentinos.
A pesar de la alegría de Cristina.
Ricardo Lafferriere
“Éstos no son los gallegos. Éstos son Obama....”
Curiosa desaparición, la del “affaire” Transportadora General del Norte (TGN) de los medios de comunicación....
Como se recordará, hace aproximadamente un mes, el gobierno decidió “intervenir” la empresa transportadora de gas, que había recurrido a la justicia con la decisión de declarar su default por sufrir lo que la mayoría de las empresas privatizadas durante la gestión del ex presidente Menem (peronista, igual que Kirchner) han soportado durante el quinquenio kirchnerista: un ahogo tarifario unido a obligaciones de inversión y prestación de servicios en un marco cambiario y de precios relativos totalmente diferente al existente.
El mecanismo de extorsión, usual durante el kirchnerismo, le dio frutos suficientes hasta la fecha. Fue por este procedimiento que lograron apropiarse del 20 % de YPF, de varias empresas de servicios y hasta empujar a Aerolíneas Argentinas hasta el borde del abismo, logrando adueñarse de la empresa sin poner ni un centavo, esta vez con la complicidad de diputados y senadores peronistas y la camarilla sindical. Aunque realizado por un grupo político en ejercicio de un poder absoluto, este mecanismo reiterado de extorsión provocó el cambio de manos de las principales empresas del país y ha generado un capitalismo negro de amigos del poder que ha convertido a Nestor Kirchner en un magnate del petróleo, del turismo, de la pesca, de los juegos de azar, de las obras públicas y últimamente también del transporte aerocomercial. En su patrimonio personal, ha sido el presidente argentino de mayor capital en toda la historia del país –primer record- y el que incrementó su patrimonio en mayor porcentaje también en toda la historia de la Argentina independiente. A pesar de decirse “progresista” y “de izquierda”, curiosas etiquetas con las que consigue la fácil absolución de quienes hasta llegan admirarlo por su audacia.
TGN tranporta gas desde los yacimientos del norte hacia la Capital Federal. Entre sus dueños está el grupo Techint, socio de todos los gobiernos, con el que el kirchnerismo realizó importantes negocios que incluyeron hasta su ampliación en Venezuela, donde la empresa hizo importantes inversiones hasta que el autócrata caribeño decidió ponerle fin apropiándose de su acería, desmintiendo el viejo aforismo “entre bueyes no hay cornadas”.
La declaración de default de TGN enfureció a Néstor Kirchner, que ordenó un operativo de presión que incluyó una insólita denuncia penal, alegando que el acta de directorio que decidió el default se había confeccionado al día siguiente de la reunión. El sainete de enredos se complicó aún más al conocerse que el default había sido adelantado al Ministro de Infraestructura, quien lo habría alentado como una forma de justificar la intervención del Estado, actualizar la tarifa y comenzar las negociaciones de práctica –obviamente, para apropiarse de parte de la empresa-.
TGN desapareció de los medios apenas el dueño de Techint regresó al país de un viaje al exterior. El conflicto pareciera haberse encarrilado en negociaciones que, al estilo vigente, son secretas aunque se traten de negocios públicos. Lo usual en estos casos lo conocen bien “los gallegos”: autorización de aumentos de tarifas a cambio de entregar una parte del paquete accionario al “grupo K”.
Poco tiempo antes, el mismo camino había seguido EDELAP. La empresa, propiedad de la norteamericana AES, había vendido parte de su deuda a su controlante, pero sin liberarse de su carga financiera. El hecho produjo una citación al propio Embajador norteamericano, el que con la firmeza que le permite el país que representa y sin inmutarse contestó que absolutamente todos los procedimientos contables de la empresa respondían a las normas vigentes. Lo que pareció una revancha del gobierno al tratarse de la empresa que contribuyó con pruebas decisivas para el descubrimiento de los sobreprecios pagados por SKANKA, que alcanzara a destacados funcionarios kircheristas, también desapareció de los diarios luego de firmarse un acta en el que tanto la empresa como el gobierno se comprometieron a “solucionar los inconvenientes” (¿?), curiosa derivación del posible delito imputado en un país en el que, en teoría, rige el Estado de Derecho y la separación de poderes. ¿Qué había ocurrido? El encargado de dar una pista sobre los motivos fue el Sr. Roberto Baratta, mano derecha del Ministro Julio De Vido. Según informaciones periodísticas no desmentidas, le explicó a un dirigente del peronismo, con ramplona simpleza: “Con AES no podemos seguir apretando. Estos no son los gallegos. Estos son Obama”, sintetizando en una frase la filosofía del poder “K” en la Argentina: a los españoles se les puede sacar cualquier cosa, porque total al final lo arreglamos con Zapatero. Distinto es a los norteamericanos. Con esos no se juega... mucho menos luego de conocerse que AES había sido fuerte aportante a la campaña del nuevo presidente.
Así están las cosas en la Argentina K. Mientras tanto, la presidenta está por viajar nuevamente a España, donde ya se anuncia que será recibida por el presidente del gobierno. Por las dudas, las empresas españolas en Argentina deberían en estos días, por precaución, cerrar con cuatro llaves sus cofres, vaciar sus cuentas y no dejar nada sin custodia. Hasta ahora, cada viaje de alguno de los esposos Kirchner a España ha sido para recibir la absolución del gobierno “de los gallegos” por alguna fechoría sufrida por sus empresas de parte de la irresistible cleptomanía “K”.
Como en los cuentos de argentinos contados en Galicia. Como en los cuentos de gallegos contados en Argentina.
Ricardo Lafferriere
Como se recordará, hace aproximadamente un mes, el gobierno decidió “intervenir” la empresa transportadora de gas, que había recurrido a la justicia con la decisión de declarar su default por sufrir lo que la mayoría de las empresas privatizadas durante la gestión del ex presidente Menem (peronista, igual que Kirchner) han soportado durante el quinquenio kirchnerista: un ahogo tarifario unido a obligaciones de inversión y prestación de servicios en un marco cambiario y de precios relativos totalmente diferente al existente.
El mecanismo de extorsión, usual durante el kirchnerismo, le dio frutos suficientes hasta la fecha. Fue por este procedimiento que lograron apropiarse del 20 % de YPF, de varias empresas de servicios y hasta empujar a Aerolíneas Argentinas hasta el borde del abismo, logrando adueñarse de la empresa sin poner ni un centavo, esta vez con la complicidad de diputados y senadores peronistas y la camarilla sindical. Aunque realizado por un grupo político en ejercicio de un poder absoluto, este mecanismo reiterado de extorsión provocó el cambio de manos de las principales empresas del país y ha generado un capitalismo negro de amigos del poder que ha convertido a Nestor Kirchner en un magnate del petróleo, del turismo, de la pesca, de los juegos de azar, de las obras públicas y últimamente también del transporte aerocomercial. En su patrimonio personal, ha sido el presidente argentino de mayor capital en toda la historia del país –primer record- y el que incrementó su patrimonio en mayor porcentaje también en toda la historia de la Argentina independiente. A pesar de decirse “progresista” y “de izquierda”, curiosas etiquetas con las que consigue la fácil absolución de quienes hasta llegan admirarlo por su audacia.
TGN tranporta gas desde los yacimientos del norte hacia la Capital Federal. Entre sus dueños está el grupo Techint, socio de todos los gobiernos, con el que el kirchnerismo realizó importantes negocios que incluyeron hasta su ampliación en Venezuela, donde la empresa hizo importantes inversiones hasta que el autócrata caribeño decidió ponerle fin apropiándose de su acería, desmintiendo el viejo aforismo “entre bueyes no hay cornadas”.
La declaración de default de TGN enfureció a Néstor Kirchner, que ordenó un operativo de presión que incluyó una insólita denuncia penal, alegando que el acta de directorio que decidió el default se había confeccionado al día siguiente de la reunión. El sainete de enredos se complicó aún más al conocerse que el default había sido adelantado al Ministro de Infraestructura, quien lo habría alentado como una forma de justificar la intervención del Estado, actualizar la tarifa y comenzar las negociaciones de práctica –obviamente, para apropiarse de parte de la empresa-.
TGN desapareció de los medios apenas el dueño de Techint regresó al país de un viaje al exterior. El conflicto pareciera haberse encarrilado en negociaciones que, al estilo vigente, son secretas aunque se traten de negocios públicos. Lo usual en estos casos lo conocen bien “los gallegos”: autorización de aumentos de tarifas a cambio de entregar una parte del paquete accionario al “grupo K”.
Poco tiempo antes, el mismo camino había seguido EDELAP. La empresa, propiedad de la norteamericana AES, había vendido parte de su deuda a su controlante, pero sin liberarse de su carga financiera. El hecho produjo una citación al propio Embajador norteamericano, el que con la firmeza que le permite el país que representa y sin inmutarse contestó que absolutamente todos los procedimientos contables de la empresa respondían a las normas vigentes. Lo que pareció una revancha del gobierno al tratarse de la empresa que contribuyó con pruebas decisivas para el descubrimiento de los sobreprecios pagados por SKANKA, que alcanzara a destacados funcionarios kircheristas, también desapareció de los diarios luego de firmarse un acta en el que tanto la empresa como el gobierno se comprometieron a “solucionar los inconvenientes” (¿?), curiosa derivación del posible delito imputado en un país en el que, en teoría, rige el Estado de Derecho y la separación de poderes. ¿Qué había ocurrido? El encargado de dar una pista sobre los motivos fue el Sr. Roberto Baratta, mano derecha del Ministro Julio De Vido. Según informaciones periodísticas no desmentidas, le explicó a un dirigente del peronismo, con ramplona simpleza: “Con AES no podemos seguir apretando. Estos no son los gallegos. Estos son Obama”, sintetizando en una frase la filosofía del poder “K” en la Argentina: a los españoles se les puede sacar cualquier cosa, porque total al final lo arreglamos con Zapatero. Distinto es a los norteamericanos. Con esos no se juega... mucho menos luego de conocerse que AES había sido fuerte aportante a la campaña del nuevo presidente.
Así están las cosas en la Argentina K. Mientras tanto, la presidenta está por viajar nuevamente a España, donde ya se anuncia que será recibida por el presidente del gobierno. Por las dudas, las empresas españolas en Argentina deberían en estos días, por precaución, cerrar con cuatro llaves sus cofres, vaciar sus cuentas y no dejar nada sin custodia. Hasta ahora, cada viaje de alguno de los esposos Kirchner a España ha sido para recibir la absolución del gobierno “de los gallegos” por alguna fechoría sufrida por sus empresas de parte de la irresistible cleptomanía “K”.
Como en los cuentos de argentinos contados en Galicia. Como en los cuentos de gallegos contados en Argentina.
Ricardo Lafferriere
sábado, 24 de enero de 2009
Hilda Molina y Cristina Kirchner
Hace un par de años, en oportunidad de la reunión del Mercosur realizada en nuestro país a la que concurriera, invitado especialmente sin motivo claro, el mandatario cubano Fidel Castro, ocurrió un hecho que fuera destacado, con congratulaciones, por parte de esta columna, normalmente ubicada en las antípodas de la administración kirchnerista: el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, hizo llegar al cubano una misiva interesándose por la autorización para salir de Cuba y reunirse con su familia en la Argentina, a la Dra. Hilda Molina, prestigiosa neurocirujana cubana.
Destacamos en su momento el gesto a raíz de que tuvo que vencer la resistencia de funcionarios del gobierno caribeño que –según trascendidos periodísticos- se oponían al sólo hecho de recibir la mencionada carta. Aún vive en el recuerdo de los argentinos la desencajada respuesta de Castro al ser interrogado sobre el tema por un periodista.
Por supuesto, la contestación fue la que conocemos, difícilmente encuadrable en el respeto de los derechos humanos que Cuba se comprometió a cumplir al momento de firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, primer documento internacional de las Naciones Unidas que fuera en su tiempo una luz de esperanza para el mundo, y que al enunciar los derechos fundamentales de toda persona sobre la tierra incluye el de entrar y salir de su país libremente. Algo que los argentinos tenemos escrito en nuestra Constitución desde 1853.
Conocida es la posición del gobierno “progresista” de la isla: la Dra. Molina es portadora de un cerebro que le pertenece a su país y en consecuencia, es el gobierno cubano quien tiene facultades de propiedad y administración sobre el mismo. Sigue –sola y segregada- en Cuba, donde es objeto de burlas y humillaciones, envejeciendo sin ver a sus nietos y sin ejercer tampoco su profesión –está jubilada-. Ha abierto un blog en Internet donde publica, cuando lo permite su conectividad, su visión sobre la situación de la isla (http://hildamolina.blogspot.com/), mediante el cual se ha dirigido a la presidenta argentina expresándole entre otras cosas: “...no he pedido a la Excelentísima Dra. Cristina Fernández un respaldo semejante al que los opositores argentinos recibieron en la época de las dictaduras. Le he rogado únicamente, con humildad y desde el fondo de mi corazón, como sólo una abuela puede hacerlo, que ayude a dos inocentes niñitos argentinos, mis maravillosos nietos. .... “
La presidenta Kirchner está visitando Cuba. No se sabe bien para qué, ya que tanto la agenda como los propósitos del viaje aparentemente formaron parte de una especie de secreto de estado a los que son tan afectos los integrantes de la pareja gobernante. Ha visitado un “Polo tecnológico” y destacó los avances logrados por Cuba en materia de salud (quizás debiera haber agregado: para extranjeros ricos...), pero ninguna información periodística, oficial ni oficiosa, ha dejado trascender hasta ahora gestión alguna por la suerte de la Dra. Molina, cuyo hijo –bueno es recordarlo- es argentino por adopción.
En aquel momento dimos como título a nuestro artículo: “Algo bueno de Kirchner”, y lo felicitamos por haberse puesto con responsabilidad su traje de Presidente de la Nación Argentina. Debo decir que en aquel momento muchos argentinos se sintieron interpretados por su actitud. Quizás fue la única vez durante toda su gestión. En esta oportunidad, ubicados como estamos en antípodas más alejadas aún –si cupiera- de su gestión, no dudaríamos sin embargo en darle el más sincero apoyo y el caluroso respaldo si se comportara como la Presidenta del país de San Martín y lograra traer a la Dra. Molina a la Argentina.
Confesamos la falta de esperanzas al respecto. Pero –como dice el refrán...- “es lo último que se pierde”.
Ricardo Lafferriere
Destacamos en su momento el gesto a raíz de que tuvo que vencer la resistencia de funcionarios del gobierno caribeño que –según trascendidos periodísticos- se oponían al sólo hecho de recibir la mencionada carta. Aún vive en el recuerdo de los argentinos la desencajada respuesta de Castro al ser interrogado sobre el tema por un periodista.
Por supuesto, la contestación fue la que conocemos, difícilmente encuadrable en el respeto de los derechos humanos que Cuba se comprometió a cumplir al momento de firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, primer documento internacional de las Naciones Unidas que fuera en su tiempo una luz de esperanza para el mundo, y que al enunciar los derechos fundamentales de toda persona sobre la tierra incluye el de entrar y salir de su país libremente. Algo que los argentinos tenemos escrito en nuestra Constitución desde 1853.
Conocida es la posición del gobierno “progresista” de la isla: la Dra. Molina es portadora de un cerebro que le pertenece a su país y en consecuencia, es el gobierno cubano quien tiene facultades de propiedad y administración sobre el mismo. Sigue –sola y segregada- en Cuba, donde es objeto de burlas y humillaciones, envejeciendo sin ver a sus nietos y sin ejercer tampoco su profesión –está jubilada-. Ha abierto un blog en Internet donde publica, cuando lo permite su conectividad, su visión sobre la situación de la isla (http://hildamolina.blogspot.com/), mediante el cual se ha dirigido a la presidenta argentina expresándole entre otras cosas: “...no he pedido a la Excelentísima Dra. Cristina Fernández un respaldo semejante al que los opositores argentinos recibieron en la época de las dictaduras. Le he rogado únicamente, con humildad y desde el fondo de mi corazón, como sólo una abuela puede hacerlo, que ayude a dos inocentes niñitos argentinos, mis maravillosos nietos. .... “
La presidenta Kirchner está visitando Cuba. No se sabe bien para qué, ya que tanto la agenda como los propósitos del viaje aparentemente formaron parte de una especie de secreto de estado a los que son tan afectos los integrantes de la pareja gobernante. Ha visitado un “Polo tecnológico” y destacó los avances logrados por Cuba en materia de salud (quizás debiera haber agregado: para extranjeros ricos...), pero ninguna información periodística, oficial ni oficiosa, ha dejado trascender hasta ahora gestión alguna por la suerte de la Dra. Molina, cuyo hijo –bueno es recordarlo- es argentino por adopción.
En aquel momento dimos como título a nuestro artículo: “Algo bueno de Kirchner”, y lo felicitamos por haberse puesto con responsabilidad su traje de Presidente de la Nación Argentina. Debo decir que en aquel momento muchos argentinos se sintieron interpretados por su actitud. Quizás fue la única vez durante toda su gestión. En esta oportunidad, ubicados como estamos en antípodas más alejadas aún –si cupiera- de su gestión, no dudaríamos sin embargo en darle el más sincero apoyo y el caluroso respaldo si se comportara como la Presidenta del país de San Martín y lograra traer a la Dra. Molina a la Argentina.
Confesamos la falta de esperanzas al respecto. Pero –como dice el refrán...- “es lo último que se pierde”.
Ricardo Lafferriere
miércoles, 31 de diciembre de 2008
La socialdemocracia y el Falcon
Sugerir la “socialdemocracia” (o su remedo conceptual, la “centro-izquierda”) como modelo social del siglo XXI es como pretender que se adopte el Ford Falcon como el ideal del automóvil del futuro.
Buenos proyectos hasta los años 70, superados por la historia en un mundo con nuevos problemas, alejados de aquellos tiempos en que no había crisis de petróleo, globalización económica y cosmopolitismo global. La “segunda modernidad” ha puesto en escena nuevos actores, nuevos problemas, nuevas relaciones económicas y sociales, nuevas correlaciones de fuerza y nuevos cruces de intereses.
Y una conformación diferente de las sociedades, también crecientemente globales.
Observar un compatriota recogiendo cartones en la basura mientras porta su celular de última generación, quizás su única compra de productos “durables” en el año o en la década, marca la profundidad de ese cambio, por la significación iconográfica de un artefacto cuyo consumo atraviesa todos los sectores sociales del país y del planeta, y es la expresión también de la tecnología, la fabricación, la distribución y el funcionamiento cosmopolita.
La obligación de quienes piensan y actúan la política es tomar conciencia de esos cambios y proyectar en él los valores de siempre, que son los que no cambian. Así como el ideal del Ford Falcon fue un automóvil de llegada masiva y fuerte en su contextura, en todo caso heredero del legendario “Ford T” que llevó el automóvil a las clases populares norteamericanas, la socialdemocracia proyectó en su circunstancia histórica un arsenal axiológico gestado durante siglos -libertad, equidad, justicia, derechos civiles de las personas, derechos políticos, solidaridad, relaciones laborales justas- con modelos de estructuras relativamente exitosas: fue la época de los Estados fuertes, los partidos políticos, los gremios, los ejércitos, los organismos de seguridad social, la salud y la educación estatales, el comercio administrado y las “cuentas nacionales” controladas, organizando “macro-estructuras” gigantes, en ocasiones más costosas que los propios servicios prestados.
Aquellos valores no han cambiado, pero sí lo ha hecho la indagación sobre los caminos para lograrlos, en un mundo que se ha hecho sustancialmente más complicado por la imbricación global de todos sus escenarios: económico, cultural, político, legal, delictivo. Escenarios que han adquirido una conformación y un funcionamiento crecientemente planetario y presentan problemas globales que no son abordables desde los límites del Estado-nación, continente prototípico de la modernidad incluyendo en ella al diseño socialdemócrata y al pensamiento autárquico. No sólo es ingenuo: es tosco, rudimentario e inexperto creer que aquella realidad subsiste y que también lo hacen, sin cambio alguno, las herramientas conceptuales, ideológicas e instrumentales de esa época.
Valga como digresión aclarar que esta afirmación no aborda la reflexión sobre la Nación como categoría histórica y cultural, cuyos límites pueden coincidir con los del “Estado nacional”, pero no con su diseño y estructura. La “nación” tiene otros perfiles y quizás su reconstrucción en el nuevo escenario del siglo XXI sea una de las más apasionantes tareas intelectuales, en un mundo en el que la tolerancia, la pluralidad y la imbricación recíproca enriquece a todos sin perder la identidad, que sin embargo incluye cambios intrínsecos notables.
La Argentina necesita completar etapas inconclusas. La primera de ellas es lograr de una vez por todas la instauración del estado de derecho, democrático y republicano, cumpliendo el programa revolucionario de 1810, la generación del 37 y la Constitución Nacional. Para esa tarea es imprescindible un consenso mayoritario claro y terminante y requiere el consenso de las fuerzas nacionales y provinciales, de la izquierda y la derecha modernas y plurales, y principalmente de los ciudadanos actuando en ejercicio y defensa de sus derechos y su libertad, como lo hicieron durante la movilización del campo. Sobre esa base de solidez renovada, debe retomar su esfuerzo inclusivo que dio forma, sucesivamente, al radicalismo y al peronismo.
A partir de allí, el escenario nacional debe ser observado y analizado con una perspectiva global y cosmopolita a fin de detectar la naturaleza de los problemas actuales y las herramientas posibles para luchar por los valores de siempre. Dicho con el mayor de los respetos –y afectos, porque muchos hemos sostenido objetivos parecidos hace décadas-, en este momento del mundo y del país la “socialdemocracia” no define nada o en todo caso muy poco. Socialdemócrata es Blair, socio de Bush en la aventura iraquí. Socialdemócrata es Lula, en las antípodas de Chavez, también socialdemócrata.
Hasta el propio Kirchner se autodefine como “socialdemócrata” cuando es obvio que sus prácticas políticas son exactamente lo contrario de lo que requiere tanto el programa de la modernidad constitucional, como la fuerte institucionalidad socialdemócrata de mediados de siglo XX, como –por último- la comprensión y acción cosmopolita para el complejo mundo de la segunda modernidad; y “socialdemócrata”, por último, se ha autodefinido Biolcatti, presidente de la Sociedad Rural Argentina, quien mantiene –como sabemos- pocas afinidades con Néstor y Cristina Kirchner...
Insistir en un rótulo con tales debilidades en su definición es caer en el riesgo de no definir nada. Lo que puede ser el objetivo buscado, pero no deja de ser, en tal caso, doblemente peligroso al dejar abierto el camino a la discrecionalidad.
Menos rótulo, más contenidos. La Argentina está para mucho más que el “troncomóvil” que le pide Moreno a las automotrices, en consonancia con el esperpéntico “desarrollo desacoplado con inclusión social” del “socialdemócrata” kirchnerismo. Es el nuestro un país que surgió para grandes cosas y muchas veces lo logró, cuando construyó sus instituciones, respetó los derechos de las personas, entendió al “poder” como un servicio a los ciudadanos con límites claros y se integró al mundo sin temores. La “causa del género humano”, proclamada por San Martín en Lima al definir la Revolución de Mayo, tiene una permanencia axiológica, una significativa actualidad y un valor trascendente que pasa por encima de los sellos de época. Eso es lo que no cambia.
En los albores del segundo centenario sería bueno repensar el país sin pereza intelectual y con mayor solidaridad, nacional y global. Aunque fuera éste el único homenaje que le rindiéramos a quienes, hace casi dos siglos, empezaron la marcha común.
Ricardo Lafferriere
Buenos proyectos hasta los años 70, superados por la historia en un mundo con nuevos problemas, alejados de aquellos tiempos en que no había crisis de petróleo, globalización económica y cosmopolitismo global. La “segunda modernidad” ha puesto en escena nuevos actores, nuevos problemas, nuevas relaciones económicas y sociales, nuevas correlaciones de fuerza y nuevos cruces de intereses.
Y una conformación diferente de las sociedades, también crecientemente globales.
Observar un compatriota recogiendo cartones en la basura mientras porta su celular de última generación, quizás su única compra de productos “durables” en el año o en la década, marca la profundidad de ese cambio, por la significación iconográfica de un artefacto cuyo consumo atraviesa todos los sectores sociales del país y del planeta, y es la expresión también de la tecnología, la fabricación, la distribución y el funcionamiento cosmopolita.
La obligación de quienes piensan y actúan la política es tomar conciencia de esos cambios y proyectar en él los valores de siempre, que son los que no cambian. Así como el ideal del Ford Falcon fue un automóvil de llegada masiva y fuerte en su contextura, en todo caso heredero del legendario “Ford T” que llevó el automóvil a las clases populares norteamericanas, la socialdemocracia proyectó en su circunstancia histórica un arsenal axiológico gestado durante siglos -libertad, equidad, justicia, derechos civiles de las personas, derechos políticos, solidaridad, relaciones laborales justas- con modelos de estructuras relativamente exitosas: fue la época de los Estados fuertes, los partidos políticos, los gremios, los ejércitos, los organismos de seguridad social, la salud y la educación estatales, el comercio administrado y las “cuentas nacionales” controladas, organizando “macro-estructuras” gigantes, en ocasiones más costosas que los propios servicios prestados.
Aquellos valores no han cambiado, pero sí lo ha hecho la indagación sobre los caminos para lograrlos, en un mundo que se ha hecho sustancialmente más complicado por la imbricación global de todos sus escenarios: económico, cultural, político, legal, delictivo. Escenarios que han adquirido una conformación y un funcionamiento crecientemente planetario y presentan problemas globales que no son abordables desde los límites del Estado-nación, continente prototípico de la modernidad incluyendo en ella al diseño socialdemócrata y al pensamiento autárquico. No sólo es ingenuo: es tosco, rudimentario e inexperto creer que aquella realidad subsiste y que también lo hacen, sin cambio alguno, las herramientas conceptuales, ideológicas e instrumentales de esa época.
Valga como digresión aclarar que esta afirmación no aborda la reflexión sobre la Nación como categoría histórica y cultural, cuyos límites pueden coincidir con los del “Estado nacional”, pero no con su diseño y estructura. La “nación” tiene otros perfiles y quizás su reconstrucción en el nuevo escenario del siglo XXI sea una de las más apasionantes tareas intelectuales, en un mundo en el que la tolerancia, la pluralidad y la imbricación recíproca enriquece a todos sin perder la identidad, que sin embargo incluye cambios intrínsecos notables.
La Argentina necesita completar etapas inconclusas. La primera de ellas es lograr de una vez por todas la instauración del estado de derecho, democrático y republicano, cumpliendo el programa revolucionario de 1810, la generación del 37 y la Constitución Nacional. Para esa tarea es imprescindible un consenso mayoritario claro y terminante y requiere el consenso de las fuerzas nacionales y provinciales, de la izquierda y la derecha modernas y plurales, y principalmente de los ciudadanos actuando en ejercicio y defensa de sus derechos y su libertad, como lo hicieron durante la movilización del campo. Sobre esa base de solidez renovada, debe retomar su esfuerzo inclusivo que dio forma, sucesivamente, al radicalismo y al peronismo.
A partir de allí, el escenario nacional debe ser observado y analizado con una perspectiva global y cosmopolita a fin de detectar la naturaleza de los problemas actuales y las herramientas posibles para luchar por los valores de siempre. Dicho con el mayor de los respetos –y afectos, porque muchos hemos sostenido objetivos parecidos hace décadas-, en este momento del mundo y del país la “socialdemocracia” no define nada o en todo caso muy poco. Socialdemócrata es Blair, socio de Bush en la aventura iraquí. Socialdemócrata es Lula, en las antípodas de Chavez, también socialdemócrata.
Hasta el propio Kirchner se autodefine como “socialdemócrata” cuando es obvio que sus prácticas políticas son exactamente lo contrario de lo que requiere tanto el programa de la modernidad constitucional, como la fuerte institucionalidad socialdemócrata de mediados de siglo XX, como –por último- la comprensión y acción cosmopolita para el complejo mundo de la segunda modernidad; y “socialdemócrata”, por último, se ha autodefinido Biolcatti, presidente de la Sociedad Rural Argentina, quien mantiene –como sabemos- pocas afinidades con Néstor y Cristina Kirchner...
Insistir en un rótulo con tales debilidades en su definición es caer en el riesgo de no definir nada. Lo que puede ser el objetivo buscado, pero no deja de ser, en tal caso, doblemente peligroso al dejar abierto el camino a la discrecionalidad.
Menos rótulo, más contenidos. La Argentina está para mucho más que el “troncomóvil” que le pide Moreno a las automotrices, en consonancia con el esperpéntico “desarrollo desacoplado con inclusión social” del “socialdemócrata” kirchnerismo. Es el nuestro un país que surgió para grandes cosas y muchas veces lo logró, cuando construyó sus instituciones, respetó los derechos de las personas, entendió al “poder” como un servicio a los ciudadanos con límites claros y se integró al mundo sin temores. La “causa del género humano”, proclamada por San Martín en Lima al definir la Revolución de Mayo, tiene una permanencia axiológica, una significativa actualidad y un valor trascendente que pasa por encima de los sellos de época. Eso es lo que no cambia.
En los albores del segundo centenario sería bueno repensar el país sin pereza intelectual y con mayor solidaridad, nacional y global. Aunque fuera éste el único homenaje que le rindiéramos a quienes, hace casi dos siglos, empezaron la marcha común.
Ricardo Lafferriere
Estatizar el juego de azar
La sucesión de escándalos, en diversas jurisdicciones nacional y provinciales, que han rodeado en los últimos años la expansión significativa del juego han colocado en la agenda pública un tema que, debido a diferentes prioridades, no ha merecido la necesaria reflexión por parte del periodismo, los intelectuales y los políticos.
La actividad lúdica, que en otras épocas estaba monopolizada por las instituciones del Estado –a través de la vieja Lotería Nacional y sus similares provinciales- integró la batería de privatizaciones de los años 90. Hasta ese momento, los perseguidos pero folklóricos “pasadores de quiniela” eran los únicos protagonistas en el márgen gris de un negocio que aunque en ocasiones se descubriera formando redes clandestinas con complicidades públicas y policiales, no generaban daños mayores a la convivencia, la violencia o las adicciones. Los “garitos clandestinos” de otras épocas, mirados a la distancia, parecen juegos de niños frente al desarrollo mafioso de hoy.
La introducción en el país del juego capitalista en gran escala abrió una compuerta que no ha cesado de incrementarse durante todos estos años, generando una imbricada red de complicidades con escalones políticos que resultaron favorecidos por su expansión mediante mecanismos de corrupción que en ocasiones ha superado la tradicional “coima” por las concesiones para incluir a allegados en las propias estructuras empresariales, que a esta altura se mueven por encima de culquier control oficial.
Sin embargo, la filosofía del juego conspira contra la promoción del trabajo, la solidez de la familia, el aliciente al esfuerzo creador, la promoción del facilismo y la imprevisión. Si hay un componente nefasto en la decadencia de las sociedades fracasadas ha sido la generalización del juego de azar, actividad que cuando ha sido permitida en los países exitosos, lo ha sido en forma limitada y excepcional, con fuertes controles estatales con los que –resignados a su inexorabilidad vinculada con aspectos oscuros de la naturaleza humana- los gobiernos han tratado de limitar, volcando sus beneficios a actividades de promoción social.
Los argumentos en defensa del juego giran, en general, alrededor de la dinamización de la actividad económica de las regiones en las que es permitido. Se relaciona con la promoción turística, como una oferta más a las actividades lúdicas de quienes disfrutan del tiempo en blanco de un fin de semana largo o períodos vacacionales. Cabe decir que aunque esto sea así, también lo es que su oferta exagerada desalienta otras actividades culturalmente más estimulantes y económicamente más provechosas, desplazadas por el fuerte atractivo del clima artificial y cosmopolita de las salas con luces de colores, sonidos estandarizados y clima atemporal de los establecimientos de juego.
La expansión del juego en el país ha sido patética. No hay ciudad importante que no cuente con grandes bingos y salas de apuestas, de apuestas de carrera en línea, de maquinitas “tragamonedas” incorporadas a diversos espacios de espera y en general de permanentes estímulos para ceder al impulso ilusorio de la ganancia rápida y las emociones cortas. En estos días hasta se ha producido un hecho criminal a raíz de la disputa por un hipódromo privado, cuyo adecuado control perseguía un Intendente asesinado por el capitalista del juego en el norte santafecino.
La contracara es el desarrollo de un “capitalismo negro” que ha intervenido en las fuerzas políticas distorsionando aún más su funcionamiento, del que se ha reemplazado el sano debate sobre los proyectos a ofrecer, por el nada sano de la búsqueda de financiamiento y riqueza. La vergonzosa frase con que diputado que preside el bloque oficialista respondiera a un periodista sobre el significado ético del blanqueo -“moral o inmoral, necesitamos plata”- es el indicador más claro del deterioro ético del promedio de moralidad con que se mueve –y acepta convivir- la mayoría de la representación política argentina. El decreto del ex presidente Kirchner, a cinco días de finalizar su mandato presidencial, prolongando por un cuarto de siglo sin justificación alguna la concesión del juego en el casino de Palermo a su amigo Cristóbal López, incrementando además en 1500 las máquinas tragomonedas allí instaladas (3000), es otra demostración de esta inmoralidad.
Frente al escenario crecientemente dominado por las mafias, la expansión del narcotráfico, el crimen instalado en la vida cotidiana, la inseguridad con complicidades políticas y globales, el sentido común aconseja la vuelta al monopolio estatal del juego. Ello permitirá sacar del mercado capitalista una actividad que tiene poco de creativa, que aunque se tolere debe ser fuertemente regulada, cuya presencia debe incluir debates públicos participativos sobre cada nueva concesión y cuyas cuentas deben ser totalmente transparentes.
Volver al monopolio estatal de los juegos de azar es más urgente, necesario y fundado que estatizar el correo, las aerolíneas o los ferrocarriles, porque el efecto negativo de la actividad tiene alcances más graves para la convivencia que cualquiera de aquellas áreas. En aquéllas es discutible su mayor o menor conveniencia para el desarrollo. Pero el juego destroza algo más importante: la propia integridad moral de los argentinos.
Ricardo Lafferriere
La actividad lúdica, que en otras épocas estaba monopolizada por las instituciones del Estado –a través de la vieja Lotería Nacional y sus similares provinciales- integró la batería de privatizaciones de los años 90. Hasta ese momento, los perseguidos pero folklóricos “pasadores de quiniela” eran los únicos protagonistas en el márgen gris de un negocio que aunque en ocasiones se descubriera formando redes clandestinas con complicidades públicas y policiales, no generaban daños mayores a la convivencia, la violencia o las adicciones. Los “garitos clandestinos” de otras épocas, mirados a la distancia, parecen juegos de niños frente al desarrollo mafioso de hoy.
La introducción en el país del juego capitalista en gran escala abrió una compuerta que no ha cesado de incrementarse durante todos estos años, generando una imbricada red de complicidades con escalones políticos que resultaron favorecidos por su expansión mediante mecanismos de corrupción que en ocasiones ha superado la tradicional “coima” por las concesiones para incluir a allegados en las propias estructuras empresariales, que a esta altura se mueven por encima de culquier control oficial.
Sin embargo, la filosofía del juego conspira contra la promoción del trabajo, la solidez de la familia, el aliciente al esfuerzo creador, la promoción del facilismo y la imprevisión. Si hay un componente nefasto en la decadencia de las sociedades fracasadas ha sido la generalización del juego de azar, actividad que cuando ha sido permitida en los países exitosos, lo ha sido en forma limitada y excepcional, con fuertes controles estatales con los que –resignados a su inexorabilidad vinculada con aspectos oscuros de la naturaleza humana- los gobiernos han tratado de limitar, volcando sus beneficios a actividades de promoción social.
Los argumentos en defensa del juego giran, en general, alrededor de la dinamización de la actividad económica de las regiones en las que es permitido. Se relaciona con la promoción turística, como una oferta más a las actividades lúdicas de quienes disfrutan del tiempo en blanco de un fin de semana largo o períodos vacacionales. Cabe decir que aunque esto sea así, también lo es que su oferta exagerada desalienta otras actividades culturalmente más estimulantes y económicamente más provechosas, desplazadas por el fuerte atractivo del clima artificial y cosmopolita de las salas con luces de colores, sonidos estandarizados y clima atemporal de los establecimientos de juego.
La expansión del juego en el país ha sido patética. No hay ciudad importante que no cuente con grandes bingos y salas de apuestas, de apuestas de carrera en línea, de maquinitas “tragamonedas” incorporadas a diversos espacios de espera y en general de permanentes estímulos para ceder al impulso ilusorio de la ganancia rápida y las emociones cortas. En estos días hasta se ha producido un hecho criminal a raíz de la disputa por un hipódromo privado, cuyo adecuado control perseguía un Intendente asesinado por el capitalista del juego en el norte santafecino.
La contracara es el desarrollo de un “capitalismo negro” que ha intervenido en las fuerzas políticas distorsionando aún más su funcionamiento, del que se ha reemplazado el sano debate sobre los proyectos a ofrecer, por el nada sano de la búsqueda de financiamiento y riqueza. La vergonzosa frase con que diputado que preside el bloque oficialista respondiera a un periodista sobre el significado ético del blanqueo -“moral o inmoral, necesitamos plata”- es el indicador más claro del deterioro ético del promedio de moralidad con que se mueve –y acepta convivir- la mayoría de la representación política argentina. El decreto del ex presidente Kirchner, a cinco días de finalizar su mandato presidencial, prolongando por un cuarto de siglo sin justificación alguna la concesión del juego en el casino de Palermo a su amigo Cristóbal López, incrementando además en 1500 las máquinas tragomonedas allí instaladas (3000), es otra demostración de esta inmoralidad.
Frente al escenario crecientemente dominado por las mafias, la expansión del narcotráfico, el crimen instalado en la vida cotidiana, la inseguridad con complicidades políticas y globales, el sentido común aconseja la vuelta al monopolio estatal del juego. Ello permitirá sacar del mercado capitalista una actividad que tiene poco de creativa, que aunque se tolere debe ser fuertemente regulada, cuya presencia debe incluir debates públicos participativos sobre cada nueva concesión y cuyas cuentas deben ser totalmente transparentes.
Volver al monopolio estatal de los juegos de azar es más urgente, necesario y fundado que estatizar el correo, las aerolíneas o los ferrocarriles, porque el efecto negativo de la actividad tiene alcances más graves para la convivencia que cualquiera de aquellas áreas. En aquéllas es discutible su mayor o menor conveniencia para el desarrollo. Pero el juego destroza algo más importante: la propia integridad moral de los argentinos.
Ricardo Lafferriere
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