El esfuerzo nacional para evitar la hiperinflación está siendo exitoso y aún la lucha contra la inflación más normal parece marchar en un sentido positivo.
El crecimiento de la desocupación preocupa, pero se ha
logrado evitar la crisis general de desempleo que con una hiper podría haberse
multiplicado. Ha comenzado a aparecer el crédito, y aún el de largo plazo
aunque reservado por ahora para familias de ingresos medios-altos y altos.
Las finanzas públicas se han puesto bajo control, aunque
falten numerosos capítulos de reformas imprescindibles.
Sin embargo, hay un capítulo donde se hace imprescindible
avanzar con medidas de apertura y reformas internas: el nivel de precios, que,
aunque estabilizado, muestra insostenibles desfasajes con el entorno regional y
global.
Ropa, calzado, juguetes, muchos de los propios alimentos,
electrónicos, óptica, vehículos, y muchos otros rubros muestras precios
totalmente desfasados con lo que paga cualquier ciudadano del mundo y de la
región por esos mismos productos. En muchos casos, la diferencia es de dos,
tres y hasta cinco veces.
Este desfasaje es hoy la causa de una creciente intolerancia
social y sentido como una injusticia frente al esfuerzo realizado. Debe
atacarse con la misma firmeza con que se atacó y se ataca el desnivel de las
finanzas públicas.
Curiosamente, los precios de los bienes públicos estatales
no son los más desfasados al alza sino, al contrario, son los más bajos aunque en
la percepción general parezcan altos. Las tarifas, aún con sus subas, no llegan
en promedio al 60 % de lo que cuestan en los países vecinos y aún en el mundo. Los
combustibles, a un 70 %; la electricidad, a un 75 %; el transporte, menos del
50 %.
El problema está en el mercado, en la economía privada, que
conserva nichos enormes de protección arancelaria, deformaciones monopólicas
ultramontanas e ineficiencias microeconómicas, además de una presión impositiva
desmedida para sostener los comportamientos populistas del Estado que aún
subsisten. Por no hablar de los salarios. Los mínimos de la región: Uruguay, USD 570; Chile USD 554; Paraguay USD
360; Argentina USD 280. O los planes de salud en las “obras sociales” y
medicamentos. En otras palabras, un argentino debe pagar los productos
sustancialmente más caros pero cobra de sueldo la mitad, no ya de EEUU, España
o Alemania sino que Uruguay, Chile o Paraguay. No es sostenible.
Es imprescindible entonces lanzar una batalla por los
ingresos que debe pasar por supuesto por los salarios, pero mucho más
fuertemente por los precios. Sueldos y precios homologables, al menos, con el
entorno regional. Es el gran desafío.
Ricardo Lafferriere
