jueves, 31 de diciembre de 2015

DNU, decretos y sentencias

¿Si quienes nos hemos formado en las filas del viejo partido nos sentimos cómodos con los tironeos institucionales?

Es obvio que no.

¿Hay otra forma de desarmar el andamiaje jurídico-legal que convirtió al Estado en un apéndice de una banda de delincuentes y colonizó la justicia buscando una protección que pretendían eterna?
Parece obvio que tampoco. Lo están mostrando los hechos. Lo que está claro que no es posible llegar al gobierno apoyado por la mayoría ciudadana con el mandato de recuperar la democracia republicana y aceptar resignados el chantaje. Si el pueblo quisiera eso, hubiera votado diferente y lo hubiéramos aceptado, continuando nuestra prédica desde el espacio opositor. Pero no fue así.

Son tiempos raros. Tan raros como los DNU, que inventó el peronismo con Menem y profundizó con los Kirchner para saltear el debate en el Congreso, y que fueran incorporados a la Reforma Constitucional de 1994 como parte del “Núcleo de Coincidencias Básicas” acordado entre peronistas y radicales, liderados entonces por Menem y Alfonsín.

Los DNU no son buenos, pero son absolutamente legales. Y es obvio que su función es reformar leyes, ya que si no carecerían de razón de ser.

El peronismo, que gobernó gran parte del lapso que va de 1994 a 2015, los utilizó a destajo para barbaridades y para banalidades. Cambiemos los está utilizando para volver las cosas a la normalidad –salvo que pensemos que la colonización del Estado por la camarilla delictiva es una buena cosa-. Fue votado para eso, y ha decidido cumplir con su promesa ciudadana.

Obviamente, los que ayer se bañaron en las orgías de la autocracia, rezongan. Buscan acogida en los bolsones de la justicia colonizada, la que costará un tiempo lograr que retorne a la majestad de su independencia. Asistiremos a sus coletazos agónicos con discursos que olvidaron durante muchos años, hasta hace apenas pocos días, cuando el funcionamiento institucional fuera desplazado por el “relato” hegemónico al que todo debía subordinarse. Porque “iban por todo”, hasta por fiscales indomables a los que no tuvieron empacho en ponerles fin. Y no precisamente por procedimientos institucionales...

El presidente fue votado para gobernar y sería bueno que lo dejaran. Bastante daño hicieron y bastante tolerancia está teniendo un pueblo que confió en ellos y al que le devolvieron un país hecho hilachas.

Para corregir el rumbo el Presidente debe utilizar sus facultades constitucionales libremente. No más, pero no menos. Debe tener prudencia al ingresar en un terreno originario del Congreso –como los DNU, a los que lo habilita la Constitución- pero no puede resignar la facultad que le es propia, la de la administración del país, designando con libertad sus colaboradores y funcionarios de gobierno. El turno del gobierno anterior terminó y con él, el de sus funcionarios políticos. Es de una grosera vileza personal y política pretender usurpar funciones de gobierno sin representar a nadie.

La Justicia no puede, porque no tiene facultades constitucionales para ello, condicionar al presidente nada menos que en la decisión de los funcionarios con los que gobernará. Si intentara hacerlo, sus pronunciamientos carecerían por completo de valor, como no lo tendría una Sentencia dictada por el Presidente, o por el Congreso. Es la norma de oro de la democracia republicana. Cada uno debe actuar en sus competencias constitucionales. De hecho, tal vez sea bueno recordar que el propio DNU que modificó la Ley de Medios respeta escrupulosamente su parte dogmática, es decir sus objetivos y principios, y se reduce a cambiar lo que es facultad constitucional del Poder Ejecutivo: su aplicación (art. 99, incs. 2 y 7 de la Constitución Nacional).

En todo caso, serán los ciudadanos los únicos que realizarán la valoración política de la gestión, al ser convocados nuevamente al comicio.

Ricardo Lafferriere



sábado, 19 de diciembre de 2015

La política económica: Interrogantes con reflexiones


¿Cómo es el saldo aproximado de la transferencia de ingresos que se producen con el nuevo sistema? 
¿Cuál es el horizonte económico que se abre?

1.       La primera y más importante es desde el “resto del mundo” hacia el país en general y específicamente hacia los productores agropecuarios en especial. En los productos que no se exportaban por las retenciones o lo hacían en ínfima medida –regionales como frutas y vinos, trigo, maíz, carne, etc.-, al desaparecer las retenciones no existe pérdida de ingresos del sector público –porque no se percibían-, y al contrario, comenzará a percibir los que se generen por las transacciones que giran alrededor de la dinamización de esas producciones: nuevos empleos, nuevos impuestos de Ingresos Brutos, IVA, Ganancias, sellos, nuevas ventas de insumos –combustibles, cubiertas, repuestos, maquinarias agrícolas, etc.-

2.       La segunda, originada en las exportaciones que sí se realizaban –soja, cuyas retenciones son reducidas en un 14 % (o sea, 5 puntos, reducidas del 35 % preexistente a la nueva tasa del 30 %)- es una transferencia desde el Estado (o sea de toda la comunidad) hacia los productores agropecuarios, sólo en la medida de la reducción del impuesto, ya que la soja no incide en precio de alimentos en forma perceptible.

3.       La tercera es desde el “resto del mundo” hacia el país en general y hacia la industria en especial en los sectores industriales que adquieren competitividad exportadora por la devaluación y puedan comenzar a exportar y desde el Estado hacia esos mismos sectores al reducir las retenciones en los casos –muy pocos- en que existían exportaciones.

4.       La cuarta es desde los consumidores hacia el sector agropecuario, en la medida en que suba el precio de los alimentos y no sea compensado con un aumento salarial o medidas públicas adicionales que incidan en los precios internos.

5.       La quinta es desde el Estado –o sea, desde la comunidad en su conjunto- hacia los consumidores en los casos en que se neutralice el anterior con medidas fiscales –como reducción del IVA para alimentos, planes especiales de precios cuidados, etc.- Si ello ocurriera, el resultado sería neutro: se sacaría de un bolsillo para poner en el otro.

6.       Es también virtualmente neutro o mínimo en el flujo del turismo al exterior. El dólar “turista” sube un 5 %, aunque esa transferencia se incrementa en los casos en que existía devolución efectiva del 35 % de la retención de la AFIP. Si se tiene en cuenta ese 35 %, habría una transferencia desde los viajeros al exterior hacia la comunidad general por el equivalente a ese adelanto de impuesto a las ganancias que deja de existir.

7.       Hay una transferencia desde el resto del mundo hacia el país por la competitividad adicional de la economía interna de cara al turismo receptivo que se redireccione hacia el país, si se produce un incremento de la actividad sectorial por esta razón.

8.       En el caso de incidir en el precio de los combustibles –tema aparentemente en discusión-, existirá una transferencia real de ingresos desde los consumidores hacia el sector energético hidrocarburífero, cuya dimensión puede ser importante, tanto por su incidencia directa como por su eventual influencia en la suba de precios y alimentación del proceso inflacionario. Sería el mayor golpe a los consumidores por el nuevo régimen.

En síntesis: la principal transferencia se dará desde el resto del mundo hacia el país. En el plano interno, la transferencia que más puede preverse será la sufrida por los consumidores de alimentos, en caso de no neutralizarse con medidas adicionales, y por el efecto inflacionario del incremento de combustibles.

El objetivo perseguido por el nuevo régimen es, claramente, dinamizar rápidamente el sector con mayor capacidad de generación de divisas por aumento de volumen exportado –agropecuario- a fin de aliviar el ahogo del sector externo que actúa como un lastre a la reactivación industrial –por insuficiencia de divisas- y acentuar el perfil exportador de la economía argentina.

Debido al punto de partida –paralización de importaciones industriales y de exportaciones agropecuarias e industriales en los últimos meses- y a la consiguiente inexistencia de operaciones con divisas al cambio oficial anterior, es incorrecto afirmar que existió una devaluación al estilo de las tradicionales, que se producían con la economía funcionando. El dólar a $ 9,70 prácticamente no existía, las importaciones estaban paralizadas desde hacía varios meses por falta de divisas y de hecho, el nivel de reservas disponibles era cercano a cero. Más que una "devaluación", se trata de un cambio en el patrón de flujos económicos de una economía cerrada y estancada, hacia  una economía imbricada con las corrientes globales de comercio, finanzas e inversión, que busca desatar nuevos flujos de ingresos hacia el país que hasta ahora eran inexistentes.

Decir, por ejemplo, que lo que se mejora al sector agropecuario se le saca al salario no tiene en cuenta que el mayor incremento del sector agropecuario no tendrá fuentes internas sino externas, ya que devendrá de un incremento -que se espera sea sustancial- del volumen exportado. En la ecuación perseguida, el porcentaje de producción de alimentos destinada al consumo interno será muy reducido en comparación con el destinado a la exportación, y una política de compensaciones inteligente puede neutralizar ese efecto. Estrictamente hablando, la transferencia de ingresos en este caso será de competidores internacionales eventualmente desplazados por los productos argentinos reingresando al mercado mundial.

En este nuevo diseño, se estimulan las actividades productivas –primaria, secundaria y de servicios- que busquen la realización de la ganancia en el mercado global. Es claro que la inversión –y el crecimiento de la oferta, especialmente la dirigida a la demanda externa- son considerados en la etapa por el nuevo equipo de gobierno los disparadores de la reactivación económica, luego de cuatro años sin crecer al haberse agotado las posibilidades beneficiosas del estímulo de la demanda en una economía cerrada.

El aspecto siempre sensible es la incidencia en el salario. Habrá que seguir con atención las políticas de precios en los alimentos, combustibles, salarios públicos, pasividades y paritarias.

Observando el rumbo adoptado, es posible imaginar que el próximo paso sea un avance en la sustentabilidad de las finanzas públicas. Será en este capítulo –más que en el del régimen cambiario- donde pueden producirse transferencias de ingresos más marcadas pero es prematuro, al no conocer las medidas, hacer un juicio sobre su efecto aunque la lógica indica que la administración económica buscará evitar efectos recesivos que agraven la situación fiscal al reducir los ingresos públicos por menor actividad. Cuidar el salario resulta central para la estrategia impulsada.

Es previsible pensar que las medidas próximas se agrupen en tres grandes campos: 1) la inversión pública, que debería buscarse financiar con crédito externo público y privado a fin de que no golpee en el “flujo” de la caja del Estado; 2) la deuda anterior existente –externa e interna-, que posiblemente se busque normalizar refinanciándola con instrumentos de deuda institucionalizados y confiables para reducir su costo; y 3) el flujo de caja –sueldos, jubilaciones, pensiones, retiros, proveedores, subsidios, transferencias, etc.- que deberán financiarse con los ingresos corrientes. Pero esta suposiciones, realizadas sin información sino como meras reflexiones derivadas de lo realizado en los primeros pasos, deberán ser evaluadas cuando se conozcan. Hablarán los hechos.

Si se logra, el resultado debiera ser el equilibrio fiscal y la consiguiente desaparición de la presión inflacionaria de la emisión sin respaldo. Podría iniciarse un círculo virtuoso con una etapa de crecimiento cuya locomotora sea la imbricación de la economía nacional con las corrientes globales de comercio, inversión, finanzas y tecnologías de la economía mundial. Pero mejor no adelantarse: será otra historia.



Ricardo Lafferriere

domingo, 13 de diciembre de 2015

La estremecedora dimensión del desastre

No fue en vano la reticencia mostrada por la ex presidenta Cristina Kirchner en “abrir los números” para una transición ordenada. Esos números muestran la magnitud descomunal de la deuda ocultada, del quebranto generalizado y del desequilibrio gigantesco del aparato estatal.

Se intuía, pero nunca en esa dimensión. El déficit fiscal con respecto al PBI se acerca al 10 %, uno de los más grandes –si no el más grande- del mundo. La economía no ha estallado por el ancla del sector agrario, que ha sido expoliado al límite de su quiebra, y por la expectativa abierta por el fin del infierno y el cambio de gobierno. Esa expoliación, sin embargo, apenas alcanza para eso: para que todo no estalle. Se acabó el tiempo en que “una buena cosecha” nos salvaba. Y el nuevo gobierno ya llegó.

Ahí tenemos el problema heredado en toda su magnitud, rodeado de las miserias del fin de ciclo. Los negociados de “guante blanco” que se defienden sin rubor –como el de la venta de dólares a futuro con megananancias de 15.000 millones de dólares que deberá soportar el BCRA, o sea, cada compatriota so pena de entrar en un nuevo “default”- han sido adornados con la nueva maniobra de vulgares rateros que se descubrió en la AFIP, que levantó el cepo del dólar ahorro por un par de horas con aviso previo a los amigos del kirchnerismo y que costó en ese par de horas 35 millones de dólares. Todo da asco. Asco que se sublima al escuchar el cinismo con que se repiten consignas pretendidamente progresistas para ocultar tras ellas los delitos más guarangos.

Simplemente, ladrones.

Pero, bueno. Así están las cosas. Hay que enfrentar esa situación y seguramente el nuevo gobierno lo hará. Ante un desequilibrio de esa dimensión, la matemática indica dos caminos teóricos (achicar el gasto o aumentar el producto) pero la política sólo uno posible. Intuyo que el rumbo que adoptará el nuevo presidente no será recortar ingresos, sino inducir a los argentinos a una reorientación de sus ingresos hacia la inversión en lugar de hacia el puro consumo.

El precio será demorar la reducción de la inflación más de lo pensado porque financiar un déficit de la magnitud del heredado es imposible en forma de shock y será necesario nivelar las finanzas públicas en forma progresiva. Pero se necesita la cooperación de la sociedad, con un cambio de hábitos desde el puro consumo hacia el ahorro y su movilización hacia la inversión.

El estímulo a la inversión deberá sostenerse en la vocación pionera de los argentinos. Miles, decenas de miles de emprendimientos pequeños y medianos que tomen al mundo como desafío, inversión que amplíe la capacidad instalada de las fábricas con incorporación tecnológica, estímulo a la multiplicación de las áreas sembradas con incorporación de tecnología que aumente las cosechas e infraestructuras que permitan movilizar el sector privado de la economía para lograr el sueño de volver a crecer mientras se “doma” la deuda y el gasto.

Será necesaria una agenda de masiva inversión para el crecimiento, en la que deberán diseñarse herramientas adecuadas en el plano financiero, crediticio, aduanero y fiscal, articulada en forma virtuosa con un manejo prudente de la deuda, con la que deberá convivirse buscando las modalidades menos costosas y más blandas, en una relación con el mundo financiero que se base en reglas claras, respeto recíproco y cumplimiento escrupuloso de las normas y contratos, para reducir el costo del riesgo.

Y mientras tanto, sin perder el talante del diálogo, encontrar en la verdad el punto de encuentro. Una verdad que no puede ocultar a dónde llevaron al país y que debe tener como instrumentos la libre actuación de la prensa, el debate político maduro y la justicia actuando sin cortapisas para atrás y para adelante.


Ricardo Lafferriere

Una ley no puede limitar las facultades constitucionales del Presidente

Ni del Congreso. Ni de la Corte.

El diseño institucional es un mecanismo de relojería que asigna potestades –delegadas por el pueblo, a través de la Constitución- a órganos de gestión recíprocamente controlados por los procedimientos que sólo ella establece.

El jubileo de la banalidad jurídica kirchnerista en su ninguneo institucional -acompañado, es bueno reconocerlo, por una oposición en muchas ocasiones demasiado dócil, y jueces en demasiados casos lentos o complacientes- avanzó en una proliferación de normas en las que el delicado equilibrio constitucional fue llevado a sus límites y hasta ampliamente sobrepasado.

El caso de algunos organismos –como el AFSCA- es un ejemplo. Puede hasta ser discutible que en campos como el de las comunicaciones se constituya un organismo de seguimiento, con facultades consultivas, de conformación plural. Sin embargo, es claramente inconstitucional asignarle a ese organismo atribuciones que corresponden en exclusiva al Poder Ejecutivo.

Es el Poder Ejecutivo, en efecto, (y no el Congreso) el que tiene como responsabilidad constitucional esencial la de expedir “las instrucciones y reglamentos que sean necesarias para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias” –art. 99, inc. 2-. Para eso está y ésa es su función primaria.

Es más: la atribución de designación de los funcionarios políticos del Estado es también suya, a través del Jefe de Gabinete de Ministros, al que “le corresponde: 1. Ejercer la administración general del país. 2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este artículo y aquellas que les delegue el Presidente de la Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo al cual el acto o reglamento se refiera. 3. Efectuar los nombramientos de los empleados de la Administración, excepto los que correspondan al Presidente. …” –art. 100-.

Negar esas facultades al Presidente y al Jefe de Gabinete es claramente inconstitucional, y cualquier aceptación del Poder Ejecutivo de esas limitaciones sólo puede entenderse como una autolimitación, que se extiende hasta que cambie de idea o agote su mandato. De ninguna manera puede extenderse al presidente que lo suceda.

¿Qué ocurre si el Poder Ejecutivo sobrepasa sus facultades, por ejemplo avasallando derechos de terceros –como la estabilidad de los docentes, o los empleados públicos escalafonados, también de origen constitucional?- Pues es la Corte Suprema la que debe tomar cartas, previo debido proceso. Lo que enfrenta en forma flagrante a la Constitución es la pretensión de vaciar por ley las facultades que ésta asigna en forma clara y expresa al Poder Ejecutivo y asignarlas a otro u otros funcionarios.

Entenderlo de otra forma llevaría al absurdo aceptar que aprovechando una mayoría política circunstancial se sancionen, por ejemplo, leyes que le otorguen estabilidad a los Ministros, o transfieran potestades ejecutivas a organismos de creación legal a los que se dote de autonomía y estabilidad, pretendiendo que los presidentes deban gobernar con el gabinete o los funcionarios heredados. En realidad, no otra cosa es lo que conforman estos organismos de base híbrida y clara inconstitucionalidad con pretensiones de permanencia por encima de las normas constitucionales.

El dislate es tan incoherente como si se dictara una ley ordenando a la Corte a fallar de determinada manera en una causa sometida a su jurisdicción, o como si el Poder Ejecutivo dictara un decreto ordenando al Parlamento a sancionar determinadas leyes, por fuera del mecanismo de los DNU previsto en la Constitución Nacional.

Pero si esto ya de por sí es un absurdo, la pretensión de permanencia en esos organismos de los funcionarios asignados (¿?) a la representación del Poder Ejecutivo más allá del mandato de quién los designó supera la más alucinante de las falacias políticas. Podría hasta defenderse la continuación de los “delegados” del Congreso –organismo plural y permanente, en constante modificación en sus mayorías-, pero que la ley termine obligando al Poder Ejecutivo a que sus propios representantes sean quienes designó un Presidente que no existe, rompe las barreras del absurdo y se tranforma en un dislate. ¿A quién reportarán? ¿Al presidente que los designó (a quien, sea dicho de paso, los funcionarios renuentes expresan haber consultado sobre la actitud a seguir?) ¿A nadie? ¿Serán “funcionarios de gobierno no electos”, con estabilidad y sin responsabilidad?

El entuerto tiene dos salidas –y sólo dos-. La que mejor respondería a la Constitución y a la dignidad de los involucrados sería su renuncia, como cualquier funcionario político al terminar el mandato del presidente que los designó, como ocurre con los Embajadores políticos y como ha ocurrido con el jefe de la Unidad Anti-lavado o los integrantes de RTA designados por el Ejecutivo. O como el propio Presidente y Directores del Banco Central, que –ellos sí- en rigor no tendrían una obligación jurídica de hacerlo –aunque sí política, por la obvia mala praxis desarrollada en su gestión-, ya que cuenta entre sus funciones defender el valor de la moneda, atribución que la Constitución asigna al Congreso Nacional y que la complejidad y dinamismo de la economía moderna obliga a realizar en conjunto con el Poder Ejecutivo, a través del BCRA y su Carta Orgánica.

La otra es su remoción por un simple decreto del Poder Ejecutivo, que en ejercicio de facultades constitucionales directas puede nombrar y remover a los funcionarios de su gestión, lo que cada día que pase será más exigible como una demostración de ejercicio real del poder recibido de los ciudadanos. Tendría menos “estilo” pero tal vez sería mejor, al dar oportunidad al Poder Ejecutivo de ejercer un acto de autoridad institucional y claridad política.

Uno u otro camino sería bueno que ocurriera más temprano que tarde para que la nueva administración pueda comenzar a andar y cumplir en la respectiva área su programa de gobierno propuesto y elegido por el pueblo en comicios transparentes.

Ricardo Lafferriere

Estímulo para pensar el futuro

Un gran cambio en el lenguaje del escenario. Ese es el principal emergente de la primera jornada del nuevo período.

Mirado cuando ya es pasado, la duda que hubiera existido sobre la decisión final de Mauricio Macri en el sentido de solicitar la certeza judicial sobre el inicio de su mandato ha sido un paso más que acertado. La reacción de la ex presidenta y su equipo al conocer la resolución judicial desnudaron sus frustradas intenciones: convertir la ceremonia de traspaso –y las propias horas previas- en un infierno de decisiones irracionales y conflictivas, con el ritmo que ya habían adoptado en los últimos días, algunas de las cuales llegaron a concretarse en el propio Boletín Oficial publicado el propio día 9.

De la forma que ocurrieron, el cambio de tiempo fue más nítido, tal vez gracias a la separación temporal de la simpática “presidencia Pinedo”, que interpuso un período neutral de transición entre el cese y el comienzo.

Las “cara y ceca” fueron el último discurso de CK y el inicial de MM.

El 9, en la Plaza de Mayo, fue claro en su agenda de pasado. Representó los últimos estertores de un tiempo agotado, reproduciendo el debate circular del siglo XX que la realidad del mundo abandonó definitivamente hace ya un par de décadas. El escenario de la confrontación entre sistemas enfrentados, entre visiones ideológicas, entre formas autoritarias de imaginar la relación del poder con los ciudadanos. Un escenario indiferente ante la destrucción del planeta –el discurso presidencial se pronunciaba mientras en París la Argentina recibía el premio a la hipocresía ambiental, y en el país CK presionaba al Senado para que aprobara su última ley, ¡impulsando una empresa carbonífera!...; aislacionista, intolerante, faccioso, despreciativo de la pluralidad de visiones y del sano intercambio de ideas diferentes; agresivo con las instituciones, descalificador de la independencia judicial, ignorante de las normas, silencioso con el narcotráfico y la corrupción.

El 10, en el Congreso, la agenda del siglo brilló en plenitud. No más “unos contra otros” sino “unos con otros”. Intolerancia contra la corrupción, lucha sin cuartel contra el narcotráfico, trabajo incansable para terminar con la pobreza. Recreación de la educación apoyado en la recuperación de la excelencia, universalización de la protección social a aquellos despreciados por el populismo, o sea los que se animan a forjar su propio camino en forma de pioneros a los que, por su audacia y valentía, se les priva de derechos concedidos a los demás. Una agenda abierta a la región y al mundo sin temores ni prevenciones, defendiendo el trabajo argentino pero sabiendo que el crecimiento sólo llegará si también llegamos a los mercados globales con productos y servicios de calidad, ejecutados por compatriotas capacitados y en consecuencia, bien pagados. Una agenda en la que las energías renovables vayan reemplazando a las fósiles, donde la infraestructura ponga los bienes públicos al alcance de todos –y no sólo de los que viajan en avión-, y en el que las oportunidades sean iguales para todos, cualquiera sea el sector social o la región geográfica a la que pertenezcan.

La agenda del país viejo, que es también la del mundo viejo, sólo convoca al enfrentamiento y la violencia, verbal y física. La agenda del país y del mundo nuevo convoca a la reflexión creativa y el trabajo conjunto. La primera, lleva a la lucha esterizadora. La segunda, a la solidaridad en el esfuerzo.
Es difícil no entusiasmarse, aun sabiendo que existirán tropiezos y equivocaciones como en cualquier camino novedoso. El propio reconocimiento de su falibilidad por parte del nuevo presidente, constructor de equipos plurales a los que ha convocado a compatriotas de diferentes vertientes, marca también una diferencia terminante con las viejas prácticas de la convivencia del escenario político. Basta, al fin, de “caudillos sabelotodo” a los que es necesario justificarle la ignorancia con aplausos de ocasión. Bienvenidos aquellos que en lugar de hablar, escuchen, dispuestos a aprender todos los días algo novedoso sin pretender ser los especialistas en todo.

El liderazgo de la nueva etapa deberá mantener la humildad, especializarse en la construcción de consensos, no caer en la tentación de demonizar al adversario de buena fe y mantener la templanza ante aquellos que no la tengan, para que sean los propios ciudadanos quienes observen la esterilidad de los discursos impostados.

La Argentina parece estar llegando, al fin, al siglo XXI. Y eso estimula, entusiasma, alegra.

Ricardo Lafferriere




martes, 17 de noviembre de 2015

La elección decisiva

Cambio de ciclo o cambio de rumbo. Eso decidiremos los argentinos el domingo 22.

El candidato oficialista se niega a considerarse parte del rumbo actual, pero –curiosamente- lo ratifica y anuncia su profundización. El candidato adversario propone un cambio, que es sin embargo impugnado por no ser suficientemente claro, lo que estaría ocultando –a decir de la opción continuista- un “regreso al pasado”.

Por debajo, cada argentino observa e intenta desentrañar los galimatías. Cada vez rodeado por más cepos, reglamentaciones y prohibiciones, su vida se ha estado convirtiendo en la búsqueda laberíntica de grietas que le permitan vivir según sus deseos sorteando los obstáculos inventados desde el poder con el argumento de –de nuevo, curiosamente- mejorarle la vida.

Su vida, sin embargo, se le ha complicado a niveles intolerables. Abrir un negocio –así sea pequeño- requiere tantos trámites, gastos e incertidumbres que desalienta, ante la posibilidad de calzar algún “arbitraje” entre compra y venta de divisas, fomentado por el propio gobierno con sus diferentes mecanismos de tipo de cambio y bicicletas, ya popularizadas y con las que es posible para alguien con medianos ingresos duplicar su salario. Sin trabajar, sin invertir, sin arriesgar. Muchos lo hacen, porque son las reglas de juego, pero todos saben que es un tobogán en cuyo final son ganancias insustentables en el tiempo, porque de algún lado salen –inflación, endeudamiento, o reglamentaciones caprichosas en algún otro eslabón de la cadena económica-.

Si el emprendimiento implica avanzar sobre el mercado global, el que hoy ofrece mayor posibilidad de retorno por su dimensión relativa, choca con las prohibiciones en el manejo de los pagos. Si desea prestar un servicio –educativo, profesional, o de comercio electrónico de bienes virtuales- las vías para hacerse de los micropagos propios de este campo requieren tan enmarañados procedimientos que desalientan al más tenaz. 

La obsolecencia conceptual de los gestores económicos sólo le deja el espacio del mercado interno, el que se encuentra aplastado por regulaciones –fiscales, impositivas, bancarias- aplastantes, que suelen costarle la totalidad de su rentabilidad y confiscarle su capital. Salvo, por supuesto, un contrato público, accesible si se cuenta con acceso a alguna de las múltiples ventanillas de peaje edificadas en esta década.

El cepo alcanza a la cultura. El fluido acceso a las novedades internacionales para mantenerse en la frontera del conocimiento e información es bloqueado con las barreras construidas hasta para comprar un libro. Aun sorteando la vocación cleptómana del Correo Oficial –lo que no siempre ocurre-, es probable que deba perder un día de su trabajo enfrentando agentes aduaneros de Correos que parecen haber hecho escuela en la Gestapo, para quienes el ciudadano que busca hacerse de su compra es considerado un peligroso subversivo. Si ha tenido los recursos para contratar el envío por un correo privado no habrá cleptómanos en el camino, pero deberá abonar su compra cuatro o cinco veces su precio, además de tener que inscribirla en una insólita página de la AFIP como importador, antes de acceder a su ansiado libro.

El cepo a la cultura no alcanza, por supuesto, a los que abonan en dólares oficiales millones de dólares, a través de productoras ya cooptadas o con acceso a las ventanillas de peaje, a los artistas y eventos internacionales. Ellos cobran “tickets” a valores equivalentes al dólar “blue” pero pagan con dólares oficiales que han recibido generosamente a través de la ventanilla amiga.

¿Ejemplos al pasar? Tal vez. Se multiplican hasta el cansancio. Podemos hablar de las ventanillas de peaje que debe enfrentar un empresario PYME que necesita un repuesto para una máquina –no ya comprar una máquina nueva, de mayor rendimiento y menos consumo energético, por ejemplo- para que se le autorice la importación. Y luego, para que se le entreguen sus dólares para abonarla. 

Mientras, su compra genera costos en depósitos de aduana –oh, curiosidad, también gerenciados por jóvenes de la nueva “burguesía nacional”- en la espera de la autorización y de los dólares que deberá seguramente pagar al precio de algunos de los esotéricos mecanismos  inventados por otra ala de la juventud maravillosa, dueña de ventanillas oficiales pero también de las cuevas que compran y venden los billetes de divisas de verdad.

Las miradas se pueden multiplicar y los argentinos lo saben. El horizonte está completo, desde la complicidad con el narcotráfico hasta el desmantelamiento de la educación pública, desde nuevos hospitales construidos como obra pública –a costos enigmáticos- pero sin médicos ni enfermeras hasta obras energéticas polucionantes que no pasarían ningún exámen internacional de calidad ambiental. Todo escondido tras la banalidad de un discurso rudimentario fuera de época, sólo sostenido a sangre y fuego en Venezuela y a mentira grotesca entre nosotros.

No es contra “el Estado” que votaron los argentinos el 25 de octubre y volverá a hacerlo el 22 de noviembre. Es contra este entramado de mentira y corrupción que le ha achicado sus espacios de libertad personal y ha empujado los hechos más nimios de su vida hasta las zonas grises de la legalidad, donde quedan expuestos a la discrecional interpretación de la ley de autoridades públicas adueñadas del aparato estatal para negocios privados.

No hay en esta elección un tema “ideológico”, si como tal se entienden las opciones de mediados del siglo XX, ya superadas en el mundo y que se intentan revivir entre nosotros con una tenaz y sospechosa obsesión. Es un ahogo insoportable, una incertidumbre asfixiante impregnando la realidad y anulando toda posibilidad de esfuerzo individual, de creatividad y logros apoyados en el mérito, para convertir a la Argentina en un corral de hacienda en el que algunos capataces deciden desde su monta la suerte de cada animal.

Cambiemos tampoco es una opción ideológica, a tal punto que conviven allí miradas más moderadas y progresistas. Están unidas por una línea conductora: volver a decir la verdad para entendernos, recuperar los espacios de libertad personal para edificar los futuros personales con confianza, recuperar la ley –objetiva, imparcial, respetada- como norma de convivencia.

Los detalles –el dólar, el arreglo de la deuda, la tasa del impuesto a las ganancias- son temas importantes, sí, a los que cualquiera sea el gobierno deberá enfrentar, dentro de los límites absolutamente condicionados en los que entregará el gobierno la señora Fernández, una de las gestiones que será recordada como de las más inútiles y corruptas de la historia. Pero lo que votaremos no tendrá que ver con ellos, que ocuparán la agenda durante pocas de las primeras semanas de gestión.

Lo importante tendrá poco que ver con esto y no es tan complicado. Se trata de seguir con esta decadencia terminal y agónica hasta que sea la propia realidad la que se haga cargo de cambiarla en forma tumultuosa y sin “relato” que pueda ocultarla, o de retomar la senda de un país floreciente, impulsado por la alegría de hombres y mujeres libres construyendo su futuro.

El 22 se terminará, agotado, un ciclo político cada vez más asentado en la ocultación y la mentira. Pero también un rumbo: el del encierro y el aislamiento. El fin del ciclo nos abre las puertas del cambio de rumbo, para retomar la marcha del país que fuimos y por decisión propia volveremos a ser. Tolerante y abierto, inclusivo y democrático, plural y pujante, entusiasta adoptante de lo nuevo y con la mano tendida a quien lo necesita. Un país capaz de contener las miradas más diversas conviviendo en paz y conversando sus diferencias con vocación de síntesis.

Eso es Cambiemos.



Ricardo Lafferriere

miércoles, 4 de noviembre de 2015

El “dólar de Macri”

Los debates entre Marangoni y Melconián, o entre Pérez  y Marcos Peña, realizados en estos días en los medios, muestran una “acusación” reiterada del equipo oficial consistente la presunta decisión devaluatoria del proyecto de “Cambiemos”, achacándole la perversa intención de “dejar que el mercado fije el precio del dólar”, en lugar de fijar el precio de la divisa para que “esté al alcance de los trabajadores”.

El contencioso resulta curioso. El valor de la divisa depende –entre otras cosas- de la cantidad de reservas existentes “vis a vis” con las obligaciones a corto plazo, la capacidad de crédito, la disponibilidad de divisas nuevas, la cantidad de dinero en circulación, la tasa de interés, la confianza que genere el país –como marco general- y el gobierno –como circunstancia específica-. No existe un dólar voluntarista, como no existe el precio voluntarista de cualquier producto.

En este momento la cantidad de incógnitas es demasiado grande. Una no menor es saber quién gobernará. Efectivamente es cierto que el “dólar de Macri” será diferente al “dólar de Scioli”. Las expectativas de la disponibilidad de divisas ofrecidas por quienes las generan –los exportadores y los prestamistas- serán diferentes en ambos casos. Es muy probable que ante un plan productivo, que requiere la normalización de los flujos financieros, quienes tengan dólares prefieran venderlos rápidamente antes que baje, para volcar sus recursos a proyectos productivos. Ante un plan policíaco como el actual, por el contrario, es probable que los escondan y busquen conseguir más, para lucrar con la expectativa de su suba. En consecuencia, falta de entrada un dato esencial.

Pero hay otro, no menos decisivo: en este momento no se conoce en cuánto dejará el valor de la divisa la dupla Cristina-Kicilloff. La gigantesca emisión que  hemos visto y que se anuncia para este mes incrementa la incógnita, salvo que por “valor del dólar” se tenga el número que establece el BCRA para una divisa inexistente, ya que no está al alcance de la gran mayoría de quienes la demandan –y, desde ya, menos que nadie para los trabajadores, que no pueden acceder ni siquiera al “dólar ahorro”-.

Con esa perspectiva, también podría fijarse un precio reducido para cada producto –desde los celulares hasta los automóviles, desde la yerba hasta la carne- con independencia de la decisión de venta de quienes tienen esos productos. Lo que se logrará es que los productores o fabricantes no los vendan, o hasta que les resulte imposible fabricarlos y en consecuencia no existan. Más o menos como ocurre con el dólar “Cristi-Kicci”, accesible a quienes el gobierno decida, desde la clase media más o menos acomodada hasta las grandes corporaciones a las que se les habilitó el vergonzoso negocio de los “dólares a futuro”.

Porque también ocurre que falta saber aún la profundidad del desfalco de las últimas semanas. Las ventas de futuro, en efecto, con vencimiento en los primeros meses de 2016, fijan una demanda de dimensión desconocida –ya que es mantenida bajo siete llaves, como secreto de Estado- para los primeros meses del año próximo. Los economistas más optimistas estiman que esas ventas alcanzaron hasta ahora “sólo” los 30.000 millones de dólares y los de Cambiemos creen que pueden haber llegado a los 60.000 millones. Y no se sabe cuántos más venderán hasta el 10 de diciembre. Cualquiera de ambas sumas es descomunal comparada con la inexistencia total de reservas que la dupla Cristina-Kicillof dejan en el Banco Central.

Como se ve, el fin de ciclo kirchnerista presenta demasiadas incógnitas como para estimar seriamente el valor de la divisa. Ni Macri ni Scioli, ni sus equipos económicos, pueden hacer magia. Cualquiera de ambos recibirá una herencia envenenada, planificada con perversión para provocar un estallido.

De su claridad estratégica, su confiabilidad interna y externa, su plan de gobierno y las perspectivas que genere dependerá, en última instancia, dentro de qué márgenes oscilará el precio del dólar, uno más –aunque importante- de los precios de la economía, pero sin dudas dependiente de bastantes más condicionantes que la sola voluntad de quien le toque gobernar.



Ricardo Lafferriere

lunes, 2 de noviembre de 2015

ESCÁNDALO

La venta de dólares a futuro realizada por el BCRA que deberán abonarse en los próximos meses o en su defecto incorporarse como un endeudamiento a tasas leoninas con el mercado financiero constituye una escandalosa maniobra defraudatoria de pocos antecedentes en el país.
Conforma, además, una bicicleta ante la cual la “patria financiera” achacada a la dupla Videla-Martínez de Hoz o al “neoliberalismo” de los 90 quedarían convertidos en migajas.
El BCRA vende dólares a futuro a 10,40 pesos, que se entregarán en marzo.
En el mercado de Nueva York, el dólar a futuro para la misma fecha se cotiza hoy a 15 pesos.
Grandes operadores compran las divisas del BCRA y en el acto las venden en NY para el mismo plazo. Cumplido éste, el “beneficiario” obtendrá esas divisas del BCRA al precio pactado y las tendrá ya vendidas en el mercado neoyorkino por un 40 % más. Habrá obtenido una ganancia desvergonzada, a costa del Banco Central argentino –o sea, de la Nación-.
La pérdida para el BCRA –o sea, para los argentinos- será de entre 15.000 y 30.000 millones de dólares, que los especuladores habrán “ganado” en tres meses SIN PONER UN CENTAVO. No se tiene memoria de una “bicicleta” tan desfachatada, en ningún gobierno –civil ni militar- de la historia.
Los cálculos de economistas “prudentes” afirman que por esta vía se han realizado operaciones por 30.000 millones de dólares. Los opositores, más temerosos, calculan el monto en 60.000 millones de dólares. El juego le costará al país entre 15.000 y 30.000 millones de dólares.
Los presidentes de los bloques de CAMBIEMOS, Mario Negri y Federico Pinedo, han realizado ya la denuncia penal. Sin embargo, la operatoria sigue, aunque con un pequeño maquillaje: a raíz de la denuncia, ahora hay que “afianzarla” con el 20 % en efectivo. La ganancia se verá afectada así en menos de un 10 %.
El 21 de octubre del pasado 2014, los diarios daban la noticia del arresto de una madre y su hijo, en un mercado de Ciudadela, por robar un queso en un supermercado COTO (http://www.n3f.com.ar/…/14181-madre-e-hijo-fueron-arrestado…) Fueron presos, y el queso se les secuestró.
Sería bueno que los funcionarios que dispusieron, organizaron y ejecutaron esta operatoria –Presidenta de la Nación, Ministro de Economía, Presidente del Banco Central- no sólo enfrentaran su responsabilidad penal –ya que no se trata de una discusión “política” sobre diferentes “modelos” económicos, sino de estafas, operaciones claramente delictivas-, sino también que respondieran con sus patrimonios por el gigantesco daño que ocasionan al país.

Ricardo Lafferriere

lunes, 26 de octubre de 2015

Potente rugido de la Argentina moderna

“Atlántica”, supo calificarla Daniel Larriqueta, para diferenciarla de su versión “tucumanesa”. “Liberal”, se le dijo después para cotejarla con la conservadora. “Socialdemócrata” o “progresista”, fue la enunciación más acotada de los últimos años para enfrentarla a la “autoritaria”, “nacionalista” y aún a la presuntamente “neoliberal”. Cualquiera sea la nomenclatura –siempre de bordes difusos y nunca exacta- sus notas características son parecidas.

Es la Argentina del litoral y la pampa gringa, de los inmigrantes y la Capital Federal, de los emprendedores y la educación, en suma, de las grandes clases medias que hicieron el país moderno al imbricarse con los gérmenes revolucionarios de los padres fundadores criollos. Giran alrededor de la ley, el ciudadano, el estado de derecho, el pluralismo, la tolerancia, la solidaridad voluntaria, la apertura al mundo.

Ese país convive con su karma: la herencia colonial del poder autoritario. Es el que trae los ecos de la colonización temprana, la que resultó de la simbiosis entre las culturas precolombinas y los reinos medioevales europeos. Esos ecos acercan la tendencia al poder sin límites, a la decisión del que manda como superior a la ley misma, a la construcción clientelar, a la intolerancia ante la discrepancia, a la idea de que el poder no puede ser plural sino homogéneo, a la búsqueda de la unanimidad aceptada o forzada.

Ambas forman el país que tenemos. Tienen obvias imbricaciones recíprocas y no se presentan en “estado puro”, justamente porque están condenadas a convivir, condena que configura tal vez el dato más fuerte de la identidad argentina. El gran desafío, que no ha podido resolverse exitosamente en dos siglos, es su articulación virtuosa. Esa convivencia, sin embargo, es la que obliga –a ambas- a renunciar a sus aristas más cortantes.

La elección del domingo significó el bramido de la Argentina atlántica, ante los reiterados desbordes de quienes llegaron con la crisis de cambio de siglo, que ante la sensación de caos reclamaba reconstruir el poder. Las tendencias autoritarias no tardaron en hacer corto-circuito con el país moderno. Su primer choque tectónico se dio en el 2008, con la rebelión del campo. Fue en ese instante que el país moderno notificó a la Argentina vieja que su poder tenía límites que no permitiría sobrepasar. También anunció a sus propias representaciones políticas la necesidad de ponerse en línea con su identidad.

Durante el siglo XX, la Argentina atlántica encontró su canal de expresión en el radicalismo, que desde Yrigoyen adquirió la virtud de imbricar en su seno ambas vertientes fundacionales. En los últimos años, sin embargo, la irrefrenable obsesión del viejo partido en abrazar una identidad ideológica de impronta europea –sin advertir que ese camino había sido ensayado sin éxito durante varias décadas por el socialismo- lo llevó a dejar libre ese espacio de representación política, que fue detectado inteligentemente por el PRO. 

Desde su original característica vecinalista fue transformando su imagen en la de un partido nacional. Consolidó su representación capitalina –donde reemplazó el vacío político dejado por el radicalismo, al que los ciudadanos porteños habían convertido tantas veces en su canal de expresión claramente mayoritaria-, y se expandió hacia las regiones más caracterizadas de la Argentina atlántica.

El interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, se fueron sumando así al fuerte enraizamiento porteño. Su base social era la misma, la que el radicalismo había abandonado tras su decisión de limitar su mensaje al sólo testimonio de su nueva buscada identidad, la que carecía de carnadura social en el país. Y hasta implantó presencia en el conurbano, región que para el radicalismo se había convertido en inaccesible. La sociedad, que requiere un juego político de mayorías y relevos, construyó su propia alternativa.

Gualeguaychú –anécdotas aparte- significa el comienzo de un retorno radical a sus fuentes históricas, no ya por el resultado, sino por el propio debate. Las dos posiciones que allí compitieron implicaron ambas regresar a la identidad de un partido funcional al equilibrio virtuoso de la democracia de alternancias. Ese debate debió condicionarse, sin embargo, a una realidad dura: ya había dejado de ser la fuerza más importante de referencia de los sectores medios. No estaba en condiciones de imponer más condiciones que las que puso.

Posiblemente la alternativa de tender puentes ampliados a la recuperación de las clases medias de origen peronista hastiadas de las deformaciones del poder absoluto hubiera facilitado el camino. O tal vez no. La historia contrafáctica es indemostrable. Pero eso lo hubiera podido hacer cuatro años antes, cuando a partir del “voto de Cobos” había recuperado una clara visibilidad nacional, y cuando el PRO aún no había profundizado su expansión territorial. 

Lo dijimos en su momento: 2011, 2012, 2013. El radicalismo debía asumirse como la columna vertebral de la alianza alternativa al populismo autoritario, abriendo sus brazos en una convocatoria que llegara desde el PRO hasta el socialismo. Pero perdió lastimosamente tres años en una aventura sin destino, mientras sus votantes naturales buscaban otras referencias en las que reflejarse. Dio –por así decirse- tres años de ventaja. Y cuando decidió hacerlo, llegó débil.

Así llegamos a hoy. La Argentina Atlántica, abierta y tolerante, emprendedora y ciudadana, la del estado de derecho y la honestidad, la de la ley y los jueces independientes, la de la libertad de prensa y la inclusión social sin clientelismo, encontró su expresión política en Cambiemos. Puede ganar o perder, pero está claro que lo ya logrado es trascendente: darle a la política Argentina el equilibrio de una fuerza equiparable a la de la Argentina vieja. No sólo eso: recuperó el control de los espacios más importantes del país productivo: la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, la Capital Federal, avanzó claramente en Entre Ríos y la Patagonia y puso su “pica en Flandes” en el extremo norte el país, mostrando el incontestable resultado exitoso de una alianza más amplia.

Lo que falta es tan complicado como lo que se recorrió, porque hay una afirmación que debe reiterarse: ahora es Cambiemos el que debe recordar que el país tiene dos “mitades” y no olvidarlo, como lo hizo el kirchnerismo al frente de la Argentina vieja. En su aventura, la herencia “K” deja un poder reconstruido –lo que es positivo, luego del derrumbe político del cambio de siglo-, pero sobre bases deformes, porque ignoró ese dato fuerte de la identidad nacional que en lugar de procesar, se dedicó a utilizar en forma aparcera, clientelar, patrimonialista. Inmoral.

Unidad nacional. La venimos buscando desde Urquiza. Que digo, desde la Revolución de Mayo. Quiera Dios iluminar el patriotismo de los grandes protagonistas y les de sabiduría para acordar –Macri, Scioli, Massa, el radicalismo, el peronismo, el socialismo pero también las fuerzas minoritarias- las bases sólidas de un acuerdo de características neo-constituyentes sobre el que edificar una etapa de convivencia y crecimiento que dure décadas.

El otro camino, el de ceder a los “halcones” de sus respectivas formaciones, simplemente reciclará la historia y potenciará la decadencia, aunque en el presente parezca más tentador.

Ricardo Lafferriere


sábado, 19 de septiembre de 2015

Los nuevos “godos” (sobre la nota de Pérez-Reverte)

La crisis de los refugiados que golpea a Europa, al poner en escena un drama que con diversos protagonistas tiene ya varios años, ha desatado opiniones que buscan encuadrarla en interpretaciones más amplias, históricas, sociológicas o económico-políticas de los caracteres más diversos.

Las redes sociales son el vehículo facilitador de miradas románticas, nacionalistas, chauvinistas y también solidarias que invocan la representación del conjunto europeo, en la mayoría de las veces asumiendo una mirada homogénea que dista de ser representativa de las más de cuatrocientas millones de personas que integran el conglomerado multinacional abarcados por el sustantivo “Europa”.

Entre ellas se ha hecho lugar en estos días la nota de Pérez-Reverte, cuyo núcleo argumental consiste en interpretar el actual proceso emparentándolo con lo ocurrido hace mil quinientos años, en ocasión del derrumbe del Imperio Romano de Occidente.

Los “godos” serían, en su mirada, los actuales migrantes sirios que estarían llegando a un imperio en decadencia –Europa-, no sólo débil sino también incapaz de mantener mínimos estándares de autodefensa ante una invasión que estaría buscando cambiarle su alma.

Es cierto que la historia tiende a mostrar procesos similares. Mirar hacia atrás buscando similitudes facilita la comprensión banal, en tanto la mente humana se conforma con encontrar patrones con resonancias conocidas para interpretar los fenómenos que no llega a comprender de una mirada rápida. Sin embargo, también suele ser engañoso. No hay procesos iguales. Todos son diferentes en su morfología más profunda, aunque muestren similitudes en su dinámica.

Nada hay más diferente que la Europa de hoy con el Imperio Romano de ayer. Nada hay más diferente que los emigrados sirios con las tribus germanas, organizadas, con jefes guerreros, que aunque eran empujadas por los invasores “hunos”, conformaban sociedades estructuradas que emigraban en grupo, con lo que significa como sujetos portadores de conciencia, voluntad y hasta proyectos compartidos. Y que, en última instancia, querían parecerse lo más posible al imperio que conquistaban.

Europa es el espacio del confort y la seguridad, que enmarcó el “aburguesamiento” de sus ciudadanos, parece decir con algo de resignación y molestia Pérez Reverte. Estaría, en su visión, condenada al derrumbe ante los “nuevos bárbaros”, que, ignorantes de sus valores y sofistificación, la someterían a una tensión cuyo resultado sería la desaparición de su alma democrática, solidaria, pacífica.

Sin embargo, Europa es también el continente de las guerras y las intolerancias. Los dos mayores conflictos de la historia de la humanidad, que cobraron entre ambos más de setenta millones de muertos, se produjo por intemperancia entre europeos. Europea fue la Inquisición. Europeo fue Hitler. Europeo fueron los nazis y los fascistas. Europeos fueron Mussolini y Franco, Oliveira Zalazar, los coroneles griegos y Milosevich. Europeos fueron los que traicionaron en Srebrenica y los que, aprovechando la traición -¡de las Naciones Unidas!- masacraron a cientos de inocentes.

Tampoco los “godos” terminaron siendo tan malos. Los reinos godos originaron los países europeos modernos –entre ellos, España-. Fueron el vehículo de transmisión del cristianismo, y también los que detuvieron la invasión musulmana en el siglo VIII. No sería errado afirmar que sin los “godos” no existiría Europa, tal como la conocimos y la conocemos.

Digresión al margen: los países en los que la influencia de los “godos” persistió con más fuerza son los que hoy muestran no sólo mayor desarrollo económico sino mayor calidad institucional, mayor acumulación de conocimientos científicos y mayor equidad en su convivencia. Cuanto más hacia el norte fijemos la mirada, más observaremos este fenómeno. Los países más cercanos a la herencia del viejo imperio romano –los mediterráneos, tan cercanos a nuestros afectos- son los menos consolidados, aún con sus intensas contradicciones a las que no son ajenas sus condiciones fronterizas con el otro gran espacio civilizatorio, el del Islam.

No pareciera entonces correcto cargar las tintas forzando identificaciones en un momento tan delicado para la convivencia del mundo cercano. Los que están llegando a Europa pidiendo refugio no son las “hordas godas”. Son personas  equiparables a un ciudadano medio europeo, que vivían con la relativa tranquilidad que podían lograr en sociedades sometidas a dictaduras feudales o patrimonialistas, a las que les llegó el horror de la guerra político-religiosa terminando con su normalidad.

Los refugiados de hoy no están llevando a cabo ninguna invasión, sino que escapan de la muerte, con la desesperación que esta angustia conlleva. Si hubiera que buscar similitudes, tal vez serían más equiparables a la angustiosa huida de los judíos que buscaban escapar de las persecuciones nazis –tan europeas, ellas…-, o de los “pogromos” polacos, húngaros, rusos o ucranianos, que no eran precisamente musulmanes.

Y tampoco Europa es el carcomido imperio romano del siglo V, centralizado en un imperio personalizado y absolutista a pesar de la “modernidad” que había desparramado por la vieja Europa de los pueblos celtas, a cuyas poblaciones llegó con Villas y Baños, foros y acueductos, caminos y ley. La Europa de hoy tiene innumerables problemas, pero también es el espacio en el que la humanidad ha logrado mayores niveles de perfección política, económica y social.

Es injusto –y peligroso- atacar a Europa por lo de bueno que tiene –el estado de derecho, el repudio a la violencia, los espacios de equidad y humanismo, su disposición a recibir emigrados y tender una mano- uniendo esa crítica a la que le realizan los que desean volver a la fuerza de los Estados fascistas, a la intolerancia de la Inquisición y a desinteresarse por la situación de los perdedores en la lucha por la vida que, aun así, son seres humanos, “únicos e irrepetibles” como lo dijera hace algunos años un líder religioso de la Europa buena.

No es defendiendo “los centuriones” que custodian “las fronteras del imperio”, que “son unos hijos de puta, pero nuestros hijos de puta” como debe actuar una sociedad que en las últimas décadas ha marcado el rumbo de desarrollo solidario, democrático y tolerante. Más bien parece que si así lo hiciera, añorando a Kadafi, respaldando a Al Assad y aplaudiendo la represión de los policías húngaros sobre niños de cinco años, sería ella misma la que se habría condenado a dejar de ser lo que es, lo que la ennoblece, lo que la hace valiosa y envidiable. Muy poco respetable terminaría siendo si hace depender su futuro de los mercenarios que la cuidan, mientras ella mira para otro lado para no enterarse.

Más que repetirse, la historia avanza. Los problemas de nuestros hijos –a los que, coincidiendo en esto con Pérez-Reverte, debemos darle las herramientas del conocimiento, la reflexión y la disposición a la autodefensa- serán diferentes a los actuales. Los europeos de hoy son así porque son los hijos de las guerras que destrozaron el continente. Por eso abrieron sus puertas a los perseguidos políticos, a los sociales, a los económicos. Miles de compatriotas y latinoamericanos están vivos por la mano que les tendió España, Suecia, Alemania, Francia, Italia. 

El hecho maldito que esta situación se produzca justo en el momento en que el sistema económico global enfrenta un ajuste del tremendo disloque que le generó su globalización des-normatizada no puede conducirnos a olvidar la esencia del alma humana, europea y también nuestra en muchos valores compartidos.

Los problemas deben enfrentarse. La política debe hacerlo, teniendo en cuenta todos sus matices, sus particularidades, sus consecuencias. Una sociedad desarrollada, con cuatrocientos millones de habitantes, no puede poner el grito en el cielo porque medio millón o un millón de personas golpeen sus puertas, con desesperación, pidiendo ayuda no por un resfrío, sino porque los matan. Y tampoco puede asustarse.

Ricardo Lafferriere

domingo, 13 de septiembre de 2015

Renta ciudadana universal: excelente propuesta de CAMBIEMOS

La presentación de los objetivos políticos para el próximo período de gobierno realizada por el candidato presidencial de Cambiemos, Mauricio Macri, incluye una bandera de fuerte actualidad en el debate político global: la garantía de una renta ciudadana universal.

La institución cobró cuerpo en las últimas décadas a raíz de la profunda transformación global, que ha cambiado la configuración de las relaciones económicas a raíz del acelerado proceso globalizador, el crecimiento exponencial del sector de los servicios y la robotización también acelerada, cuya consecuencia es la destrucción –en todo el mundo- de fuentes de trabajo no ya sólo en la industria sino también en los sectores agropecuarios e incluso de amplios espacios del comercio, las finanzas y una creciente diversidad de servicios personales.

La consecuencia es casi lineal: se está terminando el empleo estable y con él toda la protección que las sociedades industriales habían edificado a su alrededor, con la armazón conceptual de los “Estados de Bienestar”.

No es un tema sencillo, pero sí es apasionante. Diferentes iniciativas han intentado paliar los dramáticos efectos de un cambio estructural cuya dinámica está fuera de la capacidad de decisión de los Estados, porque deriva de la revolución científico-técnica y de los cambios en la economía. Entre ellos se cuentan la Garantía de Renta Mínima que se estableció en Brasil en 1991, para quienes no llegaran a obtener la mitad del salario básico, así como la ya antigua Pensión Universal canadiense, vigente desde 1952, para todos quienes cumplan 65 años con la sola condición de ser canadiense o residente legal.

Tiene también un lejano parentesco –pero no es lo mismo- con el Impuesto Negativo sobre la Renta, propuesto hace años por Milton Friedman y profundizado por James Tobin, consistente en la asignación de un crédito impositivo uniforme y reembolsable, asignado a cada persona en forma igualitaria, que se abona a cada persona anualmente según su declaración de Rentas. Si los ingresos de una persona no alcanzan ese monto, la autoridad fiscal le abona la diferencia en efectivo. Si lo supera, comienza a abonarse el impuesto a las ganancias a partir de ese nivel.

La iniciativa de la Asignación Universal por Hijo, vigente en la Argentina, es el resultado también de una larga maduración. La iniciativa tuvo su bautismo con el proyecto del radicalismo en la Cámara de Diputados, originada en las diputadas Elisa Carrió y Elisa Carca –ambas pertenecían a dicho bloque-, en el año 1997, del Ingreso Ciudadano para la Niñez. El proyecto no logró la sanción parlamentaria pero fue el obvio precursor del Decreto de Ingreso Universal por Hijo, puesto en vigencia por el decreto 1602/09, y luego respaldado por la Ley en julio del presente año, con el respaldo de todo el arco político argentino.

Estas aproximaciones no alcanzan, sin embargo, a cubrir la falencia de trabajo en las sociedades post-industriales, y allí aparece la propuesta del Ingreso Ciudadano Universal. Su característica es garantizar un ingreso igualitario básico a todos los habitantes del país, con independencia de su situación económica. Es, entonces, compatible con cualquier actividad económica que cada uno realice y guarda independencia de la voluntad de trabajar o no.

Sus beneficios son varios. Despeja el horizonte de inseguridad económica personal, reduce los espacios del clientelismo, respeta la esencial igualdad de las personas, incorpora a la actividad de ingreso formal a amplios sectores con trabajos no reconocidos, como las amas de casa, reconoce la universalidad de la propiedad de los bienes naturales –que como patrimonio del género humano son utilizados en los procesos económicos pero son hoy apropiados sólo por sus participantes reconocidos, obreros y empresarios, en forma directa o indirecta-, ayuda a la construcción de ciudadanía al reforzar la autonomía personal, respeta el valor de innumerables actividades –artísticas, artesanales, creativas, de investigación, etc.- que no reciben salarios, etc.

El desafío político de su implementación no es sencillo, porque implicará necesariamente una discusión profunda sobre la reestructuración de las distintas formas de subsidios que actualmente son administrados en forma anárquica y múltiple, sin coordinación ni garantía de equidad, por múltiples actores públicos, gremiales y privados. Entre estos subsidios se encuentran los efectuados a las empresas de servicios públicos, las diferentes asignaciones administradas por las asociaciones gremiales, los administrados por diferentes organismos estatales para distintas categorías de personas, la proliferación de “planes sociales” atados a la subordinación política, etc.

La institución del Ingreso Universal, por el contrario, fija un “piso de dignidad” establecido y garantizado por ley, compatible con las posibilidades reales de la economía, pero respeta la decisión de los ciudadanos sobre qué desean hacer con el mismo y en qué clase de consumos prefieren gastarlo. No distorsiona los precios relativos de una economía competitiva, a la vez que neutraliza los efectos de la concentración económica que es el resultado del imparable avance tecnológico, distribuyendo social y equitativamente los beneficios de ese avance en lugar de favorecer su apropiación excluyente como beneficio empresarial. Y habilita la decisión de cada uno de agregar más ingresos capacitándose, trabajando o invirtiendo más dónde, cuándo y si lo desea.

Requerirá también el debate sobre el financiamiento, el que deberá ser garantizado adecuadamente, sin golpear exageradamente sobre la presión fiscal sobre la economía productiva, es decir debe responder a la capacidad real de producción de la sociedad. Los números, en una primera aproximación, no debieran asustar: solucionada la coyuntura fiscal negativa fruto de los dislates de los últimos años, la redistribución de subsidios existentes debiera habilitar la posibilidad del Ingreso Ciudadano Universal virtualmente sin incrementar la presión fiscal, y aún reduciéndola.

De las novedades escuchadas en este proceso electoral hasta la actualidad, la propuesta de Macri es sin dudas la más revolucionaria en lo conceptual. Será necesario, en caso de efectivamente impulsarse, producir un amplio y abierto debate nacional habida cuenta de la cantidad de matices implicados en su implementación y de incorporarla como una institución permanente en la construcción de un país pujante, abierto a la innovación científico técnica, socialmente inclusivo y decidido a no dejar escapar otro siglo de su historia entreteniéndose con imposibles utopías del pasado, sino con creativos proyectos de futuro.

Ricardo Lafferriere


lunes, 7 de septiembre de 2015

¿Se debe mucho?

Cuantificar la deuda pública argentina es un desafío apasionante. Y terrorífico.

¿Qué debe incluirse en ese número?  ¿Sólo la deuda en divisas del Estado Nacional, que es la que suele repetir el oficialismo?

¿Debe sumarse la deuda del Estado Nacional en pesos? Si no lo hacemos ¿quién será el responsable de ella? Y en el caso de sumarla: ¿debe incluirse la deuda que el Estado nacional tiene con organismos que forman parte de la estructura jurídica del Estado, pero tienen cuentas destinadas a afectaciones específicas, que el Poder Ejecutivo ha “arrebatado” canjeándolos por bonos sin valor de cambio? El Banco Central y la ANSES marchan en punta con sus acreencias, que sin embargo se extienden a infinidad de otros organismos específicos. El Banco Nación, sin ir más lejos. Y los LEBAC y NOBAC que el BCRA debe a los bancos privados, que nadie sabe quién pagará. O los “Swaps” con China. O… o…

Curioso, lo del BCRA. El país –el gobierno…- acaba de ser beneficiado por la “Justicia del Imperio”, que ha decidido que el BCRA no puede ser considerado “alter ego” del gobierno porque su función es sostener el valor de la moneda y no tiene vinculación con el mismo, y en consecuencia sus reservas no pueden ser embargadas por los acreedores. Sin embargo, el gobierno no asume como deuda los bonos no negociables que ha colocado en el BCRA para retirar la ingente cantidad de recursos con los que mes a mes incentiva la inflación. El trato es cada vez más parecido al que le da a la ANSES, a la que les absorbe sus reservas cambiándoselas por papelitos pintados –tal vez impresos en la ex CICCONE-, que simbolizan deudas incobrables.

Y curioso, lo de la ANSES. La decisión del 2008 de apropiarse de los ahorros privados fue justificada en que “las AFJP se quedaban con el 30 % de los aportes”. Y en consecuencia, el oficialismo decidió quedarse con el 100 %. Fondos que no eran ni de la AFJP ni del Estado, sino de ahorristas que habían confiado en la ley vigente, que garantizaba su “propiedad” exclusiva, burlada por el gobierno, el parlamento y la propia Corte… No fue solo el kirchnerismo el responsable de la desaparición de la seguridad jurídica…

¿Debe sumarse la deuda de las provincias? Porque –aun concediendo que vivimos en un Estado Federal- a nadie se le escapa que gran parte de esa deuda –por ejemplo, con los organismos internacionales- está avalada por el Estado Nacional. Y tampoco que si a alguna provincia, especialmente a “alguna provincia” en especial le faltaran recursos para pagar sueldos, aguinaldos o proveedores, el Estado Nacional correría en su auxilio.

¿Y las deudas municipales? ¿O sólo cuentan las del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que estarán cargo “de Macri”, como si las del Estado Nacional estuvieran a cargo “de Cristina”?...

¿Debe sumarse la deuda que “quedó fuera” del acuerdo cuando la reestructuración, los famosos “hold outs”? Alguno podría decir que no, que “perdieron su turno”. Discusión vieja. Lo cierto es que –como lo alertamos en su momento- abrirían juicios diabólicos, que hoy tienen ya sentencia firme, que se están generando intereses sobre intereses más punitorios y gastos y que sin normalizar esa situación el país seguirá aislado del financiamiento externo.

¿Y la de los reclamos en el CIADI? Centenares de millones de dólares se están tramitando en juicios a los que el Estado Nacional está obligado por propia decisión, que no suelen figurar en los números oficiales, pero que habrá que pagar.

¿Qué hacemos con los intereses, que agrandan la deuda día a día? ¿Se deben ignorar, como si fuera posible no pagarlos, o deben contarse? ¿Qué hacemos con los centenares de millones de dólares que se deben a los importadores –y éstos, a sus proveedores externos- sin los cuáles la paralización industrial puede llegar a ser casi total, y con ella la desocupación?

No. No son cuentas menores. Son tan importantes como pasar en limpio además los gastos imprescindibles que deberá realizar el gobierno por la defraudación escandalosa de estos diez años que ha significado el deterioro de la infraestructura, la que demandará exigencia de recursos como si tuviéramos que construir un país de nuevo. Trenes, puertos, autopistas, energía, comunicaciones, defensa, infraestructura hospitalaria, educativa, policial y de seguridad, son deudas que golpearán muy fuerte, junto a todas las mencionadas al comienzo, a las puertas del Estado en los próximos años.

Se debe mucho. Tanto, como que la situación debiera aconsejarnos abrir puentes de un acuerdo político gigantesco, como comenzaron a tejerse a partir del disparador que significó el acercamiento entre el PRO y la Coalición Cívica, personificada en las figuras de Mauricio Macri y Elisa Carrió, a la que se afortunadamente se sumó el radicalismo abandonando una inexplicable aventura sin destino. Este polo de atracción, amplio sobre bases éticas, tiene sobre sus espaldas la responsabilidad de reconstruir la esperanza.

Mucho hubiéramos avanzado si hace cuatro años no hubieran dominado los egos y la corteza de miras que llevó a la fragmentación opositora, la ficción del 54 % y las atrocidades de estos años.

En estos años, la deuda  -las deudas…- crecieron mucho. Perdimos, además, cuatro años, que en lugar de usar para detener la caída y comenzar el despegue, sirvieron para acelerar el derrumbe. Y aunque tal vez sería un poquito injusto decir que la culpa fue exclusivamente de los “dirigentes” del 2011 –que, en realidad, reflejaban la ceguera de gran parte de sus bases-, ya en aquel momento señalamos en soledad que los argentinos no olvidarían la indiferencia de los principales protagonistas privilegiando su ombligo sin que les importara el abismo que abrían para el país, y no nos equivocamos. 

Ninguno de los candidatos opositores de entonces tiene ya relevancia alguna en el escenario nacional. La historia –y los argentinos- pueden tardar en pasar la cuenta, pero ésta inexorablemente llega.

Hoy la construcción está en marcha y tiene posibilidades ciertas de ser exitosa. Aunque no desate oleadas de entusiasmo, abre diariamente un nuevo pequeño espacio de confianza, cuya ampliación deberá estar en manos de cada compatriota, poniendo en marcha sus sueños.

Se debe mucho, por culpas múltiples. Ahora deberá ser el tiempo de  unir esfuerzos para ponernos al día y pasar al frente. El país puede, los argentinos pueden. Sentido común y patriotismo en la dirigencia serán las principales demandas para reencarrilar nuevamente nuestra historia y dejar atrás no sólo la decadencia, sino también la banalidad de la chabacanería.


Ricardo Lafferriere

martes, 1 de septiembre de 2015

Devaluación y cepo: la opinión de un lego

Mauricio Macri disparó la polémica con su anuncio: “El cepo se levantará en 24 horas”.

Ninguno rechazó el amague. Massa opinó que lo haría “en unos meses” y Daniel Scioli sostuvo que la tarea le demandará “un par de años”.

Roberto Lavagna, a su vez, acaba de declarar que el levantamiento del cepo en 24 horas requeriría una gran devaluación, posición en la que acompaña a los economistas oficialistas. En realidad más que tener razón, Lavagna es benévolo: en el actual escenario, no hay devaluación que alcance para frenar la estampida.

Han abierto tanto su pronóstico los economistas que el autor, que no lo es, se atreve a opinar apoyado en el simple sentido común: todo es posible.

¿Cómo pueden existir tan diferentes opiniones especializadas en un tema que –se supone- responde a una ciencia que no es ajena a los números y a los cálculos? ¿Pueden ser tan diferentes las matemáticas?

En realidad, no es un problema matemático sino político. Depende del marco en el que se actúe, de la coherencia del programa político-económico y social que se diseñe, de la confiabilidad del gobierno que lo haga, de su respaldo político interno y de su receptividad internacional.

Imaginemos por un instante un escenario imposible: que el kirchnerismo siguiera gobernando el país. En esa hipótesis, el cepo no sólo no sería “levantable” en ningún tiempo previsible, sino que lo más probable sería una profundización de medidas policiales, la creciente tensión económica que se trasladaría a lo social vía desabastecimiento y/o hiperinflación y por último una crisis política de proporciones, al estilo del escenario que hoy vive Venezuela, con muertos proliferando diariamente, supermercados asaltados, colas de cuadras para conseguir pan o leche, opositores presos sin proceso y violencia instaurada como norma, al estilo ley de la selva.

Eso no ocurrirá, simplemente porque el kirchnerismo tiene plazo fijo. Lo que viene son matices más o menos heterodoxos en el camino de desmontar la parafernalia de dislates construida por el oficialismo –principalmente, por la presidenta- en la convicción de que en pleno siglo XXI es posible vivir en una sociedad en la que las conductas de todos estén decididas por la voluntad de una persona.

¿Se podría levantar el cepo rápidamente? Los economistas –todos- saben que sí. También saben que para hacerlo, es imprescindible reducir el déficit fiscal, objetivo posible en forma programada con un gobierno lúcido, que a la vez que normalizar las cuentas internas logre reconstruir su vinculación con el mundo financiero internacional, con el propósito de contar con un “puente” de financiamiento entre el comienzo y el fin del proceso de normalización que evite las tensiones sociales, la caída abrupta del salario y los despidos masivos.

Pero también saben que no. Es imposible levantar el “cepo” manteniendo la filosofía de los controles cambiarios no homologables con el mundo. Hay una razón filosófica y una práctica. La filosófica es que el concepto de “cepo” oculta la idea de que la propiedad de los bienes no se basa en un derecho constitucional sino en la discrecionalidad del gobierno. Las divisas son de quienes las generan, no del gobierno. Un gobierno que considere que las divisas son suyas, por definición, no es confiable. La razón práctica es que nadie invertirá donde en el mismo momento de su inversión se le confisca el 30 % del valor de mercado de su capital, y luego no se le permite disponer del fruto económico que genere su proyecto.

Pero como adelantamos, eso ya no ocurrirá porque el kirchnerismo pasará a ser historia. Lo que viene buscará, necesitará buscar, cambiar esa perspectiva.

¿Quién pude lograr ese escenario? Quien antes que nada, se lo proponga. Es un camino incompatible con la verborragia de opereta, la fragmentación interna y la irresponsabilidad de gestión. La normalización fiscal requiere confianza y la confianza requiere coherencia entre dichos y hechos en el diseño y la ejecución de un camino sensato. Si se logra ese “puente” y se ejecuta, el cepo puede durar horas: no sería necesario contar con un ajuste para ubicar el precio de la moneda nacional en un camino ascendente.

Habría inversiones en sectores de infraestructura rezagados durante una década por malas decisiones (que han respondido a caprichos, conveniencias personales o corrupción, más que a necesidades económicas), habría préstamos internacionales para financiarlas y se abrirían espacios de negocios que naturalmente serían ocupados por quienes hoy prefieren inmovilizar sus ahorros ante la imprevisibilidad que le genera la actual gestión.

¿Cuánto tardaría esto en realizarse? La respuesta también se abre en abanico. Hoy mismo existen contactos entre interesados en realizar grandes inversiones y los equipos de los principales candidatos presidenciales. Cambiado el rumbo, la carrera por llegar primero también se dispara en horas. No es aventurado decir que apenas se decida la conducción del nuevo gobierno, comenzarán a tejerse acuerdos cuya concreción se realizará rápidamente, tal vez en días.

¿Habrá turbulencias? Es posible que sí, pero no tanto por la relación peso-dólar, sino por el estrambótico descalce de los precios relativos internos y por la gigantesca irresponsabilidad fiscal de los últimos tiempos kirchneristas. Sin embargo, también existen reservas en manos privadas de compatriotas que han sido previsores armando su “colchoncito” fuera del alcance de las ocurrencias kicillescas. Después del 2002, es muy difícil que vuelvan a encontrar a los argentinos con sus ahorros encerrados en las cuentas bancarias. Un “corralón” hoy tendría apenas la dimensión de un gallinero.

Habrá, sí, viento de frente como el que nunca atravesó el kirchnerismo en el poder. Será necesario inteligencia estratégica y flexibilidad táctica. El mundo viene complicado ante los tropiezos de China, las complicaciones geopolíticas del Oriente Medio y la crisis económica y migratoria europea. Pero a la vez, ha comenzado a recuperarse la otra gran economía del mundo, la norteamericana, que probablemente retomará su papel de locomotora mundial.

Por nuestra parte, ha sido tan fuerte la decadencia que nuestros problemas, ubicados en el mundo, casi entran en una dimensión micro, más que macro. Recuperar el atraso demanda una sintonía de medidas serias de gestión con inteligentes proyectos para retomar la marcha, pero es posible.

En síntesis: el cepo, con el que comenzamos la reflexión, puede levantarse en 24 horas, en cuatro meses, en dos años o nunca. En realidad, en gran medida, depende de la decisión y la convicción de los propios argentinos.


Ricardo Lafferriere

sábado, 22 de agosto de 2015

Identidad

La “brecha”…. la maldita “brecha”, cuya dimensión ha sido potenciada casi hasta el límite de la tolerancia recíproca por esta “década”, alcanza no sólo a la grotesca impostación ideológica, que en otros tiempos apasionaba corazones idealistas pero hoy muestra al desnudo su crudo y mendaz rostro delictivo.

“Izquierdistas” represores, “progresistas” ladrones, “revolucionarios” de pacotilla tomando por asalto un presupuesto alimentado con la pobreza que causa la inflación y las exacciones impositivas a los que trabajan, “intelectuales orgánicos” frente a los que los de la dictadura stalinista parecen santos. Todos ellos nos hacen preguntarnos –confiesa el autor que no pocas veces lo ha inundado el interrogante- sobre si existe un común denominador que vincule a ambos “bandos” de la realidad argentina.

Es que la “brecha” alcanza a los contradictorios más estrambóticos. No es lineal, aunque en uno de sus extremos se ubica siempre, como generador, el mismo núcleo de pensamiento y acción, intolerante, excluyente, inmoral, banal, desdeñoso, despectivo y soberbio para con quien piensa diferente.

“Villerito europeizado”, ha sido el más benévolo de los calificativos con que un funcionario kirchnerista formoseño ha calificado las declaraciones de Carlos Tévez, referidas a la falta de igualdad en el país, respondiendo a la pregunta de “¿cuál es el tema que más te golpea?”

Su ejemplo fue Formosa, como lo es de muchos de quienes analizamos la etapa kirchnerista. “El hotel donde paramos es un cinco estrellas, con Casino y todo. Las Vegas… mientras afuera del paredón, la gente se c…. de hambre”. Nada que no sepamos, aunque dicho por alguien que no juega en política, sino que se ha formado con su propio esfuerzo y alcanzado su papel de liderazgo deportivo popular sin perder su esencia, su identidad y sus notables valores solidarios.

“Respetar las normas te facilita la vida”, fue otra de las respuestas ante la aguda pregunta del periodista sobre la presunta “dureza” de la vida en un país donde rige la ley. Respetar las normas y no quejarse sino justificar hasta su propia detención por la reiteración de su falta de conducir sin registro, por la que tuvo que cumplir trabajos comunitarios como cualquier ciudadano.

Quien escribe confiesa que se siente cerca, muy cerca, del trasfondo ético y moral del villerito europeizado y en las antípodas del funcionario “nacional y popular” de un gobierno que masacra indígenas, humilla a los pobres clientelizándolos, se enriquece con fondos públicos mal habidos, mata jóvenes opositores y se imbrica con el narcotráfico.

Y también confiesa que el interrogante le sigue golpeando el cerebro: ¿hay una identidad común entre argentinos ubicados en las dos orillas de “la brecha”?  ¿Podemos afirmar aún que pertenecemos al mismo pueblo?

Las preguntas golpean, por sus implicancias. Tal vez sea preferible auto convencerse que la brecha no es más que una enfermedad transitoria que contagió a muchos, como una epidemia que pasará, tan rápido como llegó. Que es un episodio triste y negro como los varios que hemos pasado en la historia del país. Que salimos hasta de la dictadura. Que no puede ser eterna. Que soldaremos la brecha con una gran bandera de unidad nacional.

La duda, la gran duda, es que ese autoconvencimiento no sea más que un atajo voluntarista para poder seguir creyendo en la unidad de los argentinos. Que nos resulte insoportable la idea de compartir la identidad nacional con los señores feudales, genocidas y ladrones. Y que no debamos para ello abandonar la solidaridad visceral, democrática, patriótica y honesta con los valores maravillosos del villerito europeizado, que reflejan con sencillez los mejores valores de la historia patria.

Lo que parece claro es que los argentinos difícilmente soporten en paz social la prolongación de la provocación permanente, por cadena nacional, de los nuevos profetas del odio, de la mentira y del desprecio. Porque en ese caso la brecha, la maldita brecha, puede seguirse ampliando al punto de no retorno que no deje espacio ni siquiera para el ejercicio voluntarista del autoconvencimiento de ser aún un país con identidad compartida y con un pueblo que convive.


Ricardo Lafferriere