¿Si quienes nos hemos formado en las filas del viejo partido
nos sentimos cómodos con los tironeos institucionales?
Es obvio que no.
¿Hay otra forma de desarmar el andamiaje jurídico-legal que
convirtió al Estado en un apéndice de una banda de delincuentes y colonizó la
justicia buscando una protección que pretendían eterna?
Parece obvio que tampoco. Lo están mostrando los hechos. Lo
que está claro que no es posible llegar al gobierno apoyado por la mayoría
ciudadana con el mandato de recuperar la democracia republicana y aceptar
resignados el chantaje. Si el pueblo quisiera eso, hubiera votado diferente y
lo hubiéramos aceptado, continuando nuestra prédica desde el espacio opositor.
Pero no fue así.
Son tiempos raros. Tan raros como los DNU, que inventó el
peronismo con Menem y profundizó con los Kirchner para saltear el debate en el
Congreso, y que fueran incorporados a la Reforma Constitucional de 1994 como
parte del “Núcleo de Coincidencias Básicas” acordado entre peronistas y
radicales, liderados entonces por Menem y Alfonsín.
Los DNU no son buenos, pero son absolutamente legales. Y es
obvio que su función es reformar leyes, ya que si no carecerían de razón de
ser.
El peronismo, que gobernó gran parte del lapso que va de
1994 a 2015, los utilizó a destajo para barbaridades y para banalidades. Cambiemos
los está utilizando para volver las cosas a la normalidad –salvo que pensemos
que la colonización del Estado por la camarilla delictiva es una buena cosa-.
Fue votado para eso, y ha decidido cumplir con su promesa ciudadana.
Obviamente, los que ayer se bañaron en las orgías de la
autocracia, rezongan. Buscan acogida en los bolsones de la justicia colonizada,
la que costará un tiempo lograr que retorne a la majestad de su independencia.
Asistiremos a sus coletazos agónicos con discursos que olvidaron durante muchos
años, hasta hace apenas pocos días, cuando el funcionamiento institucional
fuera desplazado por el “relato” hegemónico al que todo debía subordinarse.
Porque “iban por todo”, hasta por fiscales indomables a los que no tuvieron
empacho en ponerles fin. Y no precisamente por procedimientos institucionales...
El presidente fue votado para gobernar y sería bueno que lo
dejaran. Bastante daño hicieron y bastante tolerancia está teniendo un pueblo
que confió en ellos y al que le devolvieron un país hecho hilachas.
Para corregir el rumbo el Presidente debe utilizar sus
facultades constitucionales libremente. No más, pero no menos. Debe tener
prudencia al ingresar en un terreno originario del Congreso –como los DNU, a
los que lo habilita la Constitución- pero no puede resignar la facultad que le
es propia, la de la administración del país, designando con libertad sus
colaboradores y funcionarios de gobierno. El turno del gobierno anterior
terminó y con él, el de sus funcionarios políticos. Es de una grosera vileza
personal y política pretender usurpar funciones de gobierno sin representar a
nadie.
La Justicia no puede, porque no tiene facultades
constitucionales para ello, condicionar al presidente nada menos que en la
decisión de los funcionarios con los que gobernará. Si intentara hacerlo, sus
pronunciamientos carecerían por completo de valor, como no lo tendría una
Sentencia dictada por el Presidente, o por el Congreso. Es la norma de oro de
la democracia republicana. Cada uno debe actuar en sus competencias
constitucionales. De hecho, tal vez sea bueno recordar que el propio DNU que modificó la Ley de Medios respeta escrupulosamente su parte dogmática, es decir sus objetivos y principios, y se reduce a cambiar lo que es facultad constitucional del Poder Ejecutivo: su aplicación (art. 99, incs. 2 y 7 de la Constitución Nacional).
En todo caso, serán los ciudadanos los únicos que realizarán
la valoración política de la gestión, al ser convocados nuevamente al comicio.
Ricardo Lafferriere
No hay comentarios:
Publicar un comentario