La “escena” política parece haberse sorprendido con la
sanción del fallo de la Corte Suprema que ordena la aplicación del cómputo
doble a la detención sufrida en carácter de prisión preventiva, luego de haber
transcurrido dos años en tal condición y sin haber recaído sentencia en una
causa penal, a personas encausadas por delitos conocidos como de “lesa
humanidad”.
La sanción de la Corte implica una gran valentía y un paso
decisivo en la recuperación del estado de derecho.
Varios principios jurídicos de raíz constitucional y aún
supraconstitucional juegan en esta decisión, que aunque tardía, viene a
encarrilar situaciones de altísima injusticia que la democracia argentina no
había logrado hasta ahora resolver adecuadamente. La igualdad ante la ley, la
irretroactividad de las leyes, el principio de inocencia, la prohibición del
abuso de la figura de la “prisión preventiva” y el principio de aplicación de
la “ley más benigna” favorable al acusado.
Muchos de ellos estaban siendo violados, montados en una
especie de condena extrajudicial previa, instaurada en el momento en que se
comenzó a utilizar la figura de los derechos humanos para esconder tras ellos
un proyecto de vaciamiento del país y apropiación delictiva de recursos
públicos como no se tiene memoria en la historia argentina.
Quien esto escribe sufrió en su momento la represión del
proceso. Fue detenido-desaparecido, y luego “legalizado” con la puesta a
disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Conoció desde adentro la fabricación
de procesos amañados por la justicia militar, y –como muchos- añora la amistad
de asesinados en la flor de su vida, con quienes había compartido militancia.
Esto quiere decir que peleó cuando era el momento de hacerlo, reclamando la
recuperación del estado de derecho, la vigencia de la soberanía popular y por
la derrota de la dictadura.
Esto fue hace cuatro décadas. El país atravesaba un baño de
sangre, desatado por la insurgencia a la que el poder constitucional de
entonces resolvió combatir “hasta el exterminio”, dando las órdenes pertinentes
a los jefes militares y policiales, que después las profundizaron hasta el paroxismo, ya durante la dictadura.
Eso sufrimos, y con una persistente militancia por la vida,
la paz y la democracia, resistimos el fuego cruzado de la insurgencia y la
contrainsurgencia, en tiempos de la guerra fría y la polarización violenta,
pero logramos abrir una brecha de racionalidad para reducir el espacio del terror
y comenzar, con el liderazgo de Alfonsín, la construcción de la democracia
argentina moderna.
La bandera era la Constitución. El rezo laico era el
preámbulo. Su concreción sería el estado de derecho rigiendo de una vez en la
Argentina. Nunca más la arbitrariedad, la muerte, el autoritarismo, la persecución.
No debiera ser necesario mostrar pergaminos ni recordar la
historia para hablar de estas cosas, pero la tramposa recreación del clima de
esa época por el matrimonio cleptómano contagió la mente de muchos compatriotas
que no recuerdan o no los vivieron. Años en los que –tal vez no esté de más evocarlo-
mientras algunos sufríamos cárcel, estaban exilados, eran asesinados o
desaparecidos, los grandes impostores de la década pasada hacían su fortuna
ejecutando jubilados con créditos impagables invocando la “Circular 1050”,
dictada por Martínez de Hoz.
Esa historia falseada provocó consecuencias y convirtió al “estado
de derecho” también en una impostación. La propia ex presidenta lo reconoció al
sostener que “un fallo así no hubiera sido dictado durante el gobierno anterior
(el suyo)”. Difícilmente sea imaginable una confesión más cínica sobre lo que
fue la justicia “durante su gobierno”.
El país ha iniciado una nueva etapa de su historia, y va
saldando sus deudas con el pasado. Era hora.
Desde esta página lo veníamos reclamando hace varios años. Más allá del juicio ético y personal sobre el "2 x 1" -con el que personalmente discrepo en cualquier circunstancia- fué ley vigente y no era justicia mantener a centenares de personas en el eterno limbo de la “prisión preventiva”, sin juicio condenatorio y sin presunción de inocencia, nada más que por la denuncia de dirigentes a sueldo que han bastardeado una historia épica y la han sumergido en un despreciable presente. Vergonzosamente, aún quedan muchos en esa situación, sin juicio ni condena y por lo tanto, detenidos durante años a pesar de su presunción de inocencia y quizás de su real inocencia.
Desde esta página lo veníamos reclamando hace varios años. Más allá del juicio ético y personal sobre el "2 x 1" -con el que personalmente discrepo en cualquier circunstancia- fué ley vigente y no era justicia mantener a centenares de personas en el eterno limbo de la “prisión preventiva”, sin juicio condenatorio y sin presunción de inocencia, nada más que por la denuncia de dirigentes a sueldo que han bastardeado una historia épica y la han sumergido en un despreciable presente. Vergonzosamente, aún quedan muchos en esa situación, sin juicio ni condena y por lo tanto, detenidos durante años a pesar de su presunción de inocencia y quizás de su real inocencia.
No es justo ni siquiera lo que se hizo con el propio Videla –que
alguna vez firmó como presidente de facto mi detención “a disposición del PEN”,
en 1976-. Dejar morir a un anciano inválido con más de ochenta años y
enfermedades degenerativas en una prisión de aislamiento, sin atención médica, solo
en medio de la noche, lo hubiera hecho tal vez él mismo. No podía hacerlo la
democracia argentina, porque estaría cayendo en la misma inhumanidad que había
demostrado el preso y por la que se lo penó.
Pero lo hizo.
Debe haber justicia. Debe actuar libremente. Deben
castigarse los delitos. La impunidad es una de las principales causas del
deterioro de la convivencia. Presos, los que deban que estar, luego de juicios
limpios e imparciales, con acusación y defensa libres. La democracia argentina
ha mostrado que puede hacerlo, abriendo juicios ejemplares como lo fue el de
las Juntas Militares. Pero… con la ley en la mano. Con sus principios rigiendo
sin interpretaciones caprichosas impulsadas por el “clamor popular”, inmedible
en cuanto no se traduzca en leyes por los procedimientos constitucionales.
Había y hay que terminar con eso, sin perdón –si no se pide por los que deben hacerlo y no se
da por quienes podrían otorgarlo-, pero con el remedio que la civilización ha
elaborado durante años de historia para terminar con la barbarie: la vigencia
plena del estado de derecho. En este caso, significa acusación, principio de
inocencia hasta que no se pruebe la culpabilidad, debido proceso, aplicación
plena de la ley penal en forma igualitaria, jueces naturales imparciales “designados
por la ley antes del hecho de la causa”, y cárceles “sanas y limpias, para
seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”. Esto dice la
Constitución a la que debemos respeto. Eso es el estado de derecho por el que
luchamos y sobre el que podremos edificar nuestro futuro.
Por eso sostengo que este fallo es valiente. Se levantó
contra el presunto juicio ético de una opinión pública prefabricada. Decidió que
en la Argentina la ley se aplica a todos. No se atemorizó ante la segura
reacción impostada de aquellos que hacen silencio cómplice con la represión
sanguinaria de los parapoliciales de Maduro que prenden fuego a estudiantes que
protestan y aplastan con tanquetas a ciudadanos que reclaman, pero se rasgan
las vestiduras al ver que su gran impostura de la época pasada es superada por
la historia.
Entristece un poco, sí, ver la confusión de algunos que –en todo
su derecho, por supuesto- “condenan” el fallo. Tal vez sea confusión entre
justicia y venganza, tal vez teman ser confundidos porque haya sido también
confuso su papel cuando había que luchar en serio por los derechos humanos y
miraban para otro lado. Tal vez estén realmente confundidos. O tal vez,
simplemente, les falte la valentía democrática y republicana que mostró la
Corte en este fallo. Dejo para lo último la menos agradable de las alternativas: que realmente crean que la democracia argentina debe actuar como lo ha hecho en esta última década. Con ellos me separa un abismo conceptual y de valores. El que separa el estado de derecho del autoritarismo, imposible de disimular con vestimentas ideológicas.
De todas maneras, lo que importa es que el estado de derecho
se encamina a reglar nuevamente en plenitud la convivencia argentina, y eso es
saludable.
Ricardo Lafferriere