Un fallo valiente

La “escena” política parece haberse sorprendido con la sanción del fallo de la Corte Suprema que ordena la aplicación del cómputo doble a la detención sufrida en carácter de prisión preventiva, luego de haber transcurrido dos años en tal condición y sin haber recaído sentencia en una causa penal, a personas encausadas por delitos conocidos como de “lesa humanidad”.

La sanción de la Corte implica una gran valentía y un paso decisivo en la recuperación del estado de derecho.

Varios principios jurídicos de raíz constitucional y aún supraconstitucional juegan en esta decisión, que aunque tardía, viene a encarrilar situaciones de altísima injusticia que la democracia argentina no había logrado hasta ahora resolver adecuadamente. La igualdad ante la ley, la irretroactividad de las leyes, el principio de inocencia, la prohibición del abuso de la figura de la “prisión preventiva” y el principio de aplicación de la “ley más benigna” favorable al acusado.

Muchos de ellos estaban siendo violados, montados en una especie de condena extrajudicial previa, instaurada en el momento en que se comenzó a utilizar la figura de los derechos humanos para esconder tras ellos un proyecto de vaciamiento del país y apropiación delictiva de recursos públicos como no se tiene memoria en la historia argentina.

Quien esto escribe sufrió en su momento la represión del proceso. Fue detenido-desaparecido, y luego “legalizado” con la puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Conoció desde adentro la fabricación de procesos amañados por la justicia militar, y –como muchos- añora la amistad de asesinados en la flor de su vida, con quienes había compartido militancia. Esto quiere decir que peleó cuando era el momento de hacerlo, reclamando la recuperación del estado de derecho, la vigencia de la soberanía popular y por la derrota de la dictadura.

Esto fue hace cuatro décadas. El país atravesaba un baño de sangre, desatado por la insurgencia a la que el poder constitucional de entonces resolvió combatir “hasta el exterminio”, dando las órdenes pertinentes a los jefes militares y policiales, que después las profundizaron hasta el paroxismo, ya durante la dictadura.

Eso sufrimos, y con una persistente militancia por la vida, la paz y la democracia, resistimos el fuego cruzado de la insurgencia y la contrainsurgencia, en tiempos de la guerra fría y la polarización violenta, pero logramos abrir una brecha de racionalidad para reducir el espacio del terror y comenzar, con el liderazgo de Alfonsín, la construcción de la democracia argentina moderna.

La bandera era la Constitución. El rezo laico era el preámbulo. Su concreción sería el estado de derecho rigiendo de una vez en la Argentina. Nunca más la arbitrariedad, la muerte, el autoritarismo, la persecución.

No debiera ser necesario mostrar pergaminos ni recordar la historia para hablar de estas cosas, pero la tramposa recreación del clima de esa época por el matrimonio cleptómano contagió la mente de muchos compatriotas que no recuerdan o no los vivieron. Años en los que –tal vez no esté de más evocarlo- mientras algunos sufríamos cárcel, estaban exilados, eran asesinados o desaparecidos, los grandes impostores de la década pasada hacían su fortuna ejecutando jubilados con créditos impagables invocando la “Circular 1050”, dictada por Martínez de Hoz.

Esa historia falseada provocó consecuencias y convirtió al “estado de derecho” también en una impostación. La propia ex presidenta lo reconoció al sostener que “un fallo así no hubiera sido dictado durante el gobierno anterior (el suyo)”. Difícilmente sea imaginable una confesión más cínica sobre lo que fue la justicia “durante su gobierno”.

El país ha iniciado una nueva etapa de su historia, y va saldando sus deudas con el pasado. Era hora.

Desde esta página lo veníamos reclamando hace varios años. Más allá del juicio ético y personal sobre el "2 x 1" -con el que personalmente discrepo en cualquier circunstancia- fué ley vigente y no era justicia mantener a centenares de personas en el eterno limbo de la “prisión preventiva”, sin juicio condenatorio y sin presunción de inocencia, nada más que por la denuncia de dirigentes a sueldo que han bastardeado una historia épica y la han sumergido en un despreciable presente. Vergonzosamente, aún quedan muchos en esa situación, sin juicio ni condena y por lo tanto, detenidos durante años a pesar de su presunción de inocencia y quizás de su real inocencia. 

No es justo ni siquiera lo que se hizo con el propio Videla –que alguna vez firmó como presidente de facto mi detención “a disposición del PEN”, en 1976-. Dejar morir a un anciano inválido con más de ochenta años y enfermedades degenerativas en una prisión de aislamiento, sin atención médica, solo en medio de la noche, lo hubiera hecho tal vez él mismo. No podía hacerlo la democracia argentina, porque estaría cayendo en la misma inhumanidad que había demostrado el preso y por la que se lo penó.

Pero lo hizo.

Debe haber justicia. Debe actuar libremente. Deben castigarse los delitos. La impunidad es una de las principales causas del deterioro de la convivencia. Presos, los que deban que estar, luego de juicios limpios e imparciales, con acusación y defensa libres. La democracia argentina ha mostrado que puede hacerlo, abriendo juicios ejemplares como lo fue el de las Juntas Militares. Pero… con la ley en la mano. Con sus principios rigiendo sin interpretaciones caprichosas impulsadas por el “clamor popular”, inmedible en cuanto no se traduzca en leyes por los procedimientos constitucionales.

Había y hay que terminar con eso, sin perdón –si  no se pide por los que deben hacerlo y no se da por quienes podrían otorgarlo-, pero con el remedio que la civilización ha elaborado durante años de historia para terminar con la barbarie: la vigencia plena del estado de derecho. En este caso, significa acusación, principio de inocencia hasta que no se pruebe la culpabilidad, debido proceso, aplicación plena de la ley penal en forma igualitaria, jueces naturales imparciales “designados por la ley antes del hecho de la causa”, y cárceles “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”. Esto dice la Constitución a la que debemos respeto. Eso es el estado de derecho por el que luchamos y sobre el que podremos edificar nuestro futuro.

Por eso sostengo que este fallo es valiente. Se levantó contra el presunto juicio ético de una opinión pública prefabricada. Decidió que en la Argentina la ley se aplica a todos. No se atemorizó ante la segura reacción impostada de aquellos que hacen silencio cómplice con la represión sanguinaria de los parapoliciales de Maduro que prenden fuego a estudiantes que protestan y aplastan con tanquetas a ciudadanos que reclaman, pero se rasgan las vestiduras al ver que su gran impostura de la época pasada es superada por la historia.

Entristece un poco, sí, ver la confusión de algunos que –en todo su derecho, por supuesto- “condenan” el fallo. Tal vez sea confusión entre justicia y venganza, tal vez teman ser confundidos porque haya sido también confuso su papel cuando había que luchar en serio por los derechos humanos y miraban para otro lado. Tal vez estén realmente confundidos. O tal vez, simplemente, les falte la valentía democrática y republicana que mostró la Corte en este fallo. Dejo para lo último la menos agradable de las alternativas: que realmente crean que la democracia argentina debe actuar como lo ha hecho en esta última década. Con ellos me separa un abismo conceptual y de valores. El que separa el estado de derecho del autoritarismo, imposible de disimular con vestimentas ideológicas.

De todas maneras, lo que importa es que el estado de derecho se encamina a reglar nuevamente en plenitud la convivencia argentina, y eso es saludable.

Ricardo Lafferriere