lunes, 25 de julio de 2016

¿Hacia dónde vamos?

La política tiene dos etapas: la de lucha –agonal- y la de construcción –arquitectónica-.

Un año sin elecciones es un buen momento para dialogar. Ya habrá, cuando lleguen los comicios, los tiempos de discutir.

El 2015 los argentinos eligieron un rumbo. Debiéramos ahora, en la construcción de ese rumbo, encontrar espacios de diálogo. Y debe reconocerse que, a pesar de las tensiones que trasladan al presente la proliferación de hechos de corrupción del tiempo que se fue, hemos sido aceptablemente exitosos en comenzar a elaborarlos.

El parlamento, donde nadie manda, obliga a responder a los ciudadanos con madurez. Ha dado muestras en este año de una práctica dialoguista aprobando leyes importantísimas –como la de la ratificación de la ley de ministerios, el arreglo de la deuda externa, la designación de los jueces faltantes en la Corte, la ley de autopartes, la ley de promoción de Pequeñas y Medianas Empresas, la ley de blanqueo e incluso la ley de reforma previsional- tratadas y sancionadas con la casi olvidada práctica virtuosa de considerar las iniciativas enriqueciéndolas con el aporte de todas las voces, salvo las que decidan automarginarse y elijan –en todo su derecho- el discurso testimonial.

Las fuerzas políticas con historia y vocación de gobierno han respondido asumiendo la gravedad del momento y la responsabilidad que tienen. Superando sus naturales disensos internos, han sabido lograr resultados. El sistema político argentino se está rearmando girando alrededor del tratamiento de los problemas y dejando libertad para que quienes prefieren situarse en el margen lo hagan, pero sin afectar la marcha de la gestión y de la sociedad.

Es obvio que en política un cambio copernicano como el que se ha producido luego de una gestión de más de una década no podía ser lineal y no lo es. El rumbo de colisión, advertido durante mucho tiempo por quienes fueron oposición en ese lapso pudo evitarse, y con él el estallido del campo minado que el país debió atravesar y aún atraviesa, no sin asumir decisiones que en tiempos normales cualquier gobierno hubiera evitado cuidadosamente por su efecto en el ingreso de los ciudadanos.

Debe reconocerse, sin embargo, que ante el horizonte que se visualizaba hace un año –ejemplificado por el drama que atraviesa el hermano pueblo venezolano- la conducción de estos meses ha sido exitosa en impedir un colapso gigantesco. Es mérito del gobierno, está claro, pero también de la oposición responsable.

El rumbo estratégico es lo que hoy debiera convocar a un diálogo más franco entre quienes, en el gobierno y en la oposición con vocación de gobierno, se sienten responsables de la marcha del país. Unos y otros conducirán la Argentina en los momentos en que el pueblo lo decida. Por eso y sin perjuicio de las naturales luchas “agonales”, el país necesita, de cara al mundo, una orientación permanente de sustentabilidad.

El país no puede empezar de nuevo en cuatro años. Es más: no puede dejar dudas que no intentará empezar de nuevo en cuatro años. Esa tarea no es sólo responsabilidad del gobierno, sino de quienes puedan sucederlo. Y –también debe reconocerse- que aún con rispideces y alguna intemperancia, en la oposición sensata esta actitud se insinúa, tanto con el trabajo parlamentario como con los acuerdos entre la Nación y las provincias, que expresan un colorido plural de orígenes políticos pero ello no resulta óbice para el trabajo cooperativo.

Es natural en política que cada uno “busque posicionarse” de cara a sus posibilidades electorales, se encuentre gobernando o aspire a hacerlo en el futuro. Sin embargo, esa búsqueda deja de ser natural si pone en riesgo el horizonte de largo plazo, que debieran aclarar entre las fuerzas mayoritarias con la mayor claridad posible, para ayudar a definir actitudes de inversión, no sólo externas sino –y principalmente- internas, de aquellos compatriotas que están en condiciones de incidir, con sus decisiones económicas, el país que volveremos a construir.

Hay y habrá siempre innumerables temas para discutir y construir el mensaje electoral de cada uno, en el momento de la lucha. Así ocurrió en tiempos del anterior gran salto adelante, durante el medio siglo que fue de 1880 a 1930. Los protagonistas discutieron duramente por el matrimonio civil, la ley de educación, la ley de servicio militar, la ley de sufragio libre, la ley de arrendamientos, la Reforma Universitaria y otras iniciativas de diverso orden. Sin embargo, el rumbo estaba claro para todos y el resultado fue la multiplicación de la población y el crecimiento constante del producto, convirtiendo a la Argentina en uno de los países más avanzados de la época.

El escenario global hoy nos muestra una agenda que no podemos evadir y que debemos enfrentar en conjunto, como comunidad nacional. Es una nueva oportunidad, no ya sólo por nuestra coyuntura económica y política, sino por la coyuntura mundial. Cambios portentosos en el plano tecnológico están diseñando un nuevo mapa productivo, que repercute en un nuevo alineamiento geopolítico.

Grandes de otra época empequeñecen y pequeños de otra época se agrandan. Una gran dinámica binaria de "sociedad-rivalidad" entre los dos principales protagonistas del escenario mundial –EEUU y China- pone el marco y define los perfiles por los que debemos transitar y aprovechar, según nuestras posibilidades. Nuevas formas geopolíticas, comerciales y financieras plurales surgen como novedades más que interesantes, así como esbozos de una nueva gobernanza global. 

Nuevos mercados de financiamiento y de comercio, nuevos competidores y nuevas potencialidades propias indican la necesidad de nuevas actitudes. 

Los cultivos extensivos que nos permitieron el gran salto de hace un siglo siguen –parece mentira- aportando su fuerza y son aún hoy la última reserva estratégica del país. Sin embargo, con ellos solos ya no nos alcanza para crecer. 

Hoy lo dinámico es el conocimiento, la tecnología aplicada, el emprendedurismo local pero también el con vocación global, la agregación de inteligencia, la incorporación a las cadenas globales de valor construyendo eslabones competitivos basados en la capacidad creadora de nuestra gente, la economía verde, la infraestructura modernizada, la inteligencia artificial y la robótica, el Estado abierto, la gestión en red. En síntesis, la educación, la capacitación permanente, los desafíos tecnológicos.

Y sí. Es obvio que siempre se pueden hacer mejor las tareas desagradables, como la actualización de las tarifas para reconstruir nuestro sistema energético. Y si se mejoran, también serían aún más mejorables. Sólo que es mucho más necesario poner el calor reflexivo en la agenda grande de lo que viene, más que gastarlo en lo que, en pocas semanas más, pertenecerá al anecdotario del que no se recordará nada. Ese no puede -no debería- ser el tema central de la agenda política. 

Los argentinos nos merecemos más. Entre otras cosas, no ser tratados como chicos de Jardín, ni por el gobierno, ni por la oposición, ni por los periodistas, ni por los “monos y monas” sabios de la inteligencia criolla.

Ricardo Lafferriere



viernes, 22 de julio de 2016

CK, Justicia y Estado de Derecho

La Sra. ex presidenta Cristina Fernández ha reclamado la libertad de Milagros Sala, con el motivo de que “le duele” su detención. No le interesa ni toma en cuenta la cantidad de imputaciones y procesamientos, realizados por una justicia cuyos integrantes fueron designados durante la gestión de un gobernador de su partido, que militaba además en su propia línea interna. Esas imputaciones son graves y trascienden la corrupción: llegan hasta el homicidio.

La misma ex funcionaria reclamó hace pocas semanas por la vigencia del Estado de Derecho, en razón de que ­–según su opinión- se la estaba sometiendo a investigaciones injustificadas. Los jueces que la investigan, en las diferentes causas, también fueron designados por ella o por su esposo, cuando ocuparon el Poder Ejecutivo y con el acuerdo del Senado, cuerpo en el que su partido y su línea interna tenían no sólo mayoría sino quórum propio y hasta los dos tercios.

Un ciudadano, militar de profesión, detenido con la imputación de haber cometido delitos de lesa humanidad, que está preso desde hace varios años en condiciones lamentables, ha comenzado una huelga de hambre reclamando detención domiciliaria –tiene más de 70 años- pidiendo la vigencia de garantías jurídicas de raigambre constitucional y reclamando también el Estado de Derecho. Un grupo de camaradas en situación parecida estarían por sumársele.

El empresario Lázaro Báez se encuentra procesado por lavado de dinero, pero impugna la imparcialidad del Juez que instruye la causa achacándole un direccionamiento parcializado hacia su persona en lugar de hacerlo hacia las autoridades superiores –obviamente, el Ministro de Infraestructura y la propia Sra. ex Presidenta de la Nación-. Según él, esta conducta viola el Estado de Derecho. El Juez que instruye su causa fue designado también por esta persona en oportunidad de desempeñarse como Jefa del Estado.

Un numeroso grupo de ciudadanos, militares y civiles, que se encuentra detenido sin proceso –y en algunos casos, sin siquiera declaración indagatoria- también por sufrir imputación de “delitos de lesa humanidad” que no han sido probados, ni alterado de alguna forma su presunción de inocencia, llevan años en esa condición, bajo la manda de jueces que –en su totalidad- fueron designados durante la gestión de la última década. Reclaman la vigencia del Estado de Derecho.

La señora ex presidenta invoca también la vigencia de presunción de inocencia en su favor, y varios comunicadores insisten en crear la tensión periodística sobre su eventual detención cuando se produzcan hechos procesales más graves –se habla de su procesamiento- en algunas de las causas que se le siguen. Es insólito –dicen- que en muchos casos existan detenciones durante años sin siquiera existir procesamiento, y quien tiene ya procesamientos en su haber siga gozando de libertad. Al igual que la señora, reclaman la presunción de inocencia. Tienen razón. Ambos.

En las causas por presuntos delitos de “lesa humanidad” es también curiosa y cuestionable la diferente “vara” con que son medidos los hechos en casos similares. El ex Jefe del III Cuerpo de Ejército, Gral. Menéndez, tiene prisión domiciliaria luego de haber sido condenado a tres prisiones perpetuas. El Gral. Ríos Hereñú, que fuera Jefe de Estado Mayor durante el gobierno del ex presidente Alfonsín, también condenado a prisión perpetua, tiene negada la prisión domiciliaria, al igual que otros condenados. 

Entre éstos –a su vez- hay condenados a penas gravísimas ciudadanos cuyos actos, en tiempos del proceso, fueron simplemente haber revistado en organismos en los que se ejecutaron hechos represivos, o haber cumplido órdenes de detención que –como ocurre en algún caso especial- terminó con la liberación a los pocos días de la persona detenida, sin ninguna secuela. Mientras tanto, oficiales en situación similar o más grave –como el Gral. Milani- se desempeñaron en el máximo nivel de la fuerza y sigue gozando de su libertad –justa, en cuanto no tiene sentencia que disponga lo contrario pero injusta desde el principio de igualdad ante la ley-.

El Estado de Derecho no es una frase vacía que pueda aplicarse según la ola de simpatía o antipatía en la opinión pública ante determinados casos. Es un conjunto de normas y procedimientos que protegen los derechos de las personas, civiles y militares, culpables o inocentes, ricos y pobres, víctimas y delincuentes, por hechos graves o simples.

Se apoya en los principios básicos de raigambre constitucional, última referencia legal de la convivencia de una sociedad. Los nuestros son claros: los sancionaron los Constituyentes de 1853 y no han sufrido modificaciones en sus enunciados, entre otros: todos los ciudadanos son iguales ante la ley; presunción de inocencia hasta sentencia en contrario; prohibición de tribunales especiales y sometimiento a jueces “designados por la ley antes del hecho de la causa”; cárceles sanas y limpias, para seguridad general y no para castigo de los detenidos en ella; irretroactividad de la ley penal; prohibición de confiscaciones; prohibición de detenciones sin pena luego de juicio previo; prohibición de la pena de muerte por cuestiones políticas; jueces independientes, designados por un procedimiento especial y vitalicios para evitar su manipulación política.

Son principios escritos en nuestro pacto mayor de convivencia recogiendo los duros años de las luchas civiles, asumiendo las pasiones que éstas despertaron y llevaron a crímenes atroces de los que habla la historia, que les tocó sufrir a los perdedores circunstanciales de luchas políticas en manos de vencedores también circunstanciales hasta que la suerte de la política o de las armas cambiara. El estado de derecho no es una consigna enseñada por viejos profesores de derecho constitucional: es la diferencia entre la arbitrariedad y la justicia, es la barrera entre la vida y la muerte, es lo que separa la convivencia humana de la selva.

El Estado de Derecho somete a todos y garante a todos. A él debe sujetarse el ejercicio del poder, los que mandan y los que obedecen, los ricos y los pobres, los funcionarios y los ciudadanos “de a pie”. Los presidentes, los legisladores, los jueces, los funcionarios, los empresarios, los dirigentes gremiales, los gobernadores, los intendentes, los concejales, los periodistas. Rige a todos. Iguala a todos.

El Estado de Derecho, por último, tiene una garantía formal de última instancia: la Justicia, y en ella, el tribunal superior del país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso es tan importante la majestad de su independencia, la necesaria respetabilidad e intachabilidad de sus miembros, la intangibilidad de su prestigio y la valentía de sus integrantes.

Pero hay algo más poderoso aún que la Corte: los ciudadanos. El celoso seguimiento y la atenta fiscalización de quienes conformamos el pueblo, los que como decían las viejas fórmulas al designar los reyes en Aragón “nos, que somos tanto como vos y juntos, más que vos”, el “poder constituyente” de la soberanía del pueblo, hemos fallado en cumplir con celo nuestra responsabilidad pero también hemos aprendido.

Así como designamos presidente, legisladores, gobernadores, cuerpos colegiados, también debemos observar con prudencia pero con la mirada fría el desempeño de nuestros jueces. Ellos son nuestra suprema garantía. De entre todos nosotros, tienen la obligación de ser los mejores. Y si no pueden, no se animan o tienen miedo, deben tener la dignidad de irse.

Ricardo Lafferriere




martes, 12 de julio de 2016

El populismo es seductor

Tan seductor como imaginar la magia de que todo sea posible sin hacer nada para lograrlo, así es el populismo. Una especie de paraíso terrenal “siglo XXI”, en el que los bienes pueden recogerse como la manzana del árbol del Edén, disfrutando de la felicidad eterna.

El populismo actúa como si no hubiera existido el pecado original y el Señor brindara lo que los hombres quisiéramos, por el sólo hecho de desearlo.

Lamentablemente, no es así. Pero también –lamentablemente- cuando el relato renace –y lo hace por doquier, cíclicamente- el entusiasmo que inspira suele llevar a situaciones de locura colectiva, como las que se han sufrido muchas veces en la historia humana. La felicidad del nazismo para el sufrido pueblo alemán de la primera posguerra, el feliz disciplinamiento del fascismo ante el caos italiano de comienzos del siglo XX, la felicidad del primer peronismo liquidando alegremente todas las reservas del país entre 1946 y 1949, y de los nuevos peronismos… o la felicidad de los venezolanos, embriagados de petróleo abundante dilapidado en consumos suntuarios y aventuras trasnochadas por el rudimentario escudo ideológico chavista, que amenazó con extenderse por varios países del Continente pero sin contar con la agotabilidad del manantial rentista petrolero.

El populismo es seductor. Casi sedujo a Grecia, que adoptó el libreto y hasta se animó a probarlo, con tan susto consecuente que en pocas semanas revirtió su decisión para asumir la realidad y partir de ella para cambiarla. Amenaza con una tormenta histórica a la vieja –y racional- Gran Bretaña, que puede quedar reducida a una “little Britain”. Y casi sedujo a España, que parece estar zafando “por un pelo”.

Es que el populismo cuenta sólo la mitad y suele ocultar el resto, que se deriva a… la magia.

En estos días es usual escuchar a varios ex K y filo-K, apabullados por la realidad de megacorrupción y latrocinios, buscar el flanco de ataque para escudar su arcaísmo en el “alevoso ajuste de las tarifas”. Adelanto que lo comparto: es alevoso. Pero es la mitad del relato. La otra mitad es que ese ajuste alevoso es el resultado de un alevosísimo retraso generado durante diez años de jolgorio de creer que el transporte es gratis, que la energía llueve como el mana del cielo, que el agua potable es tan accesible y sin costos como cuando se extraía con baldes del Río de la Plata o de algún pozo, y que el resto de los bienes se pueden arrancar como las manzanas del árbol del Edén.

Las tarifas eléctricas, salvajes y desbordadas, están pagando después del aumento sólo el 35 % de su costo. El resto (65 %) sigue siendo subsidio público, o sea impuestos e inflación. Pero resulta que tampoco se desea que haya más impuestos –al contrario, “hay que bajar el impuesto a las ganancias”- y mucho menos inflación –“nos dijeron que iba a bajar en el segundo semestre”. Pues entonces, ¿quién debe pagar ese 65 %? ¿O se está sugiriendo –sin decirlo- que debe recurrirse al endeudamiento para pagar un gasto tan corriente como los servicios?

Algo similar sucede con el gas. Hasta el 2005 exportábamos. Desde ese año, importamos, cada vez más. Hoy la cuenta es de 12.000 millones de dólares al año. Más que la exportación total de soja, nuestro principal producto exportable. Pasó porque el gobierno anterior decidió que explorar para encontrar nuevos yacimientos no era “nacional y popular” y se concentró el liquidar las reservas, sin preocuparse por buscar nuevas. Quienes alertábamos, éramos “neoliberales”. 

Hoy se ve el resultado: hay que hacerlo. Eso cuesta dinero. Las inversiones de exploración tienen precio internacional, al igual que la mayoría de los costos tecnológicos necesarios. En consecuencia, no sólo hay que pagar el gas que consumimos, sino que debemos invertir para encontrar más y luego, para extraerlo, destilarlo, transportarlo, distribuirlo. ¿Alguien piensa que eso llueve del cielo, que “es magia”? ¿O que convenceríamos a empresas extranjeras a hacerlo a pérdida, ofreciendo las tarifas más bajas del continente?

La respuesta es “sí, pero debieran haberlo hecho más gradual”.

Perfecto. Si así fuera, la inflación sería mayor –porque tendríamos que pagar la diferencia con más emisión monetaria-. Y entonces la cantinela del neo-populismo-neo-k hubiera sido “La inflación es intolerable”. No son dos pesos. Son miles de millones. Por eso no son creíbles los causantes de este desastre rasgándose las vestiduras por la dimensión del aumento de tarifas, como si hubieran llegado hoy a la política argentina y no tuvieran ninguna responsabilidad. O sumándose a la “indignación general”, razonando sólo en términos del “peso para los hogares pobres” sin hacer ni una sola propuesta alternativa para recuperar el terreno que ellos le hicieron perder al país en diez años como no sea "retrotraer las cosas al estado anterior", que fue justamente el que nos llevó a este desastre.

Seamos serios, aún frente a la seducción del populismo. Las nuevas tarifas son más bajas que en cualquier país vecino, que en el caso del que nos sigue las duplica. Las duplican, sin ir más lejos, varias provincias argentinas. El esfuerzo fiscal para aliviar a los millones de compatriotas con acceso a tarifas sociales es un paliativo pero no borra la realidad que estamos pagando todos los demás: la desinversión de la década, que agotó los recursos por su falta de previsión y su alegre apuesta al puro consumo sin racionalidad ni límites. Eso no significa que no sean mejorables los remedios paliativos. Un aviso previo, por ejemplo, hubiera permitido prever la reducción del consumo para evitar el peso del aumento imprevisto. El mecanismo anunciado del “techo” de aumento va en esa línea e indica la preocupación del gobierno para encontrar un camino lo menos duro posible.

¿Y la nafta? ¿Por qué sube cuando el petróleo mundial baja?

Es cierto, parece absurdo. Pero… ¿y la banderita en las bancas? ¿nos olvidamos que el 80 % del país aplaudió hasta sacarse callos en las manos la “soberanía energética” de volver a tener petróleo propio, incluyendo el dislate de la estatización de YPF pagando por una sigla devaluada más del doble de lo que valía? ¿Alguien cree que ese petróleo brota haciendo una perforación con una pala? Hoy mismo está la Patagonia al borde del incendio, con estas tarifas de nafta, porque los trabajadores piden no sólo la protección de sus puestos de trabajo, sino que no se caigan sus sueldos ¿Con qué pueden pagarse, sino con más aumento en las naftas?

Entonces, digamos toda la verdad, no sólo la mitad populista. Si queremos nafta barata importada, decidamos que recurriremos a ella sin ningún esfuerzo inversor y no buscaremos petróleo propio. Pero también digamos que en tal caso la mayoría de la economía del sur basada en el petróleo se desmantelaría, con lo que significa en desocupación y crisis en medio país, porque no estamos dispuestos a subsidiarla. Si no lo decimos, estamos haciendo trampa. Si realmente queremos tener petróleo propio, hay que pagar la inversión que se necesita para explorar, perforar, extraer, destilar, distribuir. No es gratis. Lo mismo con el gas. Y con el agua.

Pero… ¿cómo era posible hasta ahora? ¿No estamos entonces en el paraíso?

Completemos el relato: nos comimos la manzana. La serpiente volvió a convencernos durante una década. En consecuencia hemos sido expulsados del Edén. Tenemos que  volver a la tierra, a “ganar el pan con el sudor de la frente”. Nada nos será regalado.

El populismo es seductor. Es mucho más sencillo culpar al gobierno, al ministro de Energía, al Secretario de Transportes y a la maldita AYSA. Y después, insultarlos por no tener luz, porque se corta el gas, porque los trenes choquen y el agua no llegue a todos los compatriotas.

Quien ésto escribe dejó de escuchar a los oportunistas que impostan sus recetas banales dando consejos por la mitad y simulando empatía con "los que sufren". Abandonó el intento de comprenderlos, aun encontrándose –como en algunos casos- entre las mayores “intelectuales”, los más valientes periodistas –hasta doctores…- o las mejores anfitrionas del país. Son todos ellos deliciosos en lo suyo. Pero cuando asumen el papel de monos sabios, no le llegan a los talones ni al propio Maradona, ese sí verdadero campeón mundial de las sandeces. 

El entendimiento se resiste a recibir sólo la mitad de la verdad. Por eso es bueno escuchar todas las voces que, con coherencia, analizan la totalidad el problema y no sólo de la que resulta “taquillera”. Esa otra mitad es: lo que se "rebaja", se "demora", se "retrotrae" o "deja de pagarse", alguien debe compensarlo. El que proponga una cosa, debe decir claramente quién debe hacerse cargo de esa diferencia. Lo otro es explicable en comunicadores que buscan rating, a los que se les permite la banalización reflexiva, que hasta puede resultar graciosa, pero no en políticos que se ofrecen para gestionar lo público con miradas “modernas” o en “intelectuales” de los que se esperan análisis medulares, coherentes y sustentables.

Es que el populismo es seductor. Y adictivo. Quien alguna vez lo ha sufrido –y en nuestro país, son pocos quienes en algún momento no han sido contagiados- tienden a recaer ante el más suave estímulo.

Ricardo Lafferriere

martes, 5 de julio de 2016

Los primeros meses de Cristina y de Mauricio

Un saludable ejercicio de memoria trasladándonos a los inicios de la primera presidencia de la Sra. Cristina Fernández de Kirchner –para realizar un cotejo con los primeros meses de su sucesor- puede ayudarnos a poner en contexto lo que significa en el país un cambio de gobierno.

Hubo, es cierto, una diferencia fundamental. Ella recibió el gobierno de su marido. No tuvo problemas de transición, ya que tenía acceso a todos los escalones de la administración, con meses de anticipación. No debió luchar contra funcionarios “atornillados” a sus puestos, ni con cuentas ocultas –ya que es de suponer que conocía todas-. Tampoco tuvo que lidiar con una oposición dogmática ni –mucho menos- con un Congreso en el que no contara con mayoría en ninguna de ambas Cámaras: tenía una mayoría holgada en ambas ramas del poder legislativo.

Recordemos:

Apenas transferido el gobierno, se produce el episodio de la detención de Antonini Wilson, con una valija en la que –ya entonces- se encontraron Ochocientos mil dólares no declarados, que el portador luego confesó ante la justicia norteamericana que eran para aportar al financiamiento de la campaña de la presidenta recién electa. La reacción de la señora no fue de indignación con el delincuente, sino… ¡con la justicia de Estados Unidos, por haber esclarecido el hecho! Primer tropiezo, que ubicaría a su gobierno en un andarivel global hostil a la primera potencia mundial por un tema claramente desvinculado de cualquier interés nacional o estratégico para el país. El tema se vincularía con otro dato que se remonta a ese momento: la financiación de la campaña presidencial con dinero del narcotráfico, luego confesado en la causa del "Triple Crimen" de Gral. Rodríguez

Los primeros hechos notables fueron el acuerdo celebrado entre su Secretario de Comercio y el Gremio de los empleados de edificios para que éstos se convirtieran en comisarios políticos para el control del encendido de los aparatos de Aire Acondicionado en los edificios. Tal vez no se recuerde, porque eran tan disparatado el dislate que –por supuesto- no se llevó a la práctica. No sería lo único.

El siguiente episodio grotesco protagonizado por su Secretario de Comercio fue el telegrama enviado al entonces presidente de Shell Argentina para que “ratificara o rectificara” su afirmación de que al aumentar los precios de los combustibles disminuiría el consumo, por el efecto de la ley de la oferta y la demanda. El episodio no sólo rayaba en lo ridículo, sino que –por supuesto- también implicó una señal de lo que sería no sólo la gestión del mencionado funcionario, sino de todo el período de gobierno de la Jefa del Estado.

Inmediatamente se produce la medida que caracterizaría como una constante la gestión de la nueva presidenta: el dictado de la Resolución 125. Por la mencionada resolución, su gobierno se apropiaba de la totalidad del eventual incremento de precios internacionales de los productos agropecuarios, colgando en el cuello de los productores del campo una sanción expropiatoria de sus eventuales ingresos sin fundamento legal ni constitucional alguno.

La medida provocó lo que muchos seguramente recuerdan: movilizaciones de protesta en todo el campo argentino, que se trasladó paulatinamente a las ciudades. Desde poblaciones de pocos habitantes hasta la propia Capital de la República temblaron con cientos de miles de manifestantes protestando contra el dislate presidencial.

La discusión fue afortunadamente saldada en el Congreso Nacional, en una votación reñida en la que la lucidez del entonces Vicepresidente de la Nación evitó que el país cayera literalmente en un baño de sangre, ante la portentosa dimensión del enfrentamiento y la dureza de las posiciones públicas del gobierno y de los productores.

El primer semestre del año terminaría para la novel presidenta con una ruptura de su diálogo político con los inmensos sectores medios argentinos, que nunca volvió a recuperar plenamente. El acompañamiento sería desde ese momento receloso y obligado, ante la carencia de alternativas de una oposición desdibujada y fragmentada.

Pero terminaría también con un logro que –ese sí- podría ser exhibido –y aún puede- como único en la historia política argentina: convertirse en el Jefe de Estado en ejercicio que convocó los actos más numerosos en su contra. Más de medio millón de personas en Rosario y más de un millón de personas alrededor del Monumento de los Españoles en la Capital de la República expresaron su repudio, que se convertiría en aislamiento.

Así terminó el primer semestre del primer gobierno, en 2008. Un país dirigido a aislarse de la marcha del mundo global y a mantener relaciones residuales con lo peor del planeta, y un gobierno dirigido a aislarse de la mayoría sensata de la opinión pública, crecientemente encerrado en sí mismo hasta perder toda interacción con la ciudadanía no “encuadrada” en su visión militante.

Empezarían ocho años de tensiones, crecientes y dramáticos para el devenir nacional. A partir de ese primer semestre, desaparecería paulatinamente la inversión, se cortarían progresivamente los lazos con el mundo que importa, crecería el vaciamiento de todas las cajas y reservas de las finanzas públicas, se rematarían las reservas del Banco Central hasta dejar su patrimonio en negativo, se llevaría al país a un default innecesario que nos costó mucho levantar, se vaciaría el subsuelo de las reservas hidrocarburíferas conocidas sin reemplazarse por nuevas sometiéndonos a una dependencia energética en la que estaremos por varios años y se desataría una inflación que alegremente fogoneada por una emisión de dinero descontrolada nos llevaría al récord de lo que va del siglo XXI: 700 % acumulado en la década.

También hubo cosas buenas, que deben mantenerse y que se están profundizando. La política científica ahora cuenta con una economía dinámica y emprendedora con la que puede imbricarse, las políticas de equidad se profundizan, como el Ingreso Universal dirigiéndose a su objetivo de ser verdaderamente universal y no un mero instrumento clientelar, la protección a los compatriotas sin empleo se recupera con una actualización de valores que durante ocho años no se modificaron y los jubilados comienzan a vislumbrar la concreción de una esperanza de justicia que le fuera negada cerrilmente durante años.

Todo eso se inició en aquellos primeros seis meses de 2008, que –sería bueno- alguien cotejara con lo sucedido en los primeros seis meses del 2016. Fue en ese momento en que comenzó a desbordarse la inflación –imputada por la ex presidenta “al Arcángel Gabriel”, ¿recuerdan?-, que se anunciaba el control de precios, que el expresidente consorte atacaba a los alaridos a los “piquetes de la abundancia” y a los “nuevos comandos civiles”, que se anunciaba con bombos y platillos el “tren bala” que costaría 4000 millones de dólares y que los medios de comunicación más importantes del mundo comenzaban a destacar con preocupación el giro que había comenzado a tomar la política y la economía argentina. A menos de seis meses de gobierno, su respaldo de gestión se había derrumbado al 25 % del electorado, que se dedicaría a recuperar “yendo por todo” y liquidando alegremente todos los ahorros del país en un jubileo irresponsable, robándose lo demás.

Revertir hoy esa situación será posible, porque existe un gobierno de personas sensatas y una oposición que –afortunadamente- se está alejando de los cantos de sirena que la encantó ocho años y regresa a priorizar su responsabilidad de gobierno, aunque no le toque en este turno ser titular del mismo.

Pero será posible principalmente porque la dura experiencia de la década que pasó ha echado raíces en la conciencia de los argentinos, que así como en 1983 sentenciaron el fin para siempre de “los años de plomo”, ahora está dando vuelta la página –y Dios quiera sea por mucho tiempo- declarando el fin de “los años de robo”.

Los argentinos saben que la liquidación fue espantosa y terminal. Saben que deben recapitalizar un país que dejaron destrozado, aislado, dividido y desprestigiado. Saben que hay que reconstruir rutas y trenes, comunicaciones y energía, financiamiento y credibilidad. Y observan con más atención que nunca los pasos de los que están y de los que se fueron.

El gobierno tiene una responsabilidad central, porque debe ser modélico en su comportamiento y resignarse a que sus actos sean juzgados con una vara altísima, muchísimo más alta que la que se le puso al gobierno anterior. Pero también la oposición deberá asumir que los ciudadanos no son niños de Jardín de Infantes, susceptibles de aceptar comportamientos oportunistas que escondan intenciones de fracaso.

Exigirán a unos y otros recordar que están donde están para servir al país de todos, y que no perdonarán a nadie que ponga su interés particular o sectorial por encima del interés del conjunto. Lo harán con el gobierno y el parlamento, pero también con la Justicia, de la que esperan un resurgimiento del pantano a la que fue sometida –o se sometió- en el tiempo que pasó.

Aunque el futuro siempre es opaco, es posible entonces mirar lo que viene con medido optimismo. El país ha empezado un nuevo período de su historia con buen paso. Y tiene ilusión de mantener la marcha.

Ricardo Lafferriere