viernes, 30 de abril de 2010

El juicio de Bonafini

“Culpables de traición al pueblo de la Nación Argentina”, sentenció la jueza Bonafini al culminar la parodia realizada el jueves 29 de abril, casualmente “día del animal”, en la Plaza de Mayo.

La traición no es un delito menor. Nuestro Código Penal lo sanciona con una pena de prisión perpetua (artículo 215), la máxima establecida por la ley argentina luego de la derogación de la pena de muerte.

El grotesco de Bonafini no es inocente. Aunque para algunos no signifique mucho más que otro dislate de un grupo de desequilibrados, no es posible olvidar que con un hecho como éste, hace cuarenta años, se inició el período más sangriento de la Argentina, que culminaía con los años de plomo cuyos coletazos aún condicionan la convivencia nacional.

“Culpable” fue, en efecto, la “sentencia” que recibió de un tribunal como el de Bonafini el Gral. Pedro E. Aramburu, secuestrado por los Montoneros el 20 de mayo de 1970. Fernando Abal Medina asume el rol de verdugo y ejecuta vilmente al militar secuestrado, sembrando con este hecho la semilla que acompañaría la intolerancia y los enfrentamientos durante más de dos décadas.

Luego “ejecutarían” al Dr. Arturo Mor Roig, dirigente radical de origen balbinista que se había incorporado a la etapa de retirada del gobierno militar de entonces con el acuerdo de todo el arco político democrático para garantizar la limpieza del proceso electoral. Y luego a José Ignacio Rucci, dirigente gremial peronista acusado de ser el brazo gremial del propio Perón.

Quienes fuimos protagonistas de entonces en las filas radicales luchamos duramente contra estas actitudes criminales, deformaciones inmorales de la lucha política. Debimos enfrentar la incomprensión del gobierno militar, obsesionado contra todo lo que tuviera relación con la democracia y la participación popular, y de los Montoneros, curiosamente también obsesionados contra todo lo que tuviera relación con la democracia y la participación popular. De los primeros sufrimos los crímenes alevosos de Sergio Karacachoff, Mario Amaya, Rodríguez Araya, el atentado a Hipólito Solari Yrigoyen y muchos más, exilados y detenidos sin juicio ni derechos. De los segundos, los cadenazos en las Facultades y la acusación de hacer causa común con sus “enemigos”, con todo lo que implicaba en esos momentos para la seguridad personal.

La bandera de las “elecciones libres” fueron abriéndose paso y creando un espacio que arrinconó a ambas posiciones intolerantes. El primer turno democrático (1973) no nos había sido exitoso, y terminó con el baño de sangre escalado en 1974 por la batalla campal entre la triple A de López Rega, Isabel y algunos dicen que el propio Perón frente a los Montoneros y otros grupos armados, convertidos en un verdadero ejército insurgente.

Pero el segundo turno el pueblo argentino ya había encarnado su visceral rechazo a las formas violentas y abrió el camino en 1983, masivamente, a la propuesta de la vida y la paz, convertido en el gigantesco torrente democrático liderado por Raúl Alfonsín. El decreto ordenando a los fiscales la instrucción de causa a las Juntas Militares y a las conducciones montoneras fue el testimonio de esa orientación. Hacia atrás, la justicia. Hacia adelante, la política. Y en la práctica de ésta, el diálogo para construir consensos nacionales, de cara al futuro. La renovación peronista acompañó este proceso y estuvimos cerca de lograr el éxito, frustrado finalmente por las presiones corporativas de formaciones gremiales, empresariales y hasta políticas que no imaginaban un país sin populismo.

Mucho agua corrió bajo el puente. El proceso argentino, que tuviera similitudes con el chileno y el uruguayo, abrió el camino de la restauración democrática en forma ejemplar. A pesar de conmociones que pusieron en vilo esta reconstrucción, fue imponiéndose la idea de dar vuelta la página en términos políticos para discutir el futuro, dejando el procesamiento el pasado en manos de la justicia y de la historia, como hicieron todos los países del mundo que atravesaron períodos parecidos, entendiendo que la verdad y la reconciliación eran las únicas bases posibles para reiniciar la marcha y no repetir la historia. Nuestros vecinos siguieron ese camino, y muestran sus éxitos. Nosotros nos empantanamos en el cambio de siglo, incitando irresponsablemente a revivir el pasado.

Nuevamente, como hace cuatro décadas, comenzamos a asistir a hechos grotescos de intolerancia y violencia, que no son aislados.

Los ataques mediante afiches anónimos al Vicepresidente de la Nación y a prestigiosos periodistas, las agresiones en la Feria del Libro a quienes ejercen su derecho nada menos que de “publicar sus ideas sin censura previa” y esta parodia grotesca que contó con el beneplácito del gobierno nacional y hasta la participación de uno de sus funcionarios pretenden reiniciar un proceso como el que ya vivimos y que no queremos que vuelva “Nunca más”.

Hay que destacar, sin embargo, una diferencia que no es menor. En 1970, los criminales que comenzaron el proceso sangriento pudieron generar una expectativa tras la que arrastraron gran parte de la juventud argentina. En 2010, los argentinos ya hemos experimentado cómo termina esto. Y la bufona disfrazada de jueza no genera adhesiones sino apenas más vergüenza ajena, deja en ridículo a quienes la rodean y se aisla cada vez más de una sociedad harta de conflictos, enfrentamientos e intolerancia.


Ricardo Lafferriere

jueves, 22 de abril de 2010

Frente a la ofensiva golpista, templanza y justicia

En forma abierta y desembozada, con la tolerancia –y complicidad- del gobierno, se está destando una ofensiva golpista contra el orden institucional argentino persiguiendo la destitución del Vicepresidente de la Nación.

Desde la recuperación democrática el país vivió varios momentos duros. Sin embargo, nunca había atravesado hasta hoy una situación que transita por el borde de la ruptura institucional, mediante la presión por parte de uno de los poderes del Estado contra uno de los funcionarios constitucionales electos de mayor jerarquía.

Quienes impulsan esta ofensiva se colocan al margen del orden institucional y violan expresas normas legales. No lo pueden hacer siquiera en nombre de la mayoría, ya que tanto el pronunciamiento electoral último como las muestras de opinión imparciales muestran que las tres cuartas partes de los argentinos desaprueban la gestión del equipo gobernante, que motoriza la convocatoria golpista. Sin embargo, ese 75 % de argentinos jamás impulsaría la destitución de la presidenta, a pesar de su evidente incapacidad de gobierno. Y gran parte del otro 25 % que respalda al gobierno, seguramente tampoco avalan un dislate que nos coloca al borde del caos.

La democracia está hoy siendo puesta a prueba Las minorías violentas que desatan esta ofensiva marchan a contramano de la vocación democrática de los argentinos, de su decisión de convivir en paz, de su reclamo de vigencia de la ley, de su aspiración de justicia independiente e imparcial que alcance a todos.

El Vicepresidente de la Nación no sólo tiene legitimidad de origen, al haber sido electo por la misma cantidad de argentinos que la presidenta, sino que tiene hoy un respaldo de los ciudadanos abrumadoramente superior al de la propia jefa de gobierno. Quienes piden su remoción no tienen autoridad legal, justificaciones éticas ni condiciones políticas de solicitarlo.

El orden constitucional ofrece una vía para cualquier ciudadano que considere que se cumplen las condiciones para su remoción: el pedido de juicio político. Ni los actos amañados, ni los gritos desaforados, ni las presiones mafiosas al funcionario y sus familiares, ni los libelos fraguados deben afectar la templanza y la entereza política de un hombre que los argentinos han elegido para cumplir una función constitucional, en cuyo correcto ejercicio se ven reflejados.

La permanencia de Julio Cobos en el cargo que inviste es una decisión que ni siquiera le compete a él, sino al pueblo al que se debe y a la Constitución que juró cumplir. El gobierno nacional debe cesar de inmediato su incitación golpista y la justicia debe proceder aplicando la ley de defensa de la democracia a quien convoque a la violación de sus normas o exalte la presión a los funcionarios para forzarlos a tomar decisiones sin libertad de conciencia.


Ricardo Lafferriere

lunes, 19 de abril de 2010

Bicentenario diferente

La presidenta ha viajado a Caracas, para participar de los festejos del Bicentenario de la independencia venezolana. Será la única oradora ante la Asamblea Nacional, además del presidente Chavez.

Se encontrará allí con un bicentenario diferente. No verá “madres de Plaza de Mayo” reclamando por los crímenes ocuridos décadas atrás ni grupos piqueteros anarquizados protestando por la –descomunal- inflación venezolana. No escuchará el eco de las políticas de género ni reivindicaciones de casamientos entre personas del mismo sexo. No se encontrará con debates sobre el aborto, o los derechos de los homosexuales. En la militarizada sociedad venezolana no florecen las preocupaciones de la posmodernidad, como –a pesar de todo- sí lo hacen en la Argentina.

Un desfile militar gigantesco, al que se suman las milicias bolivarianas con jóvenes armados, será el marco monumental de la recordación, en una sociedad crispada hasta el límite en la que su presidente ha llamado a sus milicias a “tomar todo el poder”.

Curiosamente, el 19 de abril de 1810 –fecha en la que se conmemora en Venezuela el inicio del proceso revolucionario que culminaría con la declaración de la independencia, el 5 de julio de 1811-, la gesta fue civil, sin ninguna participación militar. El Cabildo destituyó al Capital General Vicente Emparan, designado por las autoridades napoleónicas que habían tomado España como “Capitán General de Venezuela”. Antes de viajar, retornando a su lealtad hispánica, había jurado fidelidad al rey cautivo Fernando VII y sido ratificado por la Junta Suprema Central a pesar del origen de su nombramiento. Al hacerse cargo, reprimió varios intentos de sublevación hasta que, al conocerse en Venezuela la caída de la Junta Central, fue detenido por la población y conducido al Cabildo, donde presentó su renuncia.

La diferencia con la Revolución en Buenos Aires fue absoluta. En esos tiempos, Buenos Aires, con alrededor de 40.000 habitantes, tenía más de 8.000 milicianos armados (el 20 % de su población), en cuerpos organizados a raíz de las invasiones inglesas y que, en muchos casos, elegían sus propios Jefes. El proceso rioplatense fue claramente “cívico-militar”, a diferencia del caraqueño, esencialmente ciudadano.

Esa diferencia se traslada al bicentenario, aunque invertida. A pesar de la fuerte impronta autoritaria del kirchnerismo y sus esfuerzos polarizantes, la Argentina es hoy una sociedad abierta, tolerante y dinámica. La violencia o la amenaza de tal genera el inmediato rechazo, virtualmente unánime, de la población y sólo es receptada verbalmente por grupos residuales –pequeños, aunque ruidosos- de ambos bandos de los años de plomo. Ha dejado atrás las veleidades “armadas”, luego de una experiencia que la marcó a fuego por los desbordes de la insurgencia y la contrainsurgencia. Las convocatorias a la intolerancia rebotan en una sociedad reclamante y practicante de la convivencia.

Venezuela, por su parte, está siendo conducida al pasado violento de la ausencia de acuerdos, la inexistencia de diálogos, la polarización donde la palabra “muerte” forma parte semántica de las dicotomías políticas y donde el maravilloso florecer de los matices y del colorido democrático está siendo ahogado por los gritos estentóreos.

Quizás sea un buen momento para que la presidenta, que pareciera querer estar de vuelta de sus pasionales arrebatos de hace algunos meses, reflexione ante el espectáculo sepia de su amigo caribeño, valore la lección que le están dando sus compatriotas y aproveche el tiempo que le queda de mandato para sumarse plenamente a la marcha modernizadora que, sin esperarla, toman los sectores más dinámicos del pueblo argentino en el Congreso, en el campo, en las fábricas, en la creación artística, intelectual y científica, en la solidaridad social, en los caminos abiertos por el propio esfuerzo ejerciendo la libertad –personal y nacional- comenzado a edificar hace dos siglos.


Ricardo Lafferriere

miércoles, 7 de abril de 2010

Representación

"Penélope Glamour”, “Keops”, “Sarmiento”... papeles interpretados por quien, si debiera ser clasificada por Mallea en su recordada caracterización de los dos “tipos” de argentinos, claramente no estaría entre los “argentinos invisibles”, aquellos que con su trabajo tesonero, su humildad, su sabiduría y sus valores construyen el presente y el futuro del país. Por el contrario, pareciera cumplir con precisión los requisitos del típico “argentino de la representación”, el que “siempre aparenta, pero nunca es”.

El tema no pasaría a mayores si quien dice sentirse esas figuras no fuera, justamente, la “primera representante” de los argentinos, quien ocupa nada menos que la “jefatura suprema de la Nación”, como pomposamente define la Constitución Nacional a la función presidencial.

Puede ser que tenga vocación de actriz. No estaría mal, si se dedicara a su vocación. Representar un personaje de dibujos animados televisivos, sentirse el faraón más reputado de Egipto antiguo o actuar pensándose a sí misma como una especie de Sarmiento del siglo XXI la convertirían en una gran profesional, con versatilidad y frescura seguramente admiradas por la crítica.

El problema surge cuando los personajes son contradictorios, pero la función representada es única. El grito “Socorro, socorro” que caracterizaba al personaje del “comic” por su torpe impotencia ante situaciones inesperadas poco tiene que ver con la solemne y fría utilización del poder despótico de uno de los reyes más autócratas de la antigüedad egipcia, como lo fue Keops –recordado, además de por la Gran Pirámide, por su concentración del poder dando origen al primer estado absolutista de la historia- y ambos están en las antípodas de la vocación democrática, la austeridad republicana y el serio compromiso con la vigencia de la ley y la capacitación popular del gran sanjuanino.

La presidencia de una República democrática tiene algo de la “representación”, pero no de la misma que hablaba Mallea. La “representación” política conlleva siempre una tarea de interpretación de los ciudadanos, porque supone que el poder que se ejerce radica en la voluntad de ese mandante a quien se le reconoce soberanía. La representación de Mallea, por el contrario, alude a la permanente actitud de mostrarse como lo que no se es para aparentar ser más, o diferente. La picaresca popular le daría a esta clase de representación un nominativo más pedestre: el conocido “chanta” de nuestro lunfardo rioplatense, que lamentablemente tiene entre nosotros una presencia más que peligrosa cuando su titular tiene poder...

La sana cultura política en una democracia consiste entonces en representar a los ciudadanos en las decisiones que deben tomarse –para lo cual el requisito fundamental no es tanto hablar como saber escuchar-, pero a la vez, representarse a sí mismo –si hubiera algo que mostrar- cuando se trata del estilo, la personalidad y los valores.

Los argentinos, en este sentido, respetarían más a una “primer ciudadana” que fuera lo que es, aunque no fuera tanto, que a quien diga sentirse –sucesivamente- Penélope Glamour, el faraón Keops o Domingo Faustino Sarmiento, sin “ser” ninguno de los tres.


Ricardo Lafferriere