No existe país en el mundo en el que el valor de la moneda
nacional (por estos pagos llamado “tipo de cambio”) se manipule con tal
desparpajo para transferir ingresos.
No se puede pretender, en pleno siglo XXI, que se aplique la
norma de la Constitución Nacional que establece que es el Congreso Nacional -representación
del pueblo- el que debe determinar el valor de la moneda, reserva de valor de
los habitantes del país. Hoy parece ser aceptado que ese valor debe ser
determinado por complejas elaboraciones econométricas a cargo de organismos
alejados de las turbulencias políticas, ya que de él depende, entre otras cosas,
el valor del patrimonio de los ciudadanos, custodiados por otra norma
constitucional, el artículo 14, 14 bis, y correlativos de la Constitución, que
disponen que cada uno puede disponer de su propiedad, la que es “inviolable”, extendiendo
propiedad no sólo los bienes físicos o
financieros, sino el propio salario y pasividades, los grandes dañados por las
políticas monetarias y cambiarias.
La moneda se convirtió en el siglo XX en el símbolo de la
soberanía y la identidad de los países. Dejaron de emitirla los bancos -como en
el siglo XIX y comienzos del XX- y se concentró su emisión en los Estados, a
través de los Bancos Centrales.
Pero ... esta facultad “expropiada” a los bancos en favor de
los Estados -representación de los ciudadanos y de la nación- comenzó a ser bastardeada
con las “políticas monetarias”. En lugar de determinarse la paridad de las
divisas teniendo como finalidad la defensa de la moneda nacional, se trasladó
esa facultad al juego de la política, cuya última motivación es, en el fondo,
la lucha por el ingreso.
La utilización de las “políticas monetarias” para transferir
ingresos entre sectores de la población fue el resultado del auge de los “estados
fuertes”. El argumento del origen “democrático” de los gobiernos parecía justificar
cualquier medida, aún las crudamente violatorias de otras normas
constitucionales que establecen los derechos y garantías de los ciudadanos,
entre los cuales la vida, la libertad, el libre tránsito, la igualdad ante la
ley y la propiedad son los pilares que justifican todo el edificio
constitucional y legal.
La manipulación del tipo de cambio a través de las políticas
monetarias y cambiarias sin control legal, político ni administrativo alguno,
dejó los derechos económicos de las personas en la discrecionalidad de quien
detente el poder ejecutivo. Debemos decir que también los parlamentos y la
justicia apoyaron esta delegación inconstitucional de facultades, con argumentos
presentados siempre como alternativa al “caos”.
Sin embargo, en ningún país del mundo se ha llegado a la
orgía de manipulaciones como la que muestra el gobierno argentino en estos
momentos. Por supuesto que los argumentos se fundarán siempre en el “interés
general”. No es nuevo en la Coalición de la Decadencia, que fija -en forma
directa, cuando gobierna como ahora, o en forma indirecta cuando presiona a
gobiernos que se le resisten- las principales políticas cambiarias y
monetarias.
Éstas, en consecuencia, se han transformado en herramientas
de lucha por la apropiación del ingreso, o dicho en forma más directa, en la
pelea por el botín. El botín es lo arrebatado a quienes generan riqueza, a
quienes nos prestan o a quienes no tienen suficiente poder como para participar
en forma exitosa en el jubileo, esta gran feria en que ha convertido la
administración del Estado en la Argentina.
Quienes tienen menos poder, son los que “ponen” (o a los que les sacan). Los productores agropecuarios, los jubilados y pensionados, los que producen riqueza real invirtiendo o exportando productos industriales o servicios de calidad, son los más débiles y más explotados. Quienes tienen más poder, son los que “sacan”: los bancos, las organizaciones sindicales y piqueteras, los “industriales argentinos” que “fabrican” para un mercado que consideran de su exclusiva propiedad ofreciendo bienes de escaso valor y calidad pero venden a precios de oro prohibiendo a los consumidores a comprar cualquier otra cosa que ellos no ofrezcan.
Pero ésto no sería posible sin estructuras políticas funcionales a esas
apropiaciones, integrantes necesarias de la Coalición de la Decadencia como
vehículos de ocupación del Estado y difusoras de sus consignas de mediados del
siglo XX, totalmente inaplicables al mundo actual pero rodeadas de un aura justiciera
ingenuamente adoptadas por una gran
parte de la opinión pública y “publicada”, cada vez menos ilustrada, mal
informada y engañada con falsos silogismos sedicentemente “progresistas”.
Lucha por el botín. Eso -y nada más que eso- es hoy la
política oficial en la Argentina. En el camino queda un país que alguna vez fue
señero pero hoy se encuentra en caída libre hacia la insignificancia, con
muchos de sus ciudadanos esperando lucidez y patriotismo en los liderazgos que
se resisten a la cooptación por la Coalición de la Decadencia, aún a riesgo de
descréditos, ataques descalificantes, insultos y operaciones mediáticas -cuando
no delictuales- por quienes defienden su “derecho” a decidir quién gana y quien
pierde y a determinar cuándo todo lo que se hace tiene como justificación algún
indefinido “interés nacional”, inexistente.
Ricardo Lafferriere