¿Tipos de cambio o lucha por el botín?

No existe país en el mundo en el que el valor de la moneda nacional (por estos pagos llamado “tipo de cambio”) se manipule con tal desparpajo para transferir ingresos.

No se puede pretender, en pleno siglo XXI, que se aplique la norma de la Constitución Nacional que establece que es el Congreso Nacional -representación del pueblo- el que debe determinar el valor de la moneda, reserva de valor de los habitantes del país. Hoy parece ser aceptado que ese valor debe ser determinado por complejas elaboraciones econométricas a cargo de organismos alejados de las turbulencias políticas, ya que de él depende, entre otras cosas, el valor del patrimonio de los ciudadanos, custodiados por otra norma constitucional, el artículo 14, 14 bis, y correlativos de la Constitución, que disponen que cada uno puede disponer de su propiedad, la que es “inviolable”, extendiendo  propiedad no sólo los bienes físicos o financieros, sino el propio salario y pasividades, los grandes dañados por las políticas monetarias y cambiarias.

La moneda se convirtió en el siglo XX en el símbolo de la soberanía y la identidad de los países. Dejaron de emitirla los bancos -como en el siglo XIX y comienzos del XX- y se concentró su emisión en los Estados, a través de los Bancos Centrales.

Pero ... esta facultad “expropiada” a los bancos en favor de los Estados -representación de los ciudadanos y de la nación- comenzó a ser bastardeada con las “políticas monetarias”. En lugar de determinarse la paridad de las divisas teniendo como finalidad la defensa de la moneda nacional, se trasladó esa facultad al juego de la política, cuya última motivación es, en el fondo, la lucha por el ingreso.

La utilización de las “políticas monetarias” para transferir ingresos entre sectores de la población fue el resultado del auge de los “estados fuertes”. El argumento del origen “democrático” de los gobiernos parecía justificar cualquier medida, aún las crudamente violatorias de otras normas constitucionales que establecen los derechos y garantías de los ciudadanos, entre los cuales la vida, la libertad, el libre tránsito, la igualdad ante la ley y la propiedad son los pilares que justifican todo el edificio constitucional y legal.

La manipulación del tipo de cambio a través de las políticas monetarias y cambiarias sin control legal, político ni administrativo alguno, dejó los derechos económicos de las personas en la discrecionalidad de quien detente el poder ejecutivo. Debemos decir que también los parlamentos y la justicia apoyaron esta delegación inconstitucional de facultades, con argumentos presentados siempre como alternativa al “caos”.

Sin embargo, en ningún país del mundo se ha llegado a la orgía de manipulaciones como la que muestra el gobierno argentino en estos momentos. Por supuesto que los argumentos se fundarán siempre en el “interés general”. No es nuevo en la Coalición de la Decadencia, que fija -en forma directa, cuando gobierna como ahora, o en forma indirecta cuando presiona a gobiernos que se le resisten- las principales políticas cambiarias y monetarias.

Éstas, en consecuencia, se han transformado en herramientas de lucha por la apropiación del ingreso, o dicho en forma más directa, en la pelea por el botín. El botín es lo arrebatado a quienes generan riqueza, a quienes nos prestan o a quienes no tienen suficiente poder como para participar en forma exitosa en el jubileo, esta gran feria en que ha convertido la administración del Estado en la Argentina.

Quienes tienen menos poder, son los que “ponen” (o a los que les sacan). Los productores agropecuarios, los jubilados y pensionados, los que producen riqueza real invirtiendo o exportando productos industriales o servicios de calidad, son los más débiles y más explotados. Quienes tienen más poder, son los que “sacan”: los bancos, las organizaciones sindicales y piqueteras, los “industriales argentinos” que “fabrican” para un mercado que consideran de su exclusiva propiedad ofreciendo bienes de escaso valor y calidad pero venden a precios de oro prohibiendo a los consumidores a comprar cualquier otra cosa que ellos no ofrezcan.

Pero ésto no sería posible sin estructuras políticas funcionales a esas apropiaciones, integrantes necesarias de la Coalición de la Decadencia como vehículos de ocupación del Estado y difusoras de sus consignas de mediados del siglo XX, totalmente inaplicables al mundo actual pero rodeadas de un aura justiciera ingenuamente adoptadas por  una gran parte de la opinión pública y “publicada”, cada vez menos ilustrada, mal informada y engañada con falsos silogismos sedicentemente “progresistas”.

Lucha por el botín. Eso -y nada más que eso- es hoy la política oficial en la Argentina. En el camino queda un país que alguna vez fue señero pero hoy se encuentra en caída libre hacia la insignificancia, con muchos de sus ciudadanos esperando lucidez y patriotismo en los liderazgos que se resisten a la cooptación por la Coalición de la Decadencia, aún a riesgo de descréditos, ataques descalificantes, insultos y operaciones mediáticas -cuando no delictuales- por quienes defienden su “derecho” a decidir quién gana y quien pierde y a determinar cuándo todo lo que se hace tiene como justificación algún indefinido “interés nacional”, inexistente.

Ricardo Lafferriere