Banderas que atrasan

 Publiqué este artículo hace doce años, cuando la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de "estatización" de YPF, con diputados -oficialistas y opositores- vistiendo sus bancas con banderitas argentinas de papel, Hoy, esos diputados de las banderitas no abren la boca ante el pago que alcanzará a 16.000 millones de dólares a cargo de los argentinos, de los que ellos -por supuesto- no se hicieron ni se harán cargo nunca.

Va el artículo:

"Banderas que atrasan

Corrían los primeros meses de la presidencia de Raúl Alfonsín. Aunque la agenda pública estaba focalizada en los problemas derivados del juzgamiento de las cúpulas militares y guerrilleras y la solución definitiva del conflicto con Chile, un sordo debate comenzaba a circular en diversos espacios de reflexión de la fuerza de gobierno: la necesidad cada vez más notable de poner en marcha un proceso de modernización económica que permitiera al país "soltar amarras" en su crecimiento.

Ese proceso debía necesariamente incluir la incorporación de capital privado a actividades que en los últimos cuarenta años habían sido monopolio público, pero que a raíz del agotamiento del "modelo autónomo" y la creciente revolución tecnológica demandaban grandes dosis de capital que el Estado -cercado por su deuda externa e interna, y cooptado por intereses corporativos gremiales y empresarios- no estaba en condiciones de aportar.

En ese debate se destacaba una voz, tal vez la más lúcida de las inteligencias con que contaba el "alfonsinismo" de entonces: la del Ingeniero Roque Carranza. Su planteo era simple: soltar lastres del pasado, apostar al futuro.

Roque Carranza sabía que rasgarse las vestiduras con las herramientas estratégicas del paradigma que se extinguía, simplemente reciclaría la crisis. Y en una sociedad -y un partido- tomado por dogmas históricos, se atrevió a formular su propuesta revolucionaria: privaticemos, retiremos el capital público de las áreas que ya son competitivas diseñando para ellas una fuerte acción regulatoria, y con él formemos en cambio un Fondo público de futuro, que sea intangible para las urgencias cotidianas y que esté dedicado con exclusividad a financiar la más potente revolución científica, técnica y educativa que el país haya tenido en toda su historia.

Su cálculo era obtener entre Cincuenta y Cien mil millones de dólares, que se destinarían a una transformación copernicana en la educación, la actualización del equipamiento universitario, la creación de centros de investigación y desarrollo en nuevas tecnologías con similares niveles a los de los países más avanzados y el impulso a un desarrollo económico cerebro-intensivo.

Las complicaciones políticas, centradas en los coletazos de los "años de plomo" pero a las que no fueron indiferentes las tres intentonas carapintadas y los CATORCE PAROS GENERALES con que algunos contribuyeron a desgastar el primer gobierno democrático, no dejaron instalar este debate modernizador, al que la temprana muerte de Roque Carranza privó de su pivote central. Sería retomado después, aunque con otras características, motorizado por el equipo de Juan V. Sourrouille.

Su llegada a la escena sería, sin embargo, tardía. La fuerza inicial del gobierno estaba ya menguada y no había espacios para proyectos estratégicos transformadores, sino sólo para parches que le permitieran, si fuera posible, llegar al objetivo prioritario de Alfonsín: completar su turno y entregar el gobierno a un sucesor democrático, por primera vez en décadas.

Los que sembraron al país de hogueras reivindicativas "nacionales y populares" llegaron al gobierno y en una década, hicieron lo que hicieron. Entre otras cosas, liquidar el capital público, en un proceso que no tuvo matices ni reservas. Menem y su gabinete, pero también Kirchner y los suyos -entre otros- fueron eficaces en desguazar el Estado y distribuirse sus restos. Nadie en el gobierno de esa década siquiera insinuó la idea revolucionaria de Roque Carranza, que hasta los radicales olvidaron.

Ese debate también estuvo ausente ahora. Efectivamente, más grotesco que abalanzarse sobre una empresa privada al estilo guarango de las primitivas formas populistas, resultó la ausencia de reflexión sobre los años que vienen y más notable aún el intento de disputar la portación de las banderas del atraso por fuerzas no oficialistas, aterradas ante la hipótesis de quedar marginadas de la primitiva pero bullanguera orgía nacionalista que atrasa más de medio siglo.

Todos saben que esta ley no tiene como motivo real lograr la "soberanía energética", sino apropiarse ilegalmente de una caja disponible. Sin embargo, tal propósito fue escondido cuidadosamente en el debate.

Como quedó claro en las argumentaciones de propios y extraños -aún de los opositores más férreos en el plano discursivo que, alucinantemente, votaron la ley- la seguridad energética ni siquiera está esbozada en un instrumento legal que carece de un proyecto energético para el país y hasta de sus principios rectores.

Nuevas fuentes primarias, distribución por redes inteligentes, electrones “verdes”, estimulación de actividades económicas de alta rentabilidad-bajo consumo energético, reconversión industrial hacia procesos ecológicos, diseño autosustentable de financiamiento, objetivos tangibles y comprobables de producción, distribución, consumo y relación PBI/actividad económica, son todos elementos centrales de una "soberanía energética" que muy poca relación tiene con la aparatosa confiscación de una empresa petrolera vaciada y obsoleta, cuya identidad con la antigua épica petrolera estatal es exclusivamente una sigla comercial sólo conservada por su valor simbólico como "marca" –con el imprescindible agregado de “S.A.”-, que también fuera vendida en su momento por quienes hoy la confiscan.

Los defensores de la iniciativa oficialista no pudieron explicar al país qué parte no entendieron de los artículos 17 y 20 de la Constitución, violados en forma flagrante, tanto como el DNU de intervención de la empresa, denunciado justamente por el bloque radical que, en este punto, mostró unidad. El objetivo de esta ley es arrebatar recursos ajenos, sin respetar procedimientos, formas ni derechos de terceros. Tiene muy poca relación con la bandera, la épica transformadora o la "soberanía" de cotillón repartida en el Congreso, por unos y "otros". Se alinea, al contrario, con la "Resolución 125", la confiscación de ahorros previsionales privados, la apropiación de los fondos de la ANSES, el vaciamiento de las reservas del BCRA y la propia modificación de su Carta Orgánica para disponer de sus restos libremente, entre otros manotazos a fondos ajenos inscriptos en la genética rapaz del imaginario populista.

Eso, y no otra cosa, es la verdadera esencia de la iniciativa de una mayoría que omitió asumir la agenda del presente y el futuro, aturdida y tal vez atemorizada por los fuertes ecos transitorios de las banderas que atrasan.

 

Ricardo Lafferriere

Las elecciones en España

 

Como un experimento poco exitoso, el gobierno de coalición conformado por el socialismo de Pedro Sánchez, Podemos, Bildu y los nacionalistas catalanes y vascos terminó siendo dominado por las agendas de sus socios minoritarios. Éstos, apenas advirtieron que la defección de cualquiera de ellos golpearía al gobierno en su línea de flotación, lo sometieron a un chantaje permanente imponiéndole sus agendas, o sea apropiándose de la coalición en gran parte de sus políticas y mostrando una administración contradictoria en otras.

La contradicción más clara fue la internacional: mientras el gobierno de España apoya a Ucrania frente a la invasión rusa -incluso mandando armamento-, medio gabinete es rusófilo y no pierde oportunidad de rescatar a Putin. No fue la única: modificación del Código Penal derogando de la figura de la rebelión e indulto a los condenados por el Tribunal Supremo y atenuación del delito de malversación de caudales públicos (exigido por los independentistas catalanes), reforma de leyes penales que permitió la reducción de penas a centenares de violadores y la libertad de decenas de condenados (exigido por Podemos), el deterioro de la educación pública al permitir “pasar de grado” con mayor flexibilidad y la reescritura de la historia de España (ídem), trato privilegiado a  los condenados por terrorismo y crímenes de sangre de ETA -entre ellos, contra varios dirigentes y militantes socialistas- (exigido por Bildu) y otras leyes leídas por los ciudadanos como una intromisión inaceptable en su vida privada.

Para mostrar “unidad de la coalición”, recurrió sin suerte a un relato escrito para forzar la polarización que evitara el debate interno socialista con el argumento del “peligro de la derecha del PP y VOX”. Nada que no tenga parecidos con la realidad argentina: hasta versiones del “plan platita”, entregando graciosamente 400 euros a cada español que cumpliera 18 años, simplemente para “utilizar en actividades culturales” decididas libremente por cada beneficiario.

La consecuencia de este fenómeno se volcó, como no podía ser de otra manera, al respaldo electoral. El PSOE, a pesar de una aceptable pero discutida gestión económica, abandonó su lucha por adueñarse del “centro” político, pasando a disputar sólo el “ala izquierda” de la opinión pública a sus socios, abriendo al PP una oportunidad inmejorable para instalarse como el dueño del sentido común, la estabilidad política, la coherencia constitucional y la integridad de España. Esta oportunidad se amplió con el surgimiento y la instalación de VOX -ya permanente en la política española, en cuanto se puede prever- que resultó el reservorio de los restos franquistas ex – PP. La “derecha nacionalista” organizó así su propio partido lo que permitió que el PP pudiera “soltar amarras” hacia posiciones social-liberales moderadas.

Hoy, en trazos gruesos, el socialismo de Pedro Sánchez es visto por la opinión pública como la sucursal española del bolivarianismo y del populismo global y el PP como el partido moderno, centrista, cosmopolita y europeísta. Es el que expresa con mayor claridad la continuidad de la transición democrática, de la coexistencia con el otro partido “nacional” -el viejo PSOE- y del sentido común. Para un observador argentino, recuerda al radicalismo de Balbín: fuertemente ubicado en el centro político, el constitucionalismo, la defensa de las libertades públicas y esquivo a las definiciones “ideológicas” totalizadoras, de cualquier flanco.

Estas afirmaciones surgen de los hechos. Las encuestas y las propias jornadas electorales han mostrado que, aún en Andalucía -centro de gravedad político del PSOE desde el inicio de la democracia- el PP logró hace un año la mayoría absoluta en el gobierno autonómico (nuestras “provincias”) y este predominio se ha confirmado en las últimas elecciones municipales, en las que desplazó a prácticamente todas las administraciones locales socialistas, lo que hubiera sido imposible sin haber contado con el voto de millares de ciudadanos que se decantaban, en otros tiempos por el socialismo: herida en el corazón del PSOE, al que Sánchez forzó a darle a estas elecciones locales el sentido de un plebiscito de su gestión, en lugar del correspondiente debate local que hubiera salvado a decenas de eficientes administraciones locales socialistas.

El 28 de julio habrá elecciones anticipadas. El futuro es opaco y hasta que se abran las urnas, nada es definitivo. Sin embargo, pueden arriesgarse tendencias, alimentadas por las acciones de los protagonistas. Sánchez ha preferido insistir en sus trece: su mensaje sube la apuesta a la polarización ideológica, profundiza su alejamiento del centro y reivindica su alianza con sus actuales “partenaires”. Por la negativa, se esfuerza por mostrar como rivales al “PP y VOX” como un bloque , negándose a aceptar que el contencioso ideológico ya no tiene vigencia, que VOX no asusta a nadie -al menos, a muchos menos de los que asustan Podemos, los separatistas y Bildu-,  y que una sociedad de clase media como la española, construida con el diálogo-contencioso virtuoso de la transición escapa a esta polarización y prefiere ampliar su espacio de libertad personal, aún manteniendo y hasta profundizando las políticas inclusivas que no son propiedad de ningún partido, sino de todos -hasta del propio VOX-.

Núñez Feijóo, por el contrario, profundiza su mensaje centrista: racionalidad fiscal, respaldo concreto a los emprendedores, alivio del peso impositivo reduciendo el estado elefantiásico construido por Sánchez, unidad de España, defensa y ampliación de los espacios de libertad personal de los ciudadanos en su vida cotidiana y “mano tendida” a los socialistas no representados por la deriva populista actual de su partido -reconoció haber votado por Felipe González en las dos primeras elecciones de la democracia-. Resulta “a priori” beneficiado por la dureza política de VOX, en los extremos del “anti-Sanchismo”, ya que le alcanzaría con superar en escaños, en solitario, a la suma del PSOE y sus socios, para gobernar aún sin alcanzar la mayoría absoluta, dado que es impensable un apoyo de VOX al conglomerado populista.

Aun cumpliendo con el rito de cordialidad televisiva impuesto por la cultura política española, dos caminos se enfrentan el domingo. En clave argentina y aunque la comparación no sea totalmente estricta, uno lo acerca al kirchnerismo. El otro, a la oposición republicana. 

Ricardo Lafferriere

ACTITUDES

 

No puede afirmarse que sea un fenómeno exclusivamente argentino. En mi extenso paso por la política, he podido observar que las actitudes de los políticos hacia la política permiten observar tres grandes grupos de personas, por encima de los partidos y las autodefiniciones ideológicas.

Están los realistas, agrego yo “de puro realismo”. Sus movimientos se limitan al campo de lo político, al que consideran el único tablero de ajedrez de sus competencias. Se asumen como un pequeño sector de lo social, al que consideran principalmente como insumos para sus movimientos sin plantearse sobre él grandes cambios. Su “zona de confort” es lograr acuerdos con las "callosidades corporativas" que existen en la sociedad para poder ocupar la mayor cantidad de espacios en ese tablero, que les permita seguir jugando, comiendo jugadores a los adversarios y engordando a los propios. Sus objetivos, los que exhiben y predican ante la sociedad -cuando lo hacen-, sólo son aspiraciones que están lejos de ser considerados como centrales. Si bien afirman defender de esta forma el interés general, este interés lo conciben sólo como la ausencia de conflictos desatados, sin otro objetivo de lograr lo central para ellos: ocupar espacios de poder y, desde allí, arbitrar conflictos, obtener beneficios de más poder para la próxima batalla, diluir enfrentamientos, en síntesis, escapar o ignorar las luchas producidas en el maremágnum de “lo social”. Son conservadores y le escapan a las luchas, que se les antojan desestabilizantes. Sin embargo, por la positiva, tienen conciencia de los límites impuestos al poder por la Constitución y el orden legal, al que respetan.

Están los realistas con una dosis de idealismo y vocación de cambio. Sin abandonar el tablero del juego político, sus motivaciones se vinculan más a las insatisfacciones de la sociedad y a la imagen finalista de una mejor convivencia. Son proactivos: pretenden realizar o impulsar cambios, cada uno en la dirección de sus convicciones. Entienden las complicaciones de su tarea y conciben la ocupación del poder como una herramienta de cambio, más que como una satisfacción o beneficio propios. Asumen que para lograr esa sociedad mejor deben realizar cambios que implican luchas, en ocasiones duras, con las callosidades corporativas que se han imbricado con la sociedad e impiden su mejoramiento, callosidades que han logrado un altísimo grado de “naturalización”, no sólo por sus beneficiarios sino hasta por la propia sociedad, a la que han convencido de que sus privilegios son tan naturales como el agua y el aire, inmutables a la baja pero insaciables al alza. Estos políticos consideran también al campo político como el tablero principal de sus movimientos, pero se imbrican y comprometen con la sociedad “extra-política” considerada como la totalidad de los ciudadanos, que en última instancia son los titulares de los derechos que han delegado en el campo de la política a través de la Constitución. En su convicción, nada justifica la creación del poder si no responde a las necesidades de los ciudadanos y al bienestar general, por lo que no creen en los acuerdos con las callosidades corporativas -gremios, entidades empresariales, mafias diversas, narcos- para mantener el “statu quo”, sino en los derechos -y obligaciones- de los ciudadanos, para defender los cuales en la mayoría de los casos es necesario enfrentarse a las "corporaciones" existentes.

Unos y otros tienen argumentos válidos para defender éticamente sus convicciones. En el contencioso que hoy enfrenta la oposición en la Argentina están representados, a grandes rasgos, estas miradas.

Pero hay un tercero: el de los anómicos. Juega en el tablero de la política, pero también en el social. Sin embargo, sus propósitos no muestran la utopía de la sociedad buscada, que es siempre una incógnita. A diferencia del primer grupo, el de los “realistas”, con el que tiene grandes coincidencias en el espacio "populista", subordina sus movimientos a la consecución del poder. Pero a diferencia de éste, no se siente obligado a respetar las reglas de juego constitucionales, legales ni mucho menos éticas. Desinteresado de los derechos de los “ciudadanos”, no acepta límites tanto en el aspecto agonal -para llegar al poder y conservarlo- como para su administración. Su trato con la sociedad, tanto con las callosidades corporativas como los ciudadanos, no se basa en un diálogo transparente y sincero, sino en la construcción de sofismas repetidos con el propósito de la desaparición del análisis crítico y el debate sincero. Le molestan los ciudadanos instruidos y aborrece a la educación. Es esencialmente patrimonialista, retornando a la idea de la naturaleza del poder anterior a las revoluciones liberales: para ellos, el poder es una propiedad que le pertenece, sin límites entre lo privado y lo público. Analizado con sus propios cánones, son un equipo a la búsqueda de oportunidades patrimonialistas con indiferencia de sus socios. Analizado con los cánones de la modernidad, son simplemente una banda delictiva. No se sienten obligados con sus propias palabras. Pueden ser profundamente estatistas, o profundamente liberales. Parcialmente estatistas, o parcialmente liberales. Lo que sirva para su propósito final -conservar el poder y usarlo en su beneficio- lo entienden permitido, porque -al igual que las monarquías absolutas- se consideran a sí mismos como los justicieros ejecutores de indefinidos fines superiores, sin límites impuestos por la Constitución y las leyes y sin aceptar los límites que le pueda imponer tanto los sectores no colonizados del poder, como la propia sociedad. 

Los dos primeros grupos existen en todas las democracias y me atrevería a decir que son consustanciales a ella. El tercero, parece ser una excepcionalidad argentina con pocos casos similares en el mundo.

                                           Ricardo Emilio Lafferriere