Publiqué este artículo hace doce años, cuando la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de "estatización" de YPF, con diputados -oficialistas y opositores- vistiendo sus bancas con banderitas argentinas de papel, Hoy, esos diputados de las banderitas no abren la boca ante el pago que alcanzará a 16.000 millones de dólares a cargo de los argentinos, de los que ellos -por supuesto- no se hicieron ni se harán cargo nunca.
Va el artículo:
"Banderas que atrasan
Corrían los primeros meses de la presidencia de Raúl
Alfonsín. Aunque la agenda pública estaba focalizada en los problemas derivados
del juzgamiento de las cúpulas militares y guerrilleras y la solución
definitiva del conflicto con Chile, un sordo debate comenzaba a circular en
diversos espacios de reflexión de la fuerza de gobierno: la necesidad cada vez
más notable de poner en marcha un proceso de modernización económica que
permitiera al país "soltar amarras" en su crecimiento.
Ese proceso debía necesariamente incluir la incorporación de
capital privado a actividades que en los últimos cuarenta años habían sido
monopolio público, pero que a raíz del agotamiento del "modelo
autónomo" y la creciente revolución tecnológica demandaban grandes dosis
de capital que el Estado -cercado por su deuda externa e interna, y cooptado
por intereses corporativos gremiales y empresarios- no estaba en condiciones de
aportar.
En ese debate se destacaba una voz, tal vez la más lúcida de
las inteligencias con que contaba el "alfonsinismo" de entonces: la
del Ingeniero Roque Carranza. Su planteo era simple: soltar lastres del pasado,
apostar al futuro.
Roque Carranza sabía que rasgarse las vestiduras con las
herramientas estratégicas del paradigma que se extinguía, simplemente
reciclaría la crisis. Y en una sociedad -y un partido- tomado por dogmas
históricos, se atrevió a formular su propuesta revolucionaria: privaticemos,
retiremos el capital público de las áreas que ya son competitivas diseñando
para ellas una fuerte acción regulatoria, y con él formemos en cambio un Fondo
público de futuro, que sea intangible para las urgencias cotidianas y que esté
dedicado con exclusividad a financiar la más potente revolución científica,
técnica y educativa que el país haya tenido en toda su historia.
Su cálculo era obtener entre Cincuenta y Cien mil millones
de dólares, que se destinarían a una transformación copernicana en la
educación, la actualización del equipamiento universitario, la creación de centros
de investigación y desarrollo en nuevas tecnologías con similares niveles a los
de los países más avanzados y el impulso a un desarrollo económico
cerebro-intensivo.
Las complicaciones políticas, centradas en los coletazos de
los "años de plomo" pero a las que no fueron indiferentes las tres
intentonas carapintadas y los CATORCE PAROS GENERALES con que algunos
contribuyeron a desgastar el primer gobierno democrático, no dejaron instalar
este debate modernizador, al que la temprana muerte de Roque Carranza privó de
su pivote central. Sería retomado después, aunque con otras características,
motorizado por el equipo de Juan V. Sourrouille.
Su llegada a la escena sería, sin embargo, tardía. La fuerza
inicial del gobierno estaba ya menguada y no había espacios para proyectos
estratégicos transformadores, sino sólo para parches que le permitieran, si
fuera posible, llegar al objetivo prioritario de Alfonsín: completar su turno y
entregar el gobierno a un sucesor democrático, por primera vez en décadas.
Los que sembraron al país de hogueras reivindicativas
"nacionales y populares" llegaron al gobierno y en una década,
hicieron lo que hicieron. Entre otras cosas, liquidar el capital público, en un
proceso que no tuvo matices ni reservas. Menem y su gabinete, pero también
Kirchner y los suyos -entre otros- fueron eficaces en desguazar el Estado y
distribuirse sus restos. Nadie en el gobierno de esa década siquiera insinuó la
idea revolucionaria de Roque Carranza, que hasta los radicales olvidaron.
Ese debate también estuvo ausente ahora. Efectivamente, más
grotesco que abalanzarse sobre una empresa privada al estilo guarango de las
primitivas formas populistas, resultó la ausencia de reflexión sobre los años
que vienen y más notable aún el intento de disputar la portación de las
banderas del atraso por fuerzas no oficialistas, aterradas ante la hipótesis de
quedar marginadas de la primitiva pero bullanguera orgía nacionalista que
atrasa más de medio siglo.
Todos saben que esta ley no tiene como motivo real lograr la
"soberanía energética", sino apropiarse ilegalmente de una caja
disponible. Sin embargo, tal propósito fue escondido cuidadosamente en el
debate.
Como quedó claro en las argumentaciones de propios y
extraños -aún de los opositores más férreos en el plano discursivo que,
alucinantemente, votaron la ley- la seguridad energética ni siquiera está
esbozada en un instrumento legal que carece de un proyecto energético para el
país y hasta de sus principios rectores.
Nuevas fuentes primarias, distribución por redes
inteligentes, electrones “verdes”, estimulación de actividades económicas de
alta rentabilidad-bajo consumo energético, reconversión industrial hacia
procesos ecológicos, diseño autosustentable de financiamiento, objetivos
tangibles y comprobables de producción, distribución, consumo y relación
PBI/actividad económica, son todos elementos centrales de una "soberanía
energética" que muy poca relación tiene con la aparatosa confiscación de
una empresa petrolera vaciada y obsoleta, cuya identidad con la antigua épica
petrolera estatal es exclusivamente una sigla comercial sólo conservada por su
valor simbólico como "marca" –con el imprescindible agregado de
“S.A.”-, que también fuera vendida en su momento por quienes hoy la confiscan.
Los defensores de la iniciativa oficialista no pudieron
explicar al país qué parte no entendieron de los artículos 17 y 20 de la
Constitución, violados en forma flagrante, tanto como el DNU de intervención de
la empresa, denunciado justamente por el bloque radical que, en este punto,
mostró unidad. El objetivo de esta ley es arrebatar recursos ajenos, sin
respetar procedimientos, formas ni derechos de terceros. Tiene muy poca
relación con la bandera, la épica transformadora o la "soberanía" de
cotillón repartida en el Congreso, por unos y "otros". Se alinea, al
contrario, con la "Resolución 125", la confiscación de ahorros
previsionales privados, la apropiación de los fondos de la ANSES, el
vaciamiento de las reservas del BCRA y la propia modificación de su Carta
Orgánica para disponer de sus restos libremente, entre otros manotazos a fondos
ajenos inscriptos en la genética rapaz del imaginario populista.
Eso, y no otra cosa, es la verdadera esencia de la
iniciativa de una mayoría que omitió asumir la agenda del presente y el futuro,
aturdida y tal vez atemorizada por los fuertes ecos transitorios de las
banderas que atrasan.
Ricardo Lafferriere