Banderas que atrasan

 Publiqué este artículo hace doce años, cuando la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de "estatización" de YPF, con diputados -oficialistas y opositores- vistiendo sus bancas con banderitas argentinas de papel, Hoy, esos diputados de las banderitas no abren la boca ante el pago que alcanzará a 16.000 millones de dólares a cargo de los argentinos, de los que ellos -por supuesto- no se hicieron ni se harán cargo nunca.

Va el artículo:

"Banderas que atrasan

Corrían los primeros meses de la presidencia de Raúl Alfonsín. Aunque la agenda pública estaba focalizada en los problemas derivados del juzgamiento de las cúpulas militares y guerrilleras y la solución definitiva del conflicto con Chile, un sordo debate comenzaba a circular en diversos espacios de reflexión de la fuerza de gobierno: la necesidad cada vez más notable de poner en marcha un proceso de modernización económica que permitiera al país "soltar amarras" en su crecimiento.

Ese proceso debía necesariamente incluir la incorporación de capital privado a actividades que en los últimos cuarenta años habían sido monopolio público, pero que a raíz del agotamiento del "modelo autónomo" y la creciente revolución tecnológica demandaban grandes dosis de capital que el Estado -cercado por su deuda externa e interna, y cooptado por intereses corporativos gremiales y empresarios- no estaba en condiciones de aportar.

En ese debate se destacaba una voz, tal vez la más lúcida de las inteligencias con que contaba el "alfonsinismo" de entonces: la del Ingeniero Roque Carranza. Su planteo era simple: soltar lastres del pasado, apostar al futuro.

Roque Carranza sabía que rasgarse las vestiduras con las herramientas estratégicas del paradigma que se extinguía, simplemente reciclaría la crisis. Y en una sociedad -y un partido- tomado por dogmas históricos, se atrevió a formular su propuesta revolucionaria: privaticemos, retiremos el capital público de las áreas que ya son competitivas diseñando para ellas una fuerte acción regulatoria, y con él formemos en cambio un Fondo público de futuro, que sea intangible para las urgencias cotidianas y que esté dedicado con exclusividad a financiar la más potente revolución científica, técnica y educativa que el país haya tenido en toda su historia.

Su cálculo era obtener entre Cincuenta y Cien mil millones de dólares, que se destinarían a una transformación copernicana en la educación, la actualización del equipamiento universitario, la creación de centros de investigación y desarrollo en nuevas tecnologías con similares niveles a los de los países más avanzados y el impulso a un desarrollo económico cerebro-intensivo.

Las complicaciones políticas, centradas en los coletazos de los "años de plomo" pero a las que no fueron indiferentes las tres intentonas carapintadas y los CATORCE PAROS GENERALES con que algunos contribuyeron a desgastar el primer gobierno democrático, no dejaron instalar este debate modernizador, al que la temprana muerte de Roque Carranza privó de su pivote central. Sería retomado después, aunque con otras características, motorizado por el equipo de Juan V. Sourrouille.

Su llegada a la escena sería, sin embargo, tardía. La fuerza inicial del gobierno estaba ya menguada y no había espacios para proyectos estratégicos transformadores, sino sólo para parches que le permitieran, si fuera posible, llegar al objetivo prioritario de Alfonsín: completar su turno y entregar el gobierno a un sucesor democrático, por primera vez en décadas.

Los que sembraron al país de hogueras reivindicativas "nacionales y populares" llegaron al gobierno y en una década, hicieron lo que hicieron. Entre otras cosas, liquidar el capital público, en un proceso que no tuvo matices ni reservas. Menem y su gabinete, pero también Kirchner y los suyos -entre otros- fueron eficaces en desguazar el Estado y distribuirse sus restos. Nadie en el gobierno de esa década siquiera insinuó la idea revolucionaria de Roque Carranza, que hasta los radicales olvidaron.

Ese debate también estuvo ausente ahora. Efectivamente, más grotesco que abalanzarse sobre una empresa privada al estilo guarango de las primitivas formas populistas, resultó la ausencia de reflexión sobre los años que vienen y más notable aún el intento de disputar la portación de las banderas del atraso por fuerzas no oficialistas, aterradas ante la hipótesis de quedar marginadas de la primitiva pero bullanguera orgía nacionalista que atrasa más de medio siglo.

Todos saben que esta ley no tiene como motivo real lograr la "soberanía energética", sino apropiarse ilegalmente de una caja disponible. Sin embargo, tal propósito fue escondido cuidadosamente en el debate.

Como quedó claro en las argumentaciones de propios y extraños -aún de los opositores más férreos en el plano discursivo que, alucinantemente, votaron la ley- la seguridad energética ni siquiera está esbozada en un instrumento legal que carece de un proyecto energético para el país y hasta de sus principios rectores.

Nuevas fuentes primarias, distribución por redes inteligentes, electrones “verdes”, estimulación de actividades económicas de alta rentabilidad-bajo consumo energético, reconversión industrial hacia procesos ecológicos, diseño autosustentable de financiamiento, objetivos tangibles y comprobables de producción, distribución, consumo y relación PBI/actividad económica, son todos elementos centrales de una "soberanía energética" que muy poca relación tiene con la aparatosa confiscación de una empresa petrolera vaciada y obsoleta, cuya identidad con la antigua épica petrolera estatal es exclusivamente una sigla comercial sólo conservada por su valor simbólico como "marca" –con el imprescindible agregado de “S.A.”-, que también fuera vendida en su momento por quienes hoy la confiscan.

Los defensores de la iniciativa oficialista no pudieron explicar al país qué parte no entendieron de los artículos 17 y 20 de la Constitución, violados en forma flagrante, tanto como el DNU de intervención de la empresa, denunciado justamente por el bloque radical que, en este punto, mostró unidad. El objetivo de esta ley es arrebatar recursos ajenos, sin respetar procedimientos, formas ni derechos de terceros. Tiene muy poca relación con la bandera, la épica transformadora o la "soberanía" de cotillón repartida en el Congreso, por unos y "otros". Se alinea, al contrario, con la "Resolución 125", la confiscación de ahorros previsionales privados, la apropiación de los fondos de la ANSES, el vaciamiento de las reservas del BCRA y la propia modificación de su Carta Orgánica para disponer de sus restos libremente, entre otros manotazos a fondos ajenos inscriptos en la genética rapaz del imaginario populista.

Eso, y no otra cosa, es la verdadera esencia de la iniciativa de una mayoría que omitió asumir la agenda del presente y el futuro, aturdida y tal vez atemorizada por los fuertes ecos transitorios de las banderas que atrasan.

 

Ricardo Lafferriere