140.000 millones de dólares. Es lo que valdrían hoy las 1.011 toneladas métricas de oro que el BCRA tenía en sus arcas en 1945. En perspectiva: es aproximadamente el 12 % de las reservas existentes hoy en Fort Knox, en EEUU. La Argentina contaba entonces con poco más de 15 millones de habitantes. En un caprichoso cálculo contrafáctico -por supuesto, incomprobable- imaginar una Argentina con similar riqueza por habitante que entonces y similar valor de su moneda, requeriría que las reservas ascendieran a tres veces más: se acercarían a los 500.000 millones de dólares.
En 2023, no sólo se habían esfumado: las reservas eran
negativas en 12.000 millones. El agotamiento definitivo del modelo económico de
Argentina producido al final del último período kirchnerista abrió compuertas a
un cambo copernicano de la economía edificada durante el último siglo y
especialmente a partir de la década de 1940.
Un “outsider”, sin compromiso con el pasado, ni con
estructuras políticas militantes, ni tributario de ninguna de las cosmogonías
que alimentaban la dialéctica política argentina consiguió seducir con una
propuesta de cambio a gran parte de la juventud.
Su objetivo era ciertamente ambicioso, porque implicaba una
virtual refundación del país, un reinicio sobre otras bases.
La Argentina se construyó como “hinterland” del puerto de
Buenos Aires.
La Constitución
dictada como síntesis de las luchas civiles que asolaron el país desde 1810
hasta 1860 define al naciente Estado como “representativo, republicano y
federal” y prohíbe las aduanas interiores abriendo la navegación de los ríos
interiores en sintonía con las normas internacionales sobre esta clase de vías
fluviales.
Sin embargo, en los hechos, el puerto más importante de
entrada y salida del comercio -es decir, el eslabón principal de vinculación
con la economía mundial- fue el puerto porteño. Rosario, la alternativa
propuesta por el gobierno de la entonces Confederación Argentina, atenuó esa
dependencia, pero sin romperla.
Cierto es que con la organización constitucional del país el
puerto porteño se “nacionalizó”, dejando de ser propiedad del estado -luego
provincia- de Buenos Aires, pero en los hechos la concentración económica y
poblacional que se generó por esa exclusividad interactuó con la política
creando una gran superconcentración demográfica a su alrededor.
La deformación construyó una economía también deformada,
alimentada por la visión de moda en la primera mitad del siglo XX de reforzar
los mercados internos y la pretensión de autarquismo.
Industrias protegidas, hipercrecimiento estatal y fuerte
preeminencia electoral otorgaron a esta concentración, a la que se adaptaron
todas las fuerzas políticas nacionales durante el siglo XX, la capacidad de
definir las reglas de juego en las que el gran perdedor era el interior
productivo, financiador de última instancia del modelo. El dicho popular “Dios
está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires” expresa esta realidad.
Junto a ello también se creó un entramado de poder e
influencias que a la par que impregnó las organizaciones “intermedias”,
desarrolló una ideología oficial.
“Nacional y popular” fue la calificación dominante por cuya
apropiación o identificación pugnaban los principales actores, asentados en un
mensaje de fuerte nacionalismo que destacaba la presunta excepcionalidad de la
Argentina en el concierto regional.
La impregnación ideológica alcanzó virtualmente a todo el
escenario. El autor recuerda que su primera obra, “Datos para un proyecto
nacional”, escrito en 1977, bebía en esas fuentes y adhería a la misma visión
del mundo cuya consigna popularizaría Aldo Ferrer con su consigna “Vivir con lo
nuestro”, que dio título a una de sus obras más difundidas e influyentes. Los
jóvenes de entonces estábamos centrados en otro tema: terminar con la dictadura
de Onganía y luego preservar la vida. En lo económico, confiábamos en los
diagnósticos de nuestros entrañables “viejos” de entonces, que habían acompañado
a Illia y no les había ido mal. Pero el mundo cambió, ya desde la primera mitad
de la década de 1970, sin que lo advirtiéramos.
En ideas de Ferrer, “la dimensión continental” de la
Argentina permitía ese modelo, en sintonía con los fuertes nacionalismos del
temprano siglo XX que alcanzaba no sólo al keynesianismo, los estados
socialdemócratas y aún los liberales, sino también a sus dictaduras
paradigmáticas, el fascismo y el socialismo marxista.
Ello ayudó a que se fuera conformando un amplio entrelazado
corporativo que incluyó un relato económico, una competencia política limitada
que evitaba el debate franco sobre los límites del modelo, empresarios
protegidos, gremialistas asociados y comunicadores, convencidos o cooptados,
formando un escenario público en el que el rumbo no admitía cuestionamientos y,
en todo caso, desembocaban en una lucha implacable por la apropiación de un
ingreso estancado.
El modelo se agotó al compás del agotamiento de las rentas
del sector productivo, la modernización tecnológica mundial y el surgimiento de
una economía globalizada en términos financieros, comerciales y tecnológicos.
La persistente apropiación de las rentas de las economías
productivas del enorme país continental había tenido, entre otras consecuencias,
el lastre para su modernización, al expropiárseles sus ingresos por diversos
mecanismos impidiendo de esta forma la reinversión en su modernización,
infraestructura y consiguiente competitividad.
El mundo, mientras tanto, dio un gigantesco paso adelante en
productividad, sacando de la pobreza a cerca de mil millones de personas
apoyados en el cambio de escala, la revolución tecnológica y un mercado global,
con su correlativa disminución de precios y acceso a bienes de consumo masivo
por parte de una gigantesca nueva clase media.
Esta nueva clase media conformó el mercado global de consumo
a partir de las séptima y octava décadas del siglo XX y se constituyó en el
lugar natural de “realización de la ganancia” de las empresas.
La Argentina recurrió a atajos alargando la agonía de su
modelo económico. Endeudamiento, inflación, confiscación de capitales, apropiación
de ahorros previsionales y de los ciudadanos, manipulación de precios,
fabricación de productos obsoletos a precios desbordados... hasta que llegó la
crisis final, en las últimas dos décadas.
La propuesta Milei parece buscar un cambio copernicano.
Minería, agricultura, energía, pesca, son las bases
imaginadas, a las que se agrega -en una economía abierta- la potencialidad de
las industrias del conocimiento.
Para ello es imprescindible la incorporación a la economía
global respetando sus reglas de juego: seguridad jurídica, respeto a la
propiedad, libertad de intercambio que incluye comercio, transferencia de
divisas y acceso a las finanzas globales.
La demanda de recursos para el cambio perseguido es
inaccesible al solo ahorro local, por su dimensión. La tasa de inversión de la
economía argentina tradicional no alcanza ya ni siquiera para cubrir la
amortización del capital instalado. Computar las demandas de modernización,
reparación y desarrollo de la infraestructura, reconversión industrial y
ejecución de megaproyectos como son las características de los necesarios,
presenta una escala exponencialmente superior al capital disponible en el país.
Sólo es compatible con una economía integrada al escenario global, con sus
proyectos posibles compitiendo exitosamente con las alternativas que existen en
el escenario planetario.
Esa transformación implica cambios muy profundos en las
fuerzas productivas que incidirán también fuertemente tanto en el tejido social
como en el plano geográfico. Regiones marginadas o expoliadas -sectores
mineros, energéticos, agropecuarios-, en general de poca población inicial,
coexistirán con otras, las más densamente pobladas, que sufrirán más
fuertemente el cambio.
Los efectos políticos de esta dinámica son previsibles. En el
diseño del modelo, debería producirse en una primera etapa una fuerte inversión
en recursos naturales, enriqueciendo las economías productoras. Estas
inversiones deberían generar demandas de equipamiento, trabajadores,
infraestructuras, tecnologías y servicios modernos acordes con el escenario
global.
Sin embargo, el cambio tiene ineludibles consecuencias
sociales porque en la transición son previsibles e inexorables también los
damnificados. Este cambio implicará la crisis e incluso cierres de aquellas
actividades transables que no resistan la competencia internacional. A cambio,
abrirá otras en las que Argentina tiene ventajas.
No es un tema menor. Los damnificados se encuentran
naturalmente en los lugares que se desarrollaron en el marco económico y social
del modelo tradicional, que son las grandes concentraciones demográficas y
entre ellas especialmente el conglomerado bonaerense que rodea a la Ciudad de
Buenos Aires.
La ciudad de Buenos Aires -que en el nuevo modelo aporta no
sólo su reconocida experiencia comercial sino su potencial en industrias del
conocimiento y su fluida vinculación el mundo, edificado durante décadas de
virtual monopolio de comunicaciones aéreas, navales y comunicacionales- no
sufrirá tanto. Sí lo hará el “cinturón” otrora industrial del conurbano, en el
que cientos de miles de personas viven de subsidios estatales originados en la
crisis del modelo tradicional, los efectos de la reconversión industrial y la
gran cantidad de inmigrantes -internos y de países o zonas postergadas- que lo
engrosaron en sucesivas etapas agregadas en las últimas décadas. Para ellas,
sin una inteligente acción estatal, la transición puede llegar a ser muy
dolorosa.
Para compensar esos efectos negativos el virtuosismo político
en la conducción del proceso de cambio es un elemento central. Ese es
justamente el aspecto que genera dudas ante las incógnitas del camino a
recorrer y la complejidad de lo que debieran ser las políticas públicas.
La propuesta transformadora requiere una acción pública
modélica en aspectos imprescindibles para hacerlo socialmente viable y exitoso
en el largo plazo. Una fortísima política de modernización educativa masificada
y un piso de bienes públicos que atenúe los desequilibrios que necesariamente
se producirán en los ingresos y en la riqueza relativa de los distintos
sectores -o personas-. Igualmente, demanda un rediseño, reconstrucción y
modernización de la infraestructura dirigida a facilitar la conectividad
inherente a una economía integrada, tanto en el plano interno como en sus
vínculos globales. Comunicaciones, rutas, ferrocarriles, aeropuertos, requieren
el aporte de ingentes capitales, potencialmente disponibles en el marco del
modelo modernizador pero inexistentes, como está dicho, en el del país cerrado.
Esa alternativa no aparece con claridad en el escenario
político, aunque se insinúa en algunos pasos. Su núcleo conceptual no debiera
ser diferente del que propone Milei en lo central de la propuesta -nueva matriz
económica, apertura al mundo, equilibrio sensato de las cuentas públicas- pero
a la que debería agregar un papel inteligente de un Estado profesionalizado que
pese menos sobre la producción y sea más eficaz en sus roles, que no puede
abandonar. Exige también una actitud hacia lo público acorde con las demandas
de la sociedad civil que atraviesa el mundo: transparencia en el manejo del
poder y recursos públicos y empatía hacia los más necesitados.
En términos políticos, eso significaría que el proceso de
cambio será fuerte e irreversible cuando surja una oposición que increpe y reclame
al libertarismo “desde el futuro” y no desde el pasado, sin cuestionar sus
bases. Mientras la principal opción a Milei sea construida en base al retorno
al país cerrado, a la economía rentista para pocos y el infierno inflacionario
para muchos, a la exacción sin final de las economías productivas del interior
y a la hipertrofia de un Estado inútil para la sociedad, pero botín guerra para
sus detentadores, el cambio tendrá una “Espada de Damocles” siempre vigente que
ralentizará el proceso porque también ralentizará -por desconfianza- las
decisiones de inversión -nacional y extranjera-, variable fundamental del nuevo
proceso. Por el contrario, si la principal oposición se edifica sobre los
capítulos de la agenda que el modelo libertario no cubre adecuadamente, el
cambio será más rápido y menos duro para los damnificados, aunque presente
verdaderos éxitos y triunfadores.
La curiosa derivación de esta situación es que para que el
proyecto mileísta sea exitoso, deberían removerse los límites que el propio
Milei se autoimpone referidos al papel del Estado, el que es imprescindible
para que el salto modernizador se encarne en la sociedad al no dejar
abandonados a millones de personas damnificadas por ese cambio.
La historia nunca se repite, pero enseña y deja experiencias.
El proceso modernizador que sacó a la Argentina del atraso en el medio siglo
que transcurrió desde 1880 a 1930 atravesó dos etapas. La primera, con la
“generación del 80” como protagonista, capitalizó a la naciente economía
nacional abriendo sus puertas a fortísimas inversiones de origen externo que
fueron el disparador del proceso de crecimiento más notable de nuestra
historia. La segunda, con el protagonismo central del radicalismo, avanzó con la
inclusión de las masas inmigrantes con las que también se contó para ese
cambio, pero sin romper lo efectuado hasta entonces.
El estilo de Milei repugna a quienes tienen convicciones
profundamente republicanas en fondo y forma, pero quienes lo defienden
sostienen -no sin algo de razón- que con el estilo respetuoso y formal no
hubiera podido avanzar en los cambios imprescindibles rompiendo mafias y
complicidades delictivas o semidelictivas.
Lo deseable sería que los próximos años sean testigos de una
maduración del debate y que la opción superadora no se edifique sobre los ecos
de un pasado que se aleja, sino de la luz de un futuro acorde con los
portentosos desafíos de una humanidad que pueda superar los dolores de parto y lanzada
a la construcción de la ciudad del futuro.
Sería deseable que
desarrollo e inclusión no sean antagónicos y que democracia y crecimiento
reconstruyan la alianza con la que surgieron en el mundo, hace dos siglos,
combatiendo el absolutismo y construyendo con el protagonismo de las personas
comunes una sociedad mucho más libre, más próspera y más justa. Ello definiría la
incógnita que define el presente argentino: la etapa que atraviesa el país en
estos años ¿será la antesala de un péndulo o de un reinicio?
Ricardo Lafferriere
