sábado, 10 de julio de 2010

Otra vez las retenciones...

Como en el 2008, el tema de las retenciones está ocupando el debate parlamentario y nuevamente chocan, en las diferentes posiciones, las visiones diferentes sobre el país que subyacen en las diversas fuerzas políticas. Esas visiones diferentes no se identifican con una u otra fuerza partidaria, sino que las atraviesan horizontalmente, principalmente a las mayoritarias. Un acercamiento en su análisis indica que es lógico que así ocurra.

Hoy el debate renace al tener que definir el Congreso las “facultades delegadas” que mantendrá el Poder Ejecutivo, ante su próximo y tardío vencimiento. Adelantemos que en el caso de las retenciones, esa delegación no fue decidida por el parlamento, sino por el gobierno de facto que redactó el Código Aduanero, en tiempos de la “Revolución Argentina” y el presidente Onganía.

Los impuestos a la exportación estuvieron prohibidos expresamente en nuestra Constitución, que los habilitó con carácter excepcional para financiar la guerra del Paraguay. A partir de ese momento, nunca desaparecieron, aunque en tasas sustancialmente inferiores a las actuales y decididas por ley, como deben serlo todos los impuestos.

Las retenciones confiscan ingresos generados por los productores agropecuarios que se han destinanado históricamente a diferentes finalidades, desde sostener el presupuesto en tiempos de ajustes, devaluaciones e inflación, hasta usarlas como herramientas de distribución de ingresos marginando el debate fiscal parlamentario.

Entre otros males, han sido una de las principales causas de la deformación estructural del país: el 40 % de la población argentina está concentrada en el núcleo urbano porturario y alrededores (trece millones de compatriotas en 4000 k2, a razón de 3200 por km2, una de las tasas más altas del mundo), mientras el 60 % restante (veintiocho millones de argentinos) ocupan 2.800.000 km2, a razón de .. ¡10 habitantes por km2! ... (una de las más bajas del mundo....)

La concentración ha sido el resultado de privar al país productor de sus ingresos y consecuentemente de su camino de industrialización, para derivarlo en la red de complicidades corporativas. El país interior fue privado de sus posibilidades de crecimiento, de generación de empresas, fuentes de trabajo, infraestructura, investigación científica, educación, servicios médicos de excelencia, y vaciado del juego de su política.

Las retenciones provocaron el vaciamiento político y económico del interior. Las legislaturas y concejos deliberantes, los gobernadores y los intendentes, dejaron de ser la herramienta de la voluntad de sus pueblos para convertirse en simples foros de discusión sin incidencia real alguna en el destino de sus respectivas comunidades. Y el estancamiento resultante generó la migración interna que no se detiene, como lo muestra el crecimiento de las urbanizaciones informales que en los últimos años han atraído incluso a miles de ciudadanos de países limítrofes.

El núcleo urbano resultante es la sede de las mayores redes de corrupción, delincuencia, tráfico de estupefacientes, violencia criminal, asiento de complicidades delictivas que incluye a burocracias policiales, judiciales y políticas, empresarios protegidos, mafias sindicales.... todos lucrando con millones de personas sometidas a la humillación del clientelismo, sostenidos por la impostura ideológica del populismo que se invoca “progresista” mientras mantiene en la pobreza extrema a quienes con cuyo disciplinamiento edifica su lastre hacia el pasado.

La Argentina, a partir del 2008, ha visto a sus ciudadanos protagonizar por primera vez en muchas décadas una defensa directa de sus derechos, no motorizada por estamentos corporativos sino por sus intereses más elementales. Han sido compatriotas que no reciben ningún el regalo de ningún “bien social” sino que sufren la confiscación del fruto de su trabajo tesonero, de su esfuerzo inversor, de su ahorro, de su futuro. Se trata de personas que no viven de los fondos públicos sino que pagan todo lo que usan, desde sus insumos hasta sus infraestructuras, desde sus cooperadoras escolares, hospitalarias y judiciales hasta muchas veces sus propios caminos. Compatriotas que jamás negarían –como no lo han hecho- su aporte para sostener un esfuerzo nacional compartido para erradicar la pobreza, pero que ya no toleran en silencio que ese esfuerzo no se enmarque en la Constitución, las leyes y sus propios derechos ciudadanos.

De un lado está la Argentina del pasado, corporativa y prebendaria, populista y antidemocrática, arbitraria, deformada e intolerante. Del otro, la Argentina vital de sus zonas productivas, democrática y solidaria, abierta y plural, verdaderamente progresista. Esas “placas tectónicas” atraviesan, como está dicho, las fuerzas políticas aunque sus bordes no se expresen con nitidez en sus debates internos. No tenerlo en claro es la mejor forma de atarnos al estancamiento, a la pobreza secular, a la polarización social creciente, a la violencia y a la falta de futuro mediante la impostura de definiciones presuntamente ideológicas que hace tiempo han desmerecido.

Sostener que los argentinos deben dejar en la voluntad discrecional del Poder Ejecutivo la facultad de apropiarse, por decreto, de ingresos de sus ciudadanos, no es progresista: es premoderno. No es compatible con el estado de derecho, ni con la letra constitucional.

El financiamiento del Estado, así como sus objetivos, debe ser establecido por el Congreso porque es la base constitutiva de una sociedad democrática. Para eso están los legisladores, para eso los argentinos sostienen la institución parlamentaria con recursos, aseguran su independencia con inmunidades y emolumentos públicos y les dan seguridad en sus cargos. El argumento de la “dificultad en reunir el parlamento” es de una sustancial endeblez moral y política. Los parlamentarios estarían de más si renunciaran a su facultad principal, que es definir los objetivos del Estado, su financiamiento y su control.

Si los argentinos deciden hacer “política económica” con los impuestos, deben discutirlo en forma abierta y transparente, como sólo puede hacerse en las Cámaras legislativas, en el marco de la normas de la Constitución. De lo contrario, se repetirán las deformaciones escandalosas de las que estamos siendo testigos, con valijas cargadas de dinero, fideicomisos sin control, obras públicas de precios desmedidos y correlativos crecimientos desbordantes e injustificados de los funcionarios ejecutivos.

Definir impuestos en la penumbra de los despachos y los acuerdos secretos en los Ministerios es, además, la mejor forma de reciclar complicidades, realizar negociados con fondos públicos, presionar a gobernadores e intendentes, privilegiar empresarios amigos, construir clientelismo, reciclar el estancamiento.

Los argentinos no merecen eso de sus legisladores.


Ricardo Lafferriere

miércoles, 7 de julio de 2010

Jubilaciones y números

Una de las consecuencias más directas de la aceleración inflacionaria es la dráctica caída del valor real de las prestaciones previsionales. Esto ha instalado en el debate la endeblez del sistema, apoyado en la discrecionalidad y el voluntarismo, y carente de previsiones serias sobre su sustentabilidad.

Si el sistema mantenía un fragil equilibrio hasta el inicio del gobierno de los Kirchner, su decisión de incorporar el 80 por ciento más de beneficiarios sin aportes entre el 2003 y el 2010 lo llevó a tomar decisiones disparatadas en términos económicos, jurídicos y éticos.

En primer término se decidió financiar a los nuevos jubilados mediante la reducción de los haberes mayores, lo que se llevó a cabo congelando las prestaciones mayores a $ 1000. Bueno es recordar que quienes tenían haberes mayores no era porque hubieran cometido algún ilícito o apropiado de recursos ajenos, sino que habían aportado durante toda su vida importes sustancialmente mayores a la mínima. Fueron condenados por los Kirchner, en lo que debieran ser sus años dorados, a reducir su nivel de vida a niveles de subsistencia.

En segundo término, como eso no alcanzaba, decidieron apropiarse de los ahorros previsionales de quienes habían sido instados a ahorrar para ocuparse por su propia responsabilidad de incrementar su haber básico –esta vez, acompañados por el peronismo, el retroprogresismo y los socialistas-. La suma confiscada fue convertida en “fondo de sustentabilidad previsional”, y alcanza hoy a aproximadamente 150.000 millones de pesos, de los cuales más de 90.000 millones (60 %) están ¡prestados al Estado!...

En tercer término, como esto tampoco alcanzaba, los Kirchner decidieron licuar el haber previsional impulsando una ley abtrusa, de imposible comprensión, pero cuya consecuencia es la reducción inexorable y sistemática de los haberes activos, a la que calificaron de “Ley de movilidad jubilatoria”. Los haberes se actualizan mediante la aplicación de dos índices –la recaudación y la evolución salarial- pero no utilizando el mayor, ni siquiera el promedio de ambos, sino “el que sea menor”. Como consecuencia, a medida que el tiempo transcurre los haberes previsionales caen progresiva y acumulativamente.

Hoy el sistema mantiene en haberes mínimos el 80 % de los prestatarios –cuando llegaron los Kirchner, eran menos del 20 %- y resiste juicios de más de 350.000 jubilados que colapsan los juzgados federales de la seguridad social, no cumpliendo las sentencias judiciales –lo que es una burla a los derechos básicos de los ciudadanos que reclaman-.

Los objetivos que se persiguieron, curiosamente, no pueden dejar de ser compartidos. ¿Está mal garantizar un piso de dignidad a todos los argentinos que superen la edad de estar aptos para trabajar, pongamos por caso los 70 años? Por supuesto que no. Lo que está mal es cargarles ese fardo a los jubilados y hacerlo con su dinero, el que han ahorrado durante su vida activa para tener un futuro tranquilo. Si el país toma ese decisión, debe decidir también cómo lo financia, en forma equitativa. Pero para los Kirchner, el manotazo es más facil.

¿Está mal garantizar un ingreso universal a la niñez? Por supuesto que no. Ha sido un reclamo de quienes hoy son opositores –los radicales, con su primer proyecto presentado durante los noventa, luego Elisa Carrió que lo convirtió en su proyecto bandera, hasta que los Kirchner decidieron implementarlo-. La diferencia, sin embargo, es quién lo financia. En los proyectos parlamentarios se establecía un sofisticado mecanismo de impuestos y excenciones, redistribuyendo gastos. Para los Kirchner, el manotazo era más facil. ¿De dónde? Pues... de la caja de los jubilados.

Una vez que tuvieron la idea, lo siguiente fue patético. Negociados de sindicalistas corruptos, proveedores amigos y mafias, como los déficits de Aerolíneas; empresas multinacionales, como General Motors financiando nuevos modelos de autos; dislates como el “fútbol para todos” y despilfarro comprando decodificadores sin licitación ni control, cualquier ocurrencia presidencial había encontrado en la “cajita feliz” de la ANSES su proveedora de recursos.

Hoy, la situación de los jubilados quedó desnudada por la estampida inflacionaria. Un jubilado no llega a 900 pesos. Un pensionado, apenas supera los 700. El promedio jubilatorio general es de poco más de 1100 pesos. Pero el piso de subsistencia, por su parte, supera los 2000.
Frente a esta realidad dramática de seis millones de compatriotas de edad madura, la propuesta opositora es sensata: el 82 % del Sueldo Mínimo, Vital y Móvil, como piso del haber previsional. “Es demencial”, exclama, sin criterio, un desmedido Aníbal Fernández. “Nos costará 150.000 millones de pesos”, declara desaforado un mendaz Néstor Kirchner. El cálculo real, sin embargo, es que costará alrededor de 30.000 millones más que los montos que actualmente demanda el sistema.

Con el sistema actual, los recursos asignados para el pago de prestaciones previsionales son de aproximadamente 95.000 millones anuales, de los cuales 90.000 tienen origen en aportes y 20.000 millones en impuestos –IVA y ganancias-, con lo que el superávit es de aproximadamente 10.000 millones, gastados en el ingreso a la niñez y las ocurrencias presidenciales.

Lo que está en juego no es poco dinero, pero tampoco es inaccesible, si tenemos en cuenta que el gasto total anual del presupuesto nacional, supera los $ 350.000 millones y que las empresas amigas del gobierno reciben más de 40.000 millones por año en subsidios, la mayoría de los mismos sin control ni auditoría.

Por supuesto que será necesario reasignar partidas, estudiar en forma medulosa el financiamiento, y quizás también comprender que en un mundo en el que el trabajo estable ha entrado en un declive estructural, es imposible vincular “aportes” con “beneficiarios”, como en los años felices de la mitad del siglo XX. Hoy habría que rediscutir todo, por supuesto que respetando los derechos adquiridos, pero tomando nota que el problema no sólo no desaparecerá sino que se agrandará.

Hoy hay que estudiar la implementación de un ingreso universal que establezca un piso de ciudadanía, comenzando por niños y ancianos, financiados por los sectores activos de la economía –única fuente legítima y autosustentable-. En ese propósito deben tenerse en cuenta las necesidades de reinversión, de desarrollo tecnológico para reciclar el crecimiento, de preservar el capital de trabajo. Pero deben estar presentes, como guías fundamentales, los derechos constitucionales, la racionalidad económica y la ética fundamental de cualquier sociedad que busca la integración y la inclusión: cuidar a sus niños y sus viejos.

Y deberá aplicarse la “doctrina Barrionuevo”, esa sí, en forma inapelable, aunque con una ampliación: habrá que dejar de robar, pero por mucho más tiempo que dos años.

Un país maduro tomaría esta crisis como una oportunidad para buscar consensos de largo plazo, sustentables e inteligentes. Sin los Kirchner, es posible que así actuaría la Argentina. Pero para eso, faltan por lo menos tres semestres. Mientras, seguramente seguiremos escuchando alaridos. Los jubilados sintiéndose armas de combate político. Y los argentinos, apretándose los bolsillos con el miedo al nuevo manotazo, que puede venir en cualquier momento, de cualquier lado.

Ricardo Lafferriere