martes, 17 de marzo de 2020

Al margen del Coronavirus, ¿tiene vuelta la deuda argentina?

Al momento de escribir estas líneas, el “riesgo país” alcanzaba 3661 puntos (o sea 36,61 % por sobre la tasa de interés americana). La información publicada dice que el costo de asegurar la exposición a la deuda argentina (“credit default swap o swaps de incumplimiento crediticio”, Infobae, 16/3) alcanza a 8.300 puntos básicos. Ochenta y tres por ciento (83 %) a cinco años.

La Reserva Federal de Estados Unidos, por su parte, anunció ayer la reducción a CERO por ciento su tasa de referencia, y la emisión de bonos por USD 750.000 millones, para ayudar a la economía norteamericana ante la crisis del Coronavirus.

Si debiéramos refinanciar nuestra deuda de aproximadamente 330.000 millones de dólares en su totalidad, nos implicaría -sólo para tener una idea de la magnitud del problema- la generación de intereses -sólo de intereses- de CIENTO VEINTE MIL MILLONES DE DÓLARES AL AÑO (USD 120.000.000.000). A eso llegamos con el 36,61 % de 330.000 millones.

El monto que estaría por refinanciarse no es el total, sino casi SETENTA MIL MILLONES DE DÓLARES (usd 75.000.000.000). A una tasa de 36,61 %, el monto del interés que hoy implicaría esa deuda sería de más de VEINTISIETE MIL MILLONES DE DOLARES al año. Destaco: sólo de intereses.

Son números alucinantes para cualquier cálculo.

¿Cómo llegamos a ésto? ¿con Cambiemos, con Macri?

Veamos: la tasa de riesgo país con Macri alcanzó los 800 puntos antes de las PASO. Había llegado a poco más de 400, antes de la crisis de 2017. Con esa tasa de interés la deuda pesaba, pero era sustentable. Implicaba en el segundo de los casos (800 puntos, 8%) un monto de USD 26.400 millones de dólares si tomamos la deuda total, y de USD 5.600, ambos por año, si tomamos la deuda que estaría por refinanciarse hoy. Simplificando podríamos decir que Fernández le cuesta al país más de VEINTICINCO MIL MILLONES DE DÓLARES POR AÑO más que Macri, nada más que por esta refinanciación parcial.

Si la tasa fuera de 400 puntos (o sea, 4 %) generaría intereses por un monto de 13.200 millones de USD por la deuda total, y de USD 2.800 millones por los casi 70.000 que debemos refinanciar ahora.

Ahí está el tema: en el riesgo país, más que en el monto. Para tener una idea de la contracara: Japón tiene un riesgo-país de 34 puntos (o sea, 0,34 %). Tiene una deuda de más de DIEZ BILLONES DE DÓLARES, o sea dos veces y media su propio PBI. Paga por esa deuda un monto de Treinta y cuatro mil millones de dólares al año. La deuda de Japón es treinta veces mayor que la nuestra, pero su pago de intereses es menos de la tercera parte que los que el mercado le pediría a la Argentina, por una deuda treinta veces menor.

¿Por qué subió la tasa de riesgo-país de 800 puntos a 3500? ¿Por “Cambiemos” o “por Macri”? Pues si razonamos así, seguiremos subiendo nuestra tasa de riesgo. Que se haya duplicado en un día luego de las PASO no se explica por ninguna razón económica, sino por la desconfianza que se generó, y la incertidumbre del gobierno que seguramente sería electo. Quienes no tenemos interés político alguno ni compromiso de sesgar la opinión para simpatizar con ningún electorado, podemos decirlo abiertamente: el voto de las PASO incrementó nuestra deuda mucho más que lo tomado por Macri para pagar las jubilaciones en 2018 y 2019.

Y ¿por qué siguió subiendo? ¿por el “coronavirus”? Tampoco. Fué por la incertidumbre creciente que instaló el nuevo gobierno, con su inexcusable incapacidad para diagnosticar el problema y su repetida negación del estado de derecho, especialmente luego del otorgamiento de “superpoderes” al Poder Ejecutivo, agravado ahora por su evidente intento de avasallamiento de una justicia independiente que pueda garantizar a todos la vigencia del orden jurídico. Sin seguridad jurídica ni política la tasa de riesgo crece exponencialmente. Es lo que estamos sufriendo hoy.

La propia duplicación de la tasa de riesgo durante el gobierno de Cambiemos en 2017 (de 400 a 800 puntos básicos) derivó de la incertidumbre provocada por los disturbios provocados cuando se realizó la indispensable reforma en el cálculo de las prestaciones previsionales, así como por el reclamo de volver al jubileo tarifario que encontró su nido incluso en voceros poco responsables no sólo de la oposición cerril del kirchnerismo sino de la propia coalición de gobierno de entonces.

Lo que importa no es el monto de la deuda, sino el concepto sobre su crédito que el país genera con su conducta, sus decisiones y su historia. Nos lo muestra el mencionado ejemplo de Japón -o de Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, o Perú, cuyas tasas de “riesgo país” oscilan entre 80 y 200 puntos, o sea entre el 08% y el 2 % a pesar de la diferencia “ideológica” de sus gobiernos respectivos-.

Como están las cosas, está claro que ninguna refinanciación es pagable. Ni aunque matáramos a todos los jubilados podríamos alcanzar el superávit fiscal que requiere cualquier refinanciación de la deuda con este riesgo-país. Hay que bajarlo sustancialmente. Y para eso, no hay otras recetas que respetar impecablemente la independencia del poder judicial (seguridad jurídica) y abrirse a un consenso responsable sobre una política económica de largo plazo (seguridad política). La otra opción es el precipicio del “default”, con el que perderemos otra década y en el que estamos ya metidos de cabeza si el gobierno no decide un cambio de rumbo.

En el mundo de hoy nada es gratis. No lo es para nadie que quiera saltarse las reglas o convertir en épicas de cartón el incumplimiento de obligaciones libremente contraídas. Las irresponsabilidades se pagan con responsabilidades, las cometa el pueblo cuando vota o los gobernantes cuando administran y deciden. Y las conductas responsables sostenidas en el tiempo tienen su premio, en este caso haciendo posible una refinanciación pagable.

Ricardo Lafferriere




viernes, 6 de marzo de 2020

Golpe de estado en cuotas o fuerza de ocupación

Un sector importante del partido mayoritario en la Argentina ha decidido abandonar el consenso constitucional que el país reinició en 1983 y se desliza hacia la anomia, a un ritmo inexorable.
Ha ocurrido en la historia que sectores políticos participantes de la vida democrática sufrieran internamente procesos de este tipo. Lo extremadamente peligroso para la convivencia es que el sector que hoy lo hace hegemoniza el gobierno nacional, llevando al país a una peligrosísima situación de anarquía.

La sucesión de pronunciamientos que, -en cuanto meras expresiones verbales y a pesar de su negativa influencia docente- no dejaría de ser más que la contracara ética de la democracia avanza hacia la concresión de decisiones de gobierno que atraviesan ya los límites del estado de derecho.

Y si no hay estado de derecho, hay estado de puro poder. Si estas decisiones se tomaran todas en sincronía no habría dudas en calificarlas de “golpe de estado”. La semántica impide utilizar el nombre de “golpe” a un proceso paulatino de desarticulación institucional, pero está claro que asistimos a una especie de “golpe en cuotas”, con la misma finalidad de los golpes tradicionales: concentrar el poder desarticulando todo el sistema de contrapesos y frenos, consustancial con nuestro ordenamiento constitucional.

El sistema civil -basado en el respeto al derecho de propiedad- y el penal -basado en la capacidad punitiva del estado, en nombre de la sociedad- son burlados con decisiones que han ascendido ya a la pretensión de romper el propio sistema constitucional, basado en la división de poderes, el respeto a las autonomías provinciales y la vigencia de los derechos y libertades de las personas.

No es un tema leguleyo. Mucho nos costó a los argentinos, antes y después, lograr convivir bajo la ley. En los albores del país hubimos de atravesar más de cuatro décadas anárquicas hasta que comenzamos el camino institucional sobre el que el país inauguró ochenta años de expansión y brillo. En lo más reciente, en 1983 logramos restaurar el consenso constitucional reencontrándonos en las normas de la Carta Magna, tanto en los derechos de los ciudadanos como en el acceso y ejercicio del poder.

Hoy, los derechos de los ciudadanos son crecientemente ignorados, con justificación expresa de actores decisivos a los que no ha sido ajeno el propio Poder Judicial. La impunidad que se pretende con el inefable e infantil relato del “lawfare” según el cual los condenados por delitos diversos son víctimas de una conspiración frente a la cual procedería una especie de reivindicación, abre el camino a una sociedad sin seguridad alguna, ni para los ciudadanos ni para sus bienes. Sin derecho penal, la sociedad queda indefensa y la ley del más fuerte y más delincuente se impondrá -se está imponiendo- sobre la convivencia igualitaria, pacífica y respetuosa de las normas.

El avance sobre los patrimonios de las personas se está convirtiendo en una normalidad. No se trata ya de la “expropiación por causa de utilidad pública”, reglamentada por la Constitución y las leyes, que subordina la vigencia del derecho a la propiedad privada al interés general, pero que para ser legítima debe ser “previamente indemnizada”. Al contrario, se trata de apropiarse de fondos particulares sin ninguna indemnización ni compensación, como ha ocurrido con millones de compatriotas titulares de su haber previsional, herido entre un tercio y la mitad de su poder adquisitivo, sin que el parlamento no sólo proteste sino que facilita, alineado como aparece su mayoría en el objetivo de concentración de poder.

La cínica reforma del sistema previsional del poder judicial está logrando su verdadero objetivo: un aluvión de renuncias de magistrados, que deberán ser cubiertos por el poder concentrado, cuya mayoría parlamentaria le garantiza la construcción de un poder judicial totalmente subordinado.

El poder concentrado carece de escrúpulos. El desmantelamiento de organismos del estado destinados a perseguir el narcotráfico y la corrupción siguen una línea inexorable. La iniciativa de intervenir el Poder Judicial de una provincia porque no decide la impunidad de una delincuente cercana en los afectos a la banda gobernante pretende atravesar otra línea roja rompiendo la autonomía de una provincia y abriendo el camino a similar atropello sobre cualquier otra.

Pero todo ésto, que hubiera podido suponerse un desgraciado tópico localizado y puntual adquiere gravedad inusitada cuando el partido del gobierno se suma a la algarada del “lawfare”, no ya para proteger a una líderesa que dejó una gigantesca estela de corrupción, sino para incluir en esa exculpación a decenas de ex funcionarios, empresarios y “personas con influencia” cuyos delitos contra el país han sido probados al extremo y en muchos casos confesado también expresamente. Innumerables peronistas de muchos años, que aún sienten su amor por el país, sufren -por ahora, en silencio- estos dislates que dejarán un baldón ilevantable en el partido fundado por Perón.

Un golpe de estado en cuotas. Eso es lo que por ahora parecieramos estar presenciando. Un golpe que ante el desinterés total por el bien común ni siquiera en lo declamado, más que un gobierno de un país democrático se asemeja cada vez más a una fuerza de ocupación.

Organizados institucionalmente, los canales de expresión, de protesta y de decisión previstos legalmente garantizan la paz social. Desmantelado el estado de derecho, esos caminos no serán otros que la fuerza y la violencia. Económica, social, política. La que ya conocemos lo que produce y de la que pudimos escaparnos de milagro hace casi cuatro décadas, pero que nuevamente asoma su cabeza amenazante.

Ricardo Lafferriere