No, Jorge. No es así

A Jorge Lanata

En tu columna de Crítica de hoy miercoles 16 de julio de 2008, en una nota titulada “El país de Bombita Rodríguez”, reclamás con insistencia sobre la escasa importancia del debate sobre el campo, que en forma simpática, quizás para distender su dramatismo, caracterizaron en tu diario, desde que comenzó, como “La guerra gaucha”.
En la nota mencionada, palabras más palabras menos, afirmás que no se puede convertir la discusión por una alícuota en una guerra a muerte. Y ponés varios ejemplos –sería redundante repetirlos- sobre lo que, a tu juicio, serían verdaderos temas importantes. Adelanto que coincido con toda la línea argumental de la nota, que muestra la irracionalidad del discurso oficial en estos meses.
Sin embargo, el “issue” de la guerra gaucha no es un tema menor, sino que, por primera vez en décadas –o al menos, por primera vez desde la democracia- implica cuestionar quién tiene el derecho de disponer del fruto de su trabajo, si su dueño o el sistema político.
Nada me gustaría más que coincidir con restarle dramatismo al tema, pero es imposible. La decisión del gobierno y de la mayoría parlamentaria de aplicar un impuesto que equivale en algunos casos a más del 100 % de la ganancia de una explotación rural –vale decir, para pagarlo no alcanza con la totalidad de la cosecha, sino que hay que vender capital- coloca a la decisión en un guiness internacional (en Estados Unidos e Italia, los países con mayores tasas de imposición a las ganancias, el límite es el 40 %).
La decisión no es una simple fijación de alícuota: es cambiar el sistema legal y económico que constitucionalmente rige en el país, pasando por encima de normas constitucionales a las que todos, gobierno y gobernados, deben atarse.
No es válido reclamar respeto al gobierno representativo porque fue elegido en elecciones –cuyo valor constitucional es implícito- y a la vez reconocerle a ese gobierno la facultad de pasar por encima de los derechos constitucionales de las personas.
A partir de esta decisión política del Poder Ejecutivo y la mayoría parlamentaria, en el país han comenzado los saqueos. En este caso, los comenzó el gobierno. Las consecuencias, como en todos los casos históricos de rebeliones fiscales, se prolongarán en el tiempo por encima de los razonamientos e invocaciones ideológicas. Y las sufriremos todos.
No se trata de una simple abstracción, una elaboración intelectual más o menos progresista, o una inocua medida de gobierno. Reconocer pacíficamente que el poder del Estado tiene facultades para disponer de los recursos de las personas en una extensión mayor que lo permitido en la Constitución implica terminar con todos los límites a ese poder. Más allá de que para algunos esté éticamente justificado o no, lo cierto es que no está jurídicamente justificado. Para cambiar esta realidad, hay que cambiar la Constitución. O resignarse a que sea definitivamente una letra muerta, que si lo es en esto puede serlo luego en cualquier otro campo, como desgraciadamente lo está siendo en la independencia de la justicia, en la absoluta y limpia libertad de prensa y en la distribución de las rentas públicas entre la Nación y las provincias.
El gobierno puede ganar o perder en el Senado. Para la estabilidad de la democracia y del propio gobierno, quizás el mejor resultado sea perder, y que en veinte días nadie se acuerde del tema. Con el “triunfo” abriría una herida que lo desangraría hasta el fin de su mandato. Y al país, con ellos. Ya han provocado que se pierda este año –que promedia su almanaque-, con una reducción sustancial de la siembra de trigo. Es posible que el desaliento a la siembra que conlleva la medida conduzca a que se reduzca también la siembra de soja. Ya no hay rentabilidad en carne, ni en aves, ni en leche. Está bien: son apenas chacareros. Te recuerdo, sin embargo, que todo lo que está “arriba” de esa producción primaria, en este original modelo “productivo”, necesita una fuerte producción agraria para subsidiar las ineficiencias y retrasos del resto. Además de su esencial ilegalidad, la consecuencia de esta batalla de “la guerra gaucha” puede dejar a toda la economía nacional nada menos que sin sus cimientos. No será nada gracioso, ni menor.
En fin. El gobierno ha resuelto que no sigamos el camino no ya de Australia y Canadá, sino ni siquiera de Brasil, en el que el único gobierno de un partido obrero en el continente está a punto de lograr su incorporación en la alta gerencia mundial, con una política exactamente inversa a la nuestra. No sólo será el inalcanzable quíntuple campeón mundial: ahora será también el granero del mundo.
Una última enmienda: el hotel de Calafate no cuesta quinientos dólares la noche sino mil trescientos la doble. Para obtener un ingreso bruto equivalente al de una habitación del hotel de Cristina en seis meses, un chacarero debería obtener una cosecha exitosa, con los rindes promedios de Entre Rios, de Ciento veinte hectáreas de soja. Con una diferencia: a ella le quedarán en la mano los Trescientos sesenta mil pesos obtenidos por rentar esa habitación. El chacarero, por el contrario, tendrá que entregar toda su cosecha, y quizás vender la camioneta o el arado para abonar la deuda que le quedó con el Banco, la Cooperativa o el contratista.
No es un tema menor.


Ricardo Lafferriere