Teniendo en cuenta que tenemos un superávit comercial que se mantiene a pesar de la crisis ¿existe realmente un dólar “atrasado”? ¿o hay más bien un calentamiento del precio de las divisas libres por el exceso de pesos en el mercado y la desconfianza en el gobierno sobre lo que puede hacer con el valor del peso?
Si el problema fuera el primero (dólar “atrasado”), no
habría superávit comercial como el que tenemos.
Si el problema es el segundo (exceso de pesos), no se
ganaría nada provocando una devaluación de la moneda argentina en su cotización
“oficial”. Más bien al contrario: sus efectos serían más perjudiciales que
beneficiosos porque agravaría la inflación sin solucionar ningún otro problema.
¿O alguien piensa que una devaluación de 20 % -por ejemplo- aliviaría la
presión sobre la divisa de quienes quieren desesperadamente huir del peso hacia
las divisas fuertes?
¿Entonces? Lo obvio: lo que debe hacerse es generar la
confianza en el poder político y en la divisa, y ahí las medidas no son
económicas sino de esquema político: coincidir en un diagnóstico transtemporal
sostenido por un arco suficientemente amplio como para remover desconfianzas y
desate un proceso de inversión, o sea hacer crecer la economía. Ese propósito
está ausente tanto del reclamo devaluatorio como del propósito oficial. De eso
estamos a años luz. O sea: el peso seguirá devaluándose y con él, salarios,
jubilaciones y activos argentinos.
DEVALUAR NO ES SOLO CAMBIAR UN NÚMERO: SIGNIFICA REDUCIR
SALARIOS
Al igual que las retenciones y los impuestos del “30+45%”, la
devaluación no es simplemente cambiar un número: significa menos valor de los salarios y de
los activos argentinos. Si no hubiera más remedio porque existiera un
desequilibrio en el sector externo, podría ser una medida correcta. No es el
caso argentino, en el que no hay una presión externa sino un calentamiento interno
del precio de las divisas libres por exceso de pesos en el mercado.
En efecto: luego del acuerdo con el FMI y la
reestructuración con los acreedores privados, la presión en el sector externo
se alivió. Hoy la presión sobre la divisa es interna, no externa, producto de
la emisión monetaria enorme que desbalancea la oferta de dinero con la
producción de bienes requeridos por las personas y las empresas.
Esa presión interna sobre la divisa tiene además otra causa:
la desconfianza en el valor futuro de la moneda nacional por la incertidumbre
de las personas y las empresas sobre la acción dilapidadora e irresponsable del
gobierno y la inexistencia de reglas de juego estables que permitan ahorrar en
pesos cuyo valor se conserve en el tiempo.
El ahorro en pesos que todavía subsiste no está motivado por
las razones virtuosas clásicas -mantener el valor de la suma ahorrada, y que
ésta se canalice a la inversión vía sistema bancario-.
Sus razones son viciosas: En primer lugar, la
obligación -directa o indirecta- impuesta por el gobierno a bancos, empresas
públicas y aún privadas. Y en segundo lugar, aprovechar la mencionada
incertidumbre interna y destinar los depósitos para financiar el desequilibrio
fiscal, que requiere apropiarse de ahorros internos para sostener un déficit
improductivo y parasitario.
BENEFICIADOS Y PERJUDICADOS
¿A quiénes beneficiaría y a quienes perjudicaría una devaluación
del peso?
Beneficiaría en primer lugar y directamente a las
grandes firmas exportadoras de cereales, que vienen conteniendo sus
liquidaciones de exportación en espera de una mejora en el tipo de cambio y tienen
capacidad de crear un “clima” de presión -comunicacional- para lograrlo cuando
las cuentas públicas necesitan divisas. Es la situación actual.
En segundo lugar, indirectamente, a los empresarios rentistas
y protegidos, ya que el poder de compra de los argentinos vis a vis con el
mundo se reduciría en la medida de la devaluación pero al cerrar más la
economía, reforzando el “cepo-coto de caza” en el que se ha convertido el
mercado interno y al dejar éste en manos de los empresarios “nacionales”, la
agresión a los ingresos populares por parte de este empresariado sería mayor.
Beneficiaría a los tenedores de bonos en dólares o ajustados
por el valor del dólar, ya que sus créditos valdrían más.
Por el contrario, perjudicaría a quienes reciben
sueldos fijos -activos y pasivos- y a los tenedores de deuda en pesos. Se encarecían
aún más los alimentos por “rebote” del incremento de su precio de exportación
medido en pesos.
Perjudicaría a quienes deben abonar precios con contenido total o parcial en divisas, entre ellos tarifas de servicios públicos y energía -sean los usuarios si se reajustan las tarifas, sea el Estado subsidiador si debe hacerse cargo de la diferencia costo-precio de la energía-. Con el actual nivel de importación de energía, una devaluación golpearía muy fuertemente en las finanzas públicas, que deberían pagar más pesos por los dólares necesarios para abonar esas importaciones. Aumentaría aún más el déficit -y con él, la emisión y con ella, la inflación-.
Y perjudicaría el valor de los activos argentinos, que
reducirían su valor en la medida de la devaluación.
¿Qué ganaría la economía haciendo más pobre a ciudadanos, empresas
y bonistas argentinos?
Poco o nada.
CONSECUENCIAS
En primer lugar, consolidaría el incremento de precios
inflacionario reconociendo un nuevo escalón superior en el deterioro del valor
del peso.
En segundo lugar desataría una nueva vuelta de tuerca hacia
la transferencia de ingresos a los dueños de activos en divisas, ya que las
empresas argentinas, los inmuebles y en general los activos en pesos serían más
baratos para quien tenga divisas en su poder.
Contra lo que se “da por supuesto”, no mejoraría la
situación de los productores agropecuarios, a quienes lo que realmente
perjudica son las retenciones, arbitrarias e inconstitucionales, que sin embargo
están presentes en el “estado cultural” de casi toda la dirigencia política, la
“intelligenzia” y los comunicadores integrantes de la Coalición de la
Decadencia.
Para eliminar las retenciones que impiden el crecimiento
agropecuario genuino, deberían cambiarse las reglas de juego de la economía para
impulsar el crecimiento -y con ello, la recaudación también genuina-, haciendo reglas permanentes, previsibles y generadoras de confianza. Con un proceso de
crecimiento lanzado, las retenciones -impuestos contra el crecimiento- serían
reemplazadas naturalmente por los impuestos normales de cualquier economía.
El crecimiento de las exportaciones que llegaría de la mano
con la eliminación de las retenciones permitiría avanzar hacia un tipos de
cambio único y libre como el que existe en todo el mundo civilizado, terminando con el “aquelarre”
de cambios múltiples y arbitrarios que facilitan tantos mecanismos de
corrupción.
Paralelamente, sería imprescindible un manejo macroeconómico
serio, que priorice y planifique los gastos según las posibilidades de la
economía. La emisión descontrolada y sostenida termina desequilibrando tanto
los precios relativos como la presión sobre la divisa.
Como el “cepo” no provee de dólares oficiales, las empresas son
empujadas a proveerse de los productos intermedios importados vía los mercados “libres”,
lo que al final se termina trasladando a los precios finales al convertirse el
dólar (el “libre”, el único que cualquier persona toma en cuenta) en la moneda
de referencia para toda la economía. Y la descomunal presión impositiva a
quienes requieren divisas para fines personales o económicamente justificados -por
ejemplo, viajar, estudiar o a las propias empresas- le pone a la divisa un “piso”
que más que duplica el valor oficial. Ese termina siendo el nivel con el que
tiende a nivelarse el sistema de precios relativos, al ser las únicas divisas
disponibles y la única “moneda” como unidad de cuenta que usan los ciudadanos
para planificar su economía.
Eso es inflación. Que desata el justo reclamo de los
titulares de ingresos fijos de incrementos salariales. Y sigue la cadena.
CONCLUSIÓN
Sea Guzmán, Batakis o Mandrake, en este sistema de controles voluntaristas no hay chance de frenar la inflación y mucho menos de comenzar un proceso virtuoso de crecimiento. Y muchísimo menos de conseguir el necesario apoyo externo imprescindible para financiar una transición con un costo social no traumático.
El problema entonces es político y en su base está la incompetencia gobernando como escudo que oculta las apropiaciones de rentas de la Coalición de la Decadencia. Lamentablemente, con el beneplácito de muchos argentinos, cuando votan y de muchos de sus dirigentes, cuando gobiernan.
En síntesis: no hay ninguna posibilidad de mejoramiento de
la situación económica, ni siquiera de un cambio de tendencia, en el marco del
actual esquema económico y orientación política.
Los hechos demostrarán que recién cuando cambie el gobierno
luego de las elecciones de 2023 puede haber alguna chance de revertir este
deterioro. Claro que partiendo de una base más pobre aún de la que tenemos hoy,
ya que nos falta un año y medio de caída libre.
Ricardo Lafferriere
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