El costo del “modelo”

                ¿Cuánto le cuesta –y le ha costado- a la Argentina mantener el “modelo”, tal como lo entiende el oficialismo?

                En economía, a pesar de que los valores pueden representarse por números, es difícil encontrar unanimidad de visiones. No obstante, es posible “aislar” un determinado sistema –en este caso, el país en su conjunto- y tratar de descifrar qué ha perdido y qué ha ganado durante los años kirchneristas. Esta visión nunca puede ser exacta, pero sí detectar los principales agregados para ayudarnos a imaginar las falencias que tendremos que enfrentar en los tiempos que vienen.

                Hay rubros fácilmente cuantificables. La reducción del stock ganadero, por ejemplo (12 millones de cabezas), cuyo valor es fácilmente estimable en alrededor de USD 5.000 millones. De la misma manera, la disminución del valor real de las reservas previsionales, que puede estimarse en USD 10.000 millones.

                Hay otros más discutibles. Las reservas del BCRA están entre ellos. La mayoría de la cuenta oficial de reservas incluye fondos que no son propios: depósitos en dólares de particulares, fondos prestados por entidades internacionales, fondos prestados por el BCRA al gobierno que no se devolverán, y el mecanismo conocido como “LEBAC” y “NOBAC”, que son recursos de los bancos –o sea, de particulares depositantes en ellos- que, aunque pactados por un plazo fijo, si existiera una demanda de devolución de las personas a sus respectivas entidades éstas deberían retirarlas en forma anticipada del BCRA ya que, de no ser así, no tendrían con qué hacer frente a esos requerimientos.  La forma más neutra de considerar la reducción de reservas tal vez sería comparar el monto del circulante con las reservas propias del BCRA. Si así lo hiciéramos, la pérdida patrimonial de la entidad se acercaría…a la totalidad del circulante. Asusta pensar que el relato le ha costado al país, en este rubro, cerca de USD 40.000 millones.

                El deterioro de la infraestructura por no haber destinado siquiera lo necesario para amortizar el capital fijo es otro rubro que varía según la mirada. Los trenes, por ejemplo, se caen de a pedazos. El subterráneo de la Capital requiere inversiones para mantenerlo en las mismas condiciones –es decir, sin nuevas estaciones, ni mejoras tecnológicas avanzadas- de alrededor de USD 1.000 millones. Es discutible si son precios achacables al “modelo”. Pero es cierto que según el propio relato oficial, el país ha atravesado la mejor década de su historia y no ha aprovechado ese impulso para modernizar –ni siquiera para mantener- la infraestructura envejecida. Ponerla al día, sumando ferrocarriles, autopistas, redes eléctricas y transporte de gas no cuesta menos que USD 20.000 millones.

                ¿Cómo cuantificar el costo de la caída general de valor que la economía en su conjunto ha sufrido por el proceso inflacionario? Éste golpea a dos puntas: en el ingreso de los asalariados, y en el valor del capital invertido, que en los países con capitalización bursátil se puede medir por el valor de sus bolsas. ¿Cómo hacerlo acá? Está claro que el valor de las empresas cae al compás del deterioro del tipo de cambio, menos la inflación. Es una cuenta más complicada, porque depende del tipo de empresa, la transabilidad –intrínseca o reglamentaria- internacional de sus productos, la nacionalidad de su equipamiento, etc. Tal vez una forma podría ser comparar el deterioro de la moneda a raíz del proceso inflacionario, y una aproximación podría obtenerse de relacionar la inflación generada por la emisión sin respaldo (a esta altura, alrededor de 80.000 millones de pesos al año) como porcentaje del PBI. Con un circulante equivalente al 20 % del PBI, esos 80.000 millones equivaldrían a alrededor de USD 15.000 millones, con un dólar de cálculo de $ 5,30.

                ¿Y cómo considerar en esta cuenta la “fuga de divisas”, es decir las divisas que habiéndose originado en la perfomance de la economía nacional, por ejemplo por las exportaciones, no se han sumado al circuito económico, sea porque se fueron del país o porque se mantienen “en el colchón”? Según fuentes concordantes –públicas y privadas- el monto de esta fuga, durante el período kirchnerista, ha ascendido a aproximadamente USD 80.000 millones.

                Llegamos a la cuenta mayor, la que más le costará al país recuperar: las reservas de hidrocarburos, consumidas sin reposición. Las fuentes estiman entre USD 100.000 y USD 300.000 millones (Alieto Guadagni). Un promedio nos situaría en USD 200.000 millones –cifra aceptada como verosímil por Daniel Montamat-.

                Y sumemos:

1.       Stock ganadero                                                  5.000

2.       Reservas previsionales                                     10.000

3.       Reservas BCRA                                                40.000

4.       Infraestructura                                                   20.000

5.       Caída valor por inflación                                    15.000

6.       Fuga de divisas                                                  80.000

7.       Reservas hidrocarburos                                   200.000

Total                                                                  370.000

             Es decir, aproximadamente el PBI de un año.

Algunos de estos números pueden parecer exagerados. Otros, sin dudas, se quedan cortos. El resultado final, de todas formas, no estará muy alejado de la realidad.

                Por supuesto, hay números a favor: esos ingresos algún destino tuvieron. Fueron predominantemente al consumo, además de la pasmosa corrupción que también podría ubicarse en el mismo rubro. En otras palabras, el “modelo” ha consistido centralmente en gastar todo lo posible, en “hacernos felices”, funcionarios incluidos. Con esa dilapidación, era difícil no serlo. Otros, como los fugados, están guardados a buen recaudo de manotazos.

La Argentina ha vivido por encima de sus ingresos reales, comiéndose su capital, pero eso se acabó. Y esta afirmación atraviesa la gran mayoría de los sectores sociales, desde el asalariado hasta el empresario. Tal vez el único sector expropiado puntualmente en sus ingresos haya sido el agro, que recibe antes de impuestos –vale decir, sólo por influencia de las retenciones y el tipo de cambio ficticio- un tercio del valor de sus ventas.

Y para agravar el drama, el país no ha mejorado ni la estructura social, ni sus carencias básicas –déficit de vivienda, aislamiento de sus zonas marginales, educación popular, salud pública, mayor seguridad y adecuado funcionamiento judicial- ni reconstruido el equipamiento para la defensa nacional ni reconstruido su Estado de derecho.

El problema será ahora cómo arrancar. La dimensión de las inversiones necesarias exigirá movilizar recursos, internos y externos. Para lograrlo, tampoco es necesario inventar la pólvora. Será imprescindible movilizar ahorro hacia la inversión, lo que tiene un requisito ineludible: la confianza de las personas en las instituciones, en las leyes, en la justicia y en el gobierno. Esa confianza tiene una regla de oro: el consenso político-social. Y un enemigo: la tensión política.

Esto vale para los argentinos y para los extranjeros. Ni unos ni otros arriesgarán recursos si no tienen la seguridad que a algún funcionario no se le ocurrirá arbitrariamente despojarlos. El país –su Congreso, sus provincias, su justicia- debe escribir y garantizar las reglas de juego que está dispuesto y comprometido a cumplir.

Debe hacerlo libremente, recurriendo al consenso de sus fuerzas políticas, empresarias y gremiales. Y debe contemplar para ello las condiciones que requiere hoy la conciencia ciudadana sobre el medio ambiente, las condiciones laborales, los derechos humanos, los recursos naturales, el piso de dignidad ciudadana. Pero una vez escritas, luego de un debate amplio, transparente y participativo, y una vez logrados los acuerdos estratégicos imprescindibles que deben reflejar las decisiones y prevenciones de mayorías y minorías, las reglas no deben cambiarse.

A esa actitud se la ha llamado “cosmopolitismo consciente” y “realismo reflexivo”. Si el desemboque de la aventura kirchnerista fuera una Argentina madura en lo institucional, tal vez el gigantesco costo del “modelo” nos habría ayudado a volver a imaginar el futuro y trabajar por él, liberado de las atávicas resonancias de los dramas del pasado.

Y si así fuera, tal vez hasta habría alguna vez que agradecerles por haber mostrado el nítido contraejemplo del camino virtuoso.

Ricardo Lafferriere

               

               

                

Ninguna confusión, señora.

                “…un formidable aparato cultural…” habría sido, al decir de la presidenta, la causa de que cientos de miles de argentinos –un par de millones en todo el país- tuvieran una “imagen deformada de su propio país” y cuestionaran su gobierno en la multitudinaria marcha del 8N, sin dudas la mayor expresión política de la historia argentina en contra de una administración en ejercicio.

                Luego completaría su relato: gente deseosa de contar con servicio doméstico con pago miserable, se movilizó contra la Asignación Universal por Hijo. Gente sin patriotismo hizo causa común con los “fondos buitres”. En síntesis: equivocados, antipopulares y antinacionales se conjugaron para enfrentar a un gobierno lúcido, nacional y popular…

                Poco sentido tiene polemizar con la original mirada de la presidenta. No convence a nadie ajeno, y esto lo advierten todos –incluso ella-. Claramente no es un mensaje cuya finalidad sea convencer, al apoyarse en hechos ficticios construidos intelectualmente al sólo efecto de la argumentación falaz. Ni una sola pancarta, consigna, cartel o reclamo fue levantado por los millones de manifestantes en todo el país cuestionando la Asignación Universal o defendiendo a los “hold outs”.

Prefiriendo no hacernos eco de los crecientes rumores, presumimos la salud mental presidencial. Sobre esta base, la explicación del endurecimiento de su discurso debiera buscarse en otra clave. Y ésta pareciera ser interna: detener el desgranamiento acelerado de su propia fuerza, dotándola de un rudimentario arsenal argumental que, aunque no resista el análisis más ligero, endurece el debate. Sin embargo, como contrapartida, lo coloca al borde de la ruptura.

                La sociedad dista de poseer la linealidad que le atribuye el discurso oficialista. Tiene tantas miradas como personas viven en el país. El secreto de un liderazgo democrático es contener la mayor cantidad de esas miradas, para lo cual el pronunciamiento político debe enfocar los temas más graves de la agenda,  los que conciten coincidencias, y alejarse de las sofistificaciones ideológicas, que por definición son variables e infinitamente diferentes en sus matices.

                El principal tema de agenda en la Argentina hoy es el deterioro institucional. La justicia adocenada, el parlamento inexistente, la prensa perseguida, los ciudadanos “ninguneados”, la inseguridad reinando, el narcotráfico en crecimiento, una corrupción rampante e impune, la Constitución y las leyes permanentemente amenazadas y dependiendo del sólo humor presidencial y el país crecientemente aislado de la comunidad internacional.

                Ello se advierte sin necesidad de recurrir a sesudos análisis de politólogos: sólo observar la infinidad de pancartas artesanales que portaron los cientos de miles de argentinos que manifestaron. Frente a la interpretación presidencial tan ajena a esos reclamos cabe preguntarse: ¿ejerce la presidenta un liderazgo democrático?

                La respuesta debe surgir de su conducta. Fragmentar, imponer, despreciar miradas diferentes, negarse al debate abierto, gobernar por sobre sus facultades legales, recurrir al grotesco, descalificar al adversario, regimentar la justicia, despreciar a la prensa que transmite hechos u opiniones que considera desfavorables a su gobierno, considerar “confundidos” a quienes no coinciden con su mirada, son características alejadas del liderazgo democrático y muy cercanas al comportamiento autoritario.

                ¿La hace esto una presidenta antipopular? ¿o “antinacional”? Pareciera arriesgado calificarla así, aún a pesar de sus innegables falencias de gestión. Sin embargo, sí la hacen una presidenta antidemocrática, o al menos cada vez más alejada de un liderazgo propio de una democracia republicana, representativa, federal.

                En los albores de la recuperación democrática, cuando el debate político estaba teñido de categorías dialécticas universitarias, solía hablarse de una polarización entre el “pueblo” y el “antipueblo”. Existía una dictadura, no regían derechos humanos elementales, y era negada la soberanía popular. Enfrente, “el pueblo” era el sujeto reclamante de derechos y reivindicaciones.

                Todo eso quedó atrás. Afortunadamente los ciudadanos son los dueños de otorgar el poder, a través de los procesos electorales y eso pareciera incorporado definitivamente al patrimonio político-cultural del país. Sin embargo, persiste un conflicto que indudablemente hoy es el “principal” tema de agenda social: el que enfrenta las concepciones autoritarias del poder frente a las que creen en el estado de derecho como expresión superior y más perfecta de la soberanía popular.

                En nada cambia esta conclusión el origen electoral de un mandato. La democracia no es sólo el gobierno de las mayorías. Es el gobierno de las mayorías respetando a las minorías, que deben ser más protegidas cuanto más vulnerables sean. Desde esta perspectiva, la suprema minoría es la persona, cada ciudadano. No en vano la búsqueda de tantos siglos de pensadores, políticos, luchadores y filósofos desembocó en la democracia como el mejor sistema de organizar un gobierno garantizando los derechos de todos y de cada uno.

                Tampoco es válida la pretensión de oponer “democracia” con “gobierno popular”, porque mientras no exista en plenitud el funcionamiento democrático-republicano, el contenido “popular” de un gobierno está bajo la permanente amenaza de su retroceso, distorsión, negación o falseamiento.

El avance democrático debe corregir los contenidos autoritarios y consolidar sobre bases sólidas, legal y económicamente, las medidas de contenido popular que han sido decididas con la finalidad de disciplinar voluntades, servir de coartadas a proyectos patrimonialistas, hacer impune la corrupción desenfrenada, o acumular poder al margen de las leyes.

Ante un proyecto autoritario, la construcción democrática exige grandes coindencias. Si alcanzara con acuerdos institucionales, bienvenidos sean. Pero si éstos fueran insuficientes, la coordinación exigirá mayor acercamiento, alrededor de un programa cuya esencia fuera la recuperación de las reglas de juego, las que permitan la convivencia en paz y la pacífica interacción de las diferencias.

Coincidir, para poder discrepar. Esa es, en definitiva, la regla de oro de la democracia funcionando. Coincidir en los límites del poder frente a los ciudadanos, en el respeto a los equilibrios constitucionales, en las reglas de funcionamiento del sistema político.

Y en esa coincidencia, dar rienda libre a las miradas diferentes, con un comportamiento que para ser efectivo debe ser capaz de extraer las coincidencias que ameriten trabajar en conjunto, y en pasar en limpio las diferencias que deban seguir siendo discutidas hasta encontrar las mejores soluciones a los problemas de la agenda.

No es tan difícil, ni significa inventar la pólvora. Es, simplemente, como funciona una democracia republicana.

Ricardo Lafferriere

               

Miedo y Gobierno

                Dos peligrosos pronunciamientos en el máximo nivel del Estado han ocupado la atención y los comentarios políticos la semana que pasó. Ambos han recurrido, en forma directa o indirecta, a un viejo mecanismo autoritario para el ejercicio del poder: la siembra de temor.

                Mediante el primero de ellos, se ha exhortado a los argentinos a tenerle a la presidenta de la Nación “un poquito de miedo”. La exhortación-amenaza fue proferida por la propia presidenta, en una pieza oratoria en la que, además de los ya corrientes ataques a la prensa que no causan efecto alguno por las callosidades mentales que han generado en la población, ha concentrado las municiones verbales en “los que viajan”, en los empresarios y en sus propios funcionarios. Todos ellos debieran, en palabras de la presidenta, “tenerle miedo a Dios, y un poquito a mí”.

                La presidenta ha olvidado que en un estado de derecho, a quien hay que temer es a la ley. En un estado autoritario, la ley es reemplazada por la voluntad discrecionalidad del funcionario. En nuestro caso, la transición desde el estado de derecho que comenzamos a edificar con el liderazgo de Alfonsín en 1983 y empezó su deterioro en el 2002 está terminando de desarticularse con la gestión de Cristina Kirchner en estos días.

El Estado autoritario está caracterizado por el vaciamiento institucional y la concentración del poder, en forma cada vez más autocrática, en la persona de la presidenta de la Nación. Los organismos del Estado dejan de cumplir su misión específica –educar a los niños, aislar a los delincuentes, recaudar impuestos, discutir asignación de recursos- para convertirse en herramientas discrecionales del uso del poder.

Estas violaciones normativas no están motivadas por la construcción de una sociedad más equitativa, como –equivocada pero comprensiblemente- sostenía la vieja izquierda cuando justificaba las violaciones de derechos y garantías de las personas con las “dictaduras proletarias”. 

En nuestro caso, la concentración de poder se asemeja mucho más a las dictaduras bananeras, en las que tiranuelos corruptos con poco de proletarios aislaban a sus países del mundo para convertirlos en cotos de caza en los que sus patrimonios crecían sin límites con la contracara del estancamiento y el atraso de sus pueblos. No hay en la axiología ni en los objetivos oficialistas razones éticas de ninguna naturaleza que justifiquen semejante violación a las libertades de los ciudadanos.

El segundo pronunciamiento pertenece a una figura rutilante del entorno presidencial, vergonzosamente calificada en la tapa de la revista “Veja” en el Brasil como el “Ministro Kicilove”. Sin empacho ni vergüenza se refirió a un conocido y prestigioso empresario argentino con la misma autosuficiencia de la Jefa del Estado: “deberíamos fundirlo”, dijo, como si entre sus facultades naturales estuviera decidir la vida o la muerte económica de las personas o las empresas. 

El empresario había declarado que desde 2008 la Argentina había perdido competitividad, lo que no es ningún descubrimiento: nueve puestos por debajo que en la anterior medición del Foro Económico Mundial, superada por todo el entorno regional y latinoamericano y compartiendo un devaluado prestigio con Namibia, Mongolia y Grecia. Pero aunque sea cierto, para la visión oficial no debe decirse, al igual que la inflación, la fuga de divisas o los desequilibrios emocionales de la presidenta.

 Y en realidad, aunque “fundir” a una persona no está entre las facultades naturales o institucionales de un funcionario, sí lo está entre sus facultades fácticas. De hecho, hemos llegado a una situación en que un funcionario puede decretar el fin de su vida económica, como ha hecho con miles de empresas agropecuarias, con tamberos, empresas inmobiliarias, inversores, empresas cambiarias, sus dueños y trabajadores. No ya como resultado de políticas equivocadas, sino por la puntual, discrecional y perversa decisión de la autoridad política.

La política del miedo, que impulsa el gobierno con sus herramientas de fiscalización utilizadas para represaliar opiniones diferentes, no sólo es inconstitucional: es miserable. No tiene respetabilidad ni justificación. Es inmoral en el fondo y en la forma. Y para quienes se sienten indemnes ante los juicios morales, es bueno recordarles que tampoco tiene fundamentos políticos, constitucionales o legales.

La justicia, tendiendo a adocenarse definitivamente, no termina de advertir el daño que su demora o su evasión de responsabilidades genera no sólo para el presente, sino para el futuro. Sin su decisión justa y oportuna poniendo límites al poder, no sólo afecta los derechos de las personas que viven hoy en el país, sino que notifica a quienes puedan pensar invertir en el futuro que las normas en la Argentina rigen –o no…- según la duración del gobierno de turno.

Lo que están haciendo –oficialismo y jueces- bordea –y “bardea”- el estado de derecho. Sólo se justifica en el marco de la construcción de un país totalitario, con ciudadanos convertidos en súbditos aprisionados por las fronteras –económicas, políticas, aduaneras- del país.

Los argentinos ya aprendieron en suficientes lecciones sufridas en carne viva que el miedo no tiene cabida en sus valores cívicos y se han sacado de encima aprendices de dictadores peores que éstos. La inédita multiplicación espontánea de invitaciones por Internet a las marchas del próximo jueves “por la libertad y la Constitución”, en muchos lugares del país, muestran esta saludable reacción.

Por el bien del país, de nuestro pueblo y del propio oficialismo, sería bueno que los jueces vuelvan a la sana práctica de convertir a la Constitución y la ley en lo único temible. Y que los funcionarios se dediquen, en el marco de ese estado de derecho, a hacer aquello para lo que se les paga y que en este último tiempo deja mucho que desear: gobernar.

Ricardo Lafferriere

Un hito

                Un cuarto de millón de personas, autoconvocadas.

                Cierto es que muchas de ellas se agrupan en páginas de Facebook. También que son instadas por amigos o vínculos gestados en las redes sociales. Pero no hubo ningún partido político, organización sindical, o factor de poder importante que hubiera fogoneado –o meramente tomado en serio- la movilización de ayer, antes de su realización.

                Un cuarto de millón de personas, autoconvocadas. Quienes pudimos observar de cerca la gigantesca concentración capitalina no dejamos de asombrarnos por la pacífica alegría de los participantes, de los que no salió un solo agravio personal a la figura presidencial. Obviamente, sí, fuerte discrepancias con sus políticas, especialmente las centradas en las que limitan la libertad ciudadana por vías arbitrarias o autoritarias.

                La mayoría de los improvisados carteles portados por los manifestantes reclamaban “No a la reforma constitucional”, “no tenemos miedo”, “no a la Re-re-elección” y “Por la vigencia de la Constitución Nacional”. Quienes asistieron respondieron con nobleza a los ejes de la convocatoria lanzada por diferentes compatriotas en las redes, apenas quince días atrás: Por la libertad y la Constitución Nacional.

                Esas personas conformaron por unas horas lo mejor del pueblo argentino. Superaron el miedo, se expresaron libremente –aún con la sospecha de que algún grupo oficialista intemperante pudiera provocar episodios lamentables-, y con todos sus matices llenaron la histórica plaza, provocando un fuerte campanazo de atención que, aunque no lo confiese, seguramente será leído atentamente por la presidenta y su equipo.

                Un hito, porque hay un antes y un después. Por lo pronto, el miedo se ha disipado. Los argentinos que conforman la base de la “oposición” –o de las oposiciones- demostraron que pueden convivir a pesar de sus enfoques diferentes, que es lo mismo que decir que pueden convivir en democracia. Lo han hecho en la calle, en conversaciones mano a mano, que hubieran podido estar cargadas de tensión y sin embargo rebosaban alegría y optimismo.

La gran incógnita es por qué esa misma convivencia no puede expresarse en las conducciones de las fuerzas no oficialistas, articulando iniciativas comunes, esforzándose en construir una alternativa de gobierno que comience con el trabajo legislativo conjunto, por qué no son capaces de armar un “contenedor opositor” en el que se discutan y acuerden desde las pautas programáticas para un período de gobierno de recuperación institucional, hasta las elecciones internas abiertas en todos los niveles, a fin de concentrar las fuerzas no oficialistas para detener el intento continuista, pero más que ello para detener el gigantesco deterioro institucional a que está siendo sometida la democracia argentina.

Desde esta columna especial no podemos dejar de felicitar a dos sectores que marcaron su presencia con una mayoría abrumadora: los jóvenes y las mujeres. Fueron el corazón de la marcha. También quienes la potenciaron multiplicando las invitaciones, convenciendo a los dudosos, entusiasmando a sus padres y abuelos –que también los había, con ejemplos emocionantes superando limitaciones físicas compensadas con el entusiasmo – y persuadiendo a sus amigos, escribiendo afiches sostenidos con tenacidad, y pancartas expresando los pedidos.

Ha sido curiosa la actitud de las fuerzas políticas. Algunos dirigentes importantes –los menos y más lúcidos- jugaron su prestigio apoyando la realización de la marcha antes que se produjera. Otros esperaron prudentemente su resultado, para montarse en la ola. Incluso hubo los que generaron fuertes dudas inducidas en sus propios cuadros, poniendo en sospecha la limpieza de la convocatoria, y después aparecieron saludándola ante su rotundo éxito. Y también –los menos- que prefirieron gastar su tiempo en elucubraciones de café buscando con lupa adherentes con cuya historia discrepara, para justificar culposamente su ausencia.

Lo cierto es que en el “después”, muchos más se animarán y otros advertirán su error con futuras conductas que apuntarán a enmendarlo e interpretar mejor el estado de ánimo de los ciudadanos.

En él, sin dudas la gravedad de la situación económica incide. Sin embargo, la ausencia de consignas económicas fue notable. No se vio ni un solo cartel reclamando por el dólar, la inflación o la creciente desocupación. La sensación es que todos entendían que esos problemas –y muchos otros, como la seguridad que sí se mencionaba en algunos, el deterioro educativo y la exclusión social- tienen una sola forma de enfrentarse: con una democracia más perfecta, con una república funcionando, con una Constitución respetada. Construyendo ciudadanía, en lugar de clientelismo.

Un antes y un después. El antes que parecía caer en el miedo difuso impregnando la vida cotidiana y confundiendo a las dirigencias no oficialistas, se ha trocado en un después en el que el camino de libertad ha recibido un gran impulso refrescando las mentes calenturientas para las que sólo cabía interpretar todo tras los lentes de un pretendido ideologismo que atrasa medio siglo.

El antes, de la gente oscilando entre el miedo y la indignación y la dirigencia debatiendo en mesas de café la “pureza ideológica” de las posibles alianzas, ha quedado atrás y atrás quedarán quienes no entiendan las características de la etapa que se abre. Una etapa en la que no tendrá cabida el miedo, ni la indignación, ni la intemperancia ideológica, enorme impostura que permite avanzar a quienes no respetan, ni quieren ni cuidan a la democracia como sistema político.

Una etapa en la que un pueblo libre, con dirigentes lúcidos de vocación patriótica, retomará la tarea que recomenzó en 1983 para proseguir la construcción, eterna e inconclusa, de una sociedad cada día mejor.

Ricardo Lafferriere