¿Cuánto
le cuesta –y le ha costado- a la Argentina mantener el “modelo”, tal como lo
entiende el oficialismo?
En
economía, a pesar de que los valores pueden representarse por números, es
difícil encontrar unanimidad de visiones. No obstante, es posible “aislar” un
determinado sistema –en este caso, el país en su conjunto- y tratar de
descifrar qué ha perdido y qué ha ganado durante los años kirchneristas. Esta
visión nunca puede ser exacta, pero sí detectar los principales agregados para
ayudarnos a imaginar las falencias que tendremos que enfrentar en los tiempos
que vienen.
Hay
rubros fácilmente cuantificables. La reducción del stock ganadero, por ejemplo
(12 millones de cabezas), cuyo valor es fácilmente estimable en alrededor de USD
5.000 millones. De la misma manera, la disminución del valor real de
las reservas previsionales, que puede estimarse en USD 10.000 millones.
Hay
otros más discutibles. Las reservas del BCRA están entre ellos. La mayoría de
la cuenta oficial de reservas incluye fondos que no son propios: depósitos en
dólares de particulares, fondos prestados por entidades internacionales, fondos
prestados por el BCRA al gobierno que no se devolverán, y el mecanismo conocido
como “LEBAC” y “NOBAC”, que son recursos de los bancos –o sea, de particulares
depositantes en ellos- que, aunque pactados por un plazo fijo, si existiera una
demanda de devolución de las personas a sus respectivas entidades éstas
deberían retirarlas en forma anticipada del BCRA ya que, de no ser así, no
tendrían con qué hacer frente a esos requerimientos. La forma más neutra de considerar la
reducción de reservas tal vez sería comparar el monto del circulante con las
reservas propias del BCRA. Si así lo hiciéramos, la pérdida patrimonial de la
entidad se acercaría…a la totalidad del circulante. Asusta pensar que el relato
le ha costado al país, en este rubro, cerca de USD 40.000 millones.
El
deterioro de la infraestructura por no haber destinado siquiera lo necesario
para amortizar el capital fijo es otro rubro que varía según la mirada. Los
trenes, por ejemplo, se caen de a pedazos. El subterráneo de la Capital
requiere inversiones para mantenerlo en las mismas condiciones –es decir, sin
nuevas estaciones, ni mejoras tecnológicas avanzadas- de alrededor de USD 1.000
millones. Es discutible si son precios achacables al “modelo”. Pero es cierto
que según el propio relato oficial, el país ha atravesado la mejor década de su
historia y no ha aprovechado ese impulso para modernizar –ni siquiera para
mantener- la infraestructura envejecida. Ponerla al día, sumando ferrocarriles,
autopistas, redes eléctricas y transporte de gas no cuesta menos que USD 20.000
millones.
¿Cómo
cuantificar el costo de la caída general de valor que la economía en su
conjunto ha sufrido por el proceso inflacionario? Éste golpea a dos puntas: en
el ingreso de los asalariados, y en el valor del capital invertido, que en los
países con capitalización bursátil se puede medir por el valor de sus bolsas.
¿Cómo hacerlo acá? Está claro que el valor de las empresas cae al compás del
deterioro del tipo de cambio, menos la inflación. Es una cuenta más complicada,
porque depende del tipo de empresa, la transabilidad –intrínseca o
reglamentaria- internacional de sus productos, la nacionalidad de su
equipamiento, etc. Tal vez una forma podría ser comparar el deterioro de la
moneda a raíz del proceso inflacionario, y una aproximación podría obtenerse de
relacionar la inflación generada por la emisión sin respaldo (a esta altura,
alrededor de 80.000 millones de pesos al año) como porcentaje del PBI. Con un
circulante equivalente al 20 % del PBI, esos 80.000 millones equivaldrían a
alrededor de USD 15.000 millones,
con un dólar de cálculo de $ 5,30.
¿Y cómo
considerar en esta cuenta la “fuga de divisas”, es decir las divisas que habiéndose
originado en la perfomance de la economía nacional, por ejemplo por las
exportaciones, no se han sumado al circuito económico, sea porque se fueron del
país o porque se mantienen “en el colchón”? Según fuentes concordantes –públicas
y privadas- el monto de esta fuga, durante el período kirchnerista, ha
ascendido a aproximadamente USD 80.000 millones.
Llegamos
a la cuenta mayor, la que más le costará al país recuperar: las reservas de
hidrocarburos, consumidas sin reposición. Las fuentes estiman entre USD 100.000
y USD 300.000 millones (Alieto Guadagni). Un promedio nos situaría en USD
200.000 millones –cifra aceptada como verosímil por Daniel Montamat-.
Y
sumemos:
1.
Stock ganadero
5.000
2.
Reservas previsionales 10.000
3.
Reservas BCRA 40.000
4.
Infraestructura
20.000
5.
Caída valor por inflación 15.000
6.
Fuga de divisas 80.000
7.
Reservas hidrocarburos 200.000
Total 370.000
Es decir, aproximadamente el PBI de un año.
Algunos de estos números pueden
parecer exagerados. Otros, sin dudas, se quedan cortos. El resultado final, de
todas formas, no estará muy alejado de la realidad.
Por
supuesto, hay números a favor: esos ingresos algún destino tuvieron. Fueron
predominantemente al consumo, además de la pasmosa corrupción que también
podría ubicarse en el mismo rubro. En otras palabras, el “modelo” ha consistido
centralmente en gastar todo lo posible, en “hacernos felices”, funcionarios
incluidos. Con esa dilapidación, era difícil no serlo. Otros, como los fugados,
están guardados a buen recaudo de manotazos.
La Argentina ha vivido por encima
de sus ingresos reales, comiéndose su capital, pero eso se acabó. Y esta
afirmación atraviesa la gran mayoría de los sectores sociales, desde el
asalariado hasta el empresario. Tal vez el único sector expropiado puntualmente
en sus ingresos haya sido el agro, que recibe antes de impuestos –vale decir,
sólo por influencia de las retenciones y el tipo de cambio ficticio- un tercio
del valor de sus ventas.
Y para agravar el drama, el país no
ha mejorado ni la estructura social, ni sus carencias básicas –déficit de
vivienda, aislamiento de sus zonas marginales, educación popular, salud
pública, mayor seguridad y adecuado funcionamiento judicial- ni reconstruido el
equipamiento para la defensa nacional ni reconstruido su Estado de derecho.
El problema será ahora cómo
arrancar. La dimensión de las inversiones necesarias exigirá movilizar
recursos, internos y externos. Para lograrlo, tampoco es necesario inventar la
pólvora. Será imprescindible movilizar ahorro hacia la inversión, lo que tiene
un requisito ineludible: la confianza de las personas en las instituciones, en las
leyes, en la justicia y en el gobierno. Esa confianza tiene una regla de oro:
el consenso político-social. Y un enemigo: la tensión política.
Esto vale para los argentinos y
para los extranjeros. Ni unos ni otros arriesgarán recursos si no tienen la
seguridad que a algún funcionario no se le ocurrirá arbitrariamente
despojarlos. El país –su Congreso, sus provincias, su justicia- debe escribir y
garantizar las reglas de juego que está dispuesto y comprometido a cumplir.
Debe hacerlo libremente,
recurriendo al consenso de sus fuerzas políticas, empresarias y gremiales. Y
debe contemplar para ello las condiciones que requiere hoy la conciencia
ciudadana sobre el medio ambiente, las condiciones laborales, los derechos
humanos, los recursos naturales, el piso de dignidad ciudadana. Pero una vez
escritas, luego de un debate amplio, transparente y participativo, y una vez
logrados los acuerdos estratégicos imprescindibles que deben reflejar las
decisiones y prevenciones de mayorías y minorías, las reglas no deben
cambiarse.
A esa actitud se la ha llamado “cosmopolitismo
consciente” y “realismo reflexivo”. Si el desemboque de la aventura
kirchnerista fuera una Argentina madura en lo institucional, tal vez el gigantesco
costo del “modelo” nos habría ayudado a volver a imaginar el futuro y trabajar
por él, liberado de las atávicas resonancias de los dramas del pasado.
Y si así fuera, tal vez hasta
habría alguna vez que agradecerles por haber mostrado el nítido contraejemplo
del camino virtuoso.
Ricardo Lafferriere
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