El tragicómico episodio de la detención del dirigente gremial peronista Gerónimo Venegas es un símbolo de la descomposición política e institucional que atraviesa el país.
Que un dirigente gremial sea detenido por instrucciones presidenciales dictadas a un Juez Federal es tan patético como que deba ser liberado por la presión corporativa de entidades tan sospechadas que es imposible no ver en esa presión una argucia defensiva ante posibles avances de investigaciones delictuales similares.
Nadie sabe si Venegas tiene o no relación con la causa de los medicamentos falsificados. Tampoco nadie lo sabrá, porque luego de la conmoción provocada por su detención difícilmente el Juez actuante siga adelante la investigación. Contra Venegas, y contra otros sindicalistas, que aprovecharon la situación para apurar una “solidaridad” con olor a autodefensa.
La descomposición sistémica tiene como base la desconfianza de la sociedad sobre todo lo que surja del gobierno, de los gremios, del periodismo y de la justicia. Esa desconfianza no nació sola, sino que fue sistemáticamente alimentada por actitudes de todos, no solo confundiendo sus roles sino utilizando sin reparo ni vergüenza cualquier atajo para crear, mantener y consolidar un entramado de complicidades propias del populismo corporativo que tiene al país como rehén.
Es que ante el general estado de sospecha, nada queda en pie. Los argentinos comunes, los que no tienen jueces amigos, no se relacionan con el oscuro juego de los intereses gremiales y sólo rozan las obras sociales cuando necesitan un servicio médico, ven azorados un pandemonio de líneas cruzadas, todas las cuales tienen en sus extremos encumbrados actores que sólo le generan desconfianza.
Es que todo es posible. Es posible que Venegas tenga alguna actuación delictiva similar a la de Zanola, dirigente gremial peronista detenido hace un año por falsificar medicamentos oncológicos, aplicarlos a enfermos atendidos en la Obra Social que dirigía y cobrarlos al gobierno como buenos, y también es posible que no.
Pero también es posible que el gobierno haya dado instrucciones al Juez Oyharbide –que por instrucciones oficiales procesó sin pruebas al Jefe de Gobierno de la Ciudad, rival político del kirchnerismo, y sobreseyera en tiempo récord y sin investigación el enriquecimiento abrupto de la pareja presidencial- para que proceda a la detención en razón de que Venegas está alineado políticamente con su rival Eduardo Duhalde, y también es posible que no.
Es posible entonces que la solidaridad corporativa sea una medida de autodefensa ante una injusta aplicación de la ley penal por fuera del procedimiento establecido, pero también es posible que sólo sea una movida francamente hipócrita destinada a frenar todas esas investigaciones y preparar una “solidaridad” similar, si la investigación prosigue.
En síntesis: Venegas puede ser culpable, pero no será investigado libremente por la justicia ante la presión de intereses que lo defienden –con sinceridad, con ingenuidad o con cinismo- y está aprovechando una victimización para evitar su enjuiciamiento. Sus propias declaraciones ("Moyano me visó que me iban a allanar el sindicato", “La justicia va por todo el movimiento obrero”) deja dibujada esta hipótesis. O puede ser inocente, y está sufriendo una persecusión contra la que cualquier argentino de bien debe solidarizarse.
Un Estado en el que la justicia penal se mueve según el impulso de los enemigos y los amigos de los imputados o sus rivales políticos, no es un Estado de derecho. Como tantas veces lo reiteramos desde esta columna, no es posible que el país, con ese Estado, avance en un camino serio de construcción y progreso.
La opción argentina, lo afirmamos una vez más, no tiene nada que ver con los sofisticados análisis de los ideólogos del “neoliberalismo” o las convicciones “nacionales y populares”, izquierdas o derechas, radicales o peronistas. Todo ese ruido oculta (sin querer, o a propósito) el verdadero problema argentino, tan alejado de esos preciosismos como que debe resolver antes el verdadero dilema, librar la gran batalla, resolver el principal desafío. O seguimos viviendo en el marco del populismo autoritario, corporativo y atravesado por complicidades vergonzantes, o construimos una democracia republicana, en el que los ciudadanos “libres e iguales” ante la ley vivan en el marco de las normas, iguales en sus derechos y libertades, y sujetos a la majestad de una justicia independiente.
Ricardo Lafferriere
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