Seguridad y política

¿Es tan difícil radarizar el norte del país?

Virgilio Palud, Juez Federal de Reconquista, decía a un medio periodístico, hace ya varios años, que un centenar de pistas clandestinas recibían miles de vuelos por año que descargaban mercaderías sin control. El fenómeno se da en diferentes lugares del norte santafecino, Santiago de Estero, Formosa y Salta.

Quienes hemos estado cerca del escenario público en las últimas décadas no podemos dejar de advertir que el reclamo por la radarización comenzó apenas se instaló la democracia. Han transcurrido casi tres décadas y varias administraciones, de diferente signo, pero el proyecto sigue estancado. Los motivos han sido varios, pero el resultado es el mismo: a casi tres décadas de la llegada de la democracia, seguimos sin radares. Y la radarización es el primer vínculo del delito con las redes globales, la primera complicidad.

Es más: no ha logrado sancionarse –como los países vecinos- una ley adecuada de protección de cielos que autorice a la Fuerza Aérea a derribar aviones que desobedezcan en forma repetida la orden de aterrizaje.

Cuando aterrizan los vuelos y sus cargas se trasladan a los camiones encargados de distribuirlas, es demasiado tarde.

¿Es tan difícil coordinar la acción de los organismos de seguridad en las zonas de frontera, las rutas nacionales y las policías provinciales?

Sin esa coordinación entre Gendarmería, Policía Federal, policías provinciales y justicia federal, la tarea es inocua.

¿Es tan difícil detectar a los carteles ya instalados en el conurbano, en Rosario, en Córdoba y en otros lugares del país, y encontrar sus vinculaciones policiales, judiciales, políticas y empresariales?

Sin hacerlo, estamos condenados a que algún operativo esporádico, especialmente focalizado, tape el verdadero desarrollo de redes que están impregnando gran parte del sistema policial, judicial y político argentino, en los niveles nacionales, provinciales y locales.

Las redes mafiosas son el contenedor que expande todas las formas delictivas: narcotráfico, tráfico de personas, desarmaderos, robo de automóviles –principal situación de asesinato-, secuestros extorsivos y –quizás lo más importante- la instalación de una situación de convivencia con espacios delictivos que permite el florecimiento de otras modalidades de delitos, y la cooptación integrantes de las propias fuerzas de seguridad

¿Es tan difícil aplicar la ley tal como está sancionada, en su letra y en su espíritu, para garantizar a los ciudadanos su seguridad personal, sin distorsionar esa aplicación legal con sesudas elucubraciones ideologistas que –curiosamente- terminan coincidiendo en que no es posible hacer nada?

Si esto no se logra, culquier esfuerzo será vano y terminará mostrado como contraejemplo para los cuadros sanos de la policía, la justicia y la política, llevando a ellos el desánimo ante la próspera situación de sus colegas vinculados a las mafias.

Estos interrogantes –y varios similares- enfocan la dramática coyuntura que, como un macabro clivaje histórico, estamos viviendos los argentinos de hoy. El país está justo en el límite de perder definitivamente el control de su orden público, y la responsabilidad central es del cuerpo político. Un concepto se impone: no se nota la existencia de una clara voluntad política de cambiar la situación.

Por supuesto, el mayor responsable es el gobierno nacional, principal “complicidad” en las falencias de acción tanto en el control de las fronteras, del espacio aéreo, de las rutas, del lavado de dinero, de la corrupción vinculada con las mafias a través de algunas dirigencias sindicales, caudillejos territoriales y funcionarios policiales y judiciales. Y de la inexistente coordinación en la lucha anti-delictiva.

Hay responsabilidad también de los gobiernos provinciales y administraciones locales, que en muchos casos toleran vinculaciones mafiosas entre sus cuadros y las redes delictivas que terminan “atándole las manos”.

Pero también hay responsabilidad de la oposición, que no termina de adoptar en su agenda como punto central lo que es un reclamo masivo de los ciudadanos: vivir en paz, con seguridad y la tranquilidad de que se puede transitar por los lugares públicos con las espaldas cubiertas.

La oposición, por razones diversas, no termina de ponerse al frente de una lucha que no admite el “consenso”, indispensable por otra parte para la reconstrucción de la convivencia entre quienes piensan diferentes. El huracán destructor del kirchnerismo ha llevado a muchos dirigentes opositores a descreer del conflicto y buscar afanosamente coincidencias, lo que está bien porque sienta las bases de un país diferente.

Pero ninguna construcción será posible sin destrozar las redes mafiosas. En esa tarea, el imperativo ético no es acordar, sino luchar. Con intransigencia, con firmeza, con inteligencia, con recursos, con claridad de objetivos. Y cuidando también en forma escrupulosa que el fin del kirchnerismo no se traduzca simplemente en un traslado de complicidades, desde el oficialismo en declinación hacia el nuevo oficialismo que resulte su sucesor. La capacidad de permanencia, mutación y mimetización de estas redes es inmensa y trasciende su relación con un solo sector.

No se trata a esta altura de caer en la neutralizante e interminable discusión sobre las causas sociales de la delincuencia. Quienes secuestran y asesinan compatriotas son personas cuya única similitud con la condición humana es su morfología. Se trata de combatirlas con la ley en la mano –ni más, pero tampoco menos-, sin concesiones ni complicidades. Nada tienen en común la Argentina deseada.

El desprestigio de la política difícilmente se revierta si la ciudadanía no percibe que el principal problema argentino, la macabra danza de muerte con la que se ve obligada a convivir todos los días, está instalado tan fuertemente en la agenda de los dirigentes como en la insoportable ansiedad que los argentinos deben sufrir en cada momento de su vida.


Ricardo Lafferriere