Boudou

El procesamiento del Vicepresidente de la Nación por delitos de singular gravedad para un funcionario de su nivel coloca a la democracia argentina en una situación inédita de deterioro en su prestigio interno y externo.

Lejos está quien ésto escribe de negar la presunción de inocencia, que es una conquista del derecho tras cientos de años de lucha por la civilización jurídica. Dicho sea de paso, debiera aplicarse no sólo al Vicepresidente, sino a la cantidad enorme de personas sin el debido proceso y sin el debido derecho de defensa, detenidas en condiciones infrahumanas que han llevado a pronunciarse hasta a la propia Corte Suprema, exigiendo trato humanitario en las cárceles.

Pero no hay duda que hasta que el Vicepresidente reciba una sentencia firme –que podrá ser absolutoria o condenatoria- tiene derecho a que no se dé por descontada su culpabilidad. Es un derecho del “ciudadano Boudou”, que no puede negársele bajo ninguna circunstancia.

Diferente es el caso del funcionario político.

El Vicepresidente no sólo reemplaza a la presidenta en determinadas circunstancias. También es usual que la represente –y que represente al país- en actos protocolares, llevando consigo la imagen de la República. Ahora mismo se encuentra en un viaje oficial, participando de la transmisión de mando de una democracia amiga, en la República de Panamá.

La trascendencia que ha tomado su procesamiento ha inundado los titulares periodísticos de todo el mundo. Y ese tema no es jurídico, sino que afecta la imagen de la Nación Argentina, al convertirse en el centro de atracción, por la repercusión que implica. Dicen las noticias que hasta ha debido solicitar un cerco informativo, por el interés que su situación despierta donde vaya.

Debe, además, presidir el Senado, en un momento en que tanto el clima económico como el político e internacional se encuentran enrarecidos por el desfasaje económico interno y el posible nuevo default. No estamos lejos en el tiempo de la implosión del 2001, en que el hiato entre los argentinos y el sistema político llegó a tener un abismo traducido entonces en el “que se vayan todos” de escalofriante memoria.

El país no puede permitirse ubicarse nuevamente al borde de ese abismo en la representación política. Adviértase que no se trata ya de cuestionar o no una medida de gobierno de una presidenta que cuenta con legalidad y legitimidad, se coincida o no con sus decisiones. Se trata en este caso de una situación de extrema desconfianza, ubicada en un escenario en el que las carencias económicas, debido al explosivo proceso inflacionario, nos hacen rozar una mecha en cuyo otro extremo se encuentra el estallido social. No es momento para jugar con la estabilidad del sistema por el capricho de mantener una situación personal.

El gobierno, por palabras de uno de sus diputados voceros, responde que el antecedente de Mauricio Macri –que fuera procesado, aunque por un hecho sustancialmente inferior- indica que no debe removerse un funcionario por su situación procesal. Omite sin embargo recordar que el Jefe de Gobierno de la Ciudad impulsó su propio Juicio Político y se sometió a él, resolviendo la Comisión Investigadora –en la que su partido era ínfima minoría- que no existían motivos para encausarlo.

Si realmente quiere seguir ese ejemplo, el Vicepresidente debiera solicitar su propio juicio político, o al menos solicitar una licencia que aleje el proceso de la inevitable repercusión pública que implica una causa levantada contra un funcionario en ejercicio de tal jerarquía institucional. Ese alejamiento también le permitiría ejercer su defensa libremente, sin los condicionamientos que implica someter al debate público cada paso procesal, pedido, medida o resolución que se realice en el transcurso del proceso.

Lo agradecería la democracia argentina, y también –por qué no decirlo- el prestigio y la estabilidad del propio gobierno que integra.

Ricardo Lafferriere