Entre tantas noticias desilusionantes, esta Navidad tuvo sin
embargo una que –aunque desapercibida para el gran público e incluso los medios
masivos- constituye un paso positivo hacia la construcción de una humanidad
mejor. Se trata de la entrada en vigencia, el 24 de diciembre, del Tratado de
Comercio de Armas (ATT, por su designación en inglés “Arms Trade Treaty”).
Firmado por 131 países, ha sido ratificado por 61 y con ello
ha superado el límite acordado para su entrada en vigencia –se requerían 50
ratificaciones-. En la Asamblea General
había sido votado por 154 votos positivos frente a tres negativos (Siria, Irán
y Corea del Norte) y 23 abstenciones –entre las cuales se destacan los votos de
Rusia y China, nuestros “nuevos amigos”-, con los que afortunadamente en este
caso la Argentina no hizo causa común-.
Si bien no ha sido ratificado aún por cinco de los diez más
grandes exportadores, sí lo han hecho otros cinco de esos “top ten” del terror,
alimento de las innumerables confrontaciones que arrasan con la vida de gente
inocente en el mundo actual.
Varias son las novedades en el mercado mundial de armas
incluidas en esta normativa, destinada a poner bajo control de los Estados un
mercado que, hasta la fecha –al decir de una columnista norteamericana- “tiene
menos regulaciones que el comercio internacional de la banana”.
Tal vez la innovación más importante es limitar el comercio
de armas a los Estados, y proscribir ese comercio para particulares. Los
Estados, compren o vendan, serán los responsables de controlar ese comercio, y
serán los responsables de verificar su destino final y su uso.
Entre otras cosas, serán responsables del uso que terminen
dándosele a las armas comercializadas hasta el punto que podrán enfrentar sanciones
–compradores y vendedores- si las armas fueran utilizadas en determinadas
situaciones consideradas crímenes contra la humanidad, como las violaciones en
masa y los asesinatos múltiples.
En un hecho sin precedentes internacionales, el Tratado
extiende la responsabilidad por abusos y violaciones de derechos humanos a los
Estados que a sabiendas faciliten estos abusos proveyendo de armamentos usados
para esas atrocidades.
Aunque no se especifican sanciones expresas, hay pasos que
tendrán implicancias en las transacciones. Los Estados deberán expresar, al
realizar las transacciones y como responsables de ellas, su destino final.
Las normas del Tratado abarcan municiones, partes y
componentes bajo licencias de exportación. No cubre armas donadas, sino las compras.
Este primer paso simplemente es una puerta abierta para
construir un camino. Entre los signatarios que sí lo han ratificado, hay
tradicionales exportadores de armas como Gran Bretaña, Francia y Alemania,
quienes se preocuparán de convertir en “argumentos de mercado” a aquellos que
realicen operaciones sin cumplir con las salvaguardias del acuerdo.
Aunque la ratificación enfrente dificultades en Estados
Unidos –ya se han pronunciado en contra la poderosa Asociación Nacional del
Rifle, y varios legisladores republicanos- y aunque tampoco cuente con la firma
de otros países exportadores –como China y Rusia-, el Tratado hará al tráfico
de pequeñas armas un circuito más responsable. Al igual que el Tratado de No
Proliferación Misilística, aunque carezca de fuerza vinculante, su sanción
moral termina pesando de tal forma que incide en las características del
mercado afectándolo prácticamente, ya que a pocos les interesará ser escrutados
y denunciados ante la opinión pública como virtuales cómplices de violaciones
de derechos humanos, genocidios y atrocidades al vender armamentos a
irregulares o a Estados represores.
La Argentina firmó y ratificó el Tratado y es uno de los 61
países que lo han hecho hasta ahora –a más de los nombrados Gran Bretaña,
Alemania y Francia, se encuentran Italia, Israel, Holanda, Bélgica, la
República Checa y varios más-.
Entre tantas –y
merecidas- críticas a la Cancillería, es bueno destacar que en este tema
nuestro país ha logrado adelantarse en la región, donde el Tratado sólo ha sido
ratificado –además de la Argentina-, la R. O. del Uruguay. Bolivia no lo ha
firmado, mientras que Brasil y Chile aún no le han prestado su ratificación
parlamentaria.
Ese es el rumbo que los ciudadanos de todo el mundo esperan
de la globalización: reglas, convenios e instituciones que construyan un
entramado legal cuyo objetivo final sean las personas, su bienestar, su
seguridad y su libertad.
Ricardo Lafferriere
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