De cabeza al totalitarismo bolivariano

Nadie con buena intención puede defender el funcionamiento del Poder Judicial en nuestro país. Vergonzosas impunidades, complacencias y latrocinios han tomado estado público en los últimos años y han evidenciado un estado de putrefacción casi generalizada en donde, si bien las honrosísimas excepciones existen, los groseros ejemplos de vinculación con el poder y subordinación selectiva a la política han repugnado a las conciencias democráticas nacionales.

Sin embargo, con todo, es el único poder que expresaba siquiera un mínimo de garantías para los derechos personales. Fallos históricos abrieron jurisprudencias avanzadas y mantenían una llama de esperanza en la recuperación ética argentina.

El autoritarismo K, en su ruta hacia el totalitarismo bolivariano sin ambajes, ha aprovechado una vez más la indignación que una herencia de los tiempos de privilegios subsistente en momentos de crisis -donde éstos se hacen más evidentes- para dar un empujón que abre el camino para la ocupación facciosa del último Poder institucional al que no podían manejar directamente por teléfono.

Eso deja en manos de la banda gobernante la virtual suma del poder público. Quienes acreditamos la experiencia de haber vivido desde sus inicios la reconstrucción de la democracia argentina sufrimos, como gobierno u oposición, las infelices decisiones judiciales y todo el espacio democrático y republicano argentino, a pesar de ello, las acató.

Con todos sus defectos, había que terminar con los ciclos de avasallamiento institucional “in totum”, y ninguno de los gobiernos de este gran espacio modernizador argentino -Alfonsín, de la Rúa y Mauricio Macri- buscaron atajos. Su subordinación a la ley fue total, y los dos últimos nombrados sufrieron con estoicismo el ataque politizado que intentó manchar sus personas con imputaciones falsarias.

Alfonsín había ido aún más lejos, en los albores de la democracia. No sólo mantuvo una distancia absoluta y respetuosa con la Corte, sino que hasta ofreció al candidato peronista que había derrotado en los comicios del 30 de octubre de 1983 la nominación para Presidente de la Corte Suprema de Justicia, que éste declinó. Entre los miembros de la Corte que designó, no había ninguno que lo hubiera sido por su alineamiento partidario y, en todo caso, uno sólo de sus miembros podría haber sido señalado como lejano simpatizante del partido del gobierno, aunque curiosamente en una concepción diferente a la del propio presidente. Esto terminó apenas se fue Alfonsín.

A partir de 1990, todo cambió y la ley que se impulsa con el argumento de “terminar con los privilegios” culminará con una añeja distorsión, propia de los años de excedencia, pero al precio de abrir el camino de la definitiva impunidad para el período mega-delictual de 2003 a 2015.

Si ésto ya de por sí será nefasto por los antecedentes y contraejemplo ético para la credibilidad política argentina -hacia adentro y hacia afuera-, la escasa predisposición al dialogo de la fuerza política gobernante adelanta que los nuevos designados luego del desmantelamiento seguirán la mima línea que en otros países “bolivarianos”. Un poder judicial cooptado, definitivamente manejado por teléfono, que no ponga traba alguna a la gestión autoritaria y para el que los derechos de los ciudadanos estén subordinados a la voluntad política del Poder Ejecutivo.

Ya no cabrá para calificar a esta experiencia la benigna definición de “populismo democrático”. Habrá girado definitivamente al autoritarismo populista, lanzando a la Argentina de cabeza al totalitarismo bolivariano.

Una lástima.

Ricardo Lafferriere