Novecientos millones de dólares de incremento de la deuda externa costará la re-estatización de la empresa aérea, cuyos servicios utilizan principalmente personas de buenos ingesos, de clase media alta y acomodada. Mucho más de lo costaría lograr que millones de personas que utilizan diariamente las líneas San Martín y Sarmiento viajen ... simplemente como personas, en lugar de hacerlo en condiciones peores que las vacas y novillos remitidos a Liniers para su venta.
Luego de tres meses de iracundias encendidas ante la resistencia de los productores a entregarles el botín agropecuario, los “K” se lanzan a su nueva aventura: incrementar la deuda externa en casi mil millones de dólares para mantener la ficción de una “línea de bandera” que ya no poseen ni Estados Unidos, ni Brasil, ni España, ni muchos países con menos problemas económicos y necesidades que la Argentina.
Decir falta de criterio es poco: irresponsabilidad, por la que debieran responder en el futuro con sus propios patrimonios. Seguramente invocarán los “patrióticos” designios de tener aviones pintados celeste y blanco, como si los juegos cromáticos fueran más importantes que las miserables condiciones de vida de millones de personas. Dirigencias sindicales burocratizadas y enriquecidas encontrarán otro espacio de negocios y suculentos sueldos en alguna segura “codirección” para la que no han hecho otro mérito que forzar en acción conjunta con el gobierno kirchnerista el quebranto de la empresa hasta ahora gestora, atenazándola entre la anarquía generada por los paros sorpresivos y el asfixiante congelamiento tarifario.
Los que viajan en avión tendrán pasajes subsidiados con las retenciones cobradas a los chacareros. Los trenes... seguirán igual. Como los subtes y los colectivos, mostrando el cinismo que esconde la “redistribución del ingreso” kircnerista, bandera demagógica cuya constante es castigar a los pobres y favorecer la situación de los menos necesitados. Como el precio del gas, en el que una familia obrera que usa garrafa debe abonar entre 50 y 100 pesos por mes, frente a los 16 que paga un piso en Recoleta, o Barrio Norte; o la electricidad, con la que los hogares populares apenas pueden prender un par de lamparitas y es virtualmente regalada para los sectores acomodados.
Aerolíneas antes que trenes. Desprecio a los pobres. Tren bala, antes que subtes. Esa es la línea populista del modelo kirchnerista, gritada voz en cuello por el gran charlatán por unos días silenciado en su exilio dorado del Calafate, que ahora sumará a su listado de empresas petroleras, capitalista del juego y socio oculto en obras públicas, el nuevo negocio aéreo. Por supuesto, con dinero que no pone él, sino el Estado. O sea, los chacareros y productores con las retenciones, todos los argentinos con el IVA, los jubilados con sus créditos que no se pagan, y quienes confiaron en el Estado argentino para prestarle, estafados una vez más por la manipulación del INDEC.
Cuesta admitir que esta locura -incrementar en 900 millones de dólares una deuda externa que ya llega al paroxismo- pase la aprobación del Congreso. Una vez más, deberán ser los legisladores quienes frenen la irresponsabilidad pensando en el interés general. Confiemos en que la revalorización del Congreso lograda por la masiva movilización popular traiga una vez más racionalidad a las deciciones públicas.
Ricardo Lafferriere
domingo, 20 de julio de 2008
viernes, 18 de julio de 2008
"lo que le dijimos a la gente, allá en octubre..."
¿Quién no recuerda el magnífico corto televisivo en el que la fórmula “Cristina-Cobos” proponía al país unir la historia de sus grandes próceres, recordar en conjunto a los de todos los partidos, incluir a todo el país con sus regiones y su gente? ¿Qué le decía al país “allá en octubre” el mensaje electoral de una fórmula integrada por la esposa del entonces presidente, con un gobernador radical de reconocida experiencia de gestión modernizadora?
La respuesta es obvia. Se le proponía superar el pasado, pasar por encima de sus divisiones y poner la mirada en lo que viene.
Muchos no adherimos a esa propuesta, quizás porque las prevenciones que generaba la constante violación constitucional del presidente de entonces no nos permitía abrir el espíritu para creer en un cambio tan rotundo. Otros sí lo creyeron, y los votaron.
¿Qué pasó, al contrario, “allá por mayo”?
El ex presidente decidió volver a lo peor del peronismo. Refugiarse en sus burocracias patoteriles. Olvidar el mensaje electoral. Reproducir el enfrentamiento de seis décadas anteriores. Recrear la violencia verbal y hasta físico. La presidenta siguió esa línea, con varios discursos sucesivos, contradictorios pero intolerantes. El “acuerdo transversal” a que había convocado, indudablemente se rompió. Y no fue precisamente Cobos el que tomó esa decisión. Por el contrario, no sólo los opositores sino los peronistas más modernos, con experiencia de gobierno, lo habían precedido en esa distancia. ¿Cómo podía coincidir Cobos con una propuesta política exactamente inversa a la que había expresado en las elecciones en la que consiguió el triunfo?
Presidenta: le guste o no, el Vicepresidente ha sido más leal al mensaje electoral que llevó al triunfo a su fórmula, que usted. No ha sido Cobos el que cambió. Fue la otra parte del “acuerdo”. La sensación de paz que transmitió su decisión a millones de argentinos, transformando milagrosamente la angustia en esperanza, merece destacarse como uno de los grandes gestos políticos de la historia democrática.
Y para los que no los votamos, ha tenido la virtud de reforzarnos en nuestra convicción en las virtudes de la democracia.
Ricardo Lafferriere
La respuesta es obvia. Se le proponía superar el pasado, pasar por encima de sus divisiones y poner la mirada en lo que viene.
Muchos no adherimos a esa propuesta, quizás porque las prevenciones que generaba la constante violación constitucional del presidente de entonces no nos permitía abrir el espíritu para creer en un cambio tan rotundo. Otros sí lo creyeron, y los votaron.
¿Qué pasó, al contrario, “allá por mayo”?
El ex presidente decidió volver a lo peor del peronismo. Refugiarse en sus burocracias patoteriles. Olvidar el mensaje electoral. Reproducir el enfrentamiento de seis décadas anteriores. Recrear la violencia verbal y hasta físico. La presidenta siguió esa línea, con varios discursos sucesivos, contradictorios pero intolerantes. El “acuerdo transversal” a que había convocado, indudablemente se rompió. Y no fue precisamente Cobos el que tomó esa decisión. Por el contrario, no sólo los opositores sino los peronistas más modernos, con experiencia de gobierno, lo habían precedido en esa distancia. ¿Cómo podía coincidir Cobos con una propuesta política exactamente inversa a la que había expresado en las elecciones en la que consiguió el triunfo?
Presidenta: le guste o no, el Vicepresidente ha sido más leal al mensaje electoral que llevó al triunfo a su fórmula, que usted. No ha sido Cobos el que cambió. Fue la otra parte del “acuerdo”. La sensación de paz que transmitió su decisión a millones de argentinos, transformando milagrosamente la angustia en esperanza, merece destacarse como uno de los grandes gestos políticos de la historia democrática.
Y para los que no los votamos, ha tenido la virtud de reforzarnos en nuestra convicción en las virtudes de la democracia.
Ricardo Lafferriere
No, Jorge. No es así
A Jorge Lanata
En tu columna de Crítica de hoy miercoles 16 de julio de 2008, en una nota titulada “El país de Bombita Rodríguez”, reclamás con insistencia sobre la escasa importancia del debate sobre el campo, que en forma simpática, quizás para distender su dramatismo, caracterizaron en tu diario, desde que comenzó, como “La guerra gaucha”.
En la nota mencionada, palabras más palabras menos, afirmás que no se puede convertir la discusión por una alícuota en una guerra a muerte. Y ponés varios ejemplos –sería redundante repetirlos- sobre lo que, a tu juicio, serían verdaderos temas importantes. Adelanto que coincido con toda la línea argumental de la nota, que muestra la irracionalidad del discurso oficial en estos meses.
Sin embargo, el “issue” de la guerra gaucha no es un tema menor, sino que, por primera vez en décadas –o al menos, por primera vez desde la democracia- implica cuestionar quién tiene el derecho de disponer del fruto de su trabajo, si su dueño o el sistema político.
Nada me gustaría más que coincidir con restarle dramatismo al tema, pero es imposible. La decisión del gobierno y de la mayoría parlamentaria de aplicar un impuesto que equivale en algunos casos a más del 100 % de la ganancia de una explotación rural –vale decir, para pagarlo no alcanza con la totalidad de la cosecha, sino que hay que vender capital- coloca a la decisión en un guiness internacional (en Estados Unidos e Italia, los países con mayores tasas de imposición a las ganancias, el límite es el 40 %).
La decisión no es una simple fijación de alícuota: es cambiar el sistema legal y económico que constitucionalmente rige en el país, pasando por encima de normas constitucionales a las que todos, gobierno y gobernados, deben atarse.
No es válido reclamar respeto al gobierno representativo porque fue elegido en elecciones –cuyo valor constitucional es implícito- y a la vez reconocerle a ese gobierno la facultad de pasar por encima de los derechos constitucionales de las personas.
A partir de esta decisión política del Poder Ejecutivo y la mayoría parlamentaria, en el país han comenzado los saqueos. En este caso, los comenzó el gobierno. Las consecuencias, como en todos los casos históricos de rebeliones fiscales, se prolongarán en el tiempo por encima de los razonamientos e invocaciones ideológicas. Y las sufriremos todos.
No se trata de una simple abstracción, una elaboración intelectual más o menos progresista, o una inocua medida de gobierno. Reconocer pacíficamente que el poder del Estado tiene facultades para disponer de los recursos de las personas en una extensión mayor que lo permitido en la Constitución implica terminar con todos los límites a ese poder. Más allá de que para algunos esté éticamente justificado o no, lo cierto es que no está jurídicamente justificado. Para cambiar esta realidad, hay que cambiar la Constitución. O resignarse a que sea definitivamente una letra muerta, que si lo es en esto puede serlo luego en cualquier otro campo, como desgraciadamente lo está siendo en la independencia de la justicia, en la absoluta y limpia libertad de prensa y en la distribución de las rentas públicas entre la Nación y las provincias.
El gobierno puede ganar o perder en el Senado. Para la estabilidad de la democracia y del propio gobierno, quizás el mejor resultado sea perder, y que en veinte días nadie se acuerde del tema. Con el “triunfo” abriría una herida que lo desangraría hasta el fin de su mandato. Y al país, con ellos. Ya han provocado que se pierda este año –que promedia su almanaque-, con una reducción sustancial de la siembra de trigo. Es posible que el desaliento a la siembra que conlleva la medida conduzca a que se reduzca también la siembra de soja. Ya no hay rentabilidad en carne, ni en aves, ni en leche. Está bien: son apenas chacareros. Te recuerdo, sin embargo, que todo lo que está “arriba” de esa producción primaria, en este original modelo “productivo”, necesita una fuerte producción agraria para subsidiar las ineficiencias y retrasos del resto. Además de su esencial ilegalidad, la consecuencia de esta batalla de “la guerra gaucha” puede dejar a toda la economía nacional nada menos que sin sus cimientos. No será nada gracioso, ni menor.
En fin. El gobierno ha resuelto que no sigamos el camino no ya de Australia y Canadá, sino ni siquiera de Brasil, en el que el único gobierno de un partido obrero en el continente está a punto de lograr su incorporación en la alta gerencia mundial, con una política exactamente inversa a la nuestra. No sólo será el inalcanzable quíntuple campeón mundial: ahora será también el granero del mundo.
Una última enmienda: el hotel de Calafate no cuesta quinientos dólares la noche sino mil trescientos la doble. Para obtener un ingreso bruto equivalente al de una habitación del hotel de Cristina en seis meses, un chacarero debería obtener una cosecha exitosa, con los rindes promedios de Entre Rios, de Ciento veinte hectáreas de soja. Con una diferencia: a ella le quedarán en la mano los Trescientos sesenta mil pesos obtenidos por rentar esa habitación. El chacarero, por el contrario, tendrá que entregar toda su cosecha, y quizás vender la camioneta o el arado para abonar la deuda que le quedó con el Banco, la Cooperativa o el contratista.
No es un tema menor.
Ricardo Lafferriere
En tu columna de Crítica de hoy miercoles 16 de julio de 2008, en una nota titulada “El país de Bombita Rodríguez”, reclamás con insistencia sobre la escasa importancia del debate sobre el campo, que en forma simpática, quizás para distender su dramatismo, caracterizaron en tu diario, desde que comenzó, como “La guerra gaucha”.
En la nota mencionada, palabras más palabras menos, afirmás que no se puede convertir la discusión por una alícuota en una guerra a muerte. Y ponés varios ejemplos –sería redundante repetirlos- sobre lo que, a tu juicio, serían verdaderos temas importantes. Adelanto que coincido con toda la línea argumental de la nota, que muestra la irracionalidad del discurso oficial en estos meses.
Sin embargo, el “issue” de la guerra gaucha no es un tema menor, sino que, por primera vez en décadas –o al menos, por primera vez desde la democracia- implica cuestionar quién tiene el derecho de disponer del fruto de su trabajo, si su dueño o el sistema político.
Nada me gustaría más que coincidir con restarle dramatismo al tema, pero es imposible. La decisión del gobierno y de la mayoría parlamentaria de aplicar un impuesto que equivale en algunos casos a más del 100 % de la ganancia de una explotación rural –vale decir, para pagarlo no alcanza con la totalidad de la cosecha, sino que hay que vender capital- coloca a la decisión en un guiness internacional (en Estados Unidos e Italia, los países con mayores tasas de imposición a las ganancias, el límite es el 40 %).
La decisión no es una simple fijación de alícuota: es cambiar el sistema legal y económico que constitucionalmente rige en el país, pasando por encima de normas constitucionales a las que todos, gobierno y gobernados, deben atarse.
No es válido reclamar respeto al gobierno representativo porque fue elegido en elecciones –cuyo valor constitucional es implícito- y a la vez reconocerle a ese gobierno la facultad de pasar por encima de los derechos constitucionales de las personas.
A partir de esta decisión política del Poder Ejecutivo y la mayoría parlamentaria, en el país han comenzado los saqueos. En este caso, los comenzó el gobierno. Las consecuencias, como en todos los casos históricos de rebeliones fiscales, se prolongarán en el tiempo por encima de los razonamientos e invocaciones ideológicas. Y las sufriremos todos.
No se trata de una simple abstracción, una elaboración intelectual más o menos progresista, o una inocua medida de gobierno. Reconocer pacíficamente que el poder del Estado tiene facultades para disponer de los recursos de las personas en una extensión mayor que lo permitido en la Constitución implica terminar con todos los límites a ese poder. Más allá de que para algunos esté éticamente justificado o no, lo cierto es que no está jurídicamente justificado. Para cambiar esta realidad, hay que cambiar la Constitución. O resignarse a que sea definitivamente una letra muerta, que si lo es en esto puede serlo luego en cualquier otro campo, como desgraciadamente lo está siendo en la independencia de la justicia, en la absoluta y limpia libertad de prensa y en la distribución de las rentas públicas entre la Nación y las provincias.
El gobierno puede ganar o perder en el Senado. Para la estabilidad de la democracia y del propio gobierno, quizás el mejor resultado sea perder, y que en veinte días nadie se acuerde del tema. Con el “triunfo” abriría una herida que lo desangraría hasta el fin de su mandato. Y al país, con ellos. Ya han provocado que se pierda este año –que promedia su almanaque-, con una reducción sustancial de la siembra de trigo. Es posible que el desaliento a la siembra que conlleva la medida conduzca a que se reduzca también la siembra de soja. Ya no hay rentabilidad en carne, ni en aves, ni en leche. Está bien: son apenas chacareros. Te recuerdo, sin embargo, que todo lo que está “arriba” de esa producción primaria, en este original modelo “productivo”, necesita una fuerte producción agraria para subsidiar las ineficiencias y retrasos del resto. Además de su esencial ilegalidad, la consecuencia de esta batalla de “la guerra gaucha” puede dejar a toda la economía nacional nada menos que sin sus cimientos. No será nada gracioso, ni menor.
En fin. El gobierno ha resuelto que no sigamos el camino no ya de Australia y Canadá, sino ni siquiera de Brasil, en el que el único gobierno de un partido obrero en el continente está a punto de lograr su incorporación en la alta gerencia mundial, con una política exactamente inversa a la nuestra. No sólo será el inalcanzable quíntuple campeón mundial: ahora será también el granero del mundo.
Una última enmienda: el hotel de Calafate no cuesta quinientos dólares la noche sino mil trescientos la doble. Para obtener un ingreso bruto equivalente al de una habitación del hotel de Cristina en seis meses, un chacarero debería obtener una cosecha exitosa, con los rindes promedios de Entre Rios, de Ciento veinte hectáreas de soja. Con una diferencia: a ella le quedarán en la mano los Trescientos sesenta mil pesos obtenidos por rentar esa habitación. El chacarero, por el contrario, tendrá que entregar toda su cosecha, y quizás vender la camioneta o el arado para abonar la deuda que le quedó con el Banco, la Cooperativa o el contratista.
No es un tema menor.
Ricardo Lafferriere
"Igualdad no es igualitarismo..."
“Igualdad no es igualitarismo. Éste, en última instancia, es también una forma de explotación: la del buen trabajador por el que no lo es, o pero aún, por el vago”.
¿Quién puede ser el autor de esta frase? ¿algún dirigente ruralista cercano a la “oligarquía”? ¿algún político “neoliberal”, alejado de los intereses “nacionales y populares”? ¿algún “ricachón” al que no le interesa la “redistribución del ingreso”?
Sorpréndase: lo acaba de proclamar Raúl Castro, presidente de Cuba, al anunciar el incremento de la edad de jubilación en cinco años (a los 65 años, en lugar de 60) y el comienzo de una etapa “realista” que elimine los subsidios excesivos y sea económicamente sostenible.
De ahí a caer en la excomunión por el santuario progresista hay apenas un paso. No sería de sorprender que en pocos días más, la inefable Hebe –la de las docenas de cheques sin fondos que no investiga ningún fiscal- nos sorprenda con su descalificación total al líder cubano, que se ha atrevido a tener un intervalo lúcido de sentido común. Es probable que lo acuse de “vendido al oro del imperio”.
Desde estas columnas, hace un par de meses, expresábamos un concepto similar, al separar claramente al socialismo del populismo. Y es oportuno, ante la violenta intención de apropiación del trabajo y la propiedad ajena en la que está empeñado el kirchnerismo, volver sobre el tema.
Populismo no es lo mismo que socialismo. Este último, subproducto potente de la modernidad, supone la creciente socialización de los medios de producción. En ese proceso y mientras ello no ocurra, la “plusvalía”, riqueza que –en la cosmogonía marxista- el trabajador genera para el capitalista, es limitada por leyes comerciales, sociales, salariales e impositivas originadas muchas veces en reclamos socialistas en el marco del estado de derecho, apoyado en la soberanía popular por los procedimientos y límites acordados en la Constitución. De esta forma, la naturaleza “expoliadora” del capitalista vuelve a revertirse hacia quienes generan esa riqueza con su trabajo. Es el mecanismo virtuoso que, por encima de las sofistificaciones ideológicas, han adoptado las sociedades democráticas, y más profundamente las capitalistas exitosas, generando un entramado de formas mixtas de propiedad que incluyen en muchos casos la copropiedad accionaria por los propios trabajadores.
El populismo, por el contrario, no asume la responsabilidad de generar riqueza, sino que recurre a la más directa forma medioeval de la apropiación lisa y llana de la riqueza ajena. No es moderno, es pre-moderno. No le interesa crear bienes y servicios, sino apropiarse de los generados por otros. La ética del socialismo es la libertad y la justicia. La ética del populismo es la del relativimo moral. Los socialistas son revolucionarios, y en tanto tales, reivindican el dialéctico avance de la humanidad, en escalones sucesivos, hacia un mundo más perfecto. Los populistas son esencialmente rapaces (algunos dirían directamente ladrones) y no reivindican ningún avance social coherente que trascienda el momento. Los socialistas apoyan su construcción teórica en el trabajo creador, acción suprema de la dignidad humana. Los populistas, en su rapiña para financiar el ocio, la conformacion de fuerzas de choque o la construcción de un poder clientelar sin virtudes democráticas. O –como lo sugiere Raúl Castro- en explotar a los que efectivamente trabajan.
El capitalismo y el socialismo conviven en la modernidad, que les provee de instrumentos de mediación para procesar sus conflictos y acordar equilibrios transitorios, siempre dinámicos. El populismo, por el contrario, odia a la modernidad, a la limitación al puro poder que implica respetar las leyes, la igualdad de todos ante el orden jurídico, la división de los poderes, la libertad de expresión, de conciencia y de prensa, y la opinión diferente. Por eso los socialistas más lúcidos apoyan la lucha del campo, generador de riqueza social, de fuentes de trabajo y de progreso económico que beneficia a todos, mientras que los populistas adoptan la rapaz intención kirchnerista de manotear groseramente los ingresos ajenos sin importarle las consecuencias. No existe ninguna contradicción en el apoyo de Castells y Toti Flores al reclamo del campo, y en el alineamiento desmatizado de los funcionarios D’Elía, Pérsico y Cevallos con la rapiña “K”.
La modernidad no admite faltarle el respeto al ciudadano, que es su creación intelectual y su razón de ser. Para el populismo, el ciudadano es una entelequia molesta para lograr su cometido, una creación extranjerizante que con gusto desterraría hasta del lenguaje. Por eso la mayoría “ciudadana” apoya al campo, y la minoría populista se indigna con su resistencia a entregarles tranquilament el “botín”.
En el fondo del drama argentino está la impregnación populista de su discurso y su praxis política. Los “K”, con sus incoherencias discursivas y angurria desbordada han llegado a un nivel orgiástico, aunque no sean los únicos. Se apoyan en un sistema de creencias conspirativas, análisis rudimentarios, maniqueísmos arcaicos, complejos de inferioridad y predisposición a la violencia –normalmente verbal, aunque en ocasiones con dramáticas consecuencias, como los golpes de Estado, las policías bravas, la masacre de Ezeiza, los atentados terroristas de los 70 y la represión ilegal que los siguió- de alcance más general, que ha impedido la entrada de la Argentina al mundo moderno.
Sin embargo, estos meses han hecho avanzar la conciencia de la sociedad sobre sus derechos, los límites del poder, la autonomía de los ciudadanos y la defensa de sus libertades más que cualquier otro momento desde la recuperación democrática. Por eso cabe el optimismo.
La Argentina que viene, terminada la pesadilla “K”, será –en gran medida, gracias al campo-, democrática y solidaria, respetuosa de la ley y homologable ante el mundo, preocupada de sus problemas e inequidades y alejada de los discursos grandilocuentes –pero vacíos- pronunciados en tono admonitorio con el dedito levantado. Será la Argentina moderna del crecimiento económico, la integración al mundo, el progreso social y el avance tecnológico. Pero por sobre todo, será la Argentina que habrá retomado la base moral de su ley fundamental: la igualdad ante la ley, para la que nadie vale más que nadie.
Aunque grite fuerte, amenace periodistas, siembre miedo o convoque a la violencia.
Ricardo Lafferriere
¿Quién puede ser el autor de esta frase? ¿algún dirigente ruralista cercano a la “oligarquía”? ¿algún político “neoliberal”, alejado de los intereses “nacionales y populares”? ¿algún “ricachón” al que no le interesa la “redistribución del ingreso”?
Sorpréndase: lo acaba de proclamar Raúl Castro, presidente de Cuba, al anunciar el incremento de la edad de jubilación en cinco años (a los 65 años, en lugar de 60) y el comienzo de una etapa “realista” que elimine los subsidios excesivos y sea económicamente sostenible.
De ahí a caer en la excomunión por el santuario progresista hay apenas un paso. No sería de sorprender que en pocos días más, la inefable Hebe –la de las docenas de cheques sin fondos que no investiga ningún fiscal- nos sorprenda con su descalificación total al líder cubano, que se ha atrevido a tener un intervalo lúcido de sentido común. Es probable que lo acuse de “vendido al oro del imperio”.
Desde estas columnas, hace un par de meses, expresábamos un concepto similar, al separar claramente al socialismo del populismo. Y es oportuno, ante la violenta intención de apropiación del trabajo y la propiedad ajena en la que está empeñado el kirchnerismo, volver sobre el tema.
Populismo no es lo mismo que socialismo. Este último, subproducto potente de la modernidad, supone la creciente socialización de los medios de producción. En ese proceso y mientras ello no ocurra, la “plusvalía”, riqueza que –en la cosmogonía marxista- el trabajador genera para el capitalista, es limitada por leyes comerciales, sociales, salariales e impositivas originadas muchas veces en reclamos socialistas en el marco del estado de derecho, apoyado en la soberanía popular por los procedimientos y límites acordados en la Constitución. De esta forma, la naturaleza “expoliadora” del capitalista vuelve a revertirse hacia quienes generan esa riqueza con su trabajo. Es el mecanismo virtuoso que, por encima de las sofistificaciones ideológicas, han adoptado las sociedades democráticas, y más profundamente las capitalistas exitosas, generando un entramado de formas mixtas de propiedad que incluyen en muchos casos la copropiedad accionaria por los propios trabajadores.
El populismo, por el contrario, no asume la responsabilidad de generar riqueza, sino que recurre a la más directa forma medioeval de la apropiación lisa y llana de la riqueza ajena. No es moderno, es pre-moderno. No le interesa crear bienes y servicios, sino apropiarse de los generados por otros. La ética del socialismo es la libertad y la justicia. La ética del populismo es la del relativimo moral. Los socialistas son revolucionarios, y en tanto tales, reivindican el dialéctico avance de la humanidad, en escalones sucesivos, hacia un mundo más perfecto. Los populistas son esencialmente rapaces (algunos dirían directamente ladrones) y no reivindican ningún avance social coherente que trascienda el momento. Los socialistas apoyan su construcción teórica en el trabajo creador, acción suprema de la dignidad humana. Los populistas, en su rapiña para financiar el ocio, la conformacion de fuerzas de choque o la construcción de un poder clientelar sin virtudes democráticas. O –como lo sugiere Raúl Castro- en explotar a los que efectivamente trabajan.
El capitalismo y el socialismo conviven en la modernidad, que les provee de instrumentos de mediación para procesar sus conflictos y acordar equilibrios transitorios, siempre dinámicos. El populismo, por el contrario, odia a la modernidad, a la limitación al puro poder que implica respetar las leyes, la igualdad de todos ante el orden jurídico, la división de los poderes, la libertad de expresión, de conciencia y de prensa, y la opinión diferente. Por eso los socialistas más lúcidos apoyan la lucha del campo, generador de riqueza social, de fuentes de trabajo y de progreso económico que beneficia a todos, mientras que los populistas adoptan la rapaz intención kirchnerista de manotear groseramente los ingresos ajenos sin importarle las consecuencias. No existe ninguna contradicción en el apoyo de Castells y Toti Flores al reclamo del campo, y en el alineamiento desmatizado de los funcionarios D’Elía, Pérsico y Cevallos con la rapiña “K”.
La modernidad no admite faltarle el respeto al ciudadano, que es su creación intelectual y su razón de ser. Para el populismo, el ciudadano es una entelequia molesta para lograr su cometido, una creación extranjerizante que con gusto desterraría hasta del lenguaje. Por eso la mayoría “ciudadana” apoya al campo, y la minoría populista se indigna con su resistencia a entregarles tranquilament el “botín”.
En el fondo del drama argentino está la impregnación populista de su discurso y su praxis política. Los “K”, con sus incoherencias discursivas y angurria desbordada han llegado a un nivel orgiástico, aunque no sean los únicos. Se apoyan en un sistema de creencias conspirativas, análisis rudimentarios, maniqueísmos arcaicos, complejos de inferioridad y predisposición a la violencia –normalmente verbal, aunque en ocasiones con dramáticas consecuencias, como los golpes de Estado, las policías bravas, la masacre de Ezeiza, los atentados terroristas de los 70 y la represión ilegal que los siguió- de alcance más general, que ha impedido la entrada de la Argentina al mundo moderno.
Sin embargo, estos meses han hecho avanzar la conciencia de la sociedad sobre sus derechos, los límites del poder, la autonomía de los ciudadanos y la defensa de sus libertades más que cualquier otro momento desde la recuperación democrática. Por eso cabe el optimismo.
La Argentina que viene, terminada la pesadilla “K”, será –en gran medida, gracias al campo-, democrática y solidaria, respetuosa de la ley y homologable ante el mundo, preocupada de sus problemas e inequidades y alejada de los discursos grandilocuentes –pero vacíos- pronunciados en tono admonitorio con el dedito levantado. Será la Argentina moderna del crecimiento económico, la integración al mundo, el progreso social y el avance tecnológico. Pero por sobre todo, será la Argentina que habrá retomado la base moral de su ley fundamental: la igualdad ante la ley, para la que nadie vale más que nadie.
Aunque grite fuerte, amenace periodistas, siembre miedo o convoque a la violencia.
Ricardo Lafferriere
lunes, 7 de julio de 2008
Desacoplados
Desacoplados...
Quienes llevamos a cuestas varias décadas de vida hemos escuchado reiteradamente la añoranza de los tiempos en los que el mundo necesitaba un granero que le diera alimentos y la Argentina lo tenía, las buenas épocas de la ocupación del territorio, la llegada de los inmigrantes y el gran salto de nuestro país desde ser poco más que un desierto despoblado, a uno de los de mayor crecimiento en el planeta.
Y siempre el cuento terminaba con la década del 30, cuando el mundo comenzó a abastecerse solo, dejó de necesitarnos y nos obligó a la triste tarea de enfrentarnos cara a cara con nuestro destino. Ahí comenzó la decadencia... y nuestros altibajos.
Los números –descarnados- nos dicen que, en valores constantes, el ingreso por habitante de las primeras tres década del siglo XX es el mismo que el del primer lustro del siglo XXI, a tal punto nos golpeó que “el mundo” dejara de necesitarnos. Sólo el feliz interregno de Frondizi abrió una esperanza de cambio a tono con la época, que por esos años puso de moda la industrialización como camino al bienestar. De cualquier forma, el espasmo duró poco, hasta 1966, con el derrocamiento a Illia producido por mandos militares antiperonistas coaligados con sindicalistas peronistas vestidos al efecto de saco y corbata. Ahí volvimos a las andanzas, hasta que se cerró el círculo con la crisis de cambio de siglo, en que volvimos a la riqueza del comienzo.
Mientras tanto, en estas siete décadas, el ingreso por habitante de los chilenos de multiplicó por dos, el de los brasileños por cuatro, el de los franceses y españoles por seis, el de los ingleses por siete, el de los australianos por ocho y el de los norteamericanos por doce. La riqueza de cada argentino promedio, que en la década del 20 equivalía al 75 por ciento de la que disfrutaban los habitantes de los los países más desarrollados del mundo, hoy apenas alcanza al 10 %.
Y por acá seguimos añorando –y citando en los discursos altisonantes de todo el abanico político- las buenas épocas de la Argentina exitosa, que creció sobre la base de su producción de alimentos.
Fue un buen tiempo. Aunque a nuestra presidenta le quede la impresión –ya que sería atrevido decir “conocimiento”- de que la gente “se moría de hambre”, ninguna cifra de esos años llegó al grado de miseria que muestra nuestro país hoy, en pleno “reverdecer productivo” duhalde-kirchnerista. Ni siquiera los conventillos más sórdidos de La Boca o Barracas llegaban a la degradación que muestran hoy las villas kirchneristas del conurbano o la propia Capital Federal, totalmente olvidadas de toda preocupación del Estado (“inclusivo”, “popular”) por la educación de sus chicos, el cuidado de sus ancianos y las fuentes de ocupación para su población activa.
Pero la historia tiene sus vueltas. Después de pasar la locomotora del mundo por la industria bélica en los 50, por la producción automotriz en los 60, por los servicios en los 70 y 80 y últimamente por las tecnologías de la información a partir de los 90, nuevamente vuelve a ubicarse en el riel de los alimentos, abriendo de nuevo una posibilidad cerrada hace setenta años. Con un agregado: los alimentos de hoy ya no requieren trabajo embrutecedor, de sol a sol arrastrando el arado mancera en mañanas congelantes, o sobre rudimentarias cosechadoras tiradas a caballo bajo el sol abrasador. Hoy los alimentos son tecnología de vanguardia, biotecnología, maquinarias computarizadas, cultivos planificados hasta el detalle, cosechadoras conducidas a distancia con sistemas de posicionamiento global (GPS) y avanzadas técnicas de labranza para disminuir los riesgos del deterioro del suelo. Son pueblos dinámicos, agroindustria, laboratorios, ocupación del territorio, prosperidad. ¡Qué mejor noticia para la Argentina, la de saber que de nuevo puede subir en el tren de la historia!
Pero no. El Poder Ejecutivo y la mayoría parlamentaria que le es adicta ha resuelto que el país debe “desacoplarse”. Y decide soltar el vagón del tren que pasa por nuestra estación, eligiendo persistir en la triste mediocridad de la decadente grisitud.
Por supuesto, el mundo no nos espera. Seguirá su marcha.
Y por estos pagos, mediocres discursos impostados seguirán añorando la época del “granero del mundo”, invocando la mirada hacia el ayer, mientras los demás –no sólo desde lejos, apenas cruzando el río Uruguay, la Cordillera o el Iguazú- se suman con optimismo y pujanza a la traccionante economía global.
Hay, por supuesto, compatriotas con la mirada límpida y vocación de pioneros. El campo nos ha dado una muestra y la solidaridad recogida en las ciudades nos alienta con millones de argentinos que quieren la posibilidad de labrarse una vida próspera, en paz, apoyada en su esfuerzo, tranquilos de cualquier robo vergonzoso como el que el oficialismo ha resuelto cometer contra los productores apropiándose, sin aportar nada, de entre el 80 y el 100 % de su rentabilidad. Compatriotas que ven el mundo sin complejos y aceptan su desafío, se preparan y emprenden con decisión la lucha por la vida. En algún momento triunfarán, porque la historia está jugando a su favor.
Mientras tanto, es importante que mantengan en un rinconcito de su corazón, la llama de la esperanza. Ningún mal es eterno. El kirchnerismo tampoco, aunque lo apañe la mayoría del peronismo. Ya comenzó su decadencia. En poco tiempo, será simplemente una pesadilla más del pasado, a la que todos querremos olvidar lo más rápido posible.
No estaremos más “desacoplados”. Nos volveremos a “acoplar” al mundo que está construyendo la ciudad del futuro con la más formidable revolución científica y técnica de la historia de la humanidad, apoyados en nuestros principios de siempre.
Los ejes convocantes no nos resultarán extraños.
Frente al desquicio institucional, “constituir la unión nacional”.
Frente a los enfrentamientos trasnochados impulsados por el kirchnerismo, con las patotas de D’Elía y los gritos destemplados del Nerón criollo, “consolidar la paz interior”.
Frente al desmantelamiento de nuestra defensa invocando una historia falsaria, “proveer a la defensa común”.
Frente a la grosera manipulación de la justicia, el Consejo de la Magistratura amañado y las presiones a los jueces, “afianzar la justicia”,
Frente al desvergonzado clientelismo y la pobreza creciente y lascerante de cerca de diez millones de compatriotas, “promover el bienestar general”.
Y frente a las presiones a empresarios, políticos, periodistas, empleados, trabajadores, militares y dirigentes sociales, “asegurar los beneficios de la libertad”.
Agregando que, en un momento en que el mundo sigue levantando barreras que excluyen, seguimos manteniendo bien en alto la convocatoria de siempre, invitando a compartir nuestra aventura de futuro a “todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.
Ya falta poco. No perdamos la esperanza.
Ricardo Lafferriere
Quienes llevamos a cuestas varias décadas de vida hemos escuchado reiteradamente la añoranza de los tiempos en los que el mundo necesitaba un granero que le diera alimentos y la Argentina lo tenía, las buenas épocas de la ocupación del territorio, la llegada de los inmigrantes y el gran salto de nuestro país desde ser poco más que un desierto despoblado, a uno de los de mayor crecimiento en el planeta.
Y siempre el cuento terminaba con la década del 30, cuando el mundo comenzó a abastecerse solo, dejó de necesitarnos y nos obligó a la triste tarea de enfrentarnos cara a cara con nuestro destino. Ahí comenzó la decadencia... y nuestros altibajos.
Los números –descarnados- nos dicen que, en valores constantes, el ingreso por habitante de las primeras tres década del siglo XX es el mismo que el del primer lustro del siglo XXI, a tal punto nos golpeó que “el mundo” dejara de necesitarnos. Sólo el feliz interregno de Frondizi abrió una esperanza de cambio a tono con la época, que por esos años puso de moda la industrialización como camino al bienestar. De cualquier forma, el espasmo duró poco, hasta 1966, con el derrocamiento a Illia producido por mandos militares antiperonistas coaligados con sindicalistas peronistas vestidos al efecto de saco y corbata. Ahí volvimos a las andanzas, hasta que se cerró el círculo con la crisis de cambio de siglo, en que volvimos a la riqueza del comienzo.
Mientras tanto, en estas siete décadas, el ingreso por habitante de los chilenos de multiplicó por dos, el de los brasileños por cuatro, el de los franceses y españoles por seis, el de los ingleses por siete, el de los australianos por ocho y el de los norteamericanos por doce. La riqueza de cada argentino promedio, que en la década del 20 equivalía al 75 por ciento de la que disfrutaban los habitantes de los los países más desarrollados del mundo, hoy apenas alcanza al 10 %.
Y por acá seguimos añorando –y citando en los discursos altisonantes de todo el abanico político- las buenas épocas de la Argentina exitosa, que creció sobre la base de su producción de alimentos.
Fue un buen tiempo. Aunque a nuestra presidenta le quede la impresión –ya que sería atrevido decir “conocimiento”- de que la gente “se moría de hambre”, ninguna cifra de esos años llegó al grado de miseria que muestra nuestro país hoy, en pleno “reverdecer productivo” duhalde-kirchnerista. Ni siquiera los conventillos más sórdidos de La Boca o Barracas llegaban a la degradación que muestran hoy las villas kirchneristas del conurbano o la propia Capital Federal, totalmente olvidadas de toda preocupación del Estado (“inclusivo”, “popular”) por la educación de sus chicos, el cuidado de sus ancianos y las fuentes de ocupación para su población activa.
Pero la historia tiene sus vueltas. Después de pasar la locomotora del mundo por la industria bélica en los 50, por la producción automotriz en los 60, por los servicios en los 70 y 80 y últimamente por las tecnologías de la información a partir de los 90, nuevamente vuelve a ubicarse en el riel de los alimentos, abriendo de nuevo una posibilidad cerrada hace setenta años. Con un agregado: los alimentos de hoy ya no requieren trabajo embrutecedor, de sol a sol arrastrando el arado mancera en mañanas congelantes, o sobre rudimentarias cosechadoras tiradas a caballo bajo el sol abrasador. Hoy los alimentos son tecnología de vanguardia, biotecnología, maquinarias computarizadas, cultivos planificados hasta el detalle, cosechadoras conducidas a distancia con sistemas de posicionamiento global (GPS) y avanzadas técnicas de labranza para disminuir los riesgos del deterioro del suelo. Son pueblos dinámicos, agroindustria, laboratorios, ocupación del territorio, prosperidad. ¡Qué mejor noticia para la Argentina, la de saber que de nuevo puede subir en el tren de la historia!
Pero no. El Poder Ejecutivo y la mayoría parlamentaria que le es adicta ha resuelto que el país debe “desacoplarse”. Y decide soltar el vagón del tren que pasa por nuestra estación, eligiendo persistir en la triste mediocridad de la decadente grisitud.
Por supuesto, el mundo no nos espera. Seguirá su marcha.
Y por estos pagos, mediocres discursos impostados seguirán añorando la época del “granero del mundo”, invocando la mirada hacia el ayer, mientras los demás –no sólo desde lejos, apenas cruzando el río Uruguay, la Cordillera o el Iguazú- se suman con optimismo y pujanza a la traccionante economía global.
Hay, por supuesto, compatriotas con la mirada límpida y vocación de pioneros. El campo nos ha dado una muestra y la solidaridad recogida en las ciudades nos alienta con millones de argentinos que quieren la posibilidad de labrarse una vida próspera, en paz, apoyada en su esfuerzo, tranquilos de cualquier robo vergonzoso como el que el oficialismo ha resuelto cometer contra los productores apropiándose, sin aportar nada, de entre el 80 y el 100 % de su rentabilidad. Compatriotas que ven el mundo sin complejos y aceptan su desafío, se preparan y emprenden con decisión la lucha por la vida. En algún momento triunfarán, porque la historia está jugando a su favor.
Mientras tanto, es importante que mantengan en un rinconcito de su corazón, la llama de la esperanza. Ningún mal es eterno. El kirchnerismo tampoco, aunque lo apañe la mayoría del peronismo. Ya comenzó su decadencia. En poco tiempo, será simplemente una pesadilla más del pasado, a la que todos querremos olvidar lo más rápido posible.
No estaremos más “desacoplados”. Nos volveremos a “acoplar” al mundo que está construyendo la ciudad del futuro con la más formidable revolución científica y técnica de la historia de la humanidad, apoyados en nuestros principios de siempre.
Los ejes convocantes no nos resultarán extraños.
Frente al desquicio institucional, “constituir la unión nacional”.
Frente a los enfrentamientos trasnochados impulsados por el kirchnerismo, con las patotas de D’Elía y los gritos destemplados del Nerón criollo, “consolidar la paz interior”.
Frente al desmantelamiento de nuestra defensa invocando una historia falsaria, “proveer a la defensa común”.
Frente a la grosera manipulación de la justicia, el Consejo de la Magistratura amañado y las presiones a los jueces, “afianzar la justicia”,
Frente al desvergonzado clientelismo y la pobreza creciente y lascerante de cerca de diez millones de compatriotas, “promover el bienestar general”.
Y frente a las presiones a empresarios, políticos, periodistas, empleados, trabajadores, militares y dirigentes sociales, “asegurar los beneficios de la libertad”.
Agregando que, en un momento en que el mundo sigue levantando barreras que excluyen, seguimos manteniendo bien en alto la convocatoria de siempre, invitando a compartir nuestra aventura de futuro a “todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.
Ya falta poco. No perdamos la esperanza.
Ricardo Lafferriere
jueves, 26 de junio de 2008
Mercado persa
Así se conoce, en nuestro argot criollo, el cambalache en el que nada tiene precio y todo se regatea. Mecanismo comercial previo a la irrupción de la modernidad, lo único que lo sostiene es el interés recíproco de los contendientes, cada uno sabiendo lo que quiere defender y llegando –cuando se llega- a un acuerdo cuando las concesiones recíprocas alcanzan su límite.
“Móviles, hasta el 50 %”... “fijas, al 35”... “móviles, con un tope del 39...” o “35 fijas, y hasta el 39 imputables a ganancias”
¿La ley?, ¿la Constitución? ... pues, bien, gracias.
Ese mercado persa tiene un gran causante: la ausencia de un relato opositor coherente, con la coherencia y la convicción con que expresan el suyo los trasnochados –pero convencidos- voceros del gobierno (Pérsico, Ceballos, D’Elía, alguna diputada cuyo único mérito no es hablar de corrido sino ser “hija de desaparecidos” y puesta en una banca como tardía indemnización a su identidad robada y afortunadamente recobrada).
Incoherencia y pequeños cálculos es lo que muestra el fragmentado discurso político opositor, cada uno expresado con el temor de no quedar pescado “infragranti” en alguna contradicción histórica. Y es que, quizás, la mayoría, en el fondo, no tiene en este aspecto tanta diferencia con la propuesta del gobierno, salvo en el decisivo asunto de no quedar pegado con el oficialismo frente a la sana rebelión popular.
Es que el contradictorio no está bien planteado si se lo ubica en el escenario. El verdadero conflicto está en la violación del contrato constitucional por un escalón dirigencial histórico fiel a una ideología en la que muchos abrevaron, que justifica la transgresión a los límites constitucionales frente a lo que cada uno considere o haya considerado una “situación de excepción”.
Eso no sería censurable, a condición de saber analizar la realidad con la mente abierta y la disposición a la comprensión del error. Quien esto escribe, alguna vez, hace muchos años, desde la política, sostuvo con honestidad la conveniencia de las retenciones. Aunque entonces fueran por corto lapso y bucaran neutralizar el efecto directo de una devaluación en el poder adquisito del salario, confiesa hoy su error, y sostiene que un análisis profundo indica la sustancial inequidad de semejante tributo. Esa inequidad se transforma en iniquidad en estos momentos, en el que el país podría dar un gran salto adelante incentivando su producción de alimentos, y se persiste en una gabela que aplasta la producción, a tono con una política fuera de época cuyo “mérito” (¡expresado con orgullo!...) es producir el “desacople” de nuestro sector más competitivo de una economía mundial en expansión, justamente traccionada por ese sector...
Cálculos robustos indican que la retención actual, con los valores internacionales actuales de la soja y los actuales costos de producción implican una tasa implícita de impuesto a las ganancias del... ¡85,7 % para un pequeño productor que obtenga un “rinde” de 30 quintales por ha, y del 78 % para un productor grande que obtenga uno de 50!
La tasa sigue siendo enorme (supera el 70 % en ambos casos) si al cálculo le reducimos el impuesto a las ganancias a un nivel 0. Es decir: aunque el productor no pagara impuesto a las ganancias, las retenciones le están confiscando más del doble de lo aceptado por la Corte como límite para no convertir una gabela en “confiscatoria” y caer en la sanción del artículo 17 de la Constitución Nacional. En el marco legal argentino, con el actual nivel de costos de producción y de precios internacionales, la única “retención” que no superaría ese límite sería una de aproximadamente 15 %, imputable a ganancias y en cuanto esas ganancias realmente existieran. Seguiría siendo inconstitucional, sin embargo, por su origen –delegación de facultes impositivas en el Ejecutivo- y por afectar las finanzas provinciales al reducir la masa coparticipable.
Si esta tasa es pasmosa en cualquier economía –Chile tiene un impuesto a ganancias del 16%, Uruguay del 30, Estados Unidos e Italia, los más altos del mundo, 40 %-, se hace patética si vemos que en nuestro entorno regional Brasil acaba de aprobar fondos subsidiados por CIEN MIL MILLONES DE DÓLARES para incentivar su producción de alimentos, y Uruguay nos ha sobrepasado ya en exportación de carnes, sin tener retenciones y, por el contrario, promoviendo especialmente los insumos –fertilizantes, semillas y maquinarias- a los productores agropecuarios, a fin de impulsar su producción exportable. Y –contradiciendo el argumento oficial- sin que el precio de la carne para consumo interno se haya elevado, sino mantenido por el mercado en los mismos niveles que en Argentina.
Son, además, regresivas (golpean más a los pequeños que a los grandes en cerca de un 10 %), impulsan por ello la concentración de la producción en grandes capitales, y desestimulan cultivos alternativos.
¿Por qué estos argumentos no forman parte del discurso opositor? ¿Por qué no vemos masivamente a dirigentes del PRO, de la UCR o de la CC sosteniendo con claridad esa ilegalidad esencial de las retenciones, que destrozan el capital de trabajo, violan derechos de los ciudadanos, niegan las facultades constitucionales del Congreso y se apropian, también contra las normas expresas de la Constitución Nacional de recursos provinciales?
Es entendible que la dirigencia del sector agropecuario acepte el debate del “mercado persa”. En última instancia, lo que le interesa en forma directa es defender a sus representados y eso no está mal. No es entendible, sin embargo, que las principales figuras opositoras no agreguen luz a este debate escapando del “corralito” de las transacciones, y reclamen, con claridad y transparencia, la vigencia integral de la Constitución Nacional, y en lugar de ese discurso cristalino se dediquen a inventar nuevas alquimias con que diferenciarse del gobierno, pero sin llegar al “extremo” de reconocer su ilegalidad.
Claramente, no hay “retenciones” malas o buenas, según su nivel. Las retenciones son inconstitucionales. Aunque antes las hubiera aplicado Frondizi, Onganía, Perón, Alfonsín o Duhalde. Como no hay “inflación” buena, cuando es poquita, y “mala” cuando es grande. No se puede ser “un poquito” ladrón y en consecuencia, estar éticamente “más” justificado o “menos” condenado. Así como la inflación implica apropiarse ilegítimamente de ingresos ajenos a través de la manipulación de la moneda y de los precios relativos, las retenciones implican apropiarse ilegítimamente de ingresos ajenos a través de un impuesto que el Estado no está facultado a aplicar, en el marco de esta Constitución Nacional. Aunque antes todos lo hubieramos hecho y casi todos lo hubieran aceptado. Simplemente, porque afectan derechos de los ciudadanos que éstos no han delegado en el Estado.
Hoy estamos pasando en limpio el país del futuro y empezando una nueva construcción nacional. Arreglemos los cimientos del edificio, según las normas, las buenas normas. Entremos al mundo sin intentar inventar la pólvora. Aprovechemos una situación internacional que nos permite crecer sin hacer trampas a los demás, y tampoco a nosotros mismos. En muy pocos años podríamos volver a estar entre los primeros, en lugar de seguir decayendo y neutralizándonos en discusiones sobre el pasado, o en el mercado persa del momento.
Ricardo Lafferriere
http://www.ricardolafferriere.com.ar/
ricardo.lafferriere@gmail.com
“Móviles, hasta el 50 %”... “fijas, al 35”... “móviles, con un tope del 39...” o “35 fijas, y hasta el 39 imputables a ganancias”
¿La ley?, ¿la Constitución? ... pues, bien, gracias.
Ese mercado persa tiene un gran causante: la ausencia de un relato opositor coherente, con la coherencia y la convicción con que expresan el suyo los trasnochados –pero convencidos- voceros del gobierno (Pérsico, Ceballos, D’Elía, alguna diputada cuyo único mérito no es hablar de corrido sino ser “hija de desaparecidos” y puesta en una banca como tardía indemnización a su identidad robada y afortunadamente recobrada).
Incoherencia y pequeños cálculos es lo que muestra el fragmentado discurso político opositor, cada uno expresado con el temor de no quedar pescado “infragranti” en alguna contradicción histórica. Y es que, quizás, la mayoría, en el fondo, no tiene en este aspecto tanta diferencia con la propuesta del gobierno, salvo en el decisivo asunto de no quedar pegado con el oficialismo frente a la sana rebelión popular.
Es que el contradictorio no está bien planteado si se lo ubica en el escenario. El verdadero conflicto está en la violación del contrato constitucional por un escalón dirigencial histórico fiel a una ideología en la que muchos abrevaron, que justifica la transgresión a los límites constitucionales frente a lo que cada uno considere o haya considerado una “situación de excepción”.
Eso no sería censurable, a condición de saber analizar la realidad con la mente abierta y la disposición a la comprensión del error. Quien esto escribe, alguna vez, hace muchos años, desde la política, sostuvo con honestidad la conveniencia de las retenciones. Aunque entonces fueran por corto lapso y bucaran neutralizar el efecto directo de una devaluación en el poder adquisito del salario, confiesa hoy su error, y sostiene que un análisis profundo indica la sustancial inequidad de semejante tributo. Esa inequidad se transforma en iniquidad en estos momentos, en el que el país podría dar un gran salto adelante incentivando su producción de alimentos, y se persiste en una gabela que aplasta la producción, a tono con una política fuera de época cuyo “mérito” (¡expresado con orgullo!...) es producir el “desacople” de nuestro sector más competitivo de una economía mundial en expansión, justamente traccionada por ese sector...
Cálculos robustos indican que la retención actual, con los valores internacionales actuales de la soja y los actuales costos de producción implican una tasa implícita de impuesto a las ganancias del... ¡85,7 % para un pequeño productor que obtenga un “rinde” de 30 quintales por ha, y del 78 % para un productor grande que obtenga uno de 50!
La tasa sigue siendo enorme (supera el 70 % en ambos casos) si al cálculo le reducimos el impuesto a las ganancias a un nivel 0. Es decir: aunque el productor no pagara impuesto a las ganancias, las retenciones le están confiscando más del doble de lo aceptado por la Corte como límite para no convertir una gabela en “confiscatoria” y caer en la sanción del artículo 17 de la Constitución Nacional. En el marco legal argentino, con el actual nivel de costos de producción y de precios internacionales, la única “retención” que no superaría ese límite sería una de aproximadamente 15 %, imputable a ganancias y en cuanto esas ganancias realmente existieran. Seguiría siendo inconstitucional, sin embargo, por su origen –delegación de facultes impositivas en el Ejecutivo- y por afectar las finanzas provinciales al reducir la masa coparticipable.
Si esta tasa es pasmosa en cualquier economía –Chile tiene un impuesto a ganancias del 16%, Uruguay del 30, Estados Unidos e Italia, los más altos del mundo, 40 %-, se hace patética si vemos que en nuestro entorno regional Brasil acaba de aprobar fondos subsidiados por CIEN MIL MILLONES DE DÓLARES para incentivar su producción de alimentos, y Uruguay nos ha sobrepasado ya en exportación de carnes, sin tener retenciones y, por el contrario, promoviendo especialmente los insumos –fertilizantes, semillas y maquinarias- a los productores agropecuarios, a fin de impulsar su producción exportable. Y –contradiciendo el argumento oficial- sin que el precio de la carne para consumo interno se haya elevado, sino mantenido por el mercado en los mismos niveles que en Argentina.
Son, además, regresivas (golpean más a los pequeños que a los grandes en cerca de un 10 %), impulsan por ello la concentración de la producción en grandes capitales, y desestimulan cultivos alternativos.
¿Por qué estos argumentos no forman parte del discurso opositor? ¿Por qué no vemos masivamente a dirigentes del PRO, de la UCR o de la CC sosteniendo con claridad esa ilegalidad esencial de las retenciones, que destrozan el capital de trabajo, violan derechos de los ciudadanos, niegan las facultades constitucionales del Congreso y se apropian, también contra las normas expresas de la Constitución Nacional de recursos provinciales?
Es entendible que la dirigencia del sector agropecuario acepte el debate del “mercado persa”. En última instancia, lo que le interesa en forma directa es defender a sus representados y eso no está mal. No es entendible, sin embargo, que las principales figuras opositoras no agreguen luz a este debate escapando del “corralito” de las transacciones, y reclamen, con claridad y transparencia, la vigencia integral de la Constitución Nacional, y en lugar de ese discurso cristalino se dediquen a inventar nuevas alquimias con que diferenciarse del gobierno, pero sin llegar al “extremo” de reconocer su ilegalidad.
Claramente, no hay “retenciones” malas o buenas, según su nivel. Las retenciones son inconstitucionales. Aunque antes las hubiera aplicado Frondizi, Onganía, Perón, Alfonsín o Duhalde. Como no hay “inflación” buena, cuando es poquita, y “mala” cuando es grande. No se puede ser “un poquito” ladrón y en consecuencia, estar éticamente “más” justificado o “menos” condenado. Así como la inflación implica apropiarse ilegítimamente de ingresos ajenos a través de la manipulación de la moneda y de los precios relativos, las retenciones implican apropiarse ilegítimamente de ingresos ajenos a través de un impuesto que el Estado no está facultado a aplicar, en el marco de esta Constitución Nacional. Aunque antes todos lo hubieramos hecho y casi todos lo hubieran aceptado. Simplemente, porque afectan derechos de los ciudadanos que éstos no han delegado en el Estado.
Hoy estamos pasando en limpio el país del futuro y empezando una nueva construcción nacional. Arreglemos los cimientos del edificio, según las normas, las buenas normas. Entremos al mundo sin intentar inventar la pólvora. Aprovechemos una situación internacional que nos permite crecer sin hacer trampas a los demás, y tampoco a nosotros mismos. En muy pocos años podríamos volver a estar entre los primeros, en lugar de seguir decayendo y neutralizándonos en discusiones sobre el pasado, o en el mercado persa del momento.
Ricardo Lafferriere
http://www.ricardolafferriere.com.ar/
ricardo.lafferriere@gmail.com
Un partido para el cambio de modelo
Las repetidas alusiones de la presidenta sobre las diferencias entre su “modelo” y el que presumiblemente defendería el campo la han llevado a insistir, en los últimos tiempos, en una nueva cantinela que comienza a ser reiterativa: la de instarlos a formar un partido político con ese fin.
El razonamiento de la señora presidenta, sin embargo, enfoca la cuestión en forma equivocada. No se ha leído en ningún reclamo del campo un pedido de “cambio de modelo”, si por tal entendemos el establecido por las normas constitucionales que nos rigen. Y por el contrario, la sospecha más grande es que, quien quiere un cambio de “modelo” sin tener legitimidad para hacerlo, es la propia presidenta.
“¿Cómo es eso?!, increparía seguramente ella de inmediato. “¡si nosotros ganamos las elecciones!...”
Exacto. Ganaron las elecciones. Eso significa que compitieron por la administración del país en el marco establecido por la Constitución y las leyes. En su propuesta electoral en ningún momento reclamaron un “cambio de modelo”, y al asumir, juró “por Dios, la Patria y ante los Santos Evangelios” respetar y hacer respetar sus normas.
Entre esas normas, existe una que establece el procedimiento para su propia reforma: ella debe conocerlas, no sólo porque es abogada sino porque fue integrante de la Convención Reformadora de 1994.
Volvamos al razonamiento: la resolución de las retenciones, que tanto ruido ha hecho en los últimos tiempos, no tiene fundamento constitucional, es decir, fue dictada al margen del “modelo”. Esto, al parecer, no le interesa demasiado a muchos legisladores, ni siquiera a muchos gobernadores. Sin embargo, no forma parte de un acuerdo que deba gestarse entre los funcionarios, cualquiera sea su lugar en el organigrama público, porque no se trata de distribución de competencias entre ellos: afecta al contrato fundamental entre el poder y los ciudadanos.
En nuestro sistema político, la base del poder es cada ciudadano. Todos los argentinos que ostenten esta categoría, en conjunto, forman “el pueblo”. Ese “pueblo”, por su ley fundamental, delega parcelas de su libertad originaria –“todos los hombres nacen libres e iguales...”- en el poder, bajo las condiciones que se establecen en la Constitución. Todas sus demás potestades y derechos quedan reservados por sus titulares originarios –los ciudadanos, como células básicas, y el “pueblo”, como entidad política que los abarca a todos-, por el artículo 32 de la Constitución.
Si el poder avanza sobre los derechos de los ciudadanos, se rompe el contrato constitucional, se rompe el “modelo”, como le gustaría decir a la señora presidenta.
Los hombres de campo –y quienes los han acompañado en sus reclamos en estos meses- no están pidiendo que se cambie ese modelo. Por el contrario, su reclamo ha sido muy claro: quieren que se lo respete.
Y, al contrario, quien ha pretendido cambiar el “modelo” sin tener facultades legítimas para hacerlo, es la propia señora presidenta, a quien cabría reclamarle que, si realmente quiere cambiar el modelo vigente, que presente el proyecto de reforma constitucional estableciendo otras bases, las que integran su propuesta.
Podrá así, por ejemplo, proponer reformas que anulen la prohibición de la confiscatoriedad, pongan mayores límites al derecho de propiedad, reduzcan las facultades del Congreso y las transfirieran al Ejecutivo, dispongan que los Jueces no tienen independencia ni estabilidad cuando pierden la confianza del poder, limiten la libertad de prensa, concentren la capacidad de disposición de recursos en el poder ejecutivo nacional con el correlativo vaciamiento del federalismo, y hasta deroguen la imputabilidad de los funcionarios en casos corrupción, entre otras cosas.
Si los ciudadanos –y el “pueblo”- votan esas reformas, la señora presidenta tendrá legitimidad para seguir haciendo lo que hace, y –entonces sí- los hombres del campo y quienes los acompañan deberían formar una fuerza política para volver al “modelo” cuya vigencia efectiva hoy reclaman. Porque el que está vigente por la Constitución, no es el que se está aplicando por la presidenta.
No es, entonces, el campo, el que tiene hoy que formar un partido para cambiar un modelo con el que está conforme. Es la presidenta, que pretende cambiar ese “modelo” sin tener facultades para hacerlo, la que en todo caso debe hacerlo.
Entonces, señora presidenta: si quiere cambiar su modelo, pues forme usted un partido político, o utilice el que ya tiene, proponga su proyecto al Congreso, y si obtiene los 2/3 de cada Cámara, convoque a una Convención Constituyente para hacerlo.
Si no, limítese a lo que son sus facultades. Gobierne según las normas de la ley. Y respete a los ciudadanos, que son sus mandantes y no sus súbditos, cuando éstos, en legítima defensa de sus derechos, le piden –aún teniendo derecho a exigirlo- que cumpla usted con la Constitución que juró respetar.
Ricardo Lafferriere
www.ricardolafferriere.com.ar
ricardo.lafferriere@gmail.com
El razonamiento de la señora presidenta, sin embargo, enfoca la cuestión en forma equivocada. No se ha leído en ningún reclamo del campo un pedido de “cambio de modelo”, si por tal entendemos el establecido por las normas constitucionales que nos rigen. Y por el contrario, la sospecha más grande es que, quien quiere un cambio de “modelo” sin tener legitimidad para hacerlo, es la propia presidenta.
“¿Cómo es eso?!, increparía seguramente ella de inmediato. “¡si nosotros ganamos las elecciones!...”
Exacto. Ganaron las elecciones. Eso significa que compitieron por la administración del país en el marco establecido por la Constitución y las leyes. En su propuesta electoral en ningún momento reclamaron un “cambio de modelo”, y al asumir, juró “por Dios, la Patria y ante los Santos Evangelios” respetar y hacer respetar sus normas.
Entre esas normas, existe una que establece el procedimiento para su propia reforma: ella debe conocerlas, no sólo porque es abogada sino porque fue integrante de la Convención Reformadora de 1994.
Volvamos al razonamiento: la resolución de las retenciones, que tanto ruido ha hecho en los últimos tiempos, no tiene fundamento constitucional, es decir, fue dictada al margen del “modelo”. Esto, al parecer, no le interesa demasiado a muchos legisladores, ni siquiera a muchos gobernadores. Sin embargo, no forma parte de un acuerdo que deba gestarse entre los funcionarios, cualquiera sea su lugar en el organigrama público, porque no se trata de distribución de competencias entre ellos: afecta al contrato fundamental entre el poder y los ciudadanos.
En nuestro sistema político, la base del poder es cada ciudadano. Todos los argentinos que ostenten esta categoría, en conjunto, forman “el pueblo”. Ese “pueblo”, por su ley fundamental, delega parcelas de su libertad originaria –“todos los hombres nacen libres e iguales...”- en el poder, bajo las condiciones que se establecen en la Constitución. Todas sus demás potestades y derechos quedan reservados por sus titulares originarios –los ciudadanos, como células básicas, y el “pueblo”, como entidad política que los abarca a todos-, por el artículo 32 de la Constitución.
Si el poder avanza sobre los derechos de los ciudadanos, se rompe el contrato constitucional, se rompe el “modelo”, como le gustaría decir a la señora presidenta.
Los hombres de campo –y quienes los han acompañado en sus reclamos en estos meses- no están pidiendo que se cambie ese modelo. Por el contrario, su reclamo ha sido muy claro: quieren que se lo respete.
Y, al contrario, quien ha pretendido cambiar el “modelo” sin tener facultades legítimas para hacerlo, es la propia señora presidenta, a quien cabría reclamarle que, si realmente quiere cambiar el modelo vigente, que presente el proyecto de reforma constitucional estableciendo otras bases, las que integran su propuesta.
Podrá así, por ejemplo, proponer reformas que anulen la prohibición de la confiscatoriedad, pongan mayores límites al derecho de propiedad, reduzcan las facultades del Congreso y las transfirieran al Ejecutivo, dispongan que los Jueces no tienen independencia ni estabilidad cuando pierden la confianza del poder, limiten la libertad de prensa, concentren la capacidad de disposición de recursos en el poder ejecutivo nacional con el correlativo vaciamiento del federalismo, y hasta deroguen la imputabilidad de los funcionarios en casos corrupción, entre otras cosas.
Si los ciudadanos –y el “pueblo”- votan esas reformas, la señora presidenta tendrá legitimidad para seguir haciendo lo que hace, y –entonces sí- los hombres del campo y quienes los acompañan deberían formar una fuerza política para volver al “modelo” cuya vigencia efectiva hoy reclaman. Porque el que está vigente por la Constitución, no es el que se está aplicando por la presidenta.
No es, entonces, el campo, el que tiene hoy que formar un partido para cambiar un modelo con el que está conforme. Es la presidenta, que pretende cambiar ese “modelo” sin tener facultades para hacerlo, la que en todo caso debe hacerlo.
Entonces, señora presidenta: si quiere cambiar su modelo, pues forme usted un partido político, o utilice el que ya tiene, proponga su proyecto al Congreso, y si obtiene los 2/3 de cada Cámara, convoque a una Convención Constituyente para hacerlo.
Si no, limítese a lo que son sus facultades. Gobierne según las normas de la ley. Y respete a los ciudadanos, que son sus mandantes y no sus súbditos, cuando éstos, en legítima defensa de sus derechos, le piden –aún teniendo derecho a exigirlo- que cumpla usted con la Constitución que juró respetar.
Ricardo Lafferriere
www.ricardolafferriere.com.ar
ricardo.lafferriere@gmail.com
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