Mercado persa

Así se conoce, en nuestro argot criollo, el cambalache en el que nada tiene precio y todo se regatea. Mecanismo comercial previo a la irrupción de la modernidad, lo único que lo sostiene es el interés recíproco de los contendientes, cada uno sabiendo lo que quiere defender y llegando –cuando se llega- a un acuerdo cuando las concesiones recíprocas alcanzan su límite.
“Móviles, hasta el 50 %”... “fijas, al 35”... “móviles, con un tope del 39...” o “35 fijas, y hasta el 39 imputables a ganancias”
¿La ley?, ¿la Constitución? ... pues, bien, gracias.
Ese mercado persa tiene un gran causante: la ausencia de un relato opositor coherente, con la coherencia y la convicción con que expresan el suyo los trasnochados –pero convencidos- voceros del gobierno (Pérsico, Ceballos, D’Elía, alguna diputada cuyo único mérito no es hablar de corrido sino ser “hija de desaparecidos” y puesta en una banca como tardía indemnización a su identidad robada y afortunadamente recobrada).
Incoherencia y pequeños cálculos es lo que muestra el fragmentado discurso político opositor, cada uno expresado con el temor de no quedar pescado “infragranti” en alguna contradicción histórica. Y es que, quizás, la mayoría, en el fondo, no tiene en este aspecto tanta diferencia con la propuesta del gobierno, salvo en el decisivo asunto de no quedar pegado con el oficialismo frente a la sana rebelión popular.
Es que el contradictorio no está bien planteado si se lo ubica en el escenario. El verdadero conflicto está en la violación del contrato constitucional por un escalón dirigencial histórico fiel a una ideología en la que muchos abrevaron, que justifica la transgresión a los límites constitucionales frente a lo que cada uno considere o haya considerado una “situación de excepción”.
Eso no sería censurable, a condición de saber analizar la realidad con la mente abierta y la disposición a la comprensión del error. Quien esto escribe, alguna vez, hace muchos años, desde la política, sostuvo con honestidad la conveniencia de las retenciones. Aunque entonces fueran por corto lapso y bucaran neutralizar el efecto directo de una devaluación en el poder adquisito del salario, confiesa hoy su error, y sostiene que un análisis profundo indica la sustancial inequidad de semejante tributo. Esa inequidad se transforma en iniquidad en estos momentos, en el que el país podría dar un gran salto adelante incentivando su producción de alimentos, y se persiste en una gabela que aplasta la producción, a tono con una política fuera de época cuyo “mérito” (¡expresado con orgullo!...) es producir el “desacople” de nuestro sector más competitivo de una economía mundial en expansión, justamente traccionada por ese sector...
Cálculos robustos indican que la retención actual, con los valores internacionales actuales de la soja y los actuales costos de producción implican una tasa implícita de impuesto a las ganancias del... ¡85,7 % para un pequeño productor que obtenga un “rinde” de 30 quintales por ha, y del 78 % para un productor grande que obtenga uno de 50!
La tasa sigue siendo enorme (supera el 70 % en ambos casos) si al cálculo le reducimos el impuesto a las ganancias a un nivel 0. Es decir: aunque el productor no pagara impuesto a las ganancias, las retenciones le están confiscando más del doble de lo aceptado por la Corte como límite para no convertir una gabela en “confiscatoria” y caer en la sanción del artículo 17 de la Constitución Nacional. En el marco legal argentino, con el actual nivel de costos de producción y de precios internacionales, la única “retención” que no superaría ese límite sería una de aproximadamente 15 %, imputable a ganancias y en cuanto esas ganancias realmente existieran. Seguiría siendo inconstitucional, sin embargo, por su origen –delegación de facultes impositivas en el Ejecutivo- y por afectar las finanzas provinciales al reducir la masa coparticipable.
Si esta tasa es pasmosa en cualquier economía –Chile tiene un impuesto a ganancias del 16%, Uruguay del 30, Estados Unidos e Italia, los más altos del mundo, 40 %-, se hace patética si vemos que en nuestro entorno regional Brasil acaba de aprobar fondos subsidiados por CIEN MIL MILLONES DE DÓLARES para incentivar su producción de alimentos, y Uruguay nos ha sobrepasado ya en exportación de carnes, sin tener retenciones y, por el contrario, promoviendo especialmente los insumos –fertilizantes, semillas y maquinarias- a los productores agropecuarios, a fin de impulsar su producción exportable. Y –contradiciendo el argumento oficial- sin que el precio de la carne para consumo interno se haya elevado, sino mantenido por el mercado en los mismos niveles que en Argentina.
Son, además, regresivas (golpean más a los pequeños que a los grandes en cerca de un 10 %), impulsan por ello la concentración de la producción en grandes capitales, y desestimulan cultivos alternativos.
¿Por qué estos argumentos no forman parte del discurso opositor? ¿Por qué no vemos masivamente a dirigentes del PRO, de la UCR o de la CC sosteniendo con claridad esa ilegalidad esencial de las retenciones, que destrozan el capital de trabajo, violan derechos de los ciudadanos, niegan las facultades constitucionales del Congreso y se apropian, también contra las normas expresas de la Constitución Nacional de recursos provinciales?
Es entendible que la dirigencia del sector agropecuario acepte el debate del “mercado persa”. En última instancia, lo que le interesa en forma directa es defender a sus representados y eso no está mal. No es entendible, sin embargo, que las principales figuras opositoras no agreguen luz a este debate escapando del “corralito” de las transacciones, y reclamen, con claridad y transparencia, la vigencia integral de la Constitución Nacional, y en lugar de ese discurso cristalino se dediquen a inventar nuevas alquimias con que diferenciarse del gobierno, pero sin llegar al “extremo” de reconocer su ilegalidad.
Claramente, no hay “retenciones” malas o buenas, según su nivel. Las retenciones son inconstitucionales. Aunque antes las hubiera aplicado Frondizi, Onganía, Perón, Alfonsín o Duhalde. Como no hay “inflación” buena, cuando es poquita, y “mala” cuando es grande. No se puede ser “un poquito” ladrón y en consecuencia, estar éticamente “más” justificado o “menos” condenado. Así como la inflación implica apropiarse ilegítimamente de ingresos ajenos a través de la manipulación de la moneda y de los precios relativos, las retenciones implican apropiarse ilegítimamente de ingresos ajenos a través de un impuesto que el Estado no está facultado a aplicar, en el marco de esta Constitución Nacional. Aunque antes todos lo hubieramos hecho y casi todos lo hubieran aceptado. Simplemente, porque afectan derechos de los ciudadanos que éstos no han delegado en el Estado.
Hoy estamos pasando en limpio el país del futuro y empezando una nueva construcción nacional. Arreglemos los cimientos del edificio, según las normas, las buenas normas. Entremos al mundo sin intentar inventar la pólvora. Aprovechemos una situación internacional que nos permite crecer sin hacer trampas a los demás, y tampoco a nosotros mismos. En muy pocos años podríamos volver a estar entre los primeros, en lugar de seguir decayendo y neutralizándonos en discusiones sobre el pasado, o en el mercado persa del momento.


Ricardo Lafferriere
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