Por favor, señora presidenta, ¡reaccione!

Hace algún tiempo y por diversos medios, se transmitió la sospecha sobre su título de abogada, de las que el autor no se hizo eco en las diversas columnas publicadas. Sin embargo, insistió en repetidas ocasiones en reclamarle más apego a la letra de la Constitución y alertó sobre la dudosa coherencia de manifestarse “kelseniana” –en ocasión de dirigirse al Congreso- y la asunción de potestades que ni la Constitución ni la Ley le otorgan.
Ahora ha vuelto usted a repetir el error, magnificado luego por su Jefe de Gabinete. En Roma, le pareció mal que “capitales financieros” obtuvieran una rentabilidad “del 35 % en seis meses”, dijo usted en una reunión mundial por la crisis de alimentos, achacando la actual suba de precios a la “especulación financiera” antes la atónita mirada de quienes la escuchaban. Y al día siguiente, su Jefe de Gabinete alegó la imposibilidad de análisis judicial de la resolución que aplica las retenciones, porque se trataría de una “medida de gobierno”, que no podría ser “judiciable”. En su último discurso, vuelve usted a referirse a “los que han ganado mucho” y por eso pueden vivir “tres meses sin trabajar”. Su marido, por su parte, insistió en Chubut en insultar a una enorme cantidad de compatriotas que la votaron en la última elección. Les pide que se arrodillen ante él, pidiéndole perdón. Según él, son “oligarcas” y “extorsionadores”, que “ganan mucho”.
Vamos por parte.
Ha dicho usted hace un tiempo que la “redistribución del ingreso” –a la que estaría obligada por sus principios- no podría hacerse “sin sacarle a los que tienen”. Afirmación aceptable. ¿Dónde está el problema? Pues, en las facultades y límites que le da la Constitución y la ley para hacerlo. Éstas surgen del artículo 99 de la Constitución, y las del Congreso en el artículo 75. Del juego de esas dos normas surgen las potestades políticas del Estado sobre los derechos de los ciudadanos, definidos antes, mucho antes, en los artículos 14 a 32 de la misma Constitución.
Con un agregado: cualquier poder residual corresponde a los ciudadanos –y no al Estado- según la letra terminante del artículo 33: “Las declaraciones, derechos y garantias que enumera la Constitucion, no seran entendidos como negacion de otros derechos y garantias no enumerados; pero que nacen del principio de la soberania del pueblo y de la forma republicana de gobierno.
Del juego de estas normas surge claramente que sus facultades no son omnímodas, sino sólo las que el pueblo ha delegado en usted, como titular de una función política. “Redistribuir el ingreso” está bien. Es más: la obliga a ello el artículo 14 bis, que determina las prioridades. Y el resto del articulado le fija las herramientas impositivas (los impuestos directos e indirectos), el procedimiento para aplicarlos (la ley de presupuesto) y los límites a su accionar.
¿Cuáles son esos límites? Pues la misma Constitución los establece. El artículo 14, que define y garantiza el derecho de propiedad, sus alcances y sus límites. El artículo 75, incs. 1 y 2, que establecen las facultades impositivas del Congreso. El artículo 76, que prohibe la delegación legislativa. El artículo 8º transitorio, que hace caducar a los cinco años desde 1994 toda las delegaciones anteriores. La jurisprudencia pacífica de la Corte, que establece en el 33 % de la base imponible el máximo permitido para la carga impositiva, bajo sanción de convertirse en “confiscatoria” y caer en la sanción del artículo 17 de la Constitución. Y en la igualdad, “base de los impuestos y las cargas públicas” –art. 16 CN-, que no se respeta si se concentra en un sector una carga que no tienen los demás –como el sector financiero, o el sector rentista u el hotelero, como lo puede observar con los ingresos de su propio emprendimiento en El Calafate-.
Imagine por un momento cómo se sentíra usted misma si a la tarifa de USD 4.958 por dos personas–seis días de su Hotel “Casa los Sauces” (www.casalossauces.com), o sea alrededor de $ 15.000 por semana, o sea $ 60.000 por mes, o sea $ 360.000 por semestre por UNA HABITACIÓN, el Estado decidiera “retenerle” el 44 % de la tarifa bruta (o sea $ 158.400) además de ganancias, ingresos brutos, y todos los impuestos y aportes previsionales porque decide que está ganando demasiado con el turismo internacional, obteniendo una “renta” exagerada de acuerdo a su inversión al aprovechar los beneficios de la pesificación y de los escenarios naturales, cobrando en dólares. Sería escandaloso y seguramente como abogada sabría defender la causa ante los tribunales, alegando la inconstitucionalidad. Y tendría razón.
A propósito: quizás debiera usted saber que para obtener un ingreso bruto equivalente al de una habitación de su hotel en seis meses, un productor debe obtener, en los promedios de rendimiento de Entre Ríos, por ejemplo, una cosecha exitosa de no menos de Ciento veinte hectáreas.
Destaco: Una habitación de su hotel, Ciento veinte hectáreas de soja.
Si a usted le molestaría que el gobierno le “retuviera” el 44 % de su ingreso bruto, imagínese si además de tender las camas y limpiar el piso hubiera tenido que arar, sembrar, fertilizar, cuidar, cosechar, comprar semillas, comprar gasoil, y luego, vender a un precio que es incierto, por la acción del gobierno y del propio mercado. Y luego de todo, pagar impuestos y aportes...
No se trata entonces, señora, de que un sector no obedece una legítima decisión suya. Es usted la que pretende hacer pasar por legítima una decisión ilegal, y pretende que se la obedezca, como si fuera Luis XIV. Señora, por favor, ¡reaccione!...
No es usted como presidenta, –mucho menos su marido- la “propietaria” del país, como los “gobernadores-propietarios” de los tiempos oscuros de la Colonia, con potestad para decidir según su discrecionalidad cuánto puede ganar una persona en una actividad lícita. Es una funcionaria de una Nación que ha elegido vivir en un sistema “representativo, republicano y federal” sobre la base de una Ley Fundamental que usted ha jurado respetar.
Esta definición, que apoya en los ciudadanos todas las facultades del Estado, cuenta con una última garantía, presente en forma continua: la independencia total de la justicia y la garantía que la justicia brinda a todos y cada uno de los argentinos de que sus derechos no serán violados por el poder. La pretensión del Jefe de Gabinete de que la sola autocalificación de una medida de gobierno como una decisión “política, que no puede –por ello- ser judiciable”, es tan absurda como pretender que la Justicia no pueda valorar cuándo han sido afectados derechos de las personas que están encima, muy por encima, de cualquier decisión, voluntad, intención o pretensión de los funcionarios. Con ese razonamiento, podría detener personas, confiscar bienes, apropiarse de fondos públicos... diciendo que son “medidas políticas” y pretendiendo indemnidad. Y la justicia, señora, hasta ahora y en los casos en que han sido sometidos a su decisión ha declarado ya la insconstitucionalidad de la resolución de su ex ministro que impuso las “retenciones moviles”.
Entonces, señora, ¿no sería bueno que releyera los viejos libros de Derecho Constitucional de sus épocas de alumna de la Facultad de Derecho en La Plata? Y de paso, ¿no le parece que sería bueno, también, releer a su admirado Kelsen, repasar la “pirámide”, recordar la fulminante ilegalidad que conllevan las decisiones políticas que son tomadas por funcionarios u órganos sin facultad para hacerlo? ¿No recuerda la definición de las condiciones que requieren las decisiones –individuales o colectivas- de un sujeto público para ser productor de normas jurídicas válidas? ¿No resuenan en su memoria las advertencias de que, por fuera del orden jurídico de la “Teoría Pura del Derecho”, el peligro es que las referencias de valor de las normas se atribuyan, como en épocas inquisitoriales o premodernas, a los valores religiosos, a la pura violencia, a los caprichos o a la ideología, en desmedro del derecho y de las personas?
La hemos escuchado, señora, referirse en distintas ocasiones a la necesidad de ingresar definitivamente en la modernidad. Es imposible no coincidir con este propósito. La modernidad conlleva el respeto a la ley, la ausencia de atajos institucionales, la valoración igualitaria ante la ley del individuo –que la democracia convierte en “ciudadano”-. A partir de allí, todo es posible.
Cierto es que la modernidad genera sus propios conflictos, otras desigualdades y nuevas injusticias. Ulrich Beck advierte sobre estos problemas, los “dilemas” de la modernidad y alerta sobre la tentación de atacarlos retrocediendo. Las nuevas injusticias requieren profundizar los principios modernos, con una actitud reflexiva. Eso hace una mirada progresista. Una mirada reaccionaria, por el contrario, en lugar de profundizarlos hace causa común con la irracionalidad previa, ataca los principios modernos –igualdad ante la ley, ciudadanos como base del orden jurídico y político, poder limitado, libertad de expresión y de acción política- y cree, ingenuamente, que volviendo al pasado –totalitario, absorbente, del poder sin límites apoyado en la fuerza o el puro voluntarismo- puede superar los nuevos problemas. No advierte que en ese intento recrea los antiguos conflictos y que ello equivale a despertar también las viejas luchas.
Este no es un reclamo “juridicista”. Es el angustioso recordatorio del abismo que se abre cuando la ley desaparece, situación que, entre otras cosas, abre a los ciudadanos el derecho a la resistencia. Derecho que muchos, en el país, han comenzado a ejercitar, legítimamente.
Vuelva, señora presidenta, al ejercicio del poder como lo construye la Constitución y las leyes. No preste oídos a improvisados constructores del poder por la pura fuerza, que la llevarán a ser un triste recuerdo en la historia. Retome su discurso electoral de unidad, de apertura al mundo, de rescate de los principios fundacionales del país, de respeto a los próceres de todos los partidos. ¿O en serio piensa que encontrará una salida recreando la polarización de 1945? Usted, que ha viajado, que ha visto cómo se está construyendo el mundo del futuro, que ha podido observar el formidable impulso del mundo global y la arrasadora irrupción de las nuevas naciones emergentes –una de ellas, o más bien varias, en nuestras propias fronteras- ¿no se siente fuera de época con ese discurso y esas consignas?
Millones de argentinos de buena voluntad están esperando que reaccione, los del campo antes que nadie. Sacúdase el pasado. Mire hacia adelante. Una a los argentinos. No conduzca al país a un nuevo abismo, que la arrastrará a usted. Levante la mirada, por un momento.
Convoque a la oposición, donde encontrará más deprendimiento –y afecto- que el que tiene a su lado. Abra el diálogo con quienes no tienen su misma visión, pero sí un gran patriotismo.
Por favor, señora, ¡reaccione! No queda mucho tiempo...


Ricardo Lafferriere
www.ricardolafferriere.com.ar