sábado, 19 de septiembre de 2015

Los nuevos “godos” (sobre la nota de Pérez-Reverte)

La crisis de los refugiados que golpea a Europa, al poner en escena un drama que con diversos protagonistas tiene ya varios años, ha desatado opiniones que buscan encuadrarla en interpretaciones más amplias, históricas, sociológicas o económico-políticas de los caracteres más diversos.

Las redes sociales son el vehículo facilitador de miradas románticas, nacionalistas, chauvinistas y también solidarias que invocan la representación del conjunto europeo, en la mayoría de las veces asumiendo una mirada homogénea que dista de ser representativa de las más de cuatrocientas millones de personas que integran el conglomerado multinacional abarcados por el sustantivo “Europa”.

Entre ellas se ha hecho lugar en estos días la nota de Pérez-Reverte, cuyo núcleo argumental consiste en interpretar el actual proceso emparentándolo con lo ocurrido hace mil quinientos años, en ocasión del derrumbe del Imperio Romano de Occidente.

Los “godos” serían, en su mirada, los actuales migrantes sirios que estarían llegando a un imperio en decadencia –Europa-, no sólo débil sino también incapaz de mantener mínimos estándares de autodefensa ante una invasión que estaría buscando cambiarle su alma.

Es cierto que la historia tiende a mostrar procesos similares. Mirar hacia atrás buscando similitudes facilita la comprensión banal, en tanto la mente humana se conforma con encontrar patrones con resonancias conocidas para interpretar los fenómenos que no llega a comprender de una mirada rápida. Sin embargo, también suele ser engañoso. No hay procesos iguales. Todos son diferentes en su morfología más profunda, aunque muestren similitudes en su dinámica.

Nada hay más diferente que la Europa de hoy con el Imperio Romano de ayer. Nada hay más diferente que los emigrados sirios con las tribus germanas, organizadas, con jefes guerreros, que aunque eran empujadas por los invasores “hunos”, conformaban sociedades estructuradas que emigraban en grupo, con lo que significa como sujetos portadores de conciencia, voluntad y hasta proyectos compartidos. Y que, en última instancia, querían parecerse lo más posible al imperio que conquistaban.

Europa es el espacio del confort y la seguridad, que enmarcó el “aburguesamiento” de sus ciudadanos, parece decir con algo de resignación y molestia Pérez Reverte. Estaría, en su visión, condenada al derrumbe ante los “nuevos bárbaros”, que, ignorantes de sus valores y sofistificación, la someterían a una tensión cuyo resultado sería la desaparición de su alma democrática, solidaria, pacífica.

Sin embargo, Europa es también el continente de las guerras y las intolerancias. Los dos mayores conflictos de la historia de la humanidad, que cobraron entre ambos más de setenta millones de muertos, se produjo por intemperancia entre europeos. Europea fue la Inquisición. Europeo fue Hitler. Europeo fueron los nazis y los fascistas. Europeos fueron Mussolini y Franco, Oliveira Zalazar, los coroneles griegos y Milosevich. Europeos fueron los que traicionaron en Srebrenica y los que, aprovechando la traición -¡de las Naciones Unidas!- masacraron a cientos de inocentes.

Tampoco los “godos” terminaron siendo tan malos. Los reinos godos originaron los países europeos modernos –entre ellos, España-. Fueron el vehículo de transmisión del cristianismo, y también los que detuvieron la invasión musulmana en el siglo VIII. No sería errado afirmar que sin los “godos” no existiría Europa, tal como la conocimos y la conocemos.

Digresión al margen: los países en los que la influencia de los “godos” persistió con más fuerza son los que hoy muestran no sólo mayor desarrollo económico sino mayor calidad institucional, mayor acumulación de conocimientos científicos y mayor equidad en su convivencia. Cuanto más hacia el norte fijemos la mirada, más observaremos este fenómeno. Los países más cercanos a la herencia del viejo imperio romano –los mediterráneos, tan cercanos a nuestros afectos- son los menos consolidados, aún con sus intensas contradicciones a las que no son ajenas sus condiciones fronterizas con el otro gran espacio civilizatorio, el del Islam.

No pareciera entonces correcto cargar las tintas forzando identificaciones en un momento tan delicado para la convivencia del mundo cercano. Los que están llegando a Europa pidiendo refugio no son las “hordas godas”. Son personas  equiparables a un ciudadano medio europeo, que vivían con la relativa tranquilidad que podían lograr en sociedades sometidas a dictaduras feudales o patrimonialistas, a las que les llegó el horror de la guerra político-religiosa terminando con su normalidad.

Los refugiados de hoy no están llevando a cabo ninguna invasión, sino que escapan de la muerte, con la desesperación que esta angustia conlleva. Si hubiera que buscar similitudes, tal vez serían más equiparables a la angustiosa huida de los judíos que buscaban escapar de las persecuciones nazis –tan europeas, ellas…-, o de los “pogromos” polacos, húngaros, rusos o ucranianos, que no eran precisamente musulmanes.

Y tampoco Europa es el carcomido imperio romano del siglo V, centralizado en un imperio personalizado y absolutista a pesar de la “modernidad” que había desparramado por la vieja Europa de los pueblos celtas, a cuyas poblaciones llegó con Villas y Baños, foros y acueductos, caminos y ley. La Europa de hoy tiene innumerables problemas, pero también es el espacio en el que la humanidad ha logrado mayores niveles de perfección política, económica y social.

Es injusto –y peligroso- atacar a Europa por lo de bueno que tiene –el estado de derecho, el repudio a la violencia, los espacios de equidad y humanismo, su disposición a recibir emigrados y tender una mano- uniendo esa crítica a la que le realizan los que desean volver a la fuerza de los Estados fascistas, a la intolerancia de la Inquisición y a desinteresarse por la situación de los perdedores en la lucha por la vida que, aun así, son seres humanos, “únicos e irrepetibles” como lo dijera hace algunos años un líder religioso de la Europa buena.

No es defendiendo “los centuriones” que custodian “las fronteras del imperio”, que “son unos hijos de puta, pero nuestros hijos de puta” como debe actuar una sociedad que en las últimas décadas ha marcado el rumbo de desarrollo solidario, democrático y tolerante. Más bien parece que si así lo hiciera, añorando a Kadafi, respaldando a Al Assad y aplaudiendo la represión de los policías húngaros sobre niños de cinco años, sería ella misma la que se habría condenado a dejar de ser lo que es, lo que la ennoblece, lo que la hace valiosa y envidiable. Muy poco respetable terminaría siendo si hace depender su futuro de los mercenarios que la cuidan, mientras ella mira para otro lado para no enterarse.

Más que repetirse, la historia avanza. Los problemas de nuestros hijos –a los que, coincidiendo en esto con Pérez-Reverte, debemos darle las herramientas del conocimiento, la reflexión y la disposición a la autodefensa- serán diferentes a los actuales. Los europeos de hoy son así porque son los hijos de las guerras que destrozaron el continente. Por eso abrieron sus puertas a los perseguidos políticos, a los sociales, a los económicos. Miles de compatriotas y latinoamericanos están vivos por la mano que les tendió España, Suecia, Alemania, Francia, Italia. 

El hecho maldito que esta situación se produzca justo en el momento en que el sistema económico global enfrenta un ajuste del tremendo disloque que le generó su globalización des-normatizada no puede conducirnos a olvidar la esencia del alma humana, europea y también nuestra en muchos valores compartidos.

Los problemas deben enfrentarse. La política debe hacerlo, teniendo en cuenta todos sus matices, sus particularidades, sus consecuencias. Una sociedad desarrollada, con cuatrocientos millones de habitantes, no puede poner el grito en el cielo porque medio millón o un millón de personas golpeen sus puertas, con desesperación, pidiendo ayuda no por un resfrío, sino porque los matan. Y tampoco puede asustarse.

Ricardo Lafferriere

domingo, 13 de septiembre de 2015

Renta ciudadana universal: excelente propuesta de CAMBIEMOS

La presentación de los objetivos políticos para el próximo período de gobierno realizada por el candidato presidencial de Cambiemos, Mauricio Macri, incluye una bandera de fuerte actualidad en el debate político global: la garantía de una renta ciudadana universal.

La institución cobró cuerpo en las últimas décadas a raíz de la profunda transformación global, que ha cambiado la configuración de las relaciones económicas a raíz del acelerado proceso globalizador, el crecimiento exponencial del sector de los servicios y la robotización también acelerada, cuya consecuencia es la destrucción –en todo el mundo- de fuentes de trabajo no ya sólo en la industria sino también en los sectores agropecuarios e incluso de amplios espacios del comercio, las finanzas y una creciente diversidad de servicios personales.

La consecuencia es casi lineal: se está terminando el empleo estable y con él toda la protección que las sociedades industriales habían edificado a su alrededor, con la armazón conceptual de los “Estados de Bienestar”.

No es un tema sencillo, pero sí es apasionante. Diferentes iniciativas han intentado paliar los dramáticos efectos de un cambio estructural cuya dinámica está fuera de la capacidad de decisión de los Estados, porque deriva de la revolución científico-técnica y de los cambios en la economía. Entre ellos se cuentan la Garantía de Renta Mínima que se estableció en Brasil en 1991, para quienes no llegaran a obtener la mitad del salario básico, así como la ya antigua Pensión Universal canadiense, vigente desde 1952, para todos quienes cumplan 65 años con la sola condición de ser canadiense o residente legal.

Tiene también un lejano parentesco –pero no es lo mismo- con el Impuesto Negativo sobre la Renta, propuesto hace años por Milton Friedman y profundizado por James Tobin, consistente en la asignación de un crédito impositivo uniforme y reembolsable, asignado a cada persona en forma igualitaria, que se abona a cada persona anualmente según su declaración de Rentas. Si los ingresos de una persona no alcanzan ese monto, la autoridad fiscal le abona la diferencia en efectivo. Si lo supera, comienza a abonarse el impuesto a las ganancias a partir de ese nivel.

La iniciativa de la Asignación Universal por Hijo, vigente en la Argentina, es el resultado también de una larga maduración. La iniciativa tuvo su bautismo con el proyecto del radicalismo en la Cámara de Diputados, originada en las diputadas Elisa Carrió y Elisa Carca –ambas pertenecían a dicho bloque-, en el año 1997, del Ingreso Ciudadano para la Niñez. El proyecto no logró la sanción parlamentaria pero fue el obvio precursor del Decreto de Ingreso Universal por Hijo, puesto en vigencia por el decreto 1602/09, y luego respaldado por la Ley en julio del presente año, con el respaldo de todo el arco político argentino.

Estas aproximaciones no alcanzan, sin embargo, a cubrir la falencia de trabajo en las sociedades post-industriales, y allí aparece la propuesta del Ingreso Ciudadano Universal. Su característica es garantizar un ingreso igualitario básico a todos los habitantes del país, con independencia de su situación económica. Es, entonces, compatible con cualquier actividad económica que cada uno realice y guarda independencia de la voluntad de trabajar o no.

Sus beneficios son varios. Despeja el horizonte de inseguridad económica personal, reduce los espacios del clientelismo, respeta la esencial igualdad de las personas, incorpora a la actividad de ingreso formal a amplios sectores con trabajos no reconocidos, como las amas de casa, reconoce la universalidad de la propiedad de los bienes naturales –que como patrimonio del género humano son utilizados en los procesos económicos pero son hoy apropiados sólo por sus participantes reconocidos, obreros y empresarios, en forma directa o indirecta-, ayuda a la construcción de ciudadanía al reforzar la autonomía personal, respeta el valor de innumerables actividades –artísticas, artesanales, creativas, de investigación, etc.- que no reciben salarios, etc.

El desafío político de su implementación no es sencillo, porque implicará necesariamente una discusión profunda sobre la reestructuración de las distintas formas de subsidios que actualmente son administrados en forma anárquica y múltiple, sin coordinación ni garantía de equidad, por múltiples actores públicos, gremiales y privados. Entre estos subsidios se encuentran los efectuados a las empresas de servicios públicos, las diferentes asignaciones administradas por las asociaciones gremiales, los administrados por diferentes organismos estatales para distintas categorías de personas, la proliferación de “planes sociales” atados a la subordinación política, etc.

La institución del Ingreso Universal, por el contrario, fija un “piso de dignidad” establecido y garantizado por ley, compatible con las posibilidades reales de la economía, pero respeta la decisión de los ciudadanos sobre qué desean hacer con el mismo y en qué clase de consumos prefieren gastarlo. No distorsiona los precios relativos de una economía competitiva, a la vez que neutraliza los efectos de la concentración económica que es el resultado del imparable avance tecnológico, distribuyendo social y equitativamente los beneficios de ese avance en lugar de favorecer su apropiación excluyente como beneficio empresarial. Y habilita la decisión de cada uno de agregar más ingresos capacitándose, trabajando o invirtiendo más dónde, cuándo y si lo desea.

Requerirá también el debate sobre el financiamiento, el que deberá ser garantizado adecuadamente, sin golpear exageradamente sobre la presión fiscal sobre la economía productiva, es decir debe responder a la capacidad real de producción de la sociedad. Los números, en una primera aproximación, no debieran asustar: solucionada la coyuntura fiscal negativa fruto de los dislates de los últimos años, la redistribución de subsidios existentes debiera habilitar la posibilidad del Ingreso Ciudadano Universal virtualmente sin incrementar la presión fiscal, y aún reduciéndola.

De las novedades escuchadas en este proceso electoral hasta la actualidad, la propuesta de Macri es sin dudas la más revolucionaria en lo conceptual. Será necesario, en caso de efectivamente impulsarse, producir un amplio y abierto debate nacional habida cuenta de la cantidad de matices implicados en su implementación y de incorporarla como una institución permanente en la construcción de un país pujante, abierto a la innovación científico técnica, socialmente inclusivo y decidido a no dejar escapar otro siglo de su historia entreteniéndose con imposibles utopías del pasado, sino con creativos proyectos de futuro.

Ricardo Lafferriere


lunes, 7 de septiembre de 2015

¿Se debe mucho?

Cuantificar la deuda pública argentina es un desafío apasionante. Y terrorífico.

¿Qué debe incluirse en ese número?  ¿Sólo la deuda en divisas del Estado Nacional, que es la que suele repetir el oficialismo?

¿Debe sumarse la deuda del Estado Nacional en pesos? Si no lo hacemos ¿quién será el responsable de ella? Y en el caso de sumarla: ¿debe incluirse la deuda que el Estado nacional tiene con organismos que forman parte de la estructura jurídica del Estado, pero tienen cuentas destinadas a afectaciones específicas, que el Poder Ejecutivo ha “arrebatado” canjeándolos por bonos sin valor de cambio? El Banco Central y la ANSES marchan en punta con sus acreencias, que sin embargo se extienden a infinidad de otros organismos específicos. El Banco Nación, sin ir más lejos. Y los LEBAC y NOBAC que el BCRA debe a los bancos privados, que nadie sabe quién pagará. O los “Swaps” con China. O… o…

Curioso, lo del BCRA. El país –el gobierno…- acaba de ser beneficiado por la “Justicia del Imperio”, que ha decidido que el BCRA no puede ser considerado “alter ego” del gobierno porque su función es sostener el valor de la moneda y no tiene vinculación con el mismo, y en consecuencia sus reservas no pueden ser embargadas por los acreedores. Sin embargo, el gobierno no asume como deuda los bonos no negociables que ha colocado en el BCRA para retirar la ingente cantidad de recursos con los que mes a mes incentiva la inflación. El trato es cada vez más parecido al que le da a la ANSES, a la que les absorbe sus reservas cambiándoselas por papelitos pintados –tal vez impresos en la ex CICCONE-, que simbolizan deudas incobrables.

Y curioso, lo de la ANSES. La decisión del 2008 de apropiarse de los ahorros privados fue justificada en que “las AFJP se quedaban con el 30 % de los aportes”. Y en consecuencia, el oficialismo decidió quedarse con el 100 %. Fondos que no eran ni de la AFJP ni del Estado, sino de ahorristas que habían confiado en la ley vigente, que garantizaba su “propiedad” exclusiva, burlada por el gobierno, el parlamento y la propia Corte… No fue solo el kirchnerismo el responsable de la desaparición de la seguridad jurídica…

¿Debe sumarse la deuda de las provincias? Porque –aun concediendo que vivimos en un Estado Federal- a nadie se le escapa que gran parte de esa deuda –por ejemplo, con los organismos internacionales- está avalada por el Estado Nacional. Y tampoco que si a alguna provincia, especialmente a “alguna provincia” en especial le faltaran recursos para pagar sueldos, aguinaldos o proveedores, el Estado Nacional correría en su auxilio.

¿Y las deudas municipales? ¿O sólo cuentan las del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que estarán cargo “de Macri”, como si las del Estado Nacional estuvieran a cargo “de Cristina”?...

¿Debe sumarse la deuda que “quedó fuera” del acuerdo cuando la reestructuración, los famosos “hold outs”? Alguno podría decir que no, que “perdieron su turno”. Discusión vieja. Lo cierto es que –como lo alertamos en su momento- abrirían juicios diabólicos, que hoy tienen ya sentencia firme, que se están generando intereses sobre intereses más punitorios y gastos y que sin normalizar esa situación el país seguirá aislado del financiamiento externo.

¿Y la de los reclamos en el CIADI? Centenares de millones de dólares se están tramitando en juicios a los que el Estado Nacional está obligado por propia decisión, que no suelen figurar en los números oficiales, pero que habrá que pagar.

¿Qué hacemos con los intereses, que agrandan la deuda día a día? ¿Se deben ignorar, como si fuera posible no pagarlos, o deben contarse? ¿Qué hacemos con los centenares de millones de dólares que se deben a los importadores –y éstos, a sus proveedores externos- sin los cuáles la paralización industrial puede llegar a ser casi total, y con ella la desocupación?

No. No son cuentas menores. Son tan importantes como pasar en limpio además los gastos imprescindibles que deberá realizar el gobierno por la defraudación escandalosa de estos diez años que ha significado el deterioro de la infraestructura, la que demandará exigencia de recursos como si tuviéramos que construir un país de nuevo. Trenes, puertos, autopistas, energía, comunicaciones, defensa, infraestructura hospitalaria, educativa, policial y de seguridad, son deudas que golpearán muy fuerte, junto a todas las mencionadas al comienzo, a las puertas del Estado en los próximos años.

Se debe mucho. Tanto, como que la situación debiera aconsejarnos abrir puentes de un acuerdo político gigantesco, como comenzaron a tejerse a partir del disparador que significó el acercamiento entre el PRO y la Coalición Cívica, personificada en las figuras de Mauricio Macri y Elisa Carrió, a la que se afortunadamente se sumó el radicalismo abandonando una inexplicable aventura sin destino. Este polo de atracción, amplio sobre bases éticas, tiene sobre sus espaldas la responsabilidad de reconstruir la esperanza.

Mucho hubiéramos avanzado si hace cuatro años no hubieran dominado los egos y la corteza de miras que llevó a la fragmentación opositora, la ficción del 54 % y las atrocidades de estos años.

En estos años, la deuda  -las deudas…- crecieron mucho. Perdimos, además, cuatro años, que en lugar de usar para detener la caída y comenzar el despegue, sirvieron para acelerar el derrumbe. Y aunque tal vez sería un poquito injusto decir que la culpa fue exclusivamente de los “dirigentes” del 2011 –que, en realidad, reflejaban la ceguera de gran parte de sus bases-, ya en aquel momento señalamos en soledad que los argentinos no olvidarían la indiferencia de los principales protagonistas privilegiando su ombligo sin que les importara el abismo que abrían para el país, y no nos equivocamos. 

Ninguno de los candidatos opositores de entonces tiene ya relevancia alguna en el escenario nacional. La historia –y los argentinos- pueden tardar en pasar la cuenta, pero ésta inexorablemente llega.

Hoy la construcción está en marcha y tiene posibilidades ciertas de ser exitosa. Aunque no desate oleadas de entusiasmo, abre diariamente un nuevo pequeño espacio de confianza, cuya ampliación deberá estar en manos de cada compatriota, poniendo en marcha sus sueños.

Se debe mucho, por culpas múltiples. Ahora deberá ser el tiempo de  unir esfuerzos para ponernos al día y pasar al frente. El país puede, los argentinos pueden. Sentido común y patriotismo en la dirigencia serán las principales demandas para reencarrilar nuevamente nuestra historia y dejar atrás no sólo la decadencia, sino también la banalidad de la chabacanería.


Ricardo Lafferriere

martes, 1 de septiembre de 2015

Devaluación y cepo: la opinión de un lego

Mauricio Macri disparó la polémica con su anuncio: “El cepo se levantará en 24 horas”.

Ninguno rechazó el amague. Massa opinó que lo haría “en unos meses” y Daniel Scioli sostuvo que la tarea le demandará “un par de años”.

Roberto Lavagna, a su vez, acaba de declarar que el levantamiento del cepo en 24 horas requeriría una gran devaluación, posición en la que acompaña a los economistas oficialistas. En realidad más que tener razón, Lavagna es benévolo: en el actual escenario, no hay devaluación que alcance para frenar la estampida.

Han abierto tanto su pronóstico los economistas que el autor, que no lo es, se atreve a opinar apoyado en el simple sentido común: todo es posible.

¿Cómo pueden existir tan diferentes opiniones especializadas en un tema que –se supone- responde a una ciencia que no es ajena a los números y a los cálculos? ¿Pueden ser tan diferentes las matemáticas?

En realidad, no es un problema matemático sino político. Depende del marco en el que se actúe, de la coherencia del programa político-económico y social que se diseñe, de la confiabilidad del gobierno que lo haga, de su respaldo político interno y de su receptividad internacional.

Imaginemos por un instante un escenario imposible: que el kirchnerismo siguiera gobernando el país. En esa hipótesis, el cepo no sólo no sería “levantable” en ningún tiempo previsible, sino que lo más probable sería una profundización de medidas policiales, la creciente tensión económica que se trasladaría a lo social vía desabastecimiento y/o hiperinflación y por último una crisis política de proporciones, al estilo del escenario que hoy vive Venezuela, con muertos proliferando diariamente, supermercados asaltados, colas de cuadras para conseguir pan o leche, opositores presos sin proceso y violencia instaurada como norma, al estilo ley de la selva.

Eso no ocurrirá, simplemente porque el kirchnerismo tiene plazo fijo. Lo que viene son matices más o menos heterodoxos en el camino de desmontar la parafernalia de dislates construida por el oficialismo –principalmente, por la presidenta- en la convicción de que en pleno siglo XXI es posible vivir en una sociedad en la que las conductas de todos estén decididas por la voluntad de una persona.

¿Se podría levantar el cepo rápidamente? Los economistas –todos- saben que sí. También saben que para hacerlo, es imprescindible reducir el déficit fiscal, objetivo posible en forma programada con un gobierno lúcido, que a la vez que normalizar las cuentas internas logre reconstruir su vinculación con el mundo financiero internacional, con el propósito de contar con un “puente” de financiamiento entre el comienzo y el fin del proceso de normalización que evite las tensiones sociales, la caída abrupta del salario y los despidos masivos.

Pero también saben que no. Es imposible levantar el “cepo” manteniendo la filosofía de los controles cambiarios no homologables con el mundo. Hay una razón filosófica y una práctica. La filosófica es que el concepto de “cepo” oculta la idea de que la propiedad de los bienes no se basa en un derecho constitucional sino en la discrecionalidad del gobierno. Las divisas son de quienes las generan, no del gobierno. Un gobierno que considere que las divisas son suyas, por definición, no es confiable. La razón práctica es que nadie invertirá donde en el mismo momento de su inversión se le confisca el 30 % del valor de mercado de su capital, y luego no se le permite disponer del fruto económico que genere su proyecto.

Pero como adelantamos, eso ya no ocurrirá porque el kirchnerismo pasará a ser historia. Lo que viene buscará, necesitará buscar, cambiar esa perspectiva.

¿Quién pude lograr ese escenario? Quien antes que nada, se lo proponga. Es un camino incompatible con la verborragia de opereta, la fragmentación interna y la irresponsabilidad de gestión. La normalización fiscal requiere confianza y la confianza requiere coherencia entre dichos y hechos en el diseño y la ejecución de un camino sensato. Si se logra ese “puente” y se ejecuta, el cepo puede durar horas: no sería necesario contar con un ajuste para ubicar el precio de la moneda nacional en un camino ascendente.

Habría inversiones en sectores de infraestructura rezagados durante una década por malas decisiones (que han respondido a caprichos, conveniencias personales o corrupción, más que a necesidades económicas), habría préstamos internacionales para financiarlas y se abrirían espacios de negocios que naturalmente serían ocupados por quienes hoy prefieren inmovilizar sus ahorros ante la imprevisibilidad que le genera la actual gestión.

¿Cuánto tardaría esto en realizarse? La respuesta también se abre en abanico. Hoy mismo existen contactos entre interesados en realizar grandes inversiones y los equipos de los principales candidatos presidenciales. Cambiado el rumbo, la carrera por llegar primero también se dispara en horas. No es aventurado decir que apenas se decida la conducción del nuevo gobierno, comenzarán a tejerse acuerdos cuya concreción se realizará rápidamente, tal vez en días.

¿Habrá turbulencias? Es posible que sí, pero no tanto por la relación peso-dólar, sino por el estrambótico descalce de los precios relativos internos y por la gigantesca irresponsabilidad fiscal de los últimos tiempos kirchneristas. Sin embargo, también existen reservas en manos privadas de compatriotas que han sido previsores armando su “colchoncito” fuera del alcance de las ocurrencias kicillescas. Después del 2002, es muy difícil que vuelvan a encontrar a los argentinos con sus ahorros encerrados en las cuentas bancarias. Un “corralón” hoy tendría apenas la dimensión de un gallinero.

Habrá, sí, viento de frente como el que nunca atravesó el kirchnerismo en el poder. Será necesario inteligencia estratégica y flexibilidad táctica. El mundo viene complicado ante los tropiezos de China, las complicaciones geopolíticas del Oriente Medio y la crisis económica y migratoria europea. Pero a la vez, ha comenzado a recuperarse la otra gran economía del mundo, la norteamericana, que probablemente retomará su papel de locomotora mundial.

Por nuestra parte, ha sido tan fuerte la decadencia que nuestros problemas, ubicados en el mundo, casi entran en una dimensión micro, más que macro. Recuperar el atraso demanda una sintonía de medidas serias de gestión con inteligentes proyectos para retomar la marcha, pero es posible.

En síntesis: el cepo, con el que comenzamos la reflexión, puede levantarse en 24 horas, en cuatro meses, en dos años o nunca. En realidad, en gran medida, depende de la decisión y la convicción de los propios argentinos.


Ricardo Lafferriere