domingo, 13 de septiembre de 2015

Renta ciudadana universal: excelente propuesta de CAMBIEMOS

La presentación de los objetivos políticos para el próximo período de gobierno realizada por el candidato presidencial de Cambiemos, Mauricio Macri, incluye una bandera de fuerte actualidad en el debate político global: la garantía de una renta ciudadana universal.

La institución cobró cuerpo en las últimas décadas a raíz de la profunda transformación global, que ha cambiado la configuración de las relaciones económicas a raíz del acelerado proceso globalizador, el crecimiento exponencial del sector de los servicios y la robotización también acelerada, cuya consecuencia es la destrucción –en todo el mundo- de fuentes de trabajo no ya sólo en la industria sino también en los sectores agropecuarios e incluso de amplios espacios del comercio, las finanzas y una creciente diversidad de servicios personales.

La consecuencia es casi lineal: se está terminando el empleo estable y con él toda la protección que las sociedades industriales habían edificado a su alrededor, con la armazón conceptual de los “Estados de Bienestar”.

No es un tema sencillo, pero sí es apasionante. Diferentes iniciativas han intentado paliar los dramáticos efectos de un cambio estructural cuya dinámica está fuera de la capacidad de decisión de los Estados, porque deriva de la revolución científico-técnica y de los cambios en la economía. Entre ellos se cuentan la Garantía de Renta Mínima que se estableció en Brasil en 1991, para quienes no llegaran a obtener la mitad del salario básico, así como la ya antigua Pensión Universal canadiense, vigente desde 1952, para todos quienes cumplan 65 años con la sola condición de ser canadiense o residente legal.

Tiene también un lejano parentesco –pero no es lo mismo- con el Impuesto Negativo sobre la Renta, propuesto hace años por Milton Friedman y profundizado por James Tobin, consistente en la asignación de un crédito impositivo uniforme y reembolsable, asignado a cada persona en forma igualitaria, que se abona a cada persona anualmente según su declaración de Rentas. Si los ingresos de una persona no alcanzan ese monto, la autoridad fiscal le abona la diferencia en efectivo. Si lo supera, comienza a abonarse el impuesto a las ganancias a partir de ese nivel.

La iniciativa de la Asignación Universal por Hijo, vigente en la Argentina, es el resultado también de una larga maduración. La iniciativa tuvo su bautismo con el proyecto del radicalismo en la Cámara de Diputados, originada en las diputadas Elisa Carrió y Elisa Carca –ambas pertenecían a dicho bloque-, en el año 1997, del Ingreso Ciudadano para la Niñez. El proyecto no logró la sanción parlamentaria pero fue el obvio precursor del Decreto de Ingreso Universal por Hijo, puesto en vigencia por el decreto 1602/09, y luego respaldado por la Ley en julio del presente año, con el respaldo de todo el arco político argentino.

Estas aproximaciones no alcanzan, sin embargo, a cubrir la falencia de trabajo en las sociedades post-industriales, y allí aparece la propuesta del Ingreso Ciudadano Universal. Su característica es garantizar un ingreso igualitario básico a todos los habitantes del país, con independencia de su situación económica. Es, entonces, compatible con cualquier actividad económica que cada uno realice y guarda independencia de la voluntad de trabajar o no.

Sus beneficios son varios. Despeja el horizonte de inseguridad económica personal, reduce los espacios del clientelismo, respeta la esencial igualdad de las personas, incorpora a la actividad de ingreso formal a amplios sectores con trabajos no reconocidos, como las amas de casa, reconoce la universalidad de la propiedad de los bienes naturales –que como patrimonio del género humano son utilizados en los procesos económicos pero son hoy apropiados sólo por sus participantes reconocidos, obreros y empresarios, en forma directa o indirecta-, ayuda a la construcción de ciudadanía al reforzar la autonomía personal, respeta el valor de innumerables actividades –artísticas, artesanales, creativas, de investigación, etc.- que no reciben salarios, etc.

El desafío político de su implementación no es sencillo, porque implicará necesariamente una discusión profunda sobre la reestructuración de las distintas formas de subsidios que actualmente son administrados en forma anárquica y múltiple, sin coordinación ni garantía de equidad, por múltiples actores públicos, gremiales y privados. Entre estos subsidios se encuentran los efectuados a las empresas de servicios públicos, las diferentes asignaciones administradas por las asociaciones gremiales, los administrados por diferentes organismos estatales para distintas categorías de personas, la proliferación de “planes sociales” atados a la subordinación política, etc.

La institución del Ingreso Universal, por el contrario, fija un “piso de dignidad” establecido y garantizado por ley, compatible con las posibilidades reales de la economía, pero respeta la decisión de los ciudadanos sobre qué desean hacer con el mismo y en qué clase de consumos prefieren gastarlo. No distorsiona los precios relativos de una economía competitiva, a la vez que neutraliza los efectos de la concentración económica que es el resultado del imparable avance tecnológico, distribuyendo social y equitativamente los beneficios de ese avance en lugar de favorecer su apropiación excluyente como beneficio empresarial. Y habilita la decisión de cada uno de agregar más ingresos capacitándose, trabajando o invirtiendo más dónde, cuándo y si lo desea.

Requerirá también el debate sobre el financiamiento, el que deberá ser garantizado adecuadamente, sin golpear exageradamente sobre la presión fiscal sobre la economía productiva, es decir debe responder a la capacidad real de producción de la sociedad. Los números, en una primera aproximación, no debieran asustar: solucionada la coyuntura fiscal negativa fruto de los dislates de los últimos años, la redistribución de subsidios existentes debiera habilitar la posibilidad del Ingreso Ciudadano Universal virtualmente sin incrementar la presión fiscal, y aún reduciéndola.

De las novedades escuchadas en este proceso electoral hasta la actualidad, la propuesta de Macri es sin dudas la más revolucionaria en lo conceptual. Será necesario, en caso de efectivamente impulsarse, producir un amplio y abierto debate nacional habida cuenta de la cantidad de matices implicados en su implementación y de incorporarla como una institución permanente en la construcción de un país pujante, abierto a la innovación científico técnica, socialmente inclusivo y decidido a no dejar escapar otro siglo de su historia entreteniéndose con imposibles utopías del pasado, sino con creativos proyectos de futuro.

Ricardo Lafferriere


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