jueves, 31 de diciembre de 2015

DNU, decretos y sentencias

¿Si quienes nos hemos formado en las filas del viejo partido nos sentimos cómodos con los tironeos institucionales?

Es obvio que no.

¿Hay otra forma de desarmar el andamiaje jurídico-legal que convirtió al Estado en un apéndice de una banda de delincuentes y colonizó la justicia buscando una protección que pretendían eterna?
Parece obvio que tampoco. Lo están mostrando los hechos. Lo que está claro que no es posible llegar al gobierno apoyado por la mayoría ciudadana con el mandato de recuperar la democracia republicana y aceptar resignados el chantaje. Si el pueblo quisiera eso, hubiera votado diferente y lo hubiéramos aceptado, continuando nuestra prédica desde el espacio opositor. Pero no fue así.

Son tiempos raros. Tan raros como los DNU, que inventó el peronismo con Menem y profundizó con los Kirchner para saltear el debate en el Congreso, y que fueran incorporados a la Reforma Constitucional de 1994 como parte del “Núcleo de Coincidencias Básicas” acordado entre peronistas y radicales, liderados entonces por Menem y Alfonsín.

Los DNU no son buenos, pero son absolutamente legales. Y es obvio que su función es reformar leyes, ya que si no carecerían de razón de ser.

El peronismo, que gobernó gran parte del lapso que va de 1994 a 2015, los utilizó a destajo para barbaridades y para banalidades. Cambiemos los está utilizando para volver las cosas a la normalidad –salvo que pensemos que la colonización del Estado por la camarilla delictiva es una buena cosa-. Fue votado para eso, y ha decidido cumplir con su promesa ciudadana.

Obviamente, los que ayer se bañaron en las orgías de la autocracia, rezongan. Buscan acogida en los bolsones de la justicia colonizada, la que costará un tiempo lograr que retorne a la majestad de su independencia. Asistiremos a sus coletazos agónicos con discursos que olvidaron durante muchos años, hasta hace apenas pocos días, cuando el funcionamiento institucional fuera desplazado por el “relato” hegemónico al que todo debía subordinarse. Porque “iban por todo”, hasta por fiscales indomables a los que no tuvieron empacho en ponerles fin. Y no precisamente por procedimientos institucionales...

El presidente fue votado para gobernar y sería bueno que lo dejaran. Bastante daño hicieron y bastante tolerancia está teniendo un pueblo que confió en ellos y al que le devolvieron un país hecho hilachas.

Para corregir el rumbo el Presidente debe utilizar sus facultades constitucionales libremente. No más, pero no menos. Debe tener prudencia al ingresar en un terreno originario del Congreso –como los DNU, a los que lo habilita la Constitución- pero no puede resignar la facultad que le es propia, la de la administración del país, designando con libertad sus colaboradores y funcionarios de gobierno. El turno del gobierno anterior terminó y con él, el de sus funcionarios políticos. Es de una grosera vileza personal y política pretender usurpar funciones de gobierno sin representar a nadie.

La Justicia no puede, porque no tiene facultades constitucionales para ello, condicionar al presidente nada menos que en la decisión de los funcionarios con los que gobernará. Si intentara hacerlo, sus pronunciamientos carecerían por completo de valor, como no lo tendría una Sentencia dictada por el Presidente, o por el Congreso. Es la norma de oro de la democracia republicana. Cada uno debe actuar en sus competencias constitucionales. De hecho, tal vez sea bueno recordar que el propio DNU que modificó la Ley de Medios respeta escrupulosamente su parte dogmática, es decir sus objetivos y principios, y se reduce a cambiar lo que es facultad constitucional del Poder Ejecutivo: su aplicación (art. 99, incs. 2 y 7 de la Constitución Nacional).

En todo caso, serán los ciudadanos los únicos que realizarán la valoración política de la gestión, al ser convocados nuevamente al comicio.

Ricardo Lafferriere



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