martes, 17 de marzo de 2020

Al margen del Coronavirus, ¿tiene vuelta la deuda argentina?

Al momento de escribir estas líneas, el “riesgo país” alcanzaba 3661 puntos (o sea 36,61 % por sobre la tasa de interés americana). La información publicada dice que el costo de asegurar la exposición a la deuda argentina (“credit default swap o swaps de incumplimiento crediticio”, Infobae, 16/3) alcanza a 8.300 puntos básicos. Ochenta y tres por ciento (83 %) a cinco años.

La Reserva Federal de Estados Unidos, por su parte, anunció ayer la reducción a CERO por ciento su tasa de referencia, y la emisión de bonos por USD 750.000 millones, para ayudar a la economía norteamericana ante la crisis del Coronavirus.

Si debiéramos refinanciar nuestra deuda de aproximadamente 330.000 millones de dólares en su totalidad, nos implicaría -sólo para tener una idea de la magnitud del problema- la generación de intereses -sólo de intereses- de CIENTO VEINTE MIL MILLONES DE DÓLARES AL AÑO (USD 120.000.000.000). A eso llegamos con el 36,61 % de 330.000 millones.

El monto que estaría por refinanciarse no es el total, sino casi SETENTA MIL MILLONES DE DÓLARES (usd 75.000.000.000). A una tasa de 36,61 %, el monto del interés que hoy implicaría esa deuda sería de más de VEINTISIETE MIL MILLONES DE DOLARES al año. Destaco: sólo de intereses.

Son números alucinantes para cualquier cálculo.

¿Cómo llegamos a ésto? ¿con Cambiemos, con Macri?

Veamos: la tasa de riesgo país con Macri alcanzó los 800 puntos antes de las PASO. Había llegado a poco más de 400, antes de la crisis de 2017. Con esa tasa de interés la deuda pesaba, pero era sustentable. Implicaba en el segundo de los casos (800 puntos, 8%) un monto de USD 26.400 millones de dólares si tomamos la deuda total, y de USD 5.600, ambos por año, si tomamos la deuda que estaría por refinanciarse hoy. Simplificando podríamos decir que Fernández le cuesta al país más de VEINTICINCO MIL MILLONES DE DÓLARES POR AÑO más que Macri, nada más que por esta refinanciación parcial.

Si la tasa fuera de 400 puntos (o sea, 4 %) generaría intereses por un monto de 13.200 millones de USD por la deuda total, y de USD 2.800 millones por los casi 70.000 que debemos refinanciar ahora.

Ahí está el tema: en el riesgo país, más que en el monto. Para tener una idea de la contracara: Japón tiene un riesgo-país de 34 puntos (o sea, 0,34 %). Tiene una deuda de más de DIEZ BILLONES DE DÓLARES, o sea dos veces y media su propio PBI. Paga por esa deuda un monto de Treinta y cuatro mil millones de dólares al año. La deuda de Japón es treinta veces mayor que la nuestra, pero su pago de intereses es menos de la tercera parte que los que el mercado le pediría a la Argentina, por una deuda treinta veces menor.

¿Por qué subió la tasa de riesgo-país de 800 puntos a 3500? ¿Por “Cambiemos” o “por Macri”? Pues si razonamos así, seguiremos subiendo nuestra tasa de riesgo. Que se haya duplicado en un día luego de las PASO no se explica por ninguna razón económica, sino por la desconfianza que se generó, y la incertidumbre del gobierno que seguramente sería electo. Quienes no tenemos interés político alguno ni compromiso de sesgar la opinión para simpatizar con ningún electorado, podemos decirlo abiertamente: el voto de las PASO incrementó nuestra deuda mucho más que lo tomado por Macri para pagar las jubilaciones en 2018 y 2019.

Y ¿por qué siguió subiendo? ¿por el “coronavirus”? Tampoco. Fué por la incertidumbre creciente que instaló el nuevo gobierno, con su inexcusable incapacidad para diagnosticar el problema y su repetida negación del estado de derecho, especialmente luego del otorgamiento de “superpoderes” al Poder Ejecutivo, agravado ahora por su evidente intento de avasallamiento de una justicia independiente que pueda garantizar a todos la vigencia del orden jurídico. Sin seguridad jurídica ni política la tasa de riesgo crece exponencialmente. Es lo que estamos sufriendo hoy.

La propia duplicación de la tasa de riesgo durante el gobierno de Cambiemos en 2017 (de 400 a 800 puntos básicos) derivó de la incertidumbre provocada por los disturbios provocados cuando se realizó la indispensable reforma en el cálculo de las prestaciones previsionales, así como por el reclamo de volver al jubileo tarifario que encontró su nido incluso en voceros poco responsables no sólo de la oposición cerril del kirchnerismo sino de la propia coalición de gobierno de entonces.

Lo que importa no es el monto de la deuda, sino el concepto sobre su crédito que el país genera con su conducta, sus decisiones y su historia. Nos lo muestra el mencionado ejemplo de Japón -o de Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, o Perú, cuyas tasas de “riesgo país” oscilan entre 80 y 200 puntos, o sea entre el 08% y el 2 % a pesar de la diferencia “ideológica” de sus gobiernos respectivos-.

Como están las cosas, está claro que ninguna refinanciación es pagable. Ni aunque matáramos a todos los jubilados podríamos alcanzar el superávit fiscal que requiere cualquier refinanciación de la deuda con este riesgo-país. Hay que bajarlo sustancialmente. Y para eso, no hay otras recetas que respetar impecablemente la independencia del poder judicial (seguridad jurídica) y abrirse a un consenso responsable sobre una política económica de largo plazo (seguridad política). La otra opción es el precipicio del “default”, con el que perderemos otra década y en el que estamos ya metidos de cabeza si el gobierno no decide un cambio de rumbo.

En el mundo de hoy nada es gratis. No lo es para nadie que quiera saltarse las reglas o convertir en épicas de cartón el incumplimiento de obligaciones libremente contraídas. Las irresponsabilidades se pagan con responsabilidades, las cometa el pueblo cuando vota o los gobernantes cuando administran y deciden. Y las conductas responsables sostenidas en el tiempo tienen su premio, en este caso haciendo posible una refinanciación pagable.

Ricardo Lafferriere




viernes, 6 de marzo de 2020

Golpe de estado en cuotas o fuerza de ocupación

Un sector importante del partido mayoritario en la Argentina ha decidido abandonar el consenso constitucional que el país reinició en 1983 y se desliza hacia la anomia, a un ritmo inexorable.
Ha ocurrido en la historia que sectores políticos participantes de la vida democrática sufrieran internamente procesos de este tipo. Lo extremadamente peligroso para la convivencia es que el sector que hoy lo hace hegemoniza el gobierno nacional, llevando al país a una peligrosísima situación de anarquía.

La sucesión de pronunciamientos que, -en cuanto meras expresiones verbales y a pesar de su negativa influencia docente- no dejaría de ser más que la contracara ética de la democracia avanza hacia la concresión de decisiones de gobierno que atraviesan ya los límites del estado de derecho.

Y si no hay estado de derecho, hay estado de puro poder. Si estas decisiones se tomaran todas en sincronía no habría dudas en calificarlas de “golpe de estado”. La semántica impide utilizar el nombre de “golpe” a un proceso paulatino de desarticulación institucional, pero está claro que asistimos a una especie de “golpe en cuotas”, con la misma finalidad de los golpes tradicionales: concentrar el poder desarticulando todo el sistema de contrapesos y frenos, consustancial con nuestro ordenamiento constitucional.

El sistema civil -basado en el respeto al derecho de propiedad- y el penal -basado en la capacidad punitiva del estado, en nombre de la sociedad- son burlados con decisiones que han ascendido ya a la pretensión de romper el propio sistema constitucional, basado en la división de poderes, el respeto a las autonomías provinciales y la vigencia de los derechos y libertades de las personas.

No es un tema leguleyo. Mucho nos costó a los argentinos, antes y después, lograr convivir bajo la ley. En los albores del país hubimos de atravesar más de cuatro décadas anárquicas hasta que comenzamos el camino institucional sobre el que el país inauguró ochenta años de expansión y brillo. En lo más reciente, en 1983 logramos restaurar el consenso constitucional reencontrándonos en las normas de la Carta Magna, tanto en los derechos de los ciudadanos como en el acceso y ejercicio del poder.

Hoy, los derechos de los ciudadanos son crecientemente ignorados, con justificación expresa de actores decisivos a los que no ha sido ajeno el propio Poder Judicial. La impunidad que se pretende con el inefable e infantil relato del “lawfare” según el cual los condenados por delitos diversos son víctimas de una conspiración frente a la cual procedería una especie de reivindicación, abre el camino a una sociedad sin seguridad alguna, ni para los ciudadanos ni para sus bienes. Sin derecho penal, la sociedad queda indefensa y la ley del más fuerte y más delincuente se impondrá -se está imponiendo- sobre la convivencia igualitaria, pacífica y respetuosa de las normas.

El avance sobre los patrimonios de las personas se está convirtiendo en una normalidad. No se trata ya de la “expropiación por causa de utilidad pública”, reglamentada por la Constitución y las leyes, que subordina la vigencia del derecho a la propiedad privada al interés general, pero que para ser legítima debe ser “previamente indemnizada”. Al contrario, se trata de apropiarse de fondos particulares sin ninguna indemnización ni compensación, como ha ocurrido con millones de compatriotas titulares de su haber previsional, herido entre un tercio y la mitad de su poder adquisitivo, sin que el parlamento no sólo proteste sino que facilita, alineado como aparece su mayoría en el objetivo de concentración de poder.

La cínica reforma del sistema previsional del poder judicial está logrando su verdadero objetivo: un aluvión de renuncias de magistrados, que deberán ser cubiertos por el poder concentrado, cuya mayoría parlamentaria le garantiza la construcción de un poder judicial totalmente subordinado.

El poder concentrado carece de escrúpulos. El desmantelamiento de organismos del estado destinados a perseguir el narcotráfico y la corrupción siguen una línea inexorable. La iniciativa de intervenir el Poder Judicial de una provincia porque no decide la impunidad de una delincuente cercana en los afectos a la banda gobernante pretende atravesar otra línea roja rompiendo la autonomía de una provincia y abriendo el camino a similar atropello sobre cualquier otra.

Pero todo ésto, que hubiera podido suponerse un desgraciado tópico localizado y puntual adquiere gravedad inusitada cuando el partido del gobierno se suma a la algarada del “lawfare”, no ya para proteger a una líderesa que dejó una gigantesca estela de corrupción, sino para incluir en esa exculpación a decenas de ex funcionarios, empresarios y “personas con influencia” cuyos delitos contra el país han sido probados al extremo y en muchos casos confesado también expresamente. Innumerables peronistas de muchos años, que aún sienten su amor por el país, sufren -por ahora, en silencio- estos dislates que dejarán un baldón ilevantable en el partido fundado por Perón.

Un golpe de estado en cuotas. Eso es lo que por ahora parecieramos estar presenciando. Un golpe que ante el desinterés total por el bien común ni siquiera en lo declamado, más que un gobierno de un país democrático se asemeja cada vez más a una fuerza de ocupación.

Organizados institucionalmente, los canales de expresión, de protesta y de decisión previstos legalmente garantizan la paz social. Desmantelado el estado de derecho, esos caminos no serán otros que la fuerza y la violencia. Económica, social, política. La que ya conocemos lo que produce y de la que pudimos escaparnos de milagro hace casi cuatro décadas, pero que nuevamente asoma su cabeza amenazante.

Ricardo Lafferriere

jueves, 27 de febrero de 2020

De cabeza al totalitarismo bolivariano

Nadie con buena intención puede defender el funcionamiento del Poder Judicial en nuestro país. Vergonzosas impunidades, complacencias y latrocinios han tomado estado público en los últimos años y han evidenciado un estado de putrefacción casi generalizada en donde, si bien las honrosísimas excepciones existen, los groseros ejemplos de vinculación con el poder y subordinación selectiva a la política han repugnado a las conciencias democráticas nacionales.

Sin embargo, con todo, es el único poder que expresaba siquiera un mínimo de garantías para los derechos personales. Fallos históricos abrieron jurisprudencias avanzadas y mantenían una llama de esperanza en la recuperación ética argentina.

El autoritarismo K, en su ruta hacia el totalitarismo bolivariano sin ambajes, ha aprovechado una vez más la indignación que una herencia de los tiempos de privilegios subsistente en momentos de crisis -donde éstos se hacen más evidentes- para dar un empujón que abre el camino para la ocupación facciosa del último Poder institucional al que no podían manejar directamente por teléfono.

Eso deja en manos de la banda gobernante la virtual suma del poder público. Quienes acreditamos la experiencia de haber vivido desde sus inicios la reconstrucción de la democracia argentina sufrimos, como gobierno u oposición, las infelices decisiones judiciales y todo el espacio democrático y republicano argentino, a pesar de ello, las acató.

Con todos sus defectos, había que terminar con los ciclos de avasallamiento institucional “in totum”, y ninguno de los gobiernos de este gran espacio modernizador argentino -Alfonsín, de la Rúa y Mauricio Macri- buscaron atajos. Su subordinación a la ley fue total, y los dos últimos nombrados sufrieron con estoicismo el ataque politizado que intentó manchar sus personas con imputaciones falsarias.

Alfonsín había ido aún más lejos, en los albores de la democracia. No sólo mantuvo una distancia absoluta y respetuosa con la Corte, sino que hasta ofreció al candidato peronista que había derrotado en los comicios del 30 de octubre de 1983 la nominación para Presidente de la Corte Suprema de Justicia, que éste declinó. Entre los miembros de la Corte que designó, no había ninguno que lo hubiera sido por su alineamiento partidario y, en todo caso, uno sólo de sus miembros podría haber sido señalado como lejano simpatizante del partido del gobierno, aunque curiosamente en una concepción diferente a la del propio presidente. Esto terminó apenas se fue Alfonsín.

A partir de 1990, todo cambió y la ley que se impulsa con el argumento de “terminar con los privilegios” culminará con una añeja distorsión, propia de los años de excedencia, pero al precio de abrir el camino de la definitiva impunidad para el período mega-delictual de 2003 a 2015.

Si ésto ya de por sí será nefasto por los antecedentes y contraejemplo ético para la credibilidad política argentina -hacia adentro y hacia afuera-, la escasa predisposición al dialogo de la fuerza política gobernante adelanta que los nuevos designados luego del desmantelamiento seguirán la mima línea que en otros países “bolivarianos”. Un poder judicial cooptado, definitivamente manejado por teléfono, que no ponga traba alguna a la gestión autoritaria y para el que los derechos de los ciudadanos estén subordinados a la voluntad política del Poder Ejecutivo.

Ya no cabrá para calificar a esta experiencia la benigna definición de “populismo democrático”. Habrá girado definitivamente al autoritarismo populista, lanzando a la Argentina de cabeza al totalitarismo bolivariano.

Una lástima.

Ricardo Lafferriere


sábado, 15 de febrero de 2020

Sin plan y sin proyecto, pero con objetivos

Hablar de “modelos” está “démodé”. No lo está tanto, sin embargo, hablar de valores y de formas de convivencia en la sociedad. Y no está mal tampoco dibujar en forma simplificada las “caricaturas” de esas formas, buscadas por los protagonistas del espacio público y que identifican unas u otras posiciones.

La región nos ofrece dos caminos principales, que conllevan interpretaciones diferentes y hasta opuestas y que jerarquizan unos u otros valores al momento de definir sus posiciones, que convierten en “creencias”.

Una de ellas es la democracia pluralista. Su supuesto es la libertad de las personas. Su herramienta organizativa es el estado de derecho, que dibuja las facultades y límites del poder al que le reconocen potestad de limitar la libertad personal sólo en la medida en que se ha acordado en las normas fundamentales, la Constitución y las leyes, custodiadas por un Poder Judicial autónomo. 

La democracia pluralista es compatible con la libertad económica, en la medida en que se garantiza por el orden jurídico y es incompatible con la concentración total del poder en la economía. Su organización también es compatible con sistemas que otorgan mayor o menor capacidad al Estado, el que sin embargo debe ser democrático y funcionar de acuerdo con los mecanismos legales que establece la Constitución. Ese Estado moderno es una organización compleja que a sus tradicionales obligaciones de seguridad, justicia y defensa le agrega respuestas a demandas sociales mediante la construcción de un “piso de ciudadanía” y la organización de sistemas educativos, sanitarios y previsionales basados en la ley, cuya sanción deriva de un procedimiento también complejo en el que se garantiza la pluralidad del debate y la vigencia de las normas fundamentales.

La otra es la visión totalitaria. Su supuesto es que existen valores superiores a las personas, a las que éstas deben subordinar totalmente sus intereses y deseos. Puede ser la Nación, el Estado, la religión, una clase social o un partido y se encarnan en un “líder”. A éste se le reconocen facultades de limitar la libertad y los derechos de las personas en la medida que lo requiera, porque esos derechos y esa libertad se entienden como una delegación del poder superior y no el fundamento último de la sociedad. El Estado es tambien el organizador total de la economía, otorgando sin ninguna limitación los espacios de acción a empresas, sindicatos y personas que desee.

Es el debate político clásico del mundo occidental. En 1931 dos gigantes del derecho lo personificaron: la primera posición fue defendida -y argumentada- por Hans Kelsen, socialdemócrata, quien pasó a la historia por su genial obra “La Teoría Pura del Derecho”. La segunda fue elaborada y sostenida por Karl Schmidtt, nazi, recordado especialmente por su obra maestra “El concepto de lo político”, convertida en un clásico de las visiones totalitarias.

En términos políticos prácticos, el primero sostiene la necesidada de perfeccionar los sistemas de representación plural y la jerarquización de la búsqueda de acuerdos entre las distintas posiciones, y la existencia de leyes inviolables de nivel constitucional cuya vigencia debe estar garantizada por un organismo judicial totalmente apolítico. No admite la existencia de “enemigos” sino de diferentes visiones que deben debatir para encontrar síntesis que posibiliten la convivencia. El segundo, sostiene la necesidad de concentrar la totalidad del poder en una persona, el Jefe, resultado de la aclamación plebiscitaria, que no puede ser limitado por razón alguna en su plenipotencia y que puede utilizar los medios que desee y crea útiles para luchar contra el imprescindible “enemigo” o quien él declare como tal, en ejercicio de su representación sin límites. A ese enemigo, “ni justicia”.

Agua pasó bajo el puente. En el mundo los extremos autoritarios fueron derrotados en 1945 y en 1989. Sin embargo, no desaparecieron. De la mano de inteligentes analistas dieron origen a las escuelas “neopopulistas”, que asentadas en las necesidades siempre acuciantes de los sectores más pobres, retomaron la lucha contra el estado de derecho y la democracia plural. El “pobrismo” de visiones religiosas ultramontanas, también necesitadas de pobres para administrar, se sumó de inmediato.

Su modelo es una sociedad dual, alejada del pluralismo económico, social y cultural de las sociedades libres. Muchos pobres, dependientes del Estado cuyos límites frente a los derechos ciudadanos van siendo diluidos con argumentaciones rudimentarias pero también de gran llegada a personas que se sienten desamparadas y necesitan proyectarse en algún colectivo que les abra una puerta de esperanza a su desesperación. En el escalón superior, decide un estamento depositario del poder social y concentrador de la fuerza y el manejo de la estructura estatal.

Esa sociedad dual no admite la pluralidad de los sectores medios. Es enemiga de los emprendedores, de los empresarios, de los trabajadores por cuenta propia, de los agricultores, de los profesionales y comerciantes. En su idea -consciente, no involuntaria- esos sectores deben desaparecer. Deben homogeneizarse en la gran masa social dependiente del empleo público, de la asistencia social, de los planes de diverso tipo, de las “ayudas” más diversas, de jubilaciones o retiros cuyos ingresos pueda regular a discreción y de cualquier colectivo que pueda manipularse. 

Sus herramientas para lograrlo son duales: ahogo impositivo, reglamentario, cambiario, financiero, fiscal, normativo, hacia cualquier emprendimiento pequeño y mediano. Y paralelamente, una expansión de la “distribución” creando nuevas categorías -algunas absurdas- de dependencia estatal. Se “achican pirámides”, sin otra justificación que su oculto propósito de una sociedad sin sectores medios, actores fundamentales del pluralismo político y de las sociedades democráticas maduras. Y se diluyen hasta desaparecer los derechos de las personas, que dejan de estar asentadas en la ley para hacerlo en la voluntad del “líder” de turno. Odian la ley, aman el mando.

No suelen tener un proyecto o plan que trascienda el crudo patrimonialismo. Tampoco una ética de la producción -como la tiene el capitalismo y el socialismo clásico, e incluso la tuvo el nazismo- sino que justifica en su relato la anti-ética de la rapiña y el arrebato. Tiene objetivos. Es Venezuela, es Nicaragua, es Cuba. Tienden hacia allí algunas fuerzas políticas populistas en Europa y aprovechan las tensiones cruzadas del reordenamiento geopolítico mundial para tejer lazos con dirigentes que no los toman más en serio que su necesidad de apoyo en algún organismo multilateral, o para su juego geopolítico, pero que jamás aplicarían sus recetas social y nacionalmente suicidas en sus países.

Su base económica es tan vieja como la historia: apropiarse de bienes públicos. Pueden ser mineros, agropecuarios, petroleros o la lisa y llana rapiña estatal, incluidas las asociaciones filomafiosas con grandes capitalistas nacionales o internacionales. Y si esos recursos se acaban, siempre queda la sociedad con el narcotráfico, cuyos actores seculares encuentran en el “neopopulismo” inesperados socios sin escrúpulos con quienes pueden realizar acuerdos de beneficio recíproco.

No existe en el mundo ni un solo país en el que el neopopulismo haya conducido procesos de desarrollo. Los nuevos países en desarrollo, alejados de sus recetas del siglo XX, apuntan con diversos acentos hacia sociedades plurales y enriquecidas. China, luego del XI Congreso del PCC en 1978, comenzó un camino al que no fue ajeno un consejero convocado para diseñar una política económica dinámica, Milton Friedman, demonizado en Occidente por monetarista. La ex URSS, luego de su implosión reducida a la vieja Rusia, sostiene un modelo industrial y modernizador, con el propósito de largo plazo de conformar una Europa unida “desde Lisboa hasta Vladivostok”, en palabras de Putin. No son democracias maduras y muestran grandes deformaciones, pero mucho menos aceptan para sí el pozo ciego del neopopulismo.

El sincretismo del neopopulismo suele descolocar a viejos militantes. La respuesta popular coyuntural que logra con sus mensajes arcaicos o nacionalistas atemoriza o confunde a dirigentes de trayectoria democrática pero escasas convicciones modernizadoras. La tentación de la demagogia es tan vieja que ya la describió Aristóteles hace 2300 años y ha atravesado toda la historia occidental.
No hay frente a ella otra respuesta que la honestidad en el discurso y en el manejo de lo publico, la lucha por la libertad y derechos de las personas como base de todo el orden social y el control del poder por las formas elaboradas en más de dos mil años de historia política. 

El estado de derecho, la democracia representativa, la justicia independiente, la libertad de prensa y palabra, siguen siendo más que nunca las bases para construir una sociedad “más justa, más libre y más igualitaria”. Ahora, con demandas globales que nos alcanzan a todos y que no permiten enemigos, como el deterioro del clima planetario, el narcotráfico, el terrorismo internacional, el lavado de dinero y las consecuencias inequitativas no deseadas de un desarrollo conducido exclusivamente por el gran capital. Demandas en las que nos va la vida a todos pero que, curiosamente, tampoco figuran en la agenda del neopopulismo.

Ricardo Lafferriere