Matrimonio, patrimonio, impunidad, elecciones

"¿Dónde está la calidad institucional? ¿Por qué adelantaron tanto las elecciones? ¿Tal vez porque tienen miedo de perder?", gritaba, voz en cuello como es su costumbre, el ex presidente Kirchner al cerrar el acto de campaña en las elecciones convocadas para renovar la legislatura provincial en Catamarca. Nada tenía que hacer allí, como no sea llevar la voz oficial. Y los ciudadanos de Catamarca hablaron.
“Debemos dar por superado el escollo electoral”, expresó apenas una semana después en Chubut la señora presidenta, al anunciar su decisión de adelantar en cuatro meses las elecciones generales de renovación legislativa.
A todo esto, no se trata de cualquier período de cuatro meses. Es, justamente, aquél en el que todo el sistema político del país se moviliza para reunir sus Asambleas, Convenciones y Congresos, definir las plataformas y seleccionar las candidaturas a través de los procesos internos, en fechas que ya están fijadas en forma de complejos calendarios que cubren toda la geografía argentina.
De un plumazo, lo último que queda de la institucionalidad republicana en Argentina está al borde de ser bastardeado por la simple conveniencia del poder: “"Cada día que pasa perdemos votos por el campo y la inseguridad y crece el peronismo disidente en Buenos Aires", dijo una fuente oficial, que no fue desmetida, en declaraciones levantadas por el diario La Nación.
Las elecciones realizadas según los procedimientos establecidos son las reglas de juego básicas del poder en una democracia. A tal punto es así que el propio gobierno K, en lo que podría ser calificado como el único avance institucional de su gestión, había aceptado en el 2004 la fijación por ley de mayoría especial la fecha electoral en forma permanente, para evitar su manipulación por los oficialismos de turno. De esta forma, esta ley aprobada por el consenso de las diferentes fuerzas políticas prometía terminar con la nefasta práctica de las convocatorias escalonadas, aprovechadas por los oficialismos para organizar calendarios amañados a efectos de desatar “efectos cascada” con la finalidad de incidir en los resultados de las demás. Desde esa sanción, y para siempre, las elecciones se realizarían inexorablemente “el cuarto domingo de octubre anterior a la finalización de los respectivos mandatos”.
El tema no es menor. En el sistema constitucional argentino, que adopta para el gobierno de la Nación la forma “representativa, republicana y federal” –art. 1 de la Constitución Nacional- existen dos componentes constituyentes: las provincias, representadas en el Senado en forma igualitaria, anteriores a la Nación misma, y el pueblo de la Nación, que constituye una unidad indisoluble y así elige diputados y la fórmula presidencial cuando corresponde. La distorsión a este principio, que se había instalado en forma espúrea, fue revertida por la mencionada ley, único punto del magno proyecto de reforma política que el kirchnerismo había hecho su bandera, olvidada como todas las demás luego de su acceso al poder.
La imprevista decisión presidencial bastardea nuevamente el proceso. Legisladores que terminan su mandato inexorablemente el 10 de diciembre perderán su legitimidad –ya que no su legalidad- por el nuevo dislate, dejando al país virtualmente sin legislativo en el medio de una crisis global de proporciones. Nuevos diputados y senadores, elegidos seis meses antes de su entronización y sin posibilidad legal alguna de incorporarse a las Cámaras, generarán un Congreso virtual paralelo, como una fantasmal sombra de legitimidad, haciendo discutible lo que haga o deje de hacer el parlamento actual. En lugar de despejar la gobernabilidad, como lo ha manifestado en su nuevo y caprichoso giro discursivo el ex presidente Kirchner –presidente del partido justicialista, bueno es recordarlo, y participante del acto oficial en el que se anunció el cambio, sin vergüenza, pudor ni recato-, se dejará al país sin la mediación real del Congreso, condenado a la “política en las calles”, y sin el escenario mayor de debate del sistema democrático. La crisis anuncia conflictos intensos en todos los sectores, y no tendrán éstos otra forma que el reclamo social abierto. Lo estamos viendo en el campo, en las movilizaciones callejeras de los sindicatos, en los reclamos de desocupados, y en la violencia.
Siempre y cada vez más, la violencia.
Las elecciones, señora presidenta, no son un “escollo”, en el camino de un poder que habría llegado a sus manos “por la gracia de Dios”, como se atrevió a sostenerlo hace algunas semanas en su discurso de Villa Dolores. Son la forma de expresión institucionalizada de la soberanía popular, que a través de la Constitución y las leyes ha diseñado reglas de juego que no están previstas para que usted o su esposo sigan gobernando indefinidamente, sino para que la sociedad pueda articular sus conducciones con independencia de los intereses particulares de los funcionarios de turno. En sistemas institucionales complejos, como el argentino, la normativa electoral no se reduce al día del comicio. Implica una infinidad de pasos previos que enriquecen la calidad del proceso electoral, los que se verán afectados gravemente por su caprichosa decisión, que convertiría en cómplice a su propio partido y a quienes apoyen la iniciativa en el Congreso.
No deje que su soberbia le haga creer que su gestión es imprescindible. Es tan prescindible como lo fueron todos los que, antes que usted, creyeron que el poder era eterno y de su propiedad privada. En este caso, no sólo son prescindibles tanto usted como su esposo, sino que cada vez más es imprescindible el cambio. Este estilo de gestión ha provocado la pérdida de la mejor oportunidad que el país ha tenido en su historia, y nos está sumergiendo en una orgía de violencia, estancamiento y pobreza sin parangón en los tiempos modernos.
Piense, señora, que más allá de las alquimias de calenario que ha disparado con su esposo, ocho de cada diez argentinos rechazan su gestión.
¡Ocho de cada diez!
Ello no cambiará porque las elecciones sean antes o después. Como no cambiará la crisis económica, el desborde social, la rapiña a cuatro manos, la corrupción ramplona, la orgía de violencia. Lo único que conseguirá es bajar varios escalones más en la civilización política y quedar al borde de una implosión total que, una vez producida, no le dará indemnidad ni a usted ni a su esposo, aunque pretenda él ingenuamente escudarse en los fueros parlamentarios que no alcanzarán como artimaña evasiva para evitar dar cuenta de sus actos ante una justicia cada vez más despierta.
Los argentinos, señora, no somos patrimonio de su matrimonio. Somos un país, cuya mayoría creyó en la piel de cordero con que se vistieron en la campaña electoral haciéndo víctima del engaño a miles de argentinos, comenzando por su propio compañero de fórmula. No ha sido su gestión la anunciada gesta de unión nacional, respetuosa del disenso y del mandato de prohombres de todos los pensamientos, como lo difundiera en su campaña electoral prometiendo “calidad institucional”, sino la expresión del más puro sectarismo, plagada de intolerancia y latrocinios.
Sin embargo, como ha ocurrido desde 1810 hasta ahora, la justicia tarda, pero llega. La maniobra a la que están recurriendo en estos tiempos, de hacerse denunciar para obtener sobreseimientos amañados de jueces complacientes a fin de poder invocar después el “non bis in idem”, tiene patas cortas. El bastardeo institucional a que están sometiendo al Congreso terminará. Los argentinos están despertando. Tarde o temprano, tendrán que dar cuenta de sus actos ante la justicia imparcial, la que llegará cuando su régimen concluya y la Argentina reconstruya en plenitud la república democrática.

Ricardo Lafferriere