“La sedución por “transferir” del matrimonio K parece no tener límites. La lectura del artículo 7 de su proyecto (“Transfiérense en especie a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL los recursos que integran las cuentas de capitalización individual de los afiliados al Régimen de Capitalización del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones previsto en la Ley N° 24.241 y sus modificatorias..”) deja abiertas todas las incógnitas.
Si de “transferir” se trata, mañana podríamos encontrarnos con otras leyes, que esta vez ordenaran “transferir” a la administración nacional los saldos positivos en cuenta corriente que existan en los bancos. O los saldos de depósitos a plazo fijo. O los títulos accionarios o valores depositados en bancos o Cajas de Seguridad. O –si se les despertara el atractivo por las operaciones inmobiliarias para las que al parecer son tan afectos en sus pagos- transferir al Ministerio de Infraestructura los títulos de propiedad de los edificios financiados con fideicomisos.... En realidad, no habría ninguna diferencia jurídica entre todas estas hipotéticas transferencias: son todos bienes ajenos “protegidos” por el derecho de propiedad del mismo valor legal y con la misma fuerza jurídica que los depósitos previsionales privados, que según el artículo 82, ley 24241, con la sobriedad de las leyes normales dispone que “El fondo de jubilaciones y pensiones es un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la administradora y que pertenece a los afiliados...” En realidad, la administración K cumple el sueño de Al Capone: poder “transferir” a su patrimonio por su propia decisión, lo que se le ocurra que integre el patrimonio ajeno.”
Así expresábamos, en una nota publicada el 1 de noviembre de 2008 con el mismo título que ésta, nuestra sorpresa por el texto del proyecto –luego transformado en ley- por el cual Cristina Fernández disponía la confiscación de los ahorros previsionales privados para su libre disposición, bajo su exclusiva discrecionalidad.
El proyecto se aprobó, gracias al (¿ingenuo?) apoyo de socialistas, “progresistas” y algunos socios menores, que lo hicieron luego de “imponerle” a la mayoría una comisión de control que mantendría esos fondos a buen recaudo.
Ja. Logrado el objetivo, con esos recursos se comenzaron a financiar las ocurrencias presidenciales, sin debate ni control, rematando el futuro de los ahorristas previsionales, que terminaron siendo estafados por el kirchnerismo, un sector de la “oposición” y la vista cómplice de un Poder Judicial que deshonra su función.
No fue una “transferencia” excepcional. Se suman a las de los fondos del PAMI, de los fondos fiduciarios, de la AFIP, de la Lotería, y las propias “retenciones”. Pero en ese caso abrieron una ventana delictiva que trascendía a la simple reasignación de fondos públicos para avanzar sobre fondos ajenos.
Ahora hay de nuevo una “transferencia”. Esta vez, de recursos que no son del gobierno, como lo establece la ley vigente, sino del Banco Central, cuya función no es financiar al Estado sino custodiar el valor de la moneda, y cuyos recursos no son fiscales, de libre disponibilidad por el poder, sino de los argentinos que tienen pesos en sus bolsillos. Casi Siete mil millones de dólares son “transferidos” (sic) a la discrecionalidad presidencial. Sin controles, como los recursos de la ANSES.
Es curiosa la “positiva reacción” de algunos agentes económicos por la medida. Curiosa, pero explicable. Porque para ellos significa que cobrarán, aunque sea a cambio de agregar una gigantesca incertidumbre sobre la ya endeble credibilidad del país y no tienen por qué preocuparse si para pagarles, el deudor le roba a otro. Los acreedores cobrarán e incluso hasta el posible que le presten de nuevo: no son los responsables de velar por el futuro. El país habrá avanzado hacia el precipicio que implica vivir sin leyes, con el gobierno apropiándose alegremente de fondos ajenos, destrozando instituciones y oscureciendo aún más el horizonte. El efecto en las personas comunes de arrebatarle al Central esas reservas es debilitar la moneda. Los pesos que tenemos en el bolsillo valdrán menos. O dicho más crudamente, las cosas costarán más.
De sus viejos socios de andanzas, van quedando las hilachas. Y más quedarán luego de la vigencia, lograda también con su apoyo, de la ley de “reforma política” con la que el kirchnerismo quiere –una vez más, con una ley a su medida- lograr su eternización en el poder. Perdónese esta digresión, incluida en esta nota al sólo efecto de recordar lo que conlleva asociarse con delincuentes.
La medida –y todas las que de ahora en adelante se sancionen- no tendrán control judicial, porque la decisición de Aníbal Fernández autodeclarándose intérprete final de la constitucionalidad de las resoluciones judiciales está adelantando que, por más sentencias adversas que tengan, no las obedecerán si no se les antoja. Los jubilados, en este sentido, también fueron los primeros en sufrir el desconocimiento estatal de sus derechos reconocidos, sin lograr que sentencias logradas luego de años de angustiosos procedimienos judiciales sean sencillamente ignoradas, como si no existieran. Son ilusos quienes creen que se trató de una decisón aislada o que obedecía a un problema sindical: abrió un camino, que sirve como antecedente para cualquier otro caso.
El irresistible atractivo de “transferir” va despejando el camino. La asociación ilícita ha logrado el sueño de cualquier banda delictiva: asumir la suma del poder para quedarse con todo lo ajeno que se le ocurra. Sin miedo al parlamento. Sin temor a la justicia. Sin control de la prensa.
Seguir considerando a ésto un “estado de derecho” merecedor de ser sostenido aún por dos años se parece cada vez más una ironía de Elisa Carrió. O a un patológico síndrome masoquista.
Ricardo Lafferriere
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