Deuda - 3 - Hablar claro

Un notable choque cultural que encuentran los argentinos al viajar al exterior, o al radicarse en otro país, es el valor otorgado a la palabra. Salvo, tal vez, en Italia, el testimonio casi unánime de nuestros compatriotas al conversar sobre el tema es: “Allí, lo que se dice, es”.

El lenguaje es nominativo y con más razón en las cuestiones serias.

Nuestra forma de ser, por el contrario, suele utilizar al lenguaje como un velo semiopaco. Lo que se dice, se dice “a medias” y el interlocutor debe saber leer la connotación de cada afirmación. Si no lo sabe, o si asume que –como en todo el mundo- lo que se dice “es”, está en los prolegómenos de una relación que se tornará conflictiva.

Quien esto escribe recuerda una charla informal mantenida hace años con un prestigioso embajador alemán que expresaba su choque cultural al llegar a nuestro país: “En mi país, cuando la ley dice que un ciudadano tiene un derecho, éste suele regir de inmediato. Aquí, si la ley otorga un derecho, esto debe leerse como que otorga “el derecho a pedir ese derecho” a algún funcionario o a un Juez, quienes normalmente tienen la facultad de concederlo o denegarlo.”

Las reflexiones vienen a cuento de los matices contradictorios del discurso oficial sobre el “no pagaremos a los buitres”, “no pasarán”, “pagaremos al 100 % de los acreedores”, y hasta el “respetuosamente pedimos al señor Juez que nos permita pagar”.

El libreto contradictorio se está repitiendo por intermedio del ministro Kicilloff en Nueva York. Éste reitera el peligro de la cesación de pagos –tema ajeno al Juez de la causa- y las adhesiones a la posición argentina que expresa todo el mundo político nacional e internacional y deposita 1000 millones de dólares de la deuda reestructurada, pero desafiando nuevamente a quienes ganaron el juicio, y advirtiendo al Juez que embargar esa suma sería “una apropiación indebida de fondos de terceros” (¿?) y que su actuación tiene una "parcialidad a favor a los fondos buitre". (A propósito: ¿no es curioso que ante un vencimiento de 900 millones de dólares, se depositen "más de mil millones" -según Kicillof en su conferencia de prensa-?)

Es cierto que desde Obama hasta el FMI, desde Brasil y Uruguay hasta el grupo de los “77 + China” han “apoyado” la posición argentina. Hasta el Financial Times, que no suele precisamente halagar a la presidenta Kirchner, reclama una solución diferente.

¿Es justo el sistema vigente? Por supuesto que no. El procedimiento concursal, que establecen las leyes comerciales de la mayoría de los países para evitar la condena eterna de deudores insolventes en el plano interno no es contemplado por el derecho internacional, aunque debiera serlo. ¿Alguien de los que rezonga ha hecho algo para cambiarlo? Tampoco.

No se advierte, en efecto, que ninguno de los nombrados haya actuado más allá de un reclamo simbólico. Ni Obama ha remitido un proyecto de ley a su Congreso –o requerido a la legislatura de Nueva York- la reforma de su Código Procesal, ni el FMI ha incorporado a su agenda la discusión de un proyecto que institucionalice un procedimiento obligatorio de Concurso o Quiebra para los países mediante un Tratado Internacional con vigencia de ley positiva, ni los países en desarrollo han propuesto un camino similar o han dejado de pagar sus deudas de mercado pretendiendo inmunidad soberana. Ni siquiera Cuba, o Corea del Norte.

Y –lo más curioso- tampoco lo ha hecho la Argentina. No hay ningún antecedente en este sentido durante todo el período kirchnerista de una iniciativa diplomática de estas características. ¿Por qué razón entonces el Juez habría de fallar en contra de la ley que juró aplicar, que nadie propone formalmente cambiar ni ha iniciado los procedimientos para hacerlo?

¿Ha actuado correctamente el Juez Griesa? Se limitó a aplicar –como cualquier Juez- la ley vigente. ¿Es válido aplicar esa ley a la Argentina? La propia Argentina –más aún: la misma deuda emitida por Néstor y por Cristina Kirchner- estipuló que se sometía a las leyes y jurisdicción de Nueva York.

Salir de este atolladero no es un problema judicial. Exige finalizar el doble o triple discurso, como lo sostiene la lúcida nota editorial de Carlos Pagni en La Nación del 26/6. Reconocer que “La “quita excepcional” del relato kirchnerista no ha sido tal” –como dice Alfonso Prats Gay, al analizar los montos pagados y que quedan por pagar de la deuda argentina- y dejar de reiterarlo como una épica valiosa no sólo sería cierto sino que ayudaría a la negociación. Sería -además- más coherente con el discurso victimista de presentarnos como "pagadores seriales" -tal como lo ha reiterado la presidenta en varios discursos-

Decirle a la sociedad “no pagaremos a los buitres” y al Juez “queremos pagar al 100 % de los acreedores” no sólo es inconsistente, sino que a esta altura roza la esquizofrenia. Aumenta la desconfianza de los “buitres” –que cuentan con sentencia firme favorable- y de la sociedad –que una vez más siente que es engañada desde la cúpula del poder-. Los primeros pedirán más garantías al ver que se sigue reivindicando el “no pago” como un valor positivo, la segunda se alejará más de la política acercándonos nuevamente al “que se vayan todos” de escalofriante memoria.

Hace unos meses sosteníamos desde esta columna que no habría salida –ni siquiera transición- tranquila sin una convocatoria sincera y franca de la presidenta a toda la sociedad política más representativa para acordar reglas de juego y acciones concertadas, reforzando la clara ineptitud de la gestión oficial que ante cada crisis nos hace perder más dinero –como ocurrió con el sobrepago de bonos por la cláusula de PBI debido a la falsificación del INDEC, la estatización de Repsol y el arreglo con el Club de Paris- que golpearán fuertemente a las gestiones próximas.

Está claro que eso “es imposible, por la forma de ser de la señora”. Pues bien: lo que está pasando es una señal de cómo serán los últimos meses del régimen K: manteniendo el país al borde del abismo, respondiendo con parches improvisados al cúmulo de dificultades que se acercan, privilegiando el capricho por sobre los intereses de la nación y de su pueblo, y echando intermitentemente nafta y agua a un fuego que empieza a encenderse. Fuego que –valga decir- no se apagará forzando la identificación de los éxitos de la Selección Nacional de Fútbol con la gestión oficial, como lo intenta la infantil –aunque grotesca- publicidad presidencial en sus cortos sobre el Mundial.

No es precisamente una contribución patriótica. Aunque sea cierto, como dirían los jóvenes, que “es lo que hay”. Lamentablemente.

Ricardo Lafferriere