¿Es tan difícil radarizar el norte del país?
Virgilio Palud, Juez Federal de Reconquista, decía a un medio periodístico, hace ya varios años, que un centenar de pistas clandestinas recibían miles de vuelos por año que descargaban mercaderías sin control. El fenómeno se da en diferentes lugares del norte santafecino, Santiago de Estero, Formosa y Salta.
Quienes hemos estado cerca del escenario público en las últimas décadas no podemos dejar de advertir que el reclamo por la radarización comenzó apenas se instaló la democracia. Han transcurrido casi tres décadas y varias administraciones, de diferente signo, pero el proyecto sigue estancado. Los motivos han sido varios, pero el resultado es el mismo: a casi tres décadas de la llegada de la democracia, seguimos sin radares. Y la radarización es el primer vínculo del delito con las redes globales, la primera complicidad.
Es más: no ha logrado sancionarse –como los países vecinos- una ley adecuada de protección de cielos que autorice a la Fuerza Aérea a derribar aviones que desobedezcan en forma repetida la orden de aterrizaje.
Cuando aterrizan los vuelos y sus cargas se trasladan a los camiones encargados de distribuirlas, es demasiado tarde.
¿Es tan difícil coordinar la acción de los organismos de seguridad en las zonas de frontera, las rutas nacionales y las policías provinciales?
Sin esa coordinación entre Gendarmería, Policía Federal, policías provinciales y justicia federal, la tarea es inocua.
¿Es tan difícil detectar a los carteles ya instalados en el conurbano, en Rosario, en Córdoba y en otros lugares del país, y encontrar sus vinculaciones policiales, judiciales, políticas y empresariales?
Sin hacerlo, estamos condenados a que algún operativo esporádico, especialmente focalizado, tape el verdadero desarrollo de redes que están impregnando gran parte del sistema policial, judicial y político argentino, en los niveles nacionales, provinciales y locales.
Las redes mafiosas son el contenedor que expande todas las formas delictivas: narcotráfico, tráfico de personas, desarmaderos, robo de automóviles –principal situación de asesinato-, secuestros extorsivos y –quizás lo más importante- la instalación de una situación de convivencia con espacios delictivos que permite el florecimiento de otras modalidades de delitos, y la cooptación integrantes de las propias fuerzas de seguridad
¿Es tan difícil aplicar la ley tal como está sancionada, en su letra y en su espíritu, para garantizar a los ciudadanos su seguridad personal, sin distorsionar esa aplicación legal con sesudas elucubraciones ideologistas que –curiosamente- terminan coincidiendo en que no es posible hacer nada?
Si esto no se logra, culquier esfuerzo será vano y terminará mostrado como contraejemplo para los cuadros sanos de la policía, la justicia y la política, llevando a ellos el desánimo ante la próspera situación de sus colegas vinculados a las mafias.
Estos interrogantes –y varios similares- enfocan la dramática coyuntura que, como un macabro clivaje histórico, estamos viviendos los argentinos de hoy. El país está justo en el límite de perder definitivamente el control de su orden público, y la responsabilidad central es del cuerpo político. Un concepto se impone: no se nota la existencia de una clara voluntad política de cambiar la situación.
Por supuesto, el mayor responsable es el gobierno nacional, principal “complicidad” en las falencias de acción tanto en el control de las fronteras, del espacio aéreo, de las rutas, del lavado de dinero, de la corrupción vinculada con las mafias a través de algunas dirigencias sindicales, caudillejos territoriales y funcionarios policiales y judiciales. Y de la inexistente coordinación en la lucha anti-delictiva.
Hay responsabilidad también de los gobiernos provinciales y administraciones locales, que en muchos casos toleran vinculaciones mafiosas entre sus cuadros y las redes delictivas que terminan “atándole las manos”.
Pero también hay responsabilidad de la oposición, que no termina de adoptar en su agenda como punto central lo que es un reclamo masivo de los ciudadanos: vivir en paz, con seguridad y la tranquilidad de que se puede transitar por los lugares públicos con las espaldas cubiertas.
La oposición, por razones diversas, no termina de ponerse al frente de una lucha que no admite el “consenso”, indispensable por otra parte para la reconstrucción de la convivencia entre quienes piensan diferentes. El huracán destructor del kirchnerismo ha llevado a muchos dirigentes opositores a descreer del conflicto y buscar afanosamente coincidencias, lo que está bien porque sienta las bases de un país diferente.
Pero ninguna construcción será posible sin destrozar las redes mafiosas. En esa tarea, el imperativo ético no es acordar, sino luchar. Con intransigencia, con firmeza, con inteligencia, con recursos, con claridad de objetivos. Y cuidando también en forma escrupulosa que el fin del kirchnerismo no se traduzca simplemente en un traslado de complicidades, desde el oficialismo en declinación hacia el nuevo oficialismo que resulte su sucesor. La capacidad de permanencia, mutación y mimetización de estas redes es inmensa y trasciende su relación con un solo sector.
No se trata a esta altura de caer en la neutralizante e interminable discusión sobre las causas sociales de la delincuencia. Quienes secuestran y asesinan compatriotas son personas cuya única similitud con la condición humana es su morfología. Se trata de combatirlas con la ley en la mano –ni más, pero tampoco menos-, sin concesiones ni complicidades. Nada tienen en común la Argentina deseada.
El desprestigio de la política difícilmente se revierta si la ciudadanía no percibe que el principal problema argentino, la macabra danza de muerte con la que se ve obligada a convivir todos los días, está instalado tan fuertemente en la agenda de los dirigentes como en la insoportable ansiedad que los argentinos deben sufrir en cada momento de su vida.
Ricardo Lafferriere
lunes, 4 de octubre de 2010
Nerviosismo y obscenidad
Una extraña sensación va impregnando lenta pero inexorablemente el espíritu de los argentinos. Se siente como una inquietud indefinida, que sin embargo responde a un cúmulo de evidencias impuestas por la realidad, como un “deja vu” que recuerda las escenas de una película repetida.
La forma más rápida de definirla sería “inseguridad”, pero no se trata ya sólo de la incertidumbre sobre las cuestiones vitales y filosóficas, las relacionadas con el sentido de la vida, el misterio de la muerte o la existencia de Dios. Incluso van más más allá de la incógnita sobre si volverán con vida cada vez que salen de su casa. Es más amplia, y se extiende también a no saber “dónde está parado” cada uno. Perciben que están ocurriendo cosas en la realidad que no se ve, porque la experiencia de tantas crisis acumuladas les –nos- ha dejado una capacidad de percepción hipersensibilizada para darnos cuenta de que esos movimientos subterráneos eclosionarán, aunque no está claro cuándo, ni por dónde.
Esto provoca un estado de nerviosismo y excitabilidad que se nota en cada interacción con los demás, en la calle o en el tránsito, en el trabajo, en el hogar o en los colegios. Los argentinos están al borde de un ataque de nervios.
La inflación ha llegado, además, para golpear cada pequeño contrato: al comprar las provisiones en el supermercado, al enterarse de las facturas de la educación o la salud, al escuchar que habrá un incremento de más del 200 % en las tarifas de servicios públicos, o al impedir los “gustitos” que dan condimento a la vida pero que terminan cortándose en la ilusión de que el pequeño ahorro que implica no tomarse un cafecito los domingos leyendo el diario, suspendiendo las salidas al cine o a cenar o postergando indefinidamente la siempre pendiente compra de una camisa nueva, un par de zapatos o de un juego de ropa interior nivelará las cuentas mensuales que ya han entrado en un estado irreversible de desequilibrio.
La ilusión monetaria de los aumentos del 25 o 30 % -18 para los jubilados- ha sido sucedida por una fortísima “desilusión monetaria”, en la que comienzan a pesar las alegres cuotas a cincuenta meses con las que se pretendió “ganarle a la inflación adelantando consumos”. Hoy, cumplir con la cuota del televisor LCD implica privarse de comprar frutas u hortalizas, y ni hablar del asado de los domingos.
Pero además, está esa percepción de que no vamos bien. La intuición de que no hay inversión, ni crecimiento, ni mayor producción; que la estabilidad en el trabajo vuelve a peligrar, que la empresa comienza a tener problemas y que no se avizora un cambio de escenario. Todos sienten que la pareja presidencial está sembrando de explosivos los meses posteriores al final de su mandato, creando deudas por doquier, vaciando todas las cajas, consumiendo todos los ahorros y haciendo del horizonte pos-K un campo minado. Y saben que ese campo minado será activado si gana la oposición, pero que explotará también si gana el oficialismo, que, ensoberbecido por su eventual éxito, no tendrá freno alguno para sus desbordes.
Las declaraciones de la presidenta sobre la justicia inquietan aún más. “Obscena”, calificó a la decisión judicial que respondió a una acción de los usuarios de Fibertel, arbitrariamente “declarada desaparecida” por la administración kirchnerista.
“Que ofende al pudor deliberadamente”, define la Academia a esa palabra. Los argentinos la conocen. La aplican a la utilización desenfrenada de la flota de aviones presidenciales para llevar y traer a la familia presidencial del Calafate, a pesar de que le pagan a la “primera familia” un chalet con todo incluído en Olivos, para que no tengan que gastar de su peculio para desempeñar sus funciones dignamente. También a la utilización de la flota de autos oficiales facilitados por empresas que necesitan favores del gobierno. O al enriquecimiento de funcionarios del riñón político del kirchnerismo. Y a las negociones particulares del ex presidente y actual diputado, utilizando el poder y la información privilegiada para negocios privados en el mercado cambiario y aún para favorecer sus explotaciones turísticas.
Obscena es la escena de los compatriotas durmiendo en los zaguanes, en cantidades que no se veían desde hace décadas y obscena es la utilización de los derechos humanos como escudo protector de mafias y negociados. Obscena ha sido para los argentinos la aparición de bolsos con decenas de miles de dólares en despachos ministeriales y obsceno también el intento de contrabando de cientos de miles de dólares destinados a la campaña presidencial de CK. Tanto como la manipulación de los precios, la sujeción a autorizaciones políticas de importaciones y exportaciones y las persecusiones a empresarios que no aceptan o insinúan una resistencia al chantaje K.
Obscena es la falsificación de medicamentos en obras sociales gerenciadas por mafias de sindicalistas-estancieros, asociados al gobierno. Y obscena es la vinculación de las otras –o las mismas- mafias del narcotráfico formalizando complicidades con el poder y “atando las manos” a quienes se apoyan en ellas para llegar al gobierno.
Son muchas las obscenidades que debieran ser denunciadas por la presidenta. Tantas, que el enorme silencio con el que la agenda oficial las trata hace banal el sentimiento de “obscenidad” que, sorpresivamente, la presidenta siente por un simple fallo judicial que no la afecta, sino que defiende lo que la justicia tiene que defender: no los derechos del poder, sino los derechos de las personas. Para eso está. Cuando deje de hacer eso, se hace innecesaria. Y significará que ha desaparecido totalmente el estado de derecho.
Por eso la inquietud. Porque los argentinos comunes, los que no tienen posibilidades de cambiar el minué del escenario pero sufren las consecuencias de sus dislates, no ven hoy un camino claro sino que, al contrario, sienten que todo se complica cada día que pasa. No porque las cosas salgan mal debido a algún maleficio o capricho del destino, sino porque perciben que nadie en el gobierno se ocupa de que se arreglen.
Ricardo Lafferriere
La forma más rápida de definirla sería “inseguridad”, pero no se trata ya sólo de la incertidumbre sobre las cuestiones vitales y filosóficas, las relacionadas con el sentido de la vida, el misterio de la muerte o la existencia de Dios. Incluso van más más allá de la incógnita sobre si volverán con vida cada vez que salen de su casa. Es más amplia, y se extiende también a no saber “dónde está parado” cada uno. Perciben que están ocurriendo cosas en la realidad que no se ve, porque la experiencia de tantas crisis acumuladas les –nos- ha dejado una capacidad de percepción hipersensibilizada para darnos cuenta de que esos movimientos subterráneos eclosionarán, aunque no está claro cuándo, ni por dónde.
Esto provoca un estado de nerviosismo y excitabilidad que se nota en cada interacción con los demás, en la calle o en el tránsito, en el trabajo, en el hogar o en los colegios. Los argentinos están al borde de un ataque de nervios.
La inflación ha llegado, además, para golpear cada pequeño contrato: al comprar las provisiones en el supermercado, al enterarse de las facturas de la educación o la salud, al escuchar que habrá un incremento de más del 200 % en las tarifas de servicios públicos, o al impedir los “gustitos” que dan condimento a la vida pero que terminan cortándose en la ilusión de que el pequeño ahorro que implica no tomarse un cafecito los domingos leyendo el diario, suspendiendo las salidas al cine o a cenar o postergando indefinidamente la siempre pendiente compra de una camisa nueva, un par de zapatos o de un juego de ropa interior nivelará las cuentas mensuales que ya han entrado en un estado irreversible de desequilibrio.
La ilusión monetaria de los aumentos del 25 o 30 % -18 para los jubilados- ha sido sucedida por una fortísima “desilusión monetaria”, en la que comienzan a pesar las alegres cuotas a cincuenta meses con las que se pretendió “ganarle a la inflación adelantando consumos”. Hoy, cumplir con la cuota del televisor LCD implica privarse de comprar frutas u hortalizas, y ni hablar del asado de los domingos.
Pero además, está esa percepción de que no vamos bien. La intuición de que no hay inversión, ni crecimiento, ni mayor producción; que la estabilidad en el trabajo vuelve a peligrar, que la empresa comienza a tener problemas y que no se avizora un cambio de escenario. Todos sienten que la pareja presidencial está sembrando de explosivos los meses posteriores al final de su mandato, creando deudas por doquier, vaciando todas las cajas, consumiendo todos los ahorros y haciendo del horizonte pos-K un campo minado. Y saben que ese campo minado será activado si gana la oposición, pero que explotará también si gana el oficialismo, que, ensoberbecido por su eventual éxito, no tendrá freno alguno para sus desbordes.
Las declaraciones de la presidenta sobre la justicia inquietan aún más. “Obscena”, calificó a la decisión judicial que respondió a una acción de los usuarios de Fibertel, arbitrariamente “declarada desaparecida” por la administración kirchnerista.
“Que ofende al pudor deliberadamente”, define la Academia a esa palabra. Los argentinos la conocen. La aplican a la utilización desenfrenada de la flota de aviones presidenciales para llevar y traer a la familia presidencial del Calafate, a pesar de que le pagan a la “primera familia” un chalet con todo incluído en Olivos, para que no tengan que gastar de su peculio para desempeñar sus funciones dignamente. También a la utilización de la flota de autos oficiales facilitados por empresas que necesitan favores del gobierno. O al enriquecimiento de funcionarios del riñón político del kirchnerismo. Y a las negociones particulares del ex presidente y actual diputado, utilizando el poder y la información privilegiada para negocios privados en el mercado cambiario y aún para favorecer sus explotaciones turísticas.
Obscena es la escena de los compatriotas durmiendo en los zaguanes, en cantidades que no se veían desde hace décadas y obscena es la utilización de los derechos humanos como escudo protector de mafias y negociados. Obscena ha sido para los argentinos la aparición de bolsos con decenas de miles de dólares en despachos ministeriales y obsceno también el intento de contrabando de cientos de miles de dólares destinados a la campaña presidencial de CK. Tanto como la manipulación de los precios, la sujeción a autorizaciones políticas de importaciones y exportaciones y las persecusiones a empresarios que no aceptan o insinúan una resistencia al chantaje K.
Obscena es la falsificación de medicamentos en obras sociales gerenciadas por mafias de sindicalistas-estancieros, asociados al gobierno. Y obscena es la vinculación de las otras –o las mismas- mafias del narcotráfico formalizando complicidades con el poder y “atando las manos” a quienes se apoyan en ellas para llegar al gobierno.
Son muchas las obscenidades que debieran ser denunciadas por la presidenta. Tantas, que el enorme silencio con el que la agenda oficial las trata hace banal el sentimiento de “obscenidad” que, sorpresivamente, la presidenta siente por un simple fallo judicial que no la afecta, sino que defiende lo que la justicia tiene que defender: no los derechos del poder, sino los derechos de las personas. Para eso está. Cuando deje de hacer eso, se hace innecesaria. Y significará que ha desaparecido totalmente el estado de derecho.
Por eso la inquietud. Porque los argentinos comunes, los que no tienen posibilidades de cambiar el minué del escenario pero sufren las consecuencias de sus dislates, no ven hoy un camino claro sino que, al contrario, sienten que todo se complica cada día que pasa. No porque las cosas salgan mal debido a algún maleficio o capricho del destino, sino porque perciben que nadie en el gobierno se ocupa de que se arreglen.
Ricardo Lafferriere
martes, 14 de septiembre de 2010
Democracia y mercado
La democracia surgió en Europa como una rebelión de las personas comunes para limitar el poder del Estado absolutista, en un proceso que comenzó en el siglo XIII en Inglaterra (Carta Magna, 1215) y se extendió hasta la Revolución Francesa (1789). Su consigna de lucha fueron “las leyes”, de alcance neutral y general, resguardando para las personas el marco de libertad frente al que debía rendirse la discrecionalidad del poder. Entre esas libertades, la de trabajar, producir, comerciar, comprar y vender, eran motivadoras frente a la discrecionalidad de los señores feudales, obispos y reyezuelos que decidían en forma autoritaria qué se podía hacer, el monto de las contribuciones e impuestos y los escasos islotes de autonomía personal autorizados a los ciudadanos. Democracia y mercado, en un comienzo, fueron sinónimos. Los unificaba la consigna democrática. Frente a ambos, estaba el poder.
Las revoluciones liberales cambiaron la ecuación. Vencido el poder absoluto de las monarquías, el Estado comenzó a reflejar una realidad más compleja, convirtiéndose en el campo de lucha de los diferentes intereses que pugnaban en el capitalismo originario. Los sectores más dinámicos y pudientes no tardaron en ponerlo a su servicio, para terminar con los restos de los privilegios feudales, pero abrieron el camino a nuevas injusticias traducidas en la desprotección que implicaban las reglas de funcionamiento “neutral” al aplicarse a personas con diferentes posiciones económicas. Y cuando el trabajo se identificó a una mercancía, democracia y mercado comenzaron a ver crujir sus viejas solidaridades.
El Estado ayudó al capitalismo a desarrollarse, porque era la única forma de crecimiento económico conocido. La opción feudal no era alternativa, en un momento en que la carrera se había lanzado aceleradamente en el plano internacional y el crecimiento económico era identificado con el poder nacional. Hoy, y luego de la implosión del sistema que se pretendió a sí mismo como “superador” del capitalismo, no queda en el mundo otro sistema económico que el capitalista, adoptado no sólo por sus países “bandera”, sino por los ex - socialistas de Europa Oriental, Rusia, China y hasta por los protagonistas de los nuevos conflictos, como los integristas islámicos, capitalistas más extremos que los propios Estados Unidos, porque no lo conciben asentado en la democracia sino en dogmas religiosos.
El siglo XX fue testigo de toda clase de combinaciones, asociaciones y divergencias. La tendencia fue un fuerte avance de los Estados ante el mercado liderados por las visiones más extremas, el comunismo y los fascismos, pero seguidos por las democracias occidentales que sostuvieron la necesidad de Estados con fuerte intervención en la economía tanto en Gran Bretaña, Francia y los países nórdicos, como en los propios Estados Unidos en que el Estado no interviene como propietario pero decide objetivos y los sostiene con gasto público. Hasta que llegó la globalización.
Las grandes novedades de la globalización en este campo de análisis son la debilidad creciente del poder político para disciplinar al capital, que sortea los bordes nacionales y se maneja con el mundo como único mercado, por un lado; y el surgimiento de los ciudadanos como protagonistas directos, potenciados por la exponencial revolución de las comunicaciones y la Internet, que convierten al mundo en un dedal, invierten el panóptico foucaultiano y provoca que en lugar de sentirse observadas por el poder al estilo de lo predicho por Orwell en “1984”, las personas adquieren la potestad de observar hasta los pliegues más intimos del poder, que comienza a estar arrinconado por una situación que no había conocido nunca. El “secreto”, fundamento central de su tradicional imperio frente a las personas, fue carcomido en diferentes frentes hasta hacer al poder extremadamente vulnerable a inciativas que pueden surgir de cualquier lado, de manera imprevista e imprevisible, debilitándolo y neutralizándolo.
Por supuesto que el proceso no es lineal y subsisten Estados más autoritarios y más disciplinados, frente a otros en los que el protagonismo ciudadano es más directo. Pero un rápido recorrido a la prensa internacional muestra la tendencia en forma indiscutible: los ciudadanos hoy no sólo tienen menos temor de los Estados, sino que se sienten más convencidos que nunca de sus derechos para reclamar, exigir, controlar y denunciar, en todos lados del mundo. No sienten que los Estados sean la expresión de la democracia, sino que, por el contrario, más veces de las convenientes son identificados con intereses que coartan libertades, generan más problemas que los que arreglan, y producen más mortificaciones que felicidad en los ciudadanos comunes. Estado y democracia no son ya sinónimos, y la primera reacción de las personas frente al Estado no es de solidaridad, simpatía y apoyo sino de recelo, antipatía y autodefensa.
El resultado en nuestra reflexión no se hizo esperar. Mercado y democracia vuelven a protagonizar un juego diferente y, en ocasiones, a mostrarse nuevamente juntos, esta vez asentados en dos grandes tendencias: el poder de los ciudadanos, que ya no aceptan que el Estado les indique qué comprar, qué vender, qué producir, qué comerciar o a qué precio hacerlo, o directamente qué hacer con sus vidas; y el poder del capital, que se encuentra en condiciones de evadir cualquier intento del Estado de volver a disciplinarlo en temas que son propios de su órden de funcionamiento (en términos pascalianos), por los mecanismos de la economía globalizada. El Estado, por su parte, ha perdido gran parte de su representatividad social y ha quedado reducido en el mejor de los casos a expresar los intereses de diferentes “nomenclaturas” que, en rigor, no se representan más que a sí mismas y en el peor a convertirse en una herramienta de captación corrupta de recursos para las camarillas que han llegado a detentarlo. Será necesario un titánico esfuerzo ético y un profundo cambio de la conducta política para recuperar la confianza y la credibilidad de los ciudadanos y reconstruir los lazos de la representación política.
Ese es el escenario actual, que llegamos a ver en la Argentina. Los ciudadanos se sintieron cerca de los productores agropecuarios, en su lucha defendiéndose del Estado. Se ubican mayoritariamente del lado de las empresas bloqueadas por las patotas sindicales ligadas al Estado. De la misma manera, están mayoritariamente al lado de Fibertel, o de Cablevisión, atacados por el poder. Y a pesar de la tradicional descofianza en los grandes multimedios, está claro que hasta Clarín les inspira más simpatía que Kirchner en un contradictorio que ya descalificaron como autoritario y tendencioso.... por no hablar del affaire de “Papel Prensa”, en el que mayoritariamente las personas se ubican en las antípodas del Estado y cerca de los medios privados.
¿Esto quiere decir que se ha recreado la alianza originaria entre mercado y democracia, y vuelven a ser sinónimos? Aunque la respuesta debe ser necesariamente matizada, las democracias más modernas, aún las “socialistas” como las lideradas por José Mujica, Lula o Rodríguez Zapatero son claramente pro-mercado. Y aunque la cuestión está lejos de merecer una opinión lineal, lo que está claro es que considerarlos enemigos sistémicos y permanentes es aventurado ya que, por el contrario, puestos a optar y aunque mantengan recelos claros y justificados frente al mercado y sus tendencias monopólicas, los ciudadanos parecen preferir la libertad de elegir entre opciones plurales en mercados abiertos a los dudosos beneficios de las decisiones impuestas desde el poder, en nombre de presuntos intereses de “mayorías” que no creen en él ni lo sienten de su lado.
Ricardo Lafferriere
Las revoluciones liberales cambiaron la ecuación. Vencido el poder absoluto de las monarquías, el Estado comenzó a reflejar una realidad más compleja, convirtiéndose en el campo de lucha de los diferentes intereses que pugnaban en el capitalismo originario. Los sectores más dinámicos y pudientes no tardaron en ponerlo a su servicio, para terminar con los restos de los privilegios feudales, pero abrieron el camino a nuevas injusticias traducidas en la desprotección que implicaban las reglas de funcionamiento “neutral” al aplicarse a personas con diferentes posiciones económicas. Y cuando el trabajo se identificó a una mercancía, democracia y mercado comenzaron a ver crujir sus viejas solidaridades.
El Estado ayudó al capitalismo a desarrollarse, porque era la única forma de crecimiento económico conocido. La opción feudal no era alternativa, en un momento en que la carrera se había lanzado aceleradamente en el plano internacional y el crecimiento económico era identificado con el poder nacional. Hoy, y luego de la implosión del sistema que se pretendió a sí mismo como “superador” del capitalismo, no queda en el mundo otro sistema económico que el capitalista, adoptado no sólo por sus países “bandera”, sino por los ex - socialistas de Europa Oriental, Rusia, China y hasta por los protagonistas de los nuevos conflictos, como los integristas islámicos, capitalistas más extremos que los propios Estados Unidos, porque no lo conciben asentado en la democracia sino en dogmas religiosos.
El siglo XX fue testigo de toda clase de combinaciones, asociaciones y divergencias. La tendencia fue un fuerte avance de los Estados ante el mercado liderados por las visiones más extremas, el comunismo y los fascismos, pero seguidos por las democracias occidentales que sostuvieron la necesidad de Estados con fuerte intervención en la economía tanto en Gran Bretaña, Francia y los países nórdicos, como en los propios Estados Unidos en que el Estado no interviene como propietario pero decide objetivos y los sostiene con gasto público. Hasta que llegó la globalización.
Las grandes novedades de la globalización en este campo de análisis son la debilidad creciente del poder político para disciplinar al capital, que sortea los bordes nacionales y se maneja con el mundo como único mercado, por un lado; y el surgimiento de los ciudadanos como protagonistas directos, potenciados por la exponencial revolución de las comunicaciones y la Internet, que convierten al mundo en un dedal, invierten el panóptico foucaultiano y provoca que en lugar de sentirse observadas por el poder al estilo de lo predicho por Orwell en “1984”, las personas adquieren la potestad de observar hasta los pliegues más intimos del poder, que comienza a estar arrinconado por una situación que no había conocido nunca. El “secreto”, fundamento central de su tradicional imperio frente a las personas, fue carcomido en diferentes frentes hasta hacer al poder extremadamente vulnerable a inciativas que pueden surgir de cualquier lado, de manera imprevista e imprevisible, debilitándolo y neutralizándolo.
Por supuesto que el proceso no es lineal y subsisten Estados más autoritarios y más disciplinados, frente a otros en los que el protagonismo ciudadano es más directo. Pero un rápido recorrido a la prensa internacional muestra la tendencia en forma indiscutible: los ciudadanos hoy no sólo tienen menos temor de los Estados, sino que se sienten más convencidos que nunca de sus derechos para reclamar, exigir, controlar y denunciar, en todos lados del mundo. No sienten que los Estados sean la expresión de la democracia, sino que, por el contrario, más veces de las convenientes son identificados con intereses que coartan libertades, generan más problemas que los que arreglan, y producen más mortificaciones que felicidad en los ciudadanos comunes. Estado y democracia no son ya sinónimos, y la primera reacción de las personas frente al Estado no es de solidaridad, simpatía y apoyo sino de recelo, antipatía y autodefensa.
El resultado en nuestra reflexión no se hizo esperar. Mercado y democracia vuelven a protagonizar un juego diferente y, en ocasiones, a mostrarse nuevamente juntos, esta vez asentados en dos grandes tendencias: el poder de los ciudadanos, que ya no aceptan que el Estado les indique qué comprar, qué vender, qué producir, qué comerciar o a qué precio hacerlo, o directamente qué hacer con sus vidas; y el poder del capital, que se encuentra en condiciones de evadir cualquier intento del Estado de volver a disciplinarlo en temas que son propios de su órden de funcionamiento (en términos pascalianos), por los mecanismos de la economía globalizada. El Estado, por su parte, ha perdido gran parte de su representatividad social y ha quedado reducido en el mejor de los casos a expresar los intereses de diferentes “nomenclaturas” que, en rigor, no se representan más que a sí mismas y en el peor a convertirse en una herramienta de captación corrupta de recursos para las camarillas que han llegado a detentarlo. Será necesario un titánico esfuerzo ético y un profundo cambio de la conducta política para recuperar la confianza y la credibilidad de los ciudadanos y reconstruir los lazos de la representación política.
Ese es el escenario actual, que llegamos a ver en la Argentina. Los ciudadanos se sintieron cerca de los productores agropecuarios, en su lucha defendiéndose del Estado. Se ubican mayoritariamente del lado de las empresas bloqueadas por las patotas sindicales ligadas al Estado. De la misma manera, están mayoritariamente al lado de Fibertel, o de Cablevisión, atacados por el poder. Y a pesar de la tradicional descofianza en los grandes multimedios, está claro que hasta Clarín les inspira más simpatía que Kirchner en un contradictorio que ya descalificaron como autoritario y tendencioso.... por no hablar del affaire de “Papel Prensa”, en el que mayoritariamente las personas se ubican en las antípodas del Estado y cerca de los medios privados.
¿Esto quiere decir que se ha recreado la alianza originaria entre mercado y democracia, y vuelven a ser sinónimos? Aunque la respuesta debe ser necesariamente matizada, las democracias más modernas, aún las “socialistas” como las lideradas por José Mujica, Lula o Rodríguez Zapatero son claramente pro-mercado. Y aunque la cuestión está lejos de merecer una opinión lineal, lo que está claro es que considerarlos enemigos sistémicos y permanentes es aventurado ya que, por el contrario, puestos a optar y aunque mantengan recelos claros y justificados frente al mercado y sus tendencias monopólicas, los ciudadanos parecen preferir la libertad de elegir entre opciones plurales en mercados abiertos a los dudosos beneficios de las decisiones impuestas desde el poder, en nombre de presuntos intereses de “mayorías” que no creen en él ni lo sienten de su lado.
Ricardo Lafferriere
Importamos carne...
Hace tres años, cuando la ex Ministra de Economía Felisa Micelli decidió prohibir la exportación de carnes con el argumento que “en el exterior, su precio es demasiado caro” y que volveríamos a exportar “cuando baje”, sostuvimos que ese absurdo razonamiento económico condenaría a la Argentina a desmantelamiento de su sector ganadero, y a la importación de carne.
Por supuesto que nuestra voz no fue un reclamo solitario. Simplemente se sumó al reclamo de miles de productores que no necesitaban los títulos académicos de la ministra para saber algo que surge del sentido común: si no hay precios compensatorios, cualquier actividad desaparece. Nadie trabajará sabiendo que en lugar de ganar, pierde.
En aque momento decíamos que esa argumentación retrocedía a tiempos anteriores a la Representación de los Hacendados, redactada por Mariano Moreno y considerada una fuente de la Revolución de Mayo, e incluso era previa al pensamiento de nuestro primer economista, Manuel Belgrano.
Las noticias de hoy nos confirman que aquella advertencia, que en el momento en que fue emitida parecía ciencia ficción, se está convirtiendo en una increíble realidad: la Argentina está importando carne cada vez en mayor cantidad.
El beneficiario de esta necesidad argentina es nuestro vecino Uruguay, que en un año ha visto crecer sus exportaciones de carnes a la Argentina en un 70 %.
Uruguay siguió una política exactamente inversa a la argentina, con la lúcida gestión del actual presidente José Mujica, quien desde su anterior cargo de Ministro de Agricultura y Ganadería, liberó totalmente la exportación de carnes y logró que su país, contando con un rodeo que es la quinta parte del argentino (apenas 12 millones de cabezas) pudiera exportar 550.000 toneladas al año, mientras que Argentina, con un rodeo que se acercaba –antes del kirchnerismo- a 60 millones de cabezas, no llegara a las 400.000 toneladas.
Hoy, la situación del mercado de carnes es la consecuencia de las políticas destructivas de Kirchner y Moreno. El rodeo ha caído a 48 millones de cabezas, no se ha podido cumplir ni siquiera con la Cuota Hilton y el país está exportando la mitad del tonelaje de carnes que exporta Uruguay.
Pero eso no es lo peor: la carne está desapareciendo de las carnicerías y góndolas, simplemente porque no hay. La destrucción del stock ganadero ha provocado que no exista más ganado, que no se puede fabricar de un día para otro, y eso genera el incremento de su precio a niveles que superan cualquier presupuesto de hogares populares.
Mientras tanto, el gobierno ha dejado de hablar de la carne, como los niños que cometen una travesura y la silencian para no sentirse responsables. La diferencia es que ya somos grandes y la travesura ha costado a los argentinos poner en camino de su desaparición a una actividad que podría ser pujante y estar sosteniendo a una gran parte de la economía nacional.
Mientras en el Uruguay, decidido a profundizar su revolución ganadera, se terminará este año con la inclusión de la totalidad de su rodeo en el proceso de trazabilidad (que significa que todos los animales producidos tendrán un seguimiento particularizado, desde su nacimiento hasta su faena, en información sobre genética, alimentación, eventuales medicamentos y episodios destacables de su vida), convirtiéndose en el único país de la región con este grado de extensión de la trazabilidad, en la Argentina el Secretario Moreno prosigue con su discrecional manejo de intervención grotesca planeando cupos de fanea, distribución forzosa de lotes a diferentes frigoríficos amigos y manipulación de precios a niveles que, a pesar de su incremento, son inferiores a los costos de producción.
Menos producción, menos exportaciones, menos consumo, menos actividad frigorífica, menos trabajadores, menos impuestos recaudados. Los dos grandes responsables, Néstor Kirchner y Guillermo Moreno, mientras tanto y como si nada pasara, continúan sancionando dislates y tomando medidas con éste y otros sectores, con la impunidad que les otorga saber que, destrocen lo que destrocen, no habrá para ellos sanción alguna.
Ricardo Lafferriere
Por supuesto que nuestra voz no fue un reclamo solitario. Simplemente se sumó al reclamo de miles de productores que no necesitaban los títulos académicos de la ministra para saber algo que surge del sentido común: si no hay precios compensatorios, cualquier actividad desaparece. Nadie trabajará sabiendo que en lugar de ganar, pierde.
En aque momento decíamos que esa argumentación retrocedía a tiempos anteriores a la Representación de los Hacendados, redactada por Mariano Moreno y considerada una fuente de la Revolución de Mayo, e incluso era previa al pensamiento de nuestro primer economista, Manuel Belgrano.
Las noticias de hoy nos confirman que aquella advertencia, que en el momento en que fue emitida parecía ciencia ficción, se está convirtiendo en una increíble realidad: la Argentina está importando carne cada vez en mayor cantidad.
El beneficiario de esta necesidad argentina es nuestro vecino Uruguay, que en un año ha visto crecer sus exportaciones de carnes a la Argentina en un 70 %.
Uruguay siguió una política exactamente inversa a la argentina, con la lúcida gestión del actual presidente José Mujica, quien desde su anterior cargo de Ministro de Agricultura y Ganadería, liberó totalmente la exportación de carnes y logró que su país, contando con un rodeo que es la quinta parte del argentino (apenas 12 millones de cabezas) pudiera exportar 550.000 toneladas al año, mientras que Argentina, con un rodeo que se acercaba –antes del kirchnerismo- a 60 millones de cabezas, no llegara a las 400.000 toneladas.
Hoy, la situación del mercado de carnes es la consecuencia de las políticas destructivas de Kirchner y Moreno. El rodeo ha caído a 48 millones de cabezas, no se ha podido cumplir ni siquiera con la Cuota Hilton y el país está exportando la mitad del tonelaje de carnes que exporta Uruguay.
Pero eso no es lo peor: la carne está desapareciendo de las carnicerías y góndolas, simplemente porque no hay. La destrucción del stock ganadero ha provocado que no exista más ganado, que no se puede fabricar de un día para otro, y eso genera el incremento de su precio a niveles que superan cualquier presupuesto de hogares populares.
Mientras tanto, el gobierno ha dejado de hablar de la carne, como los niños que cometen una travesura y la silencian para no sentirse responsables. La diferencia es que ya somos grandes y la travesura ha costado a los argentinos poner en camino de su desaparición a una actividad que podría ser pujante y estar sosteniendo a una gran parte de la economía nacional.
Mientras en el Uruguay, decidido a profundizar su revolución ganadera, se terminará este año con la inclusión de la totalidad de su rodeo en el proceso de trazabilidad (que significa que todos los animales producidos tendrán un seguimiento particularizado, desde su nacimiento hasta su faena, en información sobre genética, alimentación, eventuales medicamentos y episodios destacables de su vida), convirtiéndose en el único país de la región con este grado de extensión de la trazabilidad, en la Argentina el Secretario Moreno prosigue con su discrecional manejo de intervención grotesca planeando cupos de fanea, distribución forzosa de lotes a diferentes frigoríficos amigos y manipulación de precios a niveles que, a pesar de su incremento, son inferiores a los costos de producción.
Menos producción, menos exportaciones, menos consumo, menos actividad frigorífica, menos trabajadores, menos impuestos recaudados. Los dos grandes responsables, Néstor Kirchner y Guillermo Moreno, mientras tanto y como si nada pasara, continúan sancionando dislates y tomando medidas con éste y otros sectores, con la impunidad que les otorga saber que, destrocen lo que destrocen, no habrá para ellos sanción alguna.
Ricardo Lafferriere
jueves, 26 de agosto de 2010
Matar el mensajero...
Cuando se discutió, hace algunos meses, la nueva ley de medios audiovisuales, advertimos sobre la intención autoritaria y dictatorial de la norma.
Muchos prefirieron ver sus aspectos positivos, achacando en forma desmatizada un alineamiento con el grupo Clarín a quienes sostuvimos esta posición cuestionatoria.
Ahora se ve, lamentablemente, la certeza de nuestra predicción y la ingenuidad de los que, de buena fe, apoyaron la iniciativa oficialista. Lo que buscaba el matrimonio gobernante era terminar con las voces opositoras y aún las imparciales, y perseguir hasta su desaparición a los mensajeros que no pudiera controlar.
La ofensiva contra un grupo de empresas de comunicación no tiene justificación ética ni respaldo legal. Una democracia no puede funcionar sin el juego libre de opiniones diferentes y mucho menos puede hacerlo sin libertad para informar.
Esa libertad está eliminada si las fuentes de la información se encierran en el secreto, si los periodistas son objeto de una persecusión constante y de una política de soborno y captación, y si las empresas titulares de los medios –audiovisuales e impresos- son constantemente presionadas para evitar su funcionamiento y conducirlas a la quiebra.
La Argentina se encuentra hoy en el borde mismo de su implosión como estado de derecho. Una pareja de dirigentes, sostenida por importantes sectores del partido justicialista y algunos sectores de izquierda otrora respetables pero desacreditados hoy por sus rudimentarias posiciones retro-progresistas, ha desatado sobre la democracia argentina una tormenta de involución.
En estos días, varias acciones protagonizadas por el tragicómico personaje dotado de poder extralegal, el Secretario de Comecio, operan como motores de la tragedia, cuyos conductores son los integrantes de la pareja presidencial, como lo repiten diariamente en sus diatribas. La ofensiva sobre la empresa Papel Prensa, la arbitraria decisión sobre la empresa Fibertel, el intento de prohibir Cablevisión, la pretensión de poner en vigencia por encima de las decisiones judiciales las inconstitucionales decisiones de la ley de medios y la utilización, con prepotencia dictatorial, de la palabra presidencial para sostener esta ofensiva, son acompañados de la construcción de un monopólico y avasallante complejo de medios adictos y oficiales.
Cada vez es más difícil encontrar en el dial voces no cooptadas, que trabajen y opinen con libertad, o periodistas que no ejerzan su misión con la espada de Damocles de su inseguridad personal. Cada vez son más los medios gráficos gratuitos que aparecen en la calle, financiados con dineros públicos. Cada vez es mayor la utilización del fútbol como gran paredón publicitario para difundir en forma sistemática los engaños oficiales. Y cada vez se hunde más el puñal de la discordia en el cuerpo social argentino provocando enfrentamientos intestinos entre amigos que piensan diferente, entre familiares, entre compatriotas, por la perversa acción del matrimonio gobernante que no tolera una sociedad con los matices y coloridos de una democracia libre, sino con el rudimentario maniqueísmo del pensamiento primitivo.
Los sangrientos hechos de los años setenta del siglo pasado son fraguados de manera parcial para apoyar en ellos una suerte de falsa épica de lucha por la justicia. Ni los hechos son ciertos, ni los propósitos son los confesados. Los hechos se falsifican para justificar las acciones más perversas. Los propósitos están cada vez más claros: terminar con cualquier voz disidente, para continuar con el saqueo de la economía, la concentración de poder, el enriquecimiento ilícito protegido por jueces complacientes, aunque el precio sea el hambreamiento de los jubilados, el crecimiento de la inseguridad ciudadana, el vaciamiento de la democracia y el desprestigio –cuando no el ridículo- internacional.
Triste momento el de la democracia argentina, que creíamos ya instalada como marco de convivencia aunque la concibiéramos siempre como una tarea perfectible. Los signos del agotamiento irreversible del ciclo kirchnerista no son sin embargo acompañados del surgimiento de relevos claros en la dirigencia, aunque esta realidad no afecta la gigantesca potencialidad de un país que, a pesar del gobierno y de la política, mantiene una formidable capacidad de reacción.
Habrá que continuar la lucha, no ya contra el gobierno surgido de un golpe, como en otros tiempos, sino frente a un peligro más retorcido pero no menos maligno: el ejercicio del poder claramente violatorio de las normas más elementales del estado de derecho por parte de la presidenta Kirchner, su marido y sus soportes políticos en los meses postreros de su gestión. Y trabajar en la construcción, con sentido patriótico y visión moderna, de una plataforma de despegue para un país que está pidiendo pista con vocación de futuro porque no se resigna a estar condenado a repetir fracasos históricos.
Ricardo Lafferriere
Muchos prefirieron ver sus aspectos positivos, achacando en forma desmatizada un alineamiento con el grupo Clarín a quienes sostuvimos esta posición cuestionatoria.
Ahora se ve, lamentablemente, la certeza de nuestra predicción y la ingenuidad de los que, de buena fe, apoyaron la iniciativa oficialista. Lo que buscaba el matrimonio gobernante era terminar con las voces opositoras y aún las imparciales, y perseguir hasta su desaparición a los mensajeros que no pudiera controlar.
La ofensiva contra un grupo de empresas de comunicación no tiene justificación ética ni respaldo legal. Una democracia no puede funcionar sin el juego libre de opiniones diferentes y mucho menos puede hacerlo sin libertad para informar.
Esa libertad está eliminada si las fuentes de la información se encierran en el secreto, si los periodistas son objeto de una persecusión constante y de una política de soborno y captación, y si las empresas titulares de los medios –audiovisuales e impresos- son constantemente presionadas para evitar su funcionamiento y conducirlas a la quiebra.
La Argentina se encuentra hoy en el borde mismo de su implosión como estado de derecho. Una pareja de dirigentes, sostenida por importantes sectores del partido justicialista y algunos sectores de izquierda otrora respetables pero desacreditados hoy por sus rudimentarias posiciones retro-progresistas, ha desatado sobre la democracia argentina una tormenta de involución.
En estos días, varias acciones protagonizadas por el tragicómico personaje dotado de poder extralegal, el Secretario de Comecio, operan como motores de la tragedia, cuyos conductores son los integrantes de la pareja presidencial, como lo repiten diariamente en sus diatribas. La ofensiva sobre la empresa Papel Prensa, la arbitraria decisión sobre la empresa Fibertel, el intento de prohibir Cablevisión, la pretensión de poner en vigencia por encima de las decisiones judiciales las inconstitucionales decisiones de la ley de medios y la utilización, con prepotencia dictatorial, de la palabra presidencial para sostener esta ofensiva, son acompañados de la construcción de un monopólico y avasallante complejo de medios adictos y oficiales.
Cada vez es más difícil encontrar en el dial voces no cooptadas, que trabajen y opinen con libertad, o periodistas que no ejerzan su misión con la espada de Damocles de su inseguridad personal. Cada vez son más los medios gráficos gratuitos que aparecen en la calle, financiados con dineros públicos. Cada vez es mayor la utilización del fútbol como gran paredón publicitario para difundir en forma sistemática los engaños oficiales. Y cada vez se hunde más el puñal de la discordia en el cuerpo social argentino provocando enfrentamientos intestinos entre amigos que piensan diferente, entre familiares, entre compatriotas, por la perversa acción del matrimonio gobernante que no tolera una sociedad con los matices y coloridos de una democracia libre, sino con el rudimentario maniqueísmo del pensamiento primitivo.
Los sangrientos hechos de los años setenta del siglo pasado son fraguados de manera parcial para apoyar en ellos una suerte de falsa épica de lucha por la justicia. Ni los hechos son ciertos, ni los propósitos son los confesados. Los hechos se falsifican para justificar las acciones más perversas. Los propósitos están cada vez más claros: terminar con cualquier voz disidente, para continuar con el saqueo de la economía, la concentración de poder, el enriquecimiento ilícito protegido por jueces complacientes, aunque el precio sea el hambreamiento de los jubilados, el crecimiento de la inseguridad ciudadana, el vaciamiento de la democracia y el desprestigio –cuando no el ridículo- internacional.
Triste momento el de la democracia argentina, que creíamos ya instalada como marco de convivencia aunque la concibiéramos siempre como una tarea perfectible. Los signos del agotamiento irreversible del ciclo kirchnerista no son sin embargo acompañados del surgimiento de relevos claros en la dirigencia, aunque esta realidad no afecta la gigantesca potencialidad de un país que, a pesar del gobierno y de la política, mantiene una formidable capacidad de reacción.
Habrá que continuar la lucha, no ya contra el gobierno surgido de un golpe, como en otros tiempos, sino frente a un peligro más retorcido pero no menos maligno: el ejercicio del poder claramente violatorio de las normas más elementales del estado de derecho por parte de la presidenta Kirchner, su marido y sus soportes políticos en los meses postreros de su gestión. Y trabajar en la construcción, con sentido patriótico y visión moderna, de una plataforma de despegue para un país que está pidiendo pista con vocación de futuro porque no se resigna a estar condenado a repetir fracasos históricos.
Ricardo Lafferriere
domingo, 22 de agosto de 2010
Vieja y nueva política
“De legisladores a intérpretes”, es el título y la síntesis del filósofo polaco, neomarxista y gran comunicador Zygmund Baumann, al respecto del cambio de papel que los tiempos nuevos imponen a los intelectuales y políticos al compás de la instalación de la sociedad-red, el nuevo protagonismo de los ciudadanos y el avasallante poder de la información en manos de las personas.
El concepto alude a la diferencia que hay entre los tiempos del surgimiento de la modernidad, en que los “consejeros reales” primero y los parlamentos después se sentían con derecho a establecer los “modelos de sociedad” y a implantarlos a través de normas de alcance general, las leyes, a las que los ciudadanos se veían sujetos, sin lugar para particularidades o individualidades que no estuvieran reconocidos por el conjunto.
En los tiempos actuales, por el contrario, la “soberanía ciudadana” se asienta en un reconocimiento expreso de la diversidad, la limitación de los Estados –o sea, del poder, de las “visiones ideológicas”, o de cualquier otro “modelo”- para fijarle a las personas determinadas condutas o creencias, y la celosa reafirmación cotidiana de la autonomía de los seres humanos para hacer lo que se les ocurra, en cuanto no afecte a los demás.
En términos de la política, la consecuencia de este cambio señala precisamente la diferencia entre “la vieja” y “la nueva”. La “vieja política” se sentía con derecho a imponer a las personas, a través de “programas” o “modelos”, determinadas conductas o comportamientos sin que interesara mucho lo que al respecto pensara cada uno. El poder hablaba, “legislaba”, y la gente debía obedecer. La política, el poder, limitaba de hecho en tal medida los derechos individuales que éstos terminaban rigiendo sólo en la letra de los textos constitucionales, sobre la ficción del origen democrático del poder.
En los nuevos tiempos, el arte de la buena política, por el contrario, es saber interpretar los intereses y las visiones diversas, y desarrollar el arte de hacerlos compatibles, articularlos, para hacer posible la convivencia de un mundo plural.
Los cambios en la actitud de los políticos, en este caso, indica su adaptación a los nuevos tiempos. La “vieja política” insistirá en definir desde los partidos el “objetivo” a imponerle a la sociedad. La “nueva política”, por el contrario, escuchará antes de hablar, será permeable a las visiones de los ciudadanos a los que se debe, comprendiendo que el ejercicio del poder democrático sólo se legitima si se referencia con los ciudadanos y pierde esa legitimidad si se cree superior a ellos.
La vieja política es intolerante, escudada en “principios” que esconden fundamentalismos, inquisiciones viejas y nuevas, intolerancia y en última instancia, la discriminación hacia el que piensa diferente, a quien se considera un ser equivocado al que se debe forzar a compartir la visión propia. La nueva política es tolerante, abierta, cultiva el “pensamiento debil” (Vattimo “dixit”) que supone respetar el pensamiento ajeno, considera a los principios sólo como una guía para la acción propia y tiene como supuesto fundamental respetar los principos del otro, tan digno como los propios.
La “vieja política” tiene un ejemplo paradigmático: la pareja Kirchner, que aunque llegue al paroxismo de la visión autoritaria, en realidad sólo proyecta hasta el ridículo una concepción del poder muy extendida en las prácticas de todas las fuerzas políticas. La “nueva política” se expresa en nuevos partidos como la Coalición Cívica, el Pro, e importantes voces en los partidos mayoritarios (radicales y peronistas) que entienden que antes de “hacer un programa” hay que escuchar qué quieren los ciudadanos, únicos verdaderos titulares de la soberanía. Una vez escuchadas las voces diferentes con el espíritu abierto, y recién entonces, debe asumirse el desafío de imaginar y proponer las medidas de gobierno que encaucen la potencialidad colectiva, teniendo en cuenta los valores que aglutinan a cada conglomerado político.
La hoja de ruta debe comenzar, entonces, por el paso más importante de todos: escuchando. Luego, reflexionando y elaborando la propuesta. Y por último, eligiendo los “hombres – bandera”. Así se consolidará una democracia madura, al servicio de los ciudadanos, y no una ficción democrática al servicio de burocracias y nomenclaturas.
Ricardo Lafferriere
El concepto alude a la diferencia que hay entre los tiempos del surgimiento de la modernidad, en que los “consejeros reales” primero y los parlamentos después se sentían con derecho a establecer los “modelos de sociedad” y a implantarlos a través de normas de alcance general, las leyes, a las que los ciudadanos se veían sujetos, sin lugar para particularidades o individualidades que no estuvieran reconocidos por el conjunto.
En los tiempos actuales, por el contrario, la “soberanía ciudadana” se asienta en un reconocimiento expreso de la diversidad, la limitación de los Estados –o sea, del poder, de las “visiones ideológicas”, o de cualquier otro “modelo”- para fijarle a las personas determinadas condutas o creencias, y la celosa reafirmación cotidiana de la autonomía de los seres humanos para hacer lo que se les ocurra, en cuanto no afecte a los demás.
En términos de la política, la consecuencia de este cambio señala precisamente la diferencia entre “la vieja” y “la nueva”. La “vieja política” se sentía con derecho a imponer a las personas, a través de “programas” o “modelos”, determinadas conductas o comportamientos sin que interesara mucho lo que al respecto pensara cada uno. El poder hablaba, “legislaba”, y la gente debía obedecer. La política, el poder, limitaba de hecho en tal medida los derechos individuales que éstos terminaban rigiendo sólo en la letra de los textos constitucionales, sobre la ficción del origen democrático del poder.
En los nuevos tiempos, el arte de la buena política, por el contrario, es saber interpretar los intereses y las visiones diversas, y desarrollar el arte de hacerlos compatibles, articularlos, para hacer posible la convivencia de un mundo plural.
Los cambios en la actitud de los políticos, en este caso, indica su adaptación a los nuevos tiempos. La “vieja política” insistirá en definir desde los partidos el “objetivo” a imponerle a la sociedad. La “nueva política”, por el contrario, escuchará antes de hablar, será permeable a las visiones de los ciudadanos a los que se debe, comprendiendo que el ejercicio del poder democrático sólo se legitima si se referencia con los ciudadanos y pierde esa legitimidad si se cree superior a ellos.
La vieja política es intolerante, escudada en “principios” que esconden fundamentalismos, inquisiciones viejas y nuevas, intolerancia y en última instancia, la discriminación hacia el que piensa diferente, a quien se considera un ser equivocado al que se debe forzar a compartir la visión propia. La nueva política es tolerante, abierta, cultiva el “pensamiento debil” (Vattimo “dixit”) que supone respetar el pensamiento ajeno, considera a los principios sólo como una guía para la acción propia y tiene como supuesto fundamental respetar los principos del otro, tan digno como los propios.
La “vieja política” tiene un ejemplo paradigmático: la pareja Kirchner, que aunque llegue al paroxismo de la visión autoritaria, en realidad sólo proyecta hasta el ridículo una concepción del poder muy extendida en las prácticas de todas las fuerzas políticas. La “nueva política” se expresa en nuevos partidos como la Coalición Cívica, el Pro, e importantes voces en los partidos mayoritarios (radicales y peronistas) que entienden que antes de “hacer un programa” hay que escuchar qué quieren los ciudadanos, únicos verdaderos titulares de la soberanía. Una vez escuchadas las voces diferentes con el espíritu abierto, y recién entonces, debe asumirse el desafío de imaginar y proponer las medidas de gobierno que encaucen la potencialidad colectiva, teniendo en cuenta los valores que aglutinan a cada conglomerado político.
La hoja de ruta debe comenzar, entonces, por el paso más importante de todos: escuchando. Luego, reflexionando y elaborando la propuesta. Y por último, eligiendo los “hombres – bandera”. Así se consolidará una democracia madura, al servicio de los ciudadanos, y no una ficción democrática al servicio de burocracias y nomenclaturas.
Ricardo Lafferriere
lunes, 16 de agosto de 2010
Retenciones: ¿facultad del Ejecutivo?
Los pronunciamientos de Hermes Binner y Ricardo Alfonsín respecto a las facultades presidenciales para fijar las retenciones, que parecieran ser uno de los motivos desencadenantes del retiro de Elisa Carrió del Acuerdo Cívico y Social pone sobre el tapete la solidez de un importante sector de la oposición para ofrecer a la sociedad una alternativa al kirchnerismo que mire al futuro en lugar de seguir con su lastre en el pasado.
En diversas oportunidades hemos hablado sobre el tema retenciones. La crítica sobre este recurso fiscal se afirma en dos grandes núcleos conceptuales. El primero se refiere a la violación por parte del Estado de derechos individuales que la Constitución garantiza a los ciudadanos, en este caso específico el de “usar y disponer de su propiedad” –art. 14- y el de no ser objeto de confiscaciones de bienes –art. 17-. El límite de esta crítica es, en última instancia, el que fije la justicia sobre cuándo una prohibición comercial viola el derecho constitucional de usar y disponer de la propiedad, y el umbral a partir del cual una gabela se torna confiscatoria.
Pero el segundo es singularmente trascendente, porque hace a la forma democrática y republicana de gobierno, y se trata de qué órgano del Estado tiene competencia para fijar impuestos. Y no hay el más mínimo espacio de debate en una democracia que se defina como tal para reconocer esta facultad sólo y exclusivamente al Congreso de la Nación, a través de una ley formal y material.
Abrir la ventana interpretativa a la posibilidad de que sea el poder administrador el que tenga la facultad de imponer o modificar un impuesto en todo en parte, es renegar de la democracia republicana y acercarse peligrosamente a los procedimientos más cuestionados del kirchnerismo, que es su fuerte tendencia autoritaria y a la licuación de cualquier otro poder del Estado que no sea el presidencial. La circunstancia de que dos dirigentes, entre cuyas aspiraciones está la de acceder a la primera magistratura, se expresen así siembra la sospecha sobre su sinceridad en el apoyo a los reclamos del 2008 en un tema que no es marginal, sino central en el diseño de una sociedad moderna, plural, abierta, democrática y sujeta al estado de derecho.
Esta falencia ha sido y es la misma que convirtió una prometedora etapa de reconstrucción y lanzamiento al futuro –como vieron los argentinos a la iniciada en el año 2003- en una grotesca restauración de los vicios y deformaciones más criticables de nuestra historia, tirando por la borda una de las oportunidades más favorables para el país como la que se vivió entre 2003 y 2008.
Como ocurre con cualquier gestión, el kirchnerismo ha hecho cosas malas y buenas. Pero si hay algo que jamás tendrá una valoración positiva de este período de gobierno ha sido su primitiva concepción del ejercicio del poder, sin mediación normativa alguna, apoyado en grotescos comportamientos como el del Secretario de Comercio y sus patotas, adornados por una dialéctica presidencial escasamente ilustrada y una negación de la propia condición humana de cualquiera que exprese una discrepancia con el relato oficialista.
De ahí que una voz opositora que rescate justamente este reclamo kirchnerista de reconocer a la presidenta la facultad de establecer impuestos o decidir sus alícuotas, además de caer en la sanción fulminante de la propia Constitución Nacional –arts. 4, 7, 29 y 75 inc. 2 y 76- está renunciando a la posibilidad de construir una alternativa institucional superadora al kirchnerismo.
Una alternativa opositora con ese discurso será, simplemente, una mala copia del original que difícilmente entusiasme a los argentinos. No será alternativa. Ese discurso garantiza la permanencia del kirchnerismo ante el reconocimiento de que lo que se ofrece es más de lo mismo, sin aquellos aspectos positivos que la sociedad reconoce en la gestión de estos años pero insistiendo en su principal desatino: la burla al estado de derecho.
La expectativa de recambio de los argentinos ha sufrido con estos pronunciamientos un fuerte golpe, consecuencia del mal paso el de estos dos dirigentes, por otro lado prestigiosos y respetables, que han coadyuvado a otro mal paso de la tercera.
La agenda de futuro en la que los argentinos les gustaría reflejarse, mientras tanto, sigue ausente, desplazada del escenario público por debates de escaso contenido prospectivo y atado por arcaísmos que los constituyentes habían dado por superados ya en 1860, cuando anularon los derechos de exportación comprendiendo el daño que significaban para un país cuya principal riqueza, la producción agropecuaria, tenía en el mercado internacional su principal espacio de realización y en consecuencia no podía obstaculizarse por afanes fiscalistas.
Ricardo Lafferriere
En diversas oportunidades hemos hablado sobre el tema retenciones. La crítica sobre este recurso fiscal se afirma en dos grandes núcleos conceptuales. El primero se refiere a la violación por parte del Estado de derechos individuales que la Constitución garantiza a los ciudadanos, en este caso específico el de “usar y disponer de su propiedad” –art. 14- y el de no ser objeto de confiscaciones de bienes –art. 17-. El límite de esta crítica es, en última instancia, el que fije la justicia sobre cuándo una prohibición comercial viola el derecho constitucional de usar y disponer de la propiedad, y el umbral a partir del cual una gabela se torna confiscatoria.
Pero el segundo es singularmente trascendente, porque hace a la forma democrática y republicana de gobierno, y se trata de qué órgano del Estado tiene competencia para fijar impuestos. Y no hay el más mínimo espacio de debate en una democracia que se defina como tal para reconocer esta facultad sólo y exclusivamente al Congreso de la Nación, a través de una ley formal y material.
Abrir la ventana interpretativa a la posibilidad de que sea el poder administrador el que tenga la facultad de imponer o modificar un impuesto en todo en parte, es renegar de la democracia republicana y acercarse peligrosamente a los procedimientos más cuestionados del kirchnerismo, que es su fuerte tendencia autoritaria y a la licuación de cualquier otro poder del Estado que no sea el presidencial. La circunstancia de que dos dirigentes, entre cuyas aspiraciones está la de acceder a la primera magistratura, se expresen así siembra la sospecha sobre su sinceridad en el apoyo a los reclamos del 2008 en un tema que no es marginal, sino central en el diseño de una sociedad moderna, plural, abierta, democrática y sujeta al estado de derecho.
Esta falencia ha sido y es la misma que convirtió una prometedora etapa de reconstrucción y lanzamiento al futuro –como vieron los argentinos a la iniciada en el año 2003- en una grotesca restauración de los vicios y deformaciones más criticables de nuestra historia, tirando por la borda una de las oportunidades más favorables para el país como la que se vivió entre 2003 y 2008.
Como ocurre con cualquier gestión, el kirchnerismo ha hecho cosas malas y buenas. Pero si hay algo que jamás tendrá una valoración positiva de este período de gobierno ha sido su primitiva concepción del ejercicio del poder, sin mediación normativa alguna, apoyado en grotescos comportamientos como el del Secretario de Comercio y sus patotas, adornados por una dialéctica presidencial escasamente ilustrada y una negación de la propia condición humana de cualquiera que exprese una discrepancia con el relato oficialista.
De ahí que una voz opositora que rescate justamente este reclamo kirchnerista de reconocer a la presidenta la facultad de establecer impuestos o decidir sus alícuotas, además de caer en la sanción fulminante de la propia Constitución Nacional –arts. 4, 7, 29 y 75 inc. 2 y 76- está renunciando a la posibilidad de construir una alternativa institucional superadora al kirchnerismo.
Una alternativa opositora con ese discurso será, simplemente, una mala copia del original que difícilmente entusiasme a los argentinos. No será alternativa. Ese discurso garantiza la permanencia del kirchnerismo ante el reconocimiento de que lo que se ofrece es más de lo mismo, sin aquellos aspectos positivos que la sociedad reconoce en la gestión de estos años pero insistiendo en su principal desatino: la burla al estado de derecho.
La expectativa de recambio de los argentinos ha sufrido con estos pronunciamientos un fuerte golpe, consecuencia del mal paso el de estos dos dirigentes, por otro lado prestigiosos y respetables, que han coadyuvado a otro mal paso de la tercera.
La agenda de futuro en la que los argentinos les gustaría reflejarse, mientras tanto, sigue ausente, desplazada del escenario público por debates de escaso contenido prospectivo y atado por arcaísmos que los constituyentes habían dado por superados ya en 1860, cuando anularon los derechos de exportación comprendiendo el daño que significaban para un país cuya principal riqueza, la producción agropecuaria, tenía en el mercado internacional su principal espacio de realización y en consecuencia no podía obstaculizarse por afanes fiscalistas.
Ricardo Lafferriere
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