¿Alguien hubiera pensado hace muy pocos años, en el “planeta K”, que
Néstor Kirchner terminaría presidiendo el peronismo por una lista única?
¿Alguien hubiera pensado hace muy pocos años, en el peronismo mayoritario “no-K”, que Néstor Kirchner terminaría presidiendo el peronismo por una lista única?
Sin embargo, ahí está.
Esta curiosa simbiosis entre lo peor del populismo y la izquierda “entrista” –más esclerosada que nunca- ha logrado hacerse de la conducción del partido político más grande de la Argentina.
Ahí están todos. A partir de este hecho, no podrá decirse más que “K no es peronista”, ni desde la izquierda esclerótica que creyó descubrir la pólvora al ensayar el nuevo entrismo, ni por el peronismo tradicional, que siempre miró a Kirchner como un tumor que había que aislar, tolerar y aprovechar, pero nunca respetar.
Todos juntos, entonces, correrán suerte y verdad con la gestión “K-K”. Juntos serán responsables de lo que venga –sea bueno, como seguramente desean, o sea patético, como anuncian todos los que en la Argentina piensan y advierten, incluso muchos que a pesar de pensar no hablan, porque todavía son socios de la chequera-.
Estarán siendo mirados, todos juntos, por los argentinos. Y serán juzgados, todos juntos, por los resultados del gobierno que ha dejado de ser del “Frente para la Victoria”, esperpéntico engendro que unía a D’Elía con los Intendentes bonaerenses, a Bonasso con Pichetto, a Beder Herrera con Urtubey, a Moyano ex Triple A, con Hebe de Bonafini, a Borocotó con Ocaña, para pasar a ser, ahora de pleno derecho, un gobierno del Partido Justicialista. Ahora sí se incluye a Scioli y Das Neves, Schiaretti y Alperovich, Alberto Fernández y Balestrini. ante la excepcionalidad de un Rodríguez Saá inteligentemente opositor, que con su exclusión confirma la regla.
Interesante desafío para los miles de dirigentes peronistas de todo el país, el de tener que concurrir a las reuniones agropecuarias a defender los dislates del nuevo Nerón, que preside ahora su organización. Y los gremialistas peronistas, que tendrán la misión de defender que los salarios devaluados no superen el techo acordado con Moyano como precio de la cobertura judicial. Y los empresarios de la “burguesía nacional” de casinos, obras públicas y caños sin costura, que deberán defender los controles de precios a punta de pistola ejecutados por Moreno, como contraprestación a los favores que les acercaron multimillonarias facturaciones.
Y los Intendentes peronistas, que deberán justificar ante sus pueblos el vaciamiento económico de sus regiones que se materializa con las retenciones al agro. Y los legisladores provinciales peronistas, que deberán ensayar desde sus bancas el desafío de articular un discurso que defienda a K y a la vez defienda a quienes los votaron.
Pero lo más interesante: todos juntos deberán enfrentar las elecciones del año que viene con el interesante escenario de la inflación el alza, la pobreza creciendo, la violencia reinstalada y el aislamiento internacional reforzado.
Al final el ex Presidente, sin querer, le hace un servicio a la democracia. Si bien su estrategia está clara –tener controlados de cerca a quienes pueden hacerle la zancadilla por razones de supervivencia, ante el deterioro terminal de la gestión “K-K”-, al juntarlos a todos también aclara el debate de cara al país.
Y en un momento como el actual en el que, gracias a la lucha que comenzó el campo, los velos que tapaban el sol se están descorriendo uno a uno, todos los días, es bueno para la maduración política de la sociedad que en este “panóptico al revés” en que se ha convertido la vida pública, todos los ciudadanos puedan ver la totalidad de los personajes del poder alineados en el mismo barco, sin excusas, dobles mensajes ni medias tintas.
Ricardo Lafferriere
viernes, 25 de abril de 2008
Rumbo de colisión
El regreso de Néstor Kirchner al atril, esta vez al hacerse cargo de la presidencia formal del Partido Justicialista –sin elecciones internas, asambleas ni consultas de ningún tipo a los afiliados-, ha profundizado el enfrentamiento del régimen “K-K” con amplios sectores de la ciudadanía.
El marco en el que lo hace no sólo ratifica conflictos, sino que confirma el rumbo de colisión con los productores agropecuarios y las amplias clases medias, que cada vez sienten con más preocupación el endurecimiento del discurso del poder. “Estamos en manos de un irracional”, disparó Elisa Carrió luego del incendiario discurso en el que acusó a los productores de “quemar los campos”, “querer matar de hambre a los argentinos”, “desatar la violencia armada” y “provocar inflación”.
De esos ataques no fue indemne ni siquiera el ministro (del ¿gobierno?) de su esposa que menos pleitesía le rendía en su Casa Rosada paralela de Puerto Madero, Martín Lousteau. “Que no se hable más de enfriar la economía”, grito exaltado al conocer que, ante el desborde inflacionario que ya se ubica en el 35 % anual, el funcionario había propuesto algunos ajustes imprescindibles en las tarifas de gas y electricidad, cuyos niveles se encuentran entre un décimo y la tercera parte de los precios del entorno regional –Brasil, Uruguay y Paraguay-. Obviamente, su esposa de inmediato le pidió la renuncia al funcionario cuestionado por el ex presidente.
Es que mantener los multimillonarios subsidios a los servicios públicos, transportes y empresas amigas del gobierno ha generado una presión sobre las finanzas públicas que ha superado ya los treinta y cinco mil millones de pesos, para cubrir los cuales se sigue echando mano de una rapiña indisimulada sobre los productores del campo. El monto de los subsidios equivale casi exactamente a lo que se le extrae a los productores agropecuarios vía retenciones. Mantener la economía “sin enfriar”, es decir con un crecimiento inconsistente del 8 o 9 por ciento, anuncia profundizar la presión sobre el sector productivo, para sostener un consumo que se asemeja ya a la fiesta despreocupada de la última noche del Titanic.
La desazón, por su parte, se instala crecientemente en la opinón pública, que se prepara para una inminente crisis. La fuga de capitales, que en el segundo semestre del año 2007 tuvo un récord histórico –USD 8.622 millones- superando al semestre previo a la crisis del Tequila (USD 5.787 millones) e incluso a la gran debacle del 2001 (USD 6.491 millones)- se ha incrementado en estas últimas semanas, obligando al Banco Central a vender divisas para sostener el valor del peso, y a un incremento del precio del dólar que reaparece en los circuitos monetarios “no formales”, fenómeno que había desparecido de la Argentina desde hace años.
Los consultores de las grandes empresas están aconsejando a sus clientes vender rápido sus posiciones en Argentina y colocarse en divisas fuertes, en todo caso para volver luego del derrumbe a comprar a precios de liquidación, como ha sido la constante en las últimas crisis. Y los argentinos comunes, con el reflejo de tantas experiencias que han sufrido por los aprendices de brujos en las últimas décadas, hacen cola en las casas de cambio para poner sus ahorros en Euros o Dólares.
El derrumbe de la presidenta Kirchner en las encuestas, que el gobierno ha intentado silenciar de todas formas, es difícilmente emulable internacionalmente: treinta puntos de caida en un mes. Su imagen positiva apenas supera el 20 por ciento, y su permanente derroche de joyas y vestidos de fiesta aún cuando realiza reuniones de trabajo en la Casa de Gobierno la han llevado a convertirse en el centro de ironías, “cargadas” y desprestigio. La imagen de un productor, con una vieja “Pick-Up” Chevrolet al borde de la ruta portando un cartel que rezaba “Cristina, te cambio tu Rolex Presidente por mi 4x4” no es nada más que una muestra del deterioro del imprescindible respeto que debe inspirar la primera funcionaria, pero que se disipa hora tras hora como arena seca entre los dedos.
Lo esperpéntico de esta situación es que se produce en el mejor momento internacional para la Argentina, tanto para el presente como en las perspectivas para el futuro. Alimentos y energía, dos bienes que anuncian escasos, están en el suelo y el subsuelo. Pero el petróleo y el gas no salen sin exploración y explotación –es decir, sin inversión-. Y los alimentos no brotan sin labrar la tierra –es decir, sin inversión-. Y es justamente la inversión la que desaparece en la economía “K-K”, que prefiere distribuir forzada (y en ocasiones, ilegalmente) todo lo que se produce, para no “enfriar” la sensación de euforia que, sin embargo, se está tranformando rápidamente, en una sensación de pánico.
Los productores del campo han anunciado ya que no sembrarán trigo en esta campaña, que debiera estar iniciándose. Brasil ha anunciado que dejará de comprar trigo a la Argentina por falta de seguridad en la provisión, y lo mismo han hecho otros países. La prohibición de exportación de carnes ha llevado a la Argentina a perder tradicionales mercados internacionales, cubiertos ahora por el Uruguay –que ya exporta más que la Argentina- y el propio Brasil. Y las entidades agropecuarias han adelanado que no liquidarán la cosecha de soja que están levantando en este momento, guardándola en silos hasta... no se sabe cuándo. Simplemente, como una medida de defensa para evitar la rapiña “K-K”, que se cree que ha ver ganado una elección los convierte en dueños toda la riqueza del país.
Una vez más en su historia la Argentina marcha en rumbo de colisión consigo misma. Sería bueno que esta vez no haya interrupciones traumáticas del gobierno, y sea el propio peronismo el que se haga cargo de encaminar lo que está descarrillando, sin asumir el papel de víctima que es tradicional en su discurso cuando la realidad le pone freno a sus dislates. Hoy están todos juntos, comandados por Kirchner. Es su gobierno y están allí con la suma del poder y toda la responsabilidad. La duda que existe es si podrá evitar la colisión.
Ricardo Lafferriere
El marco en el que lo hace no sólo ratifica conflictos, sino que confirma el rumbo de colisión con los productores agropecuarios y las amplias clases medias, que cada vez sienten con más preocupación el endurecimiento del discurso del poder. “Estamos en manos de un irracional”, disparó Elisa Carrió luego del incendiario discurso en el que acusó a los productores de “quemar los campos”, “querer matar de hambre a los argentinos”, “desatar la violencia armada” y “provocar inflación”.
De esos ataques no fue indemne ni siquiera el ministro (del ¿gobierno?) de su esposa que menos pleitesía le rendía en su Casa Rosada paralela de Puerto Madero, Martín Lousteau. “Que no se hable más de enfriar la economía”, grito exaltado al conocer que, ante el desborde inflacionario que ya se ubica en el 35 % anual, el funcionario había propuesto algunos ajustes imprescindibles en las tarifas de gas y electricidad, cuyos niveles se encuentran entre un décimo y la tercera parte de los precios del entorno regional –Brasil, Uruguay y Paraguay-. Obviamente, su esposa de inmediato le pidió la renuncia al funcionario cuestionado por el ex presidente.
Es que mantener los multimillonarios subsidios a los servicios públicos, transportes y empresas amigas del gobierno ha generado una presión sobre las finanzas públicas que ha superado ya los treinta y cinco mil millones de pesos, para cubrir los cuales se sigue echando mano de una rapiña indisimulada sobre los productores del campo. El monto de los subsidios equivale casi exactamente a lo que se le extrae a los productores agropecuarios vía retenciones. Mantener la economía “sin enfriar”, es decir con un crecimiento inconsistente del 8 o 9 por ciento, anuncia profundizar la presión sobre el sector productivo, para sostener un consumo que se asemeja ya a la fiesta despreocupada de la última noche del Titanic.
La desazón, por su parte, se instala crecientemente en la opinón pública, que se prepara para una inminente crisis. La fuga de capitales, que en el segundo semestre del año 2007 tuvo un récord histórico –USD 8.622 millones- superando al semestre previo a la crisis del Tequila (USD 5.787 millones) e incluso a la gran debacle del 2001 (USD 6.491 millones)- se ha incrementado en estas últimas semanas, obligando al Banco Central a vender divisas para sostener el valor del peso, y a un incremento del precio del dólar que reaparece en los circuitos monetarios “no formales”, fenómeno que había desparecido de la Argentina desde hace años.
Los consultores de las grandes empresas están aconsejando a sus clientes vender rápido sus posiciones en Argentina y colocarse en divisas fuertes, en todo caso para volver luego del derrumbe a comprar a precios de liquidación, como ha sido la constante en las últimas crisis. Y los argentinos comunes, con el reflejo de tantas experiencias que han sufrido por los aprendices de brujos en las últimas décadas, hacen cola en las casas de cambio para poner sus ahorros en Euros o Dólares.
El derrumbe de la presidenta Kirchner en las encuestas, que el gobierno ha intentado silenciar de todas formas, es difícilmente emulable internacionalmente: treinta puntos de caida en un mes. Su imagen positiva apenas supera el 20 por ciento, y su permanente derroche de joyas y vestidos de fiesta aún cuando realiza reuniones de trabajo en la Casa de Gobierno la han llevado a convertirse en el centro de ironías, “cargadas” y desprestigio. La imagen de un productor, con una vieja “Pick-Up” Chevrolet al borde de la ruta portando un cartel que rezaba “Cristina, te cambio tu Rolex Presidente por mi 4x4” no es nada más que una muestra del deterioro del imprescindible respeto que debe inspirar la primera funcionaria, pero que se disipa hora tras hora como arena seca entre los dedos.
Lo esperpéntico de esta situación es que se produce en el mejor momento internacional para la Argentina, tanto para el presente como en las perspectivas para el futuro. Alimentos y energía, dos bienes que anuncian escasos, están en el suelo y el subsuelo. Pero el petróleo y el gas no salen sin exploración y explotación –es decir, sin inversión-. Y los alimentos no brotan sin labrar la tierra –es decir, sin inversión-. Y es justamente la inversión la que desaparece en la economía “K-K”, que prefiere distribuir forzada (y en ocasiones, ilegalmente) todo lo que se produce, para no “enfriar” la sensación de euforia que, sin embargo, se está tranformando rápidamente, en una sensación de pánico.
Los productores del campo han anunciado ya que no sembrarán trigo en esta campaña, que debiera estar iniciándose. Brasil ha anunciado que dejará de comprar trigo a la Argentina por falta de seguridad en la provisión, y lo mismo han hecho otros países. La prohibición de exportación de carnes ha llevado a la Argentina a perder tradicionales mercados internacionales, cubiertos ahora por el Uruguay –que ya exporta más que la Argentina- y el propio Brasil. Y las entidades agropecuarias han adelanado que no liquidarán la cosecha de soja que están levantando en este momento, guardándola en silos hasta... no se sabe cuándo. Simplemente, como una medida de defensa para evitar la rapiña “K-K”, que se cree que ha ver ganado una elección los convierte en dueños toda la riqueza del país.
Una vez más en su historia la Argentina marcha en rumbo de colisión consigo misma. Sería bueno que esta vez no haya interrupciones traumáticas del gobierno, y sea el propio peronismo el que se haga cargo de encaminar lo que está descarrillando, sin asumir el papel de víctima que es tradicional en su discurso cuando la realidad le pone freno a sus dislates. Hoy están todos juntos, comandados por Kirchner. Es su gobierno y están allí con la suma del poder y toda la responsabilidad. La duda que existe es si podrá evitar la colisión.
Ricardo Lafferriere
martes, 15 de abril de 2008
La abogada presidenta, el rigor intelectual y la distribución del ingreso
¿Quiénes son los que más ganan en el país?
Las informaciones oficiales dicen que son el 1 % de la población, cuyos ingresos equivalen a 57 veces el escalón del 1 % inferior.
¿Cuánto pagan de impuestos esas personas? Según la Ley de Impuestos a las Ganancias, su aporte es de entre el 30 y el 35 % del total de lo que ganan, luego de deducidos todos los gastos autorizados por la ley.
¿Cuántos de ellos son productores agropecuarios?
Sorpréndase: ninguno.
¿Por qué los más ricos del país deben abonar el 35 % de lo que ganan, una vez deducidos todos los gastos, y a los productores agropecuarios se les retiene el 44 % de sus ingresos totales, sin importarles lo que les haya costado obtenerlos, exacción que llega a superar el 60 % -y en determinados casos, hasta el 90 %- una vez que se le agregan los demás impuestos que los gravan? ¿En qué se basa la presidenta para decidir un manotazo de esa magnitud, por fuera de los procedimientos y márgenes autorizados por la Constitución y las leyes, a un sector de la población que no se encuentra entre los más ricos del país?
¿Por qué al campo se lo puede robar y a los ricos no?
La presidenta ha reclamado a la oposición y a la prensa “rigor intelectual” para hablar del país. ¿No sería bueno que diera el ejemplo?
¿Cómo puede referirse tan ligeramente al aporte de las retenciones del campo sosteniendo que “apenas” aportan el 7,9 % corresponde a las retenciones agrarias, imputando falta de rigor intelectual a quienes se oponen a esa rapiña? ¿No leyó el artículo 17 de la Constitución? Ella, que es una jurista afecta a las construcciones intelectuales puras –a tal punto que, como lo hemos dicho en una nota anterior, se manifestó compenetrada con la Teoría Pura del Derecho, de Kelsen, en oportunidad de su discurso anual ante el Congreso- ¿no estudió que el Poder Ejecutivo es un poder meramente administrador, cuyas facultades están fijadas por la Constitución y las leyes, y que tiene absolutamente prohibido avanzar sobre los derechos de las personas, entre las que se encuentra justamente el derecho de propiedad? ¿No recuerda que quién tiene en una democracia las facultades impositivas indelegables –en nuestro país, otorgadas por el artículo 75 de la Constitución Nacional- es el Congreso, como representante de los ciudadanos? Se lo recordamos:
“Capítulo Cuarto Atribuciones del Congreso
Art. 75.- Corresponde al Congreso:
1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación.
2. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables.Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos.
..............
3. Establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. .... “
¿No estudió, en Derecho Financiero, el alcance de las facultades impositivas del Estado, limitadas por la Corte Suprema de Justicia a un 33 % de la base imponible, ya que de otra forma estaría afectando directamente un derecho de jerarquía constitucional, como el de propiedad, y se transformaría en confiscatorio, lo que está también prohibido por la Constitución?
¿No estudió que la Constitución establece la garantía máxima del derecho de propiedad, en su artículo 17, y que para poder privar de la propiedad a alguien es necesario el dictado de una ley que la declare sujeta a expropiación, y luego previamente indemnizar al titular? ¿No estudió que la confiscación de bienes fue erradicada del derecho argentino al sancionarse la Constitución Nacional, en 1853? Por las dudas, se lo recordamos. Dice:
“Art. 17.- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4º. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.”
La Constitución no deja dudas. El maestro Kelsen, por su parte, enseñó que las normas inferiores sólo tienen legalidad si son coherentes con las jerárquicamente superiores. Se llama “jerarquía normativa”, en la virtuosa “pirámide” que no deja lagunas. Se estudia en Filosofía del Derecho. Y en Introducción...
¿O no fue rigurosa al estudiar derecho, y ahora debiera repasar sus viejos libros de la Facultad? A propósito, ¿sabrá su Secretario de Comercio –que no es abogado, aunque dice ser Licenciado- que concurrir con una banda armada a un establecimiento privado y apropiarse de lo que encuentre está también prohibido por la Constitución, y puede configurar el delito de robo –agravado, si se trata de ganado y productos del suelo, arts. 167 y 163 del Código Penal y es a mano armada, art. 166 inc. 2? ¿Sabe que la pena por este delito puede llegar a Quince años de reclusión? ¿Lo sabe la señora presidenta? ¿Sabe que ese delito prescribirá mucho tiempo después que termine su gestión, cuando la justicia podrá actuar libremente?
¿Cree la señora presidenta que el Congreso le “delegó” esas facultades impositivas?
Le recordamos, en ese caso, dos normas –también de la Constitución, reformada con su presencia como Convencional en 1994-:
“Art. 76.- Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.”
¿Qué la delegación venía de antes de la Constitución del 94, porque la había realizado un Decreto Ley, en ausencia del Congreso, al sancionarse el Código Aduanero? Pues entonces le conviene recordar otro artículo:
“Disposición transitoria Octava: La legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición, excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley (corresponde al art. 76). “
La reforma fue sancionada en 1994. Los cinco años vencieron en 1999.
Como puede observar, el derecho “sin lagunas”, como lo entendería no sólo su admirado Kelsen sino cualquier abogado de pueblo, no deja dudas sobre la total falta de fundamento legal de su angurria de soja ajena. Las retenciones son inconstitucionales. Y sería bueno que lo recordara no sólo ella, sino los dirigentes de las entidades agropecuarias.
Pero dejemos el árido campo del derecho y pasemos a la ciencia política.
Su rigor intelectual la ha llevado a sostener, hace algunas semanas, y obviando cualquier fundamento legal, que la “redistribución del ingreso” debe lograrse sacándole a los que tienen para darle a los que no tienen, ya que no existe otra forma de hacerlo (así lo afirmó en su primer discurso referido al reclamo agropecuario).
Esa tosca construcción mental, propia del rudimentario silogismo del populismo, es contestada por los pensadores más rigurosos de la ciencia política, que sostienen que la distribución progresiva estable y consistente del ingreso se apoya en el crecimiento del nivel educativo, que no sólo confiere habilidades traducidas en mejores salarios, sino que despierta estímulos de mejoramiento en el nivel de vida proyectados en el esfuerzo hacia el trabajo creador.
Así creció el país luego de la formidable inversión educativa que hicieron los prohombres de la generación del 80, temprana y tardía, de las más diversas posiciones ideológicas, desde Sarmiento a Cané, desde Pellegrini a Alem, desde Joaquín V. González a Juan B. Justo, desde Estrada hasta Roca, desde Mitre a Vidente Fidel López.
Esa afirmación, que genera respaldo de todo el arco intelectual, confronta sin embargo con otra realidad: los niños argentinos, durante la gestión de su marido, pasaron a ser los menos educados del Continente. Fueron superados por los niños chilenos, colombianos, uruguayos y brasileños. No ocurrió este proceso durante gobiernos de “la oligarquía”, sino durante su propia gestión, y su ministro del ramo fue premiado con una Senaduría Nacional. Las semillas de la distribución desigual del ingreso a largo plazo fueron sembradas –y lo siguen siendo- por la gestión kircherista, a manos abiertas.
Paralelamente, la polarización de los ingresos en el corto plazo, con sus “rigurosas” contrucciones intelectuales, se ha agravado a términos que no tienen parangón en la historia, a pesar del excelente escenario económico internacional que benefició al país en estos años. La distribución del ingreso al fin de la primera gestión kirchnerista es peor que la existente durante el gobierno de Menem.
No es necesario recurrir a los “economistas neoliberales” para confirmarlo: puede verlo aún en su “INDEK”, “rigurosamente” manipulado. O recorriendo las calles de Buenos Aires por tierra –no desde el helicóptero- en horas de la noche, y observando los miles de compatriotas pobres que, como un ejército de la dignidad, prefieren recoger cartones de la basura antes que aceptarle sus lismosnas en forma de “planes sociales” que degradan y clientelizan al exigir como contrapartida convertirse en aplaudidores a sueldo en sus movilizaciones amañadas.
Ello no es extraño. El estímulo a la vagancia y el desestímulo al trabajo creador y a la inversión productiva lleva a un achatamiento de la pirámide social que, sin embargo, no afecta a la cúpula. Los ricos son indemnes a esa política, en primer término porque sus convicciones quizás no tengan el “rigor intelectual” de la presidenta, pero sí tienen sentido común: el mundo ha acordado reglas de juego que se extienden desde el Japón y Vietnam hasta España, desde China e India hasta Estados Unidos, México y Brasil.
Sólo pequeños dislates antológicos –en Venezuela-, alguna isla-Cárcel –en el Caribe- y en un sainete precolombino por acá cerca, donde en otros tiempos se formaban nuestros próceres, comparten el “rigor intelectual” de la señora presidenta. Pero los que saben cuidar su futuro y hacen andar el mundo preservan la inversión, respetan las reglas de juego, cuidan sus relaciones globales, modernizan sus procesos productivos, premian la capacitación y el trabajo creador, aprovechan las oportunidades y se ríen en voz baja –aunque parezcan obedientes- de las ridículas admoniciones del dedito levantado y la voz impostada por la victimizada queja de género.
En una cosa tiene razón la señora presidenta: hay que ser rigurosos. No rigurosamente mentirosos, ni rigurosamente cínicos, ni rigurosamente autoritarios. Rigurosos en recordar, cuando sea el momento en que el estado de derecho vuelva a funcionar en el país, los latrocinios de estos tiempos y las burlas constantes al sentido común y la propia dignidad de los argentinos.
Las informaciones oficiales dicen que son el 1 % de la población, cuyos ingresos equivalen a 57 veces el escalón del 1 % inferior.
¿Cuánto pagan de impuestos esas personas? Según la Ley de Impuestos a las Ganancias, su aporte es de entre el 30 y el 35 % del total de lo que ganan, luego de deducidos todos los gastos autorizados por la ley.
¿Cuántos de ellos son productores agropecuarios?
Sorpréndase: ninguno.
¿Por qué los más ricos del país deben abonar el 35 % de lo que ganan, una vez deducidos todos los gastos, y a los productores agropecuarios se les retiene el 44 % de sus ingresos totales, sin importarles lo que les haya costado obtenerlos, exacción que llega a superar el 60 % -y en determinados casos, hasta el 90 %- una vez que se le agregan los demás impuestos que los gravan? ¿En qué se basa la presidenta para decidir un manotazo de esa magnitud, por fuera de los procedimientos y márgenes autorizados por la Constitución y las leyes, a un sector de la población que no se encuentra entre los más ricos del país?
¿Por qué al campo se lo puede robar y a los ricos no?
La presidenta ha reclamado a la oposición y a la prensa “rigor intelectual” para hablar del país. ¿No sería bueno que diera el ejemplo?
¿Cómo puede referirse tan ligeramente al aporte de las retenciones del campo sosteniendo que “apenas” aportan el 7,9 % corresponde a las retenciones agrarias, imputando falta de rigor intelectual a quienes se oponen a esa rapiña? ¿No leyó el artículo 17 de la Constitución? Ella, que es una jurista afecta a las construcciones intelectuales puras –a tal punto que, como lo hemos dicho en una nota anterior, se manifestó compenetrada con la Teoría Pura del Derecho, de Kelsen, en oportunidad de su discurso anual ante el Congreso- ¿no estudió que el Poder Ejecutivo es un poder meramente administrador, cuyas facultades están fijadas por la Constitución y las leyes, y que tiene absolutamente prohibido avanzar sobre los derechos de las personas, entre las que se encuentra justamente el derecho de propiedad? ¿No recuerda que quién tiene en una democracia las facultades impositivas indelegables –en nuestro país, otorgadas por el artículo 75 de la Constitución Nacional- es el Congreso, como representante de los ciudadanos? Se lo recordamos:
“Capítulo Cuarto Atribuciones del Congreso
Art. 75.- Corresponde al Congreso:
1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación.
2. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables.Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos.
..............
3. Establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. .... “
¿No estudió, en Derecho Financiero, el alcance de las facultades impositivas del Estado, limitadas por la Corte Suprema de Justicia a un 33 % de la base imponible, ya que de otra forma estaría afectando directamente un derecho de jerarquía constitucional, como el de propiedad, y se transformaría en confiscatorio, lo que está también prohibido por la Constitución?
¿No estudió que la Constitución establece la garantía máxima del derecho de propiedad, en su artículo 17, y que para poder privar de la propiedad a alguien es necesario el dictado de una ley que la declare sujeta a expropiación, y luego previamente indemnizar al titular? ¿No estudió que la confiscación de bienes fue erradicada del derecho argentino al sancionarse la Constitución Nacional, en 1853? Por las dudas, se lo recordamos. Dice:
“Art. 17.- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4º. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.”
La Constitución no deja dudas. El maestro Kelsen, por su parte, enseñó que las normas inferiores sólo tienen legalidad si son coherentes con las jerárquicamente superiores. Se llama “jerarquía normativa”, en la virtuosa “pirámide” que no deja lagunas. Se estudia en Filosofía del Derecho. Y en Introducción...
¿O no fue rigurosa al estudiar derecho, y ahora debiera repasar sus viejos libros de la Facultad? A propósito, ¿sabrá su Secretario de Comercio –que no es abogado, aunque dice ser Licenciado- que concurrir con una banda armada a un establecimiento privado y apropiarse de lo que encuentre está también prohibido por la Constitución, y puede configurar el delito de robo –agravado, si se trata de ganado y productos del suelo, arts. 167 y 163 del Código Penal y es a mano armada, art. 166 inc. 2? ¿Sabe que la pena por este delito puede llegar a Quince años de reclusión? ¿Lo sabe la señora presidenta? ¿Sabe que ese delito prescribirá mucho tiempo después que termine su gestión, cuando la justicia podrá actuar libremente?
¿Cree la señora presidenta que el Congreso le “delegó” esas facultades impositivas?
Le recordamos, en ese caso, dos normas –también de la Constitución, reformada con su presencia como Convencional en 1994-:
“Art. 76.- Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.”
¿Qué la delegación venía de antes de la Constitución del 94, porque la había realizado un Decreto Ley, en ausencia del Congreso, al sancionarse el Código Aduanero? Pues entonces le conviene recordar otro artículo:
“Disposición transitoria Octava: La legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición, excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley (corresponde al art. 76). “
La reforma fue sancionada en 1994. Los cinco años vencieron en 1999.
Como puede observar, el derecho “sin lagunas”, como lo entendería no sólo su admirado Kelsen sino cualquier abogado de pueblo, no deja dudas sobre la total falta de fundamento legal de su angurria de soja ajena. Las retenciones son inconstitucionales. Y sería bueno que lo recordara no sólo ella, sino los dirigentes de las entidades agropecuarias.
Pero dejemos el árido campo del derecho y pasemos a la ciencia política.
Su rigor intelectual la ha llevado a sostener, hace algunas semanas, y obviando cualquier fundamento legal, que la “redistribución del ingreso” debe lograrse sacándole a los que tienen para darle a los que no tienen, ya que no existe otra forma de hacerlo (así lo afirmó en su primer discurso referido al reclamo agropecuario).
Esa tosca construcción mental, propia del rudimentario silogismo del populismo, es contestada por los pensadores más rigurosos de la ciencia política, que sostienen que la distribución progresiva estable y consistente del ingreso se apoya en el crecimiento del nivel educativo, que no sólo confiere habilidades traducidas en mejores salarios, sino que despierta estímulos de mejoramiento en el nivel de vida proyectados en el esfuerzo hacia el trabajo creador.
Así creció el país luego de la formidable inversión educativa que hicieron los prohombres de la generación del 80, temprana y tardía, de las más diversas posiciones ideológicas, desde Sarmiento a Cané, desde Pellegrini a Alem, desde Joaquín V. González a Juan B. Justo, desde Estrada hasta Roca, desde Mitre a Vidente Fidel López.
Esa afirmación, que genera respaldo de todo el arco intelectual, confronta sin embargo con otra realidad: los niños argentinos, durante la gestión de su marido, pasaron a ser los menos educados del Continente. Fueron superados por los niños chilenos, colombianos, uruguayos y brasileños. No ocurrió este proceso durante gobiernos de “la oligarquía”, sino durante su propia gestión, y su ministro del ramo fue premiado con una Senaduría Nacional. Las semillas de la distribución desigual del ingreso a largo plazo fueron sembradas –y lo siguen siendo- por la gestión kircherista, a manos abiertas.
Paralelamente, la polarización de los ingresos en el corto plazo, con sus “rigurosas” contrucciones intelectuales, se ha agravado a términos que no tienen parangón en la historia, a pesar del excelente escenario económico internacional que benefició al país en estos años. La distribución del ingreso al fin de la primera gestión kirchnerista es peor que la existente durante el gobierno de Menem.
No es necesario recurrir a los “economistas neoliberales” para confirmarlo: puede verlo aún en su “INDEK”, “rigurosamente” manipulado. O recorriendo las calles de Buenos Aires por tierra –no desde el helicóptero- en horas de la noche, y observando los miles de compatriotas pobres que, como un ejército de la dignidad, prefieren recoger cartones de la basura antes que aceptarle sus lismosnas en forma de “planes sociales” que degradan y clientelizan al exigir como contrapartida convertirse en aplaudidores a sueldo en sus movilizaciones amañadas.
Ello no es extraño. El estímulo a la vagancia y el desestímulo al trabajo creador y a la inversión productiva lleva a un achatamiento de la pirámide social que, sin embargo, no afecta a la cúpula. Los ricos son indemnes a esa política, en primer término porque sus convicciones quizás no tengan el “rigor intelectual” de la presidenta, pero sí tienen sentido común: el mundo ha acordado reglas de juego que se extienden desde el Japón y Vietnam hasta España, desde China e India hasta Estados Unidos, México y Brasil.
Sólo pequeños dislates antológicos –en Venezuela-, alguna isla-Cárcel –en el Caribe- y en un sainete precolombino por acá cerca, donde en otros tiempos se formaban nuestros próceres, comparten el “rigor intelectual” de la señora presidenta. Pero los que saben cuidar su futuro y hacen andar el mundo preservan la inversión, respetan las reglas de juego, cuidan sus relaciones globales, modernizan sus procesos productivos, premian la capacitación y el trabajo creador, aprovechan las oportunidades y se ríen en voz baja –aunque parezcan obedientes- de las ridículas admoniciones del dedito levantado y la voz impostada por la victimizada queja de género.
En una cosa tiene razón la señora presidenta: hay que ser rigurosos. No rigurosamente mentirosos, ni rigurosamente cínicos, ni rigurosamente autoritarios. Rigurosos en recordar, cuando sea el momento en que el estado de derecho vuelva a funcionar en el país, los latrocinios de estos tiempos y las burlas constantes al sentido común y la propia dignidad de los argentinos.
domingo, 6 de abril de 2008
Nueva publicación
Notas "anti K" - Una visión crítica sobre la Argentina en tiempos de Kirchner - Segunda parte, es la nueva obra de Ricardo Lafferriere, consistente en la recopilación de los artículos publicados en www.notiar.com.ar, www.eldiarioexterior.com y www.losprincipiosonline.com.ar durante los últimos meses de la gestión de Néstor Kirchner y los primeros de la de su esposa. El populismo autoritario, la irracionalidad, la destrucción institucional, la errática posición internacional, y la megacorrupción, desfilan en estos artículos que son, principalmente, notas de lucha.
La obra puede encontrarse en la librería virtual del autor, ubicada en http://stores.lulu.com/lafferriere
La obra puede encontrarse en la librería virtual del autor, ubicada en http://stores.lulu.com/lafferriere
Raíces y presente del populismo
¿Es el populismo un mecanismo creado por el peronismo?
Nada de eso. El populismo es una corriente cultural que hunde sus raíces en lo profundo de la formación del imaginario colectivo argentino y latinoamericano. Buceando en el pasado, vemos su origen en la vieja conjunción entre el poder colonial y las autocracias precolombinas indigenistas. Para ambas la ley es una entelequia, la modernidad es una subversión y el orden constitucional una molestia.
Ese populismo se proyectó hasta nuestros días inmerso en diferentes formas de pensamiento, y aunque hoy su núcleo central está en el peronismo, no está limitado a él. Su principal influencia está instalada en el pensamiento de izquierda esclerosada que, aunque de origen marxista, subordina esta identidad intelectual al “entrismo” político en el movimiento que considera indisociable del sentimiento popular. El populismo vive igualmente, en diferentes grados, en partidos conservadores y aún en ramas del radicalismo, rozando algunas líneas socialistas. Pero, indiscutiblemente, ha hecho su nido principal en el peronismo.
El proceso de complicó a comienzos de los años 60 con la llegada del foquismo, impregnando al propio populismo y a militantes peronistas agredidos por la proscripción. Esa confluencia nefasta llevó a la muerte a miles de jóvenes impulsados por una política que respondía a la más pura “realpolitik” de la Guerra Fría, ubicando a la Argentina en un juego mundial al que sus intereses eran ajenos. El error abrió el camino al trágico proceso violento que culminó con los “años de plomo” y ríos de sangre en las calles. Perón mismo había abierto esa puerta, que luego se le revertiría en su segunda presidencia al hacerce evidente su hipócrita doble juego, propio –otra vez- de su esencial populismo.
El proceso democrático iniciado en 1983 permitió a numerosos dirigentes peronistas de vocación institucional recuperar la dirección de esa fuerza. La “renovación peronista” encabezada por Cafiero, y luego el propio Menem, instalaron al peronismo como un protagonista central del juego democrático. Pero la crisis del 2001 despertó sus peores pesadillas y fantasmas ancestrales.
Lo mejor del peronismo se esfumó, y lo peor volvió en forma aluvional, recreando la estructura populista en su naturaleza expropiatoria más esencial, facilitada por dos elementos coyunturales que actuaron como pivote: la excelente recuperación de los precios internacionales agrarios, que le permitía disimular su expropiación parasitaria de ingresos agropecuarios, y la lascerante gravedad de la situacón social, utilizada como argumento desmatizado para transferir ingresos y construir poder sobre la base de la recreación del mecanismo “dádiva-subordinación”, inherente al populismo.
El viejo concepto colonial del “gobernador-propietario”, unido al cacicazgo violento-paternalista de las tolderías indias se instalaron en el presente, sumando, una vez más, a la vieja izquierda entrista, más esclerosada que nunca.
De esta conjunción emergió el “kirchnerismo”, extraña simbiosis entre discurso de izquierda y práctica populista que alteró los términos tradicionales de la ecuación de poder de otras veces, aunque en una impregnación recíproca que desnaturalizaría aún sus ilusiones transformadoras más rudimentarias.
En otras épocas, la izquierda entrista vinculó su suerte al peronismo, y resultó usada por éste. En este caso, los términos se invirtieron, y el peronismo pareciera ser el usado, pero en realidad es sólo una ilusión: su influencia populista fue mayor. Impregnó a la izquierda entrista de lo peor de sus prácticas –patoteras, violentas, antiéticas, incoherentes- y a lo peor de su funcionamiento político –las presiones, los aprietes, la subordinación a la corporación sindical y al uso del poder como forma descarnada de acumulación económica personal-. Y la alejó de sus esencias modernizadoras: democracia, tolerancia, racionalidad, respeto a las diferencias, honestidad, vigencia del estado de derecho, disposición constante al debate abierto y creador, coherencia. Esa izquierda esclerosada no ha descubierto aún a Lula, Bachelet, Tabaré y Felipe González. O al propio Rodríguez Zapatero.
Populismo no es lo mismo que socialismo. Este último, subproducto potente de la modernidad, supone la creciente socialización de los medios de producción. En ese proceso, la “plusvalía”, riqueza que –en la cosmogonía marxista- el trabajador genera para el capitalista, es limitada por leyes sociales, salariales e impositivas originadas muchas veces en reclamos socialistas en el marco del estado de derecho, apoyado en la soberanía popular. De esta forma, la naturaleza “expoliadora” del capitalista vuelve a revertirse hacia quienes generan esa riqueza con su trabajo. Es el mecanismo virtuoso de las sociedades democráticas desarrolladas.
El populismo, por el contrario, no asume la responsabilidad de generar riqueza, sino que recurre a la más directa forma medioeval de la apropiación lisa y llana. No es moderno, es pre-moderno. No le interesa crear bienes y servicios, sino apropiarse de los que crean otros. La ética del socialismo es la libertad y la justicia. La ética del populismo es la del relativimo moral. Los socialistas son revolucionarios, y en tanto tales, reivindican el dialéctico avance de la humanidad, en escalones sucesivos, hacia un mundo más perfecto. Los populistas son esencialmente rapaces, y no reivindican ningún avance social coherente que trascienda el momento. Los socialistas apoyan su construcción teórica en el trabajo creador, acción suprema de la dignidad humana. Los populistas, en su rapiña para financiar el ocio, la conformacion de fuerzas de choque o la construcción de un poder clientelar sin virtudes democráticas.
El capitalismo y el socialismo conviven en la modernidad, que les provee de instrumentos de mediación para procesar sus conflictos y acordar equilibrios transitorios. El populismo, por el contrario, odia a la modernidad, a la limitación al puro poder que implica respetar las leyes, la igualdad de todos ante el orden jurídico, la división de los poderes, la libertad de expresión, de conciencia y de prensa, y la opinión diferente.
La modernidad no admite faltarle el respeto al ciudadano, que es su creación intelectual y su razón de ser. Para el populismo, el ciudadano es una entelequia molesta para lograr su cometido, una creación extranjerizante que con gusto desterraría hasta del lenguaje.
En el fondo del drama argentino está la impregnación populista de su discurso y su praxis política. Los “K”, con sus incoherencias discursivas y angurria desbordada han llegado a un nivel orgiástico, pero no son los únicos. Se apoyan en un sistema de creencias conspirativas, análisis rudimentarios, maniqueísmos arcaicos, complejos de inferioridad y predisposición a la violencia –normalmente verbal, aunque en ocasiones con dramáticas consecuencias, como los golpes de Estado, las policías bravas, la masacre de Ezeiza, los atentados terroristas de los 70 y la represión ilegal que los siguió- de alcance más general, que ha impedido la entrada de la Argentina al mundo moderno.
En esa lucha, entrando en el siglo XXI, aún estamos.
Ricardo Lafferriere
www.ricardolafferriere.com.ar
Nada de eso. El populismo es una corriente cultural que hunde sus raíces en lo profundo de la formación del imaginario colectivo argentino y latinoamericano. Buceando en el pasado, vemos su origen en la vieja conjunción entre el poder colonial y las autocracias precolombinas indigenistas. Para ambas la ley es una entelequia, la modernidad es una subversión y el orden constitucional una molestia.
Ese populismo se proyectó hasta nuestros días inmerso en diferentes formas de pensamiento, y aunque hoy su núcleo central está en el peronismo, no está limitado a él. Su principal influencia está instalada en el pensamiento de izquierda esclerosada que, aunque de origen marxista, subordina esta identidad intelectual al “entrismo” político en el movimiento que considera indisociable del sentimiento popular. El populismo vive igualmente, en diferentes grados, en partidos conservadores y aún en ramas del radicalismo, rozando algunas líneas socialistas. Pero, indiscutiblemente, ha hecho su nido principal en el peronismo.
El proceso de complicó a comienzos de los años 60 con la llegada del foquismo, impregnando al propio populismo y a militantes peronistas agredidos por la proscripción. Esa confluencia nefasta llevó a la muerte a miles de jóvenes impulsados por una política que respondía a la más pura “realpolitik” de la Guerra Fría, ubicando a la Argentina en un juego mundial al que sus intereses eran ajenos. El error abrió el camino al trágico proceso violento que culminó con los “años de plomo” y ríos de sangre en las calles. Perón mismo había abierto esa puerta, que luego se le revertiría en su segunda presidencia al hacerce evidente su hipócrita doble juego, propio –otra vez- de su esencial populismo.
El proceso democrático iniciado en 1983 permitió a numerosos dirigentes peronistas de vocación institucional recuperar la dirección de esa fuerza. La “renovación peronista” encabezada por Cafiero, y luego el propio Menem, instalaron al peronismo como un protagonista central del juego democrático. Pero la crisis del 2001 despertó sus peores pesadillas y fantasmas ancestrales.
Lo mejor del peronismo se esfumó, y lo peor volvió en forma aluvional, recreando la estructura populista en su naturaleza expropiatoria más esencial, facilitada por dos elementos coyunturales que actuaron como pivote: la excelente recuperación de los precios internacionales agrarios, que le permitía disimular su expropiación parasitaria de ingresos agropecuarios, y la lascerante gravedad de la situacón social, utilizada como argumento desmatizado para transferir ingresos y construir poder sobre la base de la recreación del mecanismo “dádiva-subordinación”, inherente al populismo.
El viejo concepto colonial del “gobernador-propietario”, unido al cacicazgo violento-paternalista de las tolderías indias se instalaron en el presente, sumando, una vez más, a la vieja izquierda entrista, más esclerosada que nunca.
De esta conjunción emergió el “kirchnerismo”, extraña simbiosis entre discurso de izquierda y práctica populista que alteró los términos tradicionales de la ecuación de poder de otras veces, aunque en una impregnación recíproca que desnaturalizaría aún sus ilusiones transformadoras más rudimentarias.
En otras épocas, la izquierda entrista vinculó su suerte al peronismo, y resultó usada por éste. En este caso, los términos se invirtieron, y el peronismo pareciera ser el usado, pero en realidad es sólo una ilusión: su influencia populista fue mayor. Impregnó a la izquierda entrista de lo peor de sus prácticas –patoteras, violentas, antiéticas, incoherentes- y a lo peor de su funcionamiento político –las presiones, los aprietes, la subordinación a la corporación sindical y al uso del poder como forma descarnada de acumulación económica personal-. Y la alejó de sus esencias modernizadoras: democracia, tolerancia, racionalidad, respeto a las diferencias, honestidad, vigencia del estado de derecho, disposición constante al debate abierto y creador, coherencia. Esa izquierda esclerosada no ha descubierto aún a Lula, Bachelet, Tabaré y Felipe González. O al propio Rodríguez Zapatero.
Populismo no es lo mismo que socialismo. Este último, subproducto potente de la modernidad, supone la creciente socialización de los medios de producción. En ese proceso, la “plusvalía”, riqueza que –en la cosmogonía marxista- el trabajador genera para el capitalista, es limitada por leyes sociales, salariales e impositivas originadas muchas veces en reclamos socialistas en el marco del estado de derecho, apoyado en la soberanía popular. De esta forma, la naturaleza “expoliadora” del capitalista vuelve a revertirse hacia quienes generan esa riqueza con su trabajo. Es el mecanismo virtuoso de las sociedades democráticas desarrolladas.
El populismo, por el contrario, no asume la responsabilidad de generar riqueza, sino que recurre a la más directa forma medioeval de la apropiación lisa y llana. No es moderno, es pre-moderno. No le interesa crear bienes y servicios, sino apropiarse de los que crean otros. La ética del socialismo es la libertad y la justicia. La ética del populismo es la del relativimo moral. Los socialistas son revolucionarios, y en tanto tales, reivindican el dialéctico avance de la humanidad, en escalones sucesivos, hacia un mundo más perfecto. Los populistas son esencialmente rapaces, y no reivindican ningún avance social coherente que trascienda el momento. Los socialistas apoyan su construcción teórica en el trabajo creador, acción suprema de la dignidad humana. Los populistas, en su rapiña para financiar el ocio, la conformacion de fuerzas de choque o la construcción de un poder clientelar sin virtudes democráticas.
El capitalismo y el socialismo conviven en la modernidad, que les provee de instrumentos de mediación para procesar sus conflictos y acordar equilibrios transitorios. El populismo, por el contrario, odia a la modernidad, a la limitación al puro poder que implica respetar las leyes, la igualdad de todos ante el orden jurídico, la división de los poderes, la libertad de expresión, de conciencia y de prensa, y la opinión diferente.
La modernidad no admite faltarle el respeto al ciudadano, que es su creación intelectual y su razón de ser. Para el populismo, el ciudadano es una entelequia molesta para lograr su cometido, una creación extranjerizante que con gusto desterraría hasta del lenguaje.
En el fondo del drama argentino está la impregnación populista de su discurso y su praxis política. Los “K”, con sus incoherencias discursivas y angurria desbordada han llegado a un nivel orgiástico, pero no son los únicos. Se apoyan en un sistema de creencias conspirativas, análisis rudimentarios, maniqueísmos arcaicos, complejos de inferioridad y predisposición a la violencia –normalmente verbal, aunque en ocasiones con dramáticas consecuencias, como los golpes de Estado, las policías bravas, la masacre de Ezeiza, los atentados terroristas de los 70 y la represión ilegal que los siguió- de alcance más general, que ha impedido la entrada de la Argentina al mundo moderno.
En esa lucha, entrando en el siglo XXI, aún estamos.
Ricardo Lafferriere
www.ricardolafferriere.com.ar
miércoles, 2 de abril de 2008
Coherencia
Después del conmocionante paro agropecuario de dos semanas provocado por un provocador manotazo a ingresos ajenos, la presidenta pidió “humildemente” al sector agropecuario “por favor” que “levanten el paro contra el pueblo” para poder negociar. Las entidades del campo, disimulando el nuevo agravio gratuito recibido, aceptaron la sugerencia –arriesgando su propia representatividad ante sus bases- y tuvieron la deferencia de no llevar ninguna posición escrita específica para facilitar las cosas. Era imaginable que la convocatoria llevara implícita la disposición a recapacitar, al menos suspendiendo la angurrienta e inconstitucional resolución que subió el impuesto a la exportación de soja al 44 %.
Pocas horas después, el país, azorado, se entera que el gobierno llegó a la reunión “de negociación” sin ninguna propuesta concreta, reiterando su posición de mantener la exacción sin tocar ni una coma. Obviamente, los dirigentes agropecuarios debieron trasladar esta situación a sus representados y la medida se reanudó casi de inmediato en forma espontánea.
Luego, en otro cambio de discurso, justificó la arbitraria resolución en la “excesiva sojización” que le habría impedido al país contar con “otros alimentos” y que genera “muy poco trabajo por hectárea”. La anteojera ideológica siguió siendo el marco deformante de su visión, y aunque el tono fue indudablemente más respetuoso con los ciudadanos del país que preside, prosiguió con sus afirmaciones falsas que pueden ser dictadas por el desconocimiento –la mejor opción- o nuevamente por el cinismo –la peor-.
Sus conceptos hubieran sido interesantes aportes en un debate parlamentario, única vía autorizada por la Constitución para debatir y fijar impuestos, debate en el que seguramente habría escuchado otras visiones. Por ejemplo:
- que esa sojización fue lo que ha permitido excedentes fiscales y comerciales desde el año 2003 sobre los que se asentó la recuperación del país y la presuntamente exitosa gestión de su marido,
- que el país no muestra faltantes de otras clases de alimentos, y
- que la cantidad de trabajadores por hectárea es una medida obsoleta para medir la generación de empleo del complejo sojero, que se extiende a las fábricas de maquinarias agrícolas, a los miles de talleres locales, a los ingenieros y técnicos que diseñan el equipamiento, a los ingenieros agrónomos, a las fábricas de semillas –con técnicos y trabajadores calificados-, a los pueblos del interior y provincias en los que se paga impuestos locales, a los comercios de esos pueblos, etc.
Preferir el trabajo agrario directo de “mucha mano de obra” es volver al campo de hace más de medio siglo, con maquinarias rudimentarias y esfuerzos inhumanos, trabajadores sin calificar y alejado de la gigantesca –y admirable- revolución tecnológica mundial de la que nuestros productores son vanguardia, inclusive creando “capital social” para optimizar sus recursos, como los “pools de siembra”, demonizados por la ignorancia panfletaria del seudoprogresismo a sueldo que todavía no han descubierto a Bachelet, Lagos, Lula o el propio Tabaré.
La recién manifiesta vocación preservacionista de la presidenta tampoco es nueva para los hombres de campo. Son ellos los que aplican desde hace años la rotación de cultivos –en rigor, comenzó en Europa en el siglo XIII...-, la fertilización, las terrazas antierosión y otras técnicas destinadas a preservar la tierra, que es su capital. Y la deforestación a la que alude podría ser regulada si la ley de bosques, que su bloque parlamentario trabó en el Congreso por años –incluso siendo ella Senadora- hubiera recibido un tratamiento rápido e inteligente. No es culpa de los hombres de campo, ni se solucionará con las “retenciones móviles”.
En ese mismo debate parlamentario se le hubiera explicado que las retenciones móviles, además de ser inconstitucionales, generarán una explosiva demanda de camiones y consiguiente saturación de rutas para vender rápido las cincuenta millones de toneladas de cosecha, favoreciendo a los grandes acopiadores y exportadores, que podrán fijar el precio de oportunidad cuando la oferta se agigante, en tiempos de cosecha, ante la necesidad urgente de vender que tendrán los productores pequeños y medianos, para que no los coman los gastos y la inflación. La original ocurrencia de su equipo económico acarreará en consecuencia complicaciones enormes, desde accidentes viales hasta la superexplotación de los pequeños productores.
Pocas veces en la historia se ha visto una incapacidad de gestión política y económica como la que está mostrando la administración “K-K” en esta situación. No hay ninguna medida oficial que le ofrezca al país una solución real a un problema que ellos mismos provocaron. Su única reacción ha sido la organización de grupos parapoliciales estilo “camisas negras”, en la más pura tradición lopezreguista y “jotaperra”. La justificación del Jefe de Gabinete, del Ministro del Interior y de la propia presidenta al ubicar a su lado al jefe de los grupos oligarca-fascistas en los actos de Parque Norte y Plaza de Mayo indican claramente, si alguna duda hubiere existido, el origen oficialista de su accionar.
Su soledad es cada vez mayor. No tiene el acompañamiento de la sociedad, ni de los principales dirigentes del peronismo histórico y mucho menos de la oposición democrática ni los gobernadores, colocados entre la necesidad de responder a sus votantes –a los que se deben- o al gobierno central, que los esquilma y humilla.
Los cientos –o miles- de dirigentes peronistas del interior, consustanciados con sus propias bases, están cada vez más traccionados por su pertenencia popular y su responsabilidad política que por el ideologismo adolescente de la administración “K-K” que pone en riesgo su representatividad local. Al gobierno sólo le queda el respaldo de la violencia patotera de sus matones a sueldo, los argentinos a los que tiene clientelizados a fuerza de choripán y $ 50 y las “movilizaciones” como la realizada ayer en Plaza de Mayo apoyada en las estructuras sindicales subsidiadas –que la aplaudieron con el mismo entusiasmo con el que aplaudían a Menem-. Lo ayudan, es cierto, las plumas y voces alquiladas y el chantaje a periodistas y medios, pero cada vez menos.
No se trata, sin embargo, de una crisis producida en una situación económica dramática por el endeudamiento asfixiante, como la que golpeó al gobierno de la Alianza en el 2001, dejándolo sin herramientas. Ni la propia recesión de fin del menemismo, generada por la situación internacional. Por el contrario: el propio gobierno dice que tiene reservas en el Banco Central –gran parte de ellas, sustraidas al campo...- de más de Cincuenta mil millones de dólares; que tiene de superávit fiscal récord –logrado por el aporte decisivo del campo- de más de Veinticinco mil millones de pesos; y superávit comercial histórico –también originado principalmente en el trabajo del campo- de alrededor de Diez mil millones de dólares, exactamente igual al monto de las “retenciones”.
Por el contrario, es su incapacidad de gestión lo que ha puesto al país al borde de un abismo que no es económico, sino institucional y moral. Pocas dudas caben que si en unos pocos días más no se encuentra una solución al conflicto, la gente comenzará a sentir desabastecimiento e inflación desbordada, y todos sabemos que es imposible vivir sin comer.
No será un cacerolazo el que cambie la conducción del país. La propia realidad será la que se encargue de notificar que caprichos y berrinches no alcanzan para gobernar. El último desastre que puede esperarse de la administración “K-K” sería lograr, por su incapacidad, que en la Argentina, en uno de sus momentos económicos mejores, el pueblo no tenga qué comer. No hay que ser adivino para imaginar lo que puede pasar en esa hipótesis.
Nada tendrá que ver esta situación con una “crítica de género”, como la que utiliza para victimizarse la señora presidenta. No se ha escuchado en el campo, ni en las movilizaciones populares, ninguna consigna que haga referencia a su condición de mujer. Más allá de la caricatura periodística de la que se quejó en su discurso, se trata de la incapacidad para desempeñar con idoneidad las tareas exigidas a la institución mayor de una democracia representativa, nada menos que la presidencia de la República.
La destrucción institucional sistemática provocada por la administración “K-K” en estos años –vaciando el parlamento, destrozando a los partidos políticos, y construyendo poder tosco y clientelista- no ha dejado muchos instrumentos políticos de mediación. Institucionalmente quedan los gobernadores, y políticamente el peronismo de los distritos –el partido más votado y de mayor presencia territorial, sin conducción nacional por decisión kirchnerista- y la Coalición Cívica –la principal oposición-. Debieran prepararse, porque si el conflicto continúa, deberán ser ellos los que se hagan cargo de encontrar una salida, sumando a ese gran consenso a las dos siguientes fuerzas de representación parlamentaria, la UCR y el PRO.
Sería seguramente mejor que la propia presidenta liderara esta salida.
Todavía está a tiempo, aunque los hechos parecen superar su capacidad de comprensión, sometida a una esclerosis ideológica que le impide ver la realidad tal cual es. Marchando entre el cinismo de convocar al dialogo mientras trata de golpistas a quienes protestan, e incoherencias como llamar a liberar las rutas y a la vez suspender arbitrariamente las exportaciones de carne, corre el riesgo de entrar en un camino que cada vez se estreche más y en el que cada paso que avance se licue más lo que le queda de poder acercándola a la tentación de recurrir a la violencia desesperada.
Ante el curso de los acontecimientos, se impone una reflexión que contenga, en palabras de Alfredo De Angelis, el entrerriano asambleísta y dirigente de la Federación Agraria, “la grandeza de los pequeños, con la humildad de los grandes”. Sólo esa actitud, abierta, humilde y sincera, salvaría su gobierno de un deterioro terminal. Y además, clara. Como lo expresara el mismo De Angelis, “Presidenta, ¿para que lo hace tan complicado?” En efecto, la solución no parece muy difícil: suelte la cartera que quiere arrebatar, y todos felices.
Todavía está a tiempo, y si profundizara el rumbo dialoguista insinuado en el discurso del lunes 31 de marzo o el propio discurso de Plaza de Mayo, sin su innecesario componente de cinismo, podría tener un final feliz.
Pero la reacción es urgente, antes que lo que comenzó como una crisis por incapacidad de gestión se transforme en una crisis de gobierno, con el riesgo de devenir, como en el 2002, en una crisis de sistema. Y –ahí sí- las consecuencias son impredecibles.
Ricardo Lafferriere
Pocas horas después, el país, azorado, se entera que el gobierno llegó a la reunión “de negociación” sin ninguna propuesta concreta, reiterando su posición de mantener la exacción sin tocar ni una coma. Obviamente, los dirigentes agropecuarios debieron trasladar esta situación a sus representados y la medida se reanudó casi de inmediato en forma espontánea.
Luego, en otro cambio de discurso, justificó la arbitraria resolución en la “excesiva sojización” que le habría impedido al país contar con “otros alimentos” y que genera “muy poco trabajo por hectárea”. La anteojera ideológica siguió siendo el marco deformante de su visión, y aunque el tono fue indudablemente más respetuoso con los ciudadanos del país que preside, prosiguió con sus afirmaciones falsas que pueden ser dictadas por el desconocimiento –la mejor opción- o nuevamente por el cinismo –la peor-.
Sus conceptos hubieran sido interesantes aportes en un debate parlamentario, única vía autorizada por la Constitución para debatir y fijar impuestos, debate en el que seguramente habría escuchado otras visiones. Por ejemplo:
- que esa sojización fue lo que ha permitido excedentes fiscales y comerciales desde el año 2003 sobre los que se asentó la recuperación del país y la presuntamente exitosa gestión de su marido,
- que el país no muestra faltantes de otras clases de alimentos, y
- que la cantidad de trabajadores por hectárea es una medida obsoleta para medir la generación de empleo del complejo sojero, que se extiende a las fábricas de maquinarias agrícolas, a los miles de talleres locales, a los ingenieros y técnicos que diseñan el equipamiento, a los ingenieros agrónomos, a las fábricas de semillas –con técnicos y trabajadores calificados-, a los pueblos del interior y provincias en los que se paga impuestos locales, a los comercios de esos pueblos, etc.
Preferir el trabajo agrario directo de “mucha mano de obra” es volver al campo de hace más de medio siglo, con maquinarias rudimentarias y esfuerzos inhumanos, trabajadores sin calificar y alejado de la gigantesca –y admirable- revolución tecnológica mundial de la que nuestros productores son vanguardia, inclusive creando “capital social” para optimizar sus recursos, como los “pools de siembra”, demonizados por la ignorancia panfletaria del seudoprogresismo a sueldo que todavía no han descubierto a Bachelet, Lagos, Lula o el propio Tabaré.
La recién manifiesta vocación preservacionista de la presidenta tampoco es nueva para los hombres de campo. Son ellos los que aplican desde hace años la rotación de cultivos –en rigor, comenzó en Europa en el siglo XIII...-, la fertilización, las terrazas antierosión y otras técnicas destinadas a preservar la tierra, que es su capital. Y la deforestación a la que alude podría ser regulada si la ley de bosques, que su bloque parlamentario trabó en el Congreso por años –incluso siendo ella Senadora- hubiera recibido un tratamiento rápido e inteligente. No es culpa de los hombres de campo, ni se solucionará con las “retenciones móviles”.
En ese mismo debate parlamentario se le hubiera explicado que las retenciones móviles, además de ser inconstitucionales, generarán una explosiva demanda de camiones y consiguiente saturación de rutas para vender rápido las cincuenta millones de toneladas de cosecha, favoreciendo a los grandes acopiadores y exportadores, que podrán fijar el precio de oportunidad cuando la oferta se agigante, en tiempos de cosecha, ante la necesidad urgente de vender que tendrán los productores pequeños y medianos, para que no los coman los gastos y la inflación. La original ocurrencia de su equipo económico acarreará en consecuencia complicaciones enormes, desde accidentes viales hasta la superexplotación de los pequeños productores.
Pocas veces en la historia se ha visto una incapacidad de gestión política y económica como la que está mostrando la administración “K-K” en esta situación. No hay ninguna medida oficial que le ofrezca al país una solución real a un problema que ellos mismos provocaron. Su única reacción ha sido la organización de grupos parapoliciales estilo “camisas negras”, en la más pura tradición lopezreguista y “jotaperra”. La justificación del Jefe de Gabinete, del Ministro del Interior y de la propia presidenta al ubicar a su lado al jefe de los grupos oligarca-fascistas en los actos de Parque Norte y Plaza de Mayo indican claramente, si alguna duda hubiere existido, el origen oficialista de su accionar.
Su soledad es cada vez mayor. No tiene el acompañamiento de la sociedad, ni de los principales dirigentes del peronismo histórico y mucho menos de la oposición democrática ni los gobernadores, colocados entre la necesidad de responder a sus votantes –a los que se deben- o al gobierno central, que los esquilma y humilla.
Los cientos –o miles- de dirigentes peronistas del interior, consustanciados con sus propias bases, están cada vez más traccionados por su pertenencia popular y su responsabilidad política que por el ideologismo adolescente de la administración “K-K” que pone en riesgo su representatividad local. Al gobierno sólo le queda el respaldo de la violencia patotera de sus matones a sueldo, los argentinos a los que tiene clientelizados a fuerza de choripán y $ 50 y las “movilizaciones” como la realizada ayer en Plaza de Mayo apoyada en las estructuras sindicales subsidiadas –que la aplaudieron con el mismo entusiasmo con el que aplaudían a Menem-. Lo ayudan, es cierto, las plumas y voces alquiladas y el chantaje a periodistas y medios, pero cada vez menos.
No se trata, sin embargo, de una crisis producida en una situación económica dramática por el endeudamiento asfixiante, como la que golpeó al gobierno de la Alianza en el 2001, dejándolo sin herramientas. Ni la propia recesión de fin del menemismo, generada por la situación internacional. Por el contrario: el propio gobierno dice que tiene reservas en el Banco Central –gran parte de ellas, sustraidas al campo...- de más de Cincuenta mil millones de dólares; que tiene de superávit fiscal récord –logrado por el aporte decisivo del campo- de más de Veinticinco mil millones de pesos; y superávit comercial histórico –también originado principalmente en el trabajo del campo- de alrededor de Diez mil millones de dólares, exactamente igual al monto de las “retenciones”.
Por el contrario, es su incapacidad de gestión lo que ha puesto al país al borde de un abismo que no es económico, sino institucional y moral. Pocas dudas caben que si en unos pocos días más no se encuentra una solución al conflicto, la gente comenzará a sentir desabastecimiento e inflación desbordada, y todos sabemos que es imposible vivir sin comer.
No será un cacerolazo el que cambie la conducción del país. La propia realidad será la que se encargue de notificar que caprichos y berrinches no alcanzan para gobernar. El último desastre que puede esperarse de la administración “K-K” sería lograr, por su incapacidad, que en la Argentina, en uno de sus momentos económicos mejores, el pueblo no tenga qué comer. No hay que ser adivino para imaginar lo que puede pasar en esa hipótesis.
Nada tendrá que ver esta situación con una “crítica de género”, como la que utiliza para victimizarse la señora presidenta. No se ha escuchado en el campo, ni en las movilizaciones populares, ninguna consigna que haga referencia a su condición de mujer. Más allá de la caricatura periodística de la que se quejó en su discurso, se trata de la incapacidad para desempeñar con idoneidad las tareas exigidas a la institución mayor de una democracia representativa, nada menos que la presidencia de la República.
La destrucción institucional sistemática provocada por la administración “K-K” en estos años –vaciando el parlamento, destrozando a los partidos políticos, y construyendo poder tosco y clientelista- no ha dejado muchos instrumentos políticos de mediación. Institucionalmente quedan los gobernadores, y políticamente el peronismo de los distritos –el partido más votado y de mayor presencia territorial, sin conducción nacional por decisión kirchnerista- y la Coalición Cívica –la principal oposición-. Debieran prepararse, porque si el conflicto continúa, deberán ser ellos los que se hagan cargo de encontrar una salida, sumando a ese gran consenso a las dos siguientes fuerzas de representación parlamentaria, la UCR y el PRO.
Sería seguramente mejor que la propia presidenta liderara esta salida.
Todavía está a tiempo, aunque los hechos parecen superar su capacidad de comprensión, sometida a una esclerosis ideológica que le impide ver la realidad tal cual es. Marchando entre el cinismo de convocar al dialogo mientras trata de golpistas a quienes protestan, e incoherencias como llamar a liberar las rutas y a la vez suspender arbitrariamente las exportaciones de carne, corre el riesgo de entrar en un camino que cada vez se estreche más y en el que cada paso que avance se licue más lo que le queda de poder acercándola a la tentación de recurrir a la violencia desesperada.
Ante el curso de los acontecimientos, se impone una reflexión que contenga, en palabras de Alfredo De Angelis, el entrerriano asambleísta y dirigente de la Federación Agraria, “la grandeza de los pequeños, con la humildad de los grandes”. Sólo esa actitud, abierta, humilde y sincera, salvaría su gobierno de un deterioro terminal. Y además, clara. Como lo expresara el mismo De Angelis, “Presidenta, ¿para que lo hace tan complicado?” En efecto, la solución no parece muy difícil: suelte la cartera que quiere arrebatar, y todos felices.
Todavía está a tiempo, y si profundizara el rumbo dialoguista insinuado en el discurso del lunes 31 de marzo o el propio discurso de Plaza de Mayo, sin su innecesario componente de cinismo, podría tener un final feliz.
Pero la reacción es urgente, antes que lo que comenzó como una crisis por incapacidad de gestión se transforme en una crisis de gobierno, con el riesgo de devenir, como en el 2002, en una crisis de sistema. Y –ahí sí- las consecuencias son impredecibles.
Ricardo Lafferriere
Las retenciones son inconstitucionales
Corría 1967. Onganía había derrocado a Arturo Illia, quien en los dos años de su gestión había garantizado al país un crecimiento económico armónico del campo, la industria y los salarios, pero fue jaqueado por la intemperancia de la CGT que con tomas de fábricas y caos social preparó el terreno del golpe.
Augusto Timoteo Vandor, el “Moyano” de entonces, asistió, de traje y corbata, a la asunción del nuevo presidente del proceso militar autodenominado “Revolución Argentina”, que tuvo en las primeras épocas de su gestión un romance con el movimiento obrero.
Sin embargo, había nubarrones económicos. El éxito de Illia había comenzado a diluirse por la incapacidad de la nueva gestión y se hacía necesario un ajuste. Y comenzó a elaborarse el Plan de Estabilización y Crecimiento.
El 13 de marzo de 1967, una devaluación del 40 % anunciada por Ministro de Economía Adalberto Krieger Vasena llevó el precio del dólar de entonces desde $ 250 a $ 350, y para evitar que la “mordida” salarial fuera tan abrupta, decidió imponer las “retenciones”, en ese momento entre el 16 y el 25 %. Para implementarlas, se incorporó en el Código Aduanero la facultad presidencial de imponer impuestos a la exportación, sin ningún límite.
¿Era una delegación? Sí y no. Sí, porque por ley, una facultad constitucional del Congreso se delegaba en el Ejecutivo. No, porque quien hacía esa “delegación” en nombre del Congreso no era el Congreso, que no existía, sino un engendro normativo de entonces, llamado Ley pero dictado sólo por el Presidente.
Y ahí comenzó la historia, que, a fuer de ser sinceros, se había insinuado tímidamente por la administración de Frondizi con los derechos compensatorios que había implantado “provisoriamente” para atenuar la devaluación de 1958 (en ese momento fueron entre el 10 y el 20 por ciento) y que varios gobiernos utilizaron luego.
¿Y antes? Pues, el peronismo se había manejado con un sistema más tosco: había nacionalizado el comercio exterior. De esta forma su gobierno se había adueñado del sistema de precios, aplastando el crecimiento del campo, el “talón de Aquiles” de su economía.
Pero fue a partir de Onganía que el juego de las retenciones se ensañó con el campo, quitándole previsibilidad a sus explotaciones y dificultando cualquier proyecto serio de inversión. La historia, sin embargo, no había terminado.
En 1991, en efecto, por decreto 2752/91, el presidente Menem hizo otra “delegación”. Esta vez fue en el Ministro de Economía, con lo que una facultad parlamentaria inherente a la esencia democrática sufre su último “ninguneo”. Ya no sería necesario un debate parlamentario público y plural, ni siquiera una decisión política de la autoridad principal del Estado: un simple secretario –que eso es un Ministro- podría cambiar de manos miles o millones de pesos o dólares por su propia decisión. Así ha ocurrido en el caso que nos ocupa: cerca de Dos mil millones de dólares, o sea Seis mil millones de pesos extra son arrebatados a sus dueños por la simple Resolución de un funcionario de segundo nivel.
Podemos imaginar qué diferente hubiera sido la situación si hubiera sido el Congreso el encargado de debatir el tema. Allí, con las mediaciones políticas, las audiencias públicas, el debate abierto, seguramente las necesidades de gobierno hubieran avanzado –por la mayoría legislativa- pero teniendo en cuenta los efectos, y diseñando las eventuales acciones compensatorias de los daños producidos. Porque la democracia tiene, justamente, esa virtud: da lugar a todas las opiniones, e impide que las decisiones se tomen en el encierro de gabinetes teóricos o esclerosis ideológicas que ignoren la realidad.
Los hechos de estos días dan la razón a la necesidad de derogar ese artículo del Código Aduanero y devolver al Congreso la facultad de imponer impuestos, como lo establece en forma clara y terminante el artículo 75 inc. 1 de la Constitución Nacional, que establece, como primera facultad del Congreso, la de “legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación”.
Reforzando esa norma, el artículo 76 de la Constitución establece también claramente que “Se prohibe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”. La reiterada afirmación de la señora Presidenta sobre los logros de los últimos años, la descollante perfomance económica, las reservas internacionales, los superávits gemelos y otras bondades que se encarga permanentemente de repetir muestran que no existe emergencia pública que pueda justificar esa delegación, que por otra parte, en el caso que nos ocupa, ha sido derogada por la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional de 1994, al disponer que “La legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición, excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley”. La que, por supuesto, debe cumplir con el requisito del plazo fijado en el propio artículo 76.
Esta interpretación es coherente, además, con el resto del sistema rentístico constitucional, que hace coparticipables los impuestos directos e indirectos –artículo 75, inc. 2 de la Constitución Nacional-. Las retenciones reducen o directamente impiden las ganancias, con lo que las provincias pierden su coparticipación impositiva. No sólo es una exacción para los productores agropecuarios: es un gigantesco manotazo a las finanzas de provincias y municipios, privados por una simple resolucion ministerial de recibir lo que constitucionalmente les corresponde.
Las retenciones son inconstitucionales. Y si no lo asume el Congreso derogando el artículo 744 del Código Aduanero, debiera disponerlo la justicia.
Por lo que informa la prensa –La Nación, domingo 30 de marzo de 2008, página 17-, también ha sido ésta la opinión del senador Juan Carlos Romero, ex gobernador de Salta, y es probable que muchos políticos con experiencia de gestión avalen esa visión.
Derogar el artículo 744 del Código Aduanero sería, indudablemente, un enorme paso en la reconstrucción de la institucionalidad democrática, en la recuperación del Congreso Nacional como institución fundamental del sistema político argentino y en el respeto al propio artículo 1 de la Constitución, que establece en forma terminante que “la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, según lo establece la presente Constitución”.
Ricardo Lafferriere
Augusto Timoteo Vandor, el “Moyano” de entonces, asistió, de traje y corbata, a la asunción del nuevo presidente del proceso militar autodenominado “Revolución Argentina”, que tuvo en las primeras épocas de su gestión un romance con el movimiento obrero.
Sin embargo, había nubarrones económicos. El éxito de Illia había comenzado a diluirse por la incapacidad de la nueva gestión y se hacía necesario un ajuste. Y comenzó a elaborarse el Plan de Estabilización y Crecimiento.
El 13 de marzo de 1967, una devaluación del 40 % anunciada por Ministro de Economía Adalberto Krieger Vasena llevó el precio del dólar de entonces desde $ 250 a $ 350, y para evitar que la “mordida” salarial fuera tan abrupta, decidió imponer las “retenciones”, en ese momento entre el 16 y el 25 %. Para implementarlas, se incorporó en el Código Aduanero la facultad presidencial de imponer impuestos a la exportación, sin ningún límite.
¿Era una delegación? Sí y no. Sí, porque por ley, una facultad constitucional del Congreso se delegaba en el Ejecutivo. No, porque quien hacía esa “delegación” en nombre del Congreso no era el Congreso, que no existía, sino un engendro normativo de entonces, llamado Ley pero dictado sólo por el Presidente.
Y ahí comenzó la historia, que, a fuer de ser sinceros, se había insinuado tímidamente por la administración de Frondizi con los derechos compensatorios que había implantado “provisoriamente” para atenuar la devaluación de 1958 (en ese momento fueron entre el 10 y el 20 por ciento) y que varios gobiernos utilizaron luego.
¿Y antes? Pues, el peronismo se había manejado con un sistema más tosco: había nacionalizado el comercio exterior. De esta forma su gobierno se había adueñado del sistema de precios, aplastando el crecimiento del campo, el “talón de Aquiles” de su economía.
Pero fue a partir de Onganía que el juego de las retenciones se ensañó con el campo, quitándole previsibilidad a sus explotaciones y dificultando cualquier proyecto serio de inversión. La historia, sin embargo, no había terminado.
En 1991, en efecto, por decreto 2752/91, el presidente Menem hizo otra “delegación”. Esta vez fue en el Ministro de Economía, con lo que una facultad parlamentaria inherente a la esencia democrática sufre su último “ninguneo”. Ya no sería necesario un debate parlamentario público y plural, ni siquiera una decisión política de la autoridad principal del Estado: un simple secretario –que eso es un Ministro- podría cambiar de manos miles o millones de pesos o dólares por su propia decisión. Así ha ocurrido en el caso que nos ocupa: cerca de Dos mil millones de dólares, o sea Seis mil millones de pesos extra son arrebatados a sus dueños por la simple Resolución de un funcionario de segundo nivel.
Podemos imaginar qué diferente hubiera sido la situación si hubiera sido el Congreso el encargado de debatir el tema. Allí, con las mediaciones políticas, las audiencias públicas, el debate abierto, seguramente las necesidades de gobierno hubieran avanzado –por la mayoría legislativa- pero teniendo en cuenta los efectos, y diseñando las eventuales acciones compensatorias de los daños producidos. Porque la democracia tiene, justamente, esa virtud: da lugar a todas las opiniones, e impide que las decisiones se tomen en el encierro de gabinetes teóricos o esclerosis ideológicas que ignoren la realidad.
Los hechos de estos días dan la razón a la necesidad de derogar ese artículo del Código Aduanero y devolver al Congreso la facultad de imponer impuestos, como lo establece en forma clara y terminante el artículo 75 inc. 1 de la Constitución Nacional, que establece, como primera facultad del Congreso, la de “legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación”.
Reforzando esa norma, el artículo 76 de la Constitución establece también claramente que “Se prohibe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”. La reiterada afirmación de la señora Presidenta sobre los logros de los últimos años, la descollante perfomance económica, las reservas internacionales, los superávits gemelos y otras bondades que se encarga permanentemente de repetir muestran que no existe emergencia pública que pueda justificar esa delegación, que por otra parte, en el caso que nos ocupa, ha sido derogada por la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional de 1994, al disponer que “La legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición, excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley”. La que, por supuesto, debe cumplir con el requisito del plazo fijado en el propio artículo 76.
Esta interpretación es coherente, además, con el resto del sistema rentístico constitucional, que hace coparticipables los impuestos directos e indirectos –artículo 75, inc. 2 de la Constitución Nacional-. Las retenciones reducen o directamente impiden las ganancias, con lo que las provincias pierden su coparticipación impositiva. No sólo es una exacción para los productores agropecuarios: es un gigantesco manotazo a las finanzas de provincias y municipios, privados por una simple resolucion ministerial de recibir lo que constitucionalmente les corresponde.
Las retenciones son inconstitucionales. Y si no lo asume el Congreso derogando el artículo 744 del Código Aduanero, debiera disponerlo la justicia.
Por lo que informa la prensa –La Nación, domingo 30 de marzo de 2008, página 17-, también ha sido ésta la opinión del senador Juan Carlos Romero, ex gobernador de Salta, y es probable que muchos políticos con experiencia de gestión avalen esa visión.
Derogar el artículo 744 del Código Aduanero sería, indudablemente, un enorme paso en la reconstrucción de la institucionalidad democrática, en la recuperación del Congreso Nacional como institución fundamental del sistema político argentino y en el respeto al propio artículo 1 de la Constitución, que establece en forma terminante que “la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, según lo establece la presente Constitución”.
Ricardo Lafferriere
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