Un paso en el sentido del futuro

El crecimiento económico no necesariamente generará el empleo que llegue a todos. Lo hemos afirmado en varias oportunidades, simplemente observando la marcha del mundo: la economía se independiza cada vez más del trabajo humano, agrega tecnología, se robotiza.

No es un proceso lineal ni abrupto, pero sí inexorable y crecientemente acelerado. Tiene además una característica: es el que incorporan los sectores económicos de vanguardia.

La Argentina está en un momento “bisagra” en su evolución económica y social. Debe dar un gran salto en productividad y ello sólo será posible incorporándose a la vanguardia –tecnológica y productiva- del mundo global. No podrá hacerlo –ninguna sociedad puede hacerlo- apuntando al pasado, produciendo más caro, polucionando el ambiente y gastando más energía como si estuviéramos a mediados del siglo XX. Hoy es inteligencia aplicada, automatización, reducción de insumos caros, ajuste de costos, achicamiento de los eslabones de distribución y hasta fabricación por los propios consumidores de los productos finales a través de la revolución de las “impresoras 3D”. Hacia eso marcha la economía global y ningún salto adelante será posible sin sumarse a esa marcha. 

El interrogante es: ¿ésto es malo?

La consecuencia inexorable de esta evolución también está clara: el salario no será más el articulador de la distribución del ingreso, porque el empleo estable será cada vez menor. Esta afirmación conmueve, golpea y enoja. Pero peor es ignorarla, porque sería ignorar la realidad.

La conmoción de la coyuntura es como una neblina que no deja ver ese futuro, que no es tan lejano. Todavía los reflejos arcaicos que llevan a las viejas recetas surgen en forma instintiva, ante el congelamiento reflexivo de más de una década del debate nacional. Pero apenas superemos esta coyuntura aparecerá con toda su crudeza.

La transición –y los efectos del criminal decenio que terminamos, que desmanteló la educación, destrozó la calidad de la capacitación de los jóvenes y abandonó el esforzado trabajo por la excelencia educativa- nos condena a contar con un gran contingente de compatriotas sin capacitación para entrar en la carrera de los nuevos tiempos. Los argentinos escucharon –y muchos, demasiados, se creyeron- que la liquidación del capital con la que se financió el consumo en esa década era eterna, que jamás terminaría y que sería posible vivir por los siglos de los siglos consumiendo gas y electricidad gratis, viajando sin pagar y forzando a los productores agrarios a entregar sus productos por la tercera parte de su valor para subsidiar los alimentos. La realidad mostró que eso no era cierto, ni posible.

Esta transición nos muestra entonces un contingente de compatriotas sin capacitación, posiblemente condenados a no tenerla. El renacimiento argentino, que llegará con las inversiones que ya se están produciendo en nuevas tecnologías, en infraestructura, en nuevos modelos híbridos de automóviles, en comunicaciones, en energías renovables, en la modernización del Estado, en viviendas, podrá incorporar al trabajo a muchos, pero otros muchos quedarán afuera. Y no es posible dejarlos afuera, porque sería inmoral y porque, además, son los primeros de un gran contingente que los seguirá.

Por eso la necesidad de abrir el camino a otras formas de distribución de riqueza que no dependan del trabajo. El piso de dignidad humana debe garantizarse con programas y políticas públicas que vayan previendo la realidad que se acerca, creando instituciones que establezcan el límite por debajo del cual ningún argentino se encuentre situado.

Este límite no debe obstaculizar el crecimiento económico y debe por supuesto establecerse asumiendo las posibilidades de la economía. Tampoco debe significar un techo, sino un piso, que cada vez sea garantizado a mayor cantidad de compatriotas con el objetivo del “ingreso mínimo universal”, comenzando por los colectivos de mayor vulnerabilidad, pero asumiendo que no tendrá un límite temporal sino que su horizonte será su expansión. Ese piso le deberá dar la base de sus necesidades elementales sobre las que apoyarse para progresar, mejorar su nivel de vida y asegurar mejor futuro para él y sus hijos con la herramienta de su propio esfuerzo.

Esto no es un invento caprichoso. Hay ciudades en el mundo –hemos mencionado a Dongguang, en China, por ejemplo (http://www.elmundo.es/economia/2015/09/07/55e9d2f4ca4741547e8b4599.html )- que ya se han fijado como objetivo la robotización total de sus fábricas. En un país tan capitalista como Suiza (http://www.thelocal.ch/20160127/swiss-to-vote-on-guaranteed-income-for-all )–y también en Holanda y Finlandia (http://www.attac.es/2015/09/02/la-renta-basica-universal-en-finlandia-y-en-holanda-de-las-musas-al-teatro/ )- hay ciudades que están debatiendo y hasta ensayando programas “pilotos” de ingreso universal para sus ciudadanos. Son programas alimentados por ingresos públicos genuinos recaudados de las grandes empresas, que serán más posibles cuanto más avance la cooperación fiscal internacional.

Hacia allí marcha una economía global que, tras la locomotora científico-técnica, esboza otro principio fundamental de progreso: esa revolución científica no puede perjudicar a las personas, sino beneficiarlas. No puede producir pobreza, sino bienestar. Si genera “desocupados” por su tecnificación no puede ser para lanzarlos al subconsumo, sino mejorandoles la vida.

El anuncio del nuevo sistema de asignación universal para mayores de 65 años es un paso tal vez pequeño en su monto individual –porque la economía del país aún no puede sostener mayores niveles- pero gigantesco en lo conceptual, tanto como lo fue hace un par de meses la verdadera universalización de la asignación a la niñez y lo es también ahora la actualización del seguro de desempleo, congelado en montos de hace una década. Crea una institución destinada no a desaparecer, sino a acompañar el lanzamiento económico argentino incrementándose en la medida en que la productividad global también lo haga y los ingresos públicos se depuren de corrupción, ineficiencias y caprichos.  

La medida abre un camino que, en algún momento, deberá avanzar hacia la reorganización integral de todos los subsidios parciales logrados por muchas luchas durante décadas en forma de asignaciones familiares, planes sociales de diversa índoles y subsidios redistributivos varios, para hacer transparente la distribución de recursos públicos a los ciudadanos, pero muestra que los argentinos no vemos al futuro de un país avanzado desplazando compatriotas hacia la marginalidad, sino creciendo para incluir, para mejorar, para darles un piso cada vez más sólido en su realización personal, en la vanguardia del mundo. Y cumple –lo que no es menor- con una propuesta de campaña del actual presidente.

No se me escapa que el concepto es revulsivo de un debate aún teñido de reflejos añejos. Es seguramente difícil de comprender para quienes creen que los ingresos redistribuidos por el Estado son siempre nocivos y prefieren seguir apostando al viejo concepto del “ejército de reserva” con la ilusión de ganar productividad bajando impuestos y salarios al límite. También para quienes añoran la economía industrial modelo siglo XX, polucionante, alienante para los trabajadores por sus trabajos repetitivos y embrutecedores, pero también lleno de corporaciones profesionalizadas gremiales y empresarias en las que se trazan biografías estamentales privilegiadas asentadas en convenientes “relatos”. Ellos son la vieja derecha y la vieja izquierda, cuyos ecos aún retumban, aunque con cada vez menos repercusión. Ambas, repitiendo una verdad que atravesó el siglo XX como un paradigma que ya se agota: la creencia que el trabajo estable era el único articulador social posible.

Hoy, debemos agregarle otros mecanismos, más necesarios que aquél. Los debemos lograr con la cooperación, la articulación de consensos, la construcción de confianza, la racionalidad económica, la creación de inteligencia aplicada, el cuidado del ambiente y de la “casa común”, el respeto a la ley y a la amplia protección de la dignidad humana. De todos y cada uno de los compatriotas, comenzando por los más vulnerables.

Como lo hace este paso adelante que aplaudimos.

Ricardo Lafferriere

Un mundo que no espera

Hace pocas semanas expresábamos nuestra preocupación por el hecho de que la discusión que ocupa el escenario político se concentre en forma casi excluyente en la corrupción. Obviamente, no lo hacíamos porque nos parezca mal que se investiguen los latrocinios de la década pasada, y se sancione a los culpables.

Nuestro punto iba dirigido a hacer notar que ese “maremágnum” estaba ocultando la verdadera opción que debemos enfrentar los argentinos en estos tiempos, que se refiere a si nos decidimos cambiar el sistema de política económica dirigido al país “autárquico”, que impregnó a todas las fuerzas políticas –civiles y militares- desde 1930, o si tomábamos nota de las fuerzas de vanguardia en el nuevo paradigma global, fuertemente cosmopolitizado, y a ocupar un espacio dinámico en las fuertes transformaciones que está protagonizando el mundo en forma acelerada.

Este enfoque no rehúye la crítica y la autocrítica sobre el pasado, que seguramente deberemos enfrentar todos con frescura intelectual y vocación de síntesis. Las recetas que hemos defendido con mayor o menor enjundia durante décadas pueden haber contenido aciertos y errores. Lo que está claro es que se referían a un mundo que ya no existe, con otros problemas, otro escenario internacional, otra dinámica global, otra realidad tecnológica y metas acordes con ese paradigma superado. Son más propias de la historia –y los historiadores- que de la política y los políticos.

No es por capricho que insistimos en el tema. Ignorar el cambio de escenario global, la diferente estructura de las fuerzas productivas más dinámicas, la transformación de la política en un mundo en el que los problemas parecen cada vez más de “política interior” que de “relaciones internacionales” y la portentosa y crecientemente acelerada revolución científico-técnica lleva a que cada día que perdemos en debatir la imagen del espejo retrovisor, es un día que perdemos en nuestras posibilidades de arrancar un nuevo ciclo de crecimiento en la nueva realidad.

El debate es necesario, porque también es cierto que los argentinos merecen mucho más que la riña de gallos en que parece insistir el debate institucional. Es imprescindible afinar los objetivos de infraestructura, la política poblacional, la forma en que encararemos la explotación de nuestros recursos naturales no renovables, el nivel del “piso de dignidad” que estamos dispuestos a garantizar a cada compatriota por el sólo hecho de serlo, el marco y grados de libertad económica que también garantizaremos al que arriesgue capital, esfuerzo y tiempo, y el definitivo marco fiscal que los sustente, las características de los bienes públicos y entre ellos en forma decisiva la capacitación que necesita el nuevo gran salto adelante, y los grados de tolerancia a las conductas delictivas que en definitiva estamos dispuestos a tolerar a quienes no acepten vivir en las condiciones que el sistema democrático y sus normas establezcan en forma general.

Por ahora, sólo se escucha incursionar en el futuro al presidente, incluso más que a su gobierno. No lo hace ciertamente la oposición, cerrilmente aferrada al retrovisor, y tampoco las instituciones del país del pasado, gremiales o empresarias. Los grandes desafíos que nos llegan del debate planetario –inteligencia artificial, revolución de la nano-genética, economía virtual, seguridad frente al terrorismo, contención de las finanzas desbordadas hacia mecanismos especulativos globales, protección de la “casa común”, e incluso la urgentemente necesaria formulación y fortalecimiento de instancias políticas colectivas de acción global brillan por su ausencia en las reflexiones de la política y de la academia.

El pasado, obsesivamente, insiste en anclar la inteligencia argentina. Y eso no es bueno, porque cuando los seres humanos no ponemos nuestras inteligencias en cadena y nuestra capacidad de acción en cooperación, la anarquía de la realidad se encarga de definir los rumbos. Allí se abren las grietas por donde pueden colarse los demonios del ayer, intentando adueñarse nuevamente de la agenda falsaria, pero congruente con privilegios corporativos, prepotencias violentas e instintos cleptómanos primitivos cuya consecuencia puede ser una sociedad sin cambios, crecientemente violenta, injusta, inestable y anómica.

Estamos en una bisagra. No alcanza con reclamar por la falta de empleo o con el consignismo inconsistente como si los números no existieran y todo fuera posible, y del otro lado tampoco con pedir “más despidos en el Estado” y “más ajuste rápido” como si el país fuera una tabla de cálculo y las personas fueran números.

La puerta del futuro exige otra visión, más dirigida al horizonte donde debe encontrarse el puerto para el barco común. Un puerto que no está en lo que ya hicimos –unos y otros- en nuestro pasado, sino en lo que podemos hacer para definir en conjunto el puerto al que debemos poner la proa del barco en el que estamos todos.

Ese puerto está en un mundo que no espera.

Ricardo Lafferriere

Categórica imputación por el “dólar futuro”

Ironía con algo de poesía…

La resolución del Juez Bonadío procesando a la ex presidenta y varios de sus funcionarios por el delito de administración infiel es, indudablemente, el resultado de un importante trabajo de investigación fáctica y refinamiento jurídico intelectual.

A pesar de la proficua prueba agregada para fundar el fallo, podría afirmarse que en realidad los hechos no conforman el aspecto dudoso o discutible del silogismo legal efectuado. Las pruebas, tal vez, incluso hasta hubieran podido obviarse al tratarse de hechos de conocimiento público.

El mayor valor del pronunciamiento radica en la aplicación de conceptos jurídicos para nada estereotipados, superando una ortodoxa interpretación penal que posiblemente llevaría a dejar impune esta gigantesca dilapidación de recursos públicos que los procesados habrían debido preservar, para bucear en la doctrina más moderna y aún en la jurisprudencia nacional el adecuado encuadramiento en el tipo legal que se les imputa.

Lo central del fallo es, justamente, el análisis de la “acción”, base conductual de cualquier imputación penal. En términos legos podría traducirse quizás en las preguntas: “¿Qué es lo que hicieron?” y “¿eso está penado?”

Lo que hicieron, quedó claro: rifaron más de setenta y cinco mil millones de pesos (equivalentes a cinco mil millones de dólares) que el BCRA –o sea, los argentinos- deberían devolver en menos de seis meses, todo junto. Esa suma equivale a un tercio de la base monetaria existente en el momento de realizarse los hechos.

Se trataba de una bomba de tiempo inexorable, que golpearía –como golpeó- a las finanzas públicas y a la aceleración inflacionaria apenas finalizada la administración que cesó el 10 de diciembre, que aún estamos sufriendo durante el primer semestre de 2016.

El otro interrogante es: ¿está penada esa conducta? El juez concluye que sí, al encuadrarse: 1) en el art. 173 inciso 7 del Código Penal, que sanciona con una pena de uno a seis años a “El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos”; 2) en el artículo 175 inciso 5 del Código Penal, que sanciona con dos a seis años de prisión a “el que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública” y 3) a todos, por partícipes en calidad de coautores según el art. 45 del Código Penal: “Los que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo.”

¿Quién es el autor de esas conductas dañosas?

Aquí es donde se encuentra la mayor elaboración doctrinaria, al recurrir a la teoría del “autor mediato-superior”. Tal dimensión de disposición de recursos públicos, dadas las características funcionales del gobierno cesante, hubiera sido totalmente imposible sin la decisión expresa de la presidenta de la Nación, el Ministro de Economía y demás funcionarios ejecutantes.

El “autor mediato” –en este caso, la presidenta y su ministro de economía- dispone la ejecución de hechos que los “autores directos” luego realizarían sin capacidad de resistencia –o serían removidos de su función, como le ocurrió al ex presidente del BCRA Fábrega meses antes-. “Autores mediatos” y “autores directos” comparten la autoría delictiva, sin configurar una “asociación ilícita” –al menos, por ahora-. El antecedente jurisprudencial de la CCCCFederal que el Juez cita es claro: “…en la República Argentina…se advierte un notable giro de la doctrina más moderna hacia la teoría del dominio del hecho, lo que permite suponer su definitiva aceptación, especialmente en punto a la autoría mediata (…) La forma que asume el dominio del hecho en la autoría mediata es la del dominio de la voluntad del ejecuto, a diferencia del dominio de la acción, propio de la autoría directa, y del dominio funcional, que caracteriza a la coautoría. En la autoría mediata el autor, pese a no realizar conducta típica, mantiene el dominio del hecho a través de un tercero cuya voluntad, por alguna razón, se encuentra sometida a sus designios (…) Los superiores conservan el dominio de los acontecimientos a través de la utilización de una estructura organizada de poder, circunstancia que los constituye en autores mediatos de los delitos así cometidos”.

El razonamiento no es extraño al derecho argentino. Algún parentesco aparece evidente entre la tesis de Bonadío y la aplicada en ocasión del Juicio a las Juntas Militares, aunque él no lo exprese. Jorge Rafael Videla fue condenado a prisión perpetua por 70 homicidios, sin que se haya acreditado que haya matado a nadie. Estaba en la cúspide de un sistema de poder que le aseguraba la utilización del aparato estatal para ejecutar una decisión que había compartido con los otros integrantes de las Juntas Militares. La presidenta Fernández de Kirchner, en este caso, pareciera no haber dilapidado en forma personal recursos públicos. Sin embargo, se encontraba en la cúspide de un sistema de poder que –todos lo sabemos, y el Juez lo desmenuza con una precisión quirúrgica- le permitía asegurarse que su decisión se cumpliera efectivamente.

Se podría afirmar que incluso en este caso la teoría es más aplicable: Videla era, en cierto modo, fungible. Los asesinatos se hubieran cometido aún sin su aval, ya que sin él, la maquinaria organizada por la Junta Militar igual funcionaría con otro presidente. Sin embargo, no está tan claro que en este caso la acción hubiera podido cometerse sin la decisión, la organización y el control final efectuado por la ex presidenta Fernández de Kirchner y su ministro de Economía. Y –a la inversa- su exculpación tal vez diluiría la propia acción delictiva dejando impune el descomunal perjuicio a los recursos públicos, ya que no es imaginable que un acto de esta naturaleza y pasmosa magnitud hubiera podido ser decidido y ejecutado autónomamente por niveles inferiores –BCRA, Comisión de Valores- en una organización del poder tan centralizada como el existente hasta el 10 de diciembre de 2015.

Hasta aquí lo que resulta una ironía: Videla y Cristina unidos por la figura del “abuso de poder”. Aunque el primero presidía un régimen dictatorial y la segunda uno formalmente republicano, la subordinación de sus funcionarios era absoluta, sin que las normas que reglaban sus respectivas funciones fueran óbice para la realización de una evaluación de legalidad antes de ejecutar las directivas recibidas. Esta afirmación no la hace Bonadío, sino el autor de esta nota.

Para fundamentar la aplicación de la tesis, junto a una notable proliferación doctrinaria, Bonadío recurre a opiniones de un destacado penalista argentino: Eugenio Zaffaroni, cuyas afirmaciones doctrinarias son citadas en varias ocasiones, especialmente en el desgranamiento del concepto de coautoría: Existe coautoría –dice Bonadío, transcribiendo a Zaffaroni- cuando “por efecto de una división de tareas, ninguno de quienes toma parte en el hecho realiza más que una fracción de la conducta que el tipo describe (…) sino que éste se produce por la sumatoria de los actos parciales de todos los intervinientes (…) La coautoría funcional presupone un aspecto subjetivo y otro aspecto objetivo. El primero es la decisión común al hecho, y el segundo es la ejecución de esta decisión mediante la división del trabajo (…)” (Eugenio Zaffaroni, Alejando Alagia, Alejandro Slokar, “Derecho Penal, Parte General, 2ª. Edición, Ed. Ediar 2002, pág. 785)

Tomando distancia, no puede negarse que este detalle agrega  al categórico procesamiento de la ex presidenta y sus funcionarios económicos paradigmáticos una pizca de poesía.

Ricardo Lafferriere

¿Protesta gremial, o primer ensayo general?

Apañado por la benevolente cobertura del “establishment” comunicacional, los sindicatos realizaron la primera concentración gremial contra el gobierno. Se trató de un acto numeroso que los organizadores se ocuparon de dimensionar en “350.000 trabajadores” y que fuentes más objetivas –periodísticas, policiales y los propios organizadores en opiniones “of de record” que trascendieron a través de algunos medios- estimaron en alrededor de 100.000 personas.

Toda la Argentina del pasado aprovechó la oportunidad. Burócratas sindicales enriquecidos, narcotraficantes, saqueadores del Estado, sostenes gremiales e intelectuales del latrocinio de la última década y hasta los relatos ideológicos ultramontanos confluyeron en visiones apocalípticas contra el gigantesco esfuerzo que está haciendo el país entero para arrancar desde el pantano en que lo dejaron hace apenas cuatro meses.

Ni una sola autocrítica. Ni una sola mención, por parte de los aplaudidores del saqueo, por su acción en los años de vergüenza institucional y vaciamiento económico a que fue sometido el país con su apoyo, en muchos casos expreso y en otros tácito. Ni una condena a los gigantescos negociados que están saliendo a la luz, conducidos por una familia de nulas virtudes éticas pero posibilitados y sostenidos por una mayoría automática que le dieron desde el Congreso los que se dieron cita en el primer ensayo general realizado el viernes. Ni una mención a la esperpéntica política económica que nos llevó al desastre, aplicada hasta diciembre pasado. Moyano y Aníbal Fernández.; Caló y Scioli; Micelli ¡y Yasqui!; Frente para la Victoria… ¡y Frente Renovador!... Todos, hasta los que habían comenzado su maquillaje…

El interrogante del título surge con fuerza y haría bien el gobierno en advertirlo.

Lejos está de quien esto escribe apoyar la profundización de “la grieta”. Pero mucho más lejos de silenciar lo que está claro que se inscribe en el comienzo de un proceso que ya conocemos, porque lo vimos contra la titánica lucha de Alfonsín en 1984, cuando debía lidiar con la herencia dolorosa de desapariciones y necesidad de justicia, contra los herederos del proceso que tenían aún el mando de las Fuerzas Armadas y contra las reiteradas sublevaciones carapintadas, pero a quien  no tuvieron empacho en organizarle  catorce paros generales para provocar la hecatombe social que desembocó en la hiperinflación de 1989.

Y también contra los esfuerzos de la Alianza para salir del mega-endeudamiento de la década de los  90, que los mismos protagonistas que se juntaron el viernes –aunque con otro discurso- se habían encargado de generar, dejando la bomba de tiempo que estalló al gobierno aliancista. Los mismos sindicalistas que se crearon sus propias AFJP después denunciaban al “neoliberalismo” que había impulsado la reforma del sistema, que en su momento habían ellos mismos apoyado. Los mismos que privatizaron YPF –cobrando y haciendo desaparecer los fondos recibidos- luego la volvieron a “estatizar”, pagándola con fondos extraídos de la caja de los jubilados. Los mismos que hace nada más que seis meses se oponían terminantemente a sancionar una ley que prohibiera los despidos, hoy descalifican con epítetos insultantes a quienes se opongan a la sanción de la misma ley. Y todo sin ponerse colorados.

“No soy rencorosa. Soy memoriosa”, repite a menudo una conocida figura televisiva de larga trayectoria en los medios. Tampoco lo es quien esto escribe, que respeta –y hasta siente afecto- por muchos peronistas, con algunos de los cuales hasta compartió cárcel en las duras épocas del “proceso”, aunque por causas diferentes: en mi caso, por ser terminante en la condena a una dictadura, en el caso de ellos por estar ubicados en el lado perdedor de la interna peronista de la época. Justamente, por ser memorioso no puedo olvidar que la obsesión por el poder les hace olvidar a menudo las elementales obligaciones de un comportamiento democrático, y que el acto del viernes se parece demasiado a hechos que ya hemos vivido, y que han iniciado procesos de alegre desgaste institucional irresponsables de final dramático para millones de argentinos.

Vuelven a enfrentarse, como tantas veces en la historia, los dos caminos posibles para el país: el del futuro y el del pasado. Uno es abierto, tolerante, plural, confiado en la fuerza vital de los argentinos para insertarse en el mundo en forma exitosa, solidario, democrático, honesto, cree en la libertad, la división de poderes y la república. Respetuoso, en suma, de la dignidad esencial de cada compatriota para tomar en sus manos las riendas de su destino. Se reúne con un lema: “Cambiemos”.

El otro, lo conocemos. Se mostró el viernes.

Ricardo Lafferriere

Macro, micro y culpas

Las dimensiones económicas personales y las públicas normalmente son separadas por un abismo.

Una persona “rica”, en nuestros pagos, lo es por contar con un patrimonio y con ingresos que multiplican por tres o cuatro dígitos los de alguien que no lo es. Entre una familia de clase media porteña cuyo capital es su departamento, un auto y algunos ahorros –digamos, por ejemplo, entre USD 50.000 Y 300.000- con un ingreso mensual de $ 15.000/20.000, y una familia “rica” –digamos, con un capital de USD 5.000.000 a USD 30.000.000, y un ingreso de mensual de $ 100.000/200.000- la relación es de cien a uno. Es enorme, pero es concebible. Hay extremos muchísimos más graves, que tienden al infinito, pero no son los estadísticamente predominantes.

La riqueza personal y la pública pertenecían entonces a dos dimensiones diferentes. Aún el más rico de los argentinos no podía compararse con el flujo de ingresos –no ya con el capital acumulado- del sector público. El primero contaba sus millones “de a uno”. El segundo, por miles. El más rico de los argentinos publicado en FORBES tiene una riqueza de 3.000 millones de dólares, y un ingreso anual de alrededor de 300. El país se calcula que tiene una riqueza acumulada –sin contar sus recursos naturales mineros, que son propiedad pública- de tres billones (o sea, tres millones de millones) de dólares y un flujo de riqueza anual de 450.000 millones.

Esos números muestran el abismo entre ambas dimensiones, que no en vano son estudiadas por ramas diferentes de la ciencia económica, la macro y la micro economía, cuyos principios son diferentes tanto en sus núcleos conceptuales básicos como en su funcionamiento.

Hasta que llegó el kirchnerismo.

Las últimas revelaciones están mostrando un contacto entre ambas dimensiones de la economía que hubieran resultado inconcebibles en la Argentina histórica. La operatoria de la apropiación de impuestos, por ejemplo, realizada por el grupo INDALO de Cristóbal López, alcanzó una dimensión originaria de 8.000 millones de pesos, que actualizados y pasados a divisa fuerte –para permitir una comparación objetiva- oscila en 1.200 millones de dólares. Esa suma es superior al presupuesto anual de quince provincias argentinas.

Tal vez no pueda ubicarse en el mismo criterio comparativo la operatoria del “dólar futuro”, que le hizo perder al BCRA –o sea, a todos los argentinos que pagan impuestos- Setenta y cinco mil millones de pesos, o sea alrededor de 5.000 millones de dólares, porque en este caso no está probado que esa riqueza se transfiriera al patrimonio personal de una persona, sino de un grupo de empresas, bancos e individuos más “repartidos”. Fue, sin embargo, dinero público transferido alegremente a patrimonios privados en un tiempo sustancialmente menor, menos de seis meses.

Pero sí puede cuantificarse el monto de la apropiación privada de recursos públicos realizada en la última década mediante los diferentes mecanismos utilizados principalmente por el Ministerio de Planificación Federal. Los cálculos de quienes están investigando el tema estiman esta suma entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, superior al presupuesto anual –por ejemplo- de la República del Paraguay (11.500 millones de USD). Es superior al presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires –alrededor de 7.500 millones de USD- de la provincia de Santa Fe –aproximadamente 5.000 millones de dólares-, o más de la mitad del presupuesto de la provincia de Buenos Aires -22.000 millones de dólares- o de la República Oriental del Uruguay –alrededor de 25.000 millones de la misma moneda-.

Son cifras escalofriantes para evaluarlas con los principios de la “microeconomía”, números que se corresponden más con los cálculos de las finanzas públicas que con los números de los patrimonios particulares.

Sin embargo, “no fue magia”. Ocurrió, y es la causa de gran parte del estancamiento, inflación, deuda y pobreza que hoy debe enfrentar el país. Recursos que se extrajeron del sector público –o sea, de salud, educación, seguridad, infraestructura, políticas sociales, defensa- para pasarlos a patrimonios privados.

Por eso, no está mal que la justicia, de una vez por todas, investigue. Pero también que la política debata sobre estos temas. Todo esto pasó porque la Justicia no cumplió su obligación a tiempo, porque los dirigentes políticos –especialmente los oficialistas- apoyaron en forma acrítica lo que se les indicara sin analizar en profundidad sus consecuencias y los opositores privilegiaron demasiado tiempo sus matices partidarios por sobre el interés del conjunto; y porque gran parte del periodismo y “la cultura” contribuyeron a crear un clima de época en el que cualquier voz disonante era arrinconada en una especie de “disidencia” con graves consecuencias, fundamentalmente económicas, para el que se atreviera a oponerse.

Porque también es bueno recordar que durante toda la década hubo voces –de políticos y periodistas, de jueces e intelectuales- que con valentía gritaban sus verdades, sufriendo escarnio, persecuciones, ridiculizaciones y marginalidad por los gozosos beneficiarios del relato feliz.

Por último, aunque tal vez lo más importante, esto ocurrió porque la mayoría de los ciudadanos, -entre los cuales se destacaban otrora respetados intelectuales argentinos- apoyaron alegremente la banalidad de un discurso rudimentario elaborado como escudo exculpatorio de un latrocinio que nunca habíamos vivido pero que nos conducía inexorablemente a este final. Y lo sostuvieron con su voto en cinco elecciones consecutivas, hasta que se acabó lo que se daba.

Es cierto entonces que hoy toca sufrir. No es malo, sin embargo, recordar que es porque como país nos la buscamos y como ciudadanos no reaccionamos antes.

Ricardo Lafferriere

¿“Macrismo” o Cambiemos?

En el “espacio” de gobierno subyace desde el comienzo una tensión, que seguramente persistirá hasta derivar en uno u otro de los imaginarios sobre la confluencia de opiniones que permitió el fin del kirchnerismo-gobierno. No necesariamente se trata de un conflicto, y hasta puede continuar sin eclosionar indefinidamente. No obstante, se trata de un equilibrio que le resta estabilidad conceptual y política limitando sus posibles proyecciones hacia el futuro.

Se trata de la diferente idea sobre la política que tienen dos grupos centrales de protagonistas: quienes se han formado en la idea –aún con sus deformaciones y vicios- de la política apoyada en los partidos, como intermediadores especializados entre los ciudadanos y el poder por un lado. Y los que ven a la política como se la entiende en los cenáculos “posmodernos”, cuya identidad es más lábil, se apoya en la adhesión lejana y mediática de los ciudadanos, que puede “sentirse” cercana por las redes sociales, pero en la que el ciudadano real ha perdido poder real, en tributo a quienes aparecen “liderando” campañas mediáticas o construcciones iniciadas desde la superestructura del “escenario”.

La primera es más lenta, requiere años de “carreras políticas”, someterse a pruebas infinitas en cada batalla por la representación como autoridad partidaria, como integrante del respectivo gobierno local, luego en el escalón provincial o distrital y por último en el espacio nacional. Son carreras normalmente iniciadas en los años jóvenes, integrando alguna agrupación estudiantil, gremial o juvenil, donde debe abrirse su espacio de representación, someterse a escrutinios infinitos de propios y rivales, acreditar gestiones exitosas, garantizar permanencia y compromiso y testimoniar en forma adecuada, durante toda su vida, los valores que sus respectivos electorados esperan de su gestión. Vivir –como alguna vez dijera Alem en su polémica con Pellegrini- “en casa de cristal”. El mensaje son los programas, aprobados en Convenciones, Congresos o agrupaciones articulando racionalmente intereses tan diversos como los que representa la respectiva fuerza.

La segunda es más rápida. Puede eclosionar a raíz de algún episodio de repercusión mediática, en la habilidad comunicacional, en el respaldo económico o sectorial que potencie un mensaje, en la elaboración casi exclusiva del mensaje electoral sobre la base de los requerimientos circunstanciales del electorado en el momento en que es convocado a elegir. Su vigencia es más etérea y lábil. También menos sólida. Se apoya exclusivamente en el encanto o desencanto de la opinión pública, que en momentos de raquitismo de la conciencia política ciudadana –que son los más- puede variar abruptamente y convertir dioses en demonios –y viceversa- tal vez en un par de días. El mensaje es el candidato, el liderazgo es “el hombre”.

Estas descripciones son caricaturas y marcan los extremos. La realidad es una mixtura de ambos componentes. Así ocurre en Cambiemos, sin que ninguna de ambas características sea exclusiva de uno u otro de sus componentes. Hay búsqueda de “liderazgos carismáticos” en el Pro, en la CC y en el radicalismo, así como reclamos de programas racionales explícitos en los tres espacios.

Ambos componentes tienen “pros y contras”. Los liderazgos catalizan opinión más allá de las propias fuerzas, entusiasman a seguidores, simplifican la participación emocional. Pero a la vez, potencian las brechas, endurecen los debates y le quitan grises a la gestión. Las estructuras incorporan la infinidad de matices de la vida social, son más reticentes a las adhesiones personales, le quitan agilidad a la toma de decisiones y pueden trabar, si funcionan en forma inadecuada, decisiones urgentes. Pero a la vez, dan estabilidad, los consolidan en forma de proyectos integrales, son más indemnes al deterioro de los liderazgos personales y son más compatibles con sociedades complejas, plenas de matices e intereses parciales.

¿En qué categoría ubicamos al actual gobierno? Los considerados comunmente como “Pro-puros”, sector interno del PRO que conformó su núcleo fundacional, seguramente lo ven como el resultado de una convocatoria personal del presidente Macri. Desde algunos sectores de la CC se escucha el convencimiento que “sin Lilita, no hubiera existido Cambiemos”. Otros sectores del PRO y los  radicales se motivan con la ilusión de pertenecer a una coalición madura de gobierno, con un proyecto definido y sin liderazgos hegemónicos.

Parece claro que la personalidad presidencial es decisiva en la catalización que requiere cualquier cotejo electoral exitoso y ello pareciera darle algo de razón a los “posmodernos”. Y la tienen. Pero esta convicción debe matizarse a un punto que cambia su esencia: sin Cambiemos, no hubiera existido Presidente Macri. La sociedad ideal aún no existe, y todo presente es una superposición de coyunturas en las que juegan visiones diversas, en este caso entre la idea diferente de la política de muchos quienes integran la Coalición, la de sus opositores y –lo que es más importante- la que tiene la propia sociedad, que tampoco es unívoca sino que está atravesada por infinidad de matices entre los propios, los extraños y los neutrales en permanente desplazamiento.

Por lo pronto, un dato se impone: la urgencia de la recuperación institucional plena. Justicia independiente, prensa libre, debate horizontal, superación de tabúes, desconcentración del poder hacia los escalones y con las mediaciones constitucionales y legales son necesarios para que cada tema de agenda no se convierta en una pelea “de vida o muerte” para nadie. La superación de los coletazos de la última década de latrocinio populista, sobre la que deberemos en algún momento correr la página, nos despejará la vista del camino hacia adelante y de los debates necesarios de cara al futuro. Mientras tanto, es necesario el presidente Macri y es necesario Cambiemos. No es posible por el momento prescindir ni de uno ni de otro.

El futuro –opaco- dirá hacia dónde se termina inclinando la balanza. Si es hacia el “macrismo”, Cambiemos será una experiencia efímera, aun siendo exitosa, limitada por la biología o aún por las veleidades inexorables del devenir político. Si es hacia “Cambiemos”, habremos iniciado la reconstrucción estratégica de una organización política plural, seguramente protagonista central –junto a otras- de los años que vienen.

Ricardo Lafferriere

Estado, mercado, política: más necesarios que nunca

El salario como institución está condenado a reducirse hasta la insignificancia. Tal es la afirmación que explorábamos en una nota anterior, haciendo referencia a la inexorable reducción del empleo agropecuario, industrial y de servicios que se ha convertido en tendencia en todo el mundo.

No se trata de un fenómeno del mundo desarrollado: comienza a impregnar toda la economía global. 

Otra información, ésta de hace pocos meses, hacía referencia al objetivo de lograr una ciudad totalmente robotizada, propuesta por el Alcalde de Dongguang, ciudad china conocida como “la fábrica del mundo”, que aspira a convertirse en una ciudad robotizada. Ha comenzado, reemplazando los trabajadores por robots controlados por sofisticados sistemas de inteligencia artificial. La noticia fue reproducida por el diario español “El Mundo” en su edición del 7/9/2015. 

(http://www.elmundo.es/economia/2015/09/07/55e9d2f4ca4741547e8b4599.html)

La propia salida de la crisis global del 2009 está mostrando que aún en Estados Unidos, que está saliendo de la crisis en forma lenta, aunque sostenida, crece el producto pero no el empleo, en la medida en que sería esperable. La revolución de la “productividad” agrega automatización e inteligencia, lo que reduce “costos salariales” dándole competitividad a la producción americana, pero no crea equivalentes fuentes de trabajo. La consecuencia es la ampliación de la brecha entre las clases trabajadora y media que mantienen su nivel salarial virtualmente congelado, frente a un nivel gerencial alto que multiplica sus ingresos por cifras exorbitantes.

¿Es éste un fenómeno que también se producirá en Argentina? La mirada aldeana que nos dominó en la última década alargó la agonía de un sistema económico obsoleto apoyado en la apropiación de rentas agropecuarias en un excepcional ciclo alcista, que no son permanentes ni inherentes a un crecimiento sostenido. Aún con esos excedentes, la “ocupación” de la economía nacional no creció ni siquiera en el sector agropecuario reactivado –cuando lo estuvo- sino en la transferencia de gran parte de esos ingresos expropiados hacia ocupaciones públicas de escaso aporte de valor agregado, en su mayoría subsidios disfrazados a la falta de ocupación en empleos productivos.

Terminadas las rentas, en primer lugar porque se redujeron los precios y en segundo lugar porque ponía a las producciones al borde de su quebranto, el sistema hizo crisis y su expresión fue el estallido de un déficit público incontrolable. Emisión, inflación y endeudamiento llevaron al país a un estrecho y peligroso andarivel –del que aún no ha salido- bordeando la hiperinflación.

La recuperación económica del país seguramente se dará como está previsto pero, aún en su pleno éxito, difícilmente genere los empleos que necesitamos. Habrá inversiones, se dinamizará la producción, se modernizarán las fábricas, llegarán los nuevos y sofistificados servicios que ya existen en el mundo desarrollado y es probable que el impulso al PBI sea notable a partir de dentro de pocos meses. El interrogante, sin embargo, no nos abandona sino que nos obliga a enfrentar el mismo problema de las sociedades centrales: ¿crecerá el empleo?

En intuición de quien esto escribe, será difícil que esto ocurra en la medida tradicional y que alcance para “dar trabajo a todos”. Así está pasando en el mundo. Ello no significa fracaso, sino traer a escena la reflexión de cómo distribuir eficazmente el creciente ingreso nacional cuando el país recupere su ritmo de crecimiento. Allí es donde se opera la necesidad de mejorar sustancialmente el Estado.

Una sociedad con menor cantidad de salarios debe tomar conciencia que éste no podrá ser considerado más como el articulador de la distribución del ingreso, sino que debe buscar otros mecanismos que permitan lograr que el crecimiento a raíz de la modernización económica, del desarrollo tecnológico y de la inversión en infraestructura no sea apropiado por un sector de la sociedad sino que beneficie al conjunto. En esta tarea los servicios prestados por el Estado son más centrales que nunca.

No se trata ya del arcaico Estado-empresario, sino del Estado nivelador e integrador, tal vez más próximo al de los Estados de bienestar de mediados del siglo XX, aunque debidamente gestionados para evitar sus deformaciones inflacionarias y populistas. Un Estado que debe garantizar el piso de equidad prestando servicios de excelencia en educación y en salud, en transportes y en vivienda, en seguridad y justicia.

Ese Estado deberá avanzar hacia el establecimiento de un ingreso universal, que organice racionalmente la asignación de gasto social que hoy realiza a través de una red anárquica de asignaciones que han surgido como producto histórico de diferentes luchas y reivindicaciones. El aporte público al sistema previsional, el apoyo social a quienes carecen de ingresos o se encuentran en situaciones vulnerables, las asignaciones familiares, la organización de los diferentes subsistemas de salud, el subsidio a la tasa de interés para inversiones sociales –como vivienda- que requieran largo plazo de repago, el subsidio parcial al transporte, etc.  fueron respuestas parciales y hasta anárquicas. Deben transformarse en la inteligente construcción de un piso de ciudadanía, garantizando las necesidades básicas de la condición humana sin limitar la posibilidad de sumar ingresos por capacitación, trabajo o inversión para quien así lo desee.

Pero también un Estado que tome conciencia que la otra gran columna de la inclusión será edificada por los emprendedores. A tal fin deberá considerarlo un sector social estratégico y protegerlo debidamente. La gran empresa realizará inversiones, la mayoría de las cuales serán capital-intensivas y facilitarán la incorporación del país en las cadenas globales de comercio e inversión, que ocurren en gran medida por dentro de sus propios flujos de riqueza. Son imprescindibles para el relanzamiento nacional. Sin embargo, no generarán suficientes empleos.

Las ocupaciones productivas se desplazarán con más fuerza que nunca a las iniciativas individuales y de pequeñas empresas. Su promoción y protección exigirá una revolucionaria reforma en la fiscalidad, invirtiendo el absurdo trato impositivo a los emprendedores, castigados en forma salvaje por escalas de tributación que parecieran haberles declarado la guerra. Un taller mecánico, una fábrica de bicicletas o una pequeña imprenta, un profesional, un periodista independiente, un generador de contenidos audiovisuales o redactor de programas informáticos debe abonar proporcionalmente a sus ingresos más impuestos que el CEO de una gran multinacional. El cambio en este aspecto debe ser copernicano.

La kafkiana situación de los monotributistas relacionada con la salud ejemplifica el trato estatal hacia los emprendedores. Abonan –como ciudadanos- los impuestos generales con los que se sostiene la salud pública. Abonan, incorporado en su aporte mensual, una suma destinada a financiar alguna misteriosa “obra social” que virtualmente no utilizan, ante la imposibilidad de acceder con ella a algún servicio razonable. Y deben pagar, para tener efectivamente cobertura de salud, su membrecía en alguna “prepaga” que no tiene control público alguno pero que absorbe un porcentaje importante de su ingreso. De la misma forma ocurre con la educación de sus hijos, donde por una parte contribuyen a sostener con sus impuestos una educación pública en deterioro terminal y por la otra deben destinar otra parte sustancial de sus ingresos al pago de la educación privada, que termina brindándoles en muchos casos un umbral superior al de la educación estatal.

Similar reflexión genera el diferente "mínimo no imponible" del impuesto a las ganancias, fijando para los independientes un monto sustancialmente inferior al de los trabajadores asalariados. La recuperación de ingresos que se produciría para estas personas si pudieran confiar en servicios públicos de excelencia en salud y educación no necesita ser destacada. A ello nos referimos con “más Estado”, con el beneficio que implicaría para los emprendedores y la reducción de costos para la productividad de la economía nacional en su conjunto.

Un Estado que privilegie la integración social debe convertir a la educación pública en la mejor del sistema y a la salud pública en la prestadora natural, de excelencia y calidad, de la mayoría de la población superando la arcaica concepción del hospital y la escuela públicos como el espacio para atender a “los pobres”. Debe contar con programas de estímulo al inicio profesional y empresarial. Debe apoyar con becas el desarrollo de la investigación y la excelencia.

Luego de la destrucción lastimosa del Estado en la última década, se impone su reconstrucción. Recuperar su prestigio y su respetabilidad. Reconvertirlo en una herramienta que los ciudadanos consideren a su servicio, porque ellos lo financian, desplazando la corrupción de corporaciones, proveedores y camarillas profesionales, gremiales o empresariales que lo han cooptado. Este Estado reconstruido sobre bases modernas, de gestión absolutamente transparente y profesional, con mecanismos de control profesional y social sobre su funcionamiento, será la forma de reemplazar el viejo papel socialmente articulador del salario que será cada vez más reducido hasta hacer imposible apoyar en él lo que antes se apoyaba: obras sociales, jubilación, salario familiar, indicador de capacidad de repago para créditos, etc.

Seguramente este debate demandará polémicas con vocación de síntesis, porque significa un cambio de rumbo en lo que fue el espíritu de “los 90”, cuando la implosión del bloque socialista y de los “estados empresarios” convertidos en elefantiásticos aventureros empresariales llevó el péndulo al otro extremo, pero también un cambio del paradigma sobre el que se edificaron los núcleos conceptuales de las fuerzas políticas del siglo XX, centralmente apoyadas en los empleos estables, los salarios escalafonados y las empresas con horizontes de largo plazo.

Es, sin embargo, un debate necesario que debe dar una política modernizada y virtuosa, depurada de las prácticas de corrupción que han crecido en su seno distorsionando decisiones públicas y recreando su relación íntima con los ciudadanos.

El mercado es un mecanismo de crecimiento económico irreemplazable e insuperable. Sin embargo, no tiene por definición el papel de inclusión social ni de equidad. Su tarea es producir más y mejor y así debe hacerlo, dentro de las normas fijadas por la sociedad a través de una política virtuosa, que también es irreemplazable. Es ésta la que debe fijar las normas ambientales, laborales, societarias, impositivas, que lo regulen según el perfil de cada sociedad, sus posibilidades y sus metas. Un mercado sin política es la selva.

Una política sin mercado, a su vez, es el languidecimiento eterno, la condena al estancamiento secular, la corrupción, la retracción de la inversión y de la capacidad de iniciar desafíos.

Uno y otra deben ser controladas por ciudadanos activos y conscientes, funcionando en el marco de un sistema institucional sólido, la prensa libre y la justicia independiente.

Una vez más debe encontrarse la síntesis virtuosa para la época sobre las bases de la tecnología, el capital, las limitaciones y los problemas actuales. Gran desafío para los pensadores, que tienen la oportunidad de comenzar a sumarse a la agenda que discuten sus colegas en el mundo, abandonando el consignismo esclerótico y arriesgando ideas para abrir rumbos.

Ricardo Lafferriere