lunes, 11 de abril de 2016

Macro, micro y culpas

Las dimensiones económicas personales y las públicas normalmente son separadas por un abismo.

Una persona “rica”, en nuestros pagos, lo es por contar con un patrimonio y con ingresos que multiplican por tres o cuatro dígitos los de alguien que no lo es. Entre una familia de clase media porteña cuyo capital es su departamento, un auto y algunos ahorros –digamos, por ejemplo, entre USD 50.000 Y 300.000- con un ingreso mensual de $ 15.000/20.000, y una familia “rica” –digamos, con un capital de USD 5.000.000 a USD 30.000.000, y un ingreso de mensual de $ 100.000/200.000- la relación es de cien a uno. Es enorme, pero es concebible. Hay extremos muchísimos más graves, que tienden al infinito, pero no son los estadísticamente predominantes.

La riqueza personal y la pública pertenecían entonces a dos dimensiones diferentes. Aún el más rico de los argentinos no podía compararse con el flujo de ingresos –no ya con el capital acumulado- del sector público. El primero contaba sus millones “de a uno”. El segundo, por miles. El más rico de los argentinos publicado en FORBES tiene una riqueza de 3.000 millones de dólares, y un ingreso anual de alrededor de 300. El país se calcula que tiene una riqueza acumulada –sin contar sus recursos naturales mineros, que son propiedad pública- de tres billones (o sea, tres millones de millones) de dólares y un flujo de riqueza anual de 450.000 millones.

Esos números muestran el abismo entre ambas dimensiones, que no en vano son estudiadas por ramas diferentes de la ciencia económica, la macro y la micro economía, cuyos principios son diferentes tanto en sus núcleos conceptuales básicos como en su funcionamiento.

Hasta que llegó el kirchnerismo.

Las últimas revelaciones están mostrando un contacto entre ambas dimensiones de la economía que hubieran resultado inconcebibles en la Argentina histórica. La operatoria de la apropiación de impuestos, por ejemplo, realizada por el grupo INDALO de Cristóbal López, alcanzó una dimensión originaria de 8.000 millones de pesos, que actualizados y pasados a divisa fuerte –para permitir una comparación objetiva- oscila en 1.200 millones de dólares. Esa suma es superior al presupuesto anual de quince provincias argentinas.

Tal vez no pueda ubicarse en el mismo criterio comparativo la operatoria del “dólar futuro”, que le hizo perder al BCRA –o sea, a todos los argentinos que pagan impuestos- Setenta y cinco mil millones de pesos, o sea alrededor de 5.000 millones de dólares, porque en este caso no está probado que esa riqueza se transfiriera al patrimonio personal de una persona, sino de un grupo de empresas, bancos e individuos más “repartidos”. Fue, sin embargo, dinero público transferido alegremente a patrimonios privados en un tiempo sustancialmente menor, menos de seis meses.

Pero sí puede cuantificarse el monto de la apropiación privada de recursos públicos realizada en la última década mediante los diferentes mecanismos utilizados principalmente por el Ministerio de Planificación Federal. Los cálculos de quienes están investigando el tema estiman esta suma entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, superior al presupuesto anual –por ejemplo- de la República del Paraguay (11.500 millones de USD). Es superior al presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires –alrededor de 7.500 millones de USD- de la provincia de Santa Fe –aproximadamente 5.000 millones de dólares-, o más de la mitad del presupuesto de la provincia de Buenos Aires -22.000 millones de dólares- o de la República Oriental del Uruguay –alrededor de 25.000 millones de la misma moneda-.
Son cifras escalofriantes para evaluarlas con los principios de la “microeconomía”, números que se corresponden más con los cálculos de las finanzas públicas que con los números de los patrimonios particulares.

Sin embargo, “no fue magia”. Ocurrió, y es la causa de gran parte del estancamiento, inflación, deuda y pobreza que hoy debe enfrentar el país. Recursos que se extrajeron del sector público –o sea, de salud, educación, seguridad, infraestructura, políticas sociales, defensa- para pasarlos a patrimonios privados.

Por eso, no está mal que la justicia, de una vez por todas, investigue. Pero también que la política debata sobre estos temas. Todo esto pasó porque la Justicia no cumplió su obligación a tiempo, porque los dirigentes políticos –especialmente los oficialistas- apoyaron en forma acrítica lo que se les indicara sin analizar en profundidad sus consecuencias y los opositores privilegiaron demasiado tiempo sus matices partidarios por sobre el interés del conjunto; y porque gran parte del periodismo y “la cultura” contribuyeron a crear un clima de época en el que cualquier voz disonante era arrinconada en una especie de “disidencia” con graves consecuencias, fundamentalmente económicas, para el que se atreviera a oponerse.

Porque también es bueno recordar que durante toda la década hubo voces –de políticos y periodistas, de jueces e intelectuales- que con valentía gritaban sus verdades, sufriendo escarnio, persecuciones, ridiculizaciones y marginalidad por los gozosos beneficiarios del relato feliz.

Por último, aunque tal vez lo más importante, esto ocurrió porque la mayoría de los ciudadanos, -entre los cuales se destacaban otrora respetados intelectuales argentinos- apoyaron alegremente la banalidad de un discurso rudimentario elaborado como escudo exculpatorio de un latrocinio que nunca habíamos vivido pero que nos conducía inexorablemente a este final. Y lo sostuvieron con su voto en cinco elecciones consecutivas, hasta que se acabó lo que se daba.

Es cierto entonces que hoy toca sufrir. No es malo, sin embargo, recordar que es porque como país nos la buscamos y como ciudadanos no reaccionamos antes.

Ricardo Lafferriere


No hay comentarios: