¿Qué diría Techint si el gobierno decidiera “retenerle” el 44 % del precio total que cobra por un trabajo exportado, con el argumento de que está lucrando con la pesificación asimétrica que le permite pagar salarios retrasados?
¿Qué diría el inefable Cristiano Ratazzi, presidente de FIAT, si del precio de cada automóvil que exporta –fabricado en el país con combustible subsidiado, energía subsidiada y salarios subsidiados- se le restuviera el 44 % de su valor?
¿Por qué lo que parece justo en un caso provocaría una generalizada repulsa en los otros? ¿Por qué al campo se le puede robar, y a los industriales no?
La dura polémica a la que asiste el país entre el gobierno y los hombres de campo está tensando la convivencia nacional a un extremo que se acerca peligrosamente al desborde y al caos. La utilización de una “guardia pretoriana” para enfrentar a ciudadanos que protestan de una forma que el propio gobierno incitó durante todos estos años a que utilizaran los distintos sectores desconformes por distintas cosas al tolerar y amañar los cortes, los bloqueos, los “escraches” y todas las formas violentas de resolver desconformidades, está llegando al borde de un caos generalizado. La pasividad de la administración muestra, una vez más, que el país ha andado en estos años por sí mismo, y que el único mérito del gobierno ha sido acompañar sin gestionar, por lo que ante el primer riesgo de tener que tomar decisiones porque la situación se torna desfavorable, la reacción instintiva es correr a refugiarse al Calafate. “Irse a la estancia”, como en el viejo chiste de la viuda rica al enterarse que podía llega el comunismo...
Esta vez se les fue la mano. Y la presidenta, que no es iletrada, lo sabe.
Ella, que invocó su convicción kelseniana en oportunidad de su último discurso en el Congreso, sabe que en la pirámide jurídica la prelación normativa suprema radica en la Constitución. Luego, las leyes. Por último, los decretos del Poder Ejecutivo, en el marco de las leyes. Y tanto las leyes como los decretos son válidos sólo en cuanto se dicten en armonía con las normas constitucionales. Sabe que las retenciones son inconstitucionales, y que en un debate abierto como el que han desatado con su codicia no hay forma de defenderlas.
La Constitución tiene un artículo, el 14, que establece la inviolabilidad de la propiedad. No puede ni Moreno, ni Lousteau, ni ella misma, tocar esa propiedad si no hay una ley previa que la declare sujeta a expropiación, un juicio con derecho a defensa y un pago previo. Nada de eso existe en el caso de las “retenciones”, inconstitucionales, ilegales y antijurídicas: el gobierno resuelve quedarse con ingreso que es propiedad de sus dueños pasando por encima de sus derechos constitucionales. Aunque se disfracen de impuestos aduaneros, que deben también discutirse en el Congreso y no pueden ser confiscatorios. Se usa para justificarlas una “ley” de Onganía, disfrazándolas de impuestos a la exportación. La Corte ha dicho que los impuestos no pueden absorber más del 35 % del valor de un producto, porque serían confiscatorios. Las retenciones son inconstitucionales, su legalidad emana sólo de una “ley” originada en un gobierno dictatorial, y su monto supera ampliamente lo permitido por la justicia. En conjunto, entre las retenciones (44 %), el impuesto a las ganancias (35 %), el IVA no deducible, los impuestos provinciales, las tasas municipales y las contribuciones patronales, el peso impositivo sobre la producción agraria oscila en alrededor del 65 %, llegando en algunos casos al 90 %. Son, en la visión de la filosofía del derecho a la que adhiere la presidenta, sencillamente ilegales.
Peo no sólo son ilegales. Económicamente son la expresión de una visión retrógrada, fuertemente conservadora, con las que se financia la conformación del bloque de poder clientelista y subordinado que comenzó Duhalde y prosigue su gestión.
Esta lucha está mostrando la puja de dos países.
El futuro de crecimiento en un país abierto al mundo, competitivo e inclusivo, protagonista de la globalización sin enconos ni complejos, asentado en la potencia creadora de sus hombres y mujeres trabajando con imaginación y tesón, o el pasado de un país cerrado y clientelista, prebendario y corrupto, en el que los ciudadanos son objetos de las trasnochadas veleidades políticas o ideológicas –destinadas al “zonzaje”- por parte de la vergonzosa asociación ilícita que se está quedando con el país.
Se trata de la lucha del país del pasado por sacarle a los hombres de campo el fruto de su trabajo, su riesgo y su inversión, y de éstos para defenderlo, sencillamente porque es de ellos.
De cualquier forma, es interesante reflexionar sobre los dos caminos que se debaten sobre el destino de los ingresos de los productores agropecuarios. Se respeta el estado de derecho y quedan en sus manos; o se les roba para que sea la administración “K-K” la que diga que se hace con ese dinero extraído a sus dueños.
En manos de los productores ese ingreso circula hacia varias corrientes importantes:
1. hacia las empresas fabricantes de maquinarias agrícolas, tractores, cosechadoras, sembradoras;
2. de éstas hacia sus trabajadores, técnicos, distribuidores, fabricantes de sus partes –pequeñas metalúrgicas, tornerías y talleres locales-,
3. nuevamente desde estas últimas a los trabajadores del sector, los comerciantes y proveedores de los pueblos, (con sus empleados),
4. hacia los municipios a los que les abonan los impuestos, y desde allí hasta los trabajadores municipales, las obras públicas locales, el florecimiento de los pueblos del interior mejorando su calidad de vida.
5. hacia el conjunto de impuestos locales, con los cuales se refuerzan las finanzas de provincias y pueblos: mejora la educación, la salud pública, las obras públicas locales.
6. Otra corriente va hacia los proveedores de siembra, fabricantes y proveedores de semillas, fertilizantes, agroquímicos y demás insumos agropecuarios, profesionales agronómicos, veterinarios, técnicos.
7. Y es posible que, como es tradicional, el excedente que hubiere se invierta en la explotación ganadera, la “caja de ahorros” del hombre de campo, incrementando la producción de carne, con sus derivados –veterinarios, peones de campo, proveedores de genética, medicamentos, etc-.
¿Dónde van, por el contrario, las retenciones administradas por la gestión “K-K”?
No mencionaremos “la valija de Micheli”, ni las coimas de Skanska, los sobreprecios de los gasoductos o el pago a precios exorbitantes del gas importado de Bolivia. Sólo hablaremos de las corrientes de gastos más evidentes, la mayoría de los cuales no surgen de un debate parlamentario sino que están utilizados con la discrecionalidad de quien maneja un almacén propio. ¿Hacia dónde va la recaudación de las retenciones administradas por el gobierno?
1. hacia las prebendas al Sindicato de Moyano, utilizado como fuerza de choque estilo “camisa negra” seudo fascista.
2. hacia las transferencias a las empresas transportistas de colectivos, con fuertes “devoluciones”, a las aéreas, y a las ferroviarias, a las que se les garantiza una renta sin competencia desestimulando su inversión en equipamiento.
3. a empresas fantasmas, como ENARSA, o la propia LAFSA, creada por Dualde y continuada por Kirchner, que sigue pagando sueldos de 10.000 pesos mensuales y más a personal que no hace nada, porque no tiene aviones, ni vuela.
4. a los subsidios a empresas deficitarias amigas del gobierno.
5. a reforzar las “sugerencias” y presiones a los gobernadores, Intendentes, Jueces y periodistas en la nueva “cadena de la felicidad” que tanto éxito le dio al menemismo en sus diez años de gestión;
6. hacia la utilización política para alinear sindicatos, repartiendo fondos a las obras sociales de los sindicalistas que acepten a Moyano como su jefe.
7. hacia las transferencias a los empresarios bonaerenses golpistas del 2001 que heredaron del duhaldismo.
8. hacia la construcción clientelista de poder a través de los municipios del conurbano, el pago a personas convertidas en “carne de cañón” de movilizaciones amañadas y aplaudidoras acarreadas en los actos de apoyo a las internas políticas o sindicales del esquema oficial.
9. hacia la construcción amañada de la reorganización del peronismo, nuevo juguete del ex presidente formal desde la Casa de Gobierno de Puerto Madero.
La diferencia es nítida.
Por el primer camino el país tomaría la senda homologable de contruir un futuro integrado, federal, apoyado en el potencial creador de sus ciudadanos más dinámicos, sostenido en un sistema político en el que la base última es la reflexión y decisión de ciudadanos libres.
Por el segundo, se profundizarán las distorsiones republicanas propias del país corporativo, estancado y envejecido, de espaldas al mundo en el que, a pesar de la oportunidad internacional, se están desperdiciando alternativas que difícilmente se repitan en el corto plazo. Un país que, en pleno auge y “optimismo”, ha girado al exterior en el segundo semestre del 2007 nada menos que USD 8.622 millones de dólares, más que los que expulsó durante la crisis del Tequila, en el primer semestre de 1995 (USD 5.787 millones) o los emigrados en el segundo semestre del 2001, cuando todo se caía (USD 6.491 millones). Un país cuyos funcionarios no dudan en perjudicar a sus productores y beneficiar a sus competidores del exterior, regalando mercados que costaron décadas conquistar, a la capacidad exportadora de Brasil, Uruguay, Paraguay y los propios “farmers” norteamericanos, felices de las decisiones de la administración “K-K”, como lo menciona Jorge Castro en su nota de Clarin del 22 de marzo.
Los hombres de campo, como lo han hecho tantas veces en la historia, están abriendo un camino y mostrando un ejemplo. Bastante han tolerado hasta ahora el desprecio y la soberbia. En todo caso, la política –gran ausente de éste y de todos los debates importantes desde el 2001- debiera tomar nota para que no se extienda en todo el país un nuevo y potente grito de que “se vayan todos”.
Ricardo Lafferriere
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