Insoportable silencio

Son ya cerca de doscientos los muertos y más de mil los heridos por la represión del gobierno chino por las protestas ocurridas en Xinjiang. Ya más de diez días de redadas sangrientas, ante una población que reclama igualdad de derechos fundamentales, negados por una estructura política dictatorial y esclerótica que algunos miran hasta con admiración, por su capacidad de hacer trabajar gratis a millones de personas y apoyar sobre esta superexplotación el resurgimiento de su país.
Y cerca de un mes lleva ya la represión, también sangrienta, del fundamentalismo religioso iraní sobre una población –fundamentalmente, jóvenes- que reclaman cuotas de libertad y limpieza en los procedimientos electorales, en el último de los cuáles han “sobrado” –literalmente- más de dos millones de votos con respecto al total del padrón de votantes, para respaldar la reelección del nazi Amahdinejah, amigo de Chávez y nuevo habitué por nuestra región latinoamericana.
En el caso de Irán, el heroísmo de las luchas juveniles por la libertad ha quedado patentizado por la represión sangrienta de miles de universitarios, entre los cuales se destaca el fusilamiento a sangre fría de la joven Neda, realizado por los matones de la banda fascista “Guardia Revolucionaria de Irán”, que fuera observado por cientos de millones de personas gracias a la poderosa herramienta comunicacional que Internet y Youtube ponen al servicio de la transparencia de la información.
En ambos casos, la República Argentina ha mantenido un silencio que se hace ya insoportable.
Lejos está este reclamo de adherir a un idealismo sin responsabilidad en temas que puedan analizarse a la luz de las conveniencias comerciales o dinerarias. Pero en estos casos no se trata de comercio ni aranceles, sino de seres humanos violados en sus derechos esenciales de igualdad, libertad y justicia.
Los reclamos de chinos e iraníes están amparados por la legislación internacional: tanto China como Irán forman parte de las Naciones Unidas, y aunque sólo sea por este hecho están obligados a hacer respetar en su territorio la vigencia de los derechos humanos que fueron fundamento originario de la entidad internacional, cristalizados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. El propio silencio de las Naciones Unidas habla pobremente del prestigio que le queda a esta institución ante la comunidad internacional.
Pero si no lo hacen esos gobiernos, es intolerable que nada diga al respecto el gobierno de la Nación Argentina. Un país que desde 1983 ha incluido la defensa de los derechos humanos como constante de su política exterior, con alcance universal, merece que sus autoridades se pronuncien al respecto, en las formas diplomáticas que sean convenientes, pero expresando su condena más enérgica a hechos realizados por gobiernos que no lo son de países-fallidos, “no-Estados” o dominados por mafias de delincuentes, sino por dos naciones milenarias que han dado mucho de sí al avance de la civilización y a la construcción de la tolerancia y el respeto entre los seres humanos.
La Nación Argentina –lo hemos repetido muchas veces- es un país joven, pero nació como tal invocando que su causa “es la causa del género humano”. Lo expresaron los documentos fundacionales de la propia Primera Junta al sancionar el Decreto de Suspensión de Honores y la Asamblea de 1813 al abolir las formas coloniales de explotación indígena, sancionar la libertad de vientres y quemar los instrumentos de tortura. Lo ratificó el Libertador al proclamar la independencia del Perú. Lo estampamos en nuestra Constitución, garantizando en nuestro territorio esos derechos a “todos los hombres del mundo” que quieran habitar en nuestro suelo. Y lo transformó en política de Estado desde la recuperación de la democracia, cuando Raúl Alfonsín inauguró el diálogo entre los poderes constitucionales recién conformados remitiendo, en su primer acto de gobierno, el Pacto de San José de Costa Rica para su ratificación parlamentaria, y luego cuando Carlos Menem incorporó a la Argentina como uno de los países promotores de la creación de la Corte Penal Internacional.
La defensa de los derechos humanos no puede sufrir el reduccionismo de discutibles mascaradas realizadas por nuestra presidenta por instrucciones del autócrata caribeño. Mucho más importante que pasar la tarde con las segundas líneas bolivarianas en el aeropuerto de San Salvador –sin siquiera ser recibidos por el presidente del país local- interviniendo en un problema interno de Honduras y poniendo en riesgo en forma irresponsable la producción de un baño de sangre en dicho país, es advertir dónde se están violando hoy con más claridad los derechos humanos, y decir en alta voz la condena de la Nación Argentina.
Pocas veces ha quedado tan clara como en estos días la manipulación discursiva de un tema mayor y universal, en el que lo mejor de la historia patria tiene mucho por decir, para esconder propósitos menores de política corta. Y pocas veces a la vez, como en estos días el silencio de la Argentina sobre dos injustificables masacres ha sido tan insoportable para el honor de su propio pueblo y de quienes en el mundo trabajan para construir una humanidad basada en el derecho, la libertad y la justicia.


Ricardo Lafferriere
insoportable