Quizás haya que remontarse a tiempos oscuros para encontrar un acontecimiento que evidencie una descomposición moral, una indolencia político administrativa y una indiferencia tan atroz hacia la vida humana y la dignidad de las personas como los hechos que están saliendo a la luz sobre los medicamentos falsificados y la red de corrupción que alcanza a sindicalistas, políticos y empresarios de medicamentos.
Quizás tampoco nunca alcancemos a conocer totalmente la cantidad de damnificados que han muerto creyendo recibir las medicaciones recetadas y en su lugar fueron tratados con medicamentos vencidos, cuando no contaminantes, y la multitud de pacientes a los que, aún sin haber fallecido, han recibido medicación inoperante.
Los hechos son de una magnitud tan atroz que dejan sin habla.
Los “empresarios” de los laboratorios proveedores de estas drogas han gozado de la impunidad que les brinda su pertenencia al círculo más íntimo de la política oficial. Han sido aportantes de la campaña electoral de la actual presidenta, y el sindicalista hoy complicado forma parte de los apoyos gremiales más firmes del kirchnerismo.
El funcionario –hoy desplazado- encargado de su control pertenecía, a su vez, al nivel más cercano de relaciones con el otrora poderoso Jefe de Gabinete de Ministros, o sea el cargo de la más estrecha e íntima vinculación política con el presidente y luego de la presidenta de la Nación, para cuya campaña electoral recaudó cerca del 50 % del total. Y las investigaciones han llegado a descubrir su relación con homicidios atroces, obviamente impunes.
Pero el sistema de corrupción y horror que está saliendo a la luz difícilmente pueda imaginarse reducido a la Asociación Bancaria: como lo ha reiterado hasta el cansancio la propia ex Ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña, virtualmente toda la estructura sindical y de obras sociales sindicales tiene idénticas prácticas.
El Juez actuante ha requerido al gobierno la urgente intervención de la obra social investigada, y el decreto se ha anunciado. Hay que poner mucho esfuerzo para abrir un espacio de confianza al funcionario designado y que no aparezca, obsesiva, en la prevención de los ciudadanos la imagen del zorro cuidando el gallinero, que no otra cosa implica que el kirchnerismo esté a cargo de controlar la corrupción.
Mientras, en lugar de hacerse cargo del escandaloso episodio que tiene sobre ascuas a millones de argentinos –que aportan a alguna obra social sindical y deben recibir o están recibiendo atención médica en estos días- y en una demostración patética de la burbuja de aislamiento de la realidad, la presidenta de la Nación convoca a una conferencia de prensa para hablar... ¡sobre la ley de medios audiovisuales!
Una moraleja se va abriendo paso en este “affaire”: la salud de los argentinos no tolera más el sistema de las “obras sociales sindicales”. El paso hacia un seguro de salud integral, que cubra a todos por igual, con funcionamiento autónomo y profesional, totalmente alejado de las corporaciones empresariales, políticas y gremiales, es el camino que muestran los países que han logrado establecer un sistema de salud pública del mejor nivel posible al alcance de todos los ciudadanos.
Y una limpieza total, profunda, de raíz, debe realizarse mientras tanto en los organismos públicos del Ministerio de Salud que tienen a su cargo el control normativo, recordando que su función no es repartir dinero entre sindicatos adictos, conseguir fondos para las campañas electorales o abrir paso a laboratorios inescrupulosos sino, sencillamente, proteger la salud de los ciudadadanos.
La podredumbre debe terminar. Los que gobiernan no pueden seguir matando argentinos impunemente.
Ricardo Lafferriere
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