Los activos del BCRA no son bienes mostrencos

“No le hacemos daño a nadie usando las reservas”, afirmó días atrás el Gobernador de San Juan, José Luis Gioja.

“Es de estúpidos pagar el 14 % por la deuda, cuando podemos usar las reservas” se entusiasmaba el inefable Jefe de Gabinete, repitiendo las palabras de la presidenta.
. ¡Sería tan lindo que las cosas fueran tan fáciles!...

Ocurre, sin embargo, que avanzar sobre esos activos es un reduccionismo que olvida que los activos no están ahí para divertir al “tío Patilludo” que le gustaba mirar sus monedas de oro, sino que cumplen una función: preservar el valor de la moneda nacional.

Cierto es que no son el único componente del respaldo a la moneda. Una buena política económica, una gran credibilidad pública e internacional, el respeto al estado de derecho, una evolución sin sobresaltos de la marcha de la economía, un programa cierto y acordado –si es posible, en forma pluripartidaria- de las principales decisiones económicas, un tránsito que privilegie la tranquilidad por sobre los sobresaltos, son componentes adicionales virtuosos. Cuanto más exista de éstos, menos necesarios pueden ser los activos, que sin embargo siempre tienen como contrapartida “pasivos” a los que hay que responder.

¿Qué significa la estabilidad de la moneda? Pues... por ejemplo, que cuando un asalariado compra sus bienes mensuales en el supermercado o paga sus gastos fijos, ese dinero le alcance siempre para las mismas cosas. Si le alcanza para menos, es por que la moneda se debilitó. O que cuando un empresario deba pagar importaciones para su cadena productiva, pueda hacerlo con los mismos valores en pesos, y no necesite más pesos como consecuencia de que éstos se debilitaron.

En síntesis: los activos del BCRA no son bienes mostrencos, sin dueño, de los que el gobierno pueda apropiarse sin consecuencias. Tienen una función, diferente de las obligaciones del gobierno y más cerca de los ingresos y riqueza de los argentinos.

Jugar con la moneda es jugar con la riqueza de los particulares, de las personas, cualquiera sea su nivel económico y social. Es como un tosco y gigantesco “impuesto general” que le confisca a cada argentino parte de su patrimonio, ingresos o riqueza, para financiar gastos públicos decididos ambos –ingresos y gastos- por fuera del sistema constitucional, que establece para ese tema un mecanismo legal de relojería (ley de presupuesto, leyes impositivas, leyes de coparticipación federal de impuestos, mayorías especiales, participación especial del Senado y de Diputados según los casos, etc.) con los suficientes recaudos para su gasto, sometido a los sistemas de control de las finanzas públicas establecidos por la Constitución y las leyes.

Hacer “política económica” por fuera de estos mecanismos constitucionales apropiándose de fondos ajenos (ahorros previsionales privados, ANSES, Banco Nación, Provincias, activos de respaldo de la moneda) es ubicarse al margen de la Constitución Nacional y avanzar sobre derechos e ingresos de las personas. Pero no es sólo un tema institucional, ya de por sí decisivo, sino de alto impacto en la paz social.

En efecto: ¿cuál será la consecuencia de que el salario se licúe? Una de ellas, es directa: el recrudecimiento de los –justos- reclamos asalariados. Porque si el dinero que cobran como salario vale menos, ello no será aceptado con alegría por sus afectados, que reclamarán no ser la “variable de ajuste” de otros desajustes. Y pedirán aumentos. La repercusión político-social de estos reclamos también se puede avizorar: una mayor fortalecimiento de las estructuras gremiales de las que el gobierno depende como sustento político. Pero con una novedad: acceder a esos aumentos reiniciará el ciclo, porque la caída del salario no es el reflejo de un incremento de la ganancia empresarial, sino de una confiscación que ha hecho el Estado del valor de ese salario, vía inflación, que también han sufrido los demás actores del proceso productivo. Los incrementos salariales sólo podrán ser otorgados volcándolos en los precios, reciclando el proceso.

Esa conmoción debilita la confianza en la economía, y ello tradicionalmente se traduce en una mayor demanda de dólares para atesorar, que es el peor de los fenómenos económicos porque saca el dinero de la circulación y probablemente haga que vuelvan los reclamos “morales”, al estilo de “no es patriótico tener dólares guardados”. Sin embargo, la moral y la economía son órdenes diferentes, en términos pascalianos. La moral tiene normas diferentes de la economía, y están en todo caso en cabeza de cada persona, que decidirá, según sus necesidades –morales- individuales qué destino le da a su ingreso. La economía tiene las suyas, y su funcionamiento vicioso no estará “originado” en el atesoramiento de dólares, sino que al contrario, el atesoramiento será la consecuencia de decisiones públicas que generan cada vez más incertidumbre.

Faltarán dólares, porque las personas verán que es la única forma de conservar algo de valor en su poder. Y la presión sobre las “reservas” será mayor. Si esas reservas ya no están, lo que viene lo conocemos y puede tomar caminos diversos, todos desesperados: “emisión monetaria” –hiperinflación- o “corralito-corralón” –hiperrecesión-. En cualquier caso, caos y empobrecimiento.

Volvamos al sentido común. No es cierto lo que dice la presidenta y el Jefe de Gabinete que “podemos usar las reservas para no endeudarnos”, ni mucho menos lo afirmado por Gioga de que “no le hacemos mal a nadie”. Los activos del Central no están allí como el petróleo del subsuelo, que nos tocó porque Dios lo quiso y el gobierno puede apropiarse de él sin consecuencias. Los dañados serán muchos y el reiterado daño al país será gigante. Y esto, los Kirchner lo saben.

Abrir esa caja de Pandora significará abrir la puerta al precipicio que los argentinos ya conocemos. Pocas veces el futuro de tantos argentinos ha estado dependiendo de la madurez y el patriotismo de tan pocas personas, que en el Senado de la Nación deben debatir sin los ruidos desbordados del escenario la forma de frenar las chifladuras del gasto irracional y de dar respuestas a los desequilibrios peligrosos del manejo fiscal dentro del marco legal e institucional vigente.


Ricardo Lafferriere