La presidenta, el Canciller, un Diputado Nacional del riñón
del régimen, un ex Sub Secretario de Estado y un ciudadano argentino allegado
al kirchnerismo y al régimen iraní han sido imputados de los delitos que
integraron la acusación del Fiscal Alberto Nisman.
El primer análisis de procedencia, realizado por el fiscal,
no ha desestimado la denuncia sin más trámite, sino que ha ordenado la
realización de medidas probatorias y considerado “imputados” a los denunciados,
lo que implicará la necesidad de designar abogados defensores y su
participación en la instrucción de la causa.
La primera consecuencia de este paso procesal es que los
hechos denunciados, “prima facie”, se consideran delitos –ya que de no ser así,
la denuncia debió ser desestimada “in limine”, lo que no ocurrió-. La
instrucción determinará si las pruebas son suficiente para acreditarlos.
La segunda, es que los imputados deberán estar a derecho,
ser citados oportunamente a indagatoria, designar abogados defensores y
participar como partes en un proceso penal.
La magnitud de los delitos podría ser discutida de tratarse
de un ciudadano común. Sin embargo, la posición institucional de los imputados
los agrava a un extremo que carece de antecedentes en la historia política
argentina. Tal vez sólo la causa por el cheque de la “Cruzada de la Solidaridad”,
que se instruyera alguna vez contra María Estela Martínez de Perón pueda ser
considerado un antecedente, pero la gravedad en este caso es sustancialmente
mayor.
El delito que se imputa no consiste en una corruptela administrativa, y
ni siquiera uno de los conocidos hechos de megacorrupción, sino del encubrimiento
de un delito de lesa humanidad –así lo ha declarado la justicia- que costó la
vida a ochenta y cinco personas, más la del Fiscal que lo investigaba.
Triste destino el de la democracia argentina. Una década de
provocadoras decisiones inconstitucionales, de indiferencia ante los límites
que las leyes imponen al poder, de actuar como si gobernar significara detentar
la suma del poder público para caprichos, ocurrencias y dislates, llegarán a su
fin por la sana reacción de la última trinchera de la constitución republicana:
el poder judicial.
El cinismo con que se pretende enfrentar el proceso desde el
gobierno parece seguir insistiendo en la misma matriz. La declaración del
Secretario General de la imputada en el sentido de que una investigación
judicial significaría un alzamiento contra el gobierno peca del mismo defecto
genético del kirchnerismo, que a esta altura poco contacto mantiene con la
visión de un peronismo democrático integrado al sistema institucional, y que ha
preferido retroceder hacia los peores defectos históricos de esa fuerza
política, que varias generaciones de peronistas de la democracia trataron de
erradicar, lamentablemente sin lograrlo hasta hoy.
El kirchnerismo está ya mostrando su esencia desnuda. Es
triste por el país, porque esa simbiosis con la verticalidad acrítica –tal vez,
el mayor vicio del peronismo histórico- está llevando al país a una tensión
sólo compensada por la enorme madurez ciudadana, producto de su dramática
experiencia en las últimas décadas.
Hoy, la mayoría ciudadana respalda la acción de la justicia.
Por la Constitución, por la convivencia, por el derecho a la vida, por un país
decente. Mirando el vaso “medio lleno”, es quizás la única herencia –como reacción
ante lo intolerable- que una década de decadencia dejará como mensaje a la
historia grande de la Argentina.
Ricardo Lafferriere
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